Sentencia Social 32/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 239/2024 de 15 de enero del 2026

PRIMERO.- Debate casacional

1.-En el contexto litigioso de un proceso de tutela de derechos de la libertad sindical seguido entre la Federación de Servicios de Comisiones Obreras (en adelante, CCOO-Servicios) y la empresa Decathlon España S.A, en el que ha intervenido también el Ministerio Fiscal, y como parte interesada Dª Begoña, se trata de determinar si se han producido lesiones varias: a los derechos de información a los delegados sindicales, al relativo a la puesta a disposición de tablón de anuncios en los centros de trabajo, y al disfrute del derecho de crédito horario sindical. Asimismo, debe verificarse si, una vez constatadas tales vulneraciones, son susceptibles de reparación a través de indemnización de daños y perjuicios. Y, finalmente, si en el caso, tiene cabida la imposición de multa procesal por temeridad.

2.-Todas estas cuestiones han sido debatidas en la instancia, y han merecido favorable acogida a las pretensiones deducidas por el sindicato demandante en la sentencia dictada núm. 72/2024 dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional (autos núm. 113/2024), aclarada por auto de 21 de junio de 2024.

La empresa Decathlon España S.A cuestiona en el recurso de casación ordinaria todos los pronunciamientos contenidos en la sentencia de instancia.

SEGUNDO. - Antecedentes relevantes

1.-La sentencia núm. 72/2024 de 17 de junio dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, (proceso de tutela de derechos fundamentales núm. 113/2024), ha estimado íntegramente la demanda al declarar la existencia de vulneraciones del derecho a la libertad sindical por parte de la empresa demandada al negarse:

1º) A autorizar el uso por parte de la Sección Sindical de CCOO de los medios telemáticos instaurado en la Empresa, para comunicarse con los trabajadores, y a que dispongan de tablón en los centros de trabajo

2º) A dar información a los delegados sindicales

3º) Al negarse a facilitar el crédito horario sindical.

Dicha sentencia, declaraba «la nulidad radical de las citadas conductas ordenando el cese inmediato del comportamiento antisindical.»

Asimismo, condenaba a Decathlon España S.A a abonar al sindicato demandante la indemnización de 30.000 euros en concepto de daños y perjuicios, y a abonar a abonar una multa por temeridad en su contestación a la demanda por importe de 3.000 euros. No imponía las costas.

2.-La citada sentencia fue aclarada por auto fechado el 21 de julio de 2024 para corregir un error material consistente en que poner de manifestó que el Ministerio Fiscal en lugar de interesar la desestimación de la demanda, interesó «la íntegra estimación de la demanda».

3.-El recurso de casación que formaliza la empresa Decathlon España S.A tiene cinco motivos:

El primero se encauza por el apartado c) del art. 207 de la LRJS. Se dirige a denunciar un quebranto formal que concreta, con relación a la multa por temeridad impuesta, en el incumplimiento del trámite de alegaciones por escrito, por plazo de dos días, una vez concluido el acto del juicio, trámite que se regula en el apartado 3 del artículo 97 LRJS. Solicita que se deje sin efecto la misma por dos razones: por el incumplimiento de la formalidad legal prevista y, complementariamente, por falta de motivación.

Los motivos segundo, tercero y cuarto, se construyen con cobijo en el apartado d) del art. 207 de la LRJS, y tienen en común interesar tres adiciones fácticas al relato judicial.

El quinto y último motivo, se funda en el apartado e) del art. 207 de la LRJS, para denunciar la infracción de lo dispuesto en los artículos 10 Ley Orgánica de Libertad Sindical ( LOLS) , 8.2. a) y 10.3 LOLS, y el artículo 8.12 de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS). Se proyecta sobre el fondo del asunto para sostener, frente a lo decidido en la sentencia impugnada, tanto la inexistencia de vulneración de los derechos de la libertad sindical indicados como su interés en dejar sin efecto la indemnización acordada en sentencia.

El suplico del recurso se concreta en pedir que se case y anule la sentencia «sustituyéndola por otra más ajustada a derecho», que «desestime íntegramente la demanda rectora de autos revocando asimismo la citada resolución y dejando sin efecto la multa impuesta.»

4.-El sindicato demandante (CCOO-Servicios) presentó escrito de impugnación, oponiéndose al mismo, interesando la íntegra confirmación de la sentencia recurrida.

5.-El Ministerio Fiscal ante la Sala de lo Social de la AN impugnó el recurso, interesando su desestimación. Por su parte, el Ministerio Fiscal, en su preceptivo informe del art. 214.1 LRJS, solicita también su desestimación.

TERCERO. - Orden metodológico de resolución de los motivos del recurso

1.-Con carácter previo al examen de los motivos del recurso debemos realizar una precisión metodológica que incide en el orden de su abordaje.

2.-Como regla general, el orden que establece la LRJS para el examen de los motivos se corresponde con el establecido en el art. 207 en concordancia con lo previsto en el art. 215 de la ley procesal laboral.

Reparamos en ello porque el primer motivo del recurso se articula por el apartado c) del art. 207. Sin embargo, una atenta lectura del mismo evidencia que no responde en su consideración global , estrictamente, a esa naturaleza de quebranto formal, por varias razones: a) en principio, no se traslada al suplico del escrito del recurso pretensión relativa a la reposición de actuaciones; b) no solo se cuestionan incumplimientos formales previstos para la imposición de la multa, sino que también aspectos relativos a la falta de motivación en la imposición de la multa por temeridad, que tienen más que ver con la procedencia en cuanto al fondo de la imposición de la multa, lo que evidencia que la parte recurrente ha elegido una vía equivocada para denunciar esta infracción, siendo la adecuada la prevista en el apartado e) de art. 207 LRJS; y c) finalmente, una elemental lógica jurídica impone que se analicen primero las razones desplegadas en los siguientes motivos del recurso que van dirigidas a rebatir los fundamentos de la sentencia recurrida sobre los que ha descansado la íntegra estimación de la demanda, al estar vinculada los términos de ésta a la imposición de la multa por temeridad de la oposición,.

En consecuencia, analizaremos el primer motivo del recurso (referente a la multa por temeridad) en último lugar.

CUARTO. - Motivos 2º, 3º y 4º: revisión de los hechos probados ( art. 207 d) LRJS )

1.-La empresa recurrente en casación propone tres motivos destinados a completar el relato judicial. Concretamente solicita introducir dos nuevos apartados (el decimoséptimo y decimoctavo) y agregar dos párrafos en los hechos probados cuarto y decimotercero.

2.-El diseño y contenido del motivo de revisión fáctica, obliga a la Sala a tener en cuenta su doctrina sobre las reglas que disciplinan el motivo de revisión fáctica.

Esta Sala, entre otras, SSTS 383/2025, de 6 de mayo (rec 149/2023) y 821/2025, de 24 de septiembre (rec 204/2023) ha puesto de manifiesto «El peligro de que el acudimiento al Tribunal Supremo se convierta en una nueva instancia jurisdiccional, contra lo deseado por el legislador y la propia ontología del recurso explican las limitaciones legales y jurisprudenciales existentes en orden a la revisión de hechos probados. La previsión legal permite solicitar la corrección de las eventuales contradicciones entre los hechos que se dan como probados y los que se deduzcan de las pruebas documentales practicadas. Reiterada jurisprudencia como la reseñada en SSTS 28 mayo 2013 (rec. 5/20112), 3 julio 2013 (rec. 88/2012), 25 marzo 2014 (rec. 161/2013), 2 marzo 2016 (rec. 153/2015) viene exigiendo, para que el motivo prospere:

1. Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse).

2. Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

3. Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué discrepa.

4. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada].

5. Que no se base la modificación fáctica en prueba testifical ni pericial. La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador. En algunos supuestos sí cabe que ese tipo de prueba se examine si ofrece un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte» encuentra fundamento para las modificaciones propuestas

6. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

7. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

8. Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

9. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental»

Y como también hemos precisado, entre otras, en STS 452/2025, de 21 de mayo rec 274/2024:

«La declaración de hechos probados no puede ser combatida sobre la base de presunciones establecidas por el recurrente ( SSTS de 17 de abril de 1991, Rec. 1042/90, o 26 de mayo de 1992, Rec. 1244/1991). Ello implica, de entrada, que la prueba alegada debe demostrar "de manera directa y evidente la equivocación del juzgador" pero, a su vez, la misma no puede encontrarse contradicha "por otros elementos probatorios unidos al proceso" (por ejemplo, STS de 24 de octubre de 2002, Rec. 19/2002). No puede pretender el recurrente, de nuevo, la valoración total de las pruebas practicadas o una valoración distinta de una prueba que el juzgador "a quo" ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado. Por ello, la jurisprudencia excluye que la revisión fáctica pueda fundarse "salvo en supuestos de error palmario... en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente" ( STS de 6 de junio de 2012, Rec. 166/2011, con cita de otras muchas).»

De acuerdo con todo ello, aun invocándose prueba documental, la revisión de hechos sólo puede ser acogida si el documento de que se trate tiene «una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas» ( STS de 16 de noviembre de 1998, recurso 1653/1998). Por tanto, no prosperará la revisión cuando el contenido del documento entre en contradicción con el resultado de otras pruebas a las que el órgano judicial de instancia haya otorgado, razonadamente, mayor valor.

3.-A tenor de estas consideraciones, el atento examen de las cuatro adiciones que se pretenden incorporar al relato judicial devienen inviables como seguidamente analizaremos.

4.-Las dos primeras adiciones, recogidas en el motivo segundo del recurso, se concretan:

a) En introducir a modo de hecho probado decimoséptimo, texto del siguiente tenor:

«Obra al descriptor 62 (correos electrónicos) y descriptores 63 a 66 y 59 a 61 (actas de reuniones), de los que se extrae que la empresa Decathlon España y el sindicato CCOO vienen conviniendo organización de asistencia a diversas reuniones en donde, don Sebastián y doña Begoña asisten como delegados sindicales 5 por CCOO a reuniones de intercentros y reuniones de comisión de igualdad y reciben información de la empresa. Obra a los descriptores 59, 60, y 61 que la empresa viene informando a los delegados de CCOO entre otros temas (descriptor 59) de cierre de centros, (descriptor 60) contratación, (descriptor 61) resto de obligaciones normativas además del flujo habitual de informaciones en el seno de las reuniones de la Comisión Decathlon y la Comisión de Igualdad en la que participan ambos delegados sindicales por CCOO. No consta en ninguna reunión de Comité Intercentros queja de falta de información no recibida por parte de los delegados sindicales y tampoco consta que se acredite por CCOO recepción de la empresa de carta o e-mail solicitando información pendiente de entrega. Tampoco consta que por parte del interlocutor/asesor don Cornelio de CCOO se haya solicitado información a la empresa pendiente de contestar por esta siendo este el interlocutor habitual con la compañía por parte de la organización sindical y asesor por CCOO en todas las reuniones de la Comisión Decathlon o Comité de Empresa.»

b) En añadir un nuevo párrafo al hecho probado cuarto con el siguiente texto:

«No consta acuse de recibo de la empresa de los correos referidos. Asimismo, se aporta correo de fecha 21-8-2023 entre Sebastián y Cornelio, nuevamente en referencia a uno anterior de fecha 25-4-2023. De ninguno de ellos se acredita recepción de la empresa. Tampoco se prueba que Cornelio comunicara nada a la empresa tras leer dicho correo ni que se planteara falta de documentación o solicitud en ninguna reunión con la empresa. Obra al descriptor 62 correos de fecha 2 de junio de 2023 y 15 de septiembre, intercambiados entre la empresa y Cornelio en los que se organizan reuniones y orden del día destacándose que en modo alguno se pone de manifiesto falta de información alguna ni solicitud de repuesta a correos anteriores o pendientes de respuesta.»

5.-Basta examinar la amplia relación documental, entreverada con deducciones y conclusiones probatorias de la propia parte recurrente, para anticipar la desestimación de las dos primeras propuestas revisorias.

a) En efecto, con relación al denominado hecho probado decimoséptimo se indica una serie de descriptores que refieren varios correos electrónicos fechados el 17 de enero, 2 de junio, 15 de septiembre de 2023 y 9 de mayo de 2024, relacionados con la asistencia de delegados sindicales de CCOO, en particular Sebastián y Begoña, coordinados con Cornelio; actas de comisiones y reuniones para significar que fueron tratados temas como la publicación de vacantes e información sobre contratación; el acta de la Comisión Negociadora del II Plan de Igualdad, firmada por Begoña en varias fechas (21 de octubre de 2022, 17 de mayo y 2 de junio de 2021). En estas actas, refiere la recurrente, que se trata especialmente el tema de la publicación de vacantes y los "datos compartidos", proponiendo planes de acción para mejorar la transparencia en la publicación de vacantes en los medios habituales de la empresa; se alude a numerosos correos electrónicos dirigidos a CCOO, informando sobre temas como cierre de centros, contratación y otras obligaciones normativas. Además, se menciona el flujo habitual de información en las reuniones de la Comisión Decathlon y la Comisión de Igualdad, con la participación de los delegados sindicales y el asesor Cornelio.

No puede prosperar esta petición revisoria por varias razones. En principio, todas estas referencias documentales ya fueron tenidas en cuenta en la sentencia de instancia (hecho probado primero), que referencia explícitamente esos descriptores documentales. Por tanto, esta petición tropieza con un obstáculo insalvable: valorar sobre idéntica base documental de manera distinta, y sin que se advierta error manifiesto y palmario, para hacer prevalecer sus propias conclusiones frente a lo decidido en la sentencia. Además, se quieren introducir hechos no acreditados sin que exista prueba hábil que los respalde.

b) Respecto al contenido del hecho probado cuarto, basta constatar que se trata de un intento de dejar constancia de una sucesión de hechos que, a juicio de la empresa recurrente, no han quedado acreditados, sin ningún descanso documental probatorio que los refrende.

6.-En tercer lugar, se solicita adicionar al hecho probado decimotercero el siguiente párrafo:

«Obra al descriptor 73 sentencia 2492/2018 de 25 de julio del TSJ de la Comunidad de Valencia relacionada con el párrafo anterior de la que se extrae que el fondo de la cuestión deviene de la Sentencia del Juzgado de lo social de Alicante número 251/2019 autos 789/2019, donde se contrasta de su hecho probado 1º que don Gumersindo a la fecha en cuestión relativas al crédito de 9 horas era miembro del comité por UGT y no por CCOO. Por tanto, siendo en el año 2018 y anteriores miembros del comité por UGT las citadas horas no pueden referirse a CCOO.»

Justifica esta propuesta alegando que en el acto del juicio se aportó documental de la que se puede extraer que la aludida persona, en relación con el tema de fondo de las 9 horas referidas no están relacionadas con un derecho de delegados por CCOO sino de UGT. Indica el descriptor 73 que recoge la sentencia 2492/2018 de 25 de julio del TSJ de la Comunidad de Valencia, de la que se puede extraer (página 5 de dicha sentencia) que no concurrió en el caso ningún indicio de vulneración del derecho a la libertad sindical.

La adición interesada tampoco puede ser acogida. La información que se pretende introducir a modo de corrección, aun pudiendo ser considerada, no deja de ser meramente circunstancial y carente de influencia en contraste con lo que es el núcleo fáctico de la cuestión debatida.

7.-Finalmente en el cuarto motivo del recurso, se interesa la inclusión de un nuevo apartado, el decimoctavo, del siguiente tenor:

«Obra al descriptor 68 acta de reunión del comité de Getafe, en la que consta como asistente don Sebastián, de la que se extrae que, también en el centro de trabajo del delegado sindical por CCOO, además del correspondiente a Begoña, se dispone de tablón de comunicación a disposición de dicho delegado y organización sindical. Concretamente en el acta de fecha 22 de enero de 2022 consta que el tablón consta habilitado en la zona de pausa, se aprecia que el espacio es adecuado, se dispone no obstante por la empresa que se modificará la referencia identificativa del panel a fin de proporcionar mayor espacio en la zona de comunicación y animando a que, como se viene haciendo hasta la fecha, cada organización disponga del panel con la debida actualización a fin de optimizar el espacio. Manifestándose asimismo que se ha ganado luminosidad y confort habiendo quedado el panel en un lugar visible y accesible. Asimismo, obra al descriptor 57 fotos de tablones en diversos centros de la empresa Decathlon España de los cuales se puede extraer como disponen de información publicada por delegados sindicales por CCOO. Y, obra al descriptor 58 correo probatorio de la disposición de Tablón Digital en la empresa, acreditándose que 8 dicho tablón digital se dispone tras reunión mantenida y previos los trabajos de informática necesarios para su puesta a disposición e instrucciones de uso, link de acceso y resto de trabajos previos a su puesta en acción.»

La parte recurrente relaciona diversa prueba documental, incluso se remonta a la parte de antecedentes de hecho de la sentencia, para poner de relieve que a diferencia de lo que se afirma en la sentencia recurrida, no puede concluirse que el tablón se coloca a raíz de la demanda, sino que trae causa de sucesivas reuniones mantenidas, como se indica en el correo electrónico, y previas las intervenciones del departamento informático a los efectos de poder desarrollar e implementar el mismo, se comunica su puesta a disposición indicando como consta igualmente en dicho correo la ubicación del sites.google con la página web, el link, los formularios, las indicaciones de las reglas de utilización para firma digital, entre otros extremos.

Tampoco puede ser acogida esta adición. No deja de ser una valoración conjunta de la prueba, extrayendo conclusiones de parte que resultan abiertamente contradictorias con las obtenidas por la Sala de instancia, en las que ha tenido en cuenta otros elementos relevantes que omite la recurrente, entre ellos, el requerimiento efectuado por la Inspección de Trabajo, haber colocado un solo tablón en uno de los numerosos centros de trabajo.

8.-En consecuencia, los motivos segundo, tercero y cuarto del recurso, deben ser desestimados.

QUINTO. - Motivo 5º del recurso. Infracciones de la LOLS sobre el derecho a la información a delegados sindicales; puesta disposición de tablón de anuncios en los centros de trabajo; sobre el disfrute de crédito horario.

1.-La empresa recurrente concentra en el quinto motivo del recurso, encauzado por el apartado e) del art. 207 LRJS, su discrepancia jurídica con la decisión judicial de instancia que ha declarado la existencia de vulneración del derecho a la libertad sindical en tres de sus aspectos: sobre el derecho a la información a los delegados sindicales y la negativa a facilitar correos electrónicos de los trabajadores; la puesta a disposición de tablones de anuncios en todos los centros de trabajo; y determinadas irregularidades sobre el crédito horario sindical. Invoca a tal efecto, la infracción de los artículos 10, 8.2, 10.3, todos ellos de la Ley Orgánica de Libertad Sindical ( LOLS) ; y el art. 8.12 de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS) en lo concerniente a la indemnización por daños y perjuicios fijada en la sentencia. Este último aspecto será abordado en fundamento jurídico aparte.

2.-Los hechos probados de la sentencia recurrida, y cuya valoración figura con pormenorizadamente detallada en el fundamento jurídico de la misma, dan cuenta del siguiente panorama:

(a) El sindicato demandante (CCOO-Servicios), cuenta con 44 representantes en la empresa y 4 delegados sindicales que participan en las reuniones del comité intercentros, en las comisiones de negociación del convenio colectivo y en las reuniones atinentes al plan de igualdad.

(b) En cuanto a la solicitud de información a los delegados sindicales.

(i) Consta acreditado que en fecha 3 de diciembre de 2022, la sección sindical de CCOO, remitió correo electrónico a la Dirección de la empresa Decathlon Rosaleda, solicitando información al amparo del art. 10 LOLS sobre: a) Copias básicas de contratos laborales y sus modificaciones en el centro de trabajo de Rosaleda durante los dos últimos años. b) Datos relativos a excedencias, bajas voluntarias, expedientes disciplinarios y contratos complementarios. c) Información sobre cierres de plantilla. d) Información sobre vacantes.

(ii) Ante la falta de respuesta de la empresa, el sindicato demandante interpuso denuncia ante la Inspección de Trabajo con fecha 27 de febrero de 2023.

(iii) Ha quedado probado que la empresa, de manera sistemática, ha denegado la entrega de información solicitada por los delegados sindicales de CC. OO., a pesar de los continuos requerimientos realizados conforme al artículo 10 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical ( LOLS) .

(iv) Sin embargo, la empresa no ha acreditado en ningún momento la entrega de dicha información a los delegados sindicales. Se limitó a alegar que dicha información fue facilitada en el comité de empresa o en la comisión de igualdad. Se declara vulnerado el derecho de libertad sindical en su vertiente de derecho a la información.

(c) En cuanto a la puesta a disposición de tablón de anuncios sindical y tablón virtual:

(i) Quedó probado que la empresa denegó la implantación de tablones de anuncios en todos los centros de trabajo, así como la facilitación de direcciones de correo electrónico y la existencia de un tablón virtual para la remisión de información sindical.

(ii) Se instaló un tablón de anuncios en el centro de Málaga, tras requerimiento de la Inspección de Trabajo, precedido de denuncia.

(iii) El tablón digital se habilitó únicamente tras la presentación de la presente demanda de tutela.

(d) Respecto al crédito horario sindical, se declara probado que:

(i) la empresa ha denegado el crédito horario sindical a los representantes, y en su caso, imputado a dicho crédito horas que no resultan computables, como el tiempo empleado en funciones ajenas al crédito sindical.

(ii) Consta acreditado que la empresa se ha negado a compensar el tiempo utilizado por los delegados de prevención en reuniones fuera del horario laboral, existiendo incluso pronunciamientos judiciales previos sobre la vulneración de este derecho.

(e) Otros incumplimientos empresariales que, acumulativamente se ha constatado, se refieren a:

(i) La vulneración del derecho de huelga de dos representantes sindicales en el centro de Málaga.

(ii) La existencia de un documento en el que se cataloga a trabajadores del comité con la expresión "KO", aunque no ha podido ser valorado por ilegibilidad.

(iii) La expulsión de una representante sindical de CCOO de la reunión de constitución del comité de empresa, estando en situación de excedencia por de familiar.

3.-La sentencia recurrida, con base en estos hechos, ha estimado íntegramente la demanda de tutela de la libertad sindical.

4.-La argumentación del quinto motivo del recurso se construye íntimamente vinculada al éxito de los motivos de revisión fáctica expuestos.

Por tanto, las premisas de partida del extenso motivo jurídico que afecta a la cuestión de fondo planteada, de entrada, incurre aquí en una rechazable «petición de principio», toda vez que realiza su razonamiento sobre premisas que no coinciden con la crónica judicial, por lo que acaba haciendo supuesto de la cuestión (entre las más recientes, por todas, SSTS 1043/2025, de 12 de noviembre, rec. 73/2024, y 1053/2025, de 12 de noviembre, rec. 68/2025, y las por la primera citadas).

Con todo, no impide que examinamos sobre el sustrato fáctico inalterado, las infracciones normativas denunciadas en este motivo del recurso.

5.-En primer término, con relación a los derechos de información a los delegados sindicales debemos comenzar señalando que es una constante en la doctrina constitucional, que está presente en nuestra jurisprudencia, la especial relevancia del derecho de información para el ejercicio de la libertad sindical en la empresa. Así lo ha puesto de manifiesto la sentencia TC 281/2005, de 7 noviembre (caso BBVA )cuando afirma que la libertad de información «constituye un elemento esencial del derecho fundamental a la libertad sindical [...] el flujo de información entre el sindicato y los trabajadores es el fundamento de la participación, permite el ejercicio cabal de una acción sindical y propicia el desarrollo de la democracia y del pluralismo sindicales...».

6.-En esta materia es imprescindible traer a colación la regla del artículo 181.2 LRJS: «En el acto del juicio, una vez justificada la concurrencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental o libertad pública, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad».

Como recuerda la STS 954/2022 de 13 diciembre (rec. 40/2021, caso Capgemini España) nuestra doctrina viene insistiendo en la necesidad de distinguir entre la aportación de elementos probatorios suficientes para ser tenidos como prueba del indicio exigido para cuestionar la legitimidad constitucional del móvil de la actuación empresarial, y las que simplemente suponen meras sospechas y conjeturas sin base suficiente para dar lugar a tan importante efecto jurídico como es el de invertir la carga de la prueba.

En definitiva, la no aportación de indicios o la no aportación de elementos que lleven al juzgador a percibir la apariencia de la presunta violación determinará la inaplicación de la consecuencia prevista en el artículo 181.2, es decir, la no exigencia al demandado de la aportación de la justificación de la objetiva razonabilidad y proporcionalidad de la medida combatida. Así lo venimos determinando desde antiguo, señalando que ante la inexistencia de indicios o de simple apariencia «de que se haya producido una violación de la libertad sindical de los actores y, por tanto, no es aplicable la especial regla de la carga de la prueba que establece, en tales casos, el artículo 178.2 LPL (hoy 181.2 LRJS ), de que, constatada la concurrencia de tales indicios, se desplaza hacía el demandado la carga de acreditar que la medida adoptada es objetiva, razonable y proporcionada. Al no producirse el presupuesto inicial exigido en el art. 178.2 (hoy 181.2 LRJS) citado son aplicables las reglas del art. 1214 CC que impone a los demandantes la aportación de la prueba de que han sido discriminados por razones sindicales» ( STS de 27 de septiembre de 1993, rec. 3034/1992).

7.-En el presente caso, con relación a la información solicitada por el sindicato, la empresa no ha acreditado en ningún momento que la información solicitada, en los términos del art. 10 LOLS, fuera entregada a los delegados sindicales.

La empresa en su descargo alegó que dicha información fue entregada en el seno del comité de empresa y en las reuniones de la comisión de igualdad, aportando actas al efecto, donde se encuentra presente la delegada Begoña.

Sin embargo, esos alegatos carecen de fuerza para contrarrestar los indicios de lesión. Como atinadamente destaca la Sala de instancia, además de no tener fuerza probatoria suficiente para neutralizar el incumplimiento empresarial denunciado; tampoco puede entenderse que la mera remisión a una plataforma existente en la empresa para el conocimiento de las vacantes existentes subsane el incumplimiento empresarial denunciado. Ello es así porque que si bien la configuración legal de los órganos de representación unitaria favorece su sindicalización, lo que puede llevar a entender que existan espacios de confusión funcional derivada de la notable grado de entre las instancias representativas (las unitarias) y otras (las sindicales), que también encuentra explicación por la promoción legal de la mayor representatividad, es incuestionable que el modelo español de acción sindical en la empresa se halla legal y constitucionalmente ( art. 28 y 37 CE) condicionado por la coexistencia de dos tipos de representantes que los trabajadores en la empresa en las empresas ( sindicales, de una parte, y unitarios o electivos, de otra) que tienen funciones y competencias destinadas a cumplir sus fines específicos para los que están concebidos.

8.-En segundo lugar, también la sentencia recurrida ha apreciado vulneración del derecho a la libertad sindical por el incumplimiento del deber de proporcionar la disposición de un tablón de anuncios para ofrecer la información sindical.

9.-El artículo 8.2.a) LOLS dispone que «Con la finalidad de facilitar la difusión de aquellos avisos que puedan interesar a los afiliados al sindicato y a los trabajadores en general, la empresa pondrá a su disposición un tablón de anuncios que deberá situarse en el centro de trabajo y en lugar donde se garantice un adecuado acceso al mismo de los trabajadores». Se trata de una norma no solo expresamente invocada en el recurso, sino también relevante para adoptar una premisa concreta en orden a su resolución. No tanto por su literalidad (al aludir a un tablón de anuncios) sino por la reinterpretación que hace ya tiempo acogió la jurisprudencia.

Ya nuestra sentencia de 17 mayo 2012 (rec. 202/2011, Atento Teleservicios) recopiló la doctrina sobre el particular y ponía de relieve que la obligación de facilitar ese flujo informativo del sindicato hacia «los trabajadores en general» se extendía al uso de los instrumentos electrónicos de comunicación disponibles.

10.-La construcción del recurso se limita en este punto a discrepar de la valoración efectuada por la sentencia recurrida y a exponer, haciendo supuesto de la cuestión, circunstancias que no figuran en el relato judicial. Confunde, de esta forma, la labor propia del órgano judicial -valorar la prueba y argumentar sobre la aplicación de la norma a la realidad fáctica establecida en la propia resolución judicial-, con el cometido del recurso que debe argumentar, en el motivo amparado por el apartado e) del artículo 207 LRJS, sobre la correcta aplicación del ordenamiento jurídico que efectúa la resolución judicial.

Los hechos probados de la sentencia dejan constancia de que la empresa alegó que había cumplido con la entrega de ese tablón. Sin embargo, como enfatiza la sentencia recurrida, la situación viene conformada por otros elementos que muestran una conducta empresarial claramente lesiva de ese derecho instrumental dirigido a facilitar el mejor desenvolvimiento del derecho de información. En efecto:

a) Se instaló un tablón de anuncios únicamente en el centro de trabajo sito en el centro comercial de La Rosaleda en Málaga. Ahora bien, esa instalación fue consecuencia de un escenario previo de silencio antes constantes requerimientos sindicales, que abocaron a una denuncia y posterior requerimiento de la Inspección de Trabajo.

b) Por otro lado, el tablón digital se instaura una vez interpuesta la demanda que ha dado origen a las presentes actuaciones, lo que revela que únicamente ante las posibles consecuencias negativas que pudieran derivarse de la falta de atención a las peticiones sindicales en materia de información, es cuando la empresa actúa, lo que, valora la Sala de instancia - apreciación que comparte esta Sala-, revela una evidente mala fe en su conducta.

Con estos elementos, no hay base para corregir la apreciación de la sentencia recurrida sobre la existencia de vulneración del derecho a la puesta a disposición del tablón en los términos recogidos en la LOLS denunciada.

11.-En tercer lugar, la parte recurrente disiente de la apreciación judicial de instancia que declaró la vulneración del derecho al crédito horario sindical.

12.-Sobre la relevancia de este derecho, debemos considerar:

a) Que el crédito horario es una de las garantías integradoras de uno de los núcleos fundamentales de la protección de la acción sindical, residenciada en los representantes sindicales y que tiene la finalidad de otorgarles una protección específica en atención a la compleja posición jurídica que los mismos asumen frente a los empresarios, y de ello será consecuencia que la privación del sistema de protección de que se trata podrá entrañar la violación del derecho de libertad sindical ( STC 40/1985 de 18 abril).

b) La STS 1301/2024, de 21 de noviembre (rec. 281/2022) por remisión a la STS 917/2020, de 14 de octubre (rec. 236/2018) nos dice que: «el derecho al crédito horario forma parte, sin duda, del derecho a la libertad sindical en su vertiente de derecho al ejercicio de la actividad sindical sin la que aquel derecho fundamental sería irreconocible. El crédito horario es, desde esa perspectiva un derecho instrumental al servicio de la actividad del sindicato y de sus representantes que, al estar configurado por la LOLS, forma parte inescindible del derecho fundamental, en los términos expresados en la mencionada Ley Orgánica».

c) También dijimos en nuestra STS 812/2019, de 27 de noviembre (rec. 95/2018): «[ ...]es claro que, en este caso, el disfrute del crédito horario se integra en el contenido de la libertad sindical y que una conducta empresarial que desconoce su alcance (legal o pactado) vulnera tal derecho».

d) Y, finalmente, en cuanto a las coordenadas generales para su disfrute, nuestra STS 903/2024 (rec 472/2021) afirma que «A la vista de las previsiones contenidas en los artículos 37.3 y 68.e ) ET, atenida la naturaleza y finalidad de este singular permiso cabe extraer alguna consecuencia de interés a nuestros efectos:

[...]

* Corresponde al titular del derecho la libre disponibilidad de tal crédito, lo que supone sea de su elección tanto el momento adecuado para su utilización -lo que no excluye normalmente la exigencia de preaviso- cuanto la clase de actividad a realizar durante aquélla, siempre, naturalmente, que la misma fuera propia de la función representativa. [...]»

13.-En el recurso se acepta el hecho probado de la sentencia que alude a «que ante las peticiones de utilización de las horas imputables al crédito horario reconocido a los delegados sindicales, la empresa o bien deniega las mismas, o bien, computa en dicho crédito los tiempos empleados en el ejercicio de funciones ajenas a dicho crédito sindical».

La disidencia radica en rebatir que esa situación se haya producido de manera generalizada teniendo en cuenta que, como se deja constancia en el hecho probado primero «el sindicato cuenta con 44 representantes en la empresa y 4 delegados sindicales que participan en las reuniones del comité intercentros, en las comisiones de negociación del convenio colectivo y en las reuniones atinentes al plan de igualdad». Destaca lo acontecido en cuatro centros de trabajo: Zaragoza, Alicante, Alcalá de Guadaira y Melilla. Respecto al de Zaragoza, alude a que esa supuesta conducta obstructiva no es tal porque la denuncia ante la Inspección de Trabajo no terminó con sanción alguna. Y, seguidamente, detalla, apelando a la documental aportada en autos, a lo acontecido en los centros de Alicante, Alcalá de Guadaira y Melilla.

14.-Dos órdenes de consideraciones nos sirven para rechazar la denuncia normativa dirigida a combatir la declaración de vulneración del derecho al crédito horarios sindical:

a) Estrictamente procesales. De entrada, las referencias a lo supuestamente ocurrido en otros centros de trabajo no pasan de ser meras valoraciones subjetivas e interesadas de parte que carecen de respaldo en los hechos probados.

b) En cambio, en cuanto al fondo, ha quedado acreditado, con rotundidad, en la sentencia impugnada una conducta empresarial claramente lesiva del citado derecho toda vez que:

1º/. - Ha denegado el crédito horario sindical a los representantes o, en su caso, ha imputado a dicho crédito, horas que no resultan computables, como el tiempo empleado en funciones ajenas al crédito sindical; y

2º/.- Se ha negado a compensar el tiempo utilizado por los delegados de prevención en reuniones fuera del horario laboral, existiendo incluso pronunciamientos judiciales previos sobre la vulneración de este derecho, tal como se noticia en el hecho probado decimotercero cuando se dice que la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de fecha 4 de febrero de 2020, recaída en el recurso de suplicación 2726/2019, por la que se estimaba el recurso de suplicación interpuesto por don Gumersindo, apreciando la vulneración de su derecho de libertad sindical por parte de la empresa demandada, y declarando su derecho a disfrutar del crédito sindical correspondiente a las 9 horas denegadas en el año 2018, así como a seguir disfrutándolo en años sucesivos para acudir a las reuniones del Comité Intercentros, con abono de una indemnización de 1.500 euros. Esto último demuestra un conocimiento previo de que esa conducta es contraria a la ley, a la vez que intensifica en la situación enjuiciada el grado de intencionalidad en su actuación antijurídica.

SEXTO. - En cuanto a la procedencia de la indemnización de daños y perjuicios

1.-En el tramo final del motivo quinto del recurso, el recurso de la empresa impugna la procedencia de la indemnización de daños y perjuicios a la que la sentencia de instancia le ha condenado en cuantía de 30.000 euros.

2.-La empresa invoca como precepto infringido el art. 8.12 de la Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Supedita, sin más argumentación, el éxito de la censura y su consecuencia (que se deje sin efecto la indemnización fijada) a la acogida de las precedentes infracciones normativas, circunstancia que, como hemos examinado, no se ha producido.

La censura normativa está destinada al fracaso.

3.-El art. 182.1 LRJS prescribe que, en procesos de tutela de derechos fundamentales, en caso de estimación de la demanda, según las pretensiones concretamente ejercitadas, la sentencia:

«a) Declarará la existencia o no de vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas, así como el derecho o libertad infringidos, según su contenido constitucionalmente declarado, dentro de los límites del debate procesal y conforme a las normas y doctrina constitucionales aplicables al caso, hayan sido o no acertadamente invocadas por los litigantes.

b) Declarará la nulidad radical de la actuación del empleador, asociación patronal, Administración pública o cualquier otra persona, entidad o corporación pública o privada.

c) Ordenará el cese inmediato de la actuación contraria a derechos fundamentales o a libertades públicas, o en su caso, la prohibición de interrumpir una conducta o la obligación de realizar una actividad omitida, cuando una u otra resulten exigibles según la naturaleza del derecho o libertad vulnerados.

d) Dispondrá el restablecimiento del demandante en la integridad de su derecho y la reposición de la situación al momento anterior a producirse la lesión del derecho fundamental, así como la reparación de las consecuencias derivadas de la acción u omisión del sujeto responsable, incluida la indemnización que procediera en los términos señalados en el artículo 183.»

El artículo 183 LRJS regula las «indemnizaciones» que procede abonar en el ámbito de la modalidad procesal de tutela de derechos fundamentales. De su contenido interesa ahora reproducir los dos primeros apartados, que la recurrente considera vulnerados:

«1. Cuando la sentencia declare la existencia de vulneración, el juez deberá pronunciarse sobre la cuantía de la indemnización que, en su caso, le corresponda a la parte demandante por haber sufrido discriminación u otra lesión de sus derechos fundamentales y libertades públicas, en función tanto del daño moral unido a la vulneración del derecho fundamental, como de los daños y perjuicios adicionales derivados.

2. El tribunal se pronunciará sobre la cuantía del daño, determinándolo prudencialmente cuando la prueba de su importe exacto resulte demasiado difícil o costosa, para resarcir suficientemente a la víctima y restablecer a ésta, en la medida de lo posible, en la integridad de su situación anterior a la lesión, así como para contribuir a la finalidad de prevenir el daño.»

4.-La doctrina de la Sala sobre indemnización de daños y perjuicios (SSTS 17-diciembre-2013 (rco 109/2012), 8-julio-2014 (rco 282/2013), 2-febrero-2015 (rco 279/2013), 26-abril-2016 -rco 113/2015 o 649/2016 de 12 julio (rec. 361/2014, todas ellas citadas en la STS 562/2028 de 8 de febrero de 2018) exponen lo siguiente acerca de la indemnización por daño moral cuando existe vulneración de derecho fundamental ( arts. 1179.3, 182.1. d, 183.1 y 2 LRJS) :

«El art. 15 LOLS ... establece, en términos imperativos, que "Si el órgano judicial entendiese probada la violación del derecho de libertad sindical, decretará ... la reparación consiguiente de sus consecuencias ilícitas" y la LRJS, en desarrollo y concreción de tal norma, tratándose especialmente de daños morales, de difícil determinación y prueba por su propia naturaleza, y acorde con la jurisprudencia constitucional, ha flexibilizado la interpretación que de tales extremos se venía efectuando por un sector de la jurisprudencia ordinaria.

En este sentido, en la LRJS se preceptúa que:

a) "La demanda ... deberá expresar con claridad los hechos constitutivos de la vulneración

En este sentido, en la LRJS se preceptúa que:

a) "La demanda ... deberá expresar con claridad los hechos constitutivos de la vulneración, el derecho o libertad infringidos y la cuantía de la indemnización pretendida, en su caso, con la adecuada especificación de los diversos daños y perjuicios, a los efectos de lo dispuesto en los artículos 182 y 183, y que, salvo en el caso de los daños morales unidos a la vulneración del derecho fundamental cuando resulte difícil su estimación detallada, deberá establecer las circunstancias relevantes para la determinación de la indemnización solicitada, incluyendo la gravedad, duración y consecuencias del daño, o las bases de cálculo de los perjuicios estimados para el trabajador" ( art. 179.3 LRJS ), de donde es dable deducir que los daños morales resultan indisolublemente unidos a la vulneración del derecho fundamental y que tratándose de daños morales cuando resulte difícil su estimación detallada deberán flexibilizarse, en lo necesario, las exigencias normales para la determinación de la indemnización;

b) "La sentencia declarará haber lugar o no al amparo judicial solicitado y, en caso de estimación de la demanda, según las pretensiones concretamente ejercitadas: ... d) Dispondrá el restablecimiento del demandante en la integridad de su derecho y la reposición de la situación al momento anterior a producirse la lesión del derecho fundamental, así como la reparación de las consecuencias derivadas de la acción u omisión del sujeto responsable, incluida la indemnización que procediera en los términos señalados en el artículo 183 " ( art. 182.1.d LRJS ), de tal precepto, redactado en forma sustancialmente concordante con el relativo al contenido de la sentencia constitucional que otorgue el amparo ( art. 55.1 Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional -LOTC ), se deduce que la sentencia, como establece el citado art. 15 LOLS , debe disponer, entre otros extremos, la reparación de las consecuencias de la infracción del derecho o libertad fundamental incluyendo expresamente la indemnización, con lo que la indemnización forma parte integrante de la obligación de restablecimiento en la "integridad" del derecho o libertad vulnerados;

c) "Cuando la sentencia declare la existencia de vulneración, el juez deberá pronunciarse sobre la cuantía de la indemnización que, en su caso, le corresponda a la parte demandante por haber sufrido discriminación u otra lesión de sus derechos fundamentales y libertades públicas, en función tanto del daño moral unido a la vulneración del derecho fundamental, como de los daños y perjuicios adicionales derivados" ( art. 183.1 LRJS ), se reiteran los principios del deber judicial de pronunciarse sobre la cuantía de la indemnización, así como de la esencial vinculación del daño moral con la vulneración del derecho fundamental;

d) "El tribunal se pronunciará sobre la cuantía del daño, determinándolo prudencialmente cuando la prueba de su importe exacto resulte demasiado difícil o costosa, para resarcir suficientemente a la víctima y restablecer a ésta, en la medida de lo posible, en la integridad de su situación anterior a la lesión, así como para contribuir a la finalidad de prevenir el daño" ( art. 183.2 LRJS ), deduciéndose que respecto al daño, sobre cuyo importe debe pronunciarse necesariamente el Tribunal, se atribuye a éste, tratándose especialmente de daños morales ("cuando la prueba de su importe exacto resulte demasiado difícil o costosa" y arg. ex art. 179.3 LRJS) , la facultad de determinándolo prudencialmente, así como, con respecto a cualquier tipo de daños derivados de vulneraciones de derechos fundamentales o libertades públicas, se preceptúa que el importe indemnizatorio que se fije judicialmente debe ser suficiente no solo para la reparación íntegra, sino, además "para contribuir a la finalidad de prevenir el daño", es decir, fijando expresamente los principios de suficiencia y de prevención; y

e) Finalmente, la importancia de la integridad en la reparación de las víctimas de los vulnerados derechos fundamentales y libertades públicas, incluida la indemnización procedente, se refleja en la esencial función atribuida al Ministerio Fiscal en el proceso social declarativo y de ejecución, al disponerse que "El Ministerio Fiscal será siempre parte en estos procesos en defensa de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, velando especialmente por la integridad de la reparación de las víctimas ..." ( art. 177.3 LRJS ) y que "El Ministerio Fiscal será siempre parte en los procesos de ejecución derivados de títulos ejecutivos en que se haya declarado la vulneración de derechos fundamentales y de libertades públicas, velando especialmente por la integridad de la reparación de las víctimas" ( art. 240.4 LRJS ) .»

5.-Nuestra jurisprudencia admite como criterio orientativo a los fines de fijar dichas indemnizaciones por daños el acudimiento a los criterios de la LISOS sobre la base de las siguientes consideraciones:

a) Por un lado, ante la especial dificultad que supone la estimación detallada del importe de estos daños morales por la vulneración de derechos fundamentales, deben flexibilizarse las exigencias para la determinación de la cuantía de la indemnización, lo que conlleva un mayor margen de discrecionalidad en su valoración, como declararon, entre otras, las SSTS 356/2022, de 20 de abril (rcud 2391/2019), 214/2022, de 9 de marzo (rcud 2269/2019), 179/2022, de 23 de febrero (rcud 4322/2019) y, 768/2017, de 5 de octubre (rcud 2497/2015).

b) Por otro lado, es idónea, como hemos indicado, la utilización del criterio orientador del importe de las sanciones pecuniarias previstas por la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social para la infracción consistente en la vulneración de derechos fundamentales, lo que no supone su aplicabilidad directa, sino la consideración de que el importe de la sanción se considera razonable como cuantía de la indemnización por el daño moral, ponderándose, de este modo, tanto el aspecto resarcitorio como el preventivo de la indemnización. En este sentido, se pronunciaron, entre otras, las SSTS 1056/2018, de 13 de diciembre (rec 3/2018), 1025/2017, de 19 de diciembre ( rcud 624/2016), de 2 de febrero de 2015 ( rec 279/2013), de 8 de julio de 2014 (rec 282/2013) y de 15 de febrero de 2012 (rec 67/2011). Este criterio también ha sido objeto de reconocimiento constitucional, entre otras, en la STC 247/2006, de 24 de julio (rec 6074/2003).

Y c) por último, debido a la extensión económica o a la amplia horquilla económica permitida para imponer las sanciones previstas en la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, en estos supuestos, debe también atenderse a las concretas circunstancias concurrentes en cada caso, tales como las que puso de manifiesto, entre otras, la STS 242/2025, de 25 de marzo (rcud 1178/2024), a saber, la antigüedad del trabajador en la empresa, la persistencia temporal de la vulneración del derecho fundamental, la intensidad del quebrantamiento del derecho, las consecuencias que se provoquen en la situación personal o social del trabajador o del sujeto titular del derecho infringido, la posible reincidencia en conductas vulneradoras, el carácter pluriofensivo de la lesión, el contexto en el que se haya podido producir la conducta, o una actitud tendente a impedir la defensa y protección del derecho transgredido.

6.-En el caso ha quedado acreditada la vulneración de la libertad sindical. La sentencia de instancia para fijar la cuantía indemnizatoria en función tanto del daño moral unido a la vulneración del derecho fundamental, como de los daños y perjuicios adicionales derivados (ex art. 183.1 LRJS ), ha considerado que las acciones de la empresa revelan una constate actitud obstativa frente al sindicato demandante en cumplimiento de las obligaciones que le competen, vinculadas con las facilidades que el empresario debe otorgar a las secciones sindicales para favorecer el adecuado desarrollo de sus funciones de representación y defensa de los trabajadores integrados en las mismas, y, por extensión, del conjunto de trabajadores de la empresa o centros de trabajo ( art. 8 LOLS) . ejercicio de la libertad sindical. La plural lesión en el derecho a la acción sindical viene agravada por la reiteración y sucesión en el tiempo de dichas conductas obstruccionistas, sin que en el proceso se haya ofrecido una justificación razonable de las negativas empresariales que han entorpecido el normal ejercicio de los derechos de la acción sindical objeto de denuncia.

7.-La sentencia cuantifica la indemnización en 30.000 euros. Lo hace acudiendo al art. 8.12 de la LISOS que tipifica como infracciones muy graves en materia de relaciones laborales individuales y colectivas: «12. Las decisiones unilaterales de la empresa que impliquen discriminaciones directas o indirectas desfavorables por razón de edad o discapacidad o favorables o adversas en materia de retribuciones, jornadas, formación, promoción y demás condiciones de trabajo, [...] así como las decisiones del empresario que supongan un trato desfavorable de los trabajadores como reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante una acción administrativa o judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación este motivo de manera lógicamente subsidiaria, considera la indemnización no ajustada a Derecho e insiste en que no se ha producido vulneración de la libertad sindical.»

Conforme a lo previsto en el art. 40.1 c) de la LISOS las sanciones se castigan con multa que oscila, en su grado mínimo, de 7.501 a 30.000 euros; en su grado medio de 30.001 a 120.005 euros; y en su grado máximo de 120.006 euros a 225.018 euros.

8.-El recurso centra su impugnación en dejar sin efecto la indemnización, al vincularla a la declaración de inexistencia de la premisa mayor en la que descansa, esto es, la inexistencia de lesiones a la acción sindical. Sin embargo, esto no se ha producido. Sucede, en cambio, que el recurso no combate la ponderación que ha conducido a la Sala a fijar dicha la indemnización ni tampoco el importe finalmente establecido.

En línea de principio, el criterio judicial de instancia solamente debe ser revisado si es manifiestamente irrazonable o arbitrario.

A tenor de lo expuesto esto no ha sucedido si tenemos en cuenta: a) la naturaleza y entidad agravatoria de los incumplimientos empresariales con relación al ejercicio del derecho a la acción sindical; b) la pluralidad de infracciones cometidas; y c) la reiteración y sucesión en el tiempo de tales incumplimientos.

Por el contrario, no apreciamos en el recurso argumento alguno que altere la valoración asumida por la sentencia de la Audiencia Nacional, tal y como apunta el Ministerio Fiscal. Atendiendo a lo declarado probado se ha de confirmar la indemnización fijada en la sentencia, atendiendo a la importancia de los incumplimientos producidos.

En consecuencia, el motivo quinto del recurso debe ser íntegramente desestimado.

SÉPTIMO. - Multa por temeridad. Confirmación. Desestimación del motivo 1º

1.-Desestimado el motivo que inciden en el fondo de la cuestión, y confirmada la existencia de infracciones al derecho de libertad sindical en los términos expuestos, es el momento de abordar el motivo del recurso de la empresa a través del cual combate la multa por temeridad en cuantía de 3000 euros que le ha sido impuesta en la instancia.

2.-Como ya anticipamos en el fundamento jurídico tercero la parte recurrente impugna la multa por temeridad con un doble fundamento:

a) Principalmente de naturaleza procesal. Denuncia que al haberse impuesto de oficio la multa, no se ha respetado el trámite de alegaciones por escrito, por plazo de dos días, una vez concluido el acto del juicio, trámite que se regula en el apartado 3 del artículo 97 LRJS, lo que le ha producido indefensión.

b) Complementariamente, discute asimismo la motivación judicial a la hora de imponerla. Para ello relatando ampliamente los términos de la contestación a la demanda, que, en su opinión, en modo alguno se produce de forma temeraria, ni alejada de toda congruencia.

3.-Tampoco este motivo puede prosperar porque la sentencia de instancia ha realizado una debida aplicación de los preceptos procesales que amparaban la imposición de la multa por temeridad que ha acordado la sentencia recurrida.

4.-Los artículos 75.4 y 97.3 LRJS habilitan al órgano judicial que conoce en instancia, como es el caso, a imponer una multa cuando aprecie la existencia de temeridad o mala fe.

El art. 97.3 LRJS dispone que «3. La sentencia, motivadamente, podrá imponer una sanción pecuniaria, dentro de los límites que se fijan en el apartado 4 del artículo 75, al litigante que no acudió injustificadamente al acto de conciliación ante el servicio administrativo correspondiente o a mediación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 83.3, así como al litigante que obró de mala fe o con temeridad. También motivadamente podrá imponer una sanción pecuniaria cuando la sentencia condenatoria coincidiera esencialmente con la pretensión contenida en la papeleta de conciliación o en la solicitud de mediación. En tales casos, y cuando el condenado fuera el empresario, deberá abonar también los honorarios de los abogados y graduados sociales de la parte contraria que hubieren intervenido, hasta el límite de seiscientos euros.»

«La imposición de las anteriores medidas se efectuará a solicitud de parte o de oficio, previa audiencia en el acto de la vista de las partes personadas. De considerarse de oficio la posibilidad de imponer la sanción pecuniaria una vez concluido el acto de juicio, se concederá a las partes un término de dos días para que puedan formular alegaciones escritas. En el caso de incomparecencia a los actos de conciliación o de mediación, incluida la conciliación ante el letrado o letrada de la Administración de Justicia, sin causa justificada, se aplicarán por el juez, la jueza o el tribunal las medidas previstas en el apartado 3 del artículo 66.»

Por su parte, el art. 75.4 LRJS - modificado LO 1/2025, de 2 de enero, pero que no varía su contenido con respecto a la versión por razones temporales aplicable- señala que «Todos deberán ajustarse en sus actuaciones en el proceso a las reglas de la buena fe. De vulnerarse éstas, así como en caso de formulación de pretensiones temerarias, sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior, el juez [o jueza cfr. versión LO 1/2025, de 2 de enero] o tribunal podrá imponer mediante auto, en pieza separada, de forma motivada y respetando el principio de proporcionalidad, ponderando las circunstancias del hecho, la capacidad económica y los perjuicios causados al proceso y a otros intervinientes o a terceros, una multa que podrá oscilar de ciento ochenta [seiscientos, cfr. versión LO 1/2025, de 2 de enero] a seis mil euros, sin que en ningún caso pueda superar la cuantía de la tercera parte del litigio...De apreciarse temeridad o mala fe en la sentencia o en la resolución de los recursos de suplicación o casación, se estará a lo dispuesto en sus reglas respectivas. »

5.-En el caso examinado, en el acto del juicio, el Presidente de la Sala, haciendo uso de la facultad prevista en el art. 97.3 LRJS, abrió trámite de audiencia sobre la imposición de la multa por temeridad. Así consta en los antecedentes de hecho cuarto y fundamento jurídico quinto de la sentencia, sobre la sanción pecuniaria indicada.

Se queja la empresa recurrente de que, habiéndose suscitado de oficio la imposición de la sanción, la Sala no respetó el trámite de audiencia por dos días, para alegaciones por escrito.

La denuncia del quebranto formal desarrollada en este motivo del recurso obedece a una interpretación que no se corresponde con el sentido y alcance de la previsión procesal recogida en el art.97.3 párrafo segundo LRJS.

La LRJS incorpora en este apartado 3 del artículo 97 unas mínimas reglas de procedimiento. Esencialmente, que una vez considerada por el órgano judicial -a solicitud de parte o de oficio- la posibilidad de imponer la sanción, si todavía se está celebrando la vista debe dar audiencia en el acto a las partes personadas para que se pronuncie; y si ya se hubiera concluido aquella debe concederles un término de dos días para que puedan formular alegaciones escritas.

En el presente caso, la imposición de la multa se suscitó de oficio, pero en el curso de la celebración de la vista. Por tanto, se ha dado correcto cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 97.3. 2º de la LRJS (en este sentido, STS 454/2025 de 22 de mayo de 2025 rec 133/2023).

6.-En cuanto a la motivación de la multa por temeridad.

Esta Sala, en la STS 1005/2024, de 10 de julio (rec. 1005/2024), recuerda que «El citado artículo 97.3 LRJS concede a los tribunales de instancia la facultad de imponer la multa a la que el precepto alude a aquel litigante que hubiera obrado de mala fe o con notoria temeridad. Ciertamente, el precepto procesal concede una cierta discrecionalidad para la imposición de la sanción, pero no cabe duda de que el sustrato básico imprescindible es que se ejerciten pretensiones totalmente infundadas, con conocimiento de su injusticia ( SSTS 4 de octubre de 2001 -rec. 4477/2000 - y 27 de junio de 2005 -rec. 168/04).»

La STS 432/2024, de 6 de marzo (rec. 304/2021 ) también reitera doctrina, según la cual «el Tribunal de instancia tiene una cierta discrecionalidad para imponer la multa a que se refiere el citado artículo 97.3 de la LPL , valorando los factores que confluyen en la posición de la parte actora y motivando la decisión ( STC 41/1984 ), que naturalmente puede ser analizada y eventualmente anulada por el Tribunal de casación si se entendiera que la medida ha sido arbitraria, pero para ello es preciso que consten de forma fehaciente y clara elementos de los que se pueda desprender de manera objetiva que la aplicación de aquel precepto fue inadecuada ( STS de 7 de diciembre de 1999 (Rec. 1946/1999 ). »

7.-La aplicación de nuestra doctrina antes expuesta al caso nos lleva a mantener la sanción impuesta. La sentencia recurrida, ha justificado la sanción por temeridad argumentando que la contestación ofrecida por el letrado de la parte demandada, se mostró «alejada de toda congruencia y con manifestaciones que únicamente perseguían desviar la atención del tribunal hacia aspectos intrascendentes e irrelevantes y que en nada incidían en los hechos denunciados por la parte demandante»[...] «La contestación extensa, reiterativa y carente de toda lógica de la parte demandada, incidiendo en aspectos intrascendentes, no hizo sino minar la paciencia del tribunal» . Y concluye señalando que «atendiendo a los afectados por la decisión empresarial y a su falta de justificación se acuerda imponer una sanción por temeridad conforme el art. 97.3 de 3.000 euros y deberá además abonar los honorarios de la letrada actuante.», sin que por otra parte se detecte ningún tipo de falta de proporcionalidad en la cuantía impuesta. Ello se traduce en una conducta procesal de la demandada evasiva a lo que era objeto del proceso de tutela de derechos fundamentales, en el que el juego de la carga probatoria es singularmente acusado obligando a tener que activar actuaciones judiciales con el consiguiente retraso en el cumplimiento de sus obligaciones.

8.-En consecuencia, el motivo debe ser desestimado, manteniéndose el pronunciamiento sobre imposición de multa por temeridad en cuantía de 3.000 euros y abono de costas.

OCTAVO. - Desestimación del recurso de casación y pronunciamientos accesorios

1.-De acuerdo con todo lo anteriormente razonado, y de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede desestimar el recurso de casación y confirmar, y declarar la firmeza, de la sentencia recurrida.

2.-Dispone el artículo 235.1 LRJS que «1. La sentencia impondrá las costas a la parte vencida en el recurso [...]» que la Sala cifra por importe de 1.500 euros y que la recurrente deberá abonar a la parte impugnante del recurso.

3.-Establece el art. 217.2 LRJS «En el caso de que la Sala de instancia haya impuesto a la parte que obró con mala fe o temeridad la multa que señalan el apartado 4 del artículo 75 y el apartado 3 del artículo 97, la sentencia de la Sala se pronunciará sobre dichos extremos, así como sobre los honorarios de los abogados si hubieran sido impuestos en la sentencia recurrida. La Sala podrá imponer dichas sanciones y medidas a los recurrentes de apreciarse temeridad o mala fe en la actuación de las partes o su representación procesal durante el recurso.»

Sobre la primera previsión, la Sala ya se ha pronunciado con ocasión del examen del motivo primero del recurso.

En cuanto a la facultad procesal que atribuye a esta Sala, la entidad y rigor técnico del recurso formalizado impiden en esta alzada la imposición de sanción o medida alguna.

4.-Se decreta la pérdida del depósito para recurrir ( art. 217.1 LRJS)