Sentencia Social 31/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 233/2024 de 15 de enero del 2026

PRIMERO.- Cuestión controvertida y antecedentes relevantes

1.-La cuestión que debemos resolver en los recursos de casación interpuestos contra la sentencia 649/2024 de 15 de julio dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sede Santa Cruz de Tenerife (autos de conflicto colectivo 3/2024), tanto por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, como por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), éste último junto con miembros del Comité de empresa, consiste en determinar si la decisión unilateral de la empresa - Televisión Pública de Canarias S.A (en adelante TVPC) - , de dejar sin efecto el disfrute de la reducción en una hora de la jornada de verano (periodo de 1 de julio a 30 de septiembre 2024) es nula bien porque el derecho a esa reducción horaria es una condición más beneficiosa y no se ha seguido el trámite del art. 41 del ET, o, en su caso, porque debe restablecerse esa jornada en los términos y condiciones definidos en la Resolución de la Dirección General de la Función Pública que dispone la jornada máxima anual, el calendario anual y el crédito horario para la conciliación, para el año 2024, en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, que prevé dicha reducción horaria durante el periodo comprendido entre el 1 de julio al el 30 de septiembre de 2024.

2.-La sentencia recurrida ha desestimado las demandas (acumuladas) de conflicto colectivo, esencialmente, por los siguientes fundamentos: a) ha descartado la existencia de una condición más beneficiosa (CMB); b) la medida no entraña vulneración del I Convenio Colectivo de Televisión Pública de Canarias porque además de no recoger la reducción horaria de verano, éste regula la jornada anual de forma completa y unificada para toda la plantilla, y el art. 26 solo remite al calendario laboral y no a dispensas horarias específicas; y c) finalmente, ha rechazado que la TVPC se halle en el ámbito subjetivo de aplicación de la Resolución de la Dirección General de Función Pública sobre jornada reducida de verano para 2024.

3.-Son dos los recursos de casación interpuestos contra la citada sentencia:

(1º) Recurso formalizado por el sindicato Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO.

Tiene dos motivos, ambos de corte jurídico de fondo, amparados en el apartado e) del art. 207 LRJS:

a) Con el primero se invoca la infracción del artículo 41 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Se sostiene que se ha producido una modificación sustancial de condiciones de trabajo, que debe ser considerada nula, por haber prescindido de los requisitos necesarios para la adopción colectiva de una medida de modificación sustancial de condiciones de trabajo. Gravita el motivo fundamentalmente en torno a la justificación de que la reducción de jornada en el periodo estival constituía una condición más beneficiosa (CMB).

b) Con el segundo, imputa a la sentencia haber infringido el artículo 1 del Decreto 78/2007 de 18 de abril de 2007 que fija la jornada y el horario de trabajo del personal al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y se establece el sistema de gestión de los mismos, en relación a la Resolución de la Dirección General de la Función Pública de 23 de enero de 2024 que establece la Jornada Máxima Anual, el Calendario Anual y el crédito horario para la conciliación para el año 2024, y en relación con el artículo 26 y 36 del I Convenio Colectivo de Televisión Pública de Canarias S.A.

En síntesis, aprecia que la reducción de jornada de verano se ha aplicado siempre al personal del Ente Público RTVC, por obligación legal y también al personal de Televisión Pública de Canarias S.A., aunque no estuviera legalmente obligado, lo que refuerza la existencia de una condición más beneficiosa consolidada. Entiende que las previsiones del Convenio colectivo sobre jornada y, en concreto el art. 26 no puede entenderse que compense ni absorba la reducción de verano. Afirma que en la empresa conviven tres colectivos (personal del Ente Público (obligado a la jornada de verano); personal de la sociedad mercantil (a quienes se les aplicaba por práctica consolidada) y el personal subrogado en 2018 (a quienes se aplican los principios del sector público); por lo que colige que no aplicar la jornada de verano a todos generaría una discriminación injustificada dentro del mismo grupo de trabajo. Argumentos que le aboca a concluir que la empresa no podía suprimir la jornada de verano alegando que el Convenio ya reducía la jornada anual.

(2º) El recurso de casación interpuesto por el sindicato CSIF y miembros del Comité de empresa, se vertebra en un único motivo, a través del cual denuncia la infracción del art. 41 del Estatuto de los Trabajadores, así como de la jurisprudencia que lo interpreta. Sustancialmente el fundamento de la misma gira en torno a la existencia de una condición más beneficiosa que ha sido suprimida sin seguir el trámite legal del art. 41 del ET.

4.-La Televisión Pública de Canarias S.A ha impugnado ambos recursos. Por el trámite del art. 211 LRJS interesa dos adiciones al relato judicial. Pide, en definitiva, la íntegra desestimación de los recursos de casación y la confirmación de la sentencia de instancia.

5.-El Ministerio Fiscal, en el trámite de informe previsto en el art. 214.1 LRJS, ha interesado la desestimación del recurso del sindicato CSIF, y la estimación del recurso de CCOO. Asimismo, se ha opuesto a la revisión de hechos contenida en el escrito de impugnación de la parte recurrida.

Explica este parecer partiendo de que aunque estemos en presencia de una CMB, comparte «la afirmación de la sentencia de que por imperativo de las previsiones estatutarias en la reducción de jornada que se prevé en el primer Convenio Colectivo de la televisión pública de Canarias, dicha condición más beneficiosa, resulta mejorada en la nueva regulación horaria que fija el Convenio Colectivo». Por tanto, desde esta perspectiva el MF sostiene que no se ha producido una modificación sustancial de condiciones de trabajo. Este razonamiento le lleva a sostener la desestimación del recurso del sindicato CSIF y del primer motivo del recurso del sindicato CCOO.

Sin embargo, informa apuntando que el segundo motivo del recurso del sindicato CCOO merece una respuesta distinta. Apela a una interpretación sistemática de la normativa aplicable, precisando que la demandada RTVC es una entidad pública de la Comunidad Autónoma, con autonomía funcional, pero integrada en la Administración General, y la Ley 7/2023 de Presupuestos de Canarias incluye expresamente a RTVC en su artículo 1.4, lo que implica su sometimiento a las reglas administrativas sobre jornada y horario. Y si bien es cierto que existen sociedades mercantiles (TVPC y Radio Pública), estas derivan del ente público y su presupuesto también aparece recogido en la Ley de Presupuestos, lo que refuerza su vinculación al régimen público. Considera que el artículo 26 del Convenio Colectivo refuerza esta conclusión porque, de un lado, obliga a la empresa a fijar el calendario laboral conforme a los aprobados por las Administraciones Públicas, y, de otra parte, reconoce la variabilidad de turnos por la naturaleza del servicio, pero no excluye la aplicación de la normativa administrativa sobre jornada. La duración anual de la jornada del Convenio (1566 horas en 2024), en opinión del Ministerio Fiscal, es irrelevante para esta litis porque lo determinante es que la TVPC forma parte de la Administración General y, por tanto, debe aplicar la reducción de jornada de verano prevista en la normativa administrativa. De ahí que termine interesando la estimación del recurso del sindicato CCOO «desde esta perspectiva y conforme a la legislación aplicable y al exclusivo objeto de esta litis», así como «por expresa inclusión conforme al Art 1.4 de la Ley 7/23 de los presupuestos de la CCAA de Canarias y la normativa concurrente», al considerar que «es acorde la pretensión de que siga vigente la reducción de una hora en el periodo estival de horario de verano».

SEGUNDO. - Rectificaciones fácticas interesadas en el escrito de impugnación

1.-La parte impugnante de los recursos de casación solicita, con fundamento en el art. 211 LRJSS, dos adiciones al relato de hechos probados de la sentencia.

2.-En primer término, propone agregar al hecho probado decimocuarto, el siguiente texto:

«El 27 de octubre de 2022 el administrador único del ente público RTVC, así como de sus sociedades mercantiles emite circular sobre el disfrute en navidad, concretando en su apartado primero, que el personal del Ente Público RTVC, así como el de sus sociedades mercantiles. Televisión Pública de Canarias, S.A. y Radio Pública de Canarias, S.A., tendrán derecho a la dispensa de los días 24 y 31 de diciembre de 2022. En estos días, el personal que se encuentre en situación de servicio activo quedará dispensado de asistir al trabajo, con retribución, y sin que concurra la obligación de recuperar el horario.»

Indica como base de la adición el folio 1 del documento núm. 13 aportado como prueba.

Justifica su trascendencia alegando que demuestra prueba el hecho de que a diferencia del horario de verano que se venía otorgando mediante decisión unilateral del administrador de la TVPC, y que se pretende consolidar, los días 24 y 31 de diciembre sí que se incluyeron en el art. 26 del del Convenio colectivo de la TVPC.

El dato es cierto, y no habría inconveniente en incorporarlo, pero nada novedoso ni relevante incorpora a los efectos del objeto de esta litis.

3.-En segundo lugar, la empresa impugnante propone la adición del siguiente párrafo al hecho probado decimoquinto, después del párrafo quinto:

«En la tabla 14 del citado informe, se analiza la jomada de trabajo que venía disfrutando los trabajadores originarios de la TVPC y las previstas en el II convenio colectivo de la empresa Videoreport Canarias, S.A., 37 horas y media semanales de promedio en cómputo anual y 1.776 horas anuales respectivamente, así como las establecidas en el artículo 26 del Preacuerdo de Convenio Colectivo (PCC) suscrito el 14/11/2022: Año 2023: 1.620 horas anuales de trabajo efectivo (7 h y 30 minutos de media al año). Año 2024: 1.566 horas anuales de trabajo efectivo (7 h y 15 minutos de media al año) y Año 2025: 1.512 horas anuales de trabajo efectivo (7 de media al año).»

Fundamenta esta versión en el folio 34/67 del documento 7 de la documental aportada.

En opinión de la empresa este texto cumple la finalidad de demostrar que la jornada de trabajo establecida en el Convenio Colectivo de la TVPC el 14/11/2022 y que fue sometido con carácter previo a su aprobación por el Gobierno de Canarias a la Dirección General de Planificación y Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias, tal como determinaba el artículo 44 de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2023, no contemplaba la reducción de la jornada de verano pretendida.

También debe correr la misma suerte desestimatoria que la anterior propuesta puesto que la realidad que se pretende inferir del mismo ya está constatada en la valoración probatoria contenida en la sentencia de instancia.

TERCERO. - Contexto litigioso y marco normativo

1.-El abordaje de la cuestión casacional debatida exige retener datos esenciales del amplio relato judicial y el referente normativo en juego.

2.-Como adelantamos, la cuestión controvertida a la que ha dado respuesta desestimatoria la sentencia recurrida está centrada determinar si la supresión de la reducción de una hora de la jornada en periodo estival (1 de julio a 20 de septiembre) ordenada por TPVC en su comunicación de fecha 6 de mayo de 2024, es nula por una o por ambas de estas razones: porque no se acudió al procedimiento del art. 41 del ET al tratarse de una condición más beneficiosa, o porque subsiste el derecho a esa reducción en virtud de una interpretación integradora de la Resolución de la Dirección General de la Función Pública para el año 2024, en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, que la contempla y poder hacerla extensiva también al colectivo de dicha empresa pública.

3.-Entre los datos indispensables que constan en la sentencia y que definen el contexto litigioso destacamos:

(A) El ente público RTVC:

(i) Constituye una entidad pública de la Comunidad Autónoma, sin adscripción funcional al Gobierno de Canarias, sometida a las previsiones de la ley 13/2014, disposiciones complementarias y normas de Derecho público que le sean aplicables y sujeta al Derecho privado en sus relaciones externas, adquisiciones patrimoniales y contrataciones ( artículo 5 Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias).

(ii) Ejerce la función de servicio público directamente y a través de las sociedades mercantiles: Televisión Pública de Canarias, Sociedad Anónima, en el ámbito de los servicios de televisión, conexos e interactivos. Radio Pública de Canarias, Sociedad Anónima, en el ámbito de los servicios de radio, conexos e interactivos.

(iii) Es titular de la totalidad de las acciones de la Televisión Pública de Canarias, Sociedad Anónima, y de Radio Pública de Canarias, Sociedad Anónima.

(iv) A fecha 31 de diciembre de 2022 la TVPC contaba con un total de 282 trabajadores, 48 personal originario y 234 era personal en cuyo contrato se habla subrogado la sociedad.

(B) El conflicto surge por la supresión unilateral por parte de la Televisión Pública de Canarias S.A. (TVPC) del horario reducido de verano para 2024.

(C) Consta en la sentencia recurrida que desde 2009, la empresa venía aplicando un horario especial de verano, consistente en una hora menos de jornada diaria, salvo necesidades del servicio. Este horario se reiteró cada año mediante circulares internas (2010-2023 - hechos probados segundo a decimosexto-).

(D) El 2 de mayo de 2024, la administradora general del RTVC, así como de sus sociedades mercantiles, emite Circular sobre el horario especial de verano del personal de Radio Publica de Canarias SA estableciendo los criterios generales con relación al disfrute de la reducción de la jornada laboral (horario especial de verano) del personal de Radio Publica de Canarias SA y para garantizar al propio tiempo que los servicios quedaran debidamente cubiertos, con el siguiente contenido:

«1-Durante el periodo comprendido entre el 15 de junio y el 14 de septiembre de 2024 ambos inclusive se establecerá una reducción diaria de una hora de la jornada laboral en aquellas unidades cuya operatividad lo permita, sin con ello no perjudican el servicio

-2 Aquellos trabajadores y trabajadoras que por necesidades del servicio no puedan disfrutar de la reducción horaria de verano y para que no se produzca diferencia con el resto del personal del Radio Pública de Canarias SA se producirá la acumulación de las horas trabajadas en días libres a disfrutar a lo largo del año según las necesidades de cada departamento.»

(E) El 6 de mayo de 2024, el departamento de recursos humanos envía correo masivo con el siguiente contenido: « A/A personas empleadas en la TVPC SA .Siguiendo instrucciones de la Dirección se comunica que con motivos de los cambios que han de producirse en la jornada de trabajo derivados de la aplicación del I convenio Colectivo TPC SA y ante la imposibilidad de cubrir los turnos necesarios para el servicio que prestamos este año no será posible por las citadas razones organizativas , la aplicación del horario reducido de verano sobre la jornada ordinaria de trabajo .»

(F) El 24 de mayo de 2023 se suscribe el convenio colectivo del personal de Televisión Pública de Canarias. Hay que hacer notar, que dicho Convenio colectivo por Resolución de 23 de octubre de 2024, se acuerda la inscripción, depósito y publicación del Convenio Colectivo de la empresa Televisión Pública de Canarias, S.A. Aunque se trata de una fecha posterior a la sentencia, no consta ni se aduce en los recursos que haya afectado a su contenido ni a su eficacia.

(i) Artículo 1.- Determinación de las partes que conciertan el presente Convenio Colectivo.

«El presente Convenio Colectivo ha sido suscrito por la comisión negociadora compuesta por la representación TVPC de Televisión Pública de Canarias, S.A. [TVPC en lo sucesivo] y por la Sección Sindical de CCOO que ostenta el 82,5% de los miembros de comités de empresa y delegados de personal de TVPC y la Sección Sindical del CSIF que ostenta el 13,1% en representación de las personas trabajadoras que conforman la plantilla de dicha empresa.»

(ii) Con relación a la jornada anual, el art. 26 del Convenio colectivo establece:

«La regulación de tiempo de trabajo comprende dos elementos: jornada y turno. Se entiende la primera como el tiempo que está obligada la persona trabajadora a trabajar, y el turno como un instrumento de concreción de la jornada para precisar el horario en que se ha de prestar el servicio.

La empresa fijará el calendario laboral de acuerdo con los aprobados por las correspondientes Administraciones Públicas. Dada la naturaleza de la actividad desarrollada por TVPC, tanto las jornadas como los turnos tendrán la variabilidad y movilidad que la indicada naturaleza exija en las áreas determinadas en este Convenio Colectivo. Las especiales características de TVPC no son de aplicación general, por lo que en determinadas áreas deben regularse los complementos necesarios en materia de jornada y turnos.

No obstante, lo anterior, al amparo de lo establecido en el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores sobre la distribución irregular de la jornada y en razón a la continuidad del servicio público esencial de TVPC, toda persona trabajadora viene obligada a adecuar su jornada laboral ocasionalmente y por imperiosas necesidades del servicio, así como a realizar las horas extraordinarias remuneradas que de tales circunstancias se deriven.

La jornada de trabajo anual, descontadas las fiestas y vacaciones, días de asuntos propios y libranzas de nochebuena y fin de año será la que se indica a continuación:

Se mantendrán las jornadas anuales que tiene cada colectivo afectado por este Convenio Colectivo hasta el 31 de diciembre de 2022.

1.620 horas anuales ordinarias de trabajo efectivo, equivalente a siete horas y treinta minutos diarias de media en el año, entre el 1 de enero de 2023 y 31 de diciembre del mismo año.

1.566 horas anuales ordinarias de trabajo efectivo, equivalente a siete horas y quince minutos diarias de media en el año entre el 1 de enero de 2024 y 31 de diciembre del mismo año.

1.512 horas anuales ordinarias de trabajo efectivo equivalente a siete horas diarias de media en el año a partir del 1 de enero de 2025.

Los descansos no tendrán la consideración de trabajo efectivo excepto en la jornada continuada, en la que se establece un periodo de descanso de veinte minutos, que se considerará como tiempo de trabajo efectivo.

El calendario laboral será público, fijándose en los tablones de anuncio de los centros de trabajo de TVPC. La dirección de la empresa remitirá copia del calendario laboral al comité de empresa.

El personal de aquellos departamentos tales como Control Central y Continuidad, que por sus especiales características operativas no pueden disponer de este tiempo de descanso durante la jornada, dispondrá, mientras la empresa no pueda proveer del citado descanso, de 4 jornadas extras de descanso anuales.»

(iii) Este convenio colectivo, no menciona expresamente la jornada reducida de verano.

(iv) Artículo 5.- Ámbito temporal.

«El presente Convenio Colectivo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo de Gobierno de Canarias, si bien los aspectos económicos tendrán efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2022, y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027, pudiendo ser denunciado mediante escrito por cualquiera de las partes con una antelación mínima de tres meses sobre la fecha prevista para su término.

Todo ello sin perjuicio de las materias que tengan vigencias diferentes y así se determine en el articulado. [...]»

(v) Artículo 7.- Prelación normativa.

«Las normas establecidas en este Convenio se aplicarán con carácter prioritario y preferente respecto de cualquier otra norma o disposición legal, salvo que se trate de un derecho indisponible. Para cualquier situación no prevista en este Convenio, se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores (en adelante ET) y demás disposiciones legales que regulen las relaciones laborales.»

(vi) Artículo 36.- Estructura salarial.

«[...]

El salario base y demás conceptos económicos establecidos en este Convenio se entienden en función de la jornada anual pactada, por lo que, en aquellos supuestos de realización de jornadas inferiores, dicha remuneración, salvo los pluses de fines de semana, festivos, navidad y fin de año, plus de grúa, se abonará de forma proporcional a la jornada efectivamente realizada.»

4.-Por otra parte, estos datos precisan ser concordados con la siguiente normativa:

(A) Ley 7/2023, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2024.

(i) Artículo 1. Ámbito de los presupuestos generales de la comunidad autónoma.

«En los presupuestos generales de la comunidad autónoma para el ejercicio del año 2024 se integran:

1. El presupuesto del Parlamento de Canarias y de los órganos de relevancia estatutaria como sección 01 e independiente al presupuesto de la Administración pública de la Comunidad Autónoma.

2. El presupuesto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.

3. Los presupuestos de los siguientes organismos autónomos:

[...]

4. El presupuesto de las siguientes entidades:

- Agencia Tributaria Canaria.

- Consejo Económico y Social.

- Radiotelevisión Canaria.

[...]

5. El presupuesto de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, organismo público de naturaleza consorcial.

6. El presupuesto del Consorcio El Rincón (La Orotava).

7. El presupuesto de los siguientes fondos carentes de personalidad jurídica:

[...]

8. Los presupuestos de las sociedades mercantiles públicas:

[...]

-

- Radio Pública de Canarias, SA.

- [...]

- Televisión Pública de Canarias, SA.»

(ii) Artículo 47. Autorización de acuerdos y convenios en materia de personal y limitación del gasto del personal.

«[...]

2. [...]

Los acuerdos, convenios, pactos o instrumentos similares en materia de personal, que se adopten en el ámbito de las entidades a que se refiere este apartado, requerirán, para su plena eficacia y como requisito para su formalización, la autorización del Gobierno de Canarias, previo informe de la Dirección General de Planificación y Presupuesto.

Serán nulos de pleno derecho los instrumentos que se alcancen sin la autorización del Gobierno, y de ellos no podrá derivarse, directa o indirectamente, incremento del gasto público en materia de costes de personal o incremento de las retribuciones por encima del límite que resulte de lo dispuesto en el artículo 34, apartados 1 y 2, párrafo primero.

[...].»

(B) El Decreto 78/2007, de 18 de abril, por el que se fija la jornada y el horario de trabajo del personal al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y se establece el sistema de gestión de los mismos.

(i) Artículo 1. Ámbito subjetivo de aplicación.

«1. Lo dispuesto en este Decreto será de aplicación al personal al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, con las excepciones previstas en el apartado siguiente. La aplicación a los secretarios de los altos cargos se sujetará a la naturaleza y características propias de los puestos que desempeñen.

2. Personal exceptuado:

a) Las normas contenidas en el presente Decreto no serán de aplicación al personal que preste servicio en centros docentes, al personal al ser- vicio de la Administración de Justicia, ni al personal adscrito a los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud, ni al personal delegado a los Cabildos Insulares.

No obstante, el personal mencionado en el párrafo anterior que fuera destinado en plaza de la relación de puestos de trabajo, o en comisión de servicios o atribución temporal de funciones, en cualquier centro directivo, organismo autónomo o entidad de derecho público de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, estará sujeto a lo establecido en el presente Decreto.

b) Tampoco será de aplicación al personal eventual. 3. Por lo que respecta al personal laboral, el presente Decreto le será de aplicación en lo que no contravenga lo previsto en su legislación específica, en el Convenio Colectivo o en el contrato de trabajo.

(ii) Artículo 2 Jornada.

1. Tipos:

a) Jornada normal: la duración máxima de la jornada de trabajo es de treinta y siete horas y treinta minutos semanales de trabajo.

b) Jornada especial: el personal que ocupe puestos de trabajo con jornada especial realizará una jornada de trabajo de cuarenta horas semanales.

2. Jornada de verano y otras dispensas:

a) Durante el período comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, ambos inclusive, la jornada de trabajo semanal se reduce en cinco horas, a dichos efectos, el horario concluirá una hora antes de lo previsto para el resto del año.

b) La jornada de trabajo podrá reducirse en los términos que, en períodos o circunstancias concretas, se establezca por la Dirección General de la Función Pública.»

(C) Resolución de la Dirección General de la Función Pública por la que se establece la jornada máxima anual, el calendario anual y el crédito horario para la conciliación, para el año 2024, en el ámbito de la administración general de la Comunidad autónoma de Canarias.

«Primero. Ámbitos subjetivos de aplicación

Los apartados relativos a la jornada máxima anual son de aplicación al personal que, con independencia de la naturaleza jurídica de su vínculo jurídico y del carácter definitivo o temporal de éste, presta sus servicios en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Forman parte de la Administración General además de los servicios centrales y periféricos de las Consejerías y de Presidencia de Gobierno, los Organismos contenidos en el artículo 1.3 y 1.5 de la Ley 7/2023, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2024 y las Entidades previstas en el artículo 1.4 de la citada Ley.

Quedan excluidos del ámbito de aplicación de estas Instrucciones el personal del Cuerpo General de la Policía Canaria, el personal al servicio de la Administración de Justicia, el personal docente no universitario que presta sus servicios en instituciones educativas y el personal estatutario que presta sus servicios en instituciones de asistencia sanitaria adscritos al Servicio Canario de la Salud, que se regirán por su normativa específica.

1.2 Las instrucciones relativas al calendario anual y al crédito horario anual para la conciliación serán de aplicación al personal a que se refiere el apartado tercero de la Resolución n.º 669/2019, de 8 de julio, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se establecen medidas complementarias para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral del personal funcionario y laboral de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias. Segundo. Jornada anual máxima durante 2024 2.1 La jornada anual máxima durante el año 2024 para el personal funcionario incluido en el ámbito de aplicación de esta Resolución será de mil quinientas diecinueve (1.519) horas.

2.2 La jornada anual máxima durante el año 2024, para el personal laboral incluido en el ámbito de aplicación de esta Resolución será de mil quinientas diecinueve (1.519) horas.

2.3 A los efectos de determinar las jornadas anuales máximas de los apartados anteriores, se ha tomado en cuenta la minoración derivada de los conceptos a continuación relacionados

[...]

Sexto. Horario reducido verano 2024 (Apartado 8 del Anexo de la RDGFP 669/2019, de 8 de julio)

En el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2024, ambos inclusive, la jornada ordinaria de trabajo se adaptará, para favorecer la conciliación de la vida familiar, en el sentido de reducirse una (1) hora diaria, resultando un total de treinta horas semanales durante ese periodo. Durante el citado periodo, la parte fija del horario será de veinte horas semanales, a razón de cuatro horas diarias, entre las 9,00 y las 13,00 horas y la parte flexible entre las 7,00 y las 9,00 horas y entre las 13,00 y las 16,00 horas. En estos periodos la jornada mínima diaria será de cinco horas.»

CUARTO. - Inexistencia de condición más beneficiosa

1.-A la vista del contexto litigioso referido y del amplio marco normativo en liza, estamos en condiciones de abordar la primera de las dos cuestiones jurídicas de fondo contenidas en el recurso del sindicato CCOO y, de manera exclusiva en el formulado por el sindicato CSIF, y que concierne a que la reducción de una hora en el periodo estival suponía una condición más beneficiosa, cuya supresión constituye una modificación sustancial de condiciones de trabajo , que al haberse suprimido sin acudir al procedimiento del art. 41 ET, debe declararse nula.

2.-La sentencia recurrida ha descartado, con apoyo en reiterada jurisprudencia de esta Sala (SSTS núm. 623/2017, de 13 de julio (rec 2976/2015), 1289/2021, de 21 de diciembre (r. 8272020), 522/2022 de 7 de junio (rec 77/2020) y 423/2024 de 6 de marzo (rec 325/2021), que en el presente caso pueda invocarse la existencia de una condición más beneficiosa.

La Sala comparte esta conclusión.

3.-En efecto, como dijimos en la mencionada STS 522/2022 de 7 de junio (rec 77/2020) « [...] a los efectos de poder adquirir una condición más beneficiosa en el ámbito de las relaciones laborales del sector público se exigen los siguientes requisitos: "a) que traiga origen en voluntad inequívoca del empleador; b) que la misma sea directamente atribuible al órgano que ostente adecuada competencia para vincular a la correspondiente Administración; y c) que se trate de un beneficio "praeter legem", en tanto que no contemplado ni prohibido -de forma expresa o implícita- por disposición legal o convencional algunas de las que predicar su imperatividad como Derecho necesario absoluto" ( STS/4ª de 19 septiembre 2007 -rcud. 3474/2006- y 16 febrero 2009 -rcud. 1472/2008-)».

Esta doctrina la hemos reiterado, en la también mencionada STS 423/2024 de 6 de marzo (rec 325/2021) con relación a la empresa pública TRAGSATEC asunto en el que rechazamos que se hubiera adquirido como condición más beneficiosa el derecho a no recuperar los puentes anuales que en el calendario anual se establezcan.

Y más recientemente, la STS 431/2025 de 19 de mayo (rec 247/2023) si bien con relación a mejoras voluntarias ( se trataba de la supresión en 2023 de los gastos de sepelio para jubilados del Banco de España que desde 2006 venían siendo reconocidos por decisión de la dirección del Banco de España, pero con carácter temporal, por un plazo inicial de 5 años, que luego se fue prorrogando año a año), rechazamos que estuviéramos en presencia de una CMB porque la mera repetición o persistencia en el tiempo del disfrute no genera, por sí sola, una condición más beneficiosa, sino que lo decisivo es que quede acreditada la voluntad empresarial de atribuir ese derecho y esa «voluntad empresarial que, en nuestro caso, tendría que ser la de atribuir ese derecho de forma indefinida, lo que está lejos de suceder en el presente supuesto, en el que el derecho se ha atribuido siempre de forma rigurosamente temporal.»

4.-Esta doctrina comprende lógicamente, como sucede en el caso, a la sociedad mercantil autonómica demandada .

La persistencia en el tiempo de la concesión de esa reducción de horario, y su disfrute no implica en el caso que estemos ante una CMB porque hay razones sólidas para concluir que no ha quedado acreditada una voluntad empresarial inequívoca en ese sentido.

a) En principio, porque se concede de manera temporal y no indefinida, lo que supone un claro indicio de una voluntad de mejora limitada en el tiempo.

b) El hecho de que con posterioridad a la suscripción del I Convenio colectivo se reconociera ese horario especial en verano no altera esa conclusión. Como se razona en la sentencia recurrida los sindicatos demandantes que integraron la comisión negociadora de ese primer convenio colectivo de Televisión pública de Canarias, lo hicieron con la finalidad de dotar de un único marco normativo regulador a las relaciones laborales y condiciones de la totalidad de la plantilla. Tanto los artículos 26 y 36 del Convenio colectivo, reguladores de la jornada anual y de la estructura salarial, respectivamente, ponen de manifiesto:

(1) De un lado, un pacto convencional claro sobre jornada, centrado en la reducción progresiva de la jornada de trabajo aplicable en la empresa que pasa de 1776 en el caso de los subrogados y 1620 en el resto de personal, a 1620 horas en 2023, 1566 horas en 2024 y 1512 horas en 2025.

(2) De otro lado, la dispensa de reducción horaria en verano no está recogida en el convenio colectivo.

De estas dos constataciones, la sentencia recurrida colige «que la jornada especial de verano ha sido neutralizada por la reducción de la jornada anual establecida en el convenio que es más favorable».

Ahora bien, a juicio de la Sala, esto no quiere indicar que existiera previamente una CMB que debiera ser compensada o absorbida. Aunque no fuera así, a juicio de la Sala, lo concluyente es la existencia de un marco normativo regulador único para el personal de la TVPC, en particular en materia de jornada (art. 26) y singularmente en materia retribución (art.36).

Esta consideración nos lleva a rechazar, y adelantar la respuesta a parte del segundo motivo del recurso del sindicato CCOO, relativo a que no aplicar la jornada de verano a todos generaría una discriminación injustificada dentro del mismo grupo de trabajo, lo que abocaría a que la empresa no pudiera suprimir la jornada de verano alegando que el Convenio ya reducía la jornada anual.

Tengamos presente, como hemos trascrito, que el citado art. 36 del Convenio colectivo establece que el salario base y demás conceptos económicos se entienden en función de la jornada anual pactada, «por lo que, en aquellos supuestos de realización de jornadas inferiores, dicha remuneración, salvo los pluses de fines de semana, festivos, navidad y fin de año, plus de grúa, se abonará de forma proporcional a la jornada efectivamente realizada.»

c) A ello se une el que cualquier alteración de estos aspectos ya por acuerdos, convenios, pactos o instrumentos similares en materia de personal, según el art. 47.2 de la Ley 7/2023, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2024, tratándose de sociedades mercantiles, «requerirán, para su plena eficacia y como requisito para su formalización, la autorización del Gobierno de Canarias, previo informe de la Dirección General de Planificación y Presupuesto.» Añadiendo que «Serán nulos de pleno derecho los instrumentos que se alcancen sin la autorización del Gobierno, y de ellos no podrá derivarse, directa o indirectamente, incremento del gasto público en materia de costes de personal o incremento de las retribuciones por encima del límite que resulte de lo dispuesto en el artículo 34, apartados 1 y 2, párrafo primero.»

Por tanto, concurriendo tales condicionamientos convencionales y legales, no puede constatarse que haya existido una condición más beneficiosa como pretenden los sindicatos demandantes, de ahí que la sentencia de instancia no haya infringido el art. 41 del ET.

QUINTO. - Inexistencia de infracción artículo 1 del Decreto 78/2007 de 18 de abril de 2007 e inaplicación de la Resolución de la Dirección General de la Función Pública de 23 de enero de 2024 que contempla la reducción de jornada en periodo estival

1.-Finalmente el segundo motivo del recurso del sindicato CCOO deja den un segundo plano la propugnada existencia de una CMB y pretende que se reconozca el derecho a la reducción de jornada estival apelando al artículo 1 del Decreto 78/2007 de 18 de abril de 2007 que fija la jornada y el horario de trabajo del personal al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y que establece el sistema de gestión de los mismos, en relación a la Resolución de la Dirección General de la Función Pública de 23 de enero de 2024 que establece la Jornada Máxima Anual, el Calendario Anual y el crédito horario para la conciliación para el año 2024, con referencia a los artículos 26 y 36 del I Convenio Colectivo de Televisión Pública de Canarias S.A. Considera que la reducción de jornada de verano se ha aplicado siempre al personal del Ente Público RTVC, por obligación legal y también al personal de Televisión Pública de Canarias S.A., aunque no estuviera legalmente obligado. Alega que las previsiones del Convenio colectivo sobre jornada y, en concreto el art. 26 no puede entenderse que compense ni absorba la reducción de verano. Afirma que en la empresa conviven tres colectivos (personal del Ente Público (obligado a la jornada de verano); personal de la sociedad mercantil (a quienes se les aplicaba por práctica consolidada) y el personal subrogado en 2018 (a quienes se aplican los principios del sector público); por lo que colige que no aplicar la jornada de verano a todos generaría una discriminación injustificada dentro del mismo grupo de trabajo. Lo que le lleva a concluir que la empresa no podía suprimir la jornada de verano alegando que el Convenio ya reducía la jornada anual.

2.-A esta censura ya hemos dado respuesta al dejar constancia de que el Convenio colectivo establece un marco único para todo ese personal, y el hecho de que con posterioridad se reconociera para el año 2023 una reducción de jornada en ese periodo estival no entraña una CMB, ni tampoco una discriminación, desde el momento en que en todo el ámbito subjetivo de afectación del personal de la TVPC se integra en un marco convencional único. A tal efecto, resulta concluyente el artículo 7 del Convenio colectivo cuando dispone con nitidez la prelación normativa, en los siguientes términos: «Las normas establecidas en este Convenio se aplicarán con carácter prioritario y preferente respecto de cualquier otra norma o disposición legal, salvo que se trate de un derecho indisponible. Para cualquier situación no prevista en este Convenio, se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores (en adelante ET) y demás disposiciones legales que regulen las relaciones laborales.» Finalmente, las disquisiciones que se hacen en el recurso sobre la temporalidad del convenio colectivo (art. 5) no justifican la pervivencia del derecho pretendido.

3.-Por último, la Sala debe dar respuesta a la tesis contenida en el informe del Ministerio Fiscal. La Fiscalía advierte que el segundo motivo del recurso del sindicato CCOO deja un resquicio para su acogida, si bien modalizada exclusivamente para el año 2024, si se acude a una interpretación sistemática de la legislación a la que está sometida la Televisión Pública de Canarias (TVPC), y la Ley 7/2023 de Presupuestos de Canarias. Indica que esta última incluye expresamente al ente público Radio Televisión de Canarias en su artículo 1.4, anudando esta previsión a que las sociedades mercantiles (TVPC y Radio Pública), derivan del ente público y su presupuesto también aparece recogido en la Ley de Presupuestos, lo que refuerza su vinculación al régimen público. Considera que el artículo 26 del Convenio Colectivo abona esta conclusión porque, de un lado, obliga a la empresa a fijar el calendario laboral conforme a los aprobados por las Administraciones Públicas, y, de otra parte, reconoce la variabilidad de turnos por la naturaleza del servicio, pero no excluye la aplicación de la normativa administrativa sobre jornada. Concluye que debería estimarse este motivo del recurso del sindicato CCOO al formar parte TVPC de la Administración General «desde esta perspectiva y conforme a la legislación aplicable y al exclusivo objeto de esta litis», así como «por expresa inclusión conforme al art 1.4 de la Ley 7/23 de los presupuestos de la CCAA de Canarias y la normativa concurrente», al considerar que «es acorde la pretensión de que siga vigente la reducción de una hora en el periodo estival de horario de verano».

4.-La Sala no puede compartir esta interpretación extensiva que permitiría declarar el derecho al disfrute de la reducción de jornada en el periodo estiva por entender que la Resolución de la Dirección General de Función Pública también comprendería al personal de la TVPC, al margen de toda consideración relativa a la existencia de una CMB. Y ello por lo que a continuación exponemos.

a) Principalmente, el ente público Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias está sujeto a una regulación legal específica: la Ley 13/2014, de 26 de diciembre, y el Decreto-ley 7/2023, de 9 de octubre, de creación de la Administración General del Ente Público Radiotelevisión Canaria (RTVC). Conforme al art. 6 de la citada Ley «El ente público RTVC se regirá, en primer lugar, por la presente ley y su reglamento orgánico; en segundo lugar, por la legislación audiovisual y por las disposiciones complementarias y normas de Derecho público que le sean aplicables; y estará sujeta en su acción a través de sus sociedades a sus estatutos sociales, a las normas reguladoras de las sociedades mercantiles canarias en lo que le sea de aplicación y, en defecto de la anterior normativa, a la legislación mercantil». Y conforme al art. 37 3.«El resto de relaciones de trabajo, en el ente público RTVC y en sus sociedades públicas se regirán por lo dispuesto en la legislación laboral».

b) El hecho de que participe y se sirva de sociedades mercantiles para la ejecución de sus fines no elimina la autonomía funcional a dichas sociedades para regular sus relaciones laborales. Precisamente la previsión de que «se regirán por lo dispuesto en la legislación laboral» corrobora esa posibilidad que se traduce en la existencia de nuevo marco convencional y los preceptos convencionales concernidos con respecto a la empresa aquí demandada. Y lo confirma, en particular el régimen de prelación que establece el I Convenio colectivo, y en lo que afecta al objeto de esta litis, las regulaciones de jornada (art.26) y salario (art 36).

Por ello, la Resolución de la Dirección General de la Función Pública, de fecha 23 de enero de 2024, que establece la jornada máxima anual, el calendario anual y el crédito horario para la conciliación durante el año 2024, a juicio de la Sala, no puede examinarse sin tener en cuenta lo pactado en el convenio colectivo. Recordemos la previsión convencional sobre prelación de fuentes antes trascrita (art. 7).

c) Pero es que, además, literalmente, estas previsiones no son aplicables a la sociedad mercantil demandada, ya que por expresa disposición legal, esta se encuentra incluida en el apartado 1.8 de la Ley 7/2023, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2024. Y resulta claro que la Ley presupuestaria distingue con nitidez entre el ente público Radiotelevisión Canaria (1.4) y las sociedades mercantiles públicas, entre las que se menciona expresamente: Radio Pública de Canarias, SA y Televisión Pública de Canarias, SA. (1.8). La distinción no es inocua, si tenemos presente, como dijimos en nuestra STS 618/206 (rcud 229/2015), que con apoyo en la doctrina constitucional ( STC 8/2015, de 22 de enero) que vino a confirmar las consecuencias de la tipología de entidades públicas que nuestro ordenamiento recoge y que resulta relevante a la hora de encuadrar la naturaleza jurídica (en el caso examinado, TRAGSA). Y precisábamos que «A) En el sector público ha de distinguirse entre el «sector público administrativo»al que se refiere el art. 3.1 LGP [ AGE; Organismos autónomos dependientes y determinadas entidades públicas] y el ««sector público empresarial»

B) Dentro del sector público empresarial se encuentran las «entidades públicas empresariales»,que «son entidades "dependientes de la Administración General del Estado, o de cualquiera otros organismos públicos vinculados o dependientes de ella" [ art. 2.1 c) LGP].

Se trata de "Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propias vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas", quedando sujetas al Derecho administrativo "cuando ejerzan potestades administrativas, sometiéndose en el resto de su actividad a lo que dispongan sus normas de creación" [ art. 2.2 de la Ley 30/1992, de 26/Noviembre ]».

C) También dentro del sector público empresarial están las «sociedades mercantiles estatales» a que se refiere el art. 2.1.e) LGP .

Estas sociedades, «aunque forman parte del sector público empresarial estatal [ art. 3.2 b) LGP], no son Administraciones públicas [ art. 2.2 de la Ley 30/1992], de manera que "se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, patrimonial, de control financiero y de contratación"» [ DA 12 LOFAGE y art. 166 Ley 33/2003, de 3/Noviembre].

Estas empresas «dependen mayoritariamente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales [SEPI]. Son los casos, por ejemplo, de la "Empresa de Transformación Agraria" [TRAGSA]».

Pues bien, la citada Resolución Dirección General de la Función Pública indica que los apartados relativos a la jornada máxima anual solo se aplican al personal que presta servicios en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias. Y expresamente incluye a la Administración General, los servicios centrales y periféricos de las Consejerías y de la Presidencia del Gobierno, los organismos recogidos en los artículos 1.3 y 1.5 de la Ley 7/2023, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2024, y a las entidades previstas en el artículo 1.4 de la misma Ley. Por tanto, la sociedad demandada queda, por expresa previsión legal, excluida de la aplicación de esa Resolución.

En consecuencia, también este segundo motivo del recurso de casación del sindicato CCOO debe ser también desestimado.

SEXTO. - Conclusión y pronunciamientos acceso

1.-Lo anteriormente razonado conduce, oído el Ministerio Fiscal, a desestimar ambos recursos.

2.-De conformidad con el artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, no se hace expresa imposición de costas, debiendo asumir cada parte las causadas a su instancia.