Sentencia Social 1192/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 2588/2023 de 15 de octubre del 2024

PRIMERO.- 1. La representación de la parte actora plantea en casación unificadora el carácter laboral fijo discontinuo de su relación laboral con el Centro de Investigaciones Sociológicas y si, en consecuencia, la falta de llamamiento constituye un despido tácito.

Impugna la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid de 6 de febrero de 2023 (R. 3/2023). Consta que la demandante ha venido participando, como encuestadora o entrevistadora desde el año 2008, en distintos estudios que el Centro de Investigaciones Sociológicas (en adelante, CIS) le proponía por correo electrónico, y que libremente decidía aceptar o no, previa fijación del precio por encuesta por parte del CIS. El 29 de julio de 2021 el CIS encargó a TRAGSATEC la ejecución de servicios de asistencia técnica para la realización de trabajos de campo de estudios estadísticos. EL 20 de agosto de 2021 el CIS remitió correo electrónico a la actora dando por finalizado el "campo del E3333 ICC de agosto".

En suplicación se confirma la sentencia de instancia que estimó la excepción de falta de competencia de la jurisdicción social al no tratarse de una relación laboral. Previamente la Sala admite diversas revisiones fácticas, y así que inicialmente las encuestas se realizaban de forma presencial en el domicilio del entrevistado, para lo que el CIS remitía a la actora las normas de cada estudio (que incluían las calles en las que realizar las encuestas, número de portales, normas de selección de los entrevistados, etc.), y le proporcionaba una tarjeta de identificación, en el que figuraba el número de titular, nombre y apellidos, la fecha, y su cualidad de "Entrevistador" - Centro de Investigaciones Sociológicas. EL CIS enviaba a la actora bien encuestas ya predefinidas, a papel, o bien una tablet propiedad del CIS, y fijaba las fechas para el trabajo de campo y la fecha de remisión del estudio, cuya propiedad correspondía íntegramente al CIS. Tras la llegada de la pandemia del Covid-19 las encuestas pasaron a ser realizadas de manera telefónica, a través del denominado sistema CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) proporcionando la demandada la infraestructura para ello, que implicaba el acceso a la aplicación propia del CIS, y realizando previamente la correspondiente formación online. El acceso a la aplicación del CIS se realizaba desde el ordenador personal de la demandante que costeaba también su acceso a Internet.

En sede de fundamentación jurídica recoge que, si el trabajo encomendado no se realizaba en plazo o se hacía incorrectamente, no se percibía ninguna retribución, ni tampoco cuando no se realizaba por la concurrencia de algún supuesto de imposibilidad, como pudiera ser la enfermedad del encuestador. Afirma la acreditación de la flexibilidad horaria, absoluta en la modalidad presencial, pero que también concurría tras el inicio de la pandemia y la implantación del sistema CATI. Igualmente, que había una ausencia total de imposición por la parte demandada y ausencia de control por parte del CIS del número de horas de trabajo de cada encuestador en cada jornada. Y que el rechazo de trabajos no activaba sanción ninguna.

Considera la recurrida que no se dan las notas de dependencia y ajenidad que pudieran configurar la existencia de relación laboral al no haberse acreditado que la demandante estuviera sujeta al poder de dirección y organización de la demandada, ni a su poder disciplinario.

2. El Fiscal emite informe acerca de la procedencia del recurso unificador. Sostiene que entre las sentencias comparadas concurre la triple identidad que exige el art. 219 de la LRJS y resultan contradictorias. Sobre el fondo acude a la doctrina contenida en la STS de 5 de julio de 2023, rcud. 2508/2023).

El Abogado del Estado, en la representación que ostenta del CIS, argumenta en primer término que el recurso debe ser declarado inadmisible y, en esta fase procesal, desestimado por carencia de la necesaria identidad. Subsidiariamente entiende que el razonamiento de la recurrida es el correcto pues los elementos de hecho apuntan precisamente a que no se trata de una relación por cuenta ajena, instando la desestimación del recurso.

SEGUNDO.- 1. A los efectos de sostener la concurrencia de la contradicción exigida por el art. 219.1 LRJS, el recurrente propone como sentencia de contraste, la dictada por la Sala de lo Social de la Comunidad Valenciana de 14 de febrero de 2023, (rollo 3427/2022).

La referencial confirmó la sentencia de instancia que, tras declarar la competencia del orden social para conocer de la demanda por despido planteada, califica el mismo de improcedente. Allí la demandante prestaba servicios para el CIS con la categoría de encuestadora hasta que en agosto de 2021 el CIS dio por finalizado el trabajo de campo. La demandante en tanto que encuestadora, realizaba el trabajo de campo cumplimentando las encuestas que le eran remitidas por el CIS, junto con las instrucciones, directrices y obligaciones imperativas. Se le indicaba el callejero donde habían de realizarse las encuestas, número de encuestas a realizar, calle por la que había de iniciarse y el plazo de cumplimentación y de presentación. La encuestadora se limitaba a la lectura de las preguntas sin poder alterarlas, en el orden y con las instrucciones que le remitían. El CIS facilitaba una tarjeta identificativa a la demandante con el logo del organismo, a mostrar a los entrevistados, al igual que todos los folletos y carpetas serigrafiados con los logos y cartas de presentación. La demandante realizaba de forma personal las encuestas ya fuera en la modalidad presencial o a través del programa CATI (utilizando la Tablet del CIS), recibiendo formación a cargo del organismo. La remuneración de la demandante dependía de la correcta realización de las encuestas, las cuáles eran revisadas por el personal del área de inspección de forma previa a su pago, de tal manera que las erróneas no se retribuían. Era el CIS el que imponía el precio que se pagaba por cada encuesta cumplimentada, sin que pudiera existir negociación.

La Sala razonó la concurrencia de la nota de dependencia porque la actora estaba sometida a las instrucciones de la demandada, utilizando para ello los medios materiales proporcionados por el CIS, y no contar con infraestructura propia. En lo que se refiere a la ajenidad, se resalta que el CIS abona la retribución tras la entrega y revisión de las encuestas, independientemente del resultado de los estudios, sin que el hecho de que no se retribuyan a la actora las encuestas erróneas implique asunción del riesgo de la operación.

2. En la reciente STS IV de fecha 24 de septiembre de 2024, rcud. 5855/2022, hemos apreciado la inexistencia de identidad entre los supuestos objeto de contraste, coincidiendo la allí recurrida en la constancia de una libertad de horario y la inexistencia de sanción si no se participaba en la encuesta. Además, se percibía la retribución mediante la presentación de facturas por las distintas tareas, asumía la buena ventura de las operaciones que llevaba a cabo y no gozaba de exclusividad.

Esos elementos resultaban ajenos a las diferentes referenciales, al igual que acaeció en el auto del TS de 14 de junio de 2023, recurso 5584/2022, que apreció la falta de contradicción entre la sentencia recurrida y la de contraste respecto de la existencia de relación laboral entre una encuestadora y el CIS debido a las diferencias entre los hechos declarados probados en ambas sentencias acerca del modo como se llevaron a cabo las prestaciones de servicios, apartándose a su vez de los analizados en STS IV 485/2023, de 5 de julio, rcud 2508/2022, que declaró la existencia de una relación laboral entre una encuestadora y el CIS. En dicho litigio, se acreditó que los turnos de los encuestadores estaban determinados por el CIS, quien asignaba a cada encuestador el turno correspondiente. Aunque existía cierta flexibilidad para cambiar el turno o acogerse al turno libre, ello debía hacerse con conocimiento del CIS y, especialmente, con respeto al monto del tiempo que cada estudio necesitaba y que estaba predeterminado por el CIS. Además, se declaró probado que el CIS remitía a los encuestadores la documentación de cada estudio a realizar, las normas que lo regían, los cuestionarios y el informe de campo que debían remitir al finalizar el estudio. A partir de los citados hechos, esta Sala argumentó que en ese pleito se había constatado un claro sometimiento de la trabajadora al poder de dirección empresarial que se ejercía de facto y en todos los aspectos de la relación entre las partes.

Nada de ello se ha acreditado en el presente procedimiento, en el que no se han probado las notas definitorias de la relación laboral, en línea con el rcud. 5855/2022, que relata tales precedentes, de manera que esas diferentes circunstancias enervan la concurrencia del presupuesto de contradicción exigido por el art. 219 LRJS.

TERCERO.- Por las razones expuestas, oído el Ministerio Fiscal, desestimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto, con la consiguiente declaración de firmeza de la sentencia impugnada. Dada la fase procesal en la que nos encontramos, la inicial causa de inadmisión se transforma [por todas, SSTS 620/2022, de 6 julio (rcud 2309/2019); 776/2022, de 27 septiembre (rcud 965/2020); 893/2022, de 10 noviembre (rcud 2882/2021); 895/2023 de 30 octubre (rcud 1871/2021); 17/2023 de 11 enero (rcud 1847/2019) y 302/2023 de 25 abril (rcud 1529/2020], en motivo de desestimación.

No procede efectuar pronunciamiento en costas ( art. 235 LRJS) .