Sentencia Social 385/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 4733/2024 de 15 de abril del 2026

PRIMERO.- 1.-El debate planteado en el presente procedimiento consiste en determinar si tiene acceso al recurso de suplicación una sentencia dictada por un juzgado de lo social, cuando la cuantía de lo reclamado en demanda no excedía inicialmente de 3.000 € para cada uno de los demandantes, pero sí al momento de la ampliación realizada, aun de manera imperfecta, en el acto del juicio.

2.-Los siete trabajadores reclamantes presentaron demanda conjunta el día 3 de septiembre de 2020, en la que se reclamaba inicialmente el abono de cantidades por los conceptos que se enunciaban en la misma y que ahora no interesan, en cuantía inferior a los 3.000 € en todos los casos, si bien en dicha demanda se decía expresamente que se reclamaban «las cantidades referenciadas en el cuerpo del presente que provisionalmente se fijan provisionalmente (sic) hasta su fijación definitiva en el acto del juicio» en las cantidades que luego se hacían constar.

No obstante lo anterior, al momento de celebrarse el acto del juicio el 26 de octubre de 2022, se aportó por la parte demandante documental que se describe en la sentencia del juzgado de instancia como «nóminas de los trabajadores y hojas del programa Excel sobre las cantidades reclamadas no retribuidas actualizadas a fecha de juicio», haciendo constar sobre esto último que «la admisión de la actualización de las cantidades reclamadas... fue objeto de protesta por la parte demandada, por considerar que dicha actualización fue realizada en momento procesal no oportuno».

En dicho contexto, se dictó sentencia de 2 de marzo de 2023 por el juzgado de lo social nº 1 de Tarragona desestimando la pretensión ejercitada, e informando a las partes de la posibilidad de presentar contra la misma recurso de suplicación.

3.-Contra esta resolución presentó recurso de suplicación la parte demandante, dictándose sentencia por el TSJ de Cataluña de 31 de mayo de 2024 -rec. 3611/2023- por la que se terminaba concluyendo que la sentencia de instancia era irrecurrible ya que en demanda se reclamaba para todos los interesados una cantidad inferior a 3.000 €.

4.-Contra esta última sentencia ha presentado su recurso de casación unificadora la parte demandante, mediante un único motivo en el que se identifica como sentencia de contraste la dictada por este mismo Tribunal, la STS 1007/2018 de 14 de diciembre -rcud. 611/2016-; como núcleo de contradicción, si la cantidad a considerar para determinar si una sentencia de instancia es o no recurrible, es la solicitada en demanda o la superior concretada en el acto del juicio; y como normativa infringida los arts. 191 y 192 de la LRJS, así como jurisprudencia que se cita.

5.-El indicado recurso de casación ha sido impugnado por la parte demandante, entendiendo que el recurso debía ser desestimado.

E, igualmente, se ha presentado informe por el Ministerio Fiscal, interesando la estimación del recurso

SEGUNDO.- 1.-En primer lugar, parece necesario realizar una previa precisión, aun sucinta, ante las alegaciones vertidas en el escrito de impugnación presentado por la empresa demandada, en cuanto en el mismo se afirma que el cauce procedente en el caso no sería la casación unificadora, sino la casación por infracción legal.

En realidad, no podemos objetivar con seguridad a qué quiere referirse la parte, en cuanto el único recurso actualmente identificado como casación por infracción de ley en el ordenamiento patrio es el regulado en los arts. 847 y ss. de la LECr. Por otro lado, si lo que quiere decirse es que debió recurrirse al recurso de casación ordinario previsto en los arts. 205 y ss de nuestra LRJS, se olvida entonces que tal cauce no es una opción para la parte, sino que cabe solo en los supuestos en que se cuestionen resoluciones dictadas en única instancia por las Salas de lo Social de los TSJ y de la AN, lo que, obviamente, no es el caso.

En fin, puede discutirse si concurren en el supuesto considerado los presupuestos que hacen posible la decisión del recurso de casación unificadora, pero no sugerir la mayor idoneidad de un cauce alternativo inexistente en nuestra jurisdicción, o no previsto para el debate planteado.

TERCERO.- 1.-En consecuencia, nos centraremos ahora en la evaluación de la concurrencia de los requisitos para hacer posible nuestra decisión en el seno del recurso de casación para la unificación de dotrina planteado.

En este sentido, debemos recordar en primer lugar que constituye criterio consolidado, de acuerdo con el Acuerdo no jurisdiccional de esta Sala de 22 de junio de 2011, que en los casos en que se cuestione la competencia funcional es necesario que la parte recurrente cite y aporte la sentencia de contraste, aunque no sea precisa la contradicción, concurriendo en caso contrario causa de inadmisión. Recuérdese a estos efectos que el debate sobre cuestiones procesales precisa la existencia de contradicción, salvo en los supuestos en que se plantee la manifiesta falta de jurisdicción, la competencia funcional de la Sala, o la cosa juzgada (por todas, STS 30 diciembre 2013 -rec. 930/2013- y las que en ella se citan).

Por otra parte, el hecho de que no sea precisa la mentada contradicción, se deriva de que la competencia funcional es cuestión apreciable de oficio por afectar al orden público procesal -ex arts. 9.6, 238.3º y 240.2 LOPJ-. Así lo hemos dicho, entre otras, muchas, en nuestras SSTS 194/2023, de 15 de marzo -rcud 1141/2020- o 1144/2025 de 26 de noviembre -rcud. 4619/2024-. Decíamos en esta última con cita de nuestros propios precedentes:

«... el acceso a suplicación de las sentencias de instancia «puede ser examinada de oficio por esta sala, aunque no concurra la contradicción, puesto que afecta al orden público procesal y a su propia competencia funcional», sin que la sala quede vinculada por la decisión que se haya adoptado en suplicación y «con cierta independencia de lo que las partes hayan podido alegar» ( SSTS 9 de marzo de 1992, rcud 1462/1990, 24 de abril de 2012, rcud 3090/2011, 30 de octubre de 2012, rcud 2827/2011).

Y ello es así, porque la cuestión no afecta sólo al recurso de suplicación, sino que se proyecta sobre la competencia de esta sala IV del Tribunal Supremo, habida cuenta de que el recurso de casación para la unificación de doctrina procede contra las sentencias dictadas en suplicación, lo que supone que la recurribilidad en casación se condiciona a que la sentencia de instancia fuera, a su vez, recurrible en suplicación, de manera que el control de la competencia funcional de la sala supone el control sobre la procedencia o improcedencia de la suplicación ( SSTS 19 de julio de 1994, rcud 2508/1993, 28 de noviembre de 2011, rcud 742/2011, 2 de abril de 2012, rcud 1750/2011, y 30 de octubre de 2012, rcud 2827/2011)».

2.-Además, y continuando en el ámbito de la apreciación de contradicción, conviene igualmente hacer notar que como señalamos, entre otras, en nuestra STS 556/2023 de 14 Sep. 2023 -rcud. 2589/2020-, cuando en el recurso de casación para la unificación de doctrina se invoque un motivo de infracción procesal, las identidades del art. 219.1 LRJS deben estar referidas a la controversia procesal planteada, sin que sea necesaria la identidad en las situaciones sustantivas de las sentencias contrastadas.

3.-A la vista de cuanto antecede y, aunque no fuera necesaria la existencia de la tan citada contradicción, conviene hacer notar que la misma concurre con toda evidencia en el caso considerado. En efecto, en ambas sentencias se evalúa la recurribilidad de la sentencia de instancia, resultando que en ambos casos la cantidad solicitada en demanda era inferior a 3.000 €, y superior al momento de celebrarse el acto del juicio. Y, en tales condiciones, la recurrida deniega el acceso al recurso de suplicación, justamente al contrario de lo que decide la sentencia de contraste de esta misma Sala.

En este punto debemos realizar una precisión complementaria, en cuanto en la sentencia ahora recurrida no consta de manera expresa, y tampoco se hizo mención específica en la sentencia de instancia, a las cuantías actualizadas al momento de celebración del acto del juicio. Esta circunstancia no resulta determinante en el caso, no solo por la circunstancia ya apuntada de que la estricta contradicción no resulte exigible en el caso, sino además y no en menor medida, porque tal carencia de mención en un caso como el presente en el que no se discute que, en efecto, las cuantías reclamadas devengadas hasta el momento de celebración del acto del juicio superaban los 3.000 €, nos sitúa en un ámbito distinto al del control de recurribilidad de una sentencia, para trasladarnos más bien al de la regularidad de la mención de los aspectos procesales relevantes en el caso. Nos referiremos a este extremo en posteriores apartados.

CUARTO.- 1.-Llegado este punto, la cuestión debe decidirse conforme a lo ya expresado en la STS de Pleno 1007/2018 de 4 diciembre -rcud. 611/2016- que se invoca como resolución de contraste, y cuyos criterios fueron reproducidos en la más reciente STS 175/2023 de 7 de marzo -rcud. 657/2022-.

Como ya decíamos en las resoluciones que nos sirven de precedente, tal como indica el art. 191.2 g), las reclamaciones cuya cuantía litigiosa no exceda de 3.000 euros no tendrán acceso al recurso de suplicación. Esta regla, inicialmente carente de complejidad, precisa de otras que delimiten el concepto de "cuantía litigiosa" ya que no siempre una pretensión podrá identificarse con una cifra o número.

Es por ello por lo que el art. 192 de la LRJS va a completar aquella previsión general perfilando los criterios que deben seguirse ante determinados supuestos, para poder obtener ese concepto de "cuantía litigiosa" que, en el límite cuantitativo impuesto, permitirá acceder al recurso de suplicación al que se refiere.

La cuantía de una pretensión viene determinada por la solicitud de la demanda lo que, a su vez, condiciona el acceso al recurso de suplicación sin que se contemple en nuestras normas procesales una cuantía para la demanda y otra distinta para el recurso ["summa gravaminis"].

Es inasumible la sinonimia entre cantidad litigiosa y cantidad controvertida, por lo que ha estarse a una concepción amplia del término "litigiosa", que no ha de venir asimilada a cuantía disputada o controvertida, y sí a cuantía reclamada, o sea, integrante del "petitum" de la demanda y como tal constitutiva -junto a otros pedimentos- del objeto de la litis.

Y en cuanto al momento procesal para su fijación, aquella doctrina precisa que la solicitud no se concreta en la cifra especificada en la demanda, sino que se refiere a la que finalmente sea objeto de reclamación en el trámite

de alegaciones o conclusiones ( SSTS 25/06/02 -rcud 3218/01-; y 15/06/04 -rcud 3049/03-), siendo así que la pretensión laboral se formula en tres momentos diferentes del proceso [demanda; trámite de alegaciones; y conclusiones] y que es precisamente en el último de ellos -conclusiones- en el que de manera definitiva se materializa definitivamente la acción; por ello es éste el trámite procesal en el que de manera irrevocable se concreta la cuantía litigiosa, a los efectos -entre otros- de determinar la procedencia del recurso de Suplicación. [ STS de 25 de septiembre de 2018, rcud 3666/2016].

2.-Las reglas ya referidas deben completarse en el presente caso para aludir, como ya anunciamos, al hecho de que ni en la sentencia del juzgado de instancia, ni en la posterior del TSJ de Cataluña, se hiciera concreta mención a las cuantías actualizadas al momento del acto del juicio. Sobre este aspecto deben realizarse dos precisiones esenciales.

La primera de ellas, relativa al hecho de que, como también dijimos, no existe reparo alguno de la contraparte sobre el hecho de que, en efecto, al momento del acto del juicio y a la vista de la documental aportada, las cuantías reclamadas superaban los 3.000 € para todos los trabajadores reclamantes y, de hecho, lo que se cuestiona por la empresa demanda en su escrito de impugnación no es tal extremo, sino más bien que no se hubiera concretado en debida forma la reclamación ampliada, tal como se derivaría del art. 85.1 de la LRJS.

En segundo lugar, lo anterior debe conectarse con que la propia sentencia del juzgado de lo social se refiera expresamente a los documentos en los que se contenía la concreción de las cantidades a la fecha del acto del juicio, de forma tal que dicha resolución de instancia se estaba refiriendo a una antecedente o dato procesal relativo a la ampliación de las cantidades reclamadas. Aquí debemos llamar la atención sobre un factor relevante, que implica distinguir un antecedente procesal (que en el acto del juicio se ha producido una ampliación de la pretensión inicialmente ejercitada) de un hecho probado (si se ha acreditado el devengo de las cantidades iniciales y/o de las ampliadas). Esta diferenciación es capital, porque mientras que el acceso a los hechos relevantes para el caso está fuertemente restringida para la Sala ad quemen el seno de la suplicación (como de la casación ordinaria), de forma tal que no se pueden tener como probados otros hechos que no sean los expresamente declarados como tal en la sentencia de instancia, o que accedan a tal categoría por el correspondiente cauce revisorio, los antecedentes procesales son de libre acceso para la Sala de suplicación, en cuanto no constituyan hechos sometidos a las reglas sobre la carga de la prueba.

Lo anterior viene a cuento porque si la Sala de suplicación entendía que era relevante comprobar la cuantía de lo reclamado tal como resultaba tras la celebración del acto del juicio, podía comprobar tal dato de manera directa sin limitación alguna, dado que se trataba, como se viene diciendo, de un dato procesal relativo a la cantidad reclamada finalmente, distinto a si se consideraba probadas las circunstancias de hecho de las que dependía su devengo. Y si, por el contrario, se entendía que existía una cierta inseguridad al respecto, y por aplicación del art. 85.1 de la LRJS («A continuación, el demandante ratificará o ampliará su demanda, aunque en ningún caso podrá hacer en ella variación sustancial») el juzgado de instancia debía haber concretado los términos del debate, entonces lo procedente era declarar la nulidad de actuaciones para propiciar la necesaria concreción.

Ahora bien, insistimos en que habiendo hecho mención el juzgado de instancia a la ampliación de la pretensión en cuanto a las cuantías reclamadas, habiendo también conferido la sentencia de instancia la oportunidad de presentar recurso de suplicación, y siendo indiscutido que, en efecto, las cantidades ampliadas superaban el referido límite de los 3.000 € para cada demandante, los términos materiales que determinaban el acceso a la suplicación se mostraban claros.

3.-La proyección de la referida doctrina al caso considerado implica que la sentencia recurrida se ha apartado de la misma, desde el momento en que ha evaluado la recurribilidad de la sentencia de instancia en función de la cantidad reclamada exclusivamente en el escrito de demanda, cuando resulta que la misma se había incrementado en la concreción finalmente realizada en el acto del juicio.

QUINTO.-En definitiva, y tal como tiene interesado el Ministerio Fiscal, lo que ahora procede es la estimación del recurso presentado, y como la sentencia recurrida ha dejado de pronunciarse indebidamente sobre el fondo del asunto, debe casarse y anularse la misma, con devolución de las actuaciones para que la Sala de segundo grado resuelva con libertad de criterio el recurso de suplicación interpuesto en su día contra la sentencia del Juzgado de lo Social, sin que podamos pronunciarnos en este momento sobre ninguna otra cuestión.

Sin imposición de costas en el presente recurso, a tenor del art. 235.1 de la LRJS.

PRIMERO.- 1.-El debate planteado en el presente procedimiento consiste en determinar si tiene acceso al recurso de suplicación una sentencia dictada por un juzgado de lo social, cuando la cuantía de lo reclamado en demanda no excedía inicialmente de 3.000 € para cada uno de los demandantes, pero sí al momento de la ampliación realizada, aun de manera imperfecta, en el acto del juicio.

2.-Los siete trabajadores reclamantes presentaron demanda conjunta el día 3 de septiembre de 2020, en la que se reclamaba inicialmente el abono de cantidades por los conceptos que se enunciaban en la misma y que ahora no interesan, en cuantía inferior a los 3.000 € en todos los casos, si bien en dicha demanda se decía expresamente que se reclamaban «las cantidades referenciadas en el cuerpo del presente que provisionalmente se fijan provisionalmente (sic) hasta su fijación definitiva en el acto del juicio» en las cantidades que luego se hacían constar.

No obstante lo anterior, al momento de celebrarse el acto del juicio el 26 de octubre de 2022, se aportó por la parte demandante documental que se describe en la sentencia del juzgado de instancia como «nóminas de los trabajadores y hojas del programa Excel sobre las cantidades reclamadas no retribuidas actualizadas a fecha de juicio», haciendo constar sobre esto último que «la admisión de la actualización de las cantidades reclamadas... fue objeto de protesta por la parte demandada, por considerar que dicha actualización fue realizada en momento procesal no oportuno».

En dicho contexto, se dictó sentencia de 2 de marzo de 2023 por el juzgado de lo social nº 1 de Tarragona desestimando la pretensión ejercitada, e informando a las partes de la posibilidad de presentar contra la misma recurso de suplicación.

3.-Contra esta resolución presentó recurso de suplicación la parte demandante, dictándose sentencia por el TSJ de Cataluña de 31 de mayo de 2024 -rec. 3611/2023- por la que se terminaba concluyendo que la sentencia de instancia era irrecurrible ya que en demanda se reclamaba para todos los interesados una cantidad inferior a 3.000 €.

4.-Contra esta última sentencia ha presentado su recurso de casación unificadora la parte demandante, mediante un único motivo en el que se identifica como sentencia de contraste la dictada por este mismo Tribunal, la STS 1007/2018 de 14 de diciembre -rcud. 611/2016-; como núcleo de contradicción, si la cantidad a considerar para determinar si una sentencia de instancia es o no recurrible, es la solicitada en demanda o la superior concretada en el acto del juicio; y como normativa infringida los arts. 191 y 192 de la LRJS, así como jurisprudencia que se cita.

5.-El indicado recurso de casación ha sido impugnado por la parte demandante, entendiendo que el recurso debía ser desestimado.

E, igualmente, se ha presentado informe por el Ministerio Fiscal, interesando la estimación del recurso

SEGUNDO.- 1.-En primer lugar, parece necesario realizar una previa precisión, aun sucinta, ante las alegaciones vertidas en el escrito de impugnación presentado por la empresa demandada, en cuanto en el mismo se afirma que el cauce procedente en el caso no sería la casación unificadora, sino la casación por infracción legal.

En realidad, no podemos objetivar con seguridad a qué quiere referirse la parte, en cuanto el único recurso actualmente identificado como casación por infracción de ley en el ordenamiento patrio es el regulado en los arts. 847 y ss. de la LECr. Por otro lado, si lo que quiere decirse es que debió recurrirse al recurso de casación ordinario previsto en los arts. 205 y ss de nuestra LRJS, se olvida entonces que tal cauce no es una opción para la parte, sino que cabe solo en los supuestos en que se cuestionen resoluciones dictadas en única instancia por las Salas de lo Social de los TSJ y de la AN, lo que, obviamente, no es el caso.

En fin, puede discutirse si concurren en el supuesto considerado los presupuestos que hacen posible la decisión del recurso de casación unificadora, pero no sugerir la mayor idoneidad de un cauce alternativo inexistente en nuestra jurisdicción, o no previsto para el debate planteado.

TERCERO.- 1.-En consecuencia, nos centraremos ahora en la evaluación de la concurrencia de los requisitos para hacer posible nuestra decisión en el seno del recurso de casación para la unificación de dotrina planteado.

En este sentido, debemos recordar en primer lugar que constituye criterio consolidado, de acuerdo con el Acuerdo no jurisdiccional de esta Sala de 22 de junio de 2011, que en los casos en que se cuestione la competencia funcional es necesario que la parte recurrente cite y aporte la sentencia de contraste, aunque no sea precisa la contradicción, concurriendo en caso contrario causa de inadmisión. Recuérdese a estos efectos que el debate sobre cuestiones procesales precisa la existencia de contradicción, salvo en los supuestos en que se plantee la manifiesta falta de jurisdicción, la competencia funcional de la Sala, o la cosa juzgada (por todas, STS 30 diciembre 2013 -rec. 930/2013- y las que en ella se citan).

Por otra parte, el hecho de que no sea precisa la mentada contradicción, se deriva de que la competencia funcional es cuestión apreciable de oficio por afectar al orden público procesal -ex arts. 9.6, 238.3º y 240.2 LOPJ-. Así lo hemos dicho, entre otras, muchas, en nuestras SSTS 194/2023, de 15 de marzo -rcud 1141/2020- o 1144/2025 de 26 de noviembre -rcud. 4619/2024-. Decíamos en esta última con cita de nuestros propios precedentes:

«... el acceso a suplicación de las sentencias de instancia «puede ser examinada de oficio por esta sala, aunque no concurra la contradicción, puesto que afecta al orden público procesal y a su propia competencia funcional», sin que la sala quede vinculada por la decisión que se haya adoptado en suplicación y «con cierta independencia de lo que las partes hayan podido alegar» ( SSTS 9 de marzo de 1992, rcud 1462/1990, 24 de abril de 2012, rcud 3090/2011, 30 de octubre de 2012, rcud 2827/2011).

Y ello es así, porque la cuestión no afecta sólo al recurso de suplicación, sino que se proyecta sobre la competencia de esta sala IV del Tribunal Supremo, habida cuenta de que el recurso de casación para la unificación de doctrina procede contra las sentencias dictadas en suplicación, lo que supone que la recurribilidad en casación se condiciona a que la sentencia de instancia fuera, a su vez, recurrible en suplicación, de manera que el control de la competencia funcional de la sala supone el control sobre la procedencia o improcedencia de la suplicación ( SSTS 19 de julio de 1994, rcud 2508/1993, 28 de noviembre de 2011, rcud 742/2011, 2 de abril de 2012, rcud 1750/2011, y 30 de octubre de 2012, rcud 2827/2011)».

2.-Además, y continuando en el ámbito de la apreciación de contradicción, conviene igualmente hacer notar que como señalamos, entre otras, en nuestra STS 556/2023 de 14 Sep. 2023 -rcud. 2589/2020-, cuando en el recurso de casación para la unificación de doctrina se invoque un motivo de infracción procesal, las identidades del art. 219.1 LRJS deben estar referidas a la controversia procesal planteada, sin que sea necesaria la identidad en las situaciones sustantivas de las sentencias contrastadas.

3.-A la vista de cuanto antecede y, aunque no fuera necesaria la existencia de la tan citada contradicción, conviene hacer notar que la misma concurre con toda evidencia en el caso considerado. En efecto, en ambas sentencias se evalúa la recurribilidad de la sentencia de instancia, resultando que en ambos casos la cantidad solicitada en demanda era inferior a 3.000 €, y superior al momento de celebrarse el acto del juicio. Y, en tales condiciones, la recurrida deniega el acceso al recurso de suplicación, justamente al contrario de lo que decide la sentencia de contraste de esta misma Sala.

En este punto debemos realizar una precisión complementaria, en cuanto en la sentencia ahora recurrida no consta de manera expresa, y tampoco se hizo mención específica en la sentencia de instancia, a las cuantías actualizadas al momento de celebración del acto del juicio. Esta circunstancia no resulta determinante en el caso, no solo por la circunstancia ya apuntada de que la estricta contradicción no resulte exigible en el caso, sino además y no en menor medida, porque tal carencia de mención en un caso como el presente en el que no se discute que, en efecto, las cuantías reclamadas devengadas hasta el momento de celebración del acto del juicio superaban los 3.000 €, nos sitúa en un ámbito distinto al del control de recurribilidad de una sentencia, para trasladarnos más bien al de la regularidad de la mención de los aspectos procesales relevantes en el caso. Nos referiremos a este extremo en posteriores apartados.

CUARTO.- 1.-Llegado este punto, la cuestión debe decidirse conforme a lo ya expresado en la STS de Pleno 1007/2018 de 4 diciembre -rcud. 611/2016- que se invoca como resolución de contraste, y cuyos criterios fueron reproducidos en la más reciente STS 175/2023 de 7 de marzo -rcud. 657/2022-.

Como ya decíamos en las resoluciones que nos sirven de precedente, tal como indica el art. 191.2 g), las reclamaciones cuya cuantía litigiosa no exceda de 3.000 euros no tendrán acceso al recurso de suplicación. Esta regla, inicialmente carente de complejidad, precisa de otras que delimiten el concepto de "cuantía litigiosa" ya que no siempre una pretensión podrá identificarse con una cifra o número.

Es por ello por lo que el art. 192 de la LRJS va a completar aquella previsión general perfilando los criterios que deben seguirse ante determinados supuestos, para poder obtener ese concepto de "cuantía litigiosa" que, en el límite cuantitativo impuesto, permitirá acceder al recurso de suplicación al que se refiere.

La cuantía de una pretensión viene determinada por la solicitud de la demanda lo que, a su vez, condiciona el acceso al recurso de suplicación sin que se contemple en nuestras normas procesales una cuantía para la demanda y otra distinta para el recurso ["summa gravaminis"].

Es inasumible la sinonimia entre cantidad litigiosa y cantidad controvertida, por lo que ha estarse a una concepción amplia del término "litigiosa", que no ha de venir asimilada a cuantía disputada o controvertida, y sí a cuantía reclamada, o sea, integrante del "petitum" de la demanda y como tal constitutiva -junto a otros pedimentos- del objeto de la litis.

Y en cuanto al momento procesal para su fijación, aquella doctrina precisa que la solicitud no se concreta en la cifra especificada en la demanda, sino que se refiere a la que finalmente sea objeto de reclamación en el trámite

de alegaciones o conclusiones ( SSTS 25/06/02 -rcud 3218/01-; y 15/06/04 -rcud 3049/03-), siendo así que la pretensión laboral se formula en tres momentos diferentes del proceso [demanda; trámite de alegaciones; y conclusiones] y que es precisamente en el último de ellos -conclusiones- en el que de manera definitiva se materializa definitivamente la acción; por ello es éste el trámite procesal en el que de manera irrevocable se concreta la cuantía litigiosa, a los efectos -entre otros- de determinar la procedencia del recurso de Suplicación. [ STS de 25 de septiembre de 2018, rcud 3666/2016].

2.-Las reglas ya referidas deben completarse en el presente caso para aludir, como ya anunciamos, al hecho de que ni en la sentencia del juzgado de instancia, ni en la posterior del TSJ de Cataluña, se hiciera concreta mención a las cuantías actualizadas al momento del acto del juicio. Sobre este aspecto deben realizarse dos precisiones esenciales.

La primera de ellas, relativa al hecho de que, como también dijimos, no existe reparo alguno de la contraparte sobre el hecho de que, en efecto, al momento del acto del juicio y a la vista de la documental aportada, las cuantías reclamadas superaban los 3.000 € para todos los trabajadores reclamantes y, de hecho, lo que se cuestiona por la empresa demanda en su escrito de impugnación no es tal extremo, sino más bien que no se hubiera concretado en debida forma la reclamación ampliada, tal como se derivaría del art. 85.1 de la LRJS.

En segundo lugar, lo anterior debe conectarse con que la propia sentencia del juzgado de lo social se refiera expresamente a los documentos en los que se contenía la concreción de las cantidades a la fecha del acto del juicio, de forma tal que dicha resolución de instancia se estaba refiriendo a una antecedente o dato procesal relativo a la ampliación de las cantidades reclamadas. Aquí debemos llamar la atención sobre un factor relevante, que implica distinguir un antecedente procesal (que en el acto del juicio se ha producido una ampliación de la pretensión inicialmente ejercitada) de un hecho probado (si se ha acreditado el devengo de las cantidades iniciales y/o de las ampliadas). Esta diferenciación es capital, porque mientras que el acceso a los hechos relevantes para el caso está fuertemente restringida para la Sala ad quemen el seno de la suplicación (como de la casación ordinaria), de forma tal que no se pueden tener como probados otros hechos que no sean los expresamente declarados como tal en la sentencia de instancia, o que accedan a tal categoría por el correspondiente cauce revisorio, los antecedentes procesales son de libre acceso para la Sala de suplicación, en cuanto no constituyan hechos sometidos a las reglas sobre la carga de la prueba.

Lo anterior viene a cuento porque si la Sala de suplicación entendía que era relevante comprobar la cuantía de lo reclamado tal como resultaba tras la celebración del acto del juicio, podía comprobar tal dato de manera directa sin limitación alguna, dado que se trataba, como se viene diciendo, de un dato procesal relativo a la cantidad reclamada finalmente, distinto a si se consideraba probadas las circunstancias de hecho de las que dependía su devengo. Y si, por el contrario, se entendía que existía una cierta inseguridad al respecto, y por aplicación del art. 85.1 de la LRJS («A continuación, el demandante ratificará o ampliará su demanda, aunque en ningún caso podrá hacer en ella variación sustancial») el juzgado de instancia debía haber concretado los términos del debate, entonces lo procedente era declarar la nulidad de actuaciones para propiciar la necesaria concreción.

Ahora bien, insistimos en que habiendo hecho mención el juzgado de instancia a la ampliación de la pretensión en cuanto a las cuantías reclamadas, habiendo también conferido la sentencia de instancia la oportunidad de presentar recurso de suplicación, y siendo indiscutido que, en efecto, las cantidades ampliadas superaban el referido límite de los 3.000 € para cada demandante, los términos materiales que determinaban el acceso a la suplicación se mostraban claros.

3.-La proyección de la referida doctrina al caso considerado implica que la sentencia recurrida se ha apartado de la misma, desde el momento en que ha evaluado la recurribilidad de la sentencia de instancia en función de la cantidad reclamada exclusivamente en el escrito de demanda, cuando resulta que la misma se había incrementado en la concreción finalmente realizada en el acto del juicio.

QUINTO.-En definitiva, y tal como tiene interesado el Ministerio Fiscal, lo que ahora procede es la estimación del recurso presentado, y como la sentencia recurrida ha dejado de pronunciarse indebidamente sobre el fondo del asunto, debe casarse y anularse la misma, con devolución de las actuaciones para que la Sala de segundo grado resuelva con libertad de criterio el recurso de suplicación interpuesto en su día contra la sentencia del Juzgado de lo Social, sin que podamos pronunciarnos en este momento sobre ninguna otra cuestión.

Sin imposición de costas en el presente recurso, a tenor del art. 235.1 de la LRJS.

PRIMERO.- 1.-El debate planteado en el presente procedimiento consiste en determinar si tiene acceso al recurso de suplicación una sentencia dictada por un juzgado de lo social, cuando la cuantía de lo reclamado en demanda no excedía inicialmente de 3.000 € para cada uno de los demandantes, pero sí al momento de la ampliación realizada, aun de manera imperfecta, en el acto del juicio.

2.-Los siete trabajadores reclamantes presentaron demanda conjunta el día 3 de septiembre de 2020, en la que se reclamaba inicialmente el abono de cantidades por los conceptos que se enunciaban en la misma y que ahora no interesan, en cuantía inferior a los 3.000 € en todos los casos, si bien en dicha demanda se decía expresamente que se reclamaban «las cantidades referenciadas en el cuerpo del presente que provisionalmente se fijan provisionalmente (sic) hasta su fijación definitiva en el acto del juicio» en las cantidades que luego se hacían constar.

No obstante lo anterior, al momento de celebrarse el acto del juicio el 26 de octubre de 2022, se aportó por la parte demandante documental que se describe en la sentencia del juzgado de instancia como «nóminas de los trabajadores y hojas del programa Excel sobre las cantidades reclamadas no retribuidas actualizadas a fecha de juicio», haciendo constar sobre esto último que «la admisión de la actualización de las cantidades reclamadas... fue objeto de protesta por la parte demandada, por considerar que dicha actualización fue realizada en momento procesal no oportuno».

En dicho contexto, se dictó sentencia de 2 de marzo de 2023 por el juzgado de lo social nº 1 de Tarragona desestimando la pretensión ejercitada, e informando a las partes de la posibilidad de presentar contra la misma recurso de suplicación.

3.-Contra esta resolución presentó recurso de suplicación la parte demandante, dictándose sentencia por el TSJ de Cataluña de 31 de mayo de 2024 -rec. 3611/2023- por la que se terminaba concluyendo que la sentencia de instancia era irrecurrible ya que en demanda se reclamaba para todos los interesados una cantidad inferior a 3.000 €.

4.-Contra esta última sentencia ha presentado su recurso de casación unificadora la parte demandante, mediante un único motivo en el que se identifica como sentencia de contraste la dictada por este mismo Tribunal, la STS 1007/2018 de 14 de diciembre -rcud. 611/2016-; como núcleo de contradicción, si la cantidad a considerar para determinar si una sentencia de instancia es o no recurrible, es la solicitada en demanda o la superior concretada en el acto del juicio; y como normativa infringida los arts. 191 y 192 de la LRJS, así como jurisprudencia que se cita.

5.-El indicado recurso de casación ha sido impugnado por la parte demandante, entendiendo que el recurso debía ser desestimado.

E, igualmente, se ha presentado informe por el Ministerio Fiscal, interesando la estimación del recurso

SEGUNDO.- 1.-En primer lugar, parece necesario realizar una previa precisión, aun sucinta, ante las alegaciones vertidas en el escrito de impugnación presentado por la empresa demandada, en cuanto en el mismo se afirma que el cauce procedente en el caso no sería la casación unificadora, sino la casación por infracción legal.

En realidad, no podemos objetivar con seguridad a qué quiere referirse la parte, en cuanto el único recurso actualmente identificado como casación por infracción de ley en el ordenamiento patrio es el regulado en los arts. 847 y ss. de la LECr. Por otro lado, si lo que quiere decirse es que debió recurrirse al recurso de casación ordinario previsto en los arts. 205 y ss de nuestra LRJS, se olvida entonces que tal cauce no es una opción para la parte, sino que cabe solo en los supuestos en que se cuestionen resoluciones dictadas en única instancia por las Salas de lo Social de los TSJ y de la AN, lo que, obviamente, no es el caso.

En fin, puede discutirse si concurren en el supuesto considerado los presupuestos que hacen posible la decisión del recurso de casación unificadora, pero no sugerir la mayor idoneidad de un cauce alternativo inexistente en nuestra jurisdicción, o no previsto para el debate planteado.

TERCERO.- 1.-En consecuencia, nos centraremos ahora en la evaluación de la concurrencia de los requisitos para hacer posible nuestra decisión en el seno del recurso de casación para la unificación de dotrina planteado.

En este sentido, debemos recordar en primer lugar que constituye criterio consolidado, de acuerdo con el Acuerdo no jurisdiccional de esta Sala de 22 de junio de 2011, que en los casos en que se cuestione la competencia funcional es necesario que la parte recurrente cite y aporte la sentencia de contraste, aunque no sea precisa la contradicción, concurriendo en caso contrario causa de inadmisión. Recuérdese a estos efectos que el debate sobre cuestiones procesales precisa la existencia de contradicción, salvo en los supuestos en que se plantee la manifiesta falta de jurisdicción, la competencia funcional de la Sala, o la cosa juzgada (por todas, STS 30 diciembre 2013 -rec. 930/2013- y las que en ella se citan).

Por otra parte, el hecho de que no sea precisa la mentada contradicción, se deriva de que la competencia funcional es cuestión apreciable de oficio por afectar al orden público procesal -ex arts. 9.6, 238.3º y 240.2 LOPJ-. Así lo hemos dicho, entre otras, muchas, en nuestras SSTS 194/2023, de 15 de marzo -rcud 1141/2020- o 1144/2025 de 26 de noviembre -rcud. 4619/2024-. Decíamos en esta última con cita de nuestros propios precedentes:

«... el acceso a suplicación de las sentencias de instancia «puede ser examinada de oficio por esta sala, aunque no concurra la contradicción, puesto que afecta al orden público procesal y a su propia competencia funcional», sin que la sala quede vinculada por la decisión que se haya adoptado en suplicación y «con cierta independencia de lo que las partes hayan podido alegar» ( SSTS 9 de marzo de 1992, rcud 1462/1990, 24 de abril de 2012, rcud 3090/2011, 30 de octubre de 2012, rcud 2827/2011).

Y ello es así, porque la cuestión no afecta sólo al recurso de suplicación, sino que se proyecta sobre la competencia de esta sala IV del Tribunal Supremo, habida cuenta de que el recurso de casación para la unificación de doctrina procede contra las sentencias dictadas en suplicación, lo que supone que la recurribilidad en casación se condiciona a que la sentencia de instancia fuera, a su vez, recurrible en suplicación, de manera que el control de la competencia funcional de la sala supone el control sobre la procedencia o improcedencia de la suplicación ( SSTS 19 de julio de 1994, rcud 2508/1993, 28 de noviembre de 2011, rcud 742/2011, 2 de abril de 2012, rcud 1750/2011, y 30 de octubre de 2012, rcud 2827/2011)».

2.-Además, y continuando en el ámbito de la apreciación de contradicción, conviene igualmente hacer notar que como señalamos, entre otras, en nuestra STS 556/2023 de 14 Sep. 2023 -rcud. 2589/2020-, cuando en el recurso de casación para la unificación de doctrina se invoque un motivo de infracción procesal, las identidades del art. 219.1 LRJS deben estar referidas a la controversia procesal planteada, sin que sea necesaria la identidad en las situaciones sustantivas de las sentencias contrastadas.

3.-A la vista de cuanto antecede y, aunque no fuera necesaria la existencia de la tan citada contradicción, conviene hacer notar que la misma concurre con toda evidencia en el caso considerado. En efecto, en ambas sentencias se evalúa la recurribilidad de la sentencia de instancia, resultando que en ambos casos la cantidad solicitada en demanda era inferior a 3.000 €, y superior al momento de celebrarse el acto del juicio. Y, en tales condiciones, la recurrida deniega el acceso al recurso de suplicación, justamente al contrario de lo que decide la sentencia de contraste de esta misma Sala.

En este punto debemos realizar una precisión complementaria, en cuanto en la sentencia ahora recurrida no consta de manera expresa, y tampoco se hizo mención específica en la sentencia de instancia, a las cuantías actualizadas al momento de celebración del acto del juicio. Esta circunstancia no resulta determinante en el caso, no solo por la circunstancia ya apuntada de que la estricta contradicción no resulte exigible en el caso, sino además y no en menor medida, porque tal carencia de mención en un caso como el presente en el que no se discute que, en efecto, las cuantías reclamadas devengadas hasta el momento de celebración del acto del juicio superaban los 3.000 €, nos sitúa en un ámbito distinto al del control de recurribilidad de una sentencia, para trasladarnos más bien al de la regularidad de la mención de los aspectos procesales relevantes en el caso. Nos referiremos a este extremo en posteriores apartados.

CUARTO.- 1.-Llegado este punto, la cuestión debe decidirse conforme a lo ya expresado en la STS de Pleno 1007/2018 de 4 diciembre -rcud. 611/2016- que se invoca como resolución de contraste, y cuyos criterios fueron reproducidos en la más reciente STS 175/2023 de 7 de marzo -rcud. 657/2022-.

Como ya decíamos en las resoluciones que nos sirven de precedente, tal como indica el art. 191.2 g), las reclamaciones cuya cuantía litigiosa no exceda de 3.000 euros no tendrán acceso al recurso de suplicación. Esta regla, inicialmente carente de complejidad, precisa de otras que delimiten el concepto de "cuantía litigiosa" ya que no siempre una pretensión podrá identificarse con una cifra o número.

Es por ello por lo que el art. 192 de la LRJS va a completar aquella previsión general perfilando los criterios que deben seguirse ante determinados supuestos, para poder obtener ese concepto de "cuantía litigiosa" que, en el límite cuantitativo impuesto, permitirá acceder al recurso de suplicación al que se refiere.

La cuantía de una pretensión viene determinada por la solicitud de la demanda lo que, a su vez, condiciona el acceso al recurso de suplicación sin que se contemple en nuestras normas procesales una cuantía para la demanda y otra distinta para el recurso ["summa gravaminis"].

Es inasumible la sinonimia entre cantidad litigiosa y cantidad controvertida, por lo que ha estarse a una concepción amplia del término "litigiosa", que no ha de venir asimilada a cuantía disputada o controvertida, y sí a cuantía reclamada, o sea, integrante del "petitum" de la demanda y como tal constitutiva -junto a otros pedimentos- del objeto de la litis.

Y en cuanto al momento procesal para su fijación, aquella doctrina precisa que la solicitud no se concreta en la cifra especificada en la demanda, sino que se refiere a la que finalmente sea objeto de reclamación en el trámite

de alegaciones o conclusiones ( SSTS 25/06/02 -rcud 3218/01-; y 15/06/04 -rcud 3049/03-), siendo así que la pretensión laboral se formula en tres momentos diferentes del proceso [demanda; trámite de alegaciones; y conclusiones] y que es precisamente en el último de ellos -conclusiones- en el que de manera definitiva se materializa definitivamente la acción; por ello es éste el trámite procesal en el que de manera irrevocable se concreta la cuantía litigiosa, a los efectos -entre otros- de determinar la procedencia del recurso de Suplicación. [ STS de 25 de septiembre de 2018, rcud 3666/2016].

2.-Las reglas ya referidas deben completarse en el presente caso para aludir, como ya anunciamos, al hecho de que ni en la sentencia del juzgado de instancia, ni en la posterior del TSJ de Cataluña, se hiciera concreta mención a las cuantías actualizadas al momento del acto del juicio. Sobre este aspecto deben realizarse dos precisiones esenciales.

La primera de ellas, relativa al hecho de que, como también dijimos, no existe reparo alguno de la contraparte sobre el hecho de que, en efecto, al momento del acto del juicio y a la vista de la documental aportada, las cuantías reclamadas superaban los 3.000 € para todos los trabajadores reclamantes y, de hecho, lo que se cuestiona por la empresa demanda en su escrito de impugnación no es tal extremo, sino más bien que no se hubiera concretado en debida forma la reclamación ampliada, tal como se derivaría del art. 85.1 de la LRJS.

En segundo lugar, lo anterior debe conectarse con que la propia sentencia del juzgado de lo social se refiera expresamente a los documentos en los que se contenía la concreción de las cantidades a la fecha del acto del juicio, de forma tal que dicha resolución de instancia se estaba refiriendo a una antecedente o dato procesal relativo a la ampliación de las cantidades reclamadas. Aquí debemos llamar la atención sobre un factor relevante, que implica distinguir un antecedente procesal (que en el acto del juicio se ha producido una ampliación de la pretensión inicialmente ejercitada) de un hecho probado (si se ha acreditado el devengo de las cantidades iniciales y/o de las ampliadas). Esta diferenciación es capital, porque mientras que el acceso a los hechos relevantes para el caso está fuertemente restringida para la Sala ad quemen el seno de la suplicación (como de la casación ordinaria), de forma tal que no se pueden tener como probados otros hechos que no sean los expresamente declarados como tal en la sentencia de instancia, o que accedan a tal categoría por el correspondiente cauce revisorio, los antecedentes procesales son de libre acceso para la Sala de suplicación, en cuanto no constituyan hechos sometidos a las reglas sobre la carga de la prueba.

Lo anterior viene a cuento porque si la Sala de suplicación entendía que era relevante comprobar la cuantía de lo reclamado tal como resultaba tras la celebración del acto del juicio, podía comprobar tal dato de manera directa sin limitación alguna, dado que se trataba, como se viene diciendo, de un dato procesal relativo a la cantidad reclamada finalmente, distinto a si se consideraba probadas las circunstancias de hecho de las que dependía su devengo. Y si, por el contrario, se entendía que existía una cierta inseguridad al respecto, y por aplicación del art. 85.1 de la LRJS («A continuación, el demandante ratificará o ampliará su demanda, aunque en ningún caso podrá hacer en ella variación sustancial») el juzgado de instancia debía haber concretado los términos del debate, entonces lo procedente era declarar la nulidad de actuaciones para propiciar la necesaria concreción.

Ahora bien, insistimos en que habiendo hecho mención el juzgado de instancia a la ampliación de la pretensión en cuanto a las cuantías reclamadas, habiendo también conferido la sentencia de instancia la oportunidad de presentar recurso de suplicación, y siendo indiscutido que, en efecto, las cantidades ampliadas superaban el referido límite de los 3.000 € para cada demandante, los términos materiales que determinaban el acceso a la suplicación se mostraban claros.

3.-La proyección de la referida doctrina al caso considerado implica que la sentencia recurrida se ha apartado de la misma, desde el momento en que ha evaluado la recurribilidad de la sentencia de instancia en función de la cantidad reclamada exclusivamente en el escrito de demanda, cuando resulta que la misma se había incrementado en la concreción finalmente realizada en el acto del juicio.

QUINTO.-En definitiva, y tal como tiene interesado el Ministerio Fiscal, lo que ahora procede es la estimación del recurso presentado, y como la sentencia recurrida ha dejado de pronunciarse indebidamente sobre el fondo del asunto, debe casarse y anularse la misma, con devolución de las actuaciones para que la Sala de segundo grado resuelva con libertad de criterio el recurso de suplicación interpuesto en su día contra la sentencia del Juzgado de lo Social, sin que podamos pronunciarnos en este momento sobre ninguna otra cuestión.

Sin imposición de costas en el presente recurso, a tenor del art. 235.1 de la LRJS.