Sentencia Social 390/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 95/2025 de 15 de abril del 2026

PRIMERO.- .-1.-La cuestión debatida en el presente procedimiento se centra en determinar si la empresa demandada vulneró del derecho fundamental de huelga mediante una serie de conductas que afectaban, en lo sustancial, al cumplimiento de diversos requisitos relacionados con los servicios mínimos previamente establecidos por la autoridad administrativa, incluida la eventual sustitución de trabajadores huelguistas.

La representación del sindicado CGT de Catalunya presento demanda en reclamación de los daños y perjuicios generados por la conducta de la empresa demandada, que fue estimada en parte por la sentencia del TSJ de Cataluña de 10 de diciembre de 2024 en la que, tras declarar la vulneración del derecho de huelga del sindicato accionante y el cese de las conductas empresariales consideradas, se condenaba a la demandada al abono de una indemnización de 30.001 € en concepto de indemnización de daños y perjuicios.

2.-Contra la referida resolución, se presenta ahora por la representación de la empresa demandada recurso de casación ordinaria, que se formaliza mediante un motivo de revisión fáctica al amparo de la letra d/ del art. 207 de la LRJS, y otro más de revisión jurídica por el cauce de la letra e/ del mismo precepto.

3.-La parte recurrente ha presentado escrito de impugnación interesando la desestimación del referido recurso.

Y, por su parte, el Ministerio Fiscal ha interesado de igual modo en su informe la desestimación de la casación.

SEGUNDO.- 1.-Como se acaba de decir, el primer motivo del recurso que ahora resolvemos se dedica a la revisión de hechos probados, a cuyo efecto articula tres pretensiones autónomas.

2.-De manera previa a la decisión de las concretas peticiones de reforma, debemos recordar ahora que, como tiene dicho esta Sala de manera reiterada, el éxito de la revisión fáctica al amparo del art. 207 d/ de la LRJS, basada en error en la apreciación de la prueba, precisa inexcusablemente de los siguientes requisitos ( SSTS 11 de febrero de 2014 -rec. 27/2013, 8 de noviembre de 2016 -rec. 259/2015, 17 de enero de 2017 -rec. 2/2016-, 68/2019 de 29 de enero -rec. 168/2018-, 927/2021 de 22 de septiembre -rec. 75/2021-, 308/2022 de 5 de abril -rec. 151/2021-, 510/2023 de 12 de julio -rec. 19/2023-, 1218/2024 de 30 de octubre -rec. 264/2022- o 248/2025 de 26 de marzo -rec. 16/2023-, entre otras muchas):

a/ que se identifique si la reforma se orienta la modificación, inclusión o exclusión de un hecho, concretando con claridad y precisión el que haya sido incluido de manera errónea u omitido indebidamente en el relato fáctico de la sentencia recurrida

b/ que el hecho que se quiere hacer valer resulte de manera clara, patente y directa de la prueba documental obrante en autos, sin necesidad de realizar valoraciones jurídicas o conjeturas, excluyéndose por tanto la consideración de cualquier otra clase de medio probatorio

c/ que, en el caso de las modalidades aditiva y modificativa, se ofrezca un texto alternativo para integrar la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos

d/ que el resultado de la modificación resulte útil o trascendente para la decisión del debate, incluyéndose tanto las que sean susceptibles de modificar la decisión de la instancia, como las que las que refuerzan argumentalmente aquella.

Se trata, en definitiva, de que el intento revisorio ponga de manifiesto la existencia de un error patente en la apreciación de la prueba, sin que sirva por tanto la expresión por la parte de una mera discrepancia, o la propuesta de una valoración alternativa más conforme a sus intereses, en cuanto la naturaleza extraordinaria de la casación ordinaria implica la atribución de las facultades plenas de valoración de la prueba al órgano judicial de instancia, y la restricción de la revisión del órgano ad quem,que se contrae a los supuestos en los que concurran los requisitos antedichos.

3.-Dicho lo anterior, en la primera petición de reforma se interesa la adición de un nuevo párrafo segundo al ordinal primero de la sentencia de la Sala de instancia, con objeto de hacer constar:

«En dicha convocatoria de huelga, se indicaba como única dirección de correo electrónico del Comité de Huelga la de DIRECCION000, que se corresponde con la dirección de correo electrónico de la Sección Sindical CGT en la empresa Ivemon Ambulancies Egara SL».

Designando a tal efecto el documento nº 1 del rampo de prueba de la empresa recurrente, consistente en la convocatoria de huelga.

La descrita pretensión debe ser rechazada por su inutilidad. De un lado, porque la mera mención de un correo electrónico en un documento no determina que ese resulte ser el único medio de comunicación entre las partes. Y, de otro lado, y aun en mayor medida, porque el factor determinante para valorar los diversos aspectos del caso no es que existiera un error en la dirección a efectos de comunicación, sino que dicha comunicación se produjera o no, así como la valoración que merezca los términos de los sucesivos contactos instados por la empresa, y si existió o no una actividad encaminada a suplir, en su caso, la ausencia de datos precisos para hacer posible tales comunicaciones.

4.-En la segunda petición de igual naturaleza se solicita la sustitución del ordinal decimo séptimo, que habría de tener la siguiente redacción:

«A partir del mes de mayo de 2024, se remitieron correos electrónicos por parte del director de recursos humanos de la empresa, Sr. Basilio, a la dirección electrónica del Comité de Huelga, haciendo constar los listados del personal no adscrito a servicios mínimos desde mayo, a octubre de 2024 e informando del envío simultáneo de la comunicación individualizada a los trabajadores asignados a servicios mínimos».

Designando a tal efecto diversos documentos consistentes todos ellos en correos electrónicos remitidos por la empresa demandada al que se alude como correo del comité de huelga.

Como en el caso anterior la descrita pretensión debe ser rechazada y por igual causa de inutilidad. En primer lugar, no resulta determinante si la remisión de correo a la que alude el hecho probado en cuestión se produjo en las fechas de julio agosto y septiembre de 2024 que se alude en el texto original, o partir de mayo de 2024 como se dice en el propuesto. En segundo lugar, que se diga que los correos se remitieron a la dirección de correo electrónico del comité de huelga, en lugar de a la dirección de la sección sindical, no es un dato objetivo, sino una conclusión valorativa derivada del conjunto de elementos de convicción disponibles. Por otro lado, tampoco se muestra la relevancia de sustituir la mención a que en los tan citados correos se hizo constar los listados de personal no adscrito a servicios mínimos para el mes de agosto, septiembre y octubre de 2024, a otra en la que se diga que fue de mayo a octubre de 2024. Y, de igual modo, carece por completo de relevancia que se diga lo que se hizo constar en los correos sobre un eventual envío simultáneo de la comunicación individualizada a los trabajadores asignados a servicios mínimos, cuando la sentencia de instancia ya contiene afirmaciones expresas sobre si se produjo o no efectivamente tal remisión y, lo que es más importante, no existe prueba directa de la que derivar que existieron efectivamente aquellas remisiones individualizadas, fuera de menciones indirectas de la propia empresa.

5.-Finalmente, se interesa la modificación del ordinal décimo octavo, con objeto de alterar su redacción, que quedaría del siguiente modo:

«Desde el inicio de la huelga y durante el mes de abril de 2024, la empresa omitió la comunicación individualizada a las personas trabajadoras de encontrarse designadas para cubrir los servicios mínimos, informándose únicamente a todas las personas trabajadoras de cada lote o listado de unidades consideradas como de servicios mínimos. A partir del mes de mayo de 2024, la empresa envió email individualizado a las personas asignadas a servicios mínimos».

Debemos terminar este apartado rechazando también esta última petición, que no se basa propiamente, a pesar de la apariencia, en documentos en sentido propio de los que pudiera derivarse la veracidad de la información que se quiere incorporar. Por el contrario, la parte acomete una valoración especulativa del informe emitido en su día por la inspección de trabajo, indicando que dicho informe era de 23 de abril de 2024, mientras que la empresa comenzó a remitir, se dice, correos individualizados a las personas asignadas a servicios mínimos en mayo de 2024, dando esto último por sentado cuando, como se acaba de decir en el anterior apartado, no existe evidencia directa de que tales remisiones individualizadas se produjeran, fuera de menciones indirectas.

Al margen de esto, resulta igualmente que la sentencia de instancia realiza en sus fundamentos de derecho una valoración específica y minuciosa sobre la manera en que la empresa notificó a las personas trabajadoras la asignación de servicios mínimos, en diversas comunicaciones a partir del requerimiento de la inspección de trabajo el 15 de marzo de 2024, y del correo que la empresa remitió a dicha inspección el 18 de marzo de 2024 con explicaciones al respecto, todo ello en base a los datos previamente reflejados en los hechos probados. De forma tal que la mención que ahora se quiere introducir resulta anecdótica si se considera el conjunto de la información proporcionada en la instancia, cuyo criterio no puede sustituirse a conveniencia de la parte.

TERCERO.- 1.-El motivo que el recurso dedica a la revisión jurídica contiene, a su vez, tres grandes apartados. Los dos primeros se dedican, con distintos matices, a negar que se hubiera desconocido la fijación de servicios mínimos, y el tercero y último se refiere a la cuantificación de la indemnización a cuyo pago ha sido condenada la empresa. En consecuencia, resolveremos dichos dos primeros apartados en primer lugar, y el tercero, en su caso, de manera autónoma.

2.-Hecha la anterior prevención, en los dos primeros apartados, el primero de los cuales se divide a su vez en subapartados, se invoca la infracción de los arts. 1 y 113.2 del Decreto 56/2024, de 12 de marzo, de reestructuración del Departamento de Empresa y Trabajo; del artículo 5.3 de la Ley 13/1989, de 14/12, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Generalitat de Catalunya; artículo 16.d) de la Ley 13/2008, de la Presidencia de la Generalitat de Catalunya y del Gobierno; infracción, por errónea interpretación, de las sentencias del Tribunal Constitucional 58/2013, de 11 de marzo y 45/2016, de 14 de marzo; del artículo 3 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, en relación con el artículo 9.3 de la CE; así como de los principios de buena fe, confianza legítima y lealtad institucional, y la de la jurisprudencia contenida en la STS 417/2023, de 9 de junio con respecto a los servicios mínimos en urgencias sanitarias.

3.-Con carácter previo a la decisión del motivo así plantado, se hace necesario un breve resumen de los hechos relevantes para el caso.

Como informa la sentencia de la Sala de instancia, el día 29 de febrero de 2024 el sindicato CGT comunicó a la autoridad administrativa la convocatoria de huelga en la empresa Ivemon Ambuláncies Egara SL, que era adjudicataria del Servicio de Transporte Sanitario Urgente y no Urgente en los lotes B, C y D correspondientes respectivamente a Lleida, Camp de Tarragona y Terres de l?Ebre, iniciándose la huelga a las 00:00 horas del día 14 de marzo de 2024, y manteniéndose de manera indefinida los martes, jueves y sábados durante las dos primeras horas de cada turno.

Por otro lado, mediante Orden del Consejero de Empresa y Trabajo de 12 de marzo de 2024, se establecieron los servicios mínimos en el ámbito territorial de las provincias de Lleida y Tarragona, consistente, por lo que ahora interesa y al margen de otras previsiones, en garantizar un 85 % de los efectivos de traslados de urgencia y de necesidad inaplazable; de los traslados en servicios de hemodiálisis y oncológicos, así como para realizar las pruebas complementarias que sean declaradas de carácter urgente y los traslados intrahospitalarios; y el traslado de pacientes dados de alta en el servicio de urgencias. A tal efecto, se decía igualmente que los servicios mínimos se debían cubrir, preferentemente, con persona que no ejerciera el derecho de huelga, y que se debía asegurar que las personas designadas para hacer los servicios mínimos recibieran una comunicación formal y efectiva de tal designación.

Pues bien, partiendo de estos datos básicos, la sentencia de la Sala de instancia tiene como probados los siguientes hechos relevantes:

- A partir del 18 de marzo de 2024 la empresa dirigió diversos correos electrónicos al sindicato convocante, sin que conste que se entendiera de manera directa con el comité de huelga. En todo caso, en las referidas comunicaciones se contenían diversos datos, pero la empresa no designó a los trabajadores para los servicios mínimos para la huelga en los días 14 y 16 de marzo de 2024.

- Tampoco consta que remitiera comunicaciones individualizadas a los trabajadores que resultaban adscritos a los servicios mínimos, al menos en los primeros días de la huelga.

- Previa presentación de la correspondiente denuncia, el día 15 de marzo de 2024 la inspección de trabajo requirió telemáticamente a la empresa para que designara al personal integrante de los servicios mínimos. Por otro lado, en el informe de 30 de abril de 2024 se hizo constar que la empresa no había cumplido con lo establecido en la Orden de fijación de servicios mínimo, que no designó en los ya indicados días 14 y 16 de marzo. La indicada inspección levantó acta de infracción el 30 de abril de 2024, acordándose luego mediante resolución administrativa de 20 de agosto de 2024 la imposición de una sanción de multa de 7.500 € por la comisión de una falta grave por no haber asignado servicios mínimos en los términos ya relatados, así como por prolongar un trabajador de transporte urgente su jornada el día 28 de marzo de 2024, y por la forma de designar los servicios mínimos.

- El día 10 de abril de 2024, y a propósito de la Orden en la que se fijaron los servicios mínimos, el adjunto a dirección del Servicio de emergencias médicas del Departament de Salut, remitió correo electrónico a la empresa en que se le reenviaba el correo electrónico enviado a su vez por el Director General de Relaciones Laborales, Trabajo Autónomo, Seguridad y Salud Laboral del Departament d' Empresa i Treball, en el que se decía que: «este departamento interpreta que se deben atender todos los servicios sanitarios urgentes y traslados inaplazables de cualquier tipología» (traducido). Este hecho provocó que la empresa realizara gestiones para comprobar si se había modificado la Orden, y que comunicara tal circunstancia a la inspectora de trabajo actuante.

- Finalmente, durante la huelga el servicio de transporte sanitario urgente

quedó cubierto al 100 %, siendo sustituidas las personas trabajadoras que secundaron la huelga que prestaban aquél por otras personas trabajadoras. Igualmente, los días 25 de julio de 2024, 29 de agosto de 2024 y 30 de septiembre de 2024 se remitieron correos electrónicos por la empresa a la sección sindical de la empresa, haciendo constar los listados de personal no adscrito a servicios mínimos para el mes de agosto, septiembre y octubre de 2024 respectivamente.

4.-Partiendo de estos datos, debemos ahora recordar la doctrina básica en la materia, en el sentido de que, una vez fijados los servicios mínimos por la autoridad administrativa, es la empresa en la que se desarrolla la huelga la responsable de adoptar las medidas necesarias para la efectividad de aquellos servicios mínimos, incluida la designación de los concretos trabajadores que hayan de prestarlos. De este modo, y como hemos dicho de manera más reciente en la STS 690/2025 de 3 de julio -rec. 205/2023-, con cita de nuestros propios precedentes:

«... no puede imputarse a la empresa una vulneración del derecho de huelga cuando se limite a cumplir la orden de la autoridad gubernativa que fija los servicios mínimos. Salvo que la empresa haya participado activamente en la fijación del contenido de la resolución administrativa la eventual vulneración del derecho fundamental de huelga que pueda contener dicha orden gubernativa será imputable a la autoridad que la dictó y no a la empresa.

Las eventuales vulneraciones del derecho de huelga que puedan imputarse en esta fase a la empresa podrán por el contrario derivarse de la adopción por la misma de decisiones que fijen servicios mínimos y no encuentren cobertura en una resolución administrativa ( sentencia de esta Sala de 17 de marzo de 2021, rec 118/2019), decisiones que, aunque exista resolución administrativa de servicios mínimos, vayan más allá de lo permitido por esa resolución ( sentencias de esta Sala de 11 de julio de 1994, rec 2134/1993, 16 de marzo de 1998, rec 1884/1997 ó 27 de noviembre de 2017, rec 1/2017) o bien de irregularidades en la designación de los concretos trabajadores a los que priva del derecho de huelga con la finalidad de cubrir dichos servicios».

5.-La proyección de los anteriores criterios al caso ahora valorado, implica que debamos apreciar la existencia de claros incumplimientos empresariales. Somos conscientes de las dificultades que en muchas ocasiones acompaña la correcta gestión de una huelga, y que ya ha motivado llamadas de atención al legislador por el TC, entre otras, en su STC 123/1990 de 2 de julio, cuando advirtió:

«El fondo del asunto muestra una vez más las consecuencias que produce en nuestro ordenamiento la falta de desarrollo adecuado del mandato que al legislador impone el art. 28.2 C.E., lo que origina una conflictividad innecesaria en relación con la fijación de los servicios esenciales, y una puesta en peligro tanto de la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales como del ejercicio legítimo del derecho de huelga, lo que exige el establecimiento de procedimientos adecuados para asegurar la necesaria ponderación de los bienes constitucionales en juego. Corresponde a la ley garantizar, mediante los instrumentos oportunos, el mantenimiento de los servicios esenciales de la Comunidad en caso de huelga, pero, al mismo tiempo, también le corresponde establecer medidas que garanticen el respeto del ejercicio legítimo del derecho de huelga, incluida la previsión de vías jurisdiccionales adecuadas ( art. 53.2 C.E.) que permitan preservar el derecho de huelga frente a las eventuales extralimitaciones y excesos en la fijación de los servicios mínimos».

Ahora bien, una cosa es que la gestión o administración de una huelga presente dificultades para la empresa, y otra que esta haga abandono, aun temporal, de sus responsabilidades, en lugar de intentar solventar los problemas que puedan plantearse. De este modo, está fuera de toda duda que la empresa no adoptó las medidas necesarias para hacer efectivos los servicios mínimos en los días 14 y 16 de marzo de 2024 y, de igual modo, que no comunicó, al menos en los momentos iniciales de la huelga, a cada trabajador afectado su adscripción a los servicios mínimos, ni tampoco se dirigió al comité de huelga a los efectos oportunos.

Sobre este último aspecto, observamos que la empresa podía tener dudas razonables relativas a dónde debía dirigir sus comunicaciones. Pero lo cierto es que hubiera bastado una gestión sencilla, como requerir a las personas cuyas direcciones de correo electrónico sí conocía, para solventar aquellas dudas.

6.-Por lo que se refiere a la cobertura del 100% del servicio de transporte sanitario urgente, en lugar del 85% que había establecido la autoridad administrativa responsable de la fijación de los servicios mínimos, somos también conscientes de las dudas y recelos que puede generar que un servicio sanitario de urgencias se atienda solo en parte, con lo que ello implica de riesgo para la vida y la integridad física de las personas usuarias.

Este reparo podía albergarse por la empresa en mayor medida, desde el momento en que, como se informa en la sentencia de la Sala de instancia, existía el precedente de las huelgas generales convocadas del 2 de octubre al 31 de octubre de 2017, el 18 de octubre de 2017 y el 8 de marzo de 2018, en las que la correspondiente autoridad administrativa autonómica había fijado la cobertura total para el transporte sanitario de urgencias de cualquier tipología y requerimiento y, específicamente, para los tratamientos oncológicos, de diálisis y oxigenoterapia, así como la realización de pruebas que fuesen urgentes a criterio del facultativo/a.

Ahora bien, si la empresa entendía que la primitiva decisión administrativa podía matizarse, debió instar al respecto las acciones oportunas, tanto de consulta como de reclamación en sentido formal y estricto. Pero no incumplir sin más la efectividad de los servicios mínimos, siendo significativo a este respecto que la posterior comunicación del Director General de Relaciones Laborales, Trabajo Autónomo, Seguridad y Salud Laboral del Departament d' Empresa i Treball, por la que se decía que, según interpretaba el indicado Departamento, la cobertura del transporte de urgencias debía ser completa, fue reenviada a la empresa el 10 de abril de 2024, en momento muy posterior a los incumplimientos de la empresa, que tuvieron lugar a partir del inicio de la huelga, que comenzó el 14 de marzo de 2024.

Como puede observarse, no se trata aquí del grado de confianza que la empresa podía albergar como consecuencia de aquella comunicación, por lo demás de naturaleza equívoca, ya que se refería a lo que interpretaba el Departamento, y no a lo que podía tenerse como servicios mínimos en sentido estricto. Sino de lo que la empresa dejó de hacer desde el comienzo de la huelga hasta ese momento. De esta manera, no apreciamos fundamento alguno a las alegaciones de la parte recurrente relativas, tanto a la competencia en el caso del Director General de Relaciones Laborales, como a la aplicación de los principios de buena fe, confianza legítima y lealtad institucional. Tales consideraciones tendrían utilidad si la empresa hubiera acomodado su actuación a un criterio administrativo existente desde el primer momento, de naturaleza tal que pudiera tener algún tipo de influencia en la representación mental de los responsables de la empresa sobre el contenido y alcance de sus obligaciones. Pero no cuando, como es el caso, la opinión considerada, insistimos, de naturaleza ambigua, se emite posteriormente a los incumplimientos objetivados. Y por eso precisamente, no nos parece de utilidad directa en el caso la valoración contenida en la STC 58/2013, de 11 de marzo, sobre la atribución a una cierta autoridad administrativa de la facultad de fijar los servicios mínimos que se cita en la sentencia de instancia, y a la que alude el recurso que ahora resolvemos.

Del mismo modo, tampoco resulta relevante para el caso la STS 417/2023 de 9 de septiembre de 2023 -rec. 263/2021- que se invoca en el recurso, y que se refiere a un caso distinto al presente, en cuanto en aquel la autoridad gubernativa fijó unos servicios mínimos «que debían garantizar el normal funcionamiento del SEM», resultando que dicha orden no fue impugnada judicialmente, de forma tal que «cuando la empresa fijó unos servicios mínimos del 100% del personal de ese servicio se limitó a cumplir lo acordado por la autoridad. No se puede condenar a una empresa por vulnerar el derecho fundamental a la huelga de sus trabajadores, así como al pago de una indemnización de daños y perjuicios, cuando el empleador se ha limitado a cumplir la orden de la autoridad gubernativa que fijaba los servicios mínimos, la cual no ha sido impugnada judicialmente», situación que, como se viene explicando, es distinta a la ahora considerada en la que la autoridad gubernativa había fijado un porcentaje preciso de cobertura del transporte de urgencia, del 85%.

7.-Finalmente, y en cuanto afecta a la sustitución de las personas trabajadoras que secundaron la huelga, tal como se deriva de la información de la sentencia de instancia, esta conducta tuvo dos manifestaciones. De un lado, se dice que el día 28 de marzo de 2024 en uno de los tres transportes urgentes que no estaba en servicios mínimos, se sustituyó a quien ejercía su derecho a la huelga por el sanitario que debía haber finalizado su jornada a las 8:00 horas, al que se solicitó que prolongara su jornada para cubrir a la compañera en huelga. Y, de otro lado, se argumenta expresamente en la sentencia de instancia que la sustitución de trabajadores huelguistas no se produjo solo en la indicada ocasión, sino que, además, y por el contrario a lo afirmado por la empresa, resulta que en los centros de la base de Terre de l?Ebre y de Tarragona, durante el mes de marzo se procedió a cubrir a los huelguistas con otros trabajadores, tanto en transporte urgente, como algunas unidades de transporte sanitario no urgente excluidos de servicios mínimos que se encontraban en situación de parada en reserva y, por consiguiente no se habían asignado a ninguna persona trabajadora.

Recordemos ahora que, a tenor del art. 6.5 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo: «En tanto dure la huelga, el empresario no podrá sustituir a los huelguistas por trabajadores que no estuviesen vinculados a la empresa al tiempo de ser comunicada la misma, salvo caso de incumplimiento de las obligaciones contenidas en el apartado número 7 de este artículo».

El transcrito precepto se refiere al que ha sido calificado como esquirolaje externo, esto es, el recurso a personal ajeno a la empresa para mitigar o neutralizar los efectos de la huelga. Pero la prohibición se refiere igualmente, como hemos dicho reiteradamente, también al esquirolaje interno, esto es, al referido al propio personal no huelguista de la empresa. De este modo, hemos afirmado en nuestra STS 645/2025 de 24 de junio -rec. 185/2023-, con cita de nuestros propios precedentes y, en particular, de las SSTS STS 962/2023 de 8 de noviembre -rec. 204/2021- y 1199/2024. de 16 de octubre -rec 211/2022-:

«[...] En particular, respecto del esquirolaje interno, la doctrina constitucional parte de la consideración de que la sustitución interna de huelguistas durante la medida de conflicto constituye un abuso empresarial, en tanto que el poder de organización y dirección de la empresa "...no puede alcanzar a la sustitución del trabajo que debían haber desempeñado los huelguistas por parte de quien en situaciones ordinarias no tiene asignadas tales funciones; ya que en tal caso quedaría anulada o aminorada la presión ejercida legítimamente por los huelguistas a través de la paralización del trabajo ...por ello, ni el empresario puede imponer a los trabajadores no huelguistas la realización de las tareas que corresponden a los que secundaron la convocatoria, ni los trabajadores que libremente decidieron no secundarla pueden sustituir el trabajo de sus compañeros. Esa regla general admite dos excepciones, conectadas a las previsiones legales sobre el aseguramiento de determinados servicios mínimos esenciales para la comunidad ( art. 10 del Real Decreto-ley 17/1977) y a las previsiones sobre los servicios de seguridad y de mantenimiento en la empresa ( art. 6.7 del Real Decreto-ley 17/1977)". Por todas, véase la STC 33/2011 de 28 marzo, seguida por nuestras SSTS de 8 junio 2011 (rec. 144/2010), 5 diciembre 2012 (rec.265/2011), 20 abril 2015 (rec. 354/2012) y 13 enero 2020 (rec. 138/2018), entre otras).

Al conectar el ejercicio del derecho de huelga con el ius variandi empresarial y respecto de la sustitución interna de los huelguistas, es claro que tal proceder "constituye un ejercicio abusivo del ius variandi empresarial, derecho que, con los límites legalmente previstos, corresponde al empresario en otras situaciones. Pero en un contexto de huelga legítima el referido ius variandi no puede alcanzar a la sustitución del trabajo que debían haber desempeñado los huelguistas por parte de quien en situaciones ordinarias no tiene asignadas tales funciones; ya que, en tal caso, quedaría anulada o aminorada la presión ejercida legítimamente por los huelguistas a través de la paralización del trabajo. Por ello, ni el empresario puede imponer a los trabajadores no huelguistas la realización de las tareas que corresponden a los que secundaron la convocatoria, ni los trabajadores que libremente decidieron no secundarla pueden sustituir el trabajo de sus compañeros. Esa regla general admite dos excepciones, conectadas a las previsiones legales sobre el aseguramiento de determinados servicios mínimos esenciales para la comunidad ( art. 10 del Real Decreto-ley 17/1977), y a las previsiones sobre los servicios de seguridad y de mantenimiento en la empresa ( art. 6.7 del Real Decreto-ley 17/1977)" ( STC 17/2017, de 2 de febrero)"».

Como también dijimos entonces, habrá de estarse a las circunstancias del caso que permitan valorar en plenitud todas las implicaciones concurrentes. Y en el supuesto que ahora nos ocupa, no apreciamos ningún factor adicional de suficiente relevancia que permita matizar el significado y entidad de la conducta de la empresa al suplir a trabajadores huelguistas.

Ello significa, en definitiva, que debamos rechazar las consideraciones del motivo que ahora resolvemos, encaminadas a sostener la inexistencia de incumplimientos empresariales en orden a la gestión de los servicios mínimos, en los términos explicados en las anteriores consideraciones.

CUARTO.- 1.-Quedaría por resolver el último apartado del único motivo de revisión jurídico en el que, con marcada autonomía conceptual, se cuestiona la cuantía de la indemnización por daños y perjuicios acordada en la sentencia de instancia, con cita de la jurisprudencia que se entiende relevante en el caso.

En este punto y como tenemos reiteradamente dicho, entre otras muchas y por citar una de las más recientes, en nuestra STS 967/2025 de 17 de octubre -rec. 39/2024-:

«... en la materia relativa a la determinación de la indemnización compensatoria por la vulneración de derechos fundamentales, la cuantía fijada prudencialmente por el órgano judicial de instancia sólo ha de ser corregida para suprimida o moderarla cuando se presente desorbitada, injusta, desproporcionada o irrazonable ( SSTS 440/2016, de 18 mayo -rec. 150/2015-, 920/2016, de 2 noviembre -rec 262/2015, 583/2021, de 27 mayo -rec 151/2019- o 745/2025 de 18 de julio -rec. 182/2023).

Por otro lado, hemos avalado también la utilización a título orientativo del importe de las sanciones de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS), para la determinación de la cuantía de la indemnización por la vulneración de derechos fundamentales, cuando sea difícil su fijación concreta, siempre que se acompañe de una valoración de las circunstancias concurrentes en el caso concreto ( SSTS 962/2023, de 8 de noviembre -rec. 204/2021-, 267/2023, de 12 abril -rec. 4/2021-, 356/2022, de 20 abril -rec. 2391/2019- y 179/2022, de 23 febrero -rec. 4322/2019-); circunstancias que pueden «la antigüedad del trabajador en la empresa, la duración de la vulneración del derecho fundamental, la intensidad de la misma, las consecuencias que se deriven para el trabajador, la posible reincidencia en las conductas vulneradoras de los derechos fundamentales, el carácter pluriofensivo de la lesión y, el contexto en el que se haya realizado la conducta o la actitud tendente a impedir el ejercicio del derecho transgredido» ( STS 745/2025 de 18 de julio de 2025 -rec. 182/2023-)».

2.-La proyección de los anteriores criterios al caso considerado implica la necesaria confirmación, también en este aspecto, del criterio de instancia. En efecto, debe recordarse ahora que la parte demandante solicitaba inicialmente el abono de la cantidad de 800.000 € en concepto indemnizatorio, que la Sala de instancia ha reducido a 30.001 €, partiendo para ello de la base de que el art 8.10 de la LISOS tipifica como falta muy grave «los actos del empresario lesivos del derecho de huelga de los trabajadores consistentes en la sustitución de los trabajadores en huelga por otros no vinculados al centro de trabajo al tiempo de su ejercicio, salvo en los casos justificados por el ordenamiento», tipo obviamente orientativo, en cuanto se refiere al esquirolaje externo, mientras que el ahora considerado, como ya dijimos, es el interno.

A partir de dicho momento, la Sala de instancia acomete una valoración minuciosa y equilibrada, en cuanto tiene en cuenta todos los factores relevantes y, en particular, la pluralidad y entidad de las conductas cometidas, su persistencia durante cierto tiempo y la necesidad de intervención de la inspección de trabajo, para calificar la infracción como muy grave. Y, a su vez, concluye que no puede incluirse en el grado máximo, sino en el medio, teniendo en cuanta que la empresa fue modulando su actuación a medida que la inspección le requería al efecto. Y teniendo a la vista, en todo caso, la cifra de negocio de la empresa (60.812.920 € en el año 2022), así como el escaso seguimiento de la huelga, aunque este factor se devalúa en cuanto no puede deslindarse de la actitud obstativa por parte de la empresa.

De este modo y en atención a la indicada valoración, la Sala de instancia concluye, a la vista del art. 40.1 c) de la LISOS, que lo procedente es fijar la indemnización, como ya dijimos, en 30.001 €, correspondiente a la multa mínima del grado medio de las infracciones muy graves.

3.-Como se viene diciendo, y como se deriva de su simple enunciación, el criterio de la instancia se muestra perfectamente equilibrado, en cuanto ha tenido en cuenta todas las circunstancias concurrentes de manera detallada y ponderada. Y, en consecuencia, no cabe sino confirmar también su decisión en este extremo.

QUINTO.-La consecuencia de cuanto antecede, es que deba desestimarse en su integridad el recurso presentado, tal como tenía interesado el Ministerio Fiscal en su informe, con la consiguiente confirmación de la sentencia de la Sala de instancia.

Procede la imposición de costas al amparo del art. 235 de la LRJS, y con pérdida del depósito y la consignación a tenor de los arts. 217 y 229 del mismo texto.