Sentencia Social 33/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 216/2024 de 16 de enero del 2026

PRIMERO.- 1.La cuestión controvertida versa sobre la legalidad y validez del punto cuarto de un acuerdo alcanzado el 10 de febrero de 2023 en el seno del comité interempresas de Airbus España. En ese acuerdo se establece el procedimiento a efectos del descuento en nómina de los tiempos dedicados a asambleas y paros. De acuerdo con lo pactado cuando el paro o la asamblea haya sido convocado por un órgano de representación unitaria o por la mayoría sindical se realiza el descuento en nómina de manera automática y será el manager el que deberá registrar los empleados que no hayan seguido la asamblea o paro para que no se les efectúe el descuento. Por el contrario cuando las convocatorias procedan de sindicatos que no sumen la mayoría del órgano de representación unitaria se procederá a la inversa, esto es, no se aplicará descuento en nómina salvo a los empleados cuya asistencia a la asamblea o paro sea constatada por el manager.

La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó demanda de conflicto colectivo contra Airbus Operations S.L., Airbus Defence and Space SAU, Airbus Helicopters España S.A. y las organizaciones sindicales CCOO, UGT, ATP-SAE y el Comité Interempresas de Airbus España. En el suplico de la demanda se pide que se declare la nulidad del citado punto cuarto del acuerdo considerando que vulnera el derecho de huelga ( artículo 28.2 de la Constitución), el derecho de libertad sindical ( artículos 7 y 28.1 de la Constitución) y el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación ( artículo 14 de la Constitución). Sostiene que ese procedimiento obliga a los trabajadores que secundan convocatorias minoritarias a "significarse" ante la empresa, lo que genera temor a represalias y obstaculiza el ejercicio del derecho, que además supone un trato peyorativo e injustificado hacia los sindicatos minoritarios, ya que para las centrales mayoritarias el descuento es automático y no requiere acción del trabajador y un control ideológico de los trabajadores por parte de la empresa, ya que permite que ésta pueda crear listados de trabajadores en función de su afinidad política mediante este control de seguimiento.

2.La sentencia recurrida, dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, desestimó la demanda. En cuanto a la alegada vulneración del derecho de huelga razona que el acuerdo impugnado regula asambleas y paros que, según el convenio, son tiempos retribuidos (no productivos), lo cual es incompatible con el concepto de huelga, que conlleva suspensión de sueldo y cotización. En cuanto a la vulneración del derecho de libertad sindical considera que el registro se realiza a posteriori por el manager y no por el trabajador y el conocimiento empresarial es necesario para el abono de salarios y el control de tiempos no productivos. Sobre la vulneración del derecho de igualdad y la prohibición de discriminación la Audiencia Nacional dice que el acuerdo no habla de "sindicatos mayoritarios", sino de "mayoría sindical", de manera que lo que determina la aplicación de uno u otro sistema no es el sindicato que convoque, sino si la convocatoria cuenta con mayoría dentro del órgano de representación y en ese sentido considera acreditado que sindicatos como UGT o CCOO fueron sometidos al procedimiento de registro individualizado cuando su convocatoria en un centro concreto había sido minoritaria.

3.El sindicato CGT presenta recurso de casación con un único motivo, amparado en la letra e del artículo 207 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, alegando la infracción de los artículos 14, 7, 28.1 y 28.2 de la Constitución.

4.Las empresas demandadas del grupo Airbus (Airbus Helicopters España SA, Airbus Operations Sl y Airbus Defence and Space SA), actuando unitariamente, así como los sindicatos CCOO y UGT presentaron escritos de impugnación del recurso de casación oponiéndose a la estimación del mismo.

5.El Ministerio Fiscal en su informe se expresa en contra de la estimación del recurso en base a los argumentos de la propia sentencia de instancia.

SEGUNDO.- 1.Como hemos dicho el único motivo de casación, amparado en la letra e del artículo 207 LRJS, denuncia la vulneración de los artículos 14, 7, 28.1 y 28.2 de la Constitución. Sostiene la parte recurrente que el citado acuerdo sí afecta al derecho de huelga, porque el hecho de no asistir al trabajo por el seguimiento de "paros" convocados por los órganos de representación unitaria de las personas trabajadoras o por los sindicatos no es sino el ejercicio del derecho de huelga. Destaca que el sistema implica que los empleados/as que secunden asambleas o paros tienen que comunicar a la empresa el seguimiento de los mismos para que se les apliquen los correspondientes descuentos en nómina, mientras que dichos descuentos los realiza la empresa de forma automática si la convocatoria de las asambleas o paros se realiza por la mayoría sindical, mientras que anteriormente el procedimiento era único y, como consta en la sentencia de la Audiencia Nacional, que lo asume como hecho probado, con anterioridad a instaurarse el nuevo sistema, caso de convocarse un paro o asamblea, se procedía a cargar en el sistema a la totalidad de los trabajadores del centro para a posteriori, por parte del manager correspondiente, proceder a extraer del sistema a aquéllos trabajadores que no habían secundado el paro o no habían acudido a la asamblea. No se trata, dice el recurso, de que la diferencia de procedimientos, que obliga a los trabajadores que siguen un paro o asamblea convocado por una minoría sindical a significarse frente a la empresa, implique una vulneración del derecho de libertad sindical de un concreto sindicato, sino que vulnera la libertad sindical de aquel sindicato que realice en cada caso una convocatoria minoritaria e impone una restricción desproporcionada al ejercicio de la libertad sindical por parte de los trabajadores que secunden un paro o asamblea cuando la convocatoria no sea realizada por la mayoría. Dice el sindicato recurrente que en esos supuestos la medida, aunque no implique preavisar a la empresa del seguimiento del paro o asamblea, produce un efecto potencialmente disuasorio para los trabajadores/as en tanto que activamente tienen que comunicar a la empresa su personal adhesión, obligándoles a significarse y así antes de secundar la asamblea o paro, ya saben que, si lo secundan, necesariamente se van a significar frente a la empresa, situación que no se da cuando aquellos son convocados por la mayoría sindical.

2.Para comenzar hemos de aclarar algunos puntos importantes.

El primero es el relativo a la vinculación de la conducta de los trabajadores que siguen la convocatoria de un sindicato para participar en una determinada actividad con el derecho fundamental de libertad sindical. El sindicato recurrente cita la sentencia del Tribunal Constitucional 134/1994, de 9 de mayo, cuando dice:

"Desde un punto de vista individual, las facultades que, en su vertiente organizativa y de actividad, integran el derecho de libertad sindical tienen, en principio, como titulares a los afiliados a los sindicatos. A ellos les corresponde el derecho de afiliarse o de no afiliarse al sindicato y, una vez que hayan optado por la afiliación, el de participar en la actividad sindical. Sin embargo, este derecho no ha de ser entendido en modo tal que se excluya en todo caso de la titularidad del derecho de actividad sindical a los trabajadores no afiliados a un sindicato. En la medida en que el sindicato tiene entre sus principales tareas y medios la de implicar en la acción sindical no sólo a los que ya son miembros del sindicato, sino al mayor número de trabajadores afectados e implicados en el mismo interés protegido en cada caso por el sindicato, no resultaría admisible que ante una misma actividad organizada o promovida por un sindicato los afiliados al mismo que la siguieran estuviesen cubiertos por la garantía del art. 28.1 C.E. y, en cambio, los trabajadores que no estuvieran afiliados, siguiendo la misma actividad y realizando los mismos actos, carecieran de esta cobertura. Cuando una actividad de un sindicato tiene proyección externa y se dirige a todos los trabajadores, afiliados y no afiliados, el derecho constitucional a la libertad de acción sindical debe proteger a todos los trabajadores que participen en la misma. En realidad, de no entenderse así el alcance del art. 28.1 C.E., no sólo se dejaría desprotegidos a los trabajadores, sino que, indirectamente, se afectaría de forma grave a los propios sindicatos y a las funciones que la Constitución les reconoce, puesto que las actividades no declaradas ilícitas dirigidas a todos los trabajadores -que son, sin duda, las de mayor relieve-, podrían verse frustradas al no ofrecer a todos los destinatarios la referida garantía constitucional.

En suma, el art. 28.1 C.E. no puede ser entendido de modo tal que quede en todo caso fuera de su ámbito de tutela la actividad sindical de aquellos trabajadores que siguiendo una actividad no declarada ilícita programada o promovida por asociaciones sindicales o en las que éstas tengan un particular interés no estén afiliados a las mismas. La represalia o sanción frente a esas conductas vulneraría el art. 28.1 C.E. El propio legislador lo ha entendido así, al incluir en la sanción de nulidad los actos o normas que supongan discriminación "por razón de la adhesión ... a sus acuerdos (del sindicato) o al ejercicio en general de actividades sindicales" ( art. 12 L.O.L.S.), y también en términos análogos se ha pronunciado anteriormente este Tribunal (SSTC 38/1981 y 197/1990).

d) El derecho reconocido en el art. 28.1 C.E., como derecho de libertad que es, se ve vulnerado por la injerencia ilícita no sólo de la Administración ( SSTC 23/1983, 143/1991 y 75/1992), sino también del propio empresario, el cual debe abstenerse de toda interferencia en el ejercicio del derecho de libertad sindical y, por supuesto, de adoptar represalias contra los trabajadores que legítimamente ejerzan la actividad sindical. Por ello la conducta que consiste en la intromisión ilícita en el ámbito del derecho fundamental se ha de considerar radicalmente nula ( STC 38/1981)"

Y, efectivamente, es innegable que el trabajador individual que secunda la convocatoria de un sindicato a una determinada acción colectiva, aunque no esté afiliado al mismo, está amparado por el derecho fundamental de libertad sindical (o, en su caso, de huelga, si esa es la actividad convocada), en tanto en cuanto la propia convocatoria sindical esté amparada por el derecho fundamental.

El segundo es que el concepto de "paro", cuando el mismo implica la cesación en el trabajo por razón de una convocatoria del órgano de representación unitaria o de un sindicato, debe entenderse como sinónimo de huelga y comprendido dentro del derecho fundamental del artículo 28.2 de la Constitución. No es fácilmente comprensible la apreciación contenida en la sentencia de instancia, en base a un hecho que en los antecedentes figura como conforme, sobre que esos paros serían retribuidos, cuando resulta que precisamente estamos ante un conflicto sobre el procedimiento que se sigue para determinar a qué trabajadores debe aplicarse un descuento en nómina por haber seguido el mismo. En todo caso, aún en el supuesto de que en una empresa se pacte el mantenimiento de la retribución durante el ejercicio del derecho de huelga, la dejación del desempeño laboral por convocatoria sindical formaría parte del mismo. Cuestión distinta sería qué naturaleza jurídica corresponda a dicho abono, lo que aquí no se discute.

En cuanto al concepto de asamblea, este no es sino una manifestación del derecho fundamental de reunión del artículo 21 de la Constitución. El artículo 77 del Estatuto de los Trabajadores, que desarrolla ese derecho en el marco de la empresa y de la actividad sindical, no contempla que el mismo justifique o permita alteraciones de la producción, de manera que a priori no justificaría interrupción alguna del trabajo. El artículo 8.1 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de libertad sindical, contempla igualmente las reuniones de los afiliados de un sindicato en la empresa, pero "fuera de las horas de trabajo y sin perturbar la actividad normal de la empresa". Si este fuera el régimen aplicable en la empresa no aparecería justificada la perturbación de la producción y la inasistencia al puesto de trabajo con motivo de la celebración de una asamblea y si no se produjese inasistencia al trabajo desde luego sería improcedente cualquier descuento en nómina por tal causa. Ahora bien, como quiera que las partes no cuestionan este extremo, habremos de partir de que el régimen aplicado en la empresa, más favorable que el resultante estrictamente de la aplicación de la Ley, implica la posibilidad de que la celebración de asambleas de trabajadores justifique la inasistencia al trabajo. Nada obstaría entonces a que la inasistencia al trabajo por asistencia a la asambleas sindicales pudiera dar lugar, como en el caso de la huelga, a descuentos en nómina, aún cuando conste igualmente como hecho conforme que se trata de periodos retribuidos, aunque no productivos, sin que quede claro el significado que las partes atribuyen a esos términos.

En ambos casos los concretos derechos constitucionales afectados (huelga y reunión) se enmarcarían en el derecho de libertad sindical, de más amplio alcance, como manifestaciones de actividades sindicales propias del ejercicio de ese derecho.

3.Establecido lo anterior, debemos recordar que la mera posibilidad del descuento en nómina viene determinada por el conocimiento por parte de la empresa de los trabajadores que se han ausentado del puesto de trabajo con motivo de la celebración de un paro o asamblea, como ocurriría en el caso del ejercicio del derecho de huelga. Si no hay ausencia del puesto de trabajo, por cuanto el paro o asamblea no coincidiese con el turno laboral del concreto trabajador, no queda justificado ningún tipo de descuento salarial. Por tanto lo que determina el descuento salarial es la ausencia del puesto de trabajo en aquellas horas y días en que debe ser prestado. Con carácter general una empresa está habilitada para efectuar ese descuento salvo cuando la persona trabajadora acredite que su ausencia ha venido producida por una causa que la norma aplicable protege con el mantenimiento de la retribución y este no es el caso de las huelgas, en las que procede el descuento salarial.

Siendo obligatorio legalmente el registro de la jornada realizada por los trabajadores, no parece que la práctica del descuento en nómina exija de ninguna declaración del trabajador, bastando con la mera constatación de la ausencia al trabajo. De hecho el recurso se separa de los hechos declarados probados, porque en los mismos no se dice que el trabajador deba manifestar (en las convocatorias realizadas por minorías sindicales) que se ha adherido a las mismas, sino que es el "manager" el que debe realizar las oportunas constataciones. Por tanto no podemos admitir como base de nuestro razonamiento el que se haya establecido una obligación de declaración individual que no resulta de los hechos probados.

Lo cierto es que el ejercicio del derecho de huelga (y en este caso de los paros y asambleas, según se viene a admitir por las partes) constituye una causa justificativa de la ausencia del trabajador, aún cuando proceda el descuento en nómina como consecuencia. La mera ausencia no justificada constituiría una falta laboral sancionable, pero esto no ocurre cuando la ausencia deriva del ejercicio de un derecho fundamental como el de huelga u otros que se vienen a equiparar en la empresa como forma de ejercicio de la libertad sindical. En principio la obligación del trabajador que se ha ausentado del puesto de trabajo con una justa causa (independientemente del descuento en nómina que proceda hacer) es alegar y probar esa causa cuando la empresa se lo solicite. Cuando se trata del ejercicio del derecho de huelga (o de los derechos análogos de paro y asamblea que así se han configurado en la empresa) no se exige desde luego ningún preaviso para su ejercicio, pero en cuanto implican una ausencia al trabajo, ello implica que si la empresa requiere alguna explicación sobre la misma al trabajador le base con manifestar que la causa de su ausencia ha sido el seguimiento de la huelga (o paro o asamblea). Esa necesidad es inherente al ejercicio del derecho de huelga, de manera que ante una ausencia al trabajo la empresa desde luego puede requerir una explicación del trabajador y éste puede verse por ello obligado a manifestar que se ha adherido a una convocatoria sindical de huelga. Por ello no puede considerarse esa necesidad de manifestación a la empresa de la adhesión como una limitación desproporcionada del mismo. El trabajador que deja de asistir a su puesto de trabajo como motivo de su adhesión a una huelga (o sus análogos de paro y asamblea en el caso de esta empresa) debe desde luego ser consciente de que, si la empresa le requiere una justificación de su ausencia, se puede ver obligado a manifestar que fue producida por el ejercicio del derecho de huelga. Por supuesto, existiendo una convocatoria, bastará con su mera declaración posterior, sin otras exigencias y sin que tampoco se le puedan imponer requisitos o procedimientos exorbitantes. Por tanto la Sala no puede compartir la argumentación central del recurso sobre la naturaleza disuasoria de la necesidad de justificar la ausencia al trabajo, cuando la empresa la solicita, aunque esa ausencia sea debida al ejercicio de un derecho fundamental como el de huelga. Todo ello en tanto en cuanto no concurran circunstancias adicionales que supongan una carga excesiva o impliquen una estigmatización, pero esas circunstancias aquí no constan.

Y en base a lo anterior no podemos considerar vulnerado ese derecho fundamental como se pretende en el recurso.

4.Descartada la vulneración del artículo 28.2 de la Constitución por la exigencia de declaración justificativa de la ausencia, el núcleo esencial del recurso queda sin contenido. El problema se circunscribiría a una diferencia de trato, pero la misma no vendría determinada por razón de afiliación a un determinado sindicato, ya que, como claramente reconoce el recurrente, el afectado no sería un concreto sindicato, sino en cada caso aquel sindicato que realizase una convocatoria en minoría. Descartada así la discriminación entre sindicatos y no argumentándose ningún criterio de discriminación constitucional o legalmente prohibido, el recurrente insiste en alegar, como elemento vulnerador del derecho a la libertad sindical, en su vertiente individual de adhesión a las convocatorias sindicales, el efecto disuasorio que tiene la obligación de justificar la ausencia por adhesión a la convocatoria sindical minoritaria. Pero ya hemos dicho que esa obligación de justificación constituye precisamente el régimen ordinario de ejercicio del derecho y no puede considerarse como una restricción desproporcionada o ilícita del mismo.

5. La Audiencia Nacional en su sentencia nos dice lo siguiente:

"No es un hecho controvertido que con anterioridad a instaurarse el nuevo sistema, caso de convocarse un paro o asamblea, se procedía a cargar en el sistema a la totalidad de los trabajadores del centro para a posteriori, por parte del manager correspondiente, proceder a extraer del sistema a aquéllos trabajadores que no habían secundado el paro o no habían acudido a la asamblea. Según expresó la letrada de la empresa, tal forma de funcionar provoca grandes distorsiones a la hora de llevar un adecuado registro de los trabajadores afectados, y control de las nóminas, proponiéndose el cambio al nuevo sistema para facilitar dicha labor".

Es decir, que con anterioridad se hacía un descuento en nómina a todo el personal automáticamente tras un paro o asamblea, salvo que el manager constatase su asistencia al trabajo. Este sistema es el que se viene a aplicar exclusivamente desde el acuerdo indicado a las convocatorias "mayoritarias". Ese sistema implica aplicar una presunción de adhesión a la convocatoria sindical de todos los trabajadores que no han asistido a su puesto de trabajo, lo que alivia el trabajo administrativo. Precisamente por el carácter mayoritario de la convocatoria, existe una lógica racional para aceptar esa presunción de que las inasistencias al trabajo se deben al seguimiento de la convocatoria, presunción que permite eximir de una declaración individualizada a los trabajadores que se ausentan de sus puestos. Esa presunción carecería de fundamento, sin embargo, en el caso de convocatorias minoritarias.

Si hubiera dudas de legalidad del procedimiento establecido las mismas girarían sobre esa presunción de que el trabajador que se ha ausentado de su puesto de trabajo en periodo coincidente con la convocatoria "mayoritaria" de un paro o asamblea lo ha sido por razón de su adhesión a la misma, puesto que habría que ponderar proporcionadamente si la razonabilidad de aliviar el trabajo administrativo de exigir las justificaciones individualizadas permite el sacrificio que implica, en sentido inverso, de lo que podríamos considerar la libertad sindical en su vertiente negativa, al dar al trabajador por adherido automáticamente a la convocatoria. Pero el recurso no cuestiona esto, ya que todo su razonamiento se dirige, en sentido contrario, a reclamar tal presunción también en el caso de las convocatorias minoritarias.

Por tanto la Sala no puede transitar un camino contrario a lo que el recurrente está pidiendo y que llevaría a exigir la justificación individualizada en todas las convocatorias, mayoritarias y minoritarias. Limitándonos a la pretensión de que esa presunción se aplique a todas las convocatorias, también a las minoritarias, la misma no puede ser estimada, porque el único argumento que se utiliza para ello es el carácter disuasorio de la exigencia de manifestación individualizada de adhesión y, por las razones que hemos expuesto, no lo hemos admitido, sin que por lo demás la aplicación de esa presunción en los términos analizados implique una discriminación entre los distintos sindicatos, como también hemos visto.

TERCERO.- 1.Lo anteriormente razonado, de conformidad con el Ministerio Fiscal, obliga a desestimar el recurso de casación.

2.De conformidad con el artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social no se hace expresa imposición de costas, debiendo asumir cada parte las causadas a su instancia.