Sentencia Social 937/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 5091/2023 de 16 de octubre del 2025

PRIMERO.- 1.La cuestión suscitada en el presente recurso de casación para la unificación de doctrina es la de determinar la competencia funcional de la Sala de suplicación cuando la cantidad reclamada supera los 3.000 euros, siendo la cuestión debatida el derecho a diferencias salariales por la realización de funciones de superior categoría que, en cómputo anual, es inferior a esa suma.

2.La parte actora recurre la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 25 de septiembre de 2023, que rechaza la competencia funcional de la Sala, al considerar que la sentencia de instancia no era susceptible de ser recurrida en suplicación, partiendo del hecho de que la cuantía anual que correspondería abonar a la demandante por los pluses reclamados no supera el límite de 3.000 € previsto legalmente para dar acceso al recurso, y ello aun cuando la concreta cuantía demandada (8.616,64 €), sí sobrepasa aquel umbral. Aplicando dicho criterio, la Sala deja firme la sentencia dictada en la instancia, que había desestimado la pretensión de la parte actora.

3.El informe del Ministerio Fiscal interesa la estimación del recurso y la devolución de las actuaciones a la Sala remitente para que partiendo de la recurribilidad de la sentencia de instancia, conozca del recurso de suplicación interpuesto. Cita la sentencia del Tribunal Supremo 1007/2018, de 4 de diciembre, dictada en el rcud 611/2016, de Pleno, la cual recoge la doctrina de la Sala sobre fijación de cuantía litigiosa a efectos de la admisibilidad de los recursos de suplicación.

4.En el escrito de impugnación del recurso, la representación de la Xunta de Galicia se opone a su admisión, considerando que estamos ante una reclamación de cantidad, no una reclamación de derecho.

SEGUNDO.-1.La sentencia invocada de contraste es la dictada por este Tribunal Supremo: STS 867/2021, de 8 de septiembre, rcud 2978/2018.

Estando concernido el orden público procesal no resulta necesario dilucidar la existencia de la contradicción exigida en el art. 219 LRJS. La Sala debe analizar de oficio la concurrencia o no de la competencia funcional para enjuiciar el litigio (por todas SSTS 467/2021, de 29 de abril, rcud 299/2019 y 123/2023, de 8 de febrero, rcud 251/2022), lo que conduciría en su caso a declarar la nulidad de la sentencia impugnada, que no debió examinar la cuestión de fondo planteada y, por tanto, declarar la irrecurribilidad de la dictada en la instancia por falta de cuantía y de afectación general.

2.Exponemos en primer lugar los hechos que han determinado la pretensión y que permiten así mismo centrar el debate sobre el acceso al recurso de suplicación de la sentencia dictada en la instancia, por lo que excluiremos cualquier dato atinente al fondo que no resulte de interés a los efectos de determinación de la recurribilidad cuestionada.

Según recoge la sentencia recurrida, el actor don Salvador presta servicios para la Conselleria del Medio Rural de la Xunta de Galicia con la categoría profesional de peón-conductor (grupo V, personal subalterno, de vigilancia y de servicios específicos no titulados), con destino en el Distrito ambiental III Santiago Meseta Interior y con una antigüedad de 1 de marzo de 2008. Durante los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, el Jefe de cuadrilla (grupo III) se ausentó durante diversos periodos de tiempo debido a vacaciones, permisos, descanso semanal, incapacidad temporal o cualquier otra circunstancia, durante los cuales el actor estuvo trabajando como tal. Pidió en demanda las diferencias salariales entre su categoría y la que ostentó como jefe de cuadrilla en las fechas señaladas en su demanda. La cantidad inicialmente reclamada en demanda fue de 2.991,41 euros, pero la misma fue ampliada por escrito de aclaración en relación a los años 2018, 2019 y 2020 por un total de 8.616,64 euros. La demanda fue desestimada por el juzgado y, recurrida en suplicación, la Sala apreció la falta de competencia funcional.

3.Reproducimos a continuación las normas a considerar en materia de acceso al recurso de suplicación.

a) El art. 191.2 g) LRJS establece que no procederá el recurso de suplicación en los procesos relativos a las siguientes materias:

«g) Reclamaciones cuya cuantía litigiosa no exceda de 3.000 euros»

b) Por su parte, el art. 192, sobre "Determinación de la cuantía del proceso", dispone lo siguiente:

«1. Si fuesen varios los demandantes o algún demandado reconviniese, la cuantía litigiosa a efectos de la procedencia o no del recurso, la determinará la reclamación cuantitativa mayor sin intereses ni recargos por mora.

2. Si el actor formulase varias pretensiones y reclamare cantidad por cada una de ellas, se sumarán todas para establecer la cuantía.

Cuando en un mismo proceso se ejerciten una o más acciones acumuladas de las que solamente alguna sea recurrible en suplicación, procederá igualmente dicho recurso, salvo expresa disposición en contrario.

3. Cuando la reclamación verse sobre prestaciones económicas periódicas de cualquier naturaleza o diferencias sobre ellas, la cuantía litigiosa a efectos de recurso vendrá determinada por el importe de la prestación básica o de las diferencias reclamadas, ambas en cómputo anual, sin tener en cuenta las actualizaciones o mejoras que pudieran serle aplicables, ni los intereses o recargos por mora. La misma regla se aplicará a las reclamaciones de reconocimiento de derechos, siempre que tengan traducción económica.

4. En impugnación de actos administrativos en materia laboral y de Seguridad Social se atenderá, a efectos de recurso, al contenido económico de la pretensión o del acto objeto del proceso cuando sea susceptible de tal valoración y, en su caso, en cómputo anual. Cuando se pretenda el reconocimiento de un derecho o situación jurídica individualizada, la cuantía vendrá determinada por el valor económico de lo reclamado o, en su caso, por la diferencia respecto de lo previamente reconocido en vía administrativa. Cuando se pretenda la anulación de un acto, incluidos los de carácter sancionador, se atenderá al contenido económico del mismo. En ambos casos no se tendrán en cuenta los intereses o recargos por mora. En materia de prestaciones de Seguridad Social igualmente valorables económicamente, se estará a la regla del apartado 3 de este mismo artículo, computándose exclusivamente a estos fines las diferencias reclamadas sobre el importe reconocido previamente en vía administrativa».

4.La sentencia invocada como contradictoria viene a reiterar los criterios de la STS IV 1007/2018, de 4 de diciembre, rcud 611/2016, dictada en Pleno, y en la que se clarificó y sistematizó la doctrina existente sobre la materia.

En orden a la determinación de la cuantía litigiosa, en esta última recordábamos que: «la cuantía de una pretensión viene determinada por la solicitud de la demanda lo que, a su vez, condiciona el acceso al recurso de suplicación "sin que se contemple en nuestras normas procesales una cuantía para la demanda y otra distinta para el recurso ["summa gravaminis"] ( SSTS 22/01/02 -rcud 620/01-; 14/05/02 -rcud 2494/01-; 14/05/02 -rcud 2204/01-; 24/05/02 -rcud 2753/01-; 25/06/02 - rcud 3218/01-; 25/09/02 -rcud 93/02-; y 15/02/05 -rec. 264/04-); b) es inasumible la sinonimia entre cantidad litigiosa y cantidad controvertida, por lo que ha estarse a una concepción amplia del término "litigiosa", que no ha de venir asimilada a cuantía disputada o controvertida, y sí a cuantía reclamada, o sea, integrante del "petitum" de la demanda y como tal constitutiva -junto a otros pedimentos- del objeto de la litis" ( SSTS 22/01/02 -rcud 620/01-; y 25/09/02 -rcud 93/02-)" [ STS de 25 de septiembre de 2018, rcud 3666/2016]".

En cuanto al momento al que debe atenderse para obtener el importe de la cuantía litigiosa hemos fijado que "será el del acto de juicio y, más concretamente, al ratificar la demanda o, en último caso, la que se concrete en fase de conclusiones. En este sentido, esta Sala ya ha señalado que "c) la solicitud no se concreta en la cifra especificada en la demanda, sino que se refiere a la que finalmente sea objeto de reclamación en el trámite de alegaciones o conclusiones ( SSTS 25/06/02 -rcud 3218/01-; y 15/06/04 -rcud 3049/03-)...

(...) En esa línea, también se ha admitido que la cuantía inicial de la pretensión pueda incrementarse con las que se vayan generando o devengando a lo largo del proceso y hasta el acto de juicio, sin que ello supongo una modificación de la demanda inicial ...".»

5.En relación con la interpretación de los criterios de determinación de la cuantía en reclamaciones de derecho y de cantidad, basándonos en lo recogido en el criterio jurisprudencial acuñado, concluimos que existía una doctrina consolidada en relación con el art. 192 de la LRJS, de forma que:

«1.- Las reclamaciones de derecho, con traducción económica, tienen acceso al recurso de suplicación, en cómputo anual, cuando superen el importe de 3.000 euros.

2.- Las reclamaciones en las que se pretende un derecho superior al reconocido, por existir diferencias en el alcance económico otorgado, tienen acceso al recurso de suplicación cuando la diferencia entre el derecho reclamado y el reconocido, en cómputo anual, supere los 3.000 euros.

3.- Si se reclama un derecho -en su totalidad o la parte del mismo que no ha sido reconocido- cuya traducción económica, en uno u otro caso, es superior a 3.000 euros, en cómputo anual, aunque la reclamación de cantidad que se acumule tenga un importe inferior a 3.000 euros, la sentencia de instancia tendrá acceso al recurso.

3.- Si la reclamación del derecho --en su totalidad o la parte del mismo que no ha sido reconocido-, en su traducción económica -en uno y otro caso-, es inferior a 3.000 euros, en cómputo anual, pero la reclamación de cantidad acumulada supera esa cuantía, la sentencia de instancia tiene acceso al recurso.

4.- Si la reclamación de derecho --en su totalidad o la parte del mismo que no ha sido reconocido-, no supera los 3.000 euros, en cómputo anual, y la reclamación de cantidad tampoco, la sentencia de instancia no tiene acceso al recurso.

5.- Si ambas acciones -reclamación de derecho, total o la parte del mismo que no se ha reconocido, y reclamación de cantidad- superan los 3.000 euros, la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social tendrá acceso al recurso de suplicación.

Todo lo cual, además, resulta coherente con lo que se indica, no solo en el propio art. 192.3, sino también en el art. 192.2, párrafo segundo de la LRJS, en el que se dice que "Cuando en un mismo proceso se ejerciten una o más acciones acumuladas de las que solamente alguna sea recurrible en suplicación, procederá igualmente dicho recurso, salvo expresa disposición en contrario.

Lo anterior está en consonancia con otras previsiones que la propia Ley establece, dejando clara la regla de acceso al recurso cuando hay acumulación de acciones, como sucede en el art. 137.3 de la LRJS, en materia de clasificación profesional y acumulación de la reclamación de cantidad, permitiendo recurrir la sentencia de instancia dictada en ese proceso especial cuando la reclamación de cantidad alcance la cuantía requerida para el recurso de suplicación, aunque la de clasificación profesional no tiene acceso al recurso.

Estos criterios, aplicados al caso que nos ocupa, nos llevaría a considerar que el acceso al recurso de suplicación que ofreció la sentencia de instancia era ajustado a derecho por cuanto que en las pretensiones de condena hay peticiones cuantitativas que superan los 3.000 euros».

6.Reiterando esta doctrina, se ha venido pronunciando esta Sala IV desde la sentencia de Pleno expuesta, entre otras, en STS 795/2024, de 30 de mayo (rcud 2057/2022) con cita en la STS IV 371/2024, de 23 de febrero (rcud 1689/2022), y en la que declaramos: «[...]...la pretensión de reconocimiento de derecho y reclamación de cantidades tiene acceso al recurso cuando la primera, en cómputo anual, o la segunda, en el total de lo reclamado hasta el acto de juicio, o ambas, superen los 3.000 euros. Esta doctrina ha sido aplicada ya en numerosas ocasiones, como puede verse en las SSTS 376/2020, 21 de mayo (rcud 2786/2017); 149/2021, 3 de febrero (rcud 3943/2018); 224/2021, 23 de febrero (rcud 4055/2018) o 339/2021 de 24 marzo (rcud. 1713/2018.)».

7.La aplicación de los criterios expuestos al supuesto de autos, con el que guardan la necesaria identidad de razón, conducen a concluir que la sentencia dictada en instancia, en la que se resolvía una pretensión sobre el derecho a las diferencias salariales entre lo percibido por el trabajador por su categoría profesional de bombero forestal conductor y la categoría de jefe de cuadrilla, cuyas funciones desempeñó durante determinados días de los años señalados en demanda, por un importe que quedó fijado en el acto del juicio en 8.616,64 euros, es susceptible de ser recurrida en suplicación porque, en definitiva, aunque el derecho a obtener las diferencias salariales por la realización de funciones de superior categoría en cómputo anual no exceda de 3.000 euros, sí excede ese importe la reclamación de cantidad acumulada en demanda.

TERCERO.-Las precedentes consideraciones determinarán la estimación del recurso casacional, en línea con lo informado por el Ministerio Fiscal, casando y anulando la sentencia combatida, y ordenando la nulidad de las actuaciones desde el momento anterior a dictarla a fin de que la Sala de procedencia, partiendo de su competencia funcional, resuelva el recurso de suplicación con plena libertad de criterio.

No procede efectuar imposición de costas ( art. 235.1 LRJS) .

PRIMERO.- 1.La cuestión suscitada en el presente recurso de casación para la unificación de doctrina es la de determinar la competencia funcional de la Sala de suplicación cuando la cantidad reclamada supera los 3.000 euros, siendo la cuestión debatida el derecho a diferencias salariales por la realización de funciones de superior categoría que, en cómputo anual, es inferior a esa suma.

2.La parte actora recurre la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 25 de septiembre de 2023, que rechaza la competencia funcional de la Sala, al considerar que la sentencia de instancia no era susceptible de ser recurrida en suplicación, partiendo del hecho de que la cuantía anual que correspondería abonar a la demandante por los pluses reclamados no supera el límite de 3.000 € previsto legalmente para dar acceso al recurso, y ello aun cuando la concreta cuantía demandada (8.616,64 €), sí sobrepasa aquel umbral. Aplicando dicho criterio, la Sala deja firme la sentencia dictada en la instancia, que había desestimado la pretensión de la parte actora.

3.El informe del Ministerio Fiscal interesa la estimación del recurso y la devolución de las actuaciones a la Sala remitente para que partiendo de la recurribilidad de la sentencia de instancia, conozca del recurso de suplicación interpuesto. Cita la sentencia del Tribunal Supremo 1007/2018, de 4 de diciembre, dictada en el rcud 611/2016, de Pleno, la cual recoge la doctrina de la Sala sobre fijación de cuantía litigiosa a efectos de la admisibilidad de los recursos de suplicación.

4.En el escrito de impugnación del recurso, la representación de la Xunta de Galicia se opone a su admisión, considerando que estamos ante una reclamación de cantidad, no una reclamación de derecho.

SEGUNDO.-1.La sentencia invocada de contraste es la dictada por este Tribunal Supremo: STS 867/2021, de 8 de septiembre, rcud 2978/2018.

Estando concernido el orden público procesal no resulta necesario dilucidar la existencia de la contradicción exigida en el art. 219 LRJS. La Sala debe analizar de oficio la concurrencia o no de la competencia funcional para enjuiciar el litigio (por todas SSTS 467/2021, de 29 de abril, rcud 299/2019 y 123/2023, de 8 de febrero, rcud 251/2022), lo que conduciría en su caso a declarar la nulidad de la sentencia impugnada, que no debió examinar la cuestión de fondo planteada y, por tanto, declarar la irrecurribilidad de la dictada en la instancia por falta de cuantía y de afectación general.

2.Exponemos en primer lugar los hechos que han determinado la pretensión y que permiten así mismo centrar el debate sobre el acceso al recurso de suplicación de la sentencia dictada en la instancia, por lo que excluiremos cualquier dato atinente al fondo que no resulte de interés a los efectos de determinación de la recurribilidad cuestionada.

Según recoge la sentencia recurrida, el actor don Salvador presta servicios para la Conselleria del Medio Rural de la Xunta de Galicia con la categoría profesional de peón-conductor (grupo V, personal subalterno, de vigilancia y de servicios específicos no titulados), con destino en el Distrito ambiental III Santiago Meseta Interior y con una antigüedad de 1 de marzo de 2008. Durante los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, el Jefe de cuadrilla (grupo III) se ausentó durante diversos periodos de tiempo debido a vacaciones, permisos, descanso semanal, incapacidad temporal o cualquier otra circunstancia, durante los cuales el actor estuvo trabajando como tal. Pidió en demanda las diferencias salariales entre su categoría y la que ostentó como jefe de cuadrilla en las fechas señaladas en su demanda. La cantidad inicialmente reclamada en demanda fue de 2.991,41 euros, pero la misma fue ampliada por escrito de aclaración en relación a los años 2018, 2019 y 2020 por un total de 8.616,64 euros. La demanda fue desestimada por el juzgado y, recurrida en suplicación, la Sala apreció la falta de competencia funcional.

3.Reproducimos a continuación las normas a considerar en materia de acceso al recurso de suplicación.

a) El art. 191.2 g) LRJS establece que no procederá el recurso de suplicación en los procesos relativos a las siguientes materias:

«g) Reclamaciones cuya cuantía litigiosa no exceda de 3.000 euros»

b) Por su parte, el art. 192, sobre "Determinación de la cuantía del proceso", dispone lo siguiente:

«1. Si fuesen varios los demandantes o algún demandado reconviniese, la cuantía litigiosa a efectos de la procedencia o no del recurso, la determinará la reclamación cuantitativa mayor sin intereses ni recargos por mora.

2. Si el actor formulase varias pretensiones y reclamare cantidad por cada una de ellas, se sumarán todas para establecer la cuantía.

Cuando en un mismo proceso se ejerciten una o más acciones acumuladas de las que solamente alguna sea recurrible en suplicación, procederá igualmente dicho recurso, salvo expresa disposición en contrario.

3. Cuando la reclamación verse sobre prestaciones económicas periódicas de cualquier naturaleza o diferencias sobre ellas, la cuantía litigiosa a efectos de recurso vendrá determinada por el importe de la prestación básica o de las diferencias reclamadas, ambas en cómputo anual, sin tener en cuenta las actualizaciones o mejoras que pudieran serle aplicables, ni los intereses o recargos por mora. La misma regla se aplicará a las reclamaciones de reconocimiento de derechos, siempre que tengan traducción económica.

4. En impugnación de actos administrativos en materia laboral y de Seguridad Social se atenderá, a efectos de recurso, al contenido económico de la pretensión o del acto objeto del proceso cuando sea susceptible de tal valoración y, en su caso, en cómputo anual. Cuando se pretenda el reconocimiento de un derecho o situación jurídica individualizada, la cuantía vendrá determinada por el valor económico de lo reclamado o, en su caso, por la diferencia respecto de lo previamente reconocido en vía administrativa. Cuando se pretenda la anulación de un acto, incluidos los de carácter sancionador, se atenderá al contenido económico del mismo. En ambos casos no se tendrán en cuenta los intereses o recargos por mora. En materia de prestaciones de Seguridad Social igualmente valorables económicamente, se estará a la regla del apartado 3 de este mismo artículo, computándose exclusivamente a estos fines las diferencias reclamadas sobre el importe reconocido previamente en vía administrativa».

4.La sentencia invocada como contradictoria viene a reiterar los criterios de la STS IV 1007/2018, de 4 de diciembre, rcud 611/2016, dictada en Pleno, y en la que se clarificó y sistematizó la doctrina existente sobre la materia.

En orden a la determinación de la cuantía litigiosa, en esta última recordábamos que: «la cuantía de una pretensión viene determinada por la solicitud de la demanda lo que, a su vez, condiciona el acceso al recurso de suplicación "sin que se contemple en nuestras normas procesales una cuantía para la demanda y otra distinta para el recurso ["summa gravaminis"] ( SSTS 22/01/02 -rcud 620/01-; 14/05/02 -rcud 2494/01-; 14/05/02 -rcud 2204/01-; 24/05/02 -rcud 2753/01-; 25/06/02 - rcud 3218/01-; 25/09/02 -rcud 93/02-; y 15/02/05 -rec. 264/04-); b) es inasumible la sinonimia entre cantidad litigiosa y cantidad controvertida, por lo que ha estarse a una concepción amplia del término "litigiosa", que no ha de venir asimilada a cuantía disputada o controvertida, y sí a cuantía reclamada, o sea, integrante del "petitum" de la demanda y como tal constitutiva -junto a otros pedimentos- del objeto de la litis" ( SSTS 22/01/02 -rcud 620/01-; y 25/09/02 -rcud 93/02-)" [ STS de 25 de septiembre de 2018, rcud 3666/2016]".

En cuanto al momento al que debe atenderse para obtener el importe de la cuantía litigiosa hemos fijado que "será el del acto de juicio y, más concretamente, al ratificar la demanda o, en último caso, la que se concrete en fase de conclusiones. En este sentido, esta Sala ya ha señalado que "c) la solicitud no se concreta en la cifra especificada en la demanda, sino que se refiere a la que finalmente sea objeto de reclamación en el trámite de alegaciones o conclusiones ( SSTS 25/06/02 -rcud 3218/01-; y 15/06/04 -rcud 3049/03-)...

(...) En esa línea, también se ha admitido que la cuantía inicial de la pretensión pueda incrementarse con las que se vayan generando o devengando a lo largo del proceso y hasta el acto de juicio, sin que ello supongo una modificación de la demanda inicial ...".»

5.En relación con la interpretación de los criterios de determinación de la cuantía en reclamaciones de derecho y de cantidad, basándonos en lo recogido en el criterio jurisprudencial acuñado, concluimos que existía una doctrina consolidada en relación con el art. 192 de la LRJS, de forma que:

«1.- Las reclamaciones de derecho, con traducción económica, tienen acceso al recurso de suplicación, en cómputo anual, cuando superen el importe de 3.000 euros.

2.- Las reclamaciones en las que se pretende un derecho superior al reconocido, por existir diferencias en el alcance económico otorgado, tienen acceso al recurso de suplicación cuando la diferencia entre el derecho reclamado y el reconocido, en cómputo anual, supere los 3.000 euros.

3.- Si se reclama un derecho -en su totalidad o la parte del mismo que no ha sido reconocido- cuya traducción económica, en uno u otro caso, es superior a 3.000 euros, en cómputo anual, aunque la reclamación de cantidad que se acumule tenga un importe inferior a 3.000 euros, la sentencia de instancia tendrá acceso al recurso.

3.- Si la reclamación del derecho --en su totalidad o la parte del mismo que no ha sido reconocido-, en su traducción económica -en uno y otro caso-, es inferior a 3.000 euros, en cómputo anual, pero la reclamación de cantidad acumulada supera esa cuantía, la sentencia de instancia tiene acceso al recurso.

4.- Si la reclamación de derecho --en su totalidad o la parte del mismo que no ha sido reconocido-, no supera los 3.000 euros, en cómputo anual, y la reclamación de cantidad tampoco, la sentencia de instancia no tiene acceso al recurso.

5.- Si ambas acciones -reclamación de derecho, total o la parte del mismo que no se ha reconocido, y reclamación de cantidad- superan los 3.000 euros, la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social tendrá acceso al recurso de suplicación.

Todo lo cual, además, resulta coherente con lo que se indica, no solo en el propio art. 192.3, sino también en el art. 192.2, párrafo segundo de la LRJS, en el que se dice que "Cuando en un mismo proceso se ejerciten una o más acciones acumuladas de las que solamente alguna sea recurrible en suplicación, procederá igualmente dicho recurso, salvo expresa disposición en contrario.

Lo anterior está en consonancia con otras previsiones que la propia Ley establece, dejando clara la regla de acceso al recurso cuando hay acumulación de acciones, como sucede en el art. 137.3 de la LRJS, en materia de clasificación profesional y acumulación de la reclamación de cantidad, permitiendo recurrir la sentencia de instancia dictada en ese proceso especial cuando la reclamación de cantidad alcance la cuantía requerida para el recurso de suplicación, aunque la de clasificación profesional no tiene acceso al recurso.

Estos criterios, aplicados al caso que nos ocupa, nos llevaría a considerar que el acceso al recurso de suplicación que ofreció la sentencia de instancia era ajustado a derecho por cuanto que en las pretensiones de condena hay peticiones cuantitativas que superan los 3.000 euros».

6.Reiterando esta doctrina, se ha venido pronunciando esta Sala IV desde la sentencia de Pleno expuesta, entre otras, en STS 795/2024, de 30 de mayo (rcud 2057/2022) con cita en la STS IV 371/2024, de 23 de febrero (rcud 1689/2022), y en la que declaramos: «[...]...la pretensión de reconocimiento de derecho y reclamación de cantidades tiene acceso al recurso cuando la primera, en cómputo anual, o la segunda, en el total de lo reclamado hasta el acto de juicio, o ambas, superen los 3.000 euros. Esta doctrina ha sido aplicada ya en numerosas ocasiones, como puede verse en las SSTS 376/2020, 21 de mayo (rcud 2786/2017); 149/2021, 3 de febrero (rcud 3943/2018); 224/2021, 23 de febrero (rcud 4055/2018) o 339/2021 de 24 marzo (rcud. 1713/2018.)».

7.La aplicación de los criterios expuestos al supuesto de autos, con el que guardan la necesaria identidad de razón, conducen a concluir que la sentencia dictada en instancia, en la que se resolvía una pretensión sobre el derecho a las diferencias salariales entre lo percibido por el trabajador por su categoría profesional de bombero forestal conductor y la categoría de jefe de cuadrilla, cuyas funciones desempeñó durante determinados días de los años señalados en demanda, por un importe que quedó fijado en el acto del juicio en 8.616,64 euros, es susceptible de ser recurrida en suplicación porque, en definitiva, aunque el derecho a obtener las diferencias salariales por la realización de funciones de superior categoría en cómputo anual no exceda de 3.000 euros, sí excede ese importe la reclamación de cantidad acumulada en demanda.

TERCERO.-Las precedentes consideraciones determinarán la estimación del recurso casacional, en línea con lo informado por el Ministerio Fiscal, casando y anulando la sentencia combatida, y ordenando la nulidad de las actuaciones desde el momento anterior a dictarla a fin de que la Sala de procedencia, partiendo de su competencia funcional, resuelva el recurso de suplicación con plena libertad de criterio.

No procede efectuar imposición de costas ( art. 235.1 LRJS) .

PRIMERO.- 1.La cuestión suscitada en el presente recurso de casación para la unificación de doctrina es la de determinar la competencia funcional de la Sala de suplicación cuando la cantidad reclamada supera los 3.000 euros, siendo la cuestión debatida el derecho a diferencias salariales por la realización de funciones de superior categoría que, en cómputo anual, es inferior a esa suma.

2.La parte actora recurre la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 25 de septiembre de 2023, que rechaza la competencia funcional de la Sala, al considerar que la sentencia de instancia no era susceptible de ser recurrida en suplicación, partiendo del hecho de que la cuantía anual que correspondería abonar a la demandante por los pluses reclamados no supera el límite de 3.000 € previsto legalmente para dar acceso al recurso, y ello aun cuando la concreta cuantía demandada (8.616,64 €), sí sobrepasa aquel umbral. Aplicando dicho criterio, la Sala deja firme la sentencia dictada en la instancia, que había desestimado la pretensión de la parte actora.

3.El informe del Ministerio Fiscal interesa la estimación del recurso y la devolución de las actuaciones a la Sala remitente para que partiendo de la recurribilidad de la sentencia de instancia, conozca del recurso de suplicación interpuesto. Cita la sentencia del Tribunal Supremo 1007/2018, de 4 de diciembre, dictada en el rcud 611/2016, de Pleno, la cual recoge la doctrina de la Sala sobre fijación de cuantía litigiosa a efectos de la admisibilidad de los recursos de suplicación.

4.En el escrito de impugnación del recurso, la representación de la Xunta de Galicia se opone a su admisión, considerando que estamos ante una reclamación de cantidad, no una reclamación de derecho.

SEGUNDO.-1.La sentencia invocada de contraste es la dictada por este Tribunal Supremo: STS 867/2021, de 8 de septiembre, rcud 2978/2018.

Estando concernido el orden público procesal no resulta necesario dilucidar la existencia de la contradicción exigida en el art. 219 LRJS. La Sala debe analizar de oficio la concurrencia o no de la competencia funcional para enjuiciar el litigio (por todas SSTS 467/2021, de 29 de abril, rcud 299/2019 y 123/2023, de 8 de febrero, rcud 251/2022), lo que conduciría en su caso a declarar la nulidad de la sentencia impugnada, que no debió examinar la cuestión de fondo planteada y, por tanto, declarar la irrecurribilidad de la dictada en la instancia por falta de cuantía y de afectación general.

2.Exponemos en primer lugar los hechos que han determinado la pretensión y que permiten así mismo centrar el debate sobre el acceso al recurso de suplicación de la sentencia dictada en la instancia, por lo que excluiremos cualquier dato atinente al fondo que no resulte de interés a los efectos de determinación de la recurribilidad cuestionada.

Según recoge la sentencia recurrida, el actor don Salvador presta servicios para la Conselleria del Medio Rural de la Xunta de Galicia con la categoría profesional de peón-conductor (grupo V, personal subalterno, de vigilancia y de servicios específicos no titulados), con destino en el Distrito ambiental III Santiago Meseta Interior y con una antigüedad de 1 de marzo de 2008. Durante los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, el Jefe de cuadrilla (grupo III) se ausentó durante diversos periodos de tiempo debido a vacaciones, permisos, descanso semanal, incapacidad temporal o cualquier otra circunstancia, durante los cuales el actor estuvo trabajando como tal. Pidió en demanda las diferencias salariales entre su categoría y la que ostentó como jefe de cuadrilla en las fechas señaladas en su demanda. La cantidad inicialmente reclamada en demanda fue de 2.991,41 euros, pero la misma fue ampliada por escrito de aclaración en relación a los años 2018, 2019 y 2020 por un total de 8.616,64 euros. La demanda fue desestimada por el juzgado y, recurrida en suplicación, la Sala apreció la falta de competencia funcional.

3.Reproducimos a continuación las normas a considerar en materia de acceso al recurso de suplicación.

a) El art. 191.2 g) LRJS establece que no procederá el recurso de suplicación en los procesos relativos a las siguientes materias:

«g) Reclamaciones cuya cuantía litigiosa no exceda de 3.000 euros»

b) Por su parte, el art. 192, sobre "Determinación de la cuantía del proceso", dispone lo siguiente:

«1. Si fuesen varios los demandantes o algún demandado reconviniese, la cuantía litigiosa a efectos de la procedencia o no del recurso, la determinará la reclamación cuantitativa mayor sin intereses ni recargos por mora.

2. Si el actor formulase varias pretensiones y reclamare cantidad por cada una de ellas, se sumarán todas para establecer la cuantía.

Cuando en un mismo proceso se ejerciten una o más acciones acumuladas de las que solamente alguna sea recurrible en suplicación, procederá igualmente dicho recurso, salvo expresa disposición en contrario.

3. Cuando la reclamación verse sobre prestaciones económicas periódicas de cualquier naturaleza o diferencias sobre ellas, la cuantía litigiosa a efectos de recurso vendrá determinada por el importe de la prestación básica o de las diferencias reclamadas, ambas en cómputo anual, sin tener en cuenta las actualizaciones o mejoras que pudieran serle aplicables, ni los intereses o recargos por mora. La misma regla se aplicará a las reclamaciones de reconocimiento de derechos, siempre que tengan traducción económica.

4. En impugnación de actos administrativos en materia laboral y de Seguridad Social se atenderá, a efectos de recurso, al contenido económico de la pretensión o del acto objeto del proceso cuando sea susceptible de tal valoración y, en su caso, en cómputo anual. Cuando se pretenda el reconocimiento de un derecho o situación jurídica individualizada, la cuantía vendrá determinada por el valor económico de lo reclamado o, en su caso, por la diferencia respecto de lo previamente reconocido en vía administrativa. Cuando se pretenda la anulación de un acto, incluidos los de carácter sancionador, se atenderá al contenido económico del mismo. En ambos casos no se tendrán en cuenta los intereses o recargos por mora. En materia de prestaciones de Seguridad Social igualmente valorables económicamente, se estará a la regla del apartado 3 de este mismo artículo, computándose exclusivamente a estos fines las diferencias reclamadas sobre el importe reconocido previamente en vía administrativa».

4.La sentencia invocada como contradictoria viene a reiterar los criterios de la STS IV 1007/2018, de 4 de diciembre, rcud 611/2016, dictada en Pleno, y en la que se clarificó y sistematizó la doctrina existente sobre la materia.

En orden a la determinación de la cuantía litigiosa, en esta última recordábamos que: «la cuantía de una pretensión viene determinada por la solicitud de la demanda lo que, a su vez, condiciona el acceso al recurso de suplicación "sin que se contemple en nuestras normas procesales una cuantía para la demanda y otra distinta para el recurso ["summa gravaminis"] ( SSTS 22/01/02 -rcud 620/01-; 14/05/02 -rcud 2494/01-; 14/05/02 -rcud 2204/01-; 24/05/02 -rcud 2753/01-; 25/06/02 - rcud 3218/01-; 25/09/02 -rcud 93/02-; y 15/02/05 -rec. 264/04-); b) es inasumible la sinonimia entre cantidad litigiosa y cantidad controvertida, por lo que ha estarse a una concepción amplia del término "litigiosa", que no ha de venir asimilada a cuantía disputada o controvertida, y sí a cuantía reclamada, o sea, integrante del "petitum" de la demanda y como tal constitutiva -junto a otros pedimentos- del objeto de la litis" ( SSTS 22/01/02 -rcud 620/01-; y 25/09/02 -rcud 93/02-)" [ STS de 25 de septiembre de 2018, rcud 3666/2016]".

En cuanto al momento al que debe atenderse para obtener el importe de la cuantía litigiosa hemos fijado que "será el del acto de juicio y, más concretamente, al ratificar la demanda o, en último caso, la que se concrete en fase de conclusiones. En este sentido, esta Sala ya ha señalado que "c) la solicitud no se concreta en la cifra especificada en la demanda, sino que se refiere a la que finalmente sea objeto de reclamación en el trámite de alegaciones o conclusiones ( SSTS 25/06/02 -rcud 3218/01-; y 15/06/04 -rcud 3049/03-)...

(...) En esa línea, también se ha admitido que la cuantía inicial de la pretensión pueda incrementarse con las que se vayan generando o devengando a lo largo del proceso y hasta el acto de juicio, sin que ello supongo una modificación de la demanda inicial ...".»

5.En relación con la interpretación de los criterios de determinación de la cuantía en reclamaciones de derecho y de cantidad, basándonos en lo recogido en el criterio jurisprudencial acuñado, concluimos que existía una doctrina consolidada en relación con el art. 192 de la LRJS, de forma que:

«1.- Las reclamaciones de derecho, con traducción económica, tienen acceso al recurso de suplicación, en cómputo anual, cuando superen el importe de 3.000 euros.

2.- Las reclamaciones en las que se pretende un derecho superior al reconocido, por existir diferencias en el alcance económico otorgado, tienen acceso al recurso de suplicación cuando la diferencia entre el derecho reclamado y el reconocido, en cómputo anual, supere los 3.000 euros.

3.- Si se reclama un derecho -en su totalidad o la parte del mismo que no ha sido reconocido- cuya traducción económica, en uno u otro caso, es superior a 3.000 euros, en cómputo anual, aunque la reclamación de cantidad que se acumule tenga un importe inferior a 3.000 euros, la sentencia de instancia tendrá acceso al recurso.

3.- Si la reclamación del derecho --en su totalidad o la parte del mismo que no ha sido reconocido-, en su traducción económica -en uno y otro caso-, es inferior a 3.000 euros, en cómputo anual, pero la reclamación de cantidad acumulada supera esa cuantía, la sentencia de instancia tiene acceso al recurso.

4.- Si la reclamación de derecho --en su totalidad o la parte del mismo que no ha sido reconocido-, no supera los 3.000 euros, en cómputo anual, y la reclamación de cantidad tampoco, la sentencia de instancia no tiene acceso al recurso.

5.- Si ambas acciones -reclamación de derecho, total o la parte del mismo que no se ha reconocido, y reclamación de cantidad- superan los 3.000 euros, la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social tendrá acceso al recurso de suplicación.

Todo lo cual, además, resulta coherente con lo que se indica, no solo en el propio art. 192.3, sino también en el art. 192.2, párrafo segundo de la LRJS, en el que se dice que "Cuando en un mismo proceso se ejerciten una o más acciones acumuladas de las que solamente alguna sea recurrible en suplicación, procederá igualmente dicho recurso, salvo expresa disposición en contrario.

Lo anterior está en consonancia con otras previsiones que la propia Ley establece, dejando clara la regla de acceso al recurso cuando hay acumulación de acciones, como sucede en el art. 137.3 de la LRJS, en materia de clasificación profesional y acumulación de la reclamación de cantidad, permitiendo recurrir la sentencia de instancia dictada en ese proceso especial cuando la reclamación de cantidad alcance la cuantía requerida para el recurso de suplicación, aunque la de clasificación profesional no tiene acceso al recurso.

Estos criterios, aplicados al caso que nos ocupa, nos llevaría a considerar que el acceso al recurso de suplicación que ofreció la sentencia de instancia era ajustado a derecho por cuanto que en las pretensiones de condena hay peticiones cuantitativas que superan los 3.000 euros».

6.Reiterando esta doctrina, se ha venido pronunciando esta Sala IV desde la sentencia de Pleno expuesta, entre otras, en STS 795/2024, de 30 de mayo (rcud 2057/2022) con cita en la STS IV 371/2024, de 23 de febrero (rcud 1689/2022), y en la que declaramos: «[...]...la pretensión de reconocimiento de derecho y reclamación de cantidades tiene acceso al recurso cuando la primera, en cómputo anual, o la segunda, en el total de lo reclamado hasta el acto de juicio, o ambas, superen los 3.000 euros. Esta doctrina ha sido aplicada ya en numerosas ocasiones, como puede verse en las SSTS 376/2020, 21 de mayo (rcud 2786/2017); 149/2021, 3 de febrero (rcud 3943/2018); 224/2021, 23 de febrero (rcud 4055/2018) o 339/2021 de 24 marzo (rcud. 1713/2018.)».

7.La aplicación de los criterios expuestos al supuesto de autos, con el que guardan la necesaria identidad de razón, conducen a concluir que la sentencia dictada en instancia, en la que se resolvía una pretensión sobre el derecho a las diferencias salariales entre lo percibido por el trabajador por su categoría profesional de bombero forestal conductor y la categoría de jefe de cuadrilla, cuyas funciones desempeñó durante determinados días de los años señalados en demanda, por un importe que quedó fijado en el acto del juicio en 8.616,64 euros, es susceptible de ser recurrida en suplicación porque, en definitiva, aunque el derecho a obtener las diferencias salariales por la realización de funciones de superior categoría en cómputo anual no exceda de 3.000 euros, sí excede ese importe la reclamación de cantidad acumulada en demanda.

TERCERO.-Las precedentes consideraciones determinarán la estimación del recurso casacional, en línea con lo informado por el Ministerio Fiscal, casando y anulando la sentencia combatida, y ordenando la nulidad de las actuaciones desde el momento anterior a dictarla a fin de que la Sala de procedencia, partiendo de su competencia funcional, resuelva el recurso de suplicación con plena libertad de criterio.

No procede efectuar imposición de costas ( art. 235.1 LRJS) .