Sentencia Social 551/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 207/2025 de 16 de junio del 2026

PRIMERO.- 1.-El debate suscitado en el caso que ahora nos ocupa, consiste en determinar si resulta ajustado a derecho el modo de retribuir las horas nocturnas al personal de conducción que se contiene en el Convenio Colectivo impugnado, en los términos que luego describiremos con más detalle.

A tal efecto el demandante Sindicato Alternativa Ferroviaria Alferro (en adelante "Alferro"), presentó demanda solicitando la nulidad del II Convenio Colectivo de Renfe-Operadora en los extremos concernidos, que fue desestimada por sentencia de la Audiencia Nacional 105/2025 de 11 de julio.

2.-Contra esta sentencia ha presentado recurso de casación ordinaria la representación de Alferro, que articula a tal efecto cuatro motivos de revisión de hechos probados al amparo de la letra d/ (los cuatro primeros de orden), dos motivos en los que se invoca la infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate por el cauce de la letra e/ (el quinto y séptimo), y uno más en el que se intenta hacer valer el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia o de las que rigen los actos y garantías procesales de la letra c/ (el sexto), en todo caso del art. 207 de la LRJS.

3.-El reseñado recurso ha sido impugnado por la representación del grupo empresarial demandado, que ha interesado la desestimación del mismo.

Por su parte, el Ministerio Fiscal comparecido en el procedimiento de instancia, presentó escrito en el que manifestaba no formular escrito de impugnación, por considerar que procedía la estimación de la casación.

Finalmente, el informe presentado en esta sede por el Ministerio Fiscal interesa la desestimación del recurso presentado.

SEGUNDO.- 1.-Como se acaba de decir, el recurso que ahora resolvemos contiene cuatro motivos encaminados a la revisión de hechos probados, para cuya decisión debe recordarse que, como tiene dicho esta Sala de manera reiterada, el éxito de la revisión fáctica al amparo del art. 207 d/ de la LRJS, basada en error en la apreciación de la prueba, precisa inexcusablemente de los siguientes requisitos ( SSTS 11 de febrero de 2014 -rec. 27/2013, 8 de noviembre de 2016 -rec. 259/2015, 17 de enero de 2017 -rec. 2/2016-, 68/2019 de 29 de enero -rec. 168/2018-, 927/2021 de 22 de septiembre -rec. 75/2021-, 308/2022 de 5 de abril -rec. 151/2021-, 510/2023 de 12 de julio -rec. 19/2023-, 1218/2024 de 30 de octubre -rec. 264/2022- o 248/2025 de 26 de marzo -rec. 16/2023-, entre otras muchas):

a/ que se identifique si la reforma se orienta la modificación, inclusión o exclusión de un hecho, concretando con claridad y precisión el que haya sido incluido de manera errónea u omitido indebidamente en el relato fáctico de la sentencia recurrida

b/ que el hecho que se quiere hacer valer resulte de manera clara, patente y directa de la prueba documental obrante en autos, sin necesidad de realizar valoraciones jurídicas o conjeturas, excluyéndose por tanto la consideración de cualquier otra clase de medio probatorio

c/ que, en el caso de las modalidades aditiva y modificativa, se ofrezca un texto alternativo para integrar la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos

d/ que el resultado de la modificación resulte útil o trascendente para la decisión del debate, incluyéndose tanto las que sean susceptibles de modificar la decisión de la instancia, como las que las que refuerzan argumentalmente aquella.

Se trata, en definitiva, de que el intento revisorio ponga de manifiesto la existencia de un error patente en la apreciación de la prueba, sin que sirva por tanto la expresión por la parte de una mera discrepancia, o la propuesta de una valoración alternativa más conforme a sus intereses, en cuanto la naturaleza extraordinaria de la casación ordinaria implica la atribución de las facultades plenas de valoración de la prueba al órgano judicial de instancia, y la restricción de la revisión del órgano ad quem, que se contrae a los supuestos en los que concurran los requisitos antedichos.

2.-En orden a aplicar los precitados criterios, observamos en primer lugar que los cuatro motivos así planteados presentan una sustancial identidad en cuanto a su finalidad y fundamento. En efecto, en todos ellos se interesa la adición de sendos nuevos ordinales, con la respectiva cita de los documentos que se designan e identifican en las actuaciones, con el siguiente objeto:

- En el primero de ellos, para hacer constar, en lo sustancial, que en el colectivo de personal de conducción del Grupo RENFE «existen diferencias significativas en cuanto al número de horas realizadas en horario nocturno», citándose luego a dos trabajadores que no han realizado horas nocturnas en el año 2024, y un tercero que ha realizado 489 horas y 54 minutos en el mismo año.

- En el segundo, para hacer constar, en lo sustancial, que «el Acuerdo de Desarrollo Profesional prevé que todos los trabajadores encuadrados en una misma categoría profesional del colectivo de conducción del Grupo RENFE perciben idéntica retribución fija anual (año 2024), compuesta por el salario base (clave 002) y las pagas extraordinarias (clave 009), con independencia del número de horas nocturnas que realicen», haciendo alusión luego a las concretas cuantías de tales conceptos retributivos para cinco categorías.

- En el tercero, para hacer constar, en lo sustancial, que en las tablas salariales del año 2024 el plus de nocturnidad «sigue vigente para los colectivos de Talleres, Comercial, Gestión y Conducción, si bien dentro de este último únicamente aparece aplicado al subgrupo profesional de Maquinista Jefe de Tren (Nivel B)».

- Y, finalmente, en el cuarto, para hacer constar que, de los gráficos de servicio aportados, se deriva la existencia de diferencias en las distintas residencias «en el número de jornadas que incluyen trabajo en horario nocturno (de 22:00 a 06:00), existiendo residencias en las que dicha carga es estructural y constante, y otras en las que resulta residual o prácticamente inexistente», refiriéndose luego a un concreto supuesto considerado.

3.-Como puede observarse, en un caso se quiere afirmar que el complemento de nocturnidad se mantiene para ciertas categorías, lo cual resulta irrelevante para el caso, porque lo que se decide ahora es si resulta ajustado a derecho la operativa consistente en compensar con descanso el trabajo nocturno a partir de la hora 700 para el personal de conducción, y ello al margen de que la regulación de un Convenio publicado resulte de libre acceso para los órganos judiciales y, por supuesto, también para este Tribunal, sin que por ello sea preciso su constancia en los hechos probados de una resolución.

Mientras que, en los otros tres se quiere incidir, desde diferentes perspectivas, en el hecho no negado y que se alude de diferentes maneras a lo largo de la resolución combatida de que, en efecto, la regulación convencional de la nocturnidad implica que en el primer tramo de 700 horas todas las personas trabajadoras reciben el mismo trato retributivo, con independencia de que las diferencias en la prestación de servicios en tales condiciones de nocturnidad.

En consecuencia, todos los motivos adolecen de la misma inutilidad, que justifica su desestimación.

TERCERO.- 1.-Como ya dijimos en su momento, el recurso plantea otros dos motivos de revisión jurídica y, entre medias, uno en el que se afirma la existencia de quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en relación con las normas que disciplinan las reglas sobre la carga de la prueba. Pero como veremos en su momento, tal alegación resulta completamente inescindible del motivo en el que se cuestiona la decisión de la Sala de instancia de entender que no concurría vulneración de derechos fundamentales, de forma tal que estos dos serán resueltos en último lugar de manera conjunta.

Por tanto, decidiremos ahora el quinto motivo de orden del recurso, en el que se intenta la revisión jurídica con cita de infracción de los arts. 3.1, 1281, 1283, 1284, 1285 Y 1288 del C.Cv, así como jurisprudencia que se cita, por entender que la Sala de instancia ha interpretado indebidamente los instrumentos normativos aplicables al caso por cuanto, al entender de la parte recurrente, no puede sostenerse que de los mismos se derive que, hasta la hora 700, la específica retribución de la nocturnidad se encuentre incluida en el componente fijo retributivo.

2.-Como informa la sentencia de la Sala de instancia, estando vigente el II Convenio Colectivo de Renfe-Operadora (BOE de 18 de enero de 2013), se suscribió el 29 de marzo de 2010, con entrada en vigor el 1 de julio de 2010 (BOE de 27 de febrero de 2013) el Anexo I del citado convenio, relativo al Acuerdo de Desarrollo Profesional Renfe-Operadora (ADP) que tenía por objeto proceder a «una racionalización y simplificación del sistema retributivo»

De este modo, y siempre en relación al personal de conducción, hasta julio de 2010 existía un plus de nocturnidad que se remuneraba bajo la clave 220, mientras que, a partir de dicha fecha, las retribuciones se ordenaban en tres componentes: el fijo («para el que se establece una banda de referencia en la que se encuadran las diferentes percepciones»); el variable («cuya cuantía determina las diferencias relativas de los puestos de trabajo en función de la productividad alcanzada, y que al mismo tiempo retribuye el nivel de desempeño alcanzado en el cumplimiento de objetivos»); y los complementos de puesto («en función de las condiciones de trabajo específicas»).

De manera más concreta para el componente fijo se decía: «Este componente viene determinado por el puesto asignado, manteniéndose el mismo valor independientemente del Área de Actividad, u organización que la sustituya, en la que el trabajador preste servicio. Dicho componente anula y sustituye los conceptos de sueldo, así como todos los restantes conceptos, pluses, complementos e indemnizaciones que, con carácter personal, viniera percibiendo el trabajador con anterioridad a la presente regulación. El total anual se distribuirá en doce pagas mensuales iguales».

Igualmente, se decía que «Con la entrada en vigor y aplicación del Acuerdo de Desarrollo Profesional de Conducción quedan derogados todos los conceptos que hasta la fecha, se retribuían por las claves relacionadas en las tablas de la Prima Variable por Áreas Operativas», incluyéndose luego una tabla de conceptos afectados, entre los que se incluía el plus de nocturnidad con la clave 220.

Finalmente, y por lo que se refiere al plus de nocturnidad, la previsión era la siguiente:

«La Dirección de la Empresa se compromete a hacer un reparto equitativo y equilibrado de las cargas de trabajo nocturnas entre residencias y dentro de los cuadros de servicio, que minimice y redistribuya el impacto de la nocturnidad en los trabajadores más afectados por la situación geográfica de sus residencias.

Se estipula un límite máximo de setecientas horas nocturnas anuales, entendidas como tales las comprendidas entre las 22:00 y las 06:00 horas. El exceso sobre las 700 horas anuales nocturnas se compensará a razón de 30 minutos de descanso compensatorio por hora nocturna acumulados por períodos de 8 horas.

La Dirección de la Empresa elaborará los cuadros de servicio de tal forma que, siempre que no exista un incremento en costes de personal, no se acumularán más de tres jornadas nocturnas consecutivas, conforme a lo estipulado en el acuerdo de Agente Único de Conducción».

Conviene hacer notar que no se discute ni cuestiona que el Acuerdo de Desarrollo Profesional Renfe-Operadora mantiene su eficacia bajo el vigente III

Convenio Colectivo de Renfe-Operadora (BOE de 19 de julio de 2023) y, por ello, la demanda solicita la nulidad de ciertos extremos del referido Acuerdo.

3.-Partiendo de esta base regulatoria, la sentencia de la Sala de instancia ha llegado a la conclusión de que, para el personal de conducción del grupo RENFE, el plus de nocturnidad ha sido eliminado como medio de retribuir las horas nocturnas hasta la 700, al quedar integrada la retribución de dichas horas en el componente fijo de las retribuciones y que, a partir de dicha hora, el trabajo nocturno se compensa con descansos.

Como el recurso se opone a esta decisión, poniéndose en juego la interpretación de instrumentos colectivos, ya sea un Convenio Colectivo o bien pactos específicos, debemos recordar ahora que este Tribunal tiene sentada una constante doctrina sobre la materia contenida, entre otras muchas, en las SSTS 104/2020 de 5 febrero -rec. 3174/2017-, 904/2020 de 13 octubre -rec. 132/2019-, 577/2020 de 1 de julio -rec. 223/2018-, 1125/2020 de 15 diciembre -rec. 80/2019-, 1135/2020 de 21 diciembre -rec. . 76/2019-, 281/2023 de 18 de abril -rec. 102/2021-, o 410/2024 de 5 de marzo -rec. 143/2021-, o 986/2025 de 21 de octubre -rec. 42/2024-, a cuyo tenor los criterios aplicables a un caso como el presente son los siguientes:

a/ Teniendo en cuenta el carácter mixto de los pactos colectivos, que son contratos con alcance normativo, su interpretación debe realizarse conciliando tanto los criterios hermenéuticos de las normas (arts. 3 y 4 del C.Cv.), como los específicos de los contratos (arts. 1281 y ss del C.Cv.).

b/ De este modo, y conciliando ambos órdenes de criterios, los de las normas y los de los contratos, prevalece en primer lugar la interpretación literal, de forma tal que, si el sentido de las cláusulas es claro según su sentido propio y literal, este deberá ser el aplicado, salvo que resulte a todas luces contrario a la intención evidentes de las partes. En su defecto, debe aplicarse la interpretación sistemática, atribuyendo a las cláusulas dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas; la histórica, atendiendo a los antecedentes históricos y a los actos anterior y coetáneos de las partes negociadoras; y la finalista, atendiendo a la intención de las partes negociadoras. Además, los convenios colectivos deberán ser interpretados en su conjunto, considerando que las diferentes cláusulas adquieren su sentido las unas por las otras, sin que se admita por tanto la selección que implica la técnica del "espigueo".

c/ Finalmente, es cierto que inicialmente este Tribunal entendió que la interpretación de los contratos y demás negocios jurídicos era facultad privativa de los Tribunales de instancia, cuyo criterio, como más objetivo, debía prevalecer sobre el del recurrente, salvo que aquella interpretación no pudiera tenerse como racional o lógica, o se apreciara una notoria infracción de las normas que regulan la exégesis contractual. Sin embargo, en el momento actual tal criterio se ha matizado sensiblemente, para entender que, frente a la opción de dar por buena, en todo caso, la interpretación efectuada por la sentencia de instancia, cuando se pone en cuestión aquella debe verificarse que la exégesis del precepto convencional efectuada por la sentencia recurrida se adecúa a las reglas de interpretación antes expuestas, tal como las ha venido analizando la Sala en la jurisprudencia de referencia.

4.-La proyección de los precitados criterios al caso considerado, pone de manifiesto la plena corrección de la interpretación realizada en la instancia. En efecto, es claro que el nuevo sistema implantado supuso, para el personal concernido, la eliminación de la retribución específica del trabajo nocturno mediante el plus de nocturnidad hasta la hora 700, no porque no se retribuyera en modo alguno, sino porque tal retribución quedaba integrada en el componente fijo del nuevo sistema. Solo a partir de la hora 700 de trabajo nocturno, se producía una compensación específica, en este caso mediante tiempo de descanso.

Pues bien, observamos que los reparos opuestos en el recurso carecen de un fundamento sólido.

De un lado, no existe óbice alguno en que la negociación colectiva retribuya la nocturnidad del modo indicado, desde el momento en que el art. 36.2 del ET establece que «El trabajo nocturno tendrá una retribución específica que se determinará en la negociación colectiva, salvo que el salario se haya establecido atendiendo a que el trabajo sea nocturno por su propia naturaleza o se haya acordado la compensación de este trabajo por descansos».

De otro lado, y frente a lo afirmado por la parte recurrente, la interpretación literal no parece dudosa, en cuanto se dice de manera expresa que el componente fijo anula y sustituye «los conceptos de sueldo, así como todos los restantes conceptos, pluses, complementos e indemnizaciones que, con carácter personal, viniera percibiendo el trabajador con anterioridad a la presente regulación», para luego referirse ya de manera concreta en la correspondiente tabla al plus de nocturnidad entre los conceptos suprimidos.

Y, finalmente, tampoco existe ningún elemento de carácter sistemático que se oponga a tal interpretación y, al contrario, el resultado parece conforme a la finalidad perseguida, de conseguir una racionalización y simplificación del sistema retributivo.

5.-Por lo demás, alcanzamos ya esta misma conclusión en nuestra anterior STS 1033/2024 de 17 de julio -rec. 268/2022-, en la que también tuvimos a la vista y nos pronunciamos sobre el Acuerdo de Desarrollo Profesional (ADP) ahora considerado, si bien en relación con un grupo distinto de trabajadores, el personal de intervención. Dijimos entonces:

«De la lectura del ADP del Colectivo Comercial no se puede concluir esa expresa modificación en lo que respecta al abono de las horas nocturnas. A tal efecto no es determinante el hecho de que la clave 220 (plus de nocturnidad) no está incluida; ello es así porque, como hemos explicado, las horas nocturnas que no superaban los umbrales fijados en los respectivos MR se abonaban dentro de los complementos de puesto de trabajo cuyas claves sí están expresamente recogidas en la disposición final segunda del ADP del Colectivo Comercial. Por lo tanto, no es factible, como solicitan las recurrentes, que el trabajo en horas nocturnas devengue el plus de nocturnidad desde la primera hora efectivamente trabajada».

6.-En fin, no apreciamos ningún factor que permita llegar a otra conclusión que la ya expuesta, debiendo por tanto rechazarse este motivo.

CUARTO.- 1.-Como ya avanzamos, el motivo sexto de orden que se encauza por la letra c/ del art. 207 de la LRJS, invoca el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia o de las que rigen los actos y garantías procesales, por remisión al art. 181.2 de la LRJS y 24.1 de la CE, todo ello por entender que, existiendo sobrados indicios de vulneración del principio de igualdad y no discriminación, la Sala de instancia concluyó indebidamente que no concurrían «elementos suficientes que justifiquen el desplazamiento de la carga probatoria a la parte demandada, ignorando el canon reforzado exigido en los procesos donde se alega la existencia de violaciones de derechos fundamentales». Ello se debe a que, según se afirma en el motivo «aunque sólo existiera una hora de diferencia entre trabajadores, el texto convencional debería ser revocado» y, por tanto, la Sala de instancia «debía haber exigido a la empresa la justificación objetiva y razonable del tratamiento retributivo cuestionado, acreditando, entre otros extremos, que no existía efecto discriminatorio ni perjuicio injustificado derivado de la configuración del nuevo sistema retributivo». Pero, por el contrario, sigue diciendo el recurso, dio por buena la versión de la empresa de que la retribución de la nocturnidad quedaba incluida hasta las 700 horas en el componente fijo, y negó a la parte demandante la práctica de prueba orientada a evidenciar «el efecto desigual del sistema retributivo y reforzaban el contexto indiciario necesario para activar la inversión».

Además, en el último motivo del recurso, se interesa la revisión jurídica por el cauce de la letra d/ del art. 207 de la LRJS, alegando la existencia de una discriminación indirecta en materia retributiva con infracción del art. 14 de la CE, art. 17.1 del ET, y citándose igualmente la Directiva 2000/78/CE y diversos pronunciamientos del TC, del TS y de la propia AN (estos últimos inanes en esta sede), para insistir en que concurre en el caso tanto una discriminación horizontal «entre trabajadores del colectivo de conducción que, pese a pertenecer a la misma categoría profesional y percibir idéntica retribución fija, soportan cargas de trabajo nocturno sustancialmente distintas», como vertical dentro del propio colectivo de conducción, en cuanto el plus de nocturnidad se ha eliminado para todas las categorías del personal de conducción, excepto para la de Maquinista Jefe de Tren (Nivel B).

Como puede comprobarse, ambas alegaciones integran un mismo debate, que requieren por ello una solución unitaria, como si se tratara de un único motivo de revisión jurídica.

2.-Dicho lo anterior, observamos que la parte recurrente ha intentado desplazar la controversia a la consideración de una eventual infracción del principio de igualdad y no discriminación desde la perspectiva de la actuación empresarial, incurriendo con ello en un desenfoque conceptual.

Ello se debe a que, dentro de la compleja y rica taxonomía relativa al derecho fundamental a la igualdad, una de las clasificaciones más ortodoxas es la que distingue el derecho de igualdad ante la ley, en la aplicación de la ley, y a la no discriminación. Pues bien, es el derecho a la no discriminación en sentido estricto el que dispensa protección frente a conductas de concretas personas o entidades que impliquen un tratamiento desfavorable para una persona o grupo de personas por alguno de los motivos prohibidos por la ley, en cuanto se refieren a particulares circunstancias o rasgos que merecen una especial protección, generalmente en base a causas históricas que han propiciado la opresión o la exclusión para determinados colectivos. Por el contrario, el principio de igualdad ante la ley exige que la norma trate igual a los casos iguales o equivalentes, aunque la imposición de igualdad no es absoluta, en cuanto se permite desigualdades normativas tendentes a una finalidad legítima, que resulten proporcionadas, y que se funden en criterios objetivos y razonables. En fin, como dijimos en nuestra STS de 18 de septiembre de 2000 -rec. 1263/2000-: «el principio de igualdad se vincula a la Ley y el de no discriminación al ámbito de las relaciones privadas».

De esta primera precisión, se deriva con claridad que la parte, como hemos adelantado, quiere hacer valer la existencia de una discriminación derivada de una pretendida conducta empresarial, cuando lo que está en juego aquí no es tal conducta, sino el contenido de un convenio colectivo al que se acomoda la empresa, razón por la cual la propia parte demandante ha escogido como cauce procesal de su pretensión el de impugnación de un convenio colectivo. Huelga de decir que, desde esta perspectiva, carece de cualquier utilidad práctica la regla sobre la carga de la prueba del art. 181.2 de la LRJS, en cuanto aquí no puede hablarse de indicios de vulneración de un derecho fundamental o libertad pública, ni por tanto de la carga del empresario al que se atribuye una cierta conducta, de justificar la misma desde una perspectiva constitucional. Sino que de lo que se trata es de evaluar el contenido de un convenio colectivo, para determinar si se ajusta o no a la ley, a la que se somete jerárquicamente, en lo relativo a las exigencias de igualdad, en cuanto ya hemos decidido previamente su ajuste a derecho desde una perspectiva de legalidad ordinaria.

3.-Para terminar de aclarar a las partes este aspecto, conviene recordar que este mismo Tribunal ha reiterado que el principio de igualdad ante la ley (y en su caso, en la aplicación de la ley) es también predicable del convenio colectivo en cuanto norma paccionada, si bien de manera matizada para hacer dicho principio compatible con otros valores que tienen su origen en el principio de la autonomía de la voluntad y en la negociación colectiva igualmente garantizada en el art. 37 de la CE. Como decíamos en nuestra STS 862/2022 de 26 de octubre -rec. 28/2021-, recordando a su vez los criterios del TC:

«...el Tribunal Constitucional ( STC 177/1988) ha puesto de manifiesto que el principio de autonomía colectiva implica ya una primera limitación, global y genérica, del principio de igualdad, en la medida en que da paso al establecimiento de regulaciones diferenciadas en razón de la empresa, del sector o de cualquier otro ámbito territorial y funcional apropiado y legitimo para la negociación de condiciones de trabajo. El Convenio colectivo es por definición una norma "sectorial", por lo que la diferenciación por sectores productivos es prácticamente inseparable de la noción de negociación colectiva ( ATC 643/1986, de 23 de julio). Pero, además, el derecho a la negociación colectiva lleva consigo que las partes puedan establecer, dentro del ámbito territorial y funcional correspondiente, y siempre dentro del marco legal y constitucional, las diferencias de regulación o de trato que consideren convenientes o adecuadas en razón de los respectivos intereses, pues sólo así se hará efectiva la capacidad reconocida por la ley a trabajadores y empresarios para regular condiciones de trabajo».

E igualmente en nuestra STS 449/2022 de 18 de mayo -rec. 47/2020-:

«Se ha dicho que "En el ámbito de las relaciones privadas, en que el convenio colectivo se incardina, "los derechos fundamentales y, entre ellos el derecho a la igualdad, han de aplicarse matizadamente, haciéndolos compatibles con otros valores que tienen su origen en el principio de autonomía de la voluntad ... No puede olvidarse, en este sentido, que en la negociación colectiva los representantes de los trabajadores defienden los intereses globales de éstos, observando la realidad en la que intervienen, las implicaciones presentes y futuras de sus pactos y las consecuencias que una estrategia negociadora desviada podría llegar a provocar en perjuicio de sus representados ( STC 119/2002, de 20 de mayo)»-

Lo que interesa dejar claro ahora, es que la disconformidad de la parte con el tratamiento retributivo del plus de nocturnidad para el personal de conducción del Grupo Renfe, no se refiere a una decisión o práctica de empresa, sino a las disposiciones de un Convenio Colectivo completado con una posterior Acuerdo, cuyo sentido y alcance ha sido ya desentrañado y validado en anteriores apartados, sin que se aprecie en aquella regulación ilegalidad alguna.

Esto es, la parte ha puesto todo su empeño en hacer valer un tipo de discriminación que, por su propia naturaleza, no resulta aplicable sistemáticamente en el caso. Mientras que, aun entendida en sentido amplio, tampoco apreciamos discriminación alguna en lo que se refiere al tratamiento retributivo que se dispensa por la norma paccionada a casi todas las categorías del área de conducción (menos una de ellas). Esta última afirmación necesita de una última precisión por nuestra parte.

4.-Como ya hemos visto, la parte afirma que la pretendida discriminación derivaría de que se retribuye de igual modo a todo el personal afectado, hasta las 700 horas de trabajo nocturno, con independencia de las horas que se realicen en horario nocturno. Ahora bien, desde el momento en que hemos afirmado que tal previsión resulta conforme a derecho, en cuanto implica una homogeneización y simplificación de la regulación en la materia, resulta que la parte está haciendo valer la existencia, no de un perjuicio para los trabajadores de conducción que realizan más de 700 horas de trabajo nocturno, sino más bien del beneficio que se ha atribuido a quienes no llegan a tales horas.

Es decir, lo que la parte quiere hacer valer es una pretendida discriminación por indiferenciación que, sin embargo, y como ha reiterado el TC, no se encuentra amparada por el art. 14 de la CE. En efecto, y como han señalado, entre otras, las SSTC 181/2000 de 29 de junio, 117/2006 de 24 de abril, 69/2007 de 16 de abril, 1/2021 de 25 de enero, o 62/2023 de 24 de mayo, la Constitución no consagra un derecho a la desigualdad de trato o al trato normativo desigual, en cuanto no existe un hipotético derecho a imponer o exigir diferencias de trato.

De igual modo, en la STS 449/2022 antes reseñada, y aunque en referencia a un asunto con diferentes implicaciones, relativo a la valoración de una eventual doble escala salarial, rechazamos el recurso de la parte porque:

«... lo que se está impugnando no es que unos trabajadores resulten perjudicados en su régimen retributivo respecto de otros a los que el convenio permite que sus retribuciones puedan ser superiores, sino que lo pretendido desde la demanda es a la inversa, que no existan trabajadores que vean mejorado su régimen salarial, para que lo sean en igualdad de condiciones laborales que otros del mismo convenio y de inferior cuantía. Esto es el carácter relacional que caracteriza al principio de igualdad retributiva que aquí se cuestiona se establece al contrario de lo que suele calificarse como trato peyorativo, en este caso para el derecho salarial de los trabajadores, ya que no se pretende igualar al alza a los que sufren una peor e inferior condición, sino que se rebaje el nivel salarial de los mejorados para igualarlos a los que obtienen sus retribuciones del propio convenio».

En fin, y tal como señaló la STC 315/94 de 28 de noviembre:

«En definitiva, el principio de igualdad como reacción respecto de un trato discriminatorio, es un arma defensiva para impedir la privación o limitación arbitraria de un derecho existente y no para conseguirlo indirectamente a su través. En otras palabras, no puede ser un medio para adquirir derechos ajenos, en virtud del agravio comparativo ( STC 28/1992), salvo que esa desigualdad resulte arbitraria por reflejar una concepción peyorativa del así discriminado, constitucionalmente inaceptable, lo que no es el caso».

5.-A la vista de cuanto antecede, no queda sino concluir que el convenio considerado complementado en los términos vistos, contiene una regulación que no cabe anular por lo que supondría, en definitiva, la admisión de una pretendida discriminación por indiferenciación, lo que implica la desestimación de los dos últimos motivos considerados. Y, con ello, del íntegro recurso, en cuanto como también dijimos, la regulación considerada resulta también ajustada a derecho desde una perspectiva de legalidad ordinaria.

QUINTO.-En consecuencia, y tal como tenía interesado el Ministerio Fiscal, no queda sino desestimar la casación ordinaria presentada, con correlativa confirmación de la sentencia combatida.

Sin costas a tenor de lo dispuesto en el art. 235.2 de la LRJS, por remisión del art. 163 del mismo texto.