Sentencia Social 778/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 245/2023 de 16 de septiembre del 2025

PRIMERO.- 1.Por la representación letrada de RENFE OPERADORA Y RENFE VIAJEROS, S.M.E. (en adelante RENFE) se ha formulado el presente recurso de casación contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 15 de mayo de 2023, dictada en el proc. de DD.FF. 38/2022, que estimó esencialmente la demanda formulada por el Sindicato Federal Ferroviario de la Confederación General del Trabajo (en adelante SFF-CGT) y declaró que las demandadas vulneraron el derecho fundamental a la huelga y el derecho a la libertad sindical del sindicato demandante condenándolas al abono de una indemnización de 7.501 euros.

La demanda solicitaba, además de la condena a la referida indemnización por daños derivados de la vulneración del derecho fundamental, que se declarase contraria al derecho fundamental a la huelga y al de libertad sindical, la conducta de las demandadas consistente en doblar la composición ordinaria de los trenes 12441 con salida de A Coruña a las 19,08 y llegada a Vigo Guixar a las 21,26 y 12538, con salida Vigo Guixar a las 15,02 y llegada a A Coruña a las 17,13 del día 7 de noviembre de 2011. Ello implicó poner en circulación un convoy de doble composición en cada uno de los trenes referidos, de modo que las plazas ofertadas en cada viaje fueron 360: el doble que lo normal.

2.El recurso formulado por RENFE se articula en tres motivos. El primero de ellos para solicitar la revisión de los hechos probados y los dos restantes para denunciar infracciones de normas sustantivas y de la jurisprudencia. El recurso ha sido impugnado por el Sindicato demandante y por el Ministerio Fiscal que fue parte en el proceso de instancia. El informe de la Fiscalía de esta Sala interesa la desestimación del recurso.

SEGUNDO.- 1Con adecuado amparo procesal en el artículo 207, apartado d) LRJS, las recurrentes, en este primer motivo, solicitan la adición de un hecho probado que denominan hecho probado séptimo con el siguiente tenor literal: «La empresa habría realizado los servicios mínimos establecidos en la resolución ministerial aprobada, no poniendo en circulación mayor número de trenes aprobados en la misma». Además, propone la eliminación de los hechos octavo y noveno que figuran en la relación fáctica de la sentencia recurrida con el argumento de que «no están probados, sino que la prueba acredita lo contrario». No determina documento alguno de la prueba documental obrante en autos que pueda servir de fundamento a las modificaciones propuestas.

2.Tan tosco planteamiento del motivo ignora la repetidísima doctrina jurisprudencial relativa a la revisión de los hechos probados cuya cita, por reiteradísima, no conviene repetir. Al respecto, sí resulta pertinente recordar que, para que pueda analizarse la revisión fáctica pretendida, se tiene que citar concretamente la prueba documental que por sí sola demuestre la equivocación del juzgador de instancia, o que permita la introducción de los hechos que se quieren incorporar al relato fáctico. Sin que, en consecuencia, sean admisibles las referencias genéricas a la prueba documental, pues es necesario identificar el documento específico en que se apoye la petición revisora [Por todas: SSTS 28 mayo 2013 (rec. 5/20112), 3 julio 2013 (rec. 88/2012) o 25 marzo 2014 (rec. 161/2013), entre muchas otras].

También hemos señalado que no puede prosperar una revisión de hechos que se funde en la alegación, sin más, de la inexistencia de prueba que respalde el relato judicial, sobre todo cuando consta que en el acto del juicio se practicó suficiente prueba para avalar la conclusión plasmada en la sentencia. De acuerdo con la STS de 18 de marzo de 1991 (rec. 1006/90), la revisión de hechos no "puede fundarse en la denominada prueba negativa, consistente en afirmar que los hechos que el Juzgador estima probados no lo han sido de forma suficiente pues con ello se desconoce que el Juzgador de instancia forma su convicción apoyándose en los diferentes medios de prueba aportados por las partes, aplicando al efecto las normas sobre apreciación de la prueba y partiendo asimismo de las alegaciones formuladas por aquella" [También: STS de 6 de junio de 2012, (rec. 166/2011), con cita de otros muchos pronunciamientos].

3.La obvia consecuencia de la aplicación de la expresada doctrina debe conducir a la desestimación del motivo, dado que no cita documento alguno que evidencia un patente y claro error del órgano judicial de instancia y porque no puede admitirse una supresión de hechos considerados probados por la sentencia recurrida con el nada útil argumento de que los hechos que se pretende suprimir no han quedado probados.

TERCERO.- 1.Bajo el amparo del apartado e) del artículo 207 LRJS construyen las recurrentes su segundo motivo de recurso en el que denuncia infracción por indebida aplicación, por parte de la sentencia de instancia, de los artículos 28.2 CE y preceptos relacionados, así como de la jurisprudencia que fuera aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate. En síntesis, el recurso sostiene que la empresa no ha vulnerado el derecho de huelga ya que, en todo momento, ha realizado los servicios mínimos establecidos en la resolución ministerial que los aprobó, no poniendo en circulación mayor número de trenes que los aprobados en la citada resolución. También constituye eje vertebrador del recurso la consideración de que la puesta en circulación de trenes con doble composición es una facultad organizativa de la empresa que se aplicó en los trenes reseñados en este proceso por razones técnicas ajenas por completo a la afectación del derecho de huelga y dentro del ámbito de los servicios mínimos aprobados.

2.En la demanda, origen del presente procedimiento, no se ponen en cuestión los servicios establecidos por la administración competente a fin de garantizar la prestación de servicios esenciales en el transporte ferroviario; lo que se pone en cuestión es la decisión empresarial respecto de tales medios obligatorios. En concreto, el hecho de que, en uno de los días de huelga -el 7 de noviembre-, además de la supresión de algún servicio de trenes entre A Coruña y Vigo Guixar, en dos concretos trenes entre las citadas localidades, se dobló la composición de los mismos, lo que implicó duplicar el número de plazas ofertadas normalmente. Esa es la conducta que la sentencia recurrida estimó vulneradora del derecho de huelga.

El motivo incurre en el defecto de hacer supuesto de la cuestión; esto es, en partir de hechos que o bien no figuran en la relación fáctica de la sentencia recurrida, o bien se han pretendido introducir en este recuso sin éxito. En efecto, el recurrente parte de dos afirmaciones que el propio motivo califica de fundamentales: la primera que, en todo momento, la empresa ha realizado los servicios mínimos establecidos por la resolución ministerial aprobatoria de los mismos, lo que se evidencia por el dato de que no ha puesto en circulación mayor número de trenes que los aprobados en aquella resolución. Se trata de una afirmación que necesita ser matizada ya que la puesta en circulación de los mismos trenes no implica directamente el recto cumplimiento de los servicios establecidos para garantizar unos mínimos en el servicio de transporte ferroviario. Estos tienen como finalidad garantizar los servicios esenciales para la comunidad, en términos concretos y proporcionales, de suerte que se combinen los intereses de los ciudadanos a contar con un mínimo de servicios para satisfacer sus necesidades; y, a la vez, que la limitación del derecho de huelga no resulte de tal calibre que la haga irreconocible o ineficaz. En este sentido, la autoridad administrativa fijó los servicios mínimos, en los trenes de media distancia, en el 65%. Tal porcentaje, se mida como se mida, se refiere a los servicios prestados habitualmente, tanto se refieran a número de trenes en circulación, como a número de plazas ofertadas, en relación con un día normal comparable.

La segunda afirmación de la que parte el motivo del recurso se refiere al dato de que la utilización de dobles composiciones en los trenes es una práctica habitual en la empresa. Tampoco esta afirmación consta en el relato fáctico; antes, bien al contrario, el hecho octavo (que el recurso pretendía suprimir sin éxito) da cuenta de que en los trayectos A Coruña-Vigo Guixar y viceversa, no se formaron convoyes de doble composición en los respectivos lunes de las correspondientes semanas de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, septiembre, octubre y diciembre de 2022. Únicamente consta un día en julio (25 festivo) y un día en agosto (15 festivo); así como el referido día 7 de noviembre en que estaba convocada la huelga. La conclusión a la que llega la sentencia recurrida, que esta Sala comparte plenamente, es precisamente la contrariaº a la que pretende la recurrente, esto es: lo que constituye práctica habitual casi absoluta es que en el citado trayecto no se duplique en lunes la composición de cada tren.

3.Atendido cuanto se acaba de exponer, resulta evidente que el motivo no puede prosperar. Ocurre, además, que del inalterado relato fáctico de la sentencia recurrida, esta Sala concluye, confirmando lo expuesto en la fundamentación jurídica de dicha resolución de instancia, que la empresa ha hecho un uso abusivo de su potestad organizativa para atender los servicios mínimos, no empleando significativamente más trabajadores de los habituales, sino doblando la composición de los trenes autorizados para la realización de los servicios mínimos, lo que implicaba doblar en los mismos las plazas ofertadas a los pasajeros, con lo que -atendiendo al número de plazas de que disponían los pasajeros habitualmente- excedía de los mínimos del 65% autorizados administrativamente. Con esta actitud no solo se burlaban las medidas establecidas por la autoridad administrativa para garantizar los servicios esenciales, provocando con ello una desproporción entre los derechos afectados incidiendo negativamente en el derecho fundamental reclamado; sino que, también, se diluían los efectos de la huelga disminuyendo sus consecuencias para la ciudadanía y provocando un menor impacto social, lo que afectó, decisivamente, al pleno y correcto ejercicio del derecho de huelga.

CUARTO.- 1.En el cuarto y último motivo del recurso, con fundamento en el artículo 207.e) LRJS, las recurrentes denuncian infracción por indebida aplicación del artículo 183 LRJS y de la jurisprudencia por que entiende no concurre ningún requisito para que haya derecho a la indemnización pretendida. Afirma el recurrente, por un lado, que sin lesión del derecho fundamental no puede existir indemnización de ningún tipo Y, subsidiariamente, añade que estaríamos ante un daño moral por lo que, con cita de antigua jurisprudencia, se exige de una alegación relativa al alcance del daño y su acreditación en el proceso.

2.La resolución del motivo exige poner de relieve la concurrencia de dos premisas indiscutidas: la primera que la pretensión de los actores se ha tramitado por el procedimiento de tutela de derechos fundamentales; y, la segunda, que ha quedado firme el pronunciamiento según el que los demandantes, aquí recurrentes, han sido objeto de vulneración del derecho a la huelga, con la consecuencia añadida de que se les ha reconocido una indemnización por daño moral.

Por lo que a las indemnizaciones se refiere, cabe aquí recordar que los artículos 179.3 y 183 LRJS diferencian los daños y perjuicios con una repercusión material o patrimonial directa y los daños morales unidos a la vulneración del derecho fundamental. De tratarse del primer tipo de daños, el demandante debe establecer en la demanda «las circunstancias relevantes para la determinación de la indemnización solicitada». Sin embargo, de tratarse de daños morales, al demandante se le exime de efectuar tal especificación cuando resulte difícil su estimación detallada y al tribunal se le impone la obligación de pronunciarse «sobre la cuantía del daño, determinándolo prudencialmente cuando la prueba de su importe exacto resulte demasiado difícil o costosa, para resarcir suficientemente a la víctima y restablecer a ésta, en la medida de lo posible, en la integridad de su situación anterior a la lesión, así como para contribuir a la finalidad de prevenir el daño» ( artículo 183. 2 LRJS) .

La STS de 5 de octubre de 2017 (rcud. 2497/2015), reiterada en STS 214/2022, de 9 de marzo (rcud. 2269/2019), entre otras, contienen un resumen de la doctrina actual de la Sala en la materia, con cita de sentencias anteriores de la Sala en las que hemos dicho que los daños morales resultan indisolublemente unidos a la vulneración del derecho fundamental, y al ser especialmente difícil su estimación detallada, deben flexibilizarse las exigencias normales para la determinación de la indemnización. Reiterando esa doctrina, la indemnización de daños morales abre la vía a la posibilidad de que sea el órgano judicial el que establezca prudencialmente su cuantía, sin que pueda exigirse al reclamante la aportación de bases más exactas y precisas para su determinación, en tanto que en esta materia se produce la «inexistencia de parámetros que permitan con precisión traducir en términos económicos el sufrimiento en que tal daño [moral] esencialmente consiste ... [lo que] lleva, por una parte, a un mayor margen de discrecionalidad en la valoración ... y, por otra parte, diluye en cierta medida la relevancia para el cálculo del quantum indemnizatorio" de la aplicación de parámetros objetivos, pues los sufrimientos, padecimientos o menoscabos experimentados no tienen directa o secuencialmente una traducción económica», de tal forma que en atención a la nueva regulación que se ha producido en la materia tras la LRJS se considera que la exigible identificación de circunstancias relevantes para la determinación de la indemnización solicitada ha de excepcionarse en el caso de los daños morales unidos a la vulneración del derecho fundamental cuando resulte difícil su estimación detallada.

Igualmente, hemos afirmado que la utilización del criterio orientador de las sanciones pecuniarias previstas por la Ley de infracciones y sanciones del orden social (LISOS) para las infracciones producidas en el caso, ha sido admitido por la jurisprudencia constitucional ( STC 247/2006, de 24 de julio), a la par que considerado idóneo y razonable en precedentes decisiones de esta Sala [SSTS de 15 de febrero de 2012, (rcud. 6701); de 8 de julio de 2014, (rec. 282/13); de 2 de febrero de 2015, (rec. 279/13) y de 19 de diciembre de 2017, (rcud. 624/2016), entre muchas otras). Con la utilización de los elementos que ofrece la cuantificación de las sanciones de la LISOS, no estamos haciendo una aplicación sistemática y directa de la misma, sino que nos ceñimos a la razonabilidad que algunas de esas cifras ofrecen para la solución del caso, atendida a la gravedad de la vulneración del derecho fundamental. De esta forma, la más reciente doctrina de la Sala se ha alejado más -en la línea pretendida por la ya referida LRJS- del objetivo propiamente resarcitorio, para situarse en un plano que no descuida el aspecto preventivo que ha de corresponder a la indemnización en casos como el presente.

3.-La aplicación de esos mismos criterios al caso enjuiciado conduce a entender que la sentencia recurrida acertó plenamente en la estimación de la reparación indemnizatoria y de su cuantía, lo que obliga a la desestimación del motivo.

QUINTO.-Todo cuanto se lleva expuesto conduce a la desestimación del recurso, tal como informa el Ministerio Fiscal, y a la consiguiente confirmación y declaración de firmeza de la sentencia recurrida. En consecuencia, se decreta la pérdida del depósito constituido para recurrir ( artículo 217.1 LRJS) y se condena solidariamente a las entidades recurrentes, en concepto de costas, a la cantidad de 1.800 euros ( artículo 235.1 LRJS) .