Sentencia Social 967/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 39/2024 de 17 de octubre del 2025

PRIMERO.-La cuestión sometida ahora a nuestro conocimiento consiste en determinar si la empresa demandada "Arcelormittal España SA" vulneró el derecho a fundamental a la huelga en relación con las convocatorias de los días 14 y 25 de abril de 2023, al haber impuesto, al parecer del sindicato demandante Comisiones Obreras de Asturias (CCOO), unos servicios mínimos de mantenimiento y seguridad no negociados ni justificados. La sentencia de la Sala de instancia ha concluido en sentido positivo, condenando a la demandada de manera consecuente y, además, a que abone la cantidad de 120.000 €, estimando en este punto de manera parcial la pretensión, que se refería originariamente a la cantidad de 240.000 €.

Contra esta decisión se alza ahora la empresa demandada que ha formalizado su recurso de casación ordinaria, en el que se contiene un motivo de revisión de hechos probados al amparo de la letra d/ del art. 207 de la LRJS, y otro más de revisión jurídica por el cauce de la letra e/ del mismo precepto, al que se han opuesto tanto la contraparte como el Ministerio Fiscal.

SEGUNDO.-Como acabamos de indicar, el recurso que ahora resolvemos contiene un motivo de revisión de hechos probados que, en realidad, contiene seis pretensiones autónomas y diferenciadas.

Para la decisión de estas pretensiones debe recordarse que, como tiene dicho esta Sala de manera reiterada, el éxito de la revisión fáctica al amparo del art. 207 d/ de la LRJS, basada en error en la apreciación de la prueba, precisa inexcusablemente de los siguientes requisitos ( SSTS 11 de febrero de 2014 -rec. 27/2013, 8 de noviembre de 2016 -rec. 259/2015, 17 de enero de 2017 -rec. 2/2016-, 68/2019 de 29 de enero -rec. 168/2018-, 927/2021 de 22 de septiembre -rec. 75/2021-, 308/2022 de 5 de abril -rec. 151/2021-, 510/2023 de 12 de julio -rec. 19/2023-, 1218/2024 de 30 de octubre -rec. 264/2022- o 248/2025 de 26 de marzo -rec. 16/2023-, entre otras muchas):

a/ que se identifique si la reforma se orienta la modificación, inclusión o exclusión de un hecho, concretando con claridad y precisión el que haya sido incluido de manera errónea u omitido indebidamente en el relato fáctico de la sentencia recurrida

b/ que el hecho que se quiere hacer valer resulte de manera clara, patente y directa de la prueba documental obrante en autos, sin necesidad de realizar valoraciones jurídicas o conjeturas, excluyéndose por tanto la consideración de cualquier otra clase de medio probatorio

c/ que, en el caso de las modalidades aditiva y modificativa, se ofrezca un texto alternativo para integrar la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos

d/ que el resultado de la modificación resulte útil o trascendente para la decisión del debate, incluyéndose tanto las que sean susceptibles de modificar la decisión de la instancia, como las que las que refuerzan argumentalmente aquella.

Se trata, en definitiva, de que el intento revisorio ponga de manifiesto la existencia de un error patente en la apreciación de la prueba, sin que sirva por tanto la expresión por la parte de una mera discrepancia, o la propuesta de una valoración alternativa más conforme a sus intereses, en cuanto la naturaleza extraordinaria de la casación ordinaria implica la atribución de las facultades plenas de valoración de la prueba al órgano judicial de instancia, y la restricción de la revisión del órgano ad quem,que se contrae a los supuestos en los que concurran los requisitos antedichos.

Sentadas estas premisas, resolveremos cada una de las peticiones contenidas en el motivo en cuestión.

1.-En la primera de ellas, se solicita la modificación del ordinal sexto de la sentencia recurrida, con objeto, en lo esencial, de añadir una mención complementaria a que las cartas de servicios mínimos enviadas previamente a una parte de los trabajadores a las que se refiere el ordinal, lo fueron al 13% del total de trabajadores afectados por los servicios de mantenimiento y seguridad, así como mención a que los trabajadores a los que se remitieron dichas cartas descansaban el fin de semana. Se designan a tal efecto los documentos que se identifican en las actuaciones (aunque el nº 9 no se numera como tal), consistentes en acta de mediación, acta de reunión de negociación y un documento por el que personal de relaciones laborales de la empresa "certifican" ciertos extremos relativos a la fijación de los servicios controvertidos.

En todo caso, la descrita pretensión debe ser rechazada por su inutilidad para la decisión del caso, sin necesidad siquiera de considerar la idoneidad de los documentos propuestos. En efecto, la sentencia recurrida ya describe con detalle las circunstancias de las diversas reuniones y contactos así como las posturas de las partes, y afirma expresamente en el hecho probado siguiente que las cartas en cuestión se remitieron «a un 13% de los afectados». De este modo, nada nuevo se añade que pueda incidir en la decisión del caso.

2.-La segunda, tercera y cuarta pretensiones se articulan de forma tal que hacen imposible su decisión, al fundarse las tres en un medio de prueba inidóneo.

En efecto, en la segunda se solicita la introducción de un nuevo hecho probado, que pasaría a ser el decimoséptimo bis, con objeto, en lo esencial, de añadir una mención a las peculiaridades que implica la reducción de la producción en un Horno Alto, las previas paradas de emergencia sin preparación que había sufrido el Horno Alto B, así como las incidencias en los días que se especifican y guardan relación con los días de huelga convocados.

En la tercera se solicita la modificación del ordinal decimoctavo, con objeto, en lo esencial, de añadir una mención al efecto de los ciclos de enfriamiento y calentamiento continuados sobre los elementos estructurales del Horno.

Y en la cuarta se interesa la modificación del ordinal vigésimo, con objeto, en lo esencial, de añadir una mención a los riesgos inherentes a la existencia de un solo Horno Alto en funcionamiento tras el incendio del Horno A; así como explicaciones relativas a por qué todos los trabajadores de la demandada de producción y mantenimiento fueron destinados al horno alto A durante el tiempo que duró la reparación.

Ahora bien, las tres peticiones indicadas tienen en común que se designa como documento el que se identifica como nº 11 del ramo de prueba de la empresa, y que consiste en el «informe técnico emitido por D. Clemente, responsable de los Hornos Altos tanto para la instalación como para los propios trabajadores. Lo que en consecuencia, justifica la designación de servicios de mantenimiento de seguridad establecida por la empresa». Pero resulta que tal informe no es más que la plasmación por escrito de la declaración del testigo-perito a la que se refiere en varias ocasiones la sentencia recurrida. Cuando, como se deriva del claro tenor del art. 207 d/ de la LRJS, y ha reiterado de manera constante este mismo Tribunal, la revisión de hechos en el seno de la casación ordinaria solo puede intentarse en base a prueba documental, y no pericial ni testifical ( SSTS 239/2022 de 16 de marzo -rec. 265/2021-, 359/2022 de 20 de abril de 2022 -rec. 264/2021-, 119/2025 de 19 de febrero -rec. 183/2024-, entre otras muchas), y por supuesto tampoco la testifical-pericial ( STS 1035/2024 de 17 de julio -rec. 83/2024).

En consecuencia, las tres pretensiones aludidas deben ser rechazadas sin más.

3.-En la quinta se solicita la introducción de un nuevo hecho probado que pasaría a ser el vigésimo bis, con objeto, en lo esencial, de hacer constar que, tras el incendio del Horno Alto A de marzo de 2023, la plantilla del mismo no estuvo afectada por el ERTE que se implementó, siendo dicha afectación muy residual en los meses posteriores. Se designan a tal efecto los documentos que se identifican de manera suficiente en las actuaciones, y que consisten en acuerdo suscrito entre la empresa y la parte social sobre el ERTE, así como un autocalificado como "certificado acreditativo del grado de afectación al referido ERTE de fuerza mayor, por parte del personal adscrito al Horno Alto A", y que es una información suscrita por la Jefa de Relaciones Laborales Asturias y la Jefa del Área de Relaciones Laborales de Avilés.

La descrita pretensión debe ser rechazada, y por igual causa de inutilidad ya que, al margen de que si parte de los documentos son o no idóneos, lo cierto es que el grado de afectación de un ERTE previo y, en concreto, si se incluyó o no al personal adscrito al Horno Alto A, nada indica sobre la adecuación de los servicios de seguridad y mantenimiento acordados por la empresa para un momento posterior y que se discuten en este procedimiento.

4.-Finalmente, se solicita la introducción de un nuevo hecho probado que pasaría a ser el vigésimo ter, con objeto, en lo esencial, de hacer constar que, «Con motivo de la convocatoria de huelga del día 24 de abril de 2023, el sindicato CCOO emitió un comunicado en el que puso de manifiesto la paralización total e interrupción de la actividad productiva en Gijón (Acería LDG, Chapa, Alambrón y Carril) y en Avilés (TBC, Decapado, Tándem 1 y 2, Galvanizado 1 y 2. Hojalata 2 y 3, Recocido Continuo, Hornos de campana, Limpieza electrolítica, Témper y Líneas de Inspección)». Se designan a tal efecto los documentos que se identifican de manera suficiente en las actuaciones, y que consisten en los comunicados publicados por el sindicato CCOO en los que se decía que, «a pesar de los abusivos servicios mínimos planteados unilateralmente por la empresa... que solo han servido para mantener la actividad productiva en el Horno Alto B» y resto de instalaciones que se mencionaban, «han quedado paralizadas el resto de instalaciones» que se relacionaban en Gijón y Avilés.

Debemos terminar por rechazar también esta última pretensión, y por la misma causa de inutilidad que ha venido lastrando los previos intentos sobre los que hemos podido pronunciarnos. En efecto, que el sindicato convocante hiciera alusión en su momento al éxito de la convocatoria de huelga en relación con las instalaciones no afectadas por los servicios de mantenimiento acordados por la empresa, no afecta en nada a la consideración del ya descrito objeto del debate, esto es, si tales servicios fueron o no abusivos.

TERCERO.-El siguiente motivo del recurso, dedicado como ya dijimos a la revisión jurídica, contiene, como ya ocurrió en el caso anterior, dos pretensiones autónomas que bien podrían haber constituido motivos separados. Por tal causa, daremos respuestas claramente diferenciadas a cada una de tales cuestiones.

1.De este modo y en primer lugar, se invoca la infracción de los arts. 6.7 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, en relación con los artículos 7.1 del Código Civil y 20.2, 40, 41, 44, 47, 51 y 89 del Estatuto de los Trabajadores, así como de la jurisprudencia que los interpreta, por entender que en el señalamiento por la empresa de los servicios de mantenimiento y seguridad en las convocatorias de huelga consideradas, no se produjo afectación del derecho de huelga.

2.Lo primero que debe hacerse constar, para evitar cualquier tipo de confusión al respecto, en un caso como el presente, en el que suele ser habitual la utilización de una terminología imprecisa, es que lo que se pone en juego en el debate que ahora resolvemos no es la fijación de los servicios mínimos a los que se refiere el art. 10.2 del RDL 17/1997 al señalar: «Cuando la huelga se declare en empresas encargadas de la prestación de cualquier género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y concurran circunstancias de especial gravedad, la autoridad gubernativa podrá acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios. El Gobierno, asimismo, podrá adoptar a tales fines las medidas de intervención adecuadas». Sino los servicios de seguridad y mantenimiento aludidos en el art. 6.7 del mismo texto al disponer: «El Comité de huelga habrá de garantizar durante la misma la prestación de los servicios necesarios para la seguridad de las personas y de las cosas, mantenimiento de los locales, maquinaria, instalaciones, materias primas y cualquier otra atención que fuese precisa para la ulterior reanudación de las tareas de la empresa. Corresponde al empresario la designación de los trabajadores que deban efectuar dichos servicios».

Esta distinción se encuentra plenamente consagrada en nuestra jurisprudencia y, en este sentido ya hemos dicho que mediante la fijación de los servicios mínimos o esenciales «se pretende que la actividad productiva continúe limitadamente durante la huelga», mientras que con los servicios de mantenimiento y seguridad «aplicable a todas las empresas aunque no se trate de empresas encargadas de la prestación de servicios esenciales, tiende a posibilitar, además de la seguridad de las personas, que la actividad productiva pueda reanudarse al acabar la huelga.» ( STS de 14 de noviembre de 2012 -rec. 283/2011-).

En el mismo sentido se ha pronunciado la Sala III de este Tribunal que, como es bien sabido, tiene atribuido el control jurisdiccional de las decisiones administrativas de fijación de servicios mínimos. En este caso se ha dicho: « cuando por la actividad de la empresa la huelga afecte a bienes de terceros constitutivos de derechos fundamentales o a la salud de la colectividad, la Administración está apoderada para fijar unos servicios mínimos, luego su intervención responde a la función de atender a los intereses generales ( artículo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977). Ahora bien, si se trata de proteger bienes e instalaciones para así garantizar la viabilidad de la actividad empresarial una vez finalizada la huelga, es aplicable el artículo 6.7 del Real Decreto-Ley 17/1977, luego un eventual conflicto se solventará en el ámbito de relaciones laborales». ( STS Sala III 32/2024 de 11 Ene. 2024 -rec. 894/2023).

Sobre este aspecto, la sentencia de la Sala de instancia afirma que «la demanda niega y la empresa no alega que su situación se encuadre dentro de los servicios esenciales, por lo que debe acudirse al artículo 6.7 del RD 17/1977». Y ese debe ser por tanto de manera necesaria el marco valorativo de nuestra decisión.

3.-Hecha esta indispensable precisión conceptual, debemos ahora referirnos a la situación de hecho que motiva la controversia y que se refiere, como ha quedado delimitado en la instancia, a la valoración del establecimiento de servicios de mantenimiento y seguridad (SMS) por la empresa demandada con relación a las huelgas convocadas por el sindicato CCOO los días 14 y 25 de abril de 2023 por el sindicato demandante.

Existe un antecedente previo de relevancia, en cuanto se informa en la sentencia recurrida que existía un acuerdo de 17 de junio de 2005 entre la empresa (que entonces se denominaba "Aceralia Corporación Siderúrgica SA") y los miembros de los Comités de Empresa de dos de los tres centros de trabajo existentes (los Avilés y Gijón, sin que se incluyera Aboño), relativo a los servicios

de mantenimiento y seguridad de las instalaciones en caso de huelga, denominado "Acuerdo de Servicios Mínimos", en el que se contenía de manera detallada la actividad que debía mantenerse en la empresa según que la huelga fuera de más o menos de 24 horas. Dicho acuerdo se declaró extinguido mediante sentencia del TSJ de Asturias de 14 de junio de 2022, que fue recurrida en casación ordinaria y, aunque no se dice en la instancia por evidentes razones temporales, fue confirmada por STS 940/2024 de 25 de junio de 2024 -rec. 209/2022-, dato que podemos utilizar de oficio, en cuanto no se trata de un hecho sometido a las reglas sobre la carga de la prueba, sino a un precedente de este mismo Tribunal.

En todo caso, y dado que no existía instrumento que regulara la fijación de los servicios de mantenimiento y seguridad, tras realizarse las dos convocatorias controvertidas, la de 14 de abril y la de 25 de abril de 2023, se produjeron los intentos de acuerdo que se describen en la sentencia recurrida. En particular, en ambas ocasiones se celebró sendas mediaciones en el SASEC a las que concurrieron la representación sindical, así como diversos responsables o integrantes de recursos humanos y/o de relaciones laborales de la empresa; y, del mismo modo, se produjeron distintas reuniones posteriores, que presentaron diversas incidencias en cuanto que las convocatorias abarcaban varios días, y de manera sobrevenida se amplió la convocatoria en relación a otros centros (el de Aboño) y se desconvocaron algunos de los días inicialmente previstos. En todo caso, finalmente, no se alcanzó acuerdo alguno.

La base del desacuerdo consistía, en lo esencial, en que la representación sindical quería parar los dos hornos, los dos Sinter y las dos acerías, mientras que la empresa negaba tal posibilidad por razones técnicas, considerando que la referencia para la negociación debía ser el extinto "Acuerdo de Servicios Mínimos" de 2005. En particular, la negativa a parar el horno alto B se relacionaba con el hecho de que el A ya estaba parado por un incendio sufrido el 22 de marzo de 2023, en proceso de reparación y con específicas necesidades de mantenimiento.

Finalmente, la empresa aplicó los servicios de mantenimiento y seguridad que había propuesto inicialmente, sin que se informe de que se aplicara algún tipo de modificación derivada de la negociación. En concreto, los servicios previstos por la empresa demandada para las huelgas convocadas los días 24 y 28 de abril y para los días del mes de mayo, era de un 24% de la plantilla total de la planta de Asturias. La empresa reconoció que había remitido antes de la reunión con la representación social el día 21 de abril, cartas comunicando la adscripción a los servicios, a trabajadores que representaban un 13% de los afectados por los servicios.

4.-Partiendo de esta base fáctica, establece el art. 6.7 del RD 17/1997: «El Comité de huelga habrá de garantizar durante la misma la prestación de los servicios necesarios para la seguridad de las personas y de las cosas, mantenimiento de los locales, maquinaria, instalaciones, materias primas y cualquier otra atención que fuese precisa para la ulterior reanudación de las tareas de la empresa. Corresponde al empresario la designación de los trabajadores que deban efectuar dichos servicios».

Como es bien sabido, el transcrito precepto fue modalizado interpretativamente por la STC TC 11/1981, de 8 de abril, para señalar que «la adopción de las medidas de seguridad no compete de manera exclusiva al empresario, sino que en ellas participa el comité de huelga, que es quien las garantiza, con la inevitable secuela de que la huelga en que el comité no preste esta participación podrá ser considerada como ilícita por abusiva». La consecuencia de lo anterior, es que la fijación unilateral de los servicios por parte de la empresa, solo podrá producirse en casos excepcionales cuando, por ejemplo, el comité de huelga niegue toda colaboración.

Por otro lado, el establecimiento de los servicios de mantenimiento y seguridad no puede servir de excusa para limitar el derecho de huelga, en cuanto que «en la determinación de cuáles son los servicios mínimos esenciales para la comunidad, o cuáles son los servicios de seguridad y de mantenimiento requeridos, debe atenderse a ciertos límites, que impidan interpretaciones restrictivas del derecho fundamental» ( SSTC 33/2011 de 28 de marzo y 17/2017 de 2 de febrero).

Para hacer efectivo el equilibrio entre el mantenimiento de las instalaciones y la garantía de la seguridad de las personas y el ejercicio del derecho de huelga, hemos hecho notar igualmente que los servicios de mantenimiento y seguridad tienen un carácter marginal: «los "servicios de mantenimiento" son sólo los servicios marginales de aseguramiento de la reanudación productiva, como indica el propio término de "mantenimiento", contrapuesto al de "funcionamiento ", con lo que, con la idea de reducción al mínimo, se trata sólo de mantener unos determinados servicios con el fin de evitar daños graves en el patrimonio de la empresa o de las personas». ( STS de 14 de noviembre de 2012 ya reseñada).

Debemos añadir ahora a este respecto, que la complejidad técnica de algunas instalaciones, y/o el riesgo potencial para las personas, puede imponer la necesidad de unos servicios de mantenimiento y seguridad más amplios, en cuanto imprescindibles para preservar la integridad de las instalaciones. Pero para ello resulta necesario que se acredite, al menos de forma indiciaria y con una mínima solidez o certidumbre, la realidad de aquellos riesgos.

Desarrollando más este aspecto, resulta también claro que basta con que, de acuerdo con la información técnica disponible, los riesgos considerados puedan tenerse como potenciales. Ya hemos dicho a este respecto: «Cuando se trata de valorar la necesidad de unos servicios de seguridad y mantenimiento, lo verdaderamente trascendente no son las incidencias realmente acontecidas durante la huelga, sino los riesgos potenciales que deben preverse, aunque luego no se materialicen» ( STS de 28 de mayo de 2003 -rec. 5/2002-). Ahora bien, para que pueda tenerse como riesgos potenciales ciertos los que se afirman como concurrentes, es necesario, de nuevo, que los mismos consten con una mínima certidumbre y seriedad.

Finalmente y para concluir este apartado en el que sintetizamos los criterios generales esenciales en la valoración que ahora se realiza, es igualmente claro que la negociación precisa para establecer los servicios de mantenimiento y seguridad, debe realizarse, como hemos dicho en tantas ocasiones para otros ámbitos de la organización empresarial, de acuerdo con criterios de buena fe, con el propósito real de llegar a un acuerdo, y proporcionando la información necesaria dentro del marco de cada una de las situaciones consideradas, para negociar con cabal conocimiento de la situación que hace necesarios los servicios en cuestión.

5.Considerando el conjunto de la información disponible, observamos que el desacuerdo esencial entre las partes se produjo en relación con el hecho de si debían pararse o no los dos hornos altos, uno de los cuales ya lo estaba por un previo incendio, entendiendo la empresa que no podía producirse tal situación, para no poner en riesgo la reparación del horno A ni someter al B a un estrés técnico innecesario. Ahora bien, constatamos igualmente que no consta que la empresa proporcionara en el momento de las negociaciones a la representación del sindicato CCOO accionante en el presente procedimiento, una información específica de tipo técnico de la que pudiera derivarse que, en efecto, la parada del horno B de manera adicional al A ya parado por el previo incendio, podía implicar riesgos adicionales.

En este mismo ámbito de consideraciones, la sentencia recurrida relata tanto la producción de los hornos altos en el año 2023, así como todas las paradas en el mismo año. Resultando, en cuanto a la producción, que la misma había variado en un amplio abanico, desde un mínimo de 20 Tm/dia a un máximo de 7077 Tm/día y que, en algunos de los días de huelga la producción no bajó e incluso en algunos días alcanzó casi el máximo. Por otro lado, y por lo que respecta a las paradas, el horno A paró en programadas dos días, y en no programadas cinco días, más un periodo de varios meses de septiembre de 2022 a febrero de 2023 por el precio de la energía y el efecto de la inflación en el mercado, todo ello al margen de la parada tras el incendio. Mientras que el horno B paró en programadas nueve días, y en no programadas veintidós días. (todo ello s.e.u.o.).

De tales datos parece derivarse, de un lado, que las paradas en el año considerado no fueron algo excepcional sino que se produjeron con cierta regularidad sin que consten incidentes específicos asociados a aquellas; es más, una de las paradas, la no programada de varios meses del horno A, se produjo por conveniencia económica de la empresa. Y, de otro lado, se constata igualmente que la producción presentó en el año oscilaciones más que significativas, sin que tampoco por ello se reporten problemas reseñables.

Observamos igualmente que la empresa quiso tomar como punto de referencia el previo acuerdo de 2005 que se había dejado sin efecto judicialmente previa presentación de demanda al efecto por el sindicato CCOO y, si bien podríamos admitir que los criterios de dicho acuerdo constituyeran un elemento a tener en cuenta en la negociación, no parece sin embargo admisible que, como acabó ocurriendo, se impusieran sin más cuando, como ya razonamos en nuestra sentencia de 25 de junio de 2024 antes reseñada «las circunstancias en las que se formalizó aquel pacto son absolutamente diferentes de las que acontecen en el momento de la presentación de la demanda y en la actualidad. Así... a lo largo de los años de vigencia del pacto, se han modificado sustancialmente, mediante sucesivos acuerdos las funciones de muchos de los puestos de trabajo, el número de trabajadores asignados a cada servicio, asignándose nuevas funciones a las plantillas de producción, se han creado nuevos puestos de trabajo y se han amortizado otros. Se han reorganizado las plantillas, disminuyendo operarios en determinados puestos y aumentando en otros; se han reorganizado plantillas y secciones enteras con reajustes de funciones. En muchos puestos de trabajo se han establecido pactos de polivalencia funcional... Es evidente que las circunstancias de la plantilla afectada, de su organización, y de la organización de la producción han variado totalmente de suerte que, a juicio de la Sala, resulta extraordinariamente difícil mantener la operatividad del acuerdo de 2005 casi veinte años después». Por lo demás, resulta igualmente significativo que, como acabamos de explicar, la producción no experimentara oscilaciones significativas a la baja en los días de huelga.

Por el contrario, no otorgamos relevancia significativa al hecho de que en la primera convocatoria considerada, la empresa mandara cartas a parte de los trabajadores afectados por los servicios de mantenimiento antes de que se supiera si había o no acuerdo, en cuanto que, en función de las circunstancias concurrentes, tal decisión podía suponer un mero adelantamiento por prudencia para llegar a tiempo, sin perjuicio de que, de haber existido acuerdo, se hubieran modificado aquellas designaciones.

6.La consideración de cuanto antecede, nos aboca a concluir que la empresa no afrontó la negociación de los servicios de mantenimiento y seguridad en las condiciones necesarias para permitir un acuerdo razonable, en cuanto, de un lado, intentó hacer prevalecer los criterios del Acuerdo de 2005, dejado sin efecto y relativo a una situación organizativa de la empresa completamente distinta a la actual y más reciente y, de otro lado, no proporcionó información técnica que apoyara sus pretensiones en cuanto a los servicios considerados. Por lo demás, resulta significativo que, como ya expusimos, la producción en los días de huelga no presentara oscilaciones significativas, poniendo de manifiesto bien a las claras que los servicios de mantenimiento y seguridad tuvieron un alcance desmedido, insistimos, sin justificación técnica suficiente que nos convenza de que, por su propia naturaleza, el proceso productivo en cuestión no puede experimentar reducciones.

Debemos recordar que, «cuando el Comité de huelga niega frontalmente su colaboración para adoptar las medidas de seguridad y mantenimiento, puede el empresario proceder a la designación de los trabajadores que hayan de desempeñarlas, siempre que estén objetivamente justificadas. Porque el derecho a la adopción de tal tipo de medidas es indiscutible» ( STS de 28 de mayo de 2003 -rec. 5/2002-). Pero esa no ha sido el caso. Por el contrario, la parte social mantuvo en todo momento abierto el cauce negociador y, en consecuencia, valorando todas las circunstancias concurrentes, no cabe sino concluir que la imposición unilateral de las tan citadas medidas, en los términos ya relatados, resultó abusiva por excesiva.

En consecuencia, esta primera parte del motivo considerado debe ser rechazada.

CUARTO.-En la segunda parte del mismo motivo y de manera subsidiaria, se invoca la infracción del artículo 39 de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, por entender que, de considerarse abusiva la fijación de servicios de mantenimiento y seguridad, la indemnización compensatoria acordada (de 120.000 €), resulta excesiva.

1.En este punto y como tenemos reiteradamente dicho, en la materia relativa a la determinación de la indemnización compensatoria por la vulneración de derechos fundamentales, la cuantía fijada prudencialmente por el órgano judicial de instancia sólo ha de ser corregida para suprimida o moderarla cuando se presente desorbitada, injusta, desproporcionada o irrazonable ( SSTS 440/2016, de 18 mayo -rec 150/2015-, 920/2016, de 2 noviembre -rec 262/2015, 583/2021, de 27 mayo -rec 151/2019- o 745/2025 de 18 de julio -rec. 182/2023).

Por otro lado, hemos avalado también la utilización a título orientativo del importe de las sanciones de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS), para la determinación de la cuantía de la indemnización por la vulneración de derechos fundamentales, cuando sea difícil su fijación concreta, siempre que se acompañe de una valoración de las circunstancias concurrentes en el caso concreto ( SSTS 962/2023, de 8 de noviembre -rec. 204/2021-, 267/2023, de 12 abril -rec. 4/2021-, 356/2022, de 20 abril -rec. 2391/2019- y 179/2022, de 23 febrero -rec. 4322/2019-); circunstancias que pueden «la antigüedad del trabajador en la empresa, la duración de la vulneración del derecho fundamental, la intensidad de la misma, las consecuencias que se deriven para el trabajador, la posible reincidencia en las conductas vulneradoras de los derechos fundamentales, el carácter pluriofensivo de la lesión y, el contexto en el que se haya realizado la conducta o la actitud tendente a impedir el ejercicio del derecho transgredido» ( STS 745/2025 de 18 de julio de 2025 -rec. 182/2023-).

2.Debemos partir por tanto de los criterios y la valoración aplicados en la sentencia de la Sala de instancia, que ha realizado un examen pormenorizado, y ha tomado como criterio orientativo la sanción asociada a la conducta descrita por el art. 8.10 de la LISOS, que tipifica como infracción muy grave «Los actos del empresario lesivos del derecho de huelga de los trabajadores consistentes en la sustitución de los trabajadores en huelga por otros no vinculados al centro de trabajo al tiempo de su ejercicio, salvo en los casos justificados por el ordenamiento». Dicho precepto se refiere al esquirolaje, que tanto nuestra doctrina como la del TC ha definido como un abuso empresarial que anula o aminora la presión ejercida legítimamente por los huelguistas a través de la paralización del trabajo ( STC 33/2011 de 28 de marzo, y SSTS de 8 de junio de 2011 -rec. 144/2010-, 5 diciembre 2012 -rec.265/2011-, 20 abril 2015- rec. 354/2012-, 13 enero 2020 - rec. 138/2018-, y 153/2021 de 3 de febrero de 2021 -rec. 36/2019-, entre otras).

Ahora bien, la referencia en cuestión se muestra adecuada en el caso, desde el momento en que los servicios mínimos, así como los de seguridad y mantenimiento, se configuran como una excepción al proscrito esquirolaje amparada por el bloque regulativo en la materia. Dice sobre esto la STC 33/2011 de 28 de marzo:

«Por ello, ni el empresario puede imponer a los trabajadores no huelguistas la realización de las tareas que corresponden a los que secundaron la convocatoria, ni los trabajadores que libremente decidieron no secundarla pueden sustituir el trabajo de sus compañeros. Esa regla general admite dos excepciones, conectadas a las previsiones legales sobre el aseguramiento de determinados servicios mínimos esenciales para la comunidad ( art. 10 del Real Decreto-ley 17/1977), y a las previsiones sobre los servicios de seguridad y de mantenimiento en la empresa ( art. 6.7 del Real Decreto-ley 17/1977). En estos dos supuestos, si los trabajadores designados para el mantenimiento de los referidos servicios se negaran o se resistieran a prestarlos, quedaría justificada su sustitución a tales efectos. No obstante, en la determinación de cuáles son los servicios mínimos esenciales para la comunidad, o cuáles son los servicios de seguridad y de mantenimiento requeridos, debe atenderse a ciertos límites, que impidan interpretaciones restrictivas del derecho fundamental [...]».

3.Partiendo de esta premisa, deben valorarse el conjunto de circunstancias concurrentes, incluido el hecho de que la empresa ya había sido condenada en el año 2020 por vulneración del derecho de huelga en una de las unidades productivas con menor repercusión y trascendencia que la situación ahora considerada, manteniendo por tanto «la misma actitud de no negociar y mantener unos servicios que habían sido dejados sin efecto».

Así las cosas, considerando la falta de una negociación adecuada, en los términos ya descritos, incluida la apreciable neutralización en cuanto a sus efectos de la huelga convocada en atención a la producción constatada, así como la reiteración de la empresa en la conducta reprochada, no apreciamos ningún factor que permita corregir el criterio de la resolución de la instancia, que se muestra proporcional y razonable.

Procede, por tanto, oído el Ministerio Fiscal, desestimar también en este punto el recurso considerado, con imposición de costas al amparo del art. 235 de la LRJS, y con pérdida del depósito y la consignación a tenor de los arts. 217 y 229 del mismo texto.

PRIMERO.-La cuestión sometida ahora a nuestro conocimiento consiste en determinar si la empresa demandada "Arcelormittal España SA" vulneró el derecho a fundamental a la huelga en relación con las convocatorias de los días 14 y 25 de abril de 2023, al haber impuesto, al parecer del sindicato demandante Comisiones Obreras de Asturias (CCOO), unos servicios mínimos de mantenimiento y seguridad no negociados ni justificados. La sentencia de la Sala de instancia ha concluido en sentido positivo, condenando a la demandada de manera consecuente y, además, a que abone la cantidad de 120.000 €, estimando en este punto de manera parcial la pretensión, que se refería originariamente a la cantidad de 240.000 €.

Contra esta decisión se alza ahora la empresa demandada que ha formalizado su recurso de casación ordinaria, en el que se contiene un motivo de revisión de hechos probados al amparo de la letra d/ del art. 207 de la LRJS, y otro más de revisión jurídica por el cauce de la letra e/ del mismo precepto, al que se han opuesto tanto la contraparte como el Ministerio Fiscal.

SEGUNDO.-Como acabamos de indicar, el recurso que ahora resolvemos contiene un motivo de revisión de hechos probados que, en realidad, contiene seis pretensiones autónomas y diferenciadas.

Para la decisión de estas pretensiones debe recordarse que, como tiene dicho esta Sala de manera reiterada, el éxito de la revisión fáctica al amparo del art. 207 d/ de la LRJS, basada en error en la apreciación de la prueba, precisa inexcusablemente de los siguientes requisitos ( SSTS 11 de febrero de 2014 -rec. 27/2013, 8 de noviembre de 2016 -rec. 259/2015, 17 de enero de 2017 -rec. 2/2016-, 68/2019 de 29 de enero -rec. 168/2018-, 927/2021 de 22 de septiembre -rec. 75/2021-, 308/2022 de 5 de abril -rec. 151/2021-, 510/2023 de 12 de julio -rec. 19/2023-, 1218/2024 de 30 de octubre -rec. 264/2022- o 248/2025 de 26 de marzo -rec. 16/2023-, entre otras muchas):

a/ que se identifique si la reforma se orienta la modificación, inclusión o exclusión de un hecho, concretando con claridad y precisión el que haya sido incluido de manera errónea u omitido indebidamente en el relato fáctico de la sentencia recurrida

b/ que el hecho que se quiere hacer valer resulte de manera clara, patente y directa de la prueba documental obrante en autos, sin necesidad de realizar valoraciones jurídicas o conjeturas, excluyéndose por tanto la consideración de cualquier otra clase de medio probatorio

c/ que, en el caso de las modalidades aditiva y modificativa, se ofrezca un texto alternativo para integrar la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos

d/ que el resultado de la modificación resulte útil o trascendente para la decisión del debate, incluyéndose tanto las que sean susceptibles de modificar la decisión de la instancia, como las que las que refuerzan argumentalmente aquella.

Se trata, en definitiva, de que el intento revisorio ponga de manifiesto la existencia de un error patente en la apreciación de la prueba, sin que sirva por tanto la expresión por la parte de una mera discrepancia, o la propuesta de una valoración alternativa más conforme a sus intereses, en cuanto la naturaleza extraordinaria de la casación ordinaria implica la atribución de las facultades plenas de valoración de la prueba al órgano judicial de instancia, y la restricción de la revisión del órgano ad quem,que se contrae a los supuestos en los que concurran los requisitos antedichos.

Sentadas estas premisas, resolveremos cada una de las peticiones contenidas en el motivo en cuestión.

1.-En la primera de ellas, se solicita la modificación del ordinal sexto de la sentencia recurrida, con objeto, en lo esencial, de añadir una mención complementaria a que las cartas de servicios mínimos enviadas previamente a una parte de los trabajadores a las que se refiere el ordinal, lo fueron al 13% del total de trabajadores afectados por los servicios de mantenimiento y seguridad, así como mención a que los trabajadores a los que se remitieron dichas cartas descansaban el fin de semana. Se designan a tal efecto los documentos que se identifican en las actuaciones (aunque el nº 9 no se numera como tal), consistentes en acta de mediación, acta de reunión de negociación y un documento por el que personal de relaciones laborales de la empresa "certifican" ciertos extremos relativos a la fijación de los servicios controvertidos.

En todo caso, la descrita pretensión debe ser rechazada por su inutilidad para la decisión del caso, sin necesidad siquiera de considerar la idoneidad de los documentos propuestos. En efecto, la sentencia recurrida ya describe con detalle las circunstancias de las diversas reuniones y contactos así como las posturas de las partes, y afirma expresamente en el hecho probado siguiente que las cartas en cuestión se remitieron «a un 13% de los afectados». De este modo, nada nuevo se añade que pueda incidir en la decisión del caso.

2.-La segunda, tercera y cuarta pretensiones se articulan de forma tal que hacen imposible su decisión, al fundarse las tres en un medio de prueba inidóneo.

En efecto, en la segunda se solicita la introducción de un nuevo hecho probado, que pasaría a ser el decimoséptimo bis, con objeto, en lo esencial, de añadir una mención a las peculiaridades que implica la reducción de la producción en un Horno Alto, las previas paradas de emergencia sin preparación que había sufrido el Horno Alto B, así como las incidencias en los días que se especifican y guardan relación con los días de huelga convocados.

En la tercera se solicita la modificación del ordinal decimoctavo, con objeto, en lo esencial, de añadir una mención al efecto de los ciclos de enfriamiento y calentamiento continuados sobre los elementos estructurales del Horno.

Y en la cuarta se interesa la modificación del ordinal vigésimo, con objeto, en lo esencial, de añadir una mención a los riesgos inherentes a la existencia de un solo Horno Alto en funcionamiento tras el incendio del Horno A; así como explicaciones relativas a por qué todos los trabajadores de la demandada de producción y mantenimiento fueron destinados al horno alto A durante el tiempo que duró la reparación.

Ahora bien, las tres peticiones indicadas tienen en común que se designa como documento el que se identifica como nº 11 del ramo de prueba de la empresa, y que consiste en el «informe técnico emitido por D. Clemente, responsable de los Hornos Altos tanto para la instalación como para los propios trabajadores. Lo que en consecuencia, justifica la designación de servicios de mantenimiento de seguridad establecida por la empresa». Pero resulta que tal informe no es más que la plasmación por escrito de la declaración del testigo-perito a la que se refiere en varias ocasiones la sentencia recurrida. Cuando, como se deriva del claro tenor del art. 207 d/ de la LRJS, y ha reiterado de manera constante este mismo Tribunal, la revisión de hechos en el seno de la casación ordinaria solo puede intentarse en base a prueba documental, y no pericial ni testifical ( SSTS 239/2022 de 16 de marzo -rec. 265/2021-, 359/2022 de 20 de abril de 2022 -rec. 264/2021-, 119/2025 de 19 de febrero -rec. 183/2024-, entre otras muchas), y por supuesto tampoco la testifical-pericial ( STS 1035/2024 de 17 de julio -rec. 83/2024).

En consecuencia, las tres pretensiones aludidas deben ser rechazadas sin más.

3.-En la quinta se solicita la introducción de un nuevo hecho probado que pasaría a ser el vigésimo bis, con objeto, en lo esencial, de hacer constar que, tras el incendio del Horno Alto A de marzo de 2023, la plantilla del mismo no estuvo afectada por el ERTE que se implementó, siendo dicha afectación muy residual en los meses posteriores. Se designan a tal efecto los documentos que se identifican de manera suficiente en las actuaciones, y que consisten en acuerdo suscrito entre la empresa y la parte social sobre el ERTE, así como un autocalificado como "certificado acreditativo del grado de afectación al referido ERTE de fuerza mayor, por parte del personal adscrito al Horno Alto A", y que es una información suscrita por la Jefa de Relaciones Laborales Asturias y la Jefa del Área de Relaciones Laborales de Avilés.

La descrita pretensión debe ser rechazada, y por igual causa de inutilidad ya que, al margen de que si parte de los documentos son o no idóneos, lo cierto es que el grado de afectación de un ERTE previo y, en concreto, si se incluyó o no al personal adscrito al Horno Alto A, nada indica sobre la adecuación de los servicios de seguridad y mantenimiento acordados por la empresa para un momento posterior y que se discuten en este procedimiento.

4.-Finalmente, se solicita la introducción de un nuevo hecho probado que pasaría a ser el vigésimo ter, con objeto, en lo esencial, de hacer constar que, «Con motivo de la convocatoria de huelga del día 24 de abril de 2023, el sindicato CCOO emitió un comunicado en el que puso de manifiesto la paralización total e interrupción de la actividad productiva en Gijón (Acería LDG, Chapa, Alambrón y Carril) y en Avilés (TBC, Decapado, Tándem 1 y 2, Galvanizado 1 y 2. Hojalata 2 y 3, Recocido Continuo, Hornos de campana, Limpieza electrolítica, Témper y Líneas de Inspección)». Se designan a tal efecto los documentos que se identifican de manera suficiente en las actuaciones, y que consisten en los comunicados publicados por el sindicato CCOO en los que se decía que, «a pesar de los abusivos servicios mínimos planteados unilateralmente por la empresa... que solo han servido para mantener la actividad productiva en el Horno Alto B» y resto de instalaciones que se mencionaban, «han quedado paralizadas el resto de instalaciones» que se relacionaban en Gijón y Avilés.

Debemos terminar por rechazar también esta última pretensión, y por la misma causa de inutilidad que ha venido lastrando los previos intentos sobre los que hemos podido pronunciarnos. En efecto, que el sindicato convocante hiciera alusión en su momento al éxito de la convocatoria de huelga en relación con las instalaciones no afectadas por los servicios de mantenimiento acordados por la empresa, no afecta en nada a la consideración del ya descrito objeto del debate, esto es, si tales servicios fueron o no abusivos.

TERCERO.-El siguiente motivo del recurso, dedicado como ya dijimos a la revisión jurídica, contiene, como ya ocurrió en el caso anterior, dos pretensiones autónomas que bien podrían haber constituido motivos separados. Por tal causa, daremos respuestas claramente diferenciadas a cada una de tales cuestiones.

1.De este modo y en primer lugar, se invoca la infracción de los arts. 6.7 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, en relación con los artículos 7.1 del Código Civil y 20.2, 40, 41, 44, 47, 51 y 89 del Estatuto de los Trabajadores, así como de la jurisprudencia que los interpreta, por entender que en el señalamiento por la empresa de los servicios de mantenimiento y seguridad en las convocatorias de huelga consideradas, no se produjo afectación del derecho de huelga.

2.Lo primero que debe hacerse constar, para evitar cualquier tipo de confusión al respecto, en un caso como el presente, en el que suele ser habitual la utilización de una terminología imprecisa, es que lo que se pone en juego en el debate que ahora resolvemos no es la fijación de los servicios mínimos a los que se refiere el art. 10.2 del RDL 17/1997 al señalar: «Cuando la huelga se declare en empresas encargadas de la prestación de cualquier género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y concurran circunstancias de especial gravedad, la autoridad gubernativa podrá acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios. El Gobierno, asimismo, podrá adoptar a tales fines las medidas de intervención adecuadas». Sino los servicios de seguridad y mantenimiento aludidos en el art. 6.7 del mismo texto al disponer: «El Comité de huelga habrá de garantizar durante la misma la prestación de los servicios necesarios para la seguridad de las personas y de las cosas, mantenimiento de los locales, maquinaria, instalaciones, materias primas y cualquier otra atención que fuese precisa para la ulterior reanudación de las tareas de la empresa. Corresponde al empresario la designación de los trabajadores que deban efectuar dichos servicios».

Esta distinción se encuentra plenamente consagrada en nuestra jurisprudencia y, en este sentido ya hemos dicho que mediante la fijación de los servicios mínimos o esenciales «se pretende que la actividad productiva continúe limitadamente durante la huelga», mientras que con los servicios de mantenimiento y seguridad «aplicable a todas las empresas aunque no se trate de empresas encargadas de la prestación de servicios esenciales, tiende a posibilitar, además de la seguridad de las personas, que la actividad productiva pueda reanudarse al acabar la huelga.» ( STS de 14 de noviembre de 2012 -rec. 283/2011-).

En el mismo sentido se ha pronunciado la Sala III de este Tribunal que, como es bien sabido, tiene atribuido el control jurisdiccional de las decisiones administrativas de fijación de servicios mínimos. En este caso se ha dicho: « cuando por la actividad de la empresa la huelga afecte a bienes de terceros constitutivos de derechos fundamentales o a la salud de la colectividad, la Administración está apoderada para fijar unos servicios mínimos, luego su intervención responde a la función de atender a los intereses generales ( artículo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977). Ahora bien, si se trata de proteger bienes e instalaciones para así garantizar la viabilidad de la actividad empresarial una vez finalizada la huelga, es aplicable el artículo 6.7 del Real Decreto-Ley 17/1977, luego un eventual conflicto se solventará en el ámbito de relaciones laborales». ( STS Sala III 32/2024 de 11 Ene. 2024 -rec. 894/2023).

Sobre este aspecto, la sentencia de la Sala de instancia afirma que «la demanda niega y la empresa no alega que su situación se encuadre dentro de los servicios esenciales, por lo que debe acudirse al artículo 6.7 del RD 17/1977». Y ese debe ser por tanto de manera necesaria el marco valorativo de nuestra decisión.

3.-Hecha esta indispensable precisión conceptual, debemos ahora referirnos a la situación de hecho que motiva la controversia y que se refiere, como ha quedado delimitado en la instancia, a la valoración del establecimiento de servicios de mantenimiento y seguridad (SMS) por la empresa demandada con relación a las huelgas convocadas por el sindicato CCOO los días 14 y 25 de abril de 2023 por el sindicato demandante.

Existe un antecedente previo de relevancia, en cuanto se informa en la sentencia recurrida que existía un acuerdo de 17 de junio de 2005 entre la empresa (que entonces se denominaba "Aceralia Corporación Siderúrgica SA") y los miembros de los Comités de Empresa de dos de los tres centros de trabajo existentes (los Avilés y Gijón, sin que se incluyera Aboño), relativo a los servicios

de mantenimiento y seguridad de las instalaciones en caso de huelga, denominado "Acuerdo de Servicios Mínimos", en el que se contenía de manera detallada la actividad que debía mantenerse en la empresa según que la huelga fuera de más o menos de 24 horas. Dicho acuerdo se declaró extinguido mediante sentencia del TSJ de Asturias de 14 de junio de 2022, que fue recurrida en casación ordinaria y, aunque no se dice en la instancia por evidentes razones temporales, fue confirmada por STS 940/2024 de 25 de junio de 2024 -rec. 209/2022-, dato que podemos utilizar de oficio, en cuanto no se trata de un hecho sometido a las reglas sobre la carga de la prueba, sino a un precedente de este mismo Tribunal.

En todo caso, y dado que no existía instrumento que regulara la fijación de los servicios de mantenimiento y seguridad, tras realizarse las dos convocatorias controvertidas, la de 14 de abril y la de 25 de abril de 2023, se produjeron los intentos de acuerdo que se describen en la sentencia recurrida. En particular, en ambas ocasiones se celebró sendas mediaciones en el SASEC a las que concurrieron la representación sindical, así como diversos responsables o integrantes de recursos humanos y/o de relaciones laborales de la empresa; y, del mismo modo, se produjeron distintas reuniones posteriores, que presentaron diversas incidencias en cuanto que las convocatorias abarcaban varios días, y de manera sobrevenida se amplió la convocatoria en relación a otros centros (el de Aboño) y se desconvocaron algunos de los días inicialmente previstos. En todo caso, finalmente, no se alcanzó acuerdo alguno.

La base del desacuerdo consistía, en lo esencial, en que la representación sindical quería parar los dos hornos, los dos Sinter y las dos acerías, mientras que la empresa negaba tal posibilidad por razones técnicas, considerando que la referencia para la negociación debía ser el extinto "Acuerdo de Servicios Mínimos" de 2005. En particular, la negativa a parar el horno alto B se relacionaba con el hecho de que el A ya estaba parado por un incendio sufrido el 22 de marzo de 2023, en proceso de reparación y con específicas necesidades de mantenimiento.

Finalmente, la empresa aplicó los servicios de mantenimiento y seguridad que había propuesto inicialmente, sin que se informe de que se aplicara algún tipo de modificación derivada de la negociación. En concreto, los servicios previstos por la empresa demandada para las huelgas convocadas los días 24 y 28 de abril y para los días del mes de mayo, era de un 24% de la plantilla total de la planta de Asturias. La empresa reconoció que había remitido antes de la reunión con la representación social el día 21 de abril, cartas comunicando la adscripción a los servicios, a trabajadores que representaban un 13% de los afectados por los servicios.

4.-Partiendo de esta base fáctica, establece el art. 6.7 del RD 17/1997: «El Comité de huelga habrá de garantizar durante la misma la prestación de los servicios necesarios para la seguridad de las personas y de las cosas, mantenimiento de los locales, maquinaria, instalaciones, materias primas y cualquier otra atención que fuese precisa para la ulterior reanudación de las tareas de la empresa. Corresponde al empresario la designación de los trabajadores que deban efectuar dichos servicios».

Como es bien sabido, el transcrito precepto fue modalizado interpretativamente por la STC TC 11/1981, de 8 de abril, para señalar que «la adopción de las medidas de seguridad no compete de manera exclusiva al empresario, sino que en ellas participa el comité de huelga, que es quien las garantiza, con la inevitable secuela de que la huelga en que el comité no preste esta participación podrá ser considerada como ilícita por abusiva». La consecuencia de lo anterior, es que la fijación unilateral de los servicios por parte de la empresa, solo podrá producirse en casos excepcionales cuando, por ejemplo, el comité de huelga niegue toda colaboración.

Por otro lado, el establecimiento de los servicios de mantenimiento y seguridad no puede servir de excusa para limitar el derecho de huelga, en cuanto que «en la determinación de cuáles son los servicios mínimos esenciales para la comunidad, o cuáles son los servicios de seguridad y de mantenimiento requeridos, debe atenderse a ciertos límites, que impidan interpretaciones restrictivas del derecho fundamental» ( SSTC 33/2011 de 28 de marzo y 17/2017 de 2 de febrero).

Para hacer efectivo el equilibrio entre el mantenimiento de las instalaciones y la garantía de la seguridad de las personas y el ejercicio del derecho de huelga, hemos hecho notar igualmente que los servicios de mantenimiento y seguridad tienen un carácter marginal: «los "servicios de mantenimiento" son sólo los servicios marginales de aseguramiento de la reanudación productiva, como indica el propio término de "mantenimiento", contrapuesto al de "funcionamiento ", con lo que, con la idea de reducción al mínimo, se trata sólo de mantener unos determinados servicios con el fin de evitar daños graves en el patrimonio de la empresa o de las personas». ( STS de 14 de noviembre de 2012 ya reseñada).

Debemos añadir ahora a este respecto, que la complejidad técnica de algunas instalaciones, y/o el riesgo potencial para las personas, puede imponer la necesidad de unos servicios de mantenimiento y seguridad más amplios, en cuanto imprescindibles para preservar la integridad de las instalaciones. Pero para ello resulta necesario que se acredite, al menos de forma indiciaria y con una mínima solidez o certidumbre, la realidad de aquellos riesgos.

Desarrollando más este aspecto, resulta también claro que basta con que, de acuerdo con la información técnica disponible, los riesgos considerados puedan tenerse como potenciales. Ya hemos dicho a este respecto: «Cuando se trata de valorar la necesidad de unos servicios de seguridad y mantenimiento, lo verdaderamente trascendente no son las incidencias realmente acontecidas durante la huelga, sino los riesgos potenciales que deben preverse, aunque luego no se materialicen» ( STS de 28 de mayo de 2003 -rec. 5/2002-). Ahora bien, para que pueda tenerse como riesgos potenciales ciertos los que se afirman como concurrentes, es necesario, de nuevo, que los mismos consten con una mínima certidumbre y seriedad.

Finalmente y para concluir este apartado en el que sintetizamos los criterios generales esenciales en la valoración que ahora se realiza, es igualmente claro que la negociación precisa para establecer los servicios de mantenimiento y seguridad, debe realizarse, como hemos dicho en tantas ocasiones para otros ámbitos de la organización empresarial, de acuerdo con criterios de buena fe, con el propósito real de llegar a un acuerdo, y proporcionando la información necesaria dentro del marco de cada una de las situaciones consideradas, para negociar con cabal conocimiento de la situación que hace necesarios los servicios en cuestión.

5.Considerando el conjunto de la información disponible, observamos que el desacuerdo esencial entre las partes se produjo en relación con el hecho de si debían pararse o no los dos hornos altos, uno de los cuales ya lo estaba por un previo incendio, entendiendo la empresa que no podía producirse tal situación, para no poner en riesgo la reparación del horno A ni someter al B a un estrés técnico innecesario. Ahora bien, constatamos igualmente que no consta que la empresa proporcionara en el momento de las negociaciones a la representación del sindicato CCOO accionante en el presente procedimiento, una información específica de tipo técnico de la que pudiera derivarse que, en efecto, la parada del horno B de manera adicional al A ya parado por el previo incendio, podía implicar riesgos adicionales.

En este mismo ámbito de consideraciones, la sentencia recurrida relata tanto la producción de los hornos altos en el año 2023, así como todas las paradas en el mismo año. Resultando, en cuanto a la producción, que la misma había variado en un amplio abanico, desde un mínimo de 20 Tm/dia a un máximo de 7077 Tm/día y que, en algunos de los días de huelga la producción no bajó e incluso en algunos días alcanzó casi el máximo. Por otro lado, y por lo que respecta a las paradas, el horno A paró en programadas dos días, y en no programadas cinco días, más un periodo de varios meses de septiembre de 2022 a febrero de 2023 por el precio de la energía y el efecto de la inflación en el mercado, todo ello al margen de la parada tras el incendio. Mientras que el horno B paró en programadas nueve días, y en no programadas veintidós días. (todo ello s.e.u.o.).

De tales datos parece derivarse, de un lado, que las paradas en el año considerado no fueron algo excepcional sino que se produjeron con cierta regularidad sin que consten incidentes específicos asociados a aquellas; es más, una de las paradas, la no programada de varios meses del horno A, se produjo por conveniencia económica de la empresa. Y, de otro lado, se constata igualmente que la producción presentó en el año oscilaciones más que significativas, sin que tampoco por ello se reporten problemas reseñables.

Observamos igualmente que la empresa quiso tomar como punto de referencia el previo acuerdo de 2005 que se había dejado sin efecto judicialmente previa presentación de demanda al efecto por el sindicato CCOO y, si bien podríamos admitir que los criterios de dicho acuerdo constituyeran un elemento a tener en cuenta en la negociación, no parece sin embargo admisible que, como acabó ocurriendo, se impusieran sin más cuando, como ya razonamos en nuestra sentencia de 25 de junio de 2024 antes reseñada «las circunstancias en las que se formalizó aquel pacto son absolutamente diferentes de las que acontecen en el momento de la presentación de la demanda y en la actualidad. Así... a lo largo de los años de vigencia del pacto, se han modificado sustancialmente, mediante sucesivos acuerdos las funciones de muchos de los puestos de trabajo, el número de trabajadores asignados a cada servicio, asignándose nuevas funciones a las plantillas de producción, se han creado nuevos puestos de trabajo y se han amortizado otros. Se han reorganizado las plantillas, disminuyendo operarios en determinados puestos y aumentando en otros; se han reorganizado plantillas y secciones enteras con reajustes de funciones. En muchos puestos de trabajo se han establecido pactos de polivalencia funcional... Es evidente que las circunstancias de la plantilla afectada, de su organización, y de la organización de la producción han variado totalmente de suerte que, a juicio de la Sala, resulta extraordinariamente difícil mantener la operatividad del acuerdo de 2005 casi veinte años después». Por lo demás, resulta igualmente significativo que, como acabamos de explicar, la producción no experimentara oscilaciones significativas a la baja en los días de huelga.

Por el contrario, no otorgamos relevancia significativa al hecho de que en la primera convocatoria considerada, la empresa mandara cartas a parte de los trabajadores afectados por los servicios de mantenimiento antes de que se supiera si había o no acuerdo, en cuanto que, en función de las circunstancias concurrentes, tal decisión podía suponer un mero adelantamiento por prudencia para llegar a tiempo, sin perjuicio de que, de haber existido acuerdo, se hubieran modificado aquellas designaciones.

6.La consideración de cuanto antecede, nos aboca a concluir que la empresa no afrontó la negociación de los servicios de mantenimiento y seguridad en las condiciones necesarias para permitir un acuerdo razonable, en cuanto, de un lado, intentó hacer prevalecer los criterios del Acuerdo de 2005, dejado sin efecto y relativo a una situación organizativa de la empresa completamente distinta a la actual y más reciente y, de otro lado, no proporcionó información técnica que apoyara sus pretensiones en cuanto a los servicios considerados. Por lo demás, resulta significativo que, como ya expusimos, la producción en los días de huelga no presentara oscilaciones significativas, poniendo de manifiesto bien a las claras que los servicios de mantenimiento y seguridad tuvieron un alcance desmedido, insistimos, sin justificación técnica suficiente que nos convenza de que, por su propia naturaleza, el proceso productivo en cuestión no puede experimentar reducciones.

Debemos recordar que, «cuando el Comité de huelga niega frontalmente su colaboración para adoptar las medidas de seguridad y mantenimiento, puede el empresario proceder a la designación de los trabajadores que hayan de desempeñarlas, siempre que estén objetivamente justificadas. Porque el derecho a la adopción de tal tipo de medidas es indiscutible» ( STS de 28 de mayo de 2003 -rec. 5/2002-). Pero esa no ha sido el caso. Por el contrario, la parte social mantuvo en todo momento abierto el cauce negociador y, en consecuencia, valorando todas las circunstancias concurrentes, no cabe sino concluir que la imposición unilateral de las tan citadas medidas, en los términos ya relatados, resultó abusiva por excesiva.

En consecuencia, esta primera parte del motivo considerado debe ser rechazada.

CUARTO.-En la segunda parte del mismo motivo y de manera subsidiaria, se invoca la infracción del artículo 39 de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, por entender que, de considerarse abusiva la fijación de servicios de mantenimiento y seguridad, la indemnización compensatoria acordada (de 120.000 €), resulta excesiva.

1.En este punto y como tenemos reiteradamente dicho, en la materia relativa a la determinación de la indemnización compensatoria por la vulneración de derechos fundamentales, la cuantía fijada prudencialmente por el órgano judicial de instancia sólo ha de ser corregida para suprimida o moderarla cuando se presente desorbitada, injusta, desproporcionada o irrazonable ( SSTS 440/2016, de 18 mayo -rec 150/2015-, 920/2016, de 2 noviembre -rec 262/2015, 583/2021, de 27 mayo -rec 151/2019- o 745/2025 de 18 de julio -rec. 182/2023).

Por otro lado, hemos avalado también la utilización a título orientativo del importe de las sanciones de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS), para la determinación de la cuantía de la indemnización por la vulneración de derechos fundamentales, cuando sea difícil su fijación concreta, siempre que se acompañe de una valoración de las circunstancias concurrentes en el caso concreto ( SSTS 962/2023, de 8 de noviembre -rec. 204/2021-, 267/2023, de 12 abril -rec. 4/2021-, 356/2022, de 20 abril -rec. 2391/2019- y 179/2022, de 23 febrero -rec. 4322/2019-); circunstancias que pueden «la antigüedad del trabajador en la empresa, la duración de la vulneración del derecho fundamental, la intensidad de la misma, las consecuencias que se deriven para el trabajador, la posible reincidencia en las conductas vulneradoras de los derechos fundamentales, el carácter pluriofensivo de la lesión y, el contexto en el que se haya realizado la conducta o la actitud tendente a impedir el ejercicio del derecho transgredido» ( STS 745/2025 de 18 de julio de 2025 -rec. 182/2023-).

2.Debemos partir por tanto de los criterios y la valoración aplicados en la sentencia de la Sala de instancia, que ha realizado un examen pormenorizado, y ha tomado como criterio orientativo la sanción asociada a la conducta descrita por el art. 8.10 de la LISOS, que tipifica como infracción muy grave «Los actos del empresario lesivos del derecho de huelga de los trabajadores consistentes en la sustitución de los trabajadores en huelga por otros no vinculados al centro de trabajo al tiempo de su ejercicio, salvo en los casos justificados por el ordenamiento». Dicho precepto se refiere al esquirolaje, que tanto nuestra doctrina como la del TC ha definido como un abuso empresarial que anula o aminora la presión ejercida legítimamente por los huelguistas a través de la paralización del trabajo ( STC 33/2011 de 28 de marzo, y SSTS de 8 de junio de 2011 -rec. 144/2010-, 5 diciembre 2012 -rec.265/2011-, 20 abril 2015- rec. 354/2012-, 13 enero 2020 - rec. 138/2018-, y 153/2021 de 3 de febrero de 2021 -rec. 36/2019-, entre otras).

Ahora bien, la referencia en cuestión se muestra adecuada en el caso, desde el momento en que los servicios mínimos, así como los de seguridad y mantenimiento, se configuran como una excepción al proscrito esquirolaje amparada por el bloque regulativo en la materia. Dice sobre esto la STC 33/2011 de 28 de marzo:

«Por ello, ni el empresario puede imponer a los trabajadores no huelguistas la realización de las tareas que corresponden a los que secundaron la convocatoria, ni los trabajadores que libremente decidieron no secundarla pueden sustituir el trabajo de sus compañeros. Esa regla general admite dos excepciones, conectadas a las previsiones legales sobre el aseguramiento de determinados servicios mínimos esenciales para la comunidad ( art. 10 del Real Decreto-ley 17/1977), y a las previsiones sobre los servicios de seguridad y de mantenimiento en la empresa ( art. 6.7 del Real Decreto-ley 17/1977). En estos dos supuestos, si los trabajadores designados para el mantenimiento de los referidos servicios se negaran o se resistieran a prestarlos, quedaría justificada su sustitución a tales efectos. No obstante, en la determinación de cuáles son los servicios mínimos esenciales para la comunidad, o cuáles son los servicios de seguridad y de mantenimiento requeridos, debe atenderse a ciertos límites, que impidan interpretaciones restrictivas del derecho fundamental [...]».

3.Partiendo de esta premisa, deben valorarse el conjunto de circunstancias concurrentes, incluido el hecho de que la empresa ya había sido condenada en el año 2020 por vulneración del derecho de huelga en una de las unidades productivas con menor repercusión y trascendencia que la situación ahora considerada, manteniendo por tanto «la misma actitud de no negociar y mantener unos servicios que habían sido dejados sin efecto».

Así las cosas, considerando la falta de una negociación adecuada, en los términos ya descritos, incluida la apreciable neutralización en cuanto a sus efectos de la huelga convocada en atención a la producción constatada, así como la reiteración de la empresa en la conducta reprochada, no apreciamos ningún factor que permita corregir el criterio de la resolución de la instancia, que se muestra proporcional y razonable.

Procede, por tanto, oído el Ministerio Fiscal, desestimar también en este punto el recurso considerado, con imposición de costas al amparo del art. 235 de la LRJS, y con pérdida del depósito y la consignación a tenor de los arts. 217 y 229 del mismo texto.

PRIMERO.-La cuestión sometida ahora a nuestro conocimiento consiste en determinar si la empresa demandada "Arcelormittal España SA" vulneró el derecho a fundamental a la huelga en relación con las convocatorias de los días 14 y 25 de abril de 2023, al haber impuesto, al parecer del sindicato demandante Comisiones Obreras de Asturias (CCOO), unos servicios mínimos de mantenimiento y seguridad no negociados ni justificados. La sentencia de la Sala de instancia ha concluido en sentido positivo, condenando a la demandada de manera consecuente y, además, a que abone la cantidad de 120.000 €, estimando en este punto de manera parcial la pretensión, que se refería originariamente a la cantidad de 240.000 €.

Contra esta decisión se alza ahora la empresa demandada que ha formalizado su recurso de casación ordinaria, en el que se contiene un motivo de revisión de hechos probados al amparo de la letra d/ del art. 207 de la LRJS, y otro más de revisión jurídica por el cauce de la letra e/ del mismo precepto, al que se han opuesto tanto la contraparte como el Ministerio Fiscal.

SEGUNDO.-Como acabamos de indicar, el recurso que ahora resolvemos contiene un motivo de revisión de hechos probados que, en realidad, contiene seis pretensiones autónomas y diferenciadas.

Para la decisión de estas pretensiones debe recordarse que, como tiene dicho esta Sala de manera reiterada, el éxito de la revisión fáctica al amparo del art. 207 d/ de la LRJS, basada en error en la apreciación de la prueba, precisa inexcusablemente de los siguientes requisitos ( SSTS 11 de febrero de 2014 -rec. 27/2013, 8 de noviembre de 2016 -rec. 259/2015, 17 de enero de 2017 -rec. 2/2016-, 68/2019 de 29 de enero -rec. 168/2018-, 927/2021 de 22 de septiembre -rec. 75/2021-, 308/2022 de 5 de abril -rec. 151/2021-, 510/2023 de 12 de julio -rec. 19/2023-, 1218/2024 de 30 de octubre -rec. 264/2022- o 248/2025 de 26 de marzo -rec. 16/2023-, entre otras muchas):

a/ que se identifique si la reforma se orienta la modificación, inclusión o exclusión de un hecho, concretando con claridad y precisión el que haya sido incluido de manera errónea u omitido indebidamente en el relato fáctico de la sentencia recurrida

b/ que el hecho que se quiere hacer valer resulte de manera clara, patente y directa de la prueba documental obrante en autos, sin necesidad de realizar valoraciones jurídicas o conjeturas, excluyéndose por tanto la consideración de cualquier otra clase de medio probatorio

c/ que, en el caso de las modalidades aditiva y modificativa, se ofrezca un texto alternativo para integrar la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos

d/ que el resultado de la modificación resulte útil o trascendente para la decisión del debate, incluyéndose tanto las que sean susceptibles de modificar la decisión de la instancia, como las que las que refuerzan argumentalmente aquella.

Se trata, en definitiva, de que el intento revisorio ponga de manifiesto la existencia de un error patente en la apreciación de la prueba, sin que sirva por tanto la expresión por la parte de una mera discrepancia, o la propuesta de una valoración alternativa más conforme a sus intereses, en cuanto la naturaleza extraordinaria de la casación ordinaria implica la atribución de las facultades plenas de valoración de la prueba al órgano judicial de instancia, y la restricción de la revisión del órgano ad quem,que se contrae a los supuestos en los que concurran los requisitos antedichos.

Sentadas estas premisas, resolveremos cada una de las peticiones contenidas en el motivo en cuestión.

1.-En la primera de ellas, se solicita la modificación del ordinal sexto de la sentencia recurrida, con objeto, en lo esencial, de añadir una mención complementaria a que las cartas de servicios mínimos enviadas previamente a una parte de los trabajadores a las que se refiere el ordinal, lo fueron al 13% del total de trabajadores afectados por los servicios de mantenimiento y seguridad, así como mención a que los trabajadores a los que se remitieron dichas cartas descansaban el fin de semana. Se designan a tal efecto los documentos que se identifican en las actuaciones (aunque el nº 9 no se numera como tal), consistentes en acta de mediación, acta de reunión de negociación y un documento por el que personal de relaciones laborales de la empresa "certifican" ciertos extremos relativos a la fijación de los servicios controvertidos.

En todo caso, la descrita pretensión debe ser rechazada por su inutilidad para la decisión del caso, sin necesidad siquiera de considerar la idoneidad de los documentos propuestos. En efecto, la sentencia recurrida ya describe con detalle las circunstancias de las diversas reuniones y contactos así como las posturas de las partes, y afirma expresamente en el hecho probado siguiente que las cartas en cuestión se remitieron «a un 13% de los afectados». De este modo, nada nuevo se añade que pueda incidir en la decisión del caso.

2.-La segunda, tercera y cuarta pretensiones se articulan de forma tal que hacen imposible su decisión, al fundarse las tres en un medio de prueba inidóneo.

En efecto, en la segunda se solicita la introducción de un nuevo hecho probado, que pasaría a ser el decimoséptimo bis, con objeto, en lo esencial, de añadir una mención a las peculiaridades que implica la reducción de la producción en un Horno Alto, las previas paradas de emergencia sin preparación que había sufrido el Horno Alto B, así como las incidencias en los días que se especifican y guardan relación con los días de huelga convocados.

En la tercera se solicita la modificación del ordinal decimoctavo, con objeto, en lo esencial, de añadir una mención al efecto de los ciclos de enfriamiento y calentamiento continuados sobre los elementos estructurales del Horno.

Y en la cuarta se interesa la modificación del ordinal vigésimo, con objeto, en lo esencial, de añadir una mención a los riesgos inherentes a la existencia de un solo Horno Alto en funcionamiento tras el incendio del Horno A; así como explicaciones relativas a por qué todos los trabajadores de la demandada de producción y mantenimiento fueron destinados al horno alto A durante el tiempo que duró la reparación.

Ahora bien, las tres peticiones indicadas tienen en común que se designa como documento el que se identifica como nº 11 del ramo de prueba de la empresa, y que consiste en el «informe técnico emitido por D. Clemente, responsable de los Hornos Altos tanto para la instalación como para los propios trabajadores. Lo que en consecuencia, justifica la designación de servicios de mantenimiento de seguridad establecida por la empresa». Pero resulta que tal informe no es más que la plasmación por escrito de la declaración del testigo-perito a la que se refiere en varias ocasiones la sentencia recurrida. Cuando, como se deriva del claro tenor del art. 207 d/ de la LRJS, y ha reiterado de manera constante este mismo Tribunal, la revisión de hechos en el seno de la casación ordinaria solo puede intentarse en base a prueba documental, y no pericial ni testifical ( SSTS 239/2022 de 16 de marzo -rec. 265/2021-, 359/2022 de 20 de abril de 2022 -rec. 264/2021-, 119/2025 de 19 de febrero -rec. 183/2024-, entre otras muchas), y por supuesto tampoco la testifical-pericial ( STS 1035/2024 de 17 de julio -rec. 83/2024).

En consecuencia, las tres pretensiones aludidas deben ser rechazadas sin más.

3.-En la quinta se solicita la introducción de un nuevo hecho probado que pasaría a ser el vigésimo bis, con objeto, en lo esencial, de hacer constar que, tras el incendio del Horno Alto A de marzo de 2023, la plantilla del mismo no estuvo afectada por el ERTE que se implementó, siendo dicha afectación muy residual en los meses posteriores. Se designan a tal efecto los documentos que se identifican de manera suficiente en las actuaciones, y que consisten en acuerdo suscrito entre la empresa y la parte social sobre el ERTE, así como un autocalificado como "certificado acreditativo del grado de afectación al referido ERTE de fuerza mayor, por parte del personal adscrito al Horno Alto A", y que es una información suscrita por la Jefa de Relaciones Laborales Asturias y la Jefa del Área de Relaciones Laborales de Avilés.

La descrita pretensión debe ser rechazada, y por igual causa de inutilidad ya que, al margen de que si parte de los documentos son o no idóneos, lo cierto es que el grado de afectación de un ERTE previo y, en concreto, si se incluyó o no al personal adscrito al Horno Alto A, nada indica sobre la adecuación de los servicios de seguridad y mantenimiento acordados por la empresa para un momento posterior y que se discuten en este procedimiento.

4.-Finalmente, se solicita la introducción de un nuevo hecho probado que pasaría a ser el vigésimo ter, con objeto, en lo esencial, de hacer constar que, «Con motivo de la convocatoria de huelga del día 24 de abril de 2023, el sindicato CCOO emitió un comunicado en el que puso de manifiesto la paralización total e interrupción de la actividad productiva en Gijón (Acería LDG, Chapa, Alambrón y Carril) y en Avilés (TBC, Decapado, Tándem 1 y 2, Galvanizado 1 y 2. Hojalata 2 y 3, Recocido Continuo, Hornos de campana, Limpieza electrolítica, Témper y Líneas de Inspección)». Se designan a tal efecto los documentos que se identifican de manera suficiente en las actuaciones, y que consisten en los comunicados publicados por el sindicato CCOO en los que se decía que, «a pesar de los abusivos servicios mínimos planteados unilateralmente por la empresa... que solo han servido para mantener la actividad productiva en el Horno Alto B» y resto de instalaciones que se mencionaban, «han quedado paralizadas el resto de instalaciones» que se relacionaban en Gijón y Avilés.

Debemos terminar por rechazar también esta última pretensión, y por la misma causa de inutilidad que ha venido lastrando los previos intentos sobre los que hemos podido pronunciarnos. En efecto, que el sindicato convocante hiciera alusión en su momento al éxito de la convocatoria de huelga en relación con las instalaciones no afectadas por los servicios de mantenimiento acordados por la empresa, no afecta en nada a la consideración del ya descrito objeto del debate, esto es, si tales servicios fueron o no abusivos.

TERCERO.-El siguiente motivo del recurso, dedicado como ya dijimos a la revisión jurídica, contiene, como ya ocurrió en el caso anterior, dos pretensiones autónomas que bien podrían haber constituido motivos separados. Por tal causa, daremos respuestas claramente diferenciadas a cada una de tales cuestiones.

1.De este modo y en primer lugar, se invoca la infracción de los arts. 6.7 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, en relación con los artículos 7.1 del Código Civil y 20.2, 40, 41, 44, 47, 51 y 89 del Estatuto de los Trabajadores, así como de la jurisprudencia que los interpreta, por entender que en el señalamiento por la empresa de los servicios de mantenimiento y seguridad en las convocatorias de huelga consideradas, no se produjo afectación del derecho de huelga.

2.Lo primero que debe hacerse constar, para evitar cualquier tipo de confusión al respecto, en un caso como el presente, en el que suele ser habitual la utilización de una terminología imprecisa, es que lo que se pone en juego en el debate que ahora resolvemos no es la fijación de los servicios mínimos a los que se refiere el art. 10.2 del RDL 17/1997 al señalar: «Cuando la huelga se declare en empresas encargadas de la prestación de cualquier género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y concurran circunstancias de especial gravedad, la autoridad gubernativa podrá acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios. El Gobierno, asimismo, podrá adoptar a tales fines las medidas de intervención adecuadas». Sino los servicios de seguridad y mantenimiento aludidos en el art. 6.7 del mismo texto al disponer: «El Comité de huelga habrá de garantizar durante la misma la prestación de los servicios necesarios para la seguridad de las personas y de las cosas, mantenimiento de los locales, maquinaria, instalaciones, materias primas y cualquier otra atención que fuese precisa para la ulterior reanudación de las tareas de la empresa. Corresponde al empresario la designación de los trabajadores que deban efectuar dichos servicios».

Esta distinción se encuentra plenamente consagrada en nuestra jurisprudencia y, en este sentido ya hemos dicho que mediante la fijación de los servicios mínimos o esenciales «se pretende que la actividad productiva continúe limitadamente durante la huelga», mientras que con los servicios de mantenimiento y seguridad «aplicable a todas las empresas aunque no se trate de empresas encargadas de la prestación de servicios esenciales, tiende a posibilitar, además de la seguridad de las personas, que la actividad productiva pueda reanudarse al acabar la huelga.» ( STS de 14 de noviembre de 2012 -rec. 283/2011-).

En el mismo sentido se ha pronunciado la Sala III de este Tribunal que, como es bien sabido, tiene atribuido el control jurisdiccional de las decisiones administrativas de fijación de servicios mínimos. En este caso se ha dicho: « cuando por la actividad de la empresa la huelga afecte a bienes de terceros constitutivos de derechos fundamentales o a la salud de la colectividad, la Administración está apoderada para fijar unos servicios mínimos, luego su intervención responde a la función de atender a los intereses generales ( artículo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977). Ahora bien, si se trata de proteger bienes e instalaciones para así garantizar la viabilidad de la actividad empresarial una vez finalizada la huelga, es aplicable el artículo 6.7 del Real Decreto-Ley 17/1977, luego un eventual conflicto se solventará en el ámbito de relaciones laborales». ( STS Sala III 32/2024 de 11 Ene. 2024 -rec. 894/2023).

Sobre este aspecto, la sentencia de la Sala de instancia afirma que «la demanda niega y la empresa no alega que su situación se encuadre dentro de los servicios esenciales, por lo que debe acudirse al artículo 6.7 del RD 17/1977». Y ese debe ser por tanto de manera necesaria el marco valorativo de nuestra decisión.

3.-Hecha esta indispensable precisión conceptual, debemos ahora referirnos a la situación de hecho que motiva la controversia y que se refiere, como ha quedado delimitado en la instancia, a la valoración del establecimiento de servicios de mantenimiento y seguridad (SMS) por la empresa demandada con relación a las huelgas convocadas por el sindicato CCOO los días 14 y 25 de abril de 2023 por el sindicato demandante.

Existe un antecedente previo de relevancia, en cuanto se informa en la sentencia recurrida que existía un acuerdo de 17 de junio de 2005 entre la empresa (que entonces se denominaba "Aceralia Corporación Siderúrgica SA") y los miembros de los Comités de Empresa de dos de los tres centros de trabajo existentes (los Avilés y Gijón, sin que se incluyera Aboño), relativo a los servicios

de mantenimiento y seguridad de las instalaciones en caso de huelga, denominado "Acuerdo de Servicios Mínimos", en el que se contenía de manera detallada la actividad que debía mantenerse en la empresa según que la huelga fuera de más o menos de 24 horas. Dicho acuerdo se declaró extinguido mediante sentencia del TSJ de Asturias de 14 de junio de 2022, que fue recurrida en casación ordinaria y, aunque no se dice en la instancia por evidentes razones temporales, fue confirmada por STS 940/2024 de 25 de junio de 2024 -rec. 209/2022-, dato que podemos utilizar de oficio, en cuanto no se trata de un hecho sometido a las reglas sobre la carga de la prueba, sino a un precedente de este mismo Tribunal.

En todo caso, y dado que no existía instrumento que regulara la fijación de los servicios de mantenimiento y seguridad, tras realizarse las dos convocatorias controvertidas, la de 14 de abril y la de 25 de abril de 2023, se produjeron los intentos de acuerdo que se describen en la sentencia recurrida. En particular, en ambas ocasiones se celebró sendas mediaciones en el SASEC a las que concurrieron la representación sindical, así como diversos responsables o integrantes de recursos humanos y/o de relaciones laborales de la empresa; y, del mismo modo, se produjeron distintas reuniones posteriores, que presentaron diversas incidencias en cuanto que las convocatorias abarcaban varios días, y de manera sobrevenida se amplió la convocatoria en relación a otros centros (el de Aboño) y se desconvocaron algunos de los días inicialmente previstos. En todo caso, finalmente, no se alcanzó acuerdo alguno.

La base del desacuerdo consistía, en lo esencial, en que la representación sindical quería parar los dos hornos, los dos Sinter y las dos acerías, mientras que la empresa negaba tal posibilidad por razones técnicas, considerando que la referencia para la negociación debía ser el extinto "Acuerdo de Servicios Mínimos" de 2005. En particular, la negativa a parar el horno alto B se relacionaba con el hecho de que el A ya estaba parado por un incendio sufrido el 22 de marzo de 2023, en proceso de reparación y con específicas necesidades de mantenimiento.

Finalmente, la empresa aplicó los servicios de mantenimiento y seguridad que había propuesto inicialmente, sin que se informe de que se aplicara algún tipo de modificación derivada de la negociación. En concreto, los servicios previstos por la empresa demandada para las huelgas convocadas los días 24 y 28 de abril y para los días del mes de mayo, era de un 24% de la plantilla total de la planta de Asturias. La empresa reconoció que había remitido antes de la reunión con la representación social el día 21 de abril, cartas comunicando la adscripción a los servicios, a trabajadores que representaban un 13% de los afectados por los servicios.

4.-Partiendo de esta base fáctica, establece el art. 6.7 del RD 17/1997: «El Comité de huelga habrá de garantizar durante la misma la prestación de los servicios necesarios para la seguridad de las personas y de las cosas, mantenimiento de los locales, maquinaria, instalaciones, materias primas y cualquier otra atención que fuese precisa para la ulterior reanudación de las tareas de la empresa. Corresponde al empresario la designación de los trabajadores que deban efectuar dichos servicios».

Como es bien sabido, el transcrito precepto fue modalizado interpretativamente por la STC TC 11/1981, de 8 de abril, para señalar que «la adopción de las medidas de seguridad no compete de manera exclusiva al empresario, sino que en ellas participa el comité de huelga, que es quien las garantiza, con la inevitable secuela de que la huelga en que el comité no preste esta participación podrá ser considerada como ilícita por abusiva». La consecuencia de lo anterior, es que la fijación unilateral de los servicios por parte de la empresa, solo podrá producirse en casos excepcionales cuando, por ejemplo, el comité de huelga niegue toda colaboración.

Por otro lado, el establecimiento de los servicios de mantenimiento y seguridad no puede servir de excusa para limitar el derecho de huelga, en cuanto que «en la determinación de cuáles son los servicios mínimos esenciales para la comunidad, o cuáles son los servicios de seguridad y de mantenimiento requeridos, debe atenderse a ciertos límites, que impidan interpretaciones restrictivas del derecho fundamental» ( SSTC 33/2011 de 28 de marzo y 17/2017 de 2 de febrero).

Para hacer efectivo el equilibrio entre el mantenimiento de las instalaciones y la garantía de la seguridad de las personas y el ejercicio del derecho de huelga, hemos hecho notar igualmente que los servicios de mantenimiento y seguridad tienen un carácter marginal: «los "servicios de mantenimiento" son sólo los servicios marginales de aseguramiento de la reanudación productiva, como indica el propio término de "mantenimiento", contrapuesto al de "funcionamiento ", con lo que, con la idea de reducción al mínimo, se trata sólo de mantener unos determinados servicios con el fin de evitar daños graves en el patrimonio de la empresa o de las personas». ( STS de 14 de noviembre de 2012 ya reseñada).

Debemos añadir ahora a este respecto, que la complejidad técnica de algunas instalaciones, y/o el riesgo potencial para las personas, puede imponer la necesidad de unos servicios de mantenimiento y seguridad más amplios, en cuanto imprescindibles para preservar la integridad de las instalaciones. Pero para ello resulta necesario que se acredite, al menos de forma indiciaria y con una mínima solidez o certidumbre, la realidad de aquellos riesgos.

Desarrollando más este aspecto, resulta también claro que basta con que, de acuerdo con la información técnica disponible, los riesgos considerados puedan tenerse como potenciales. Ya hemos dicho a este respecto: «Cuando se trata de valorar la necesidad de unos servicios de seguridad y mantenimiento, lo verdaderamente trascendente no son las incidencias realmente acontecidas durante la huelga, sino los riesgos potenciales que deben preverse, aunque luego no se materialicen» ( STS de 28 de mayo de 2003 -rec. 5/2002-). Ahora bien, para que pueda tenerse como riesgos potenciales ciertos los que se afirman como concurrentes, es necesario, de nuevo, que los mismos consten con una mínima certidumbre y seriedad.

Finalmente y para concluir este apartado en el que sintetizamos los criterios generales esenciales en la valoración que ahora se realiza, es igualmente claro que la negociación precisa para establecer los servicios de mantenimiento y seguridad, debe realizarse, como hemos dicho en tantas ocasiones para otros ámbitos de la organización empresarial, de acuerdo con criterios de buena fe, con el propósito real de llegar a un acuerdo, y proporcionando la información necesaria dentro del marco de cada una de las situaciones consideradas, para negociar con cabal conocimiento de la situación que hace necesarios los servicios en cuestión.

5.Considerando el conjunto de la información disponible, observamos que el desacuerdo esencial entre las partes se produjo en relación con el hecho de si debían pararse o no los dos hornos altos, uno de los cuales ya lo estaba por un previo incendio, entendiendo la empresa que no podía producirse tal situación, para no poner en riesgo la reparación del horno A ni someter al B a un estrés técnico innecesario. Ahora bien, constatamos igualmente que no consta que la empresa proporcionara en el momento de las negociaciones a la representación del sindicato CCOO accionante en el presente procedimiento, una información específica de tipo técnico de la que pudiera derivarse que, en efecto, la parada del horno B de manera adicional al A ya parado por el previo incendio, podía implicar riesgos adicionales.

En este mismo ámbito de consideraciones, la sentencia recurrida relata tanto la producción de los hornos altos en el año 2023, así como todas las paradas en el mismo año. Resultando, en cuanto a la producción, que la misma había variado en un amplio abanico, desde un mínimo de 20 Tm/dia a un máximo de 7077 Tm/día y que, en algunos de los días de huelga la producción no bajó e incluso en algunos días alcanzó casi el máximo. Por otro lado, y por lo que respecta a las paradas, el horno A paró en programadas dos días, y en no programadas cinco días, más un periodo de varios meses de septiembre de 2022 a febrero de 2023 por el precio de la energía y el efecto de la inflación en el mercado, todo ello al margen de la parada tras el incendio. Mientras que el horno B paró en programadas nueve días, y en no programadas veintidós días. (todo ello s.e.u.o.).

De tales datos parece derivarse, de un lado, que las paradas en el año considerado no fueron algo excepcional sino que se produjeron con cierta regularidad sin que consten incidentes específicos asociados a aquellas; es más, una de las paradas, la no programada de varios meses del horno A, se produjo por conveniencia económica de la empresa. Y, de otro lado, se constata igualmente que la producción presentó en el año oscilaciones más que significativas, sin que tampoco por ello se reporten problemas reseñables.

Observamos igualmente que la empresa quiso tomar como punto de referencia el previo acuerdo de 2005 que se había dejado sin efecto judicialmente previa presentación de demanda al efecto por el sindicato CCOO y, si bien podríamos admitir que los criterios de dicho acuerdo constituyeran un elemento a tener en cuenta en la negociación, no parece sin embargo admisible que, como acabó ocurriendo, se impusieran sin más cuando, como ya razonamos en nuestra sentencia de 25 de junio de 2024 antes reseñada «las circunstancias en las que se formalizó aquel pacto son absolutamente diferentes de las que acontecen en el momento de la presentación de la demanda y en la actualidad. Así... a lo largo de los años de vigencia del pacto, se han modificado sustancialmente, mediante sucesivos acuerdos las funciones de muchos de los puestos de trabajo, el número de trabajadores asignados a cada servicio, asignándose nuevas funciones a las plantillas de producción, se han creado nuevos puestos de trabajo y se han amortizado otros. Se han reorganizado las plantillas, disminuyendo operarios en determinados puestos y aumentando en otros; se han reorganizado plantillas y secciones enteras con reajustes de funciones. En muchos puestos de trabajo se han establecido pactos de polivalencia funcional... Es evidente que las circunstancias de la plantilla afectada, de su organización, y de la organización de la producción han variado totalmente de suerte que, a juicio de la Sala, resulta extraordinariamente difícil mantener la operatividad del acuerdo de 2005 casi veinte años después». Por lo demás, resulta igualmente significativo que, como acabamos de explicar, la producción no experimentara oscilaciones significativas a la baja en los días de huelga.

Por el contrario, no otorgamos relevancia significativa al hecho de que en la primera convocatoria considerada, la empresa mandara cartas a parte de los trabajadores afectados por los servicios de mantenimiento antes de que se supiera si había o no acuerdo, en cuanto que, en función de las circunstancias concurrentes, tal decisión podía suponer un mero adelantamiento por prudencia para llegar a tiempo, sin perjuicio de que, de haber existido acuerdo, se hubieran modificado aquellas designaciones.

6.La consideración de cuanto antecede, nos aboca a concluir que la empresa no afrontó la negociación de los servicios de mantenimiento y seguridad en las condiciones necesarias para permitir un acuerdo razonable, en cuanto, de un lado, intentó hacer prevalecer los criterios del Acuerdo de 2005, dejado sin efecto y relativo a una situación organizativa de la empresa completamente distinta a la actual y más reciente y, de otro lado, no proporcionó información técnica que apoyara sus pretensiones en cuanto a los servicios considerados. Por lo demás, resulta significativo que, como ya expusimos, la producción en los días de huelga no presentara oscilaciones significativas, poniendo de manifiesto bien a las claras que los servicios de mantenimiento y seguridad tuvieron un alcance desmedido, insistimos, sin justificación técnica suficiente que nos convenza de que, por su propia naturaleza, el proceso productivo en cuestión no puede experimentar reducciones.

Debemos recordar que, «cuando el Comité de huelga niega frontalmente su colaboración para adoptar las medidas de seguridad y mantenimiento, puede el empresario proceder a la designación de los trabajadores que hayan de desempeñarlas, siempre que estén objetivamente justificadas. Porque el derecho a la adopción de tal tipo de medidas es indiscutible» ( STS de 28 de mayo de 2003 -rec. 5/2002-). Pero esa no ha sido el caso. Por el contrario, la parte social mantuvo en todo momento abierto el cauce negociador y, en consecuencia, valorando todas las circunstancias concurrentes, no cabe sino concluir que la imposición unilateral de las tan citadas medidas, en los términos ya relatados, resultó abusiva por excesiva.

En consecuencia, esta primera parte del motivo considerado debe ser rechazada.

CUARTO.-En la segunda parte del mismo motivo y de manera subsidiaria, se invoca la infracción del artículo 39 de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, por entender que, de considerarse abusiva la fijación de servicios de mantenimiento y seguridad, la indemnización compensatoria acordada (de 120.000 €), resulta excesiva.

1.En este punto y como tenemos reiteradamente dicho, en la materia relativa a la determinación de la indemnización compensatoria por la vulneración de derechos fundamentales, la cuantía fijada prudencialmente por el órgano judicial de instancia sólo ha de ser corregida para suprimida o moderarla cuando se presente desorbitada, injusta, desproporcionada o irrazonable ( SSTS 440/2016, de 18 mayo -rec 150/2015-, 920/2016, de 2 noviembre -rec 262/2015, 583/2021, de 27 mayo -rec 151/2019- o 745/2025 de 18 de julio -rec. 182/2023).

Por otro lado, hemos avalado también la utilización a título orientativo del importe de las sanciones de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS), para la determinación de la cuantía de la indemnización por la vulneración de derechos fundamentales, cuando sea difícil su fijación concreta, siempre que se acompañe de una valoración de las circunstancias concurrentes en el caso concreto ( SSTS 962/2023, de 8 de noviembre -rec. 204/2021-, 267/2023, de 12 abril -rec. 4/2021-, 356/2022, de 20 abril -rec. 2391/2019- y 179/2022, de 23 febrero -rec. 4322/2019-); circunstancias que pueden «la antigüedad del trabajador en la empresa, la duración de la vulneración del derecho fundamental, la intensidad de la misma, las consecuencias que se deriven para el trabajador, la posible reincidencia en las conductas vulneradoras de los derechos fundamentales, el carácter pluriofensivo de la lesión y, el contexto en el que se haya realizado la conducta o la actitud tendente a impedir el ejercicio del derecho transgredido» ( STS 745/2025 de 18 de julio de 2025 -rec. 182/2023-).

2.Debemos partir por tanto de los criterios y la valoración aplicados en la sentencia de la Sala de instancia, que ha realizado un examen pormenorizado, y ha tomado como criterio orientativo la sanción asociada a la conducta descrita por el art. 8.10 de la LISOS, que tipifica como infracción muy grave «Los actos del empresario lesivos del derecho de huelga de los trabajadores consistentes en la sustitución de los trabajadores en huelga por otros no vinculados al centro de trabajo al tiempo de su ejercicio, salvo en los casos justificados por el ordenamiento». Dicho precepto se refiere al esquirolaje, que tanto nuestra doctrina como la del TC ha definido como un abuso empresarial que anula o aminora la presión ejercida legítimamente por los huelguistas a través de la paralización del trabajo ( STC 33/2011 de 28 de marzo, y SSTS de 8 de junio de 2011 -rec. 144/2010-, 5 diciembre 2012 -rec.265/2011-, 20 abril 2015- rec. 354/2012-, 13 enero 2020 - rec. 138/2018-, y 153/2021 de 3 de febrero de 2021 -rec. 36/2019-, entre otras).

Ahora bien, la referencia en cuestión se muestra adecuada en el caso, desde el momento en que los servicios mínimos, así como los de seguridad y mantenimiento, se configuran como una excepción al proscrito esquirolaje amparada por el bloque regulativo en la materia. Dice sobre esto la STC 33/2011 de 28 de marzo:

«Por ello, ni el empresario puede imponer a los trabajadores no huelguistas la realización de las tareas que corresponden a los que secundaron la convocatoria, ni los trabajadores que libremente decidieron no secundarla pueden sustituir el trabajo de sus compañeros. Esa regla general admite dos excepciones, conectadas a las previsiones legales sobre el aseguramiento de determinados servicios mínimos esenciales para la comunidad ( art. 10 del Real Decreto-ley 17/1977), y a las previsiones sobre los servicios de seguridad y de mantenimiento en la empresa ( art. 6.7 del Real Decreto-ley 17/1977). En estos dos supuestos, si los trabajadores designados para el mantenimiento de los referidos servicios se negaran o se resistieran a prestarlos, quedaría justificada su sustitución a tales efectos. No obstante, en la determinación de cuáles son los servicios mínimos esenciales para la comunidad, o cuáles son los servicios de seguridad y de mantenimiento requeridos, debe atenderse a ciertos límites, que impidan interpretaciones restrictivas del derecho fundamental [...]».

3.Partiendo de esta premisa, deben valorarse el conjunto de circunstancias concurrentes, incluido el hecho de que la empresa ya había sido condenada en el año 2020 por vulneración del derecho de huelga en una de las unidades productivas con menor repercusión y trascendencia que la situación ahora considerada, manteniendo por tanto «la misma actitud de no negociar y mantener unos servicios que habían sido dejados sin efecto».

Así las cosas, considerando la falta de una negociación adecuada, en los términos ya descritos, incluida la apreciable neutralización en cuanto a sus efectos de la huelga convocada en atención a la producción constatada, así como la reiteración de la empresa en la conducta reprochada, no apreciamos ningún factor que permita corregir el criterio de la resolución de la instancia, que se muestra proporcional y razonable.

Procede, por tanto, oído el Ministerio Fiscal, desestimar también en este punto el recurso considerado, con imposición de costas al amparo del art. 235 de la LRJS, y con pérdida del depósito y la consignación a tenor de los arts. 217 y 229 del mismo texto.