Sentencia Social 161/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 226/2024 de 17 de febrero del 2026

PRIMERO.- 1.La controversia litigiosa radica en determinar si los sindicatos CC. OO. y UGT tenían derecho a participar en la negociación del Convenio colectivo de empresas de trabajo temporal para la Región de Murcia. Ambos sindicatos tienen la condición de más representativos a nivel estatal. Solicitan que se declare la nulidad de esa norma colectiva.

2.La sentencia recurrida, dictada por el TSJ de Murcia 350/2024, de 26 de marzo (procedimiento 1/2024), desestimó la demanda interpuesta por CC. OO. de la Región de Murcia y UGT de la Región de Murcia en la que impugnaban el citado convenio colectivo.

3.Los actores interpusieron recurso de casación ordinario con un único motivo, amparado en el art. 207.e) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ( en adelante LRJS), en el que denuncian la infracción de los arts. 6.1 y 6.3.b) de la Ley Orgánica de Libertad Sindical ( en adelante LOLS) y del art. 87.2.a) del Estatuto de los Trabajadores (en adelante ET).

Argumentan que los sindicatos demandantes no reclaman el derecho a tener la capacidad plena del art. 88 del ET sino la legitimación inicial del art. 87 del ET, es decir, la posibilidad de participar en la negociación en su condición de sindicatos más representativos a nivel estatal.

4.El Ministerio Fiscal informó a favor de la estimación del recurso. El sindicato Respuesta a los Derechos Sociales (en adelante REDES) y la Asociación de Empresas de Trabajo Temporal del Sur (en adelante ATTESUR) presentaron sendos escritos de impugnación del recurso en los que solicitaron su desestimación.

SEGUNDO.- 1.En la legitimación para negociar un convenio colectivo hay que distinguir tres niveles distintos [por todas, STS 801/2018, de 19 de julio (rec. 169/2017); 1115/2020, de 11 de diciembre (rec. 88/2019); 267/2023, de 12 de abril (rec. 4/2021); y 826/2025, de 24 de septiembre (rec. 67/2024)]:

A) Legitimación inicial ( art. 87 del ET) que implica el reconocimiento de la idoneidad inicial para negociar según el ámbito de la negociación, la condición de los negociadores y la representatividad de cada una de las representaciones en el ámbito del convenio. Esta legitimación «da derecho a formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo estatutario a los representantes de los trabajadores o de los empresarios con la concreción derivada esencialmente del ámbito del convenio, contemplada en el art. 87 ET» [ STS de 23 de febrero de 2016 (rec. 39/2015); 746/2019, de 30 de octubre (rec. 191/2017); y 439/2020, de 11 de junio (rec. 138/2019), entre otras].Cuando se ha acreditado la existencia de legitimación para intervenir en la negociación del convenio nos encontraríamos ante una infracción de graves consecuencias si se impidiera al sujeto legitimado su acceso a la Comisión Negociadora [ STS 267/2023, de 12 de abril (rec. 4/2021)].

B) Legitimación plena ( art. 88 del ET) , que debe concurrir para entender válidamente constituida la comisión negociadora, en función de la concreta implantación de cada representación en el ámbito del convenio colectivo.

C) Legitimación negociadora ( art. 89.3 del ET) que, a pesar de incluirse tradicionalmente en el ámbito de la legitimación, parece más bien referida a las mayorías necesarias para alcanzar acuerdos.

La STC 73/1984, de 27 de junio explica que la «legitimación negocial, tal y como aparece regulada en el Estatuto de los Trabajadores, constituye un presupuesto de la negociación colectiva que escapa al poder de disposición de las partes negociadoras que no pueden modificarlas libremente».

2.El art. 6.3 de la LOLS establece que los sindicatos más representativos a nivel estatal «gozarán de capacidad representativa a todos los niveles territoriales y funcionales para [...] b) La negociación colectiva, en los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores. »

La STC (Pleno) 98/1985, de 29 de julio, desestimó el recurso de inconstitucionalidad, entre otros preceptos, contra el citado art. 6.3.b) de la LOLS.

3.El art. 87.2 del ET regula la legitimación inicial del banco social de los convenios colectivos sectoriales:

«2. En los convenios sectoriales estarán legitimados para negociar en representación de los trabajadores:

a) Los sindicatos que tengan la consideración de más representativos a nivel estatal, así como, en sus respectivos ámbitos, las organizaciones sindicales afiliadas, federadas o confederadas a los mismos [...]».

4.La STC (Pleno) 57/1989, de 16 de marzo, desestimó los recursos de inconstitucionalidad interpuestos, entre otros preceptos, contra el art. 87.2 del ET. El TC argumentó que ese precepto desarrolla los arts. 6.3.b), 7.1, párrafo 2º y 7.2 de la LOLS (que fueron declarados conformes con la CE por la STC 98/1985) respecto de la negociación colectiva:

«La regla incorporada así al art. 87.2 arranca de la misma LOLS. reconociendo a los sindicatos más representativos a nivel estatal legitimación para negociar convenios colectivos de ámbito supraempresarial (sectorial), a los de la Comunidad Autónoma para su concreto ámbito territorial y a los que cuenten con un umbral del 10 por 100 en el ámbito especifico a que se refiere el convenio a negociar. No hay exclusión de la negociación, por tanto, de quienes tienen una implantación especifica en el ámbito del convenio, y sí se excluye, sin que ello sea inconstitucional como se verá después, a los sindicatos que no tengan la consideración mencionada o carezcan de implantación en el ámbito de que se trate.»

El TC añadió que, «al reconocer la legitimación de los sindicatos más representativos a nivel estatal se está pensando, con razón, que los convenios sectoriales no sólo afectan a los sujetos incluidos en su ámbito, sino que tienen también incidencia sobre el conjunto de las relaciones laborales del Estado o de las Comunidades Autónomas y la misma estructura de la negociación colectiva, sin que sea preciso acreditar una audiencia especifica en el ámbito concreto, que ya viene amparado por la mayor representatividad a nivel estatal.»

Seguidamente, el TC precisó «que la regulación del art. 87.2 lo es expresamente a efectos de la negociación colectiva y no para otras materias en cumplimiento de la propia remisión de la LOLS concretando la singular posición a que se refiere esta última expresada en que los sindicatos más representativos estatales o de Comunidad Autónoma no necesitan acreditar para cada ámbito concreto en que se propongan negociar que cuentan con el mínimo legal de representación de los trabajadores.».

TERCERO.- 1.La sentencia recurrida explica que UGT y CC. OO. tienen la condición de sindicatos más representativos a nivel estatal, lo que no fue controvertido. Sin embargo, el TSJ argumenta que, al negociarse un convenio colectivo sectorial de ámbito regional, en el que esos sindicatos no tenían representatividad, no tienen legitimación inicial. El TSJ invoca la doctrina jurisprudencial establecida en la STS 764/2021, de 7 de julio (rec. 35/2020).

Esa resolución judicial examina la legitimación activa de un sindicato para interponer una demanda conforme a la modalidad procesal especial de conflicto colectivo, lo que constituye un debate procesal ajeno a este pleito. No podemos aplicar la doctrina jurisprudencial sobre la legitimación procesal a este litigio, en el que se discute la legitimidad para negociar convenios colectivos. En este pleito se ha suscitado una controversia sustantiva, no procesal.

2.Hemos explicado que la legitimación inicial para negociar un convenio colectivo implica el reconocimiento de la idoneidad inicial para negociar según el ámbito de la negociación, la condición de los negociadores y la representatividad de cada uno en el ámbito convencional. Esa legitimación da derecho a formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo estatutario. El art. 6.3 de la LOLS en relación con el art. 87.2 del ET atribuye legitimación para negociar en los convenios sectoriales a los sindicatos que tengan la consideración de más representativos a nivel estatal.

La doctrina constitucional [ STC (Pleno) 57/1989, de 16 de marzo] ha justificado la atribución de esa legitimación a los sindicatos más representativos a nivel estatal porque los convenios sectoriales no solo afectan a los sujetos incluidos en su ámbito, sino que tienen también incidencia sobre el conjunto de las relaciones laborales del Estado o de las Comunidades Autónomas. El TC niega que sea necesario acreditar una audiencia especifica en el ámbito concreto, que ya viene amparada por la mayor representatividad a nivel estatal.

CUARTO.- 1.El sindicato REDES, en su escrito de impugnación del recurso, argumenta que la STC 58/89 (se refiere a la STC 57/1989), que menciona la anterior STC 98/1985, señala que la representación tiene que acreditarse necesariamente en el ámbito del conflicto. Alega que, para tener legitimación para formar parte de la comisión negociadora de este convenio, era preciso que los intervinientes en tal negociación tuvieran en el ámbito territorial del convenio, en este caso la Región de Murcia, la implantación y representatividad necesarias, para lo que debe atenderse a la fecha de constitución de la comisión negociadora.

No podemos acoger sus argumentos. Las sentencias invocadas por esta parte procesal: las STC 98/1985, de 29 de julio, y 57/1989, de 16 de marzo, desestimaron los recursos de inconstitucionalidad contra los preceptos de la LOLS y el ET que atribuyen legitimación inicial a CC. OO. y UGT. La condición de sindicatos más representativos a nivel estatal de CC. OO. y UGT, por aplicación del art. 87.2 del ET, les confería legitimación inicial, lo que impide estimar los argumentos de esta parte procesal.

2.La asociación ATTESUR, en su escrito de impugnación del recurso, reitera los argumentos de la sentencia recurrida. Tampoco podemos acoger sus alegaciones porque, como hemos explicado, los actores tenían legitimación inicial para la negociación de este convenio sectorial autonómico.

3.De conformidad con el razonado informe del Ministerio Fiscal, esta Sala debe concluir que, si los sindicatos CC. OO. y UGT tenían la condición de sindicatos más representativos a nivel estatal, tenían derecho a participar en la negociación de este convenio colectivo sectorial. Al no haberlo hecho, la aplicación del art. 6.3 de la LOLS en relación con el art. 87.2 del ET y con el art. 161 de la LRJS obliga a declarar la nulidad de ese convenio colectivo, que se negoció soslayando la legitimación inicial que tenían esos sindicatos.

4.Los anteriores argumentos obligan a estimar el recurso de casación ordinario interpuesto por la parte actora, casar y anular la sentencia recurrida y estimar la demanda interpuesta por Comisiones Obreras de la Región de Murcia y la Unión General de Trabajadores de la Región de Murcia contra el Sindicato REDES, la Unión Sindical Obrera (USO) y ATTESUR. Declarar el derecho de Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores a participar en la comisión negociadora del Convenio colectivo de empresas de trabajo temporal de la Comunidad Autónoma de Murcia. Declarar la nulidad de los acuerdos adoptados por dicha comisión, incluido el citado convenio colectivo. Se condena a los demandados a estar y pasar por esta declaración. Se acuerda la publicación de la sentencia en el boletín oficial. Sin condena al pago de costas ( art. 235 de la LRJS) .

PRIMERO.- 1.La controversia litigiosa radica en determinar si los sindicatos CC. OO. y UGT tenían derecho a participar en la negociación del Convenio colectivo de empresas de trabajo temporal para la Región de Murcia. Ambos sindicatos tienen la condición de más representativos a nivel estatal. Solicitan que se declare la nulidad de esa norma colectiva.

2.La sentencia recurrida, dictada por el TSJ de Murcia 350/2024, de 26 de marzo (procedimiento 1/2024), desestimó la demanda interpuesta por CC. OO. de la Región de Murcia y UGT de la Región de Murcia en la que impugnaban el citado convenio colectivo.

3.Los actores interpusieron recurso de casación ordinario con un único motivo, amparado en el art. 207.e) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ( en adelante LRJS), en el que denuncian la infracción de los arts. 6.1 y 6.3.b) de la Ley Orgánica de Libertad Sindical ( en adelante LOLS) y del art. 87.2.a) del Estatuto de los Trabajadores (en adelante ET).

Argumentan que los sindicatos demandantes no reclaman el derecho a tener la capacidad plena del art. 88 del ET sino la legitimación inicial del art. 87 del ET, es decir, la posibilidad de participar en la negociación en su condición de sindicatos más representativos a nivel estatal.

4.El Ministerio Fiscal informó a favor de la estimación del recurso. El sindicato Respuesta a los Derechos Sociales (en adelante REDES) y la Asociación de Empresas de Trabajo Temporal del Sur (en adelante ATTESUR) presentaron sendos escritos de impugnación del recurso en los que solicitaron su desestimación.

SEGUNDO.- 1.En la legitimación para negociar un convenio colectivo hay que distinguir tres niveles distintos [por todas, STS 801/2018, de 19 de julio (rec. 169/2017); 1115/2020, de 11 de diciembre (rec. 88/2019); 267/2023, de 12 de abril (rec. 4/2021); y 826/2025, de 24 de septiembre (rec. 67/2024)]:

A) Legitimación inicial ( art. 87 del ET) que implica el reconocimiento de la idoneidad inicial para negociar según el ámbito de la negociación, la condición de los negociadores y la representatividad de cada una de las representaciones en el ámbito del convenio. Esta legitimación «da derecho a formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo estatutario a los representantes de los trabajadores o de los empresarios con la concreción derivada esencialmente del ámbito del convenio, contemplada en el art. 87 ET» [ STS de 23 de febrero de 2016 (rec. 39/2015); 746/2019, de 30 de octubre (rec. 191/2017); y 439/2020, de 11 de junio (rec. 138/2019), entre otras].Cuando se ha acreditado la existencia de legitimación para intervenir en la negociación del convenio nos encontraríamos ante una infracción de graves consecuencias si se impidiera al sujeto legitimado su acceso a la Comisión Negociadora [ STS 267/2023, de 12 de abril (rec. 4/2021)].

B) Legitimación plena ( art. 88 del ET) , que debe concurrir para entender válidamente constituida la comisión negociadora, en función de la concreta implantación de cada representación en el ámbito del convenio colectivo.

C) Legitimación negociadora ( art. 89.3 del ET) que, a pesar de incluirse tradicionalmente en el ámbito de la legitimación, parece más bien referida a las mayorías necesarias para alcanzar acuerdos.

La STC 73/1984, de 27 de junio explica que la «legitimación negocial, tal y como aparece regulada en el Estatuto de los Trabajadores, constituye un presupuesto de la negociación colectiva que escapa al poder de disposición de las partes negociadoras que no pueden modificarlas libremente».

2.El art. 6.3 de la LOLS establece que los sindicatos más representativos a nivel estatal «gozarán de capacidad representativa a todos los niveles territoriales y funcionales para [...] b) La negociación colectiva, en los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores. »

La STC (Pleno) 98/1985, de 29 de julio, desestimó el recurso de inconstitucionalidad, entre otros preceptos, contra el citado art. 6.3.b) de la LOLS.

3.El art. 87.2 del ET regula la legitimación inicial del banco social de los convenios colectivos sectoriales:

«2. En los convenios sectoriales estarán legitimados para negociar en representación de los trabajadores:

a) Los sindicatos que tengan la consideración de más representativos a nivel estatal, así como, en sus respectivos ámbitos, las organizaciones sindicales afiliadas, federadas o confederadas a los mismos [...]».

4.La STC (Pleno) 57/1989, de 16 de marzo, desestimó los recursos de inconstitucionalidad interpuestos, entre otros preceptos, contra el art. 87.2 del ET. El TC argumentó que ese precepto desarrolla los arts. 6.3.b), 7.1, párrafo 2º y 7.2 de la LOLS (que fueron declarados conformes con la CE por la STC 98/1985) respecto de la negociación colectiva:

«La regla incorporada así al art. 87.2 arranca de la misma LOLS. reconociendo a los sindicatos más representativos a nivel estatal legitimación para negociar convenios colectivos de ámbito supraempresarial (sectorial), a los de la Comunidad Autónoma para su concreto ámbito territorial y a los que cuenten con un umbral del 10 por 100 en el ámbito especifico a que se refiere el convenio a negociar. No hay exclusión de la negociación, por tanto, de quienes tienen una implantación especifica en el ámbito del convenio, y sí se excluye, sin que ello sea inconstitucional como se verá después, a los sindicatos que no tengan la consideración mencionada o carezcan de implantación en el ámbito de que se trate.»

El TC añadió que, «al reconocer la legitimación de los sindicatos más representativos a nivel estatal se está pensando, con razón, que los convenios sectoriales no sólo afectan a los sujetos incluidos en su ámbito, sino que tienen también incidencia sobre el conjunto de las relaciones laborales del Estado o de las Comunidades Autónomas y la misma estructura de la negociación colectiva, sin que sea preciso acreditar una audiencia especifica en el ámbito concreto, que ya viene amparado por la mayor representatividad a nivel estatal.»

Seguidamente, el TC precisó «que la regulación del art. 87.2 lo es expresamente a efectos de la negociación colectiva y no para otras materias en cumplimiento de la propia remisión de la LOLS concretando la singular posición a que se refiere esta última expresada en que los sindicatos más representativos estatales o de Comunidad Autónoma no necesitan acreditar para cada ámbito concreto en que se propongan negociar que cuentan con el mínimo legal de representación de los trabajadores.».

TERCERO.- 1.La sentencia recurrida explica que UGT y CC. OO. tienen la condición de sindicatos más representativos a nivel estatal, lo que no fue controvertido. Sin embargo, el TSJ argumenta que, al negociarse un convenio colectivo sectorial de ámbito regional, en el que esos sindicatos no tenían representatividad, no tienen legitimación inicial. El TSJ invoca la doctrina jurisprudencial establecida en la STS 764/2021, de 7 de julio (rec. 35/2020).

Esa resolución judicial examina la legitimación activa de un sindicato para interponer una demanda conforme a la modalidad procesal especial de conflicto colectivo, lo que constituye un debate procesal ajeno a este pleito. No podemos aplicar la doctrina jurisprudencial sobre la legitimación procesal a este litigio, en el que se discute la legitimidad para negociar convenios colectivos. En este pleito se ha suscitado una controversia sustantiva, no procesal.

2.Hemos explicado que la legitimación inicial para negociar un convenio colectivo implica el reconocimiento de la idoneidad inicial para negociar según el ámbito de la negociación, la condición de los negociadores y la representatividad de cada uno en el ámbito convencional. Esa legitimación da derecho a formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo estatutario. El art. 6.3 de la LOLS en relación con el art. 87.2 del ET atribuye legitimación para negociar en los convenios sectoriales a los sindicatos que tengan la consideración de más representativos a nivel estatal.

La doctrina constitucional [ STC (Pleno) 57/1989, de 16 de marzo] ha justificado la atribución de esa legitimación a los sindicatos más representativos a nivel estatal porque los convenios sectoriales no solo afectan a los sujetos incluidos en su ámbito, sino que tienen también incidencia sobre el conjunto de las relaciones laborales del Estado o de las Comunidades Autónomas. El TC niega que sea necesario acreditar una audiencia especifica en el ámbito concreto, que ya viene amparada por la mayor representatividad a nivel estatal.

CUARTO.- 1.El sindicato REDES, en su escrito de impugnación del recurso, argumenta que la STC 58/89 (se refiere a la STC 57/1989), que menciona la anterior STC 98/1985, señala que la representación tiene que acreditarse necesariamente en el ámbito del conflicto. Alega que, para tener legitimación para formar parte de la comisión negociadora de este convenio, era preciso que los intervinientes en tal negociación tuvieran en el ámbito territorial del convenio, en este caso la Región de Murcia, la implantación y representatividad necesarias, para lo que debe atenderse a la fecha de constitución de la comisión negociadora.

No podemos acoger sus argumentos. Las sentencias invocadas por esta parte procesal: las STC 98/1985, de 29 de julio, y 57/1989, de 16 de marzo, desestimaron los recursos de inconstitucionalidad contra los preceptos de la LOLS y el ET que atribuyen legitimación inicial a CC. OO. y UGT. La condición de sindicatos más representativos a nivel estatal de CC. OO. y UGT, por aplicación del art. 87.2 del ET, les confería legitimación inicial, lo que impide estimar los argumentos de esta parte procesal.

2.La asociación ATTESUR, en su escrito de impugnación del recurso, reitera los argumentos de la sentencia recurrida. Tampoco podemos acoger sus alegaciones porque, como hemos explicado, los actores tenían legitimación inicial para la negociación de este convenio sectorial autonómico.

3.De conformidad con el razonado informe del Ministerio Fiscal, esta Sala debe concluir que, si los sindicatos CC. OO. y UGT tenían la condición de sindicatos más representativos a nivel estatal, tenían derecho a participar en la negociación de este convenio colectivo sectorial. Al no haberlo hecho, la aplicación del art. 6.3 de la LOLS en relación con el art. 87.2 del ET y con el art. 161 de la LRJS obliga a declarar la nulidad de ese convenio colectivo, que se negoció soslayando la legitimación inicial que tenían esos sindicatos.

4.Los anteriores argumentos obligan a estimar el recurso de casación ordinario interpuesto por la parte actora, casar y anular la sentencia recurrida y estimar la demanda interpuesta por Comisiones Obreras de la Región de Murcia y la Unión General de Trabajadores de la Región de Murcia contra el Sindicato REDES, la Unión Sindical Obrera (USO) y ATTESUR. Declarar el derecho de Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores a participar en la comisión negociadora del Convenio colectivo de empresas de trabajo temporal de la Comunidad Autónoma de Murcia. Declarar la nulidad de los acuerdos adoptados por dicha comisión, incluido el citado convenio colectivo. Se condena a los demandados a estar y pasar por esta declaración. Se acuerda la publicación de la sentencia en el boletín oficial. Sin condena al pago de costas ( art. 235 de la LRJS) .

PRIMERO.- 1.La controversia litigiosa radica en determinar si los sindicatos CC. OO. y UGT tenían derecho a participar en la negociación del Convenio colectivo de empresas de trabajo temporal para la Región de Murcia. Ambos sindicatos tienen la condición de más representativos a nivel estatal. Solicitan que se declare la nulidad de esa norma colectiva.

2.La sentencia recurrida, dictada por el TSJ de Murcia 350/2024, de 26 de marzo (procedimiento 1/2024), desestimó la demanda interpuesta por CC. OO. de la Región de Murcia y UGT de la Región de Murcia en la que impugnaban el citado convenio colectivo.

3.Los actores interpusieron recurso de casación ordinario con un único motivo, amparado en el art. 207.e) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ( en adelante LRJS), en el que denuncian la infracción de los arts. 6.1 y 6.3.b) de la Ley Orgánica de Libertad Sindical ( en adelante LOLS) y del art. 87.2.a) del Estatuto de los Trabajadores (en adelante ET).

Argumentan que los sindicatos demandantes no reclaman el derecho a tener la capacidad plena del art. 88 del ET sino la legitimación inicial del art. 87 del ET, es decir, la posibilidad de participar en la negociación en su condición de sindicatos más representativos a nivel estatal.

4.El Ministerio Fiscal informó a favor de la estimación del recurso. El sindicato Respuesta a los Derechos Sociales (en adelante REDES) y la Asociación de Empresas de Trabajo Temporal del Sur (en adelante ATTESUR) presentaron sendos escritos de impugnación del recurso en los que solicitaron su desestimación.

SEGUNDO.- 1.En la legitimación para negociar un convenio colectivo hay que distinguir tres niveles distintos [por todas, STS 801/2018, de 19 de julio (rec. 169/2017); 1115/2020, de 11 de diciembre (rec. 88/2019); 267/2023, de 12 de abril (rec. 4/2021); y 826/2025, de 24 de septiembre (rec. 67/2024)]:

A) Legitimación inicial ( art. 87 del ET) que implica el reconocimiento de la idoneidad inicial para negociar según el ámbito de la negociación, la condición de los negociadores y la representatividad de cada una de las representaciones en el ámbito del convenio. Esta legitimación «da derecho a formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo estatutario a los representantes de los trabajadores o de los empresarios con la concreción derivada esencialmente del ámbito del convenio, contemplada en el art. 87 ET» [ STS de 23 de febrero de 2016 (rec. 39/2015); 746/2019, de 30 de octubre (rec. 191/2017); y 439/2020, de 11 de junio (rec. 138/2019), entre otras].Cuando se ha acreditado la existencia de legitimación para intervenir en la negociación del convenio nos encontraríamos ante una infracción de graves consecuencias si se impidiera al sujeto legitimado su acceso a la Comisión Negociadora [ STS 267/2023, de 12 de abril (rec. 4/2021)].

B) Legitimación plena ( art. 88 del ET) , que debe concurrir para entender válidamente constituida la comisión negociadora, en función de la concreta implantación de cada representación en el ámbito del convenio colectivo.

C) Legitimación negociadora ( art. 89.3 del ET) que, a pesar de incluirse tradicionalmente en el ámbito de la legitimación, parece más bien referida a las mayorías necesarias para alcanzar acuerdos.

La STC 73/1984, de 27 de junio explica que la «legitimación negocial, tal y como aparece regulada en el Estatuto de los Trabajadores, constituye un presupuesto de la negociación colectiva que escapa al poder de disposición de las partes negociadoras que no pueden modificarlas libremente».

2.El art. 6.3 de la LOLS establece que los sindicatos más representativos a nivel estatal «gozarán de capacidad representativa a todos los niveles territoriales y funcionales para [...] b) La negociación colectiva, en los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores. »

La STC (Pleno) 98/1985, de 29 de julio, desestimó el recurso de inconstitucionalidad, entre otros preceptos, contra el citado art. 6.3.b) de la LOLS.

3.El art. 87.2 del ET regula la legitimación inicial del banco social de los convenios colectivos sectoriales:

«2. En los convenios sectoriales estarán legitimados para negociar en representación de los trabajadores:

a) Los sindicatos que tengan la consideración de más representativos a nivel estatal, así como, en sus respectivos ámbitos, las organizaciones sindicales afiliadas, federadas o confederadas a los mismos [...]».

4.La STC (Pleno) 57/1989, de 16 de marzo, desestimó los recursos de inconstitucionalidad interpuestos, entre otros preceptos, contra el art. 87.2 del ET. El TC argumentó que ese precepto desarrolla los arts. 6.3.b), 7.1, párrafo 2º y 7.2 de la LOLS (que fueron declarados conformes con la CE por la STC 98/1985) respecto de la negociación colectiva:

«La regla incorporada así al art. 87.2 arranca de la misma LOLS. reconociendo a los sindicatos más representativos a nivel estatal legitimación para negociar convenios colectivos de ámbito supraempresarial (sectorial), a los de la Comunidad Autónoma para su concreto ámbito territorial y a los que cuenten con un umbral del 10 por 100 en el ámbito especifico a que se refiere el convenio a negociar. No hay exclusión de la negociación, por tanto, de quienes tienen una implantación especifica en el ámbito del convenio, y sí se excluye, sin que ello sea inconstitucional como se verá después, a los sindicatos que no tengan la consideración mencionada o carezcan de implantación en el ámbito de que se trate.»

El TC añadió que, «al reconocer la legitimación de los sindicatos más representativos a nivel estatal se está pensando, con razón, que los convenios sectoriales no sólo afectan a los sujetos incluidos en su ámbito, sino que tienen también incidencia sobre el conjunto de las relaciones laborales del Estado o de las Comunidades Autónomas y la misma estructura de la negociación colectiva, sin que sea preciso acreditar una audiencia especifica en el ámbito concreto, que ya viene amparado por la mayor representatividad a nivel estatal.»

Seguidamente, el TC precisó «que la regulación del art. 87.2 lo es expresamente a efectos de la negociación colectiva y no para otras materias en cumplimiento de la propia remisión de la LOLS concretando la singular posición a que se refiere esta última expresada en que los sindicatos más representativos estatales o de Comunidad Autónoma no necesitan acreditar para cada ámbito concreto en que se propongan negociar que cuentan con el mínimo legal de representación de los trabajadores.».

TERCERO.- 1.La sentencia recurrida explica que UGT y CC. OO. tienen la condición de sindicatos más representativos a nivel estatal, lo que no fue controvertido. Sin embargo, el TSJ argumenta que, al negociarse un convenio colectivo sectorial de ámbito regional, en el que esos sindicatos no tenían representatividad, no tienen legitimación inicial. El TSJ invoca la doctrina jurisprudencial establecida en la STS 764/2021, de 7 de julio (rec. 35/2020).

Esa resolución judicial examina la legitimación activa de un sindicato para interponer una demanda conforme a la modalidad procesal especial de conflicto colectivo, lo que constituye un debate procesal ajeno a este pleito. No podemos aplicar la doctrina jurisprudencial sobre la legitimación procesal a este litigio, en el que se discute la legitimidad para negociar convenios colectivos. En este pleito se ha suscitado una controversia sustantiva, no procesal.

2.Hemos explicado que la legitimación inicial para negociar un convenio colectivo implica el reconocimiento de la idoneidad inicial para negociar según el ámbito de la negociación, la condición de los negociadores y la representatividad de cada uno en el ámbito convencional. Esa legitimación da derecho a formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo estatutario. El art. 6.3 de la LOLS en relación con el art. 87.2 del ET atribuye legitimación para negociar en los convenios sectoriales a los sindicatos que tengan la consideración de más representativos a nivel estatal.

La doctrina constitucional [ STC (Pleno) 57/1989, de 16 de marzo] ha justificado la atribución de esa legitimación a los sindicatos más representativos a nivel estatal porque los convenios sectoriales no solo afectan a los sujetos incluidos en su ámbito, sino que tienen también incidencia sobre el conjunto de las relaciones laborales del Estado o de las Comunidades Autónomas. El TC niega que sea necesario acreditar una audiencia especifica en el ámbito concreto, que ya viene amparada por la mayor representatividad a nivel estatal.

CUARTO.- 1.El sindicato REDES, en su escrito de impugnación del recurso, argumenta que la STC 58/89 (se refiere a la STC 57/1989), que menciona la anterior STC 98/1985, señala que la representación tiene que acreditarse necesariamente en el ámbito del conflicto. Alega que, para tener legitimación para formar parte de la comisión negociadora de este convenio, era preciso que los intervinientes en tal negociación tuvieran en el ámbito territorial del convenio, en este caso la Región de Murcia, la implantación y representatividad necesarias, para lo que debe atenderse a la fecha de constitución de la comisión negociadora.

No podemos acoger sus argumentos. Las sentencias invocadas por esta parte procesal: las STC 98/1985, de 29 de julio, y 57/1989, de 16 de marzo, desestimaron los recursos de inconstitucionalidad contra los preceptos de la LOLS y el ET que atribuyen legitimación inicial a CC. OO. y UGT. La condición de sindicatos más representativos a nivel estatal de CC. OO. y UGT, por aplicación del art. 87.2 del ET, les confería legitimación inicial, lo que impide estimar los argumentos de esta parte procesal.

2.La asociación ATTESUR, en su escrito de impugnación del recurso, reitera los argumentos de la sentencia recurrida. Tampoco podemos acoger sus alegaciones porque, como hemos explicado, los actores tenían legitimación inicial para la negociación de este convenio sectorial autonómico.

3.De conformidad con el razonado informe del Ministerio Fiscal, esta Sala debe concluir que, si los sindicatos CC. OO. y UGT tenían la condición de sindicatos más representativos a nivel estatal, tenían derecho a participar en la negociación de este convenio colectivo sectorial. Al no haberlo hecho, la aplicación del art. 6.3 de la LOLS en relación con el art. 87.2 del ET y con el art. 161 de la LRJS obliga a declarar la nulidad de ese convenio colectivo, que se negoció soslayando la legitimación inicial que tenían esos sindicatos.

4.Los anteriores argumentos obligan a estimar el recurso de casación ordinario interpuesto por la parte actora, casar y anular la sentencia recurrida y estimar la demanda interpuesta por Comisiones Obreras de la Región de Murcia y la Unión General de Trabajadores de la Región de Murcia contra el Sindicato REDES, la Unión Sindical Obrera (USO) y ATTESUR. Declarar el derecho de Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores a participar en la comisión negociadora del Convenio colectivo de empresas de trabajo temporal de la Comunidad Autónoma de Murcia. Declarar la nulidad de los acuerdos adoptados por dicha comisión, incluido el citado convenio colectivo. Se condena a los demandados a estar y pasar por esta declaración. Se acuerda la publicación de la sentencia en el boletín oficial. Sin condena al pago de costas ( art. 235 de la LRJS) .