Sentencia Social 163/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 268/2024 de 17 de febrero del 2026

PRIMERO.- 1.En este pleito se debate la licitud de la aportación económica al Tesoro Público de la empresa Silver Sanz SA correspondiente a las anualidades 2020 y 2021 derivada del procedimiento de despido colectivo 26/2018. Esta obligación se aplica a empresas con beneficios que realicen despidos colectivos que afecten a trabajadores de 50 o más años. Está prevista en la disposición adicional 16ª de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, desarrollada por el Real Decreto 1484/2012, de 29 de octubre.

La STS 1042/2025, de 12 de noviembre (rec. 52/2024) resolvió un recurso de casación ordinario en el que se suscitaba la misma controversia. Reiteramos sus argumentos en esta litis.

2.La sentencia recurrida, dictada por el TSJ de Cataluña 4368/2024, de 25 de julio (procedimiento 1/2024) estimó las demandas acumuladas interpuestas por la empresa Silver Sanz SA contra el SEPE y declaró la nulidad de la resoluciones desestimatorias de los recursos de alzada contra las resoluciones de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal que habían reclamado el pago al Tesoro Público de las (respectivas) cantidades de 555.603,04 y 195.462,98 euros correspondientes a los ejercicios de 2020 y 2021 en procedimiento de liquidación de aportación económica de empresas con beneficios que realicen despidos colectivos que afecten a trabajadores de 50 o más años.

La sentencia de instancia estima la demanda porque, aunque sostiene que una interpretación rígida del marco normativo (la disposición adicional 16ª de la Ley 27/2011 y el Real Decreto 1484/2012) llevaría a la desestimación, ya que se cumplen los tres condicionantes objetivos de la norma, la Sala acude al criterio hermenéutico del art. 3.1 del Código Civil para interpretar la finalidad de la norma y señala que su finalidad es la contención del gasto público en prestaciones por desempleo, desincentivando la inclusión en los despidos colectivos de trabajadores mayores de 50 años cuando la empresa tiene beneficios. Dice la sentencia que este despido colectivo se produjo por el cierre de una línea de venta al perder la exclusiva de distribución, siendo una decisión razonable de gestión empresarial y no existió una intención de desprenderse de las personas de mayor edad con finalidad de ahorrar gastos y considera acreditado que el pago de las liquidaciones reclamadas, dada la actual situación económica negativa de la empresa (con pérdidas desde 2018) comportaría su quiebra, lo que produciría la paradoja de generar un mayor gasto en prestaciones por desempleo, lo que sería contrario al espíritu de la norma.

3.El SEPE recurrió en casación ordinaria con un único motivo en el que denuncia la infracción de la disposición adicional 16ª de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, en relación con el art. 51.11 del Estatuto de los Trabajadores ( en adelante ET) y el Real Decreto 1484/2012, de 29 de octubre, así como el art. 3 del Código Civil.

Argumenta que la sentencia recurrida añade un requisito no previsto en la Ley, como es la necesidad de indagar si la elección de los trabajadores mayores de 50 años se hizo con la finalidad económica de ahorrar costes. Según la parte recurrente no cabe aplicar el principio de proporcionalidad, porque la norma no tiene naturaleza sancionadora sino que su finalidad es objetiva y es que las empresas con beneficios que lleven a cabo un despido colectivo que incluya trabajadores mayores de 50 años contribuyan económicamente a la financiación de los gastos que causan. Dice la recurrente que no cabe acudir a otros parámetros interpretativos del art. 3 del Código Civil cuando la dicción de la disposición adicional 16ª es clara y precisa y no ofrece dudas. Añade la recurrente que la sentencia se apoya en conjeturas sobre la viabilidad de la empresa que carecen de soporte en los hechos declarados probados y que además no están contempladas legalmente.

4.El Ministerio Fiscal informó a favor de la estimación del recurso. La parte recurrida presentó escrito de impugnación del recurso en el que solicita la confirmación de la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- 1.La disposición adicional 16ª de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, contiene una norma que obliga a las empresas que realicen despidos colectivos a realizar una «aportación económica al Tesoro Público» cuando concurran las siguientes circunstancias:

«a) Que los despidos colectivos sean realizados por empresas de más de 100 trabajadores o por empresas que formen parte de grupos de empresas que empleen a ese número de trabajadores.

b) Que el porcentaje de trabajadores despedidos de cincuenta o más años de edad sobre el total de trabajadores despedidos sea superior al porcentaje de trabajadores de cincuenta o más años sobre el total de trabajadores de la empresa [...]

c) Que, aun concurriendo las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que justifiquen el despido colectivo, se cumpla alguna de las dos condiciones siguientes:

1.ª Que las empresas o el grupo de empresas del que formen parte hubieran tenido beneficios en los dos ejercicios económicos anteriores a aquél en que el empresario inicia el procedimiento de despido colectivo.

2.ª Que las empresas o el grupo de empresas del que formen parte obtengan beneficios en al menos dos ejercicios económicos consecutivos dentro del periodo comprendido entre el ejercicio económico anterior a la fecha de inicio del procedimiento de despido colectivo y los cuatro ejercicios económicos posteriores a dicha fecha [...]».

2.La STS 1042/2025, de 12 de noviembre (rec. 52/2024), resolvió la misma controversia litigiosa. Debemos reiterar sus argumentos por unos elementales principios de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la ley.

En este litigio, no es controvertido que concurren las circunstancias previstas en la indicada norma legal. Tampoco existe controversia sobre el cálculo de la aportación al Tesoro Público objeto de la liquidación impugnada. La sentencia recurrida ha apreciado causas de exención de dicha obligación no previstas expresamente en la norma legal y por tanto se trata de dilucidar si existe base jurídica suficiente para tal decisión.

Para confirmar la sentencia recurrida sería preciso que sus argumentos pudieran sostenerse en la aplicación e interpretación del Derecho vigente. Debemos precisar que no se trata de una figura que tenga naturaleza sancionadora, de manera que no se aplican a la misma los principios constitucionales propios del Derecho sancionador, ni siquiera los del Derecho administrativo sancionador. Por el contrario, se trata de una exacción de naturaleza parafiscal, que comparte en lo sustancial las características de las figuras tributarias y a la que se aplica el art. 31 de la Constitución Española ( en adelante CE). Está regulada en la Ley 27/2011 en sus elementos definitorios del hecho imponible, sujetos obligados y determinación de la deuda (independientemente de su desarrollo reglamentario), por lo que cumple con el requisito de legalidad del art. 31.3 de nuestra ley fundamental. No se cuestiona la concurrencia en este caso de esos elementos establecidos legalmente que definen el hecho imponible, como tampoco el cálculo en concreto de la aportación.

Debemos confirmar los actos administrativos que, siendo conformes a la regulación legal y reglamentaria, exigen el pago de esa aportación. Las consideraciones de la sentencia de instancia, que acogen esencialmente lo alegado por la empresa demandante, no pueden llevar a la inaplicación de la ley. Si alguna de ellas pudiera tener encaje en algún motivo de inconstitucionalidad de la norma legal, debemos recordar que en un sistema de control de constitucionalidad concentrado en el Tribunal Constitucional ningún órgano judicial puede inaplicar las normas con rango de ley posteriores a la Carta Magna con base en su eventual inconstitucionalidad, sino que en tal caso han de plantear un incidente prejudicial suspensivo y devolutivo ante el Tribunal Constitucional a través de una cuestión de inconstitucionalidad del art. 163 de la CE, lo que la Sala de instancia no ha llevado a cabo, por lo que no estaba facultada para inaplicar de plano la ley vigente que regula dicha figura parafiscal.

Esta Sala Cuarta, con motivo de la resolución del presente recurso, podría elevar cuestión de inconstitucionalidad si considerase que la disposición adicional 16ª de la Ley 27/2011, en los elementos aplicables al caso, pudiera ser contraria a la CE. Sin embargo, esta Sala no aprecia motivos de inconstitucionalidad en dicha norma, que por otra parte ni la parte demandante ha alegado ni la sentencia de instancia ha apreciado.

TERCERO.- 1.Lo anteriormente razonado, de conformidad con el Ministerio Fiscal, obliga a estimar el recurso presentado, casar y anular la sentencia recurrida y desestimar la demanda.

2.De conformidad con el art. 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social no se hace expresa imposición de costas, debiendo asumir cada parte las causadas a su instancia.

PRIMERO.- 1.En este pleito se debate la licitud de la aportación económica al Tesoro Público de la empresa Silver Sanz SA correspondiente a las anualidades 2020 y 2021 derivada del procedimiento de despido colectivo 26/2018. Esta obligación se aplica a empresas con beneficios que realicen despidos colectivos que afecten a trabajadores de 50 o más años. Está prevista en la disposición adicional 16ª de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, desarrollada por el Real Decreto 1484/2012, de 29 de octubre.

La STS 1042/2025, de 12 de noviembre (rec. 52/2024) resolvió un recurso de casación ordinario en el que se suscitaba la misma controversia. Reiteramos sus argumentos en esta litis.

2.La sentencia recurrida, dictada por el TSJ de Cataluña 4368/2024, de 25 de julio (procedimiento 1/2024) estimó las demandas acumuladas interpuestas por la empresa Silver Sanz SA contra el SEPE y declaró la nulidad de la resoluciones desestimatorias de los recursos de alzada contra las resoluciones de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal que habían reclamado el pago al Tesoro Público de las (respectivas) cantidades de 555.603,04 y 195.462,98 euros correspondientes a los ejercicios de 2020 y 2021 en procedimiento de liquidación de aportación económica de empresas con beneficios que realicen despidos colectivos que afecten a trabajadores de 50 o más años.

La sentencia de instancia estima la demanda porque, aunque sostiene que una interpretación rígida del marco normativo (la disposición adicional 16ª de la Ley 27/2011 y el Real Decreto 1484/2012) llevaría a la desestimación, ya que se cumplen los tres condicionantes objetivos de la norma, la Sala acude al criterio hermenéutico del art. 3.1 del Código Civil para interpretar la finalidad de la norma y señala que su finalidad es la contención del gasto público en prestaciones por desempleo, desincentivando la inclusión en los despidos colectivos de trabajadores mayores de 50 años cuando la empresa tiene beneficios. Dice la sentencia que este despido colectivo se produjo por el cierre de una línea de venta al perder la exclusiva de distribución, siendo una decisión razonable de gestión empresarial y no existió una intención de desprenderse de las personas de mayor edad con finalidad de ahorrar gastos y considera acreditado que el pago de las liquidaciones reclamadas, dada la actual situación económica negativa de la empresa (con pérdidas desde 2018) comportaría su quiebra, lo que produciría la paradoja de generar un mayor gasto en prestaciones por desempleo, lo que sería contrario al espíritu de la norma.

3.El SEPE recurrió en casación ordinaria con un único motivo en el que denuncia la infracción de la disposición adicional 16ª de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, en relación con el art. 51.11 del Estatuto de los Trabajadores ( en adelante ET) y el Real Decreto 1484/2012, de 29 de octubre, así como el art. 3 del Código Civil.

Argumenta que la sentencia recurrida añade un requisito no previsto en la Ley, como es la necesidad de indagar si la elección de los trabajadores mayores de 50 años se hizo con la finalidad económica de ahorrar costes. Según la parte recurrente no cabe aplicar el principio de proporcionalidad, porque la norma no tiene naturaleza sancionadora sino que su finalidad es objetiva y es que las empresas con beneficios que lleven a cabo un despido colectivo que incluya trabajadores mayores de 50 años contribuyan económicamente a la financiación de los gastos que causan. Dice la recurrente que no cabe acudir a otros parámetros interpretativos del art. 3 del Código Civil cuando la dicción de la disposición adicional 16ª es clara y precisa y no ofrece dudas. Añade la recurrente que la sentencia se apoya en conjeturas sobre la viabilidad de la empresa que carecen de soporte en los hechos declarados probados y que además no están contempladas legalmente.

4.El Ministerio Fiscal informó a favor de la estimación del recurso. La parte recurrida presentó escrito de impugnación del recurso en el que solicita la confirmación de la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- 1.La disposición adicional 16ª de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, contiene una norma que obliga a las empresas que realicen despidos colectivos a realizar una «aportación económica al Tesoro Público» cuando concurran las siguientes circunstancias:

«a) Que los despidos colectivos sean realizados por empresas de más de 100 trabajadores o por empresas que formen parte de grupos de empresas que empleen a ese número de trabajadores.

b) Que el porcentaje de trabajadores despedidos de cincuenta o más años de edad sobre el total de trabajadores despedidos sea superior al porcentaje de trabajadores de cincuenta o más años sobre el total de trabajadores de la empresa [...]

c) Que, aun concurriendo las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que justifiquen el despido colectivo, se cumpla alguna de las dos condiciones siguientes:

1.ª Que las empresas o el grupo de empresas del que formen parte hubieran tenido beneficios en los dos ejercicios económicos anteriores a aquél en que el empresario inicia el procedimiento de despido colectivo.

2.ª Que las empresas o el grupo de empresas del que formen parte obtengan beneficios en al menos dos ejercicios económicos consecutivos dentro del periodo comprendido entre el ejercicio económico anterior a la fecha de inicio del procedimiento de despido colectivo y los cuatro ejercicios económicos posteriores a dicha fecha [...]».

2.La STS 1042/2025, de 12 de noviembre (rec. 52/2024), resolvió la misma controversia litigiosa. Debemos reiterar sus argumentos por unos elementales principios de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la ley.

En este litigio, no es controvertido que concurren las circunstancias previstas en la indicada norma legal. Tampoco existe controversia sobre el cálculo de la aportación al Tesoro Público objeto de la liquidación impugnada. La sentencia recurrida ha apreciado causas de exención de dicha obligación no previstas expresamente en la norma legal y por tanto se trata de dilucidar si existe base jurídica suficiente para tal decisión.

Para confirmar la sentencia recurrida sería preciso que sus argumentos pudieran sostenerse en la aplicación e interpretación del Derecho vigente. Debemos precisar que no se trata de una figura que tenga naturaleza sancionadora, de manera que no se aplican a la misma los principios constitucionales propios del Derecho sancionador, ni siquiera los del Derecho administrativo sancionador. Por el contrario, se trata de una exacción de naturaleza parafiscal, que comparte en lo sustancial las características de las figuras tributarias y a la que se aplica el art. 31 de la Constitución Española ( en adelante CE). Está regulada en la Ley 27/2011 en sus elementos definitorios del hecho imponible, sujetos obligados y determinación de la deuda (independientemente de su desarrollo reglamentario), por lo que cumple con el requisito de legalidad del art. 31.3 de nuestra ley fundamental. No se cuestiona la concurrencia en este caso de esos elementos establecidos legalmente que definen el hecho imponible, como tampoco el cálculo en concreto de la aportación.

Debemos confirmar los actos administrativos que, siendo conformes a la regulación legal y reglamentaria, exigen el pago de esa aportación. Las consideraciones de la sentencia de instancia, que acogen esencialmente lo alegado por la empresa demandante, no pueden llevar a la inaplicación de la ley. Si alguna de ellas pudiera tener encaje en algún motivo de inconstitucionalidad de la norma legal, debemos recordar que en un sistema de control de constitucionalidad concentrado en el Tribunal Constitucional ningún órgano judicial puede inaplicar las normas con rango de ley posteriores a la Carta Magna con base en su eventual inconstitucionalidad, sino que en tal caso han de plantear un incidente prejudicial suspensivo y devolutivo ante el Tribunal Constitucional a través de una cuestión de inconstitucionalidad del art. 163 de la CE, lo que la Sala de instancia no ha llevado a cabo, por lo que no estaba facultada para inaplicar de plano la ley vigente que regula dicha figura parafiscal.

Esta Sala Cuarta, con motivo de la resolución del presente recurso, podría elevar cuestión de inconstitucionalidad si considerase que la disposición adicional 16ª de la Ley 27/2011, en los elementos aplicables al caso, pudiera ser contraria a la CE. Sin embargo, esta Sala no aprecia motivos de inconstitucionalidad en dicha norma, que por otra parte ni la parte demandante ha alegado ni la sentencia de instancia ha apreciado.

TERCERO.- 1.Lo anteriormente razonado, de conformidad con el Ministerio Fiscal, obliga a estimar el recurso presentado, casar y anular la sentencia recurrida y desestimar la demanda.

2.De conformidad con el art. 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social no se hace expresa imposición de costas, debiendo asumir cada parte las causadas a su instancia.

PRIMERO.- 1.En este pleito se debate la licitud de la aportación económica al Tesoro Público de la empresa Silver Sanz SA correspondiente a las anualidades 2020 y 2021 derivada del procedimiento de despido colectivo 26/2018. Esta obligación se aplica a empresas con beneficios que realicen despidos colectivos que afecten a trabajadores de 50 o más años. Está prevista en la disposición adicional 16ª de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, desarrollada por el Real Decreto 1484/2012, de 29 de octubre.

La STS 1042/2025, de 12 de noviembre (rec. 52/2024) resolvió un recurso de casación ordinario en el que se suscitaba la misma controversia. Reiteramos sus argumentos en esta litis.

2.La sentencia recurrida, dictada por el TSJ de Cataluña 4368/2024, de 25 de julio (procedimiento 1/2024) estimó las demandas acumuladas interpuestas por la empresa Silver Sanz SA contra el SEPE y declaró la nulidad de la resoluciones desestimatorias de los recursos de alzada contra las resoluciones de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal que habían reclamado el pago al Tesoro Público de las (respectivas) cantidades de 555.603,04 y 195.462,98 euros correspondientes a los ejercicios de 2020 y 2021 en procedimiento de liquidación de aportación económica de empresas con beneficios que realicen despidos colectivos que afecten a trabajadores de 50 o más años.

La sentencia de instancia estima la demanda porque, aunque sostiene que una interpretación rígida del marco normativo (la disposición adicional 16ª de la Ley 27/2011 y el Real Decreto 1484/2012) llevaría a la desestimación, ya que se cumplen los tres condicionantes objetivos de la norma, la Sala acude al criterio hermenéutico del art. 3.1 del Código Civil para interpretar la finalidad de la norma y señala que su finalidad es la contención del gasto público en prestaciones por desempleo, desincentivando la inclusión en los despidos colectivos de trabajadores mayores de 50 años cuando la empresa tiene beneficios. Dice la sentencia que este despido colectivo se produjo por el cierre de una línea de venta al perder la exclusiva de distribución, siendo una decisión razonable de gestión empresarial y no existió una intención de desprenderse de las personas de mayor edad con finalidad de ahorrar gastos y considera acreditado que el pago de las liquidaciones reclamadas, dada la actual situación económica negativa de la empresa (con pérdidas desde 2018) comportaría su quiebra, lo que produciría la paradoja de generar un mayor gasto en prestaciones por desempleo, lo que sería contrario al espíritu de la norma.

3.El SEPE recurrió en casación ordinaria con un único motivo en el que denuncia la infracción de la disposición adicional 16ª de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, en relación con el art. 51.11 del Estatuto de los Trabajadores ( en adelante ET) y el Real Decreto 1484/2012, de 29 de octubre, así como el art. 3 del Código Civil.

Argumenta que la sentencia recurrida añade un requisito no previsto en la Ley, como es la necesidad de indagar si la elección de los trabajadores mayores de 50 años se hizo con la finalidad económica de ahorrar costes. Según la parte recurrente no cabe aplicar el principio de proporcionalidad, porque la norma no tiene naturaleza sancionadora sino que su finalidad es objetiva y es que las empresas con beneficios que lleven a cabo un despido colectivo que incluya trabajadores mayores de 50 años contribuyan económicamente a la financiación de los gastos que causan. Dice la recurrente que no cabe acudir a otros parámetros interpretativos del art. 3 del Código Civil cuando la dicción de la disposición adicional 16ª es clara y precisa y no ofrece dudas. Añade la recurrente que la sentencia se apoya en conjeturas sobre la viabilidad de la empresa que carecen de soporte en los hechos declarados probados y que además no están contempladas legalmente.

4.El Ministerio Fiscal informó a favor de la estimación del recurso. La parte recurrida presentó escrito de impugnación del recurso en el que solicita la confirmación de la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- 1.La disposición adicional 16ª de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, contiene una norma que obliga a las empresas que realicen despidos colectivos a realizar una «aportación económica al Tesoro Público» cuando concurran las siguientes circunstancias:

«a) Que los despidos colectivos sean realizados por empresas de más de 100 trabajadores o por empresas que formen parte de grupos de empresas que empleen a ese número de trabajadores.

b) Que el porcentaje de trabajadores despedidos de cincuenta o más años de edad sobre el total de trabajadores despedidos sea superior al porcentaje de trabajadores de cincuenta o más años sobre el total de trabajadores de la empresa [...]

c) Que, aun concurriendo las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que justifiquen el despido colectivo, se cumpla alguna de las dos condiciones siguientes:

1.ª Que las empresas o el grupo de empresas del que formen parte hubieran tenido beneficios en los dos ejercicios económicos anteriores a aquél en que el empresario inicia el procedimiento de despido colectivo.

2.ª Que las empresas o el grupo de empresas del que formen parte obtengan beneficios en al menos dos ejercicios económicos consecutivos dentro del periodo comprendido entre el ejercicio económico anterior a la fecha de inicio del procedimiento de despido colectivo y los cuatro ejercicios económicos posteriores a dicha fecha [...]».

2.La STS 1042/2025, de 12 de noviembre (rec. 52/2024), resolvió la misma controversia litigiosa. Debemos reiterar sus argumentos por unos elementales principios de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la ley.

En este litigio, no es controvertido que concurren las circunstancias previstas en la indicada norma legal. Tampoco existe controversia sobre el cálculo de la aportación al Tesoro Público objeto de la liquidación impugnada. La sentencia recurrida ha apreciado causas de exención de dicha obligación no previstas expresamente en la norma legal y por tanto se trata de dilucidar si existe base jurídica suficiente para tal decisión.

Para confirmar la sentencia recurrida sería preciso que sus argumentos pudieran sostenerse en la aplicación e interpretación del Derecho vigente. Debemos precisar que no se trata de una figura que tenga naturaleza sancionadora, de manera que no se aplican a la misma los principios constitucionales propios del Derecho sancionador, ni siquiera los del Derecho administrativo sancionador. Por el contrario, se trata de una exacción de naturaleza parafiscal, que comparte en lo sustancial las características de las figuras tributarias y a la que se aplica el art. 31 de la Constitución Española ( en adelante CE). Está regulada en la Ley 27/2011 en sus elementos definitorios del hecho imponible, sujetos obligados y determinación de la deuda (independientemente de su desarrollo reglamentario), por lo que cumple con el requisito de legalidad del art. 31.3 de nuestra ley fundamental. No se cuestiona la concurrencia en este caso de esos elementos establecidos legalmente que definen el hecho imponible, como tampoco el cálculo en concreto de la aportación.

Debemos confirmar los actos administrativos que, siendo conformes a la regulación legal y reglamentaria, exigen el pago de esa aportación. Las consideraciones de la sentencia de instancia, que acogen esencialmente lo alegado por la empresa demandante, no pueden llevar a la inaplicación de la ley. Si alguna de ellas pudiera tener encaje en algún motivo de inconstitucionalidad de la norma legal, debemos recordar que en un sistema de control de constitucionalidad concentrado en el Tribunal Constitucional ningún órgano judicial puede inaplicar las normas con rango de ley posteriores a la Carta Magna con base en su eventual inconstitucionalidad, sino que en tal caso han de plantear un incidente prejudicial suspensivo y devolutivo ante el Tribunal Constitucional a través de una cuestión de inconstitucionalidad del art. 163 de la CE, lo que la Sala de instancia no ha llevado a cabo, por lo que no estaba facultada para inaplicar de plano la ley vigente que regula dicha figura parafiscal.

Esta Sala Cuarta, con motivo de la resolución del presente recurso, podría elevar cuestión de inconstitucionalidad si considerase que la disposición adicional 16ª de la Ley 27/2011, en los elementos aplicables al caso, pudiera ser contraria a la CE. Sin embargo, esta Sala no aprecia motivos de inconstitucionalidad en dicha norma, que por otra parte ni la parte demandante ha alegado ni la sentencia de instancia ha apreciado.

TERCERO.- 1.Lo anteriormente razonado, de conformidad con el Ministerio Fiscal, obliga a estimar el recurso presentado, casar y anular la sentencia recurrida y desestimar la demanda.

2.De conformidad con el art. 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social no se hace expresa imposición de costas, debiendo asumir cada parte las causadas a su instancia.