Sentencia Social 557/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 4963/2024 de 17 de junio del 2026

PRIMERO.- 1.La cuestión a resolver es la de determinar si el contrato de trabajo a tiempo parcial debe considerarse concertado a tiempo completo por estar celebrado en fraude de ley, en tanto que no especifica la distribución de las horas ordinarias de trabajo.

2.La sentencia del juzgado de lo social estima la demanda y declara que el contrato de trabajo debe entenderse concertado a tiempo completo porque no concreta la distribución del tiempo de trabajo pactado y se limita a remitirse a lo dispuesto en el convenio colectivo, lo que determina que haya de aplicarse la presunción del art. 12.4 letra a) ET en favor de considerarlo a tiempo completo por no figurar el número de horas contratadas y el modo de distribución según lo previsto en el convenio colectivo.

El recurso de suplicación de la empresa es acogido en la sentencia de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sede de Las Palmas de Gran Canaria, 197/2024, de 12 de septiembre, rec. 581/2023. El órgano judicial explica que la Sala ya ha tenido ocasión de resolver sobre esa misma cuestión en asuntos idénticos de otros trabajadores a tiempo parcial de la misma empresa y reproduce el contenido de una anterior sentencia. En ella se razona que "el modelo de jornada, irregular y flexible, que contempla el artículo 32 del Convenio Colectivo -"de acuerdo con las necesidades operativas"- y que es conforme con el artículo 34.2 del ET -"mediante convenio colectivo... se podrá establecer la distribución irregular de la jornada a lo largo del año... y el trabajador deberá conocer con un preaviso mínimo de cinco días el día y la hora de la prestación de trabajo... "- no impide su reflejo en el contrato de trabajo dando cumplimiento a una exigencia que es taxativa, de conformidad con la previsión contenida en el artículo 12.4.a) del ET) , y en caso contrario despliega su operatividad la presunción en favor de tener por celebrado el contrato a jornada completa, salvo prueba en contrario".

Indica a continuación que el propio trabajador admite en su demanda que realiza una jornada a tiempo parcial, por lo que no puede entrar en juego la presunción en favor de que se califique el contrato como a tiempo completo, que habría quedado de esta forma desvirtuada.

Tras lo que de forma expresa señala que en el caso de la sentencia de esa misma Sala de 5 de junio de 2020 -que es la que ahora se invoca de contraste-, no se entró a examinar la existencia de prueba en contrario que pudiere destruir aquella presunción del art. 12. 4 letra a) ET, lo que sí se hace por el contrario en el caso de autos en los términos que ya hemos indicado, justificando de esta forma los motivos por los que en el presente asunto se alcanza un diferente resultado.

Definitivamente concluye que "la demanda debió ser desestimada al advertirse que el trabajador realiza una jornada a tiempo parcial. Solo podría haberse apreciado fraude cuando, a través de coberturas varias, el trabajador realmente llegara a prestar servicios con jornada igual a la de un trabajador a tiempo completo. En suma, la premisa para el éxito de la demanda, tal y como está planteada, era acreditar que el demandante trabaja 1712 horas, y esta premisa nunca ha existido, pues el propio trabajador en su escrito inicial reconoce que no es así".

3.Contra dicha sentencia se formula el recurso de casación para la unificación de doctrina, en el que el recurrente invoca de contraste la sentencia de la misma Sala Social del TSJ de Canarias, sede de Las Palmas de Gran Canaria, de 5 de junio de 2020, rec. 1450/2019, a la que ya hemos aludido anteriormente. Se denuncia la infracción del art. 12.4 a) ET y art. 22. 2 b) del convenio colectivo estatal de handling, a la par que argumenta que la sentencia referencial ha entendido que opera la presunción en favor del contrato a jornada completa, porque no se ha detallado la distribución de la jornada de trabajo que habría quedado al arbitrio unilateral de la empresa. Tras lo que seguidamente admite que en el presente caso se ha pactado en el contrato la realización de una jornada anual de 856 horas, más un anexo de horas complementarias, siendo la jornada completa prevista en el convenio colectivo de 1712 horas anuales. Se remite seguidamente a la prueba testifical y documental aportada al procedimiento, para sostener que de la misma se desprende que en realidad realiza el porcentaje de jornada que reflejan los hechos probados de la sentencia de instancia. En definitiva sostiene que el contrato de trabajo debe calificarse a tiempo completo porque no figura en el mismo la distribución de la jornada conforme a lo establecido en el convenio colectivo, debiendo aplicarse por ese motivo la presunción del art. 12. 4 a) ET.

4.El Ministerio Fiscal informa que el recurso ha de ser desestimado, porque el contrato de trabajo se ajusta a las previsiones del convenio colectivo en materia de jornada de trabajo a tiempo parcial.

El escrito de impugnación de la empresa niega la existencia de contradicción, porque en la sentencia referencial no se aportó prueba que acreditara el carácter parcial de los servicios, mientras que en la recurrida se alcanza justamente la solución contraria. A lo que añade que el recurrente introduce cuestiones nuevas en su recurso, al pretender una valoración de la prueba distinta a la realizada por el juez de instancia. Finalmente defiende que la empresa ha cumplido con las obligaciones que impone el art. 12. 4 a) ET , en la forma y con las condiciones que exige el convenio colectivo de aplicación a las que dicho precepto legal se remite.

5.Seguimos el criterio aplicado en SSTS anteriores como las 210/2026, de 25 de febrero (rcud. 5039/2024), 256/2026, de 11 de marzo (rcud. 2825/2024), 341/2026, de 8 de abril (rcud 4964/2024), 363/2026, de 14 de abril (rcud 5041/2024) ó 387/2026, de 15 de abril (rcud 5091/2024), que tratan asuntos idénticos al presente, relativos a la misma empresa y con la misma sentencia de contraste.

SEGUNDO.- 1.Debemos examinar en primer lugar si concurre el requisito de contradicción exigido por el art. 219.1 LRJS . Lo que la empresa niega en su escrito de impugnación. Como ya hemos avanzado, concurre la circunstancia de que la dos sentencias en comparación han sido dictadas por el mismo órgano judicial. Y la recurrida no solamente no desconoce el contenido de la sentencia referencial, sino que de forma expresa alude a la misma para explicar motivadamente las razones por las que en este caso se alcanza una solución diferente, pese a tratarse de dos trabajadores contratados a tiempo parcial de la misma empresa. Bajo ese presupuesto debemos analizar si efectivamente estamos ante doctrinas contradictorias que sea necesario unificar.

2.Para lo que es necesario que nos adentremos en el análisis del precepto legal sobre el que pivota la decisión adoptada en cada una de las sentencias en comparación, que no es otro que el art. 12. 4 letra a) ET, en cuanto dispone que "el contrato a tiempo parcial se regirá por las siguientes reglas: a) El contrato, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.2 , se deberá formalizar necesariamente por escrito. En el contrato deberá figurar el número de horas ordinarias de trabajo al día, a la semana, al mes o al año contratadas, así como el modo de su distribución según lo previsto en convenio colectivo. De no observarse estas exigencias, el contrato se presumirá celebrado a jornada completa, salvo prueba en contrario que acredite el carácter parcial de los servicios".

Como de este precepto legal se desprende, el eventual incumplimiento por la empresa de la obligación legal de expresar en el contrato el número de horas de trabajo contratadas y el modo de su distribución según lo previsto en convenio colectivo, tiene como consecuencia jurídica la de generar una presunción iuris tantum en favor de considerar celebrado el contrato a jornada completa, salvo que exista prueba en contrario que acredite el carácter parcial de los servicios. Dicho de otra forma, el incumplimiento por la empresa de esa obligación no determina en todo caso y de manera automática el efecto de transformar el contrato de trabajo a tiempo parcial en un contrato a jornada completa si existe prueba de que efectivamente se trataba de una prestación de servicios a jornada parcial.

Pues bien, es cierto que en los dos procedimientos en los que han recaído las sentencias en contradicción los trabajadores demandantes sostenían que la empresa ha incumplido esa obligación legal de incluir en el contrato el número de horas de trabajo pactadas y su distribución conforme a lo establecido en el convenio. Pero, mientras que la sentencia referencial considera que la empresa ha incurrido efectivamente en dicho incumplimiento y se activa la presunción en favor de la contratación a jornada completa, la recurrida explica que ha quedado acreditado el carácter parcial de los servicios contratados y se destruye con ello esa presunción, indicando expresamente que esta es la razón por la que el mismo órgano judicial alcanza en este asunto una conclusión diferente a la establecida en la sentencia de contraste.

3.No estamos por lo tanto frente a doctrinas contradictorias que hayan de ser unificadas. Ambas sentencias admiten que el incumplimiento de la obligación de indicar en el contrato de trabajo el número de horas contratadas y su distribución despliega el efecto jurídico de presumirlo concertado a jornada completa, sin que ninguna de ellas niegue que esa presunción pueda destruirse con prueba en contrario de la naturaleza parcial de los servicios.

Aparece de esta forma una singular circunstancia que justifica la distinta conclusión alcanzada en cada una de las sentencias en comparación, cual es el hecho de que en la sentencia referencial no se analiza la posible existencia de prueba en tal sentido, mientras que en la recurrida se ha considerado probado que los servicios prestados por el trabajador lo han sido en todo caso a tiempo parcial, tal y como motivadamente explica la propia sentencia para razonar los motivos por los que se aparta de la solución adoptada en aquel otro asunto.

TERCERO.- 1.Conforme a lo razonado y de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, debemos concluir que no concurre el presupuesto de contradicción. Las causas de inadmisión de los recursos, llegados esta fase procesal, se convierten en causas de desestimación, por lo que debemos desestimar por este motivo el recurso, declarando la firmeza de la resolución recurrida.

2.Conforme al artículo 235.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social no se hace expresa imposición de costas.