Sentencia Social 173/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 276/2024 de 18 de febrero del 2026

PRIMERO.- Objeto del recurso de casación y planteamiento del debate casacional

1.El objeto del presente recurso de casación se centra en determinar si un sindicato que integró la Comisión Negociadora de un convenio colectivo ostenta legitimación activa y tiene acción puede impugnarlo por ilegalidad.

2.La Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha 1224/2024, de 5 de julio (Impugnación de convenios colectivos 23/2024) estimó la demanda interpuesta por la Federación de Habitat de CCOO-CLM frente a la Asociación de Empresarios de Limpieza de Edificios y Locales de Toledo, la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (ASPEL) y el Sindicato Unión General de Trabajadores (UGT)

y declaró la nulidad de los apartados a), b) y c) del artículo 28.1 del Convenio Colectivo Provincial de Toledo de limpieza de Edificios y Locales (BOP de Toledo nº 215, de 10 de noviembre de 2023).

Considera la indicada sentencia recurrida en casación que el artículo 28 del convenio colectivo indicado es contrario al artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores, tras la reforma operada por el Real Decreto-ley 5/2023 de 28 de junio.

Por el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha de 6 de septiembre de 2024, se desestimó la aclaración solicitada.

3.Frente a la STSJ de Castilla La Mancha anteriormente referenciada se alzan en casación la Asociación de Empresarios de Limpieza de Edificios y Locales de Toledo y la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (ASPEL).

El recurso de casación formulado por la Asociación de Empresarios de Limpieza de Edificios y Locales de Toledo se funda en dos motivos, en los que con base en el artículo 207 e) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, denuncia, en primer lugar, la infracción de los artículos 17.2, 165 a) y 166 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social y del artículo 7.1 del Código Civil y, en segundo lugar, la infracción del artículo 3.1 b) del Estatuto de los Trabajadores y de la disposición adicional primera del Convenio Colectivo provincial de limpieza de edificios y locales de Toledo 2022-2026.

El recurso de casación interpuesto por la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (ASPEL) se funda en un único motivo, con el mismo sustento adjetivo, en el que denuncia la infracción de los artículos 163 a), 165 a) y 166 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social y del artículo 7.1 del Código Civil.

4.El Ministerio Fiscal informó en favor de la desestimación de los dos recursos de casación.

5.La parte demandada presentó sendos escritos de impugnación de los dos recursos, oponiéndose a los mismos.

SEGUNDO.- La legitimación activa del sindicato integrante de la comisión negociadora del convenio colectivo para impugnarlo

1.La Asociación de Empresarios de Limpieza de Edificios y Locales de Toledo invoca, como primer motivo de recurso de casación, con base en el artículo 207 e) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, la falta de legitimación activa del sindicato demandante para impugnar el convenio colectivo, alegando la infracción de los artículos 17.2, 165 a) y 166 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social y del artículo 7.1 del Código Civil. Y la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (ASPEL), aunque se funda en un único motivo, con el mismo amparo procesal, invoca tanto la falta de legitimación activa del sindicato demandante como la falta de acción para impugnar el convenio colectivo, con denuncia de la infracción de los artículos 163 a), 165 a) y 166 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social y del artículo 7.1 del Código Civil.

Se examinará, en primer lugar, la falta de legitimación activa y, por tanto, atendiendo a lo anteriormente expuesto, de forma conjunta, ambos motivos de recurso de casación, si bien el de la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (ASPEL) sólo en este primer aspecto.

2.Tras la firma del acta del convenio colectivo de limpieza de edificios y locales de la provincia de Toledo para los años 2022 a 2026, remitido a la Autoridad Laboral para su registro, la Inspección de Trabajo emitió un informe en el que se contenían una serie de observaciones relativas al texto del artículo 28.1 del convenio colectivo, considerando que habría de subsanarse por no ser acorde a la reforma operada por el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio en el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores.

En el acta de subsanación de 26 de octubre de 2023, respecto a la subsanación del artículo 28.1 del convenio colectivo, la Comisión acordó mantener el texto en los términos en los que había sido firmado, haciendo constar expresamente que, en lo no previsto, se estaría a lo recogido en la legislación vigente y, en particular, en el Estatuto de los Trabajadores. El acta se suscribió por todas las organizaciones firmantes del convenio y, tras su remisión a la Autoridad Laboral, el convenio fue registrado.

Las partes acudieron a la Comisión Paritaria del convenio colectivo, pero no se alcanzó un acuerdo. Y, también se instó la mediación ante el Jurado Arbitral del Castilla La Mancha, que finalizó sin acuerdo.

3.El sindicato actor formó parte integrante de la Comisión Negociadora del convenio colectivo que se impugna y, por esta razón, las dos organizaciones empresariales recurrentes invocan la falta de legitimación activa para impugnar el convenio colectivo, alegando que tal actuación es contraria a la doctrina de los actos propios.

El artículo 165 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, que regula la legitimación, en el párrafo primero apartado a), establece lo siguiente:

«La legitimación activa para impugnar un convenio colectivo, por los trámites del proceso de conflicto colectivo corresponde:

a) Si la impugnación se fundamenta en la ilegalidad, a los órganos de representación legal o sindical de los trabajadores, sindicatos y asociaciones empresariales interesadas, así como al Ministerio Fiscal, a la Administración General del Estado y a la Administración de las Comunidades Autónomas su respectivo ámbito. A los efectos de impugnar las cláusulas que pudieran contener discriminaciones directas o indirectas por razón de sexo, están también legitimados el Instituto de la Mujer y los organismos correspondientes de las Comunidades Autónomas».

El artículo 17.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social se refiere a la legitimación de los sindicatos en los siguientes términos:

«Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales tendrán legitimación para la defensa de los intereses económicos y sociales que les son propios.

Los sindicatos con implantación suficiente en el ámbito del conflicto están legitimados para accionar en cualquier proceso en el que estén en juego intereses colectivos de los trabajadores, siempre que exista un vínculo entre dicho sindicato y el objeto del pleito de que se trate; podrán igualmente personarse y ser tenidos por parte en dichos procesos, sin que tal intervención haga detener o retroceder el curso de las actuaciones.

En especial, en los términos establecidos en esta Ley, podrán actuar, a través del proceso de conflicto colectivo, en defensa de los derechos e intereses de una pluralidad de trabajadores indeterminada o de difícil determinación; y, en particular, por tal cauce podrán actuar en defensa del derecho a la igualdad de trato entre mujeres y hombres en todas las materias atribuidas al orden social.

En el proceso de ejecución se considerarán intereses colectivos los tendentes a la conservación del recurso y a la defensa de los puestos de trabajo».

4.En el presente procedimiento se impugna el artículo 28.1 a), b) y c) del Convenio Colectivo Provincial de Toledo de limpieza de Edificios y Locales (BOP de Toledo nº 215, de 10 de noviembre de 2023), por ilegalidad, al contener una regulación de los permisos retribuidos contraria al artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores, en la redacción dada por el apartado tres del artículo 127 del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea.

Con carácter general, respecto de la legitimación activa, la doctrina constitucional sentada, entre otras, en las SSTC 89/2003 de 19 de mayo (Recurso 2337/2000), 215/2001 de 29 de octubre (Recurso 1990/1999) y 210/1994 de 11 de julio (Recurso 2366/1993) ha distinguido entre el que ostenta un interés genérico, que carece de legitimación activa, pues no se puede comparecer en un proceso como un «guardián abstracto de la legalidad»; el que tiene un interés legítimo, que por tanto, está legitimado activamente en el procedimiento; y el titular del derecho subjetivo objeto de controversia en el litigio, que es el propio de la legitimación en su sentido tradicional.

En relación con la legitimación activa para impugnar los convenios colectivos por ilegalidad o por lesividad, el artículo 165 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social contiene una regulación limitada a determinados sujetos, lo que ha sido declarado por el Tribunal Constitucional conforme con el artículo 24 de la Constitución, pues se trata, de un lado, de una legitimación activa colectiva en favor de los sujetos que encarnan el interés común y que representan legalmente a los incluidos en el ámbito del convenio colectivo, como declaró, entre otras, la STC 89/2001, de 2 de abril (Recurso 1038/1997) y, de otro, de un recurso que es proporcional a los límites que imponen tanto el derecho a la negociación colectiva como el carácter vinculante de los convenios, como indicó, entre otras, la STC 88/2001, de 2 de abril (Recurso 610/1997).

Interpretando la legitimación activa para impugnar el convenio colectivo de una asociación empresarial, conforme al artículo 165 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, la STS 255/2023, de 11 de abril (Recurso 86/2021) consideró que el precepto exige no sólo que el sujeto demandante sea uno de los previstos en la norma, sino que, además, represente un interés colectivo y tenga interés en la concreta pretensión. Y, en el presente supuesto, el sindicato actor ostenta este interés legítimo, en tanto en cuanto las personas trabajadoras a las que representa están en el ámbito de aplicación del convenio colectivo impugnado.

Pues bien, la cuestión relativa a si ostenta legitimación activa para impugnar un convenio colectivo por ilegalidad el sindicato integrante de la comisión negociadora del convenio colectivo que firmó el mismo, ha sido resuelta por esta Sala de lo Social, entre otras, en las SSTS STS 159/2018, 15 febrero (Rec 47/2017) y de 20 de septiembre de 2002 (Recurso 1283/2001), que declararon que, de conformidad con el artículo 163.1 a) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, la legitimación activa para impugnar un convenio colectivo por ilegalidad corresponde a los órganos de representación legal o sindical de los trabajadores, sindicatos y asociaciones empresariales interesadas y, por tanto, no excluye a los firmantes del convenio colectivo de la facultad de impugnarlo cuando considere que puede ser contrario a la Constitución o a la Ley, no procediendo una interpretación restrictiva de la norma, que podría vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva.

5.Atendiendo a lo expuesto, se ha de colegir que el sindicato firmante de un convenio colectivo, integrante de la comisión negociadora, está legitimado activamente para impugnar el convenio colectivo por ilegalidad. Por lo tanto, la Federación de Habitat de CCOO-CLM demandante ostenta legitimación activa, por lo que se desestima el primer motivo de recurso de casación de la Asociación de Empresarios de Limpieza de Edificios y Locales de Toledo y la primera pretensión del único motivo de recurso de la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (ASPEL).

TERCERO.- Desestimación de la excepción de falta de acción

1.La Asociación de Empresarios de Limpieza de Edificios y Locales de Toledo denuncia, como segundo motivo de recurso de casación, con adecuado amparo procesal en el artículo 207 e) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, la infracción del artículo 3.1 b) del Estatuto de los Trabajadores y de la disposición adicional primera del Convenio Colectivo provincial de limpieza de edificios y locales de Toledo 2022-2026, alegando que es competencia de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo llevar a cabo la adaptación del artículo 28.1 a), b) y c) a la reforma operada en el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores, por el Real Decreto-ley 5/2023. En esta línea, la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (ASPEL) invoca, en su único motivo de recurso de casación, junto a la falta de legitimación activa, la falta de acción.

2.La disposición adicional primera del Convenio Colectivo provincial de limpieza de edificios y locales de Toledo 2022-2026 establece lo siguiente:

«Se acuerda que en todos los artículos del presente convenio se haga referencia o contengan disposiciones a su vez incluidas en normas de ámbitos superiores, incluida la Ley de Igualdad, si fueran derogadas o sufrieran modificación alguna o algunas de estas normas, el artículo al que hagan referencia se deberá adaptar a la nueva normativa. A tal fin se reunirá la Comisión Negociadora a la mayor brevedad posible».

La norma, dando cumplimiento al principio de jerarquía normativa del artículo 3.1 del Estatuto de los Trabajadores, impone, con carácter preceptivo, la adaptación del convenio colectivo a las modificaciones legislativas que tengan lugar en las materias que regula. Y, a continuación, dispone que la Comisión Negociadora se reunirá a la mayor brevedad para tal fin, lo que no ha de interpretarse, como pretenden las partes recurrentes como la atribución de esta competencia a esta Comisión, de forma tal que impida el acceso a la jurisdicción a estos efectos, pues ello conculcaría el derecho a la tutela judicial efectiva.

El artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores modificado por el apartado tres del artículo 127 del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, en la disposición derogatoria única declara que quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan al Real Decreto-ley.

Ahora bien, la impugnación de un convenio colectivo por ilegalidad, que haya sido registrado, viene contemplada en el artículo 163.3 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social que dispone lo siguiente:

«Si la autoridad laboral no contestara la solicitud a la que se refiere el apartado anterior en el plazo de quince días, la desestimara o el convenio colectivo ya hubiere sido registrado, la impugnación de éstos podrá instarse directamente por los legitimados para ello por los trámites del proceso de conflicto colectivo, mientras subsista la vigencia de la correspondiente norma convencional».

Por lo tanto, la Federación de Habitat de CCOO-CLM demandante, que ostenta legitimación activa, tiene acción para impugnar el artículo 28.1 a), b) y c) del convenio colectivo de aplicación por ilegalidad, al ser contrario al artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores, tras la reforma del Real Decreto-ley 5/2023.

3.Consiguientemente, se desestima el segundo motivo del recurso interpuesto por la Asociación de Empresarios de Limpieza de Edificios y Locales de Toledo y la segunda pretensión deducida por la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (ASPEL), en su único motivo de recurso. Y, por ende, se desestiman ambos recursos de casación.

CUARTO.- Desestimación de los dos recursos de casación

1.De acuerdo con lo anteriormente razonado y de conformidad con el informe del Ministerio Fiscal, procede desestimar los recursos de casación formulados por la Asociación de Empresarios de Limpieza de Edificios y Locales de Toledo y por la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (ASPEL) frente a la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha 1224/2024, de 5 de julio (Impugnación de convenios colectivos 23/2024) y declarar su firmeza.

De conformidad con el artículo 166.3 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, se ha de comunicar la presente sentencia a la Autoridad laboral y publicar en el Boletín Oficial del Estado.

2.No hay expresa imposición de costas, ya que cada parte se hará cargo de las costas causadas a su instancia, conforme al artículo 235.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social.

PRIMERO.- Objeto del recurso de casación y planteamiento del debate casacional

1.El objeto del presente recurso de casación se centra en determinar si un sindicato que integró la Comisión Negociadora de un convenio colectivo ostenta legitimación activa y tiene acción puede impugnarlo por ilegalidad.

2.La Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha 1224/2024, de 5 de julio (Impugnación de convenios colectivos 23/2024) estimó la demanda interpuesta por la Federación de Habitat de CCOO-CLM frente a la Asociación de Empresarios de Limpieza de Edificios y Locales de Toledo, la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (ASPEL) y el Sindicato Unión General de Trabajadores (UGT)

y declaró la nulidad de los apartados a), b) y c) del artículo 28.1 del Convenio Colectivo Provincial de Toledo de limpieza de Edificios y Locales (BOP de Toledo nº 215, de 10 de noviembre de 2023).

Considera la indicada sentencia recurrida en casación que el artículo 28 del convenio colectivo indicado es contrario al artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores, tras la reforma operada por el Real Decreto-ley 5/2023 de 28 de junio.

Por el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha de 6 de septiembre de 2024, se desestimó la aclaración solicitada.

3.Frente a la STSJ de Castilla La Mancha anteriormente referenciada se alzan en casación la Asociación de Empresarios de Limpieza de Edificios y Locales de Toledo y la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (ASPEL).

El recurso de casación formulado por la Asociación de Empresarios de Limpieza de Edificios y Locales de Toledo se funda en dos motivos, en los que con base en el artículo 207 e) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, denuncia, en primer lugar, la infracción de los artículos 17.2, 165 a) y 166 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social y del artículo 7.1 del Código Civil y, en segundo lugar, la infracción del artículo 3.1 b) del Estatuto de los Trabajadores y de la disposición adicional primera del Convenio Colectivo provincial de limpieza de edificios y locales de Toledo 2022-2026.

El recurso de casación interpuesto por la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (ASPEL) se funda en un único motivo, con el mismo sustento adjetivo, en el que denuncia la infracción de los artículos 163 a), 165 a) y 166 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social y del artículo 7.1 del Código Civil.

4.El Ministerio Fiscal informó en favor de la desestimación de los dos recursos de casación.

5.La parte demandada presentó sendos escritos de impugnación de los dos recursos, oponiéndose a los mismos.

SEGUNDO.- La legitimación activa del sindicato integrante de la comisión negociadora del convenio colectivo para impugnarlo

1.La Asociación de Empresarios de Limpieza de Edificios y Locales de Toledo invoca, como primer motivo de recurso de casación, con base en el artículo 207 e) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, la falta de legitimación activa del sindicato demandante para impugnar el convenio colectivo, alegando la infracción de los artículos 17.2, 165 a) y 166 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social y del artículo 7.1 del Código Civil. Y la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (ASPEL), aunque se funda en un único motivo, con el mismo amparo procesal, invoca tanto la falta de legitimación activa del sindicato demandante como la falta de acción para impugnar el convenio colectivo, con denuncia de la infracción de los artículos 163 a), 165 a) y 166 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social y del artículo 7.1 del Código Civil.

Se examinará, en primer lugar, la falta de legitimación activa y, por tanto, atendiendo a lo anteriormente expuesto, de forma conjunta, ambos motivos de recurso de casación, si bien el de la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (ASPEL) sólo en este primer aspecto.

2.Tras la firma del acta del convenio colectivo de limpieza de edificios y locales de la provincia de Toledo para los años 2022 a 2026, remitido a la Autoridad Laboral para su registro, la Inspección de Trabajo emitió un informe en el que se contenían una serie de observaciones relativas al texto del artículo 28.1 del convenio colectivo, considerando que habría de subsanarse por no ser acorde a la reforma operada por el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio en el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores.

En el acta de subsanación de 26 de octubre de 2023, respecto a la subsanación del artículo 28.1 del convenio colectivo, la Comisión acordó mantener el texto en los términos en los que había sido firmado, haciendo constar expresamente que, en lo no previsto, se estaría a lo recogido en la legislación vigente y, en particular, en el Estatuto de los Trabajadores. El acta se suscribió por todas las organizaciones firmantes del convenio y, tras su remisión a la Autoridad Laboral, el convenio fue registrado.

Las partes acudieron a la Comisión Paritaria del convenio colectivo, pero no se alcanzó un acuerdo. Y, también se instó la mediación ante el Jurado Arbitral del Castilla La Mancha, que finalizó sin acuerdo.

3.El sindicato actor formó parte integrante de la Comisión Negociadora del convenio colectivo que se impugna y, por esta razón, las dos organizaciones empresariales recurrentes invocan la falta de legitimación activa para impugnar el convenio colectivo, alegando que tal actuación es contraria a la doctrina de los actos propios.

El artículo 165 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, que regula la legitimación, en el párrafo primero apartado a), establece lo siguiente:

«La legitimación activa para impugnar un convenio colectivo, por los trámites del proceso de conflicto colectivo corresponde:

a) Si la impugnación se fundamenta en la ilegalidad, a los órganos de representación legal o sindical de los trabajadores, sindicatos y asociaciones empresariales interesadas, así como al Ministerio Fiscal, a la Administración General del Estado y a la Administración de las Comunidades Autónomas su respectivo ámbito. A los efectos de impugnar las cláusulas que pudieran contener discriminaciones directas o indirectas por razón de sexo, están también legitimados el Instituto de la Mujer y los organismos correspondientes de las Comunidades Autónomas».

El artículo 17.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social se refiere a la legitimación de los sindicatos en los siguientes términos:

«Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales tendrán legitimación para la defensa de los intereses económicos y sociales que les son propios.

Los sindicatos con implantación suficiente en el ámbito del conflicto están legitimados para accionar en cualquier proceso en el que estén en juego intereses colectivos de los trabajadores, siempre que exista un vínculo entre dicho sindicato y el objeto del pleito de que se trate; podrán igualmente personarse y ser tenidos por parte en dichos procesos, sin que tal intervención haga detener o retroceder el curso de las actuaciones.

En especial, en los términos establecidos en esta Ley, podrán actuar, a través del proceso de conflicto colectivo, en defensa de los derechos e intereses de una pluralidad de trabajadores indeterminada o de difícil determinación; y, en particular, por tal cauce podrán actuar en defensa del derecho a la igualdad de trato entre mujeres y hombres en todas las materias atribuidas al orden social.

En el proceso de ejecución se considerarán intereses colectivos los tendentes a la conservación del recurso y a la defensa de los puestos de trabajo».

4.En el presente procedimiento se impugna el artículo 28.1 a), b) y c) del Convenio Colectivo Provincial de Toledo de limpieza de Edificios y Locales (BOP de Toledo nº 215, de 10 de noviembre de 2023), por ilegalidad, al contener una regulación de los permisos retribuidos contraria al artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores, en la redacción dada por el apartado tres del artículo 127 del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea.

Con carácter general, respecto de la legitimación activa, la doctrina constitucional sentada, entre otras, en las SSTC 89/2003 de 19 de mayo (Recurso 2337/2000), 215/2001 de 29 de octubre (Recurso 1990/1999) y 210/1994 de 11 de julio (Recurso 2366/1993) ha distinguido entre el que ostenta un interés genérico, que carece de legitimación activa, pues no se puede comparecer en un proceso como un «guardián abstracto de la legalidad»; el que tiene un interés legítimo, que por tanto, está legitimado activamente en el procedimiento; y el titular del derecho subjetivo objeto de controversia en el litigio, que es el propio de la legitimación en su sentido tradicional.

En relación con la legitimación activa para impugnar los convenios colectivos por ilegalidad o por lesividad, el artículo 165 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social contiene una regulación limitada a determinados sujetos, lo que ha sido declarado por el Tribunal Constitucional conforme con el artículo 24 de la Constitución, pues se trata, de un lado, de una legitimación activa colectiva en favor de los sujetos que encarnan el interés común y que representan legalmente a los incluidos en el ámbito del convenio colectivo, como declaró, entre otras, la STC 89/2001, de 2 de abril (Recurso 1038/1997) y, de otro, de un recurso que es proporcional a los límites que imponen tanto el derecho a la negociación colectiva como el carácter vinculante de los convenios, como indicó, entre otras, la STC 88/2001, de 2 de abril (Recurso 610/1997).

Interpretando la legitimación activa para impugnar el convenio colectivo de una asociación empresarial, conforme al artículo 165 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, la STS 255/2023, de 11 de abril (Recurso 86/2021) consideró que el precepto exige no sólo que el sujeto demandante sea uno de los previstos en la norma, sino que, además, represente un interés colectivo y tenga interés en la concreta pretensión. Y, en el presente supuesto, el sindicato actor ostenta este interés legítimo, en tanto en cuanto las personas trabajadoras a las que representa están en el ámbito de aplicación del convenio colectivo impugnado.

Pues bien, la cuestión relativa a si ostenta legitimación activa para impugnar un convenio colectivo por ilegalidad el sindicato integrante de la comisión negociadora del convenio colectivo que firmó el mismo, ha sido resuelta por esta Sala de lo Social, entre otras, en las SSTS STS 159/2018, 15 febrero (Rec 47/2017) y de 20 de septiembre de 2002 (Recurso 1283/2001), que declararon que, de conformidad con el artículo 163.1 a) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, la legitimación activa para impugnar un convenio colectivo por ilegalidad corresponde a los órganos de representación legal o sindical de los trabajadores, sindicatos y asociaciones empresariales interesadas y, por tanto, no excluye a los firmantes del convenio colectivo de la facultad de impugnarlo cuando considere que puede ser contrario a la Constitución o a la Ley, no procediendo una interpretación restrictiva de la norma, que podría vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva.

5.Atendiendo a lo expuesto, se ha de colegir que el sindicato firmante de un convenio colectivo, integrante de la comisión negociadora, está legitimado activamente para impugnar el convenio colectivo por ilegalidad. Por lo tanto, la Federación de Habitat de CCOO-CLM demandante ostenta legitimación activa, por lo que se desestima el primer motivo de recurso de casación de la Asociación de Empresarios de Limpieza de Edificios y Locales de Toledo y la primera pretensión del único motivo de recurso de la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (ASPEL).

TERCERO.- Desestimación de la excepción de falta de acción

1.La Asociación de Empresarios de Limpieza de Edificios y Locales de Toledo denuncia, como segundo motivo de recurso de casación, con adecuado amparo procesal en el artículo 207 e) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, la infracción del artículo 3.1 b) del Estatuto de los Trabajadores y de la disposición adicional primera del Convenio Colectivo provincial de limpieza de edificios y locales de Toledo 2022-2026, alegando que es competencia de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo llevar a cabo la adaptación del artículo 28.1 a), b) y c) a la reforma operada en el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores, por el Real Decreto-ley 5/2023. En esta línea, la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (ASPEL) invoca, en su único motivo de recurso de casación, junto a la falta de legitimación activa, la falta de acción.

2.La disposición adicional primera del Convenio Colectivo provincial de limpieza de edificios y locales de Toledo 2022-2026 establece lo siguiente:

«Se acuerda que en todos los artículos del presente convenio se haga referencia o contengan disposiciones a su vez incluidas en normas de ámbitos superiores, incluida la Ley de Igualdad, si fueran derogadas o sufrieran modificación alguna o algunas de estas normas, el artículo al que hagan referencia se deberá adaptar a la nueva normativa. A tal fin se reunirá la Comisión Negociadora a la mayor brevedad posible».

La norma, dando cumplimiento al principio de jerarquía normativa del artículo 3.1 del Estatuto de los Trabajadores, impone, con carácter preceptivo, la adaptación del convenio colectivo a las modificaciones legislativas que tengan lugar en las materias que regula. Y, a continuación, dispone que la Comisión Negociadora se reunirá a la mayor brevedad para tal fin, lo que no ha de interpretarse, como pretenden las partes recurrentes como la atribución de esta competencia a esta Comisión, de forma tal que impida el acceso a la jurisdicción a estos efectos, pues ello conculcaría el derecho a la tutela judicial efectiva.

El artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores modificado por el apartado tres del artículo 127 del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, en la disposición derogatoria única declara que quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan al Real Decreto-ley.

Ahora bien, la impugnación de un convenio colectivo por ilegalidad, que haya sido registrado, viene contemplada en el artículo 163.3 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social que dispone lo siguiente:

«Si la autoridad laboral no contestara la solicitud a la que se refiere el apartado anterior en el plazo de quince días, la desestimara o el convenio colectivo ya hubiere sido registrado, la impugnación de éstos podrá instarse directamente por los legitimados para ello por los trámites del proceso de conflicto colectivo, mientras subsista la vigencia de la correspondiente norma convencional».

Por lo tanto, la Federación de Habitat de CCOO-CLM demandante, que ostenta legitimación activa, tiene acción para impugnar el artículo 28.1 a), b) y c) del convenio colectivo de aplicación por ilegalidad, al ser contrario al artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores, tras la reforma del Real Decreto-ley 5/2023.

3.Consiguientemente, se desestima el segundo motivo del recurso interpuesto por la Asociación de Empresarios de Limpieza de Edificios y Locales de Toledo y la segunda pretensión deducida por la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (ASPEL), en su único motivo de recurso. Y, por ende, se desestiman ambos recursos de casación.

CUARTO.- Desestimación de los dos recursos de casación

1.De acuerdo con lo anteriormente razonado y de conformidad con el informe del Ministerio Fiscal, procede desestimar los recursos de casación formulados por la Asociación de Empresarios de Limpieza de Edificios y Locales de Toledo y por la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (ASPEL) frente a la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha 1224/2024, de 5 de julio (Impugnación de convenios colectivos 23/2024) y declarar su firmeza.

De conformidad con el artículo 166.3 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, se ha de comunicar la presente sentencia a la Autoridad laboral y publicar en el Boletín Oficial del Estado.

2.No hay expresa imposición de costas, ya que cada parte se hará cargo de las costas causadas a su instancia, conforme al artículo 235.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social.

PRIMERO.- Objeto del recurso de casación y planteamiento del debate casacional

1.El objeto del presente recurso de casación se centra en determinar si un sindicato que integró la Comisión Negociadora de un convenio colectivo ostenta legitimación activa y tiene acción puede impugnarlo por ilegalidad.

2.La Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha 1224/2024, de 5 de julio (Impugnación de convenios colectivos 23/2024) estimó la demanda interpuesta por la Federación de Habitat de CCOO-CLM frente a la Asociación de Empresarios de Limpieza de Edificios y Locales de Toledo, la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (ASPEL) y el Sindicato Unión General de Trabajadores (UGT)

y declaró la nulidad de los apartados a), b) y c) del artículo 28.1 del Convenio Colectivo Provincial de Toledo de limpieza de Edificios y Locales (BOP de Toledo nº 215, de 10 de noviembre de 2023).

Considera la indicada sentencia recurrida en casación que el artículo 28 del convenio colectivo indicado es contrario al artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores, tras la reforma operada por el Real Decreto-ley 5/2023 de 28 de junio.

Por el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha de 6 de septiembre de 2024, se desestimó la aclaración solicitada.

3.Frente a la STSJ de Castilla La Mancha anteriormente referenciada se alzan en casación la Asociación de Empresarios de Limpieza de Edificios y Locales de Toledo y la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (ASPEL).

El recurso de casación formulado por la Asociación de Empresarios de Limpieza de Edificios y Locales de Toledo se funda en dos motivos, en los que con base en el artículo 207 e) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, denuncia, en primer lugar, la infracción de los artículos 17.2, 165 a) y 166 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social y del artículo 7.1 del Código Civil y, en segundo lugar, la infracción del artículo 3.1 b) del Estatuto de los Trabajadores y de la disposición adicional primera del Convenio Colectivo provincial de limpieza de edificios y locales de Toledo 2022-2026.

El recurso de casación interpuesto por la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (ASPEL) se funda en un único motivo, con el mismo sustento adjetivo, en el que denuncia la infracción de los artículos 163 a), 165 a) y 166 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social y del artículo 7.1 del Código Civil.

4.El Ministerio Fiscal informó en favor de la desestimación de los dos recursos de casación.

5.La parte demandada presentó sendos escritos de impugnación de los dos recursos, oponiéndose a los mismos.

SEGUNDO.- La legitimación activa del sindicato integrante de la comisión negociadora del convenio colectivo para impugnarlo

1.La Asociación de Empresarios de Limpieza de Edificios y Locales de Toledo invoca, como primer motivo de recurso de casación, con base en el artículo 207 e) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, la falta de legitimación activa del sindicato demandante para impugnar el convenio colectivo, alegando la infracción de los artículos 17.2, 165 a) y 166 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social y del artículo 7.1 del Código Civil. Y la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (ASPEL), aunque se funda en un único motivo, con el mismo amparo procesal, invoca tanto la falta de legitimación activa del sindicato demandante como la falta de acción para impugnar el convenio colectivo, con denuncia de la infracción de los artículos 163 a), 165 a) y 166 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social y del artículo 7.1 del Código Civil.

Se examinará, en primer lugar, la falta de legitimación activa y, por tanto, atendiendo a lo anteriormente expuesto, de forma conjunta, ambos motivos de recurso de casación, si bien el de la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (ASPEL) sólo en este primer aspecto.

2.Tras la firma del acta del convenio colectivo de limpieza de edificios y locales de la provincia de Toledo para los años 2022 a 2026, remitido a la Autoridad Laboral para su registro, la Inspección de Trabajo emitió un informe en el que se contenían una serie de observaciones relativas al texto del artículo 28.1 del convenio colectivo, considerando que habría de subsanarse por no ser acorde a la reforma operada por el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio en el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores.

En el acta de subsanación de 26 de octubre de 2023, respecto a la subsanación del artículo 28.1 del convenio colectivo, la Comisión acordó mantener el texto en los términos en los que había sido firmado, haciendo constar expresamente que, en lo no previsto, se estaría a lo recogido en la legislación vigente y, en particular, en el Estatuto de los Trabajadores. El acta se suscribió por todas las organizaciones firmantes del convenio y, tras su remisión a la Autoridad Laboral, el convenio fue registrado.

Las partes acudieron a la Comisión Paritaria del convenio colectivo, pero no se alcanzó un acuerdo. Y, también se instó la mediación ante el Jurado Arbitral del Castilla La Mancha, que finalizó sin acuerdo.

3.El sindicato actor formó parte integrante de la Comisión Negociadora del convenio colectivo que se impugna y, por esta razón, las dos organizaciones empresariales recurrentes invocan la falta de legitimación activa para impugnar el convenio colectivo, alegando que tal actuación es contraria a la doctrina de los actos propios.

El artículo 165 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, que regula la legitimación, en el párrafo primero apartado a), establece lo siguiente:

«La legitimación activa para impugnar un convenio colectivo, por los trámites del proceso de conflicto colectivo corresponde:

a) Si la impugnación se fundamenta en la ilegalidad, a los órganos de representación legal o sindical de los trabajadores, sindicatos y asociaciones empresariales interesadas, así como al Ministerio Fiscal, a la Administración General del Estado y a la Administración de las Comunidades Autónomas su respectivo ámbito. A los efectos de impugnar las cláusulas que pudieran contener discriminaciones directas o indirectas por razón de sexo, están también legitimados el Instituto de la Mujer y los organismos correspondientes de las Comunidades Autónomas».

El artículo 17.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social se refiere a la legitimación de los sindicatos en los siguientes términos:

«Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales tendrán legitimación para la defensa de los intereses económicos y sociales que les son propios.

Los sindicatos con implantación suficiente en el ámbito del conflicto están legitimados para accionar en cualquier proceso en el que estén en juego intereses colectivos de los trabajadores, siempre que exista un vínculo entre dicho sindicato y el objeto del pleito de que se trate; podrán igualmente personarse y ser tenidos por parte en dichos procesos, sin que tal intervención haga detener o retroceder el curso de las actuaciones.

En especial, en los términos establecidos en esta Ley, podrán actuar, a través del proceso de conflicto colectivo, en defensa de los derechos e intereses de una pluralidad de trabajadores indeterminada o de difícil determinación; y, en particular, por tal cauce podrán actuar en defensa del derecho a la igualdad de trato entre mujeres y hombres en todas las materias atribuidas al orden social.

En el proceso de ejecución se considerarán intereses colectivos los tendentes a la conservación del recurso y a la defensa de los puestos de trabajo».

4.En el presente procedimiento se impugna el artículo 28.1 a), b) y c) del Convenio Colectivo Provincial de Toledo de limpieza de Edificios y Locales (BOP de Toledo nº 215, de 10 de noviembre de 2023), por ilegalidad, al contener una regulación de los permisos retribuidos contraria al artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores, en la redacción dada por el apartado tres del artículo 127 del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea.

Con carácter general, respecto de la legitimación activa, la doctrina constitucional sentada, entre otras, en las SSTC 89/2003 de 19 de mayo (Recurso 2337/2000), 215/2001 de 29 de octubre (Recurso 1990/1999) y 210/1994 de 11 de julio (Recurso 2366/1993) ha distinguido entre el que ostenta un interés genérico, que carece de legitimación activa, pues no se puede comparecer en un proceso como un «guardián abstracto de la legalidad»; el que tiene un interés legítimo, que por tanto, está legitimado activamente en el procedimiento; y el titular del derecho subjetivo objeto de controversia en el litigio, que es el propio de la legitimación en su sentido tradicional.

En relación con la legitimación activa para impugnar los convenios colectivos por ilegalidad o por lesividad, el artículo 165 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social contiene una regulación limitada a determinados sujetos, lo que ha sido declarado por el Tribunal Constitucional conforme con el artículo 24 de la Constitución, pues se trata, de un lado, de una legitimación activa colectiva en favor de los sujetos que encarnan el interés común y que representan legalmente a los incluidos en el ámbito del convenio colectivo, como declaró, entre otras, la STC 89/2001, de 2 de abril (Recurso 1038/1997) y, de otro, de un recurso que es proporcional a los límites que imponen tanto el derecho a la negociación colectiva como el carácter vinculante de los convenios, como indicó, entre otras, la STC 88/2001, de 2 de abril (Recurso 610/1997).

Interpretando la legitimación activa para impugnar el convenio colectivo de una asociación empresarial, conforme al artículo 165 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, la STS 255/2023, de 11 de abril (Recurso 86/2021) consideró que el precepto exige no sólo que el sujeto demandante sea uno de los previstos en la norma, sino que, además, represente un interés colectivo y tenga interés en la concreta pretensión. Y, en el presente supuesto, el sindicato actor ostenta este interés legítimo, en tanto en cuanto las personas trabajadoras a las que representa están en el ámbito de aplicación del convenio colectivo impugnado.

Pues bien, la cuestión relativa a si ostenta legitimación activa para impugnar un convenio colectivo por ilegalidad el sindicato integrante de la comisión negociadora del convenio colectivo que firmó el mismo, ha sido resuelta por esta Sala de lo Social, entre otras, en las SSTS STS 159/2018, 15 febrero (Rec 47/2017) y de 20 de septiembre de 2002 (Recurso 1283/2001), que declararon que, de conformidad con el artículo 163.1 a) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, la legitimación activa para impugnar un convenio colectivo por ilegalidad corresponde a los órganos de representación legal o sindical de los trabajadores, sindicatos y asociaciones empresariales interesadas y, por tanto, no excluye a los firmantes del convenio colectivo de la facultad de impugnarlo cuando considere que puede ser contrario a la Constitución o a la Ley, no procediendo una interpretación restrictiva de la norma, que podría vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva.

5.Atendiendo a lo expuesto, se ha de colegir que el sindicato firmante de un convenio colectivo, integrante de la comisión negociadora, está legitimado activamente para impugnar el convenio colectivo por ilegalidad. Por lo tanto, la Federación de Habitat de CCOO-CLM demandante ostenta legitimación activa, por lo que se desestima el primer motivo de recurso de casación de la Asociación de Empresarios de Limpieza de Edificios y Locales de Toledo y la primera pretensión del único motivo de recurso de la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (ASPEL).

TERCERO.- Desestimación de la excepción de falta de acción

1.La Asociación de Empresarios de Limpieza de Edificios y Locales de Toledo denuncia, como segundo motivo de recurso de casación, con adecuado amparo procesal en el artículo 207 e) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, la infracción del artículo 3.1 b) del Estatuto de los Trabajadores y de la disposición adicional primera del Convenio Colectivo provincial de limpieza de edificios y locales de Toledo 2022-2026, alegando que es competencia de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo llevar a cabo la adaptación del artículo 28.1 a), b) y c) a la reforma operada en el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores, por el Real Decreto-ley 5/2023. En esta línea, la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (ASPEL) invoca, en su único motivo de recurso de casación, junto a la falta de legitimación activa, la falta de acción.

2.La disposición adicional primera del Convenio Colectivo provincial de limpieza de edificios y locales de Toledo 2022-2026 establece lo siguiente:

«Se acuerda que en todos los artículos del presente convenio se haga referencia o contengan disposiciones a su vez incluidas en normas de ámbitos superiores, incluida la Ley de Igualdad, si fueran derogadas o sufrieran modificación alguna o algunas de estas normas, el artículo al que hagan referencia se deberá adaptar a la nueva normativa. A tal fin se reunirá la Comisión Negociadora a la mayor brevedad posible».

La norma, dando cumplimiento al principio de jerarquía normativa del artículo 3.1 del Estatuto de los Trabajadores, impone, con carácter preceptivo, la adaptación del convenio colectivo a las modificaciones legislativas que tengan lugar en las materias que regula. Y, a continuación, dispone que la Comisión Negociadora se reunirá a la mayor brevedad para tal fin, lo que no ha de interpretarse, como pretenden las partes recurrentes como la atribución de esta competencia a esta Comisión, de forma tal que impida el acceso a la jurisdicción a estos efectos, pues ello conculcaría el derecho a la tutela judicial efectiva.

El artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores modificado por el apartado tres del artículo 127 del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, en la disposición derogatoria única declara que quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan al Real Decreto-ley.

Ahora bien, la impugnación de un convenio colectivo por ilegalidad, que haya sido registrado, viene contemplada en el artículo 163.3 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social que dispone lo siguiente:

«Si la autoridad laboral no contestara la solicitud a la que se refiere el apartado anterior en el plazo de quince días, la desestimara o el convenio colectivo ya hubiere sido registrado, la impugnación de éstos podrá instarse directamente por los legitimados para ello por los trámites del proceso de conflicto colectivo, mientras subsista la vigencia de la correspondiente norma convencional».

Por lo tanto, la Federación de Habitat de CCOO-CLM demandante, que ostenta legitimación activa, tiene acción para impugnar el artículo 28.1 a), b) y c) del convenio colectivo de aplicación por ilegalidad, al ser contrario al artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores, tras la reforma del Real Decreto-ley 5/2023.

3.Consiguientemente, se desestima el segundo motivo del recurso interpuesto por la Asociación de Empresarios de Limpieza de Edificios y Locales de Toledo y la segunda pretensión deducida por la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (ASPEL), en su único motivo de recurso. Y, por ende, se desestiman ambos recursos de casación.

CUARTO.- Desestimación de los dos recursos de casación

1.De acuerdo con lo anteriormente razonado y de conformidad con el informe del Ministerio Fiscal, procede desestimar los recursos de casación formulados por la Asociación de Empresarios de Limpieza de Edificios y Locales de Toledo y por la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (ASPEL) frente a la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha 1224/2024, de 5 de julio (Impugnación de convenios colectivos 23/2024) y declarar su firmeza.

De conformidad con el artículo 166.3 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, se ha de comunicar la presente sentencia a la Autoridad laboral y publicar en el Boletín Oficial del Estado.

2.No hay expresa imposición de costas, ya que cada parte se hará cargo de las costas causadas a su instancia, conforme al artículo 235.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social.