Sentencia Social 1170/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 178/2024 de 02 de diciembre del 2025

PRIMERO.- 1.La cuestión suscitada en el presente procedimiento de conflicto colectivo radica en determinar si la empresa demandada ha vulnerado el derecho fundamental de huelga de los trabajadores de la misma, así como ha vulnerado el derecho fundamental a la libertad sindical del sindicato CCOO demandante, ocasionada por el envío de mensajes y correos electrónicos corporativos, al colectivo convocado a la huelga, durante los días previos a esta.

2.El sindicato CCOO interpuso demanda de conflicto frente al Grupo empresarial RENFE en la que solicitaba que se declarase la vulneración del derecho a la libertad sindical del sindicato y del derecho de huelga de los trabajadores de la empresa. Solicita, además, una indemnización de 30.000 euros, la que fue ampliada hasta 80.000 euros en virtud de escrito de ampliación de su demanda.

3.La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional dictó sentencia en fecha 29 de mayo de 2024, en autos 87/2024, desestimando la demanda y absolviendo a la parte demandada de los pedimentos de la demanda y, todo ello, sin costas.

4.Frente a dicha resolución judicial se ha interpuesto recurso de casación ordinario por la parte demandante, al amparo del art. 207 e) de la LRJS por infracción de los arts. 13 y 10 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, art. 183.1 y 2 de la LRJS y art. 28.2 de la Constitución Española.

5.El recurso ha sido impugnado por la parte demandada quién realiza las alegaciones que se pondrán de manifiesto con ocasión de la resolución del motivo único de este recurso.

6.El Ministerio Fiscal de la AN informó en el sentido de una estimación parcial del recurso de casación interpuesto, por considerar que existe una vulneración del derecho fundamental de huelga ( art. 28.2 CE) , por injerencia empresarial restrictiva e ilegítima ocasionada por el envío masivo y sucesivo de mensajes y correos electrónicos corporativos al colectivo convocado a la huelga durante los días previos a esta de contenido equívoco y confuso, e indicativos de los servicios que habrían de prestar en caso de ser o no desconvocada y sin esperar al dictado de resolución que fije servicios mínimos, sin amparo legal y excediendo de las facultades empresariales de dirección y organización, con el consiguiente y lógico efecto, de por sí, de desmotivación y desmovilización entre los huelguistas, sin que se haya aportado ni probado una justificación suficiente, objetiva y razonable, así como la condena al pago de indemnización reparadora y disuasoria por daños morales de 751 euros.

7.El Fiscal del Tribunal Supremo comparte el criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y, señala que de los inalterados hechos probados de la sentencia se aprecia que la empresa, sin ninguna justificación razonable, remitió reiteradamente a todos los trabajadores convocados a la huelga una serie de correos electrónicos y mensajes advirtiendo de manera confusa los servicios que tendrían que prestar durante la huelga y todo ello con anterioridad a la concreta fijación de los servicios mínimos. Añade que este insistente comportamiento empresarial se presenta como un modo inequívoco de presión a los trabajadores para que desistan de la convocatoria y participación en la huelga y demuestra un claro exceso -sin amparo legal- en las facultades de dirección y organización. Concluye que esta conducta empresarial constituye una vulneración en el ejercicio del derecho de huelga y el recurso debe ser estimado parcialmente en este punto. En cuanto a la indemnización solicitada y siguiendo las alegaciones expuestas por el Fiscal de la Audiencia Nacional esta debe fijarse en 791 euros (se trata de error material, la cantidad es de 751 euros).

SEGUNDO.- 1.Como se ha anticipado, la parte demandada ha interpuesto recurso de casación con amparo en el art. 207 e) de la LRJS por infracción de los arts. 13 y 10 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, art. 183.1 y 2 de la LRJS y art. 28.2 de la Constitución.

2.La parte recurrente alega que la empresa no aportó absolutamente ningún medio de prueba documental, tan solo propuso prueba testifical de dos personas, siendo admitida una, de cuya palabra no duda, al afirmar dicho testigo en la vista oral que desde la Dirección General de Recursos Humanos no se dieron órdenes del envío de los mensajes que se aportaron y que en ningún momento tuvieron intención de atentar contra el derecho de huelga del sindicato y de las personas convocadas a la huelga. Sin embargo, añade que, el hecho de que no hubiera esas instrucciones por parte de la superioridad no elimina el hecho de que los mensajes existieron y fueron enviados. Así, pone en valor el SMS que se envió el día previo a la huelga que dice: "Desconvocada huelga, se realizará servicio normal de gráfico". A juicio de la recurrente, se podía haber escrito mucho mejor, por ejemplo "Si se desconvoca la huelga se realizará el servicio normal del gráfico" o de alguna otra manera que no diera lugar a interpretaciones, sobre todo, lo que iban a interpretar aquellas personas trabajadoras que recibieron en su móvil corporativo este mensaje, porque, aun cuando la interpretación correcta fuera la de la sentencia, ya de por sí habría unos indicios de vulneración del derecho de huelga, pues se estarían enviando mensajes confusos al personal, lo que puede dar lugar a la desmovilización y desmotivación de quien recibe los mismos. A continuación, dice que no comparte la interpretación de la sentencia, pues en el idioma castellano el futuro simple (realizará) implica certeza, por lo que en caso de tratarse de una hipótesis de desconvocatoria como sostiene la sentencia se tendría que haber utilizado el condicional simple (realizaría).

Tampoco comparte el criterio de la Sala de instancia a la hora de conectar cronológicamente ese SMS de las 14,50 horas del día 8 de febrero de 2024 con los correos electrónicos de las 15:11 horas del mismo día para validar su interpretación, ya que los SMS se recibieron en la zona sur, como explicó el testigo, en concreto en Málaga (minuto 17 en delante de la grabación), mientras que los correos electrónicos son de Fuencarral (Madrid) y, por ello, estos últimos no pueden servir como argumento para hilvanar unos y otros en la tesis sostenida por la sentencia conforme a la cual en el SMS de las 14,50 no se afirma la desconvocatoria de huelga y se ordena la realización de los servicios del gráfico, sino que se informa de que en el supuesto de desconvocarse la huelga, los servicios a realizar serán los del citado gráfico y, que tal interpretación viene, además, corroborada según la sentencia recurrida por el hecho de que, posteriormente, sobre las 15:11 horas del mismo día, se remitieron correos electrónicos a los trabajadores en los que se les instaba a estar pendientes del mantenimiento de la huelga o de su desconvocatoria durante la noche de ese día, siendo el elemento cronológico relevante para la Sala de instancia, pues según concluye no cabe hablar de la existencia de un anuncio de desconvocatoria falso cuando consta que la empresa informa de los posibles servicios para el caso de mantenimiento de la huelga.

Por último, la parte recurrente alude a lo que declaró su testigo en el minuto 18 de la grabación de la vista, aunque aclara que no pide la revisión de los hechos probados, en relación a los correos remitidos al personal de conducción (maquinistas), en los que se informa de que se está a la espera del dictado de servicios mínimos por parte de la autoridad gubernativa, y de que aquellos conductores que estén en trenes afectados por los servicios mínimos se les grafiará (adjudicará) a otro tren en servicio, esto es, que se les pondrá en un tren que no hace falta y habrá dos trabajadores en donde solo hace falta uno, lo que, a juicio de la parte recurrente, posiblemente trataba de evitar los efectos de un seguimiento inesperado por parte de un conductor, lo que indica que se le adjudica un turno fantasma y de ahí que uno de los destinatarios del correo se quejara de que podrían ser vulnerados los derechos de los trabajadores.

3.La empresa, al impugnar, sostiene que las comunicaciones enviadas por la empresa demandada carecen de la virtualidad para socavar el derecho fundamental a la huelga, dado que dichas alegaciones se sostienen con la aportación de dos SMS, tres email con el 90% de su texto oculto y la declaración de un testigo que fue admitido a pesar de manifestar, a preguntas del presidente de la Sala, que tenía interés en el resultado del pleito dada su condición de liberado del sindicato actor. Que la parte recurrente pretende que se lleve a cabo una valoración del material probatorio distinto al acogido por la Audiencia Nacional en su sentencia, pero la interpretación de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional no puede en ningún caso considerarse irrazonable o ilógica, sino que, al contrario, debería ser mantenida en sede casacional por cuanto que, como reiteradamente ha señalado la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (cita sentencias), "la interpretación de los contratos y demás negocios jurídicos es facultad privativa de los Tribunales de Instancia". En consecuencia, debe prevalecer la valoración e interpretación judicial de la Sala que considera que de la circunstancia examinada, no se deriva vulneración alguna al derecho de huelga.

TERCERO.- 1.El artículo 28.2 de la Constitución establece lo siguiente:

«Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad».

Por su ubicación sistemática se trata de un derecho fundamental y, remite al desarrollo legal la regulación de su ejercicio, que deberá contener la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. A pesar de haber transcurrido más de cuatro décadas desde la vigencia de la norma, no se ha dictado la ley orgánica a la que se refiere. Por consiguiente, la normativa aplicable es el Real Decreto ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo. Habrá de tenerse en cuenta, además, que la Sentencia del Tribunal Constitucional 11/1981, dictada en el recurso de inconstitucionalidad 192/1980, declaró inconstitucionales determinados preceptos de esta norma.

2.En nuestra STS 745/2025, de 18 de julio, Pleno (rec. 182/2023), pusimos de relieve que: «no cabe duda de que la huelga es el medio de presión más relevante que tienen los trabajadores frente a la empresa. Ahora bien, el derecho de huelga de los trabajadores debe ser proporcionado a las pretensiones que se deseen conseguir. Por este motivo, para garantizar el equilibrio entre el ejercicio del derecho de huelga y el daño que se le ocasiona al empresario, éste cuenta con determinados mecanismos de defensa frente a la huelga, contemplados en el ordenamiento jurídico, entre los que destacan, a los efectos que nos ocupan:

a) La continuación de la prestación de los servicios de seguridad de las personas y de las cosas y, de mantenimiento de los locales, maquinarias, instalaciones, materias primas y, cualquier otra atención necesaria para la reanudación de la actividad empresarial, tras la huelga.

b) El mantenimiento de los servicios mínimos en las empresas que desarrollan servicios esenciales para la comunidad».

3.Los servicios de seguridad los contempla el art. 6.7 del Real Decreto ley 17/1977, que dispone lo siguiente:

«El comité de huelga habrá de garantizar durante la misma la prestación de los servicios necesarios para la seguridad de las personas y de las cosas, mantenimiento de los locales, maquinaria, instalaciones, materias primas y cualquier otra atención que fuese precisa para la ulterior reanudación de las tareas de la empresa. Corresponde al empresario la designación de los trabajadores que deban efectuar dichos servicios».

Este párrafo 7º del artículo 6 del Real Decreto ley 17/1977 fue declarado parcialmente inconstitucional por la STC (Pleno) 11/1981, de 8 de abril (rec. 192/1980), en cuanto atribuía, de manera exclusiva, al empresario la facultad de designar los trabajadores que debían realizar los llamados servicios de seguridad. Por esta razón, el Tribunal Constitucional declaró que era inconstitucional el último inciso y que en la designación de los trabajadores que debían efectuar estos servicios debía participar el Comité de Huelga, afirmando en el fundamento jurídico vigésimo de la meritada sentencia lo siguiente: «La adopción de las medidas de seguridad no compete de manera exclusiva al empresario, sino que en ellas participa el comité de huelga, que es quien las garantiza, con la inevitable secuela de que la huelga en que el comité no preste esta participación podrá ser considerada como ilícita por abusiva».

4.Por su parte, los servicios mínimos vienen regulados en el artículo 10.2 del Real Decreto ley 17/1977 en los siguientes términos:

«Cuando la huelga se declare en empresas encargadas de la prestación de cualquier género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y concurran circunstancias de especial gravedad, la autoridad gubernativa podrá acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios. El Gobierno, asimismo, podrá adoptar a tales fines las medidas de intervención adecuadas».

Los servicios mínimos de la comunidad deben distinguirse, pues, de los servicios necesarios para la seguridad de las personas y de las cosas y, el mantenimiento de las instalaciones, locales, maquinarias y materias primas. Como declaró la STS de 14 de noviembre de 2012 (rcud 283/2011) y, más recientemente en la ya citada STS 745/2025, «la distinción es trascendente, ya que mediante la fijación de los servicios mínimos se pretende que la actividad productiva continúe, aunque limitadamente, durante la huelga; mientras que los servicios de seguridad y mantenimiento, aplicables a todas las empresas, pretenden que la actividad productiva pueda reanudarse al finalizar la huelga».

CUARTO.- 1.En el caso concreto, los hechos probados informan de lo siguiente:

a) El Sindicato CCOO convocó huelga desde las 00:00 horas del 9 de febrero de 2024 y hasta las 23:00 horas de ese mismo día estando llamados a secundarla todos los trabajadores y trabajadoras del Grupo Empresarial Renfe.

b) Hacia las 14:50 horas del 8 de febrero de 2024 se recibieron en los teléfonos corporativos del personal del Grupo Renfe destinados en distintas localidades, entre ellos Málaga, mensajes de texto SMS con el siguiente contenido: «Buenas tardes. Desconvocada huelga, se realizará servicio normal de gráfico». Los dispositivos a los que fue enviado este mensaje corporativo son propiedad de la empresa y para uso profesional. Las comunicaciones que se reciben son para indicar información útil para el desempeño de las funciones en el puesto de trabajo.

c) Hacia las 15:11 horas del 8 de febrero se enviaron correos electrónicos a los trabajadores en los que se disponía lo siguiente: «Buenas tardes ruego estar pendiente si hay huelga o se desconvoca esta noche por lo que te mando las dos hojas. Saludos».

d) La Gerencia Producción de Fuencarral de la empresa RENFE Viajeros SME, SA envió un correo electrónico al personal de conducción (maquinistas) del Área de Servicios Comerciales, residencia AVE Larga Distancia Madrid Fuencarral de Renfe Viajeros, en fecha 2 de febrero de 2024 11:42:39 AM cuyo asunto era "Convocada huelga el viernes 9 de febrero de 2024" con el siguiente contenido: «A la espera de la Orden Ministerial, en principio haréis (Carta de Servicios mediante):

1. El turno asignado por vuestro Cuadro de Servicio anual todos aquéllos que tengáis SSCC que no se supriman por la huelga y/o claves en que todos los trenes circulen.

2. Los que tengáis asignado ese día uno de los turnos siguientes por (a) no circular alguno de los trenes contenidos en la clave (sustituido por un Viajero sin Servicio en otro tren) o (b) ninguno de los trenes contenidos en la clave (sustituido por SSCC en Atocha o Chamartín en las mismas horas del turno) (...)

3. A todos aquéllos que tengáis una clave de reserva asignada por vuestro Cuadro de Servicio anual, el turno que se os asigne».

e) En la misma fecha de 2 de febrero de 2024, a las 12:55:42 horas, la Entidad Renfe Viajeros, ante la protesta efectuada por un trabajador, indicó, en relación al correo electrónico señalado en el apartado anterior, que «Este correo solo tenía una finalidad informativa no tiene ninguna intencionalidad de atentar contra el derecho a la huelga de los trabajadores, por lo que no tiene ningún efecto a la hora de nombrar servicio, cuando se disponga de las SSMM se informara a los trabajadores afectados».

f) El día 8 de febrero de 2024, a las 4:19:38 pm, la empresa Renfe Viajeros SME, SA envió a sus trabajadores/as un nuevo correo electrónico con el asunto "Hoja servicio conducción de Fuencarral del viernes 9 de febrero 2024", con los Servicios Mínimos para el día 9 de febrero. A las 4:39:13 pm se envió un nuevo correo electrónico con el asunto "Hoja servicio conducción de Fuencarral del viernes 9 de febrero 2024 (no huelga)" y con un nuevo gráfico, en este caso sin Servicios Mínimos. En el cuerpo de tal correo se incluye lo siguiente: «...se adjunta de nuevo hoja servicio conducción de Fuencarral del viernes 9 de febrero de 2024, pero en esta ocasión SIN huelga)».

2.Estamos ante un servicio de transporte vinculado a la satisfacción del derecho fundamental a la libertad de circulación establecido en el art. 19 de la CE, conforme al cual: «Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional público», de modo que en la convocatoria de la huelga en cuestión era precisa la fijación de servicios mínimos por parte de la autoridad gubernativa, ya que como hemos visto, el art. 28.2 de la CE, anteriormente transcrito, si bien reconoce el derecho de huelga, el mismo se halla limitado por el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad que, como tal, habrá de ser interpretado de forma restrictiva. Como declaró la STC 11/1981, de 8 de abril (rec 192/1980), en su fundamento jurídico 18º, este límite no vulnera el contenido esencial del derecho de huelga.

En tal sentido, cabe distinguir los mensajes que la empresa envió para el caso de una desconvocatoria de la huelga de los enviados para el caso de que la huelga no fuera desconvocada. En relación al primer supuesto, no cabe entender que los mismos resultasen confusos. Se trata de correos muy breves y asertivos en el sentido de que, en caso de desconvocatoria, los servicios a realizar debían ser los del gráfico y así lo puso de manifiesto la empresa en el correo del día 8 de febrero, a las 14:50, o en los correos electrónicos enviados el mismo día, a las 15:11 horas en los que se disponía lo siguiente: "Buenas tardes ruego estar pendiente si hay huelga o se desconvoca esta noche por lo que te mando las dos hojas. Saludos", lo que resulta justificado y razonable, en atención precisamente a que estamos ante una actividad esencial, siendo preciso designar los trabajadores que deberán prestar los servicios mínimos, previa fijación de estos por la autoridad gubernativa, de modo que nada impide que pueda transmitir a sus trabajadores que, en caso de desconvocatoria, deberán realizar los servicios previstos, para lo cual es lógico pedir que estén pendientes de una u otra situación, ya que ante la desconvocatoria, los servicios mínimos y los trabajadores designados para ellos decaen y, todos ellos deben prestar los servicios asignados previamente. De este modo, en relación a los SMS o los correos del día 8 de febrero de 2024, que se contienen en los hechos probados tercero y cuarto de la sentencia, los mismos no pueden considerarse que hayan infringido el derecho de huelga.

4.Respecto a los mensajes enviados por la empresa que se detallan en los ordinales quinto y sexto del apartado de hechos probados, se tratan de dos correos: uno, enviado por la Gerencia Producción de Fuencarral de la empresa Renfe Viajeros SME, SA al personal de conducción (maquinistas) del Área de Servicios Comerciales, residencia AVE Larga Distancia Madrid Fuencarral de Renfe Viajeros, en fecha 2 de febrero de 2024 11:42:39 AM cuyo asunto era "convocada huelga el viernes 9 de febrero de 2024" con el siguiente contenido:

«A la espera de la Orden Ministerial, en principio haréis (Carta de Servicios mediante):

1. El turno asignado por vuestro Cuadro de Servicio anual todos aquéllos que tengáis SSCC que no se supriman por la huelga y/o claves en que todos los trenes circulen.

2. Los que tengáis asignado ese día uno de los turnos siguientes por (a) no circular alguno de los trenes contenidos en la clave (sustituido por un Viajero sin Servicio en otro tren) o (b) ninguno de los trenes contenidos en la clave (sustituido por SSCC en Atocha o Chamartín en las mismas horas del turno) (...)

3. A todos aquéllos que tengáis una clave de reserva asignada por vuestro Cuadro de Servicio anual, el turno que se os asigne».

El segundo, es de la misma fecha de 2 de febrero de 2024, a las 12:55:42 horas, que la Entidad Renfe Viajeros remite ante la protesta efectuada por un trabajador, para explicar que el primero solo tenía finalidad informativa, no intención de menoscabar la huelga y, se añade al final que: «por lo que no tiene ningún efecto a la hora de nombrar servicio, cuando se disponga de las SSMM se informara a los trabajadores afectados».

5Del primer mensaje, se desprende que la empresa pretendía comunicar al personal de conducción (maquinistas), que harían el servicio asignado previamente en los cuadros de servicio, para el caso de que los mismos no fueran suprimidos, de modo que no trataba de fijar servicios mínimos, sino de comunicar que serían designados para realizarlos, así es que no puede afirmarse que la empresa pretendía presionar al personal de conducción para ejercer o no su derecho de huelga, sino simplemente adelantar en parte los criterios de designación de los trabajadores que deberían realizar los servicios mínimos, en ese momento todavía pendientes de fijar por el Ministerio. No constan circunstancias fácticas que permitan afirmar que la empresa pretendía ir más allá de lo exigido en la resolución administrativa, ya que inicia el correo diciendo: «A la espera de la Orden Ministerial, en principio haréis (Carta de Servicios mediante)[...]». Las expresiones utilizadas: "a la espera" y "en principio", indican el respeto, tanto a los servicios mínimos decretados por la autoridad gubernativa, como al derecho de huelga de los trabajadores a los que van destinadas dichas expresiones.

6.Nada impide que, existiendo un cuadro de servicio anual, el mismo sea utilizado para la designación de los trabajadores que deberán realizar el servicio, ya asignado previamente, si este no es suprimido por la huelga, que es lo que en definitiva se deduce de dicho correo, siempre y cuando ese modo de proceder no encubra una finalidad fraudulenta, como lo sería la destinada a asignar los servicios mínimos a quienes prevea razonablemente la empresa que van a adherirse a la huelga, como dijimos en nuestra STS 690/2025, de 3 de julio (rec. 205/2023): «Lo que sí le es exigible es que su decisión, además de estar guiada por criterios razonables de organización empresarial para dar efectiva cobertura a los servicios mínimos que son requeridos por la decisión administrativa, no incurra en una finalidad fraudulenta, destinada a asignar los servicios mínimos a quienes prevea razonablemente que van a adherirse a la huelga».

En la misma STS 690/2025, de 3 de julio (rec. 205/2023), también dijimos que: «[...] Lo que se pretende en el recurso es llevar la doctrina constitucional hasta el extremo de que, según la argumentación del sindicato recurrente, el contenido de la resolución administrativa sobre servicios mínimos alcanzase hasta la concreta organización del trabajo en la empresa y la designación nominativa de los trabajadores que hayan de cubrir los mismos. Ese argumento debe ser rechazado, no derivándose de la doctrina constitucional en que se pretende amparar.

Por el contrario las normas reguladoras del derecho de huelga y la doctrina constitucional y la de esta Sala parten (en el recurso se cita literalmente esa doctrina constitucional), de que una vez fijados los servicios mínimos por la autoridad administrativa es la empresa responsable del servicio afectada por la huelga la obligada a su cumplimiento, debiendo adoptar las medidas necesarias para ello, incluida la designación de los concretos trabajadores que hayan de prestarlos. Y esto es así hasta el punto de que, como hemos dicho en sentencias de esta Sala de 25 de junio de 2009, rec 126/2008 o 9 de junio de 2023, rec 263/2021, no puede imputarse a la empresa una vulneración del derecho de huelga cuando se limite a cumplir la orden de la autoridad gubernativa que fija los servicios mínimos. Salvo que la empresa haya participado activamente en la fijación del contenido de la resolución administrativa la eventual vulneración del derecho fundamental de huelga que pueda contener dicha orden gubernativa será imputable a la autoridad que la dictó y no a la empresa.

Las eventuales vulneraciones del derecho de huelga que puedan imputarse en esta fase a la empresa podrán por el contrario derivarse de la adopción por la misma de decisiones que fijen servicios mínimos y no encuentren cobertura en una resolución administrativa ( sentencia de esta Sala de 17 de marzo de 2021, rec 118/2019), decisiones que, aunque exista resolución administrativa de servicios mínimos, vayan más allá de lo permitido por esa resolución ( sentencias de esta Sala de 11 de julio de 1994, rec 2134/1993, 16 de marzo de 1998, rec 1884/1997 ó 27 de noviembre de 2017, rec 1/2017) o bien de irregularidades en la designación de los concretos trabajadores a los que priva del derecho de huelga con la finalidad de cubrir dichos servicios. Y aquí ya estamos en materia de la competencia de este orden jurisdiccional social ( artículo 3.d LRJS) ».

[...]

Efectivamente, existe una obligación de orden constitucional de minimización del impacto de las medidas adoptadas sobre el derecho constitucional afectado, de manera que, como se dijo en la sentencia de esta Sala de 25 de enero de 2010, rec 40/2009, si la empresa tiene conocimiento de qué trabajadores van a adherirse a la huelga y cuáles no, en ese caso ese deber de minimización de impacto la obligaría a designar para ocuparse de los servicios mínimos a quienes no fueran a adherirse a la huelga, permitiendo así que los que se quieran adherir lo hagan».

7.También en relación a la designación de los concretos trabajadores que hayan de cubrir los servicios mínimos, la STC 123/1990 dijo:

«La pertenencia a un sindicato, incluso al sindicato convocante, no es razón que pueda eximir a un trabajador de la designación y de la realización de unas tareas correspondientes a un servicio cuyo mantenimiento se considera esencial. No cabe negar que en determinadas circunstancias, en huelgas parciales o minoritarias de alguna duración el respeto al derecho de huelga puede llevar a dar preferencia para la realización de los servicios esenciales a los trabajadores que decidan libremente no sumarse a la huelga convocada. Sin embargo, esto no supone que pueda exigirse siempre y en todo caso a la empresa que excluya en principio de esos servicios a los trabajadores que deseen secundar la huelga. En la huelga que está en la base del presente caso, de muy breve duración, y en relación a una empresa de grandes dimensiones, resulta evidente que no existía ningún medio que permitiese a la dirección de la empresa conocer de antemano quiénes se iban a sumar o no a la huelga, para poder asignar preferentemente los servicios mínimos a los no huelguistas. Dado el ejercicio individualizado del derecho de huelga, la afiliación a un sindicato no es criterio útil para hacer una previsión cierta de qué trabajadores van a participar en la huelga convocada, que puede ser secundada también por trabajadores afiliados a otros sindicatos o por no afiliados, y que, al margen de los problemas de disciplina sindical interna, podría no ser secundada por trabajadores afiliados al sindicato convocante. Ha de rechazarse, en consecuencia, que la inclusión de los recurrentes dentro de los trabajadores obligados a realizar servicios mínimos hubiera tratado de afectar, o incluso hubiera afectado al desarrollo de la huelga, de un modo tal que fuera razonable la exigencia de la exclusión de los mismos en la realización de los servicios».

8.Por otro lado, la parte recurrente en ningún momento denuncia que la empresa ha pretendido fijar los servicios mínimos de antemano o que la designación de los trabajadores ha sido fraudulenta, sino que alude en su recurso a unos supuestos correos mencionados por su testigo en la vista oral, consciente por otro lado de que no puede incorporar el contenido de este testimonio al relato fáctico, en virtud de los cuáles la empresa pretendía asignar lo que denomina "turnos fantasmas". Sostiene así la parte recurrente que, en ellos, la empresa se dirigió a los conductores que estuviesen en trenes afectados por los servicios mínimos, para decirles que se les grafiaría (adjudicaría) a otro tren en servicio, pero, nada tiene que ver esta alegación, no probada, con lo que consta acreditada en el ordinal quinto, incurriendo pues la parte en hacer supuesto de la cuestión, al partir de hechos no expresamente probados.

9.Por lo que se refiere al correo de 8 de febrero al que alude el ordinal séptimo de los probados, enviado a las 4:19:38 pm, por la empresa Renfe Viajeros SME SA a sus trabajadores/as con el asunto "Hoja servicio conducción de Fuencarral del viernes 9 de febrero 2024", con los Servicios Mínimos para el día 9 de febrero y, otro a las 4:39:13 pm con el asunto "Hoja servicio conducción de Fuencarral del viernes 9 de febrero 2024 (no huelga)" y con un nuevo gráfico, en este caso sin Servicios Mínimos, en cuyo cuerpo se incluye lo siguiente: «...se adjunta de nuevo hoja servicio conducción de Fuencarral del viernes 9 de febrero de 2024, pero en esta ocasión SIN huelga)», del mismo no se evidencia que la empresa pretendiese excederse de lo resuelto por la autoridad gubernativa, sino tan solo organizar el servicio con o sin huelga, ya que el mismo debía prestarse de un modo u otro, bien con servicios mínimos, bien sin ellos y, para uno u otro caso, la empresa es la responsable del servicio afectado por la huelga, debiendo adoptar las medidas necesarias para ello, incluida la designación de los concretos trabajadores que hayan de prestarlos. Nada se dice en el recurso sobre que la elección de los trabajadores designados fuera funcionalmente inadecuada ni que se omitiera una consulta o información con los representantes de los trabajadores y, en particular, con los sindicatos convocantes de la huelga o con el comité de huelga, en términos como los resueltos en la sentencia de esta Sala 273/2023, de 13 de abril (rec. 217/2021) ni tampoco se acredita la utilización abusiva del poder de dirección empresarial cuando se está ejerciendo aquel derecho ( SSTC 123/1992, de 28 de septiembre, 66/2002, de 21 de marzo, y 33/2011, de 28 de marzo, y las SSTS 237/2016, de 18 de marzo (rec. 78/2015) y 499/2021, de 6 de mayo (rcud 4975/2018).

QUINTO.- 1.Lo anteriormente razonado, oído el Ministerio Fiscal, obliga a desestimar el recurso presentado.

2.De conformidad con el artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social no se hace expresa imposición de costas, debiendo asumir cada parte las causadas a su instancia.

PRIMERO.- 1.La cuestión suscitada en el presente procedimiento de conflicto colectivo radica en determinar si la empresa demandada ha vulnerado el derecho fundamental de huelga de los trabajadores de la misma, así como ha vulnerado el derecho fundamental a la libertad sindical del sindicato CCOO demandante, ocasionada por el envío de mensajes y correos electrónicos corporativos, al colectivo convocado a la huelga, durante los días previos a esta.

2.El sindicato CCOO interpuso demanda de conflicto frente al Grupo empresarial RENFE en la que solicitaba que se declarase la vulneración del derecho a la libertad sindical del sindicato y del derecho de huelga de los trabajadores de la empresa. Solicita, además, una indemnización de 30.000 euros, la que fue ampliada hasta 80.000 euros en virtud de escrito de ampliación de su demanda.

3.La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional dictó sentencia en fecha 29 de mayo de 2024, en autos 87/2024, desestimando la demanda y absolviendo a la parte demandada de los pedimentos de la demanda y, todo ello, sin costas.

4.Frente a dicha resolución judicial se ha interpuesto recurso de casación ordinario por la parte demandante, al amparo del art. 207 e) de la LRJS por infracción de los arts. 13 y 10 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, art. 183.1 y 2 de la LRJS y art. 28.2 de la Constitución Española.

5.El recurso ha sido impugnado por la parte demandada quién realiza las alegaciones que se pondrán de manifiesto con ocasión de la resolución del motivo único de este recurso.

6.El Ministerio Fiscal de la AN informó en el sentido de una estimación parcial del recurso de casación interpuesto, por considerar que existe una vulneración del derecho fundamental de huelga ( art. 28.2 CE) , por injerencia empresarial restrictiva e ilegítima ocasionada por el envío masivo y sucesivo de mensajes y correos electrónicos corporativos al colectivo convocado a la huelga durante los días previos a esta de contenido equívoco y confuso, e indicativos de los servicios que habrían de prestar en caso de ser o no desconvocada y sin esperar al dictado de resolución que fije servicios mínimos, sin amparo legal y excediendo de las facultades empresariales de dirección y organización, con el consiguiente y lógico efecto, de por sí, de desmotivación y desmovilización entre los huelguistas, sin que se haya aportado ni probado una justificación suficiente, objetiva y razonable, así como la condena al pago de indemnización reparadora y disuasoria por daños morales de 751 euros.

7.El Fiscal del Tribunal Supremo comparte el criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y, señala que de los inalterados hechos probados de la sentencia se aprecia que la empresa, sin ninguna justificación razonable, remitió reiteradamente a todos los trabajadores convocados a la huelga una serie de correos electrónicos y mensajes advirtiendo de manera confusa los servicios que tendrían que prestar durante la huelga y todo ello con anterioridad a la concreta fijación de los servicios mínimos. Añade que este insistente comportamiento empresarial se presenta como un modo inequívoco de presión a los trabajadores para que desistan de la convocatoria y participación en la huelga y demuestra un claro exceso -sin amparo legal- en las facultades de dirección y organización. Concluye que esta conducta empresarial constituye una vulneración en el ejercicio del derecho de huelga y el recurso debe ser estimado parcialmente en este punto. En cuanto a la indemnización solicitada y siguiendo las alegaciones expuestas por el Fiscal de la Audiencia Nacional esta debe fijarse en 791 euros (se trata de error material, la cantidad es de 751 euros).

SEGUNDO.- 1.Como se ha anticipado, la parte demandada ha interpuesto recurso de casación con amparo en el art. 207 e) de la LRJS por infracción de los arts. 13 y 10 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, art. 183.1 y 2 de la LRJS y art. 28.2 de la Constitución.

2.La parte recurrente alega que la empresa no aportó absolutamente ningún medio de prueba documental, tan solo propuso prueba testifical de dos personas, siendo admitida una, de cuya palabra no duda, al afirmar dicho testigo en la vista oral que desde la Dirección General de Recursos Humanos no se dieron órdenes del envío de los mensajes que se aportaron y que en ningún momento tuvieron intención de atentar contra el derecho de huelga del sindicato y de las personas convocadas a la huelga. Sin embargo, añade que, el hecho de que no hubiera esas instrucciones por parte de la superioridad no elimina el hecho de que los mensajes existieron y fueron enviados. Así, pone en valor el SMS que se envió el día previo a la huelga que dice: "Desconvocada huelga, se realizará servicio normal de gráfico". A juicio de la recurrente, se podía haber escrito mucho mejor, por ejemplo "Si se desconvoca la huelga se realizará el servicio normal del gráfico" o de alguna otra manera que no diera lugar a interpretaciones, sobre todo, lo que iban a interpretar aquellas personas trabajadoras que recibieron en su móvil corporativo este mensaje, porque, aun cuando la interpretación correcta fuera la de la sentencia, ya de por sí habría unos indicios de vulneración del derecho de huelga, pues se estarían enviando mensajes confusos al personal, lo que puede dar lugar a la desmovilización y desmotivación de quien recibe los mismos. A continuación, dice que no comparte la interpretación de la sentencia, pues en el idioma castellano el futuro simple (realizará) implica certeza, por lo que en caso de tratarse de una hipótesis de desconvocatoria como sostiene la sentencia se tendría que haber utilizado el condicional simple (realizaría).

Tampoco comparte el criterio de la Sala de instancia a la hora de conectar cronológicamente ese SMS de las 14,50 horas del día 8 de febrero de 2024 con los correos electrónicos de las 15:11 horas del mismo día para validar su interpretación, ya que los SMS se recibieron en la zona sur, como explicó el testigo, en concreto en Málaga (minuto 17 en delante de la grabación), mientras que los correos electrónicos son de Fuencarral (Madrid) y, por ello, estos últimos no pueden servir como argumento para hilvanar unos y otros en la tesis sostenida por la sentencia conforme a la cual en el SMS de las 14,50 no se afirma la desconvocatoria de huelga y se ordena la realización de los servicios del gráfico, sino que se informa de que en el supuesto de desconvocarse la huelga, los servicios a realizar serán los del citado gráfico y, que tal interpretación viene, además, corroborada según la sentencia recurrida por el hecho de que, posteriormente, sobre las 15:11 horas del mismo día, se remitieron correos electrónicos a los trabajadores en los que se les instaba a estar pendientes del mantenimiento de la huelga o de su desconvocatoria durante la noche de ese día, siendo el elemento cronológico relevante para la Sala de instancia, pues según concluye no cabe hablar de la existencia de un anuncio de desconvocatoria falso cuando consta que la empresa informa de los posibles servicios para el caso de mantenimiento de la huelga.

Por último, la parte recurrente alude a lo que declaró su testigo en el minuto 18 de la grabación de la vista, aunque aclara que no pide la revisión de los hechos probados, en relación a los correos remitidos al personal de conducción (maquinistas), en los que se informa de que se está a la espera del dictado de servicios mínimos por parte de la autoridad gubernativa, y de que aquellos conductores que estén en trenes afectados por los servicios mínimos se les grafiará (adjudicará) a otro tren en servicio, esto es, que se les pondrá en un tren que no hace falta y habrá dos trabajadores en donde solo hace falta uno, lo que, a juicio de la parte recurrente, posiblemente trataba de evitar los efectos de un seguimiento inesperado por parte de un conductor, lo que indica que se le adjudica un turno fantasma y de ahí que uno de los destinatarios del correo se quejara de que podrían ser vulnerados los derechos de los trabajadores.

3.La empresa, al impugnar, sostiene que las comunicaciones enviadas por la empresa demandada carecen de la virtualidad para socavar el derecho fundamental a la huelga, dado que dichas alegaciones se sostienen con la aportación de dos SMS, tres email con el 90% de su texto oculto y la declaración de un testigo que fue admitido a pesar de manifestar, a preguntas del presidente de la Sala, que tenía interés en el resultado del pleito dada su condición de liberado del sindicato actor. Que la parte recurrente pretende que se lleve a cabo una valoración del material probatorio distinto al acogido por la Audiencia Nacional en su sentencia, pero la interpretación de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional no puede en ningún caso considerarse irrazonable o ilógica, sino que, al contrario, debería ser mantenida en sede casacional por cuanto que, como reiteradamente ha señalado la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (cita sentencias), "la interpretación de los contratos y demás negocios jurídicos es facultad privativa de los Tribunales de Instancia". En consecuencia, debe prevalecer la valoración e interpretación judicial de la Sala que considera que de la circunstancia examinada, no se deriva vulneración alguna al derecho de huelga.

TERCERO.- 1.El artículo 28.2 de la Constitución establece lo siguiente:

«Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad».

Por su ubicación sistemática se trata de un derecho fundamental y, remite al desarrollo legal la regulación de su ejercicio, que deberá contener la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. A pesar de haber transcurrido más de cuatro décadas desde la vigencia de la norma, no se ha dictado la ley orgánica a la que se refiere. Por consiguiente, la normativa aplicable es el Real Decreto ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo. Habrá de tenerse en cuenta, además, que la Sentencia del Tribunal Constitucional 11/1981, dictada en el recurso de inconstitucionalidad 192/1980, declaró inconstitucionales determinados preceptos de esta norma.

2.En nuestra STS 745/2025, de 18 de julio, Pleno (rec. 182/2023), pusimos de relieve que: «no cabe duda de que la huelga es el medio de presión más relevante que tienen los trabajadores frente a la empresa. Ahora bien, el derecho de huelga de los trabajadores debe ser proporcionado a las pretensiones que se deseen conseguir. Por este motivo, para garantizar el equilibrio entre el ejercicio del derecho de huelga y el daño que se le ocasiona al empresario, éste cuenta con determinados mecanismos de defensa frente a la huelga, contemplados en el ordenamiento jurídico, entre los que destacan, a los efectos que nos ocupan:

a) La continuación de la prestación de los servicios de seguridad de las personas y de las cosas y, de mantenimiento de los locales, maquinarias, instalaciones, materias primas y, cualquier otra atención necesaria para la reanudación de la actividad empresarial, tras la huelga.

b) El mantenimiento de los servicios mínimos en las empresas que desarrollan servicios esenciales para la comunidad».

3.Los servicios de seguridad los contempla el art. 6.7 del Real Decreto ley 17/1977, que dispone lo siguiente:

«El comité de huelga habrá de garantizar durante la misma la prestación de los servicios necesarios para la seguridad de las personas y de las cosas, mantenimiento de los locales, maquinaria, instalaciones, materias primas y cualquier otra atención que fuese precisa para la ulterior reanudación de las tareas de la empresa. Corresponde al empresario la designación de los trabajadores que deban efectuar dichos servicios».

Este párrafo 7º del artículo 6 del Real Decreto ley 17/1977 fue declarado parcialmente inconstitucional por la STC (Pleno) 11/1981, de 8 de abril (rec. 192/1980), en cuanto atribuía, de manera exclusiva, al empresario la facultad de designar los trabajadores que debían realizar los llamados servicios de seguridad. Por esta razón, el Tribunal Constitucional declaró que era inconstitucional el último inciso y que en la designación de los trabajadores que debían efectuar estos servicios debía participar el Comité de Huelga, afirmando en el fundamento jurídico vigésimo de la meritada sentencia lo siguiente: «La adopción de las medidas de seguridad no compete de manera exclusiva al empresario, sino que en ellas participa el comité de huelga, que es quien las garantiza, con la inevitable secuela de que la huelga en que el comité no preste esta participación podrá ser considerada como ilícita por abusiva».

4.Por su parte, los servicios mínimos vienen regulados en el artículo 10.2 del Real Decreto ley 17/1977 en los siguientes términos:

«Cuando la huelga se declare en empresas encargadas de la prestación de cualquier género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y concurran circunstancias de especial gravedad, la autoridad gubernativa podrá acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios. El Gobierno, asimismo, podrá adoptar a tales fines las medidas de intervención adecuadas».

Los servicios mínimos de la comunidad deben distinguirse, pues, de los servicios necesarios para la seguridad de las personas y de las cosas y, el mantenimiento de las instalaciones, locales, maquinarias y materias primas. Como declaró la STS de 14 de noviembre de 2012 (rcud 283/2011) y, más recientemente en la ya citada STS 745/2025, «la distinción es trascendente, ya que mediante la fijación de los servicios mínimos se pretende que la actividad productiva continúe, aunque limitadamente, durante la huelga; mientras que los servicios de seguridad y mantenimiento, aplicables a todas las empresas, pretenden que la actividad productiva pueda reanudarse al finalizar la huelga».

CUARTO.- 1.En el caso concreto, los hechos probados informan de lo siguiente:

a) El Sindicato CCOO convocó huelga desde las 00:00 horas del 9 de febrero de 2024 y hasta las 23:00 horas de ese mismo día estando llamados a secundarla todos los trabajadores y trabajadoras del Grupo Empresarial Renfe.

b) Hacia las 14:50 horas del 8 de febrero de 2024 se recibieron en los teléfonos corporativos del personal del Grupo Renfe destinados en distintas localidades, entre ellos Málaga, mensajes de texto SMS con el siguiente contenido: «Buenas tardes. Desconvocada huelga, se realizará servicio normal de gráfico». Los dispositivos a los que fue enviado este mensaje corporativo son propiedad de la empresa y para uso profesional. Las comunicaciones que se reciben son para indicar información útil para el desempeño de las funciones en el puesto de trabajo.

c) Hacia las 15:11 horas del 8 de febrero se enviaron correos electrónicos a los trabajadores en los que se disponía lo siguiente: «Buenas tardes ruego estar pendiente si hay huelga o se desconvoca esta noche por lo que te mando las dos hojas. Saludos».

d) La Gerencia Producción de Fuencarral de la empresa RENFE Viajeros SME, SA envió un correo electrónico al personal de conducción (maquinistas) del Área de Servicios Comerciales, residencia AVE Larga Distancia Madrid Fuencarral de Renfe Viajeros, en fecha 2 de febrero de 2024 11:42:39 AM cuyo asunto era "Convocada huelga el viernes 9 de febrero de 2024" con el siguiente contenido: «A la espera de la Orden Ministerial, en principio haréis (Carta de Servicios mediante):

1. El turno asignado por vuestro Cuadro de Servicio anual todos aquéllos que tengáis SSCC que no se supriman por la huelga y/o claves en que todos los trenes circulen.

2. Los que tengáis asignado ese día uno de los turnos siguientes por (a) no circular alguno de los trenes contenidos en la clave (sustituido por un Viajero sin Servicio en otro tren) o (b) ninguno de los trenes contenidos en la clave (sustituido por SSCC en Atocha o Chamartín en las mismas horas del turno) (...)

3. A todos aquéllos que tengáis una clave de reserva asignada por vuestro Cuadro de Servicio anual, el turno que se os asigne».

e) En la misma fecha de 2 de febrero de 2024, a las 12:55:42 horas, la Entidad Renfe Viajeros, ante la protesta efectuada por un trabajador, indicó, en relación al correo electrónico señalado en el apartado anterior, que «Este correo solo tenía una finalidad informativa no tiene ninguna intencionalidad de atentar contra el derecho a la huelga de los trabajadores, por lo que no tiene ningún efecto a la hora de nombrar servicio, cuando se disponga de las SSMM se informara a los trabajadores afectados».

f) El día 8 de febrero de 2024, a las 4:19:38 pm, la empresa Renfe Viajeros SME, SA envió a sus trabajadores/as un nuevo correo electrónico con el asunto "Hoja servicio conducción de Fuencarral del viernes 9 de febrero 2024", con los Servicios Mínimos para el día 9 de febrero. A las 4:39:13 pm se envió un nuevo correo electrónico con el asunto "Hoja servicio conducción de Fuencarral del viernes 9 de febrero 2024 (no huelga)" y con un nuevo gráfico, en este caso sin Servicios Mínimos. En el cuerpo de tal correo se incluye lo siguiente: «...se adjunta de nuevo hoja servicio conducción de Fuencarral del viernes 9 de febrero de 2024, pero en esta ocasión SIN huelga)».

2.Estamos ante un servicio de transporte vinculado a la satisfacción del derecho fundamental a la libertad de circulación establecido en el art. 19 de la CE, conforme al cual: «Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional público», de modo que en la convocatoria de la huelga en cuestión era precisa la fijación de servicios mínimos por parte de la autoridad gubernativa, ya que como hemos visto, el art. 28.2 de la CE, anteriormente transcrito, si bien reconoce el derecho de huelga, el mismo se halla limitado por el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad que, como tal, habrá de ser interpretado de forma restrictiva. Como declaró la STC 11/1981, de 8 de abril (rec 192/1980), en su fundamento jurídico 18º, este límite no vulnera el contenido esencial del derecho de huelga.

En tal sentido, cabe distinguir los mensajes que la empresa envió para el caso de una desconvocatoria de la huelga de los enviados para el caso de que la huelga no fuera desconvocada. En relación al primer supuesto, no cabe entender que los mismos resultasen confusos. Se trata de correos muy breves y asertivos en el sentido de que, en caso de desconvocatoria, los servicios a realizar debían ser los del gráfico y así lo puso de manifiesto la empresa en el correo del día 8 de febrero, a las 14:50, o en los correos electrónicos enviados el mismo día, a las 15:11 horas en los que se disponía lo siguiente: "Buenas tardes ruego estar pendiente si hay huelga o se desconvoca esta noche por lo que te mando las dos hojas. Saludos", lo que resulta justificado y razonable, en atención precisamente a que estamos ante una actividad esencial, siendo preciso designar los trabajadores que deberán prestar los servicios mínimos, previa fijación de estos por la autoridad gubernativa, de modo que nada impide que pueda transmitir a sus trabajadores que, en caso de desconvocatoria, deberán realizar los servicios previstos, para lo cual es lógico pedir que estén pendientes de una u otra situación, ya que ante la desconvocatoria, los servicios mínimos y los trabajadores designados para ellos decaen y, todos ellos deben prestar los servicios asignados previamente. De este modo, en relación a los SMS o los correos del día 8 de febrero de 2024, que se contienen en los hechos probados tercero y cuarto de la sentencia, los mismos no pueden considerarse que hayan infringido el derecho de huelga.

4.Respecto a los mensajes enviados por la empresa que se detallan en los ordinales quinto y sexto del apartado de hechos probados, se tratan de dos correos: uno, enviado por la Gerencia Producción de Fuencarral de la empresa Renfe Viajeros SME, SA al personal de conducción (maquinistas) del Área de Servicios Comerciales, residencia AVE Larga Distancia Madrid Fuencarral de Renfe Viajeros, en fecha 2 de febrero de 2024 11:42:39 AM cuyo asunto era "convocada huelga el viernes 9 de febrero de 2024" con el siguiente contenido:

«A la espera de la Orden Ministerial, en principio haréis (Carta de Servicios mediante):

1. El turno asignado por vuestro Cuadro de Servicio anual todos aquéllos que tengáis SSCC que no se supriman por la huelga y/o claves en que todos los trenes circulen.

2. Los que tengáis asignado ese día uno de los turnos siguientes por (a) no circular alguno de los trenes contenidos en la clave (sustituido por un Viajero sin Servicio en otro tren) o (b) ninguno de los trenes contenidos en la clave (sustituido por SSCC en Atocha o Chamartín en las mismas horas del turno) (...)

3. A todos aquéllos que tengáis una clave de reserva asignada por vuestro Cuadro de Servicio anual, el turno que se os asigne».

El segundo, es de la misma fecha de 2 de febrero de 2024, a las 12:55:42 horas, que la Entidad Renfe Viajeros remite ante la protesta efectuada por un trabajador, para explicar que el primero solo tenía finalidad informativa, no intención de menoscabar la huelga y, se añade al final que: «por lo que no tiene ningún efecto a la hora de nombrar servicio, cuando se disponga de las SSMM se informara a los trabajadores afectados».

5Del primer mensaje, se desprende que la empresa pretendía comunicar al personal de conducción (maquinistas), que harían el servicio asignado previamente en los cuadros de servicio, para el caso de que los mismos no fueran suprimidos, de modo que no trataba de fijar servicios mínimos, sino de comunicar que serían designados para realizarlos, así es que no puede afirmarse que la empresa pretendía presionar al personal de conducción para ejercer o no su derecho de huelga, sino simplemente adelantar en parte los criterios de designación de los trabajadores que deberían realizar los servicios mínimos, en ese momento todavía pendientes de fijar por el Ministerio. No constan circunstancias fácticas que permitan afirmar que la empresa pretendía ir más allá de lo exigido en la resolución administrativa, ya que inicia el correo diciendo: «A la espera de la Orden Ministerial, en principio haréis (Carta de Servicios mediante)[...]». Las expresiones utilizadas: "a la espera" y "en principio", indican el respeto, tanto a los servicios mínimos decretados por la autoridad gubernativa, como al derecho de huelga de los trabajadores a los que van destinadas dichas expresiones.

6.Nada impide que, existiendo un cuadro de servicio anual, el mismo sea utilizado para la designación de los trabajadores que deberán realizar el servicio, ya asignado previamente, si este no es suprimido por la huelga, que es lo que en definitiva se deduce de dicho correo, siempre y cuando ese modo de proceder no encubra una finalidad fraudulenta, como lo sería la destinada a asignar los servicios mínimos a quienes prevea razonablemente la empresa que van a adherirse a la huelga, como dijimos en nuestra STS 690/2025, de 3 de julio (rec. 205/2023): «Lo que sí le es exigible es que su decisión, además de estar guiada por criterios razonables de organización empresarial para dar efectiva cobertura a los servicios mínimos que son requeridos por la decisión administrativa, no incurra en una finalidad fraudulenta, destinada a asignar los servicios mínimos a quienes prevea razonablemente que van a adherirse a la huelga».

En la misma STS 690/2025, de 3 de julio (rec. 205/2023), también dijimos que: «[...] Lo que se pretende en el recurso es llevar la doctrina constitucional hasta el extremo de que, según la argumentación del sindicato recurrente, el contenido de la resolución administrativa sobre servicios mínimos alcanzase hasta la concreta organización del trabajo en la empresa y la designación nominativa de los trabajadores que hayan de cubrir los mismos. Ese argumento debe ser rechazado, no derivándose de la doctrina constitucional en que se pretende amparar.

Por el contrario las normas reguladoras del derecho de huelga y la doctrina constitucional y la de esta Sala parten (en el recurso se cita literalmente esa doctrina constitucional), de que una vez fijados los servicios mínimos por la autoridad administrativa es la empresa responsable del servicio afectada por la huelga la obligada a su cumplimiento, debiendo adoptar las medidas necesarias para ello, incluida la designación de los concretos trabajadores que hayan de prestarlos. Y esto es así hasta el punto de que, como hemos dicho en sentencias de esta Sala de 25 de junio de 2009, rec 126/2008 o 9 de junio de 2023, rec 263/2021, no puede imputarse a la empresa una vulneración del derecho de huelga cuando se limite a cumplir la orden de la autoridad gubernativa que fija los servicios mínimos. Salvo que la empresa haya participado activamente en la fijación del contenido de la resolución administrativa la eventual vulneración del derecho fundamental de huelga que pueda contener dicha orden gubernativa será imputable a la autoridad que la dictó y no a la empresa.

Las eventuales vulneraciones del derecho de huelga que puedan imputarse en esta fase a la empresa podrán por el contrario derivarse de la adopción por la misma de decisiones que fijen servicios mínimos y no encuentren cobertura en una resolución administrativa ( sentencia de esta Sala de 17 de marzo de 2021, rec 118/2019), decisiones que, aunque exista resolución administrativa de servicios mínimos, vayan más allá de lo permitido por esa resolución ( sentencias de esta Sala de 11 de julio de 1994, rec 2134/1993, 16 de marzo de 1998, rec 1884/1997 ó 27 de noviembre de 2017, rec 1/2017) o bien de irregularidades en la designación de los concretos trabajadores a los que priva del derecho de huelga con la finalidad de cubrir dichos servicios. Y aquí ya estamos en materia de la competencia de este orden jurisdiccional social ( artículo 3.d LRJS) ».

[...]

Efectivamente, existe una obligación de orden constitucional de minimización del impacto de las medidas adoptadas sobre el derecho constitucional afectado, de manera que, como se dijo en la sentencia de esta Sala de 25 de enero de 2010, rec 40/2009, si la empresa tiene conocimiento de qué trabajadores van a adherirse a la huelga y cuáles no, en ese caso ese deber de minimización de impacto la obligaría a designar para ocuparse de los servicios mínimos a quienes no fueran a adherirse a la huelga, permitiendo así que los que se quieran adherir lo hagan».

7.También en relación a la designación de los concretos trabajadores que hayan de cubrir los servicios mínimos, la STC 123/1990 dijo:

«La pertenencia a un sindicato, incluso al sindicato convocante, no es razón que pueda eximir a un trabajador de la designación y de la realización de unas tareas correspondientes a un servicio cuyo mantenimiento se considera esencial. No cabe negar que en determinadas circunstancias, en huelgas parciales o minoritarias de alguna duración el respeto al derecho de huelga puede llevar a dar preferencia para la realización de los servicios esenciales a los trabajadores que decidan libremente no sumarse a la huelga convocada. Sin embargo, esto no supone que pueda exigirse siempre y en todo caso a la empresa que excluya en principio de esos servicios a los trabajadores que deseen secundar la huelga. En la huelga que está en la base del presente caso, de muy breve duración, y en relación a una empresa de grandes dimensiones, resulta evidente que no existía ningún medio que permitiese a la dirección de la empresa conocer de antemano quiénes se iban a sumar o no a la huelga, para poder asignar preferentemente los servicios mínimos a los no huelguistas. Dado el ejercicio individualizado del derecho de huelga, la afiliación a un sindicato no es criterio útil para hacer una previsión cierta de qué trabajadores van a participar en la huelga convocada, que puede ser secundada también por trabajadores afiliados a otros sindicatos o por no afiliados, y que, al margen de los problemas de disciplina sindical interna, podría no ser secundada por trabajadores afiliados al sindicato convocante. Ha de rechazarse, en consecuencia, que la inclusión de los recurrentes dentro de los trabajadores obligados a realizar servicios mínimos hubiera tratado de afectar, o incluso hubiera afectado al desarrollo de la huelga, de un modo tal que fuera razonable la exigencia de la exclusión de los mismos en la realización de los servicios».

8.Por otro lado, la parte recurrente en ningún momento denuncia que la empresa ha pretendido fijar los servicios mínimos de antemano o que la designación de los trabajadores ha sido fraudulenta, sino que alude en su recurso a unos supuestos correos mencionados por su testigo en la vista oral, consciente por otro lado de que no puede incorporar el contenido de este testimonio al relato fáctico, en virtud de los cuáles la empresa pretendía asignar lo que denomina "turnos fantasmas". Sostiene así la parte recurrente que, en ellos, la empresa se dirigió a los conductores que estuviesen en trenes afectados por los servicios mínimos, para decirles que se les grafiaría (adjudicaría) a otro tren en servicio, pero, nada tiene que ver esta alegación, no probada, con lo que consta acreditada en el ordinal quinto, incurriendo pues la parte en hacer supuesto de la cuestión, al partir de hechos no expresamente probados.

9.Por lo que se refiere al correo de 8 de febrero al que alude el ordinal séptimo de los probados, enviado a las 4:19:38 pm, por la empresa Renfe Viajeros SME SA a sus trabajadores/as con el asunto "Hoja servicio conducción de Fuencarral del viernes 9 de febrero 2024", con los Servicios Mínimos para el día 9 de febrero y, otro a las 4:39:13 pm con el asunto "Hoja servicio conducción de Fuencarral del viernes 9 de febrero 2024 (no huelga)" y con un nuevo gráfico, en este caso sin Servicios Mínimos, en cuyo cuerpo se incluye lo siguiente: «...se adjunta de nuevo hoja servicio conducción de Fuencarral del viernes 9 de febrero de 2024, pero en esta ocasión SIN huelga)», del mismo no se evidencia que la empresa pretendiese excederse de lo resuelto por la autoridad gubernativa, sino tan solo organizar el servicio con o sin huelga, ya que el mismo debía prestarse de un modo u otro, bien con servicios mínimos, bien sin ellos y, para uno u otro caso, la empresa es la responsable del servicio afectado por la huelga, debiendo adoptar las medidas necesarias para ello, incluida la designación de los concretos trabajadores que hayan de prestarlos. Nada se dice en el recurso sobre que la elección de los trabajadores designados fuera funcionalmente inadecuada ni que se omitiera una consulta o información con los representantes de los trabajadores y, en particular, con los sindicatos convocantes de la huelga o con el comité de huelga, en términos como los resueltos en la sentencia de esta Sala 273/2023, de 13 de abril (rec. 217/2021) ni tampoco se acredita la utilización abusiva del poder de dirección empresarial cuando se está ejerciendo aquel derecho ( SSTC 123/1992, de 28 de septiembre, 66/2002, de 21 de marzo, y 33/2011, de 28 de marzo, y las SSTS 237/2016, de 18 de marzo (rec. 78/2015) y 499/2021, de 6 de mayo (rcud 4975/2018).

QUINTO.- 1.Lo anteriormente razonado, oído el Ministerio Fiscal, obliga a desestimar el recurso presentado.

2.De conformidad con el artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social no se hace expresa imposición de costas, debiendo asumir cada parte las causadas a su instancia.

PRIMERO.- 1.La cuestión suscitada en el presente procedimiento de conflicto colectivo radica en determinar si la empresa demandada ha vulnerado el derecho fundamental de huelga de los trabajadores de la misma, así como ha vulnerado el derecho fundamental a la libertad sindical del sindicato CCOO demandante, ocasionada por el envío de mensajes y correos electrónicos corporativos, al colectivo convocado a la huelga, durante los días previos a esta.

2.El sindicato CCOO interpuso demanda de conflicto frente al Grupo empresarial RENFE en la que solicitaba que se declarase la vulneración del derecho a la libertad sindical del sindicato y del derecho de huelga de los trabajadores de la empresa. Solicita, además, una indemnización de 30.000 euros, la que fue ampliada hasta 80.000 euros en virtud de escrito de ampliación de su demanda.

3.La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional dictó sentencia en fecha 29 de mayo de 2024, en autos 87/2024, desestimando la demanda y absolviendo a la parte demandada de los pedimentos de la demanda y, todo ello, sin costas.

4.Frente a dicha resolución judicial se ha interpuesto recurso de casación ordinario por la parte demandante, al amparo del art. 207 e) de la LRJS por infracción de los arts. 13 y 10 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, art. 183.1 y 2 de la LRJS y art. 28.2 de la Constitución Española.

5.El recurso ha sido impugnado por la parte demandada quién realiza las alegaciones que se pondrán de manifiesto con ocasión de la resolución del motivo único de este recurso.

6.El Ministerio Fiscal de la AN informó en el sentido de una estimación parcial del recurso de casación interpuesto, por considerar que existe una vulneración del derecho fundamental de huelga ( art. 28.2 CE) , por injerencia empresarial restrictiva e ilegítima ocasionada por el envío masivo y sucesivo de mensajes y correos electrónicos corporativos al colectivo convocado a la huelga durante los días previos a esta de contenido equívoco y confuso, e indicativos de los servicios que habrían de prestar en caso de ser o no desconvocada y sin esperar al dictado de resolución que fije servicios mínimos, sin amparo legal y excediendo de las facultades empresariales de dirección y organización, con el consiguiente y lógico efecto, de por sí, de desmotivación y desmovilización entre los huelguistas, sin que se haya aportado ni probado una justificación suficiente, objetiva y razonable, así como la condena al pago de indemnización reparadora y disuasoria por daños morales de 751 euros.

7.El Fiscal del Tribunal Supremo comparte el criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y, señala que de los inalterados hechos probados de la sentencia se aprecia que la empresa, sin ninguna justificación razonable, remitió reiteradamente a todos los trabajadores convocados a la huelga una serie de correos electrónicos y mensajes advirtiendo de manera confusa los servicios que tendrían que prestar durante la huelga y todo ello con anterioridad a la concreta fijación de los servicios mínimos. Añade que este insistente comportamiento empresarial se presenta como un modo inequívoco de presión a los trabajadores para que desistan de la convocatoria y participación en la huelga y demuestra un claro exceso -sin amparo legal- en las facultades de dirección y organización. Concluye que esta conducta empresarial constituye una vulneración en el ejercicio del derecho de huelga y el recurso debe ser estimado parcialmente en este punto. En cuanto a la indemnización solicitada y siguiendo las alegaciones expuestas por el Fiscal de la Audiencia Nacional esta debe fijarse en 791 euros (se trata de error material, la cantidad es de 751 euros).

SEGUNDO.- 1.Como se ha anticipado, la parte demandada ha interpuesto recurso de casación con amparo en el art. 207 e) de la LRJS por infracción de los arts. 13 y 10 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, art. 183.1 y 2 de la LRJS y art. 28.2 de la Constitución.

2.La parte recurrente alega que la empresa no aportó absolutamente ningún medio de prueba documental, tan solo propuso prueba testifical de dos personas, siendo admitida una, de cuya palabra no duda, al afirmar dicho testigo en la vista oral que desde la Dirección General de Recursos Humanos no se dieron órdenes del envío de los mensajes que se aportaron y que en ningún momento tuvieron intención de atentar contra el derecho de huelga del sindicato y de las personas convocadas a la huelga. Sin embargo, añade que, el hecho de que no hubiera esas instrucciones por parte de la superioridad no elimina el hecho de que los mensajes existieron y fueron enviados. Así, pone en valor el SMS que se envió el día previo a la huelga que dice: "Desconvocada huelga, se realizará servicio normal de gráfico". A juicio de la recurrente, se podía haber escrito mucho mejor, por ejemplo "Si se desconvoca la huelga se realizará el servicio normal del gráfico" o de alguna otra manera que no diera lugar a interpretaciones, sobre todo, lo que iban a interpretar aquellas personas trabajadoras que recibieron en su móvil corporativo este mensaje, porque, aun cuando la interpretación correcta fuera la de la sentencia, ya de por sí habría unos indicios de vulneración del derecho de huelga, pues se estarían enviando mensajes confusos al personal, lo que puede dar lugar a la desmovilización y desmotivación de quien recibe los mismos. A continuación, dice que no comparte la interpretación de la sentencia, pues en el idioma castellano el futuro simple (realizará) implica certeza, por lo que en caso de tratarse de una hipótesis de desconvocatoria como sostiene la sentencia se tendría que haber utilizado el condicional simple (realizaría).

Tampoco comparte el criterio de la Sala de instancia a la hora de conectar cronológicamente ese SMS de las 14,50 horas del día 8 de febrero de 2024 con los correos electrónicos de las 15:11 horas del mismo día para validar su interpretación, ya que los SMS se recibieron en la zona sur, como explicó el testigo, en concreto en Málaga (minuto 17 en delante de la grabación), mientras que los correos electrónicos son de Fuencarral (Madrid) y, por ello, estos últimos no pueden servir como argumento para hilvanar unos y otros en la tesis sostenida por la sentencia conforme a la cual en el SMS de las 14,50 no se afirma la desconvocatoria de huelga y se ordena la realización de los servicios del gráfico, sino que se informa de que en el supuesto de desconvocarse la huelga, los servicios a realizar serán los del citado gráfico y, que tal interpretación viene, además, corroborada según la sentencia recurrida por el hecho de que, posteriormente, sobre las 15:11 horas del mismo día, se remitieron correos electrónicos a los trabajadores en los que se les instaba a estar pendientes del mantenimiento de la huelga o de su desconvocatoria durante la noche de ese día, siendo el elemento cronológico relevante para la Sala de instancia, pues según concluye no cabe hablar de la existencia de un anuncio de desconvocatoria falso cuando consta que la empresa informa de los posibles servicios para el caso de mantenimiento de la huelga.

Por último, la parte recurrente alude a lo que declaró su testigo en el minuto 18 de la grabación de la vista, aunque aclara que no pide la revisión de los hechos probados, en relación a los correos remitidos al personal de conducción (maquinistas), en los que se informa de que se está a la espera del dictado de servicios mínimos por parte de la autoridad gubernativa, y de que aquellos conductores que estén en trenes afectados por los servicios mínimos se les grafiará (adjudicará) a otro tren en servicio, esto es, que se les pondrá en un tren que no hace falta y habrá dos trabajadores en donde solo hace falta uno, lo que, a juicio de la parte recurrente, posiblemente trataba de evitar los efectos de un seguimiento inesperado por parte de un conductor, lo que indica que se le adjudica un turno fantasma y de ahí que uno de los destinatarios del correo se quejara de que podrían ser vulnerados los derechos de los trabajadores.

3.La empresa, al impugnar, sostiene que las comunicaciones enviadas por la empresa demandada carecen de la virtualidad para socavar el derecho fundamental a la huelga, dado que dichas alegaciones se sostienen con la aportación de dos SMS, tres email con el 90% de su texto oculto y la declaración de un testigo que fue admitido a pesar de manifestar, a preguntas del presidente de la Sala, que tenía interés en el resultado del pleito dada su condición de liberado del sindicato actor. Que la parte recurrente pretende que se lleve a cabo una valoración del material probatorio distinto al acogido por la Audiencia Nacional en su sentencia, pero la interpretación de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional no puede en ningún caso considerarse irrazonable o ilógica, sino que, al contrario, debería ser mantenida en sede casacional por cuanto que, como reiteradamente ha señalado la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (cita sentencias), "la interpretación de los contratos y demás negocios jurídicos es facultad privativa de los Tribunales de Instancia". En consecuencia, debe prevalecer la valoración e interpretación judicial de la Sala que considera que de la circunstancia examinada, no se deriva vulneración alguna al derecho de huelga.

TERCERO.- 1.El artículo 28.2 de la Constitución establece lo siguiente:

«Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad».

Por su ubicación sistemática se trata de un derecho fundamental y, remite al desarrollo legal la regulación de su ejercicio, que deberá contener la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. A pesar de haber transcurrido más de cuatro décadas desde la vigencia de la norma, no se ha dictado la ley orgánica a la que se refiere. Por consiguiente, la normativa aplicable es el Real Decreto ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo. Habrá de tenerse en cuenta, además, que la Sentencia del Tribunal Constitucional 11/1981, dictada en el recurso de inconstitucionalidad 192/1980, declaró inconstitucionales determinados preceptos de esta norma.

2.En nuestra STS 745/2025, de 18 de julio, Pleno (rec. 182/2023), pusimos de relieve que: «no cabe duda de que la huelga es el medio de presión más relevante que tienen los trabajadores frente a la empresa. Ahora bien, el derecho de huelga de los trabajadores debe ser proporcionado a las pretensiones que se deseen conseguir. Por este motivo, para garantizar el equilibrio entre el ejercicio del derecho de huelga y el daño que se le ocasiona al empresario, éste cuenta con determinados mecanismos de defensa frente a la huelga, contemplados en el ordenamiento jurídico, entre los que destacan, a los efectos que nos ocupan:

a) La continuación de la prestación de los servicios de seguridad de las personas y de las cosas y, de mantenimiento de los locales, maquinarias, instalaciones, materias primas y, cualquier otra atención necesaria para la reanudación de la actividad empresarial, tras la huelga.

b) El mantenimiento de los servicios mínimos en las empresas que desarrollan servicios esenciales para la comunidad».

3.Los servicios de seguridad los contempla el art. 6.7 del Real Decreto ley 17/1977, que dispone lo siguiente:

«El comité de huelga habrá de garantizar durante la misma la prestación de los servicios necesarios para la seguridad de las personas y de las cosas, mantenimiento de los locales, maquinaria, instalaciones, materias primas y cualquier otra atención que fuese precisa para la ulterior reanudación de las tareas de la empresa. Corresponde al empresario la designación de los trabajadores que deban efectuar dichos servicios».

Este párrafo 7º del artículo 6 del Real Decreto ley 17/1977 fue declarado parcialmente inconstitucional por la STC (Pleno) 11/1981, de 8 de abril (rec. 192/1980), en cuanto atribuía, de manera exclusiva, al empresario la facultad de designar los trabajadores que debían realizar los llamados servicios de seguridad. Por esta razón, el Tribunal Constitucional declaró que era inconstitucional el último inciso y que en la designación de los trabajadores que debían efectuar estos servicios debía participar el Comité de Huelga, afirmando en el fundamento jurídico vigésimo de la meritada sentencia lo siguiente: «La adopción de las medidas de seguridad no compete de manera exclusiva al empresario, sino que en ellas participa el comité de huelga, que es quien las garantiza, con la inevitable secuela de que la huelga en que el comité no preste esta participación podrá ser considerada como ilícita por abusiva».

4.Por su parte, los servicios mínimos vienen regulados en el artículo 10.2 del Real Decreto ley 17/1977 en los siguientes términos:

«Cuando la huelga se declare en empresas encargadas de la prestación de cualquier género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y concurran circunstancias de especial gravedad, la autoridad gubernativa podrá acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios. El Gobierno, asimismo, podrá adoptar a tales fines las medidas de intervención adecuadas».

Los servicios mínimos de la comunidad deben distinguirse, pues, de los servicios necesarios para la seguridad de las personas y de las cosas y, el mantenimiento de las instalaciones, locales, maquinarias y materias primas. Como declaró la STS de 14 de noviembre de 2012 (rcud 283/2011) y, más recientemente en la ya citada STS 745/2025, «la distinción es trascendente, ya que mediante la fijación de los servicios mínimos se pretende que la actividad productiva continúe, aunque limitadamente, durante la huelga; mientras que los servicios de seguridad y mantenimiento, aplicables a todas las empresas, pretenden que la actividad productiva pueda reanudarse al finalizar la huelga».

CUARTO.- 1.En el caso concreto, los hechos probados informan de lo siguiente:

a) El Sindicato CCOO convocó huelga desde las 00:00 horas del 9 de febrero de 2024 y hasta las 23:00 horas de ese mismo día estando llamados a secundarla todos los trabajadores y trabajadoras del Grupo Empresarial Renfe.

b) Hacia las 14:50 horas del 8 de febrero de 2024 se recibieron en los teléfonos corporativos del personal del Grupo Renfe destinados en distintas localidades, entre ellos Málaga, mensajes de texto SMS con el siguiente contenido: «Buenas tardes. Desconvocada huelga, se realizará servicio normal de gráfico». Los dispositivos a los que fue enviado este mensaje corporativo son propiedad de la empresa y para uso profesional. Las comunicaciones que se reciben son para indicar información útil para el desempeño de las funciones en el puesto de trabajo.

c) Hacia las 15:11 horas del 8 de febrero se enviaron correos electrónicos a los trabajadores en los que se disponía lo siguiente: «Buenas tardes ruego estar pendiente si hay huelga o se desconvoca esta noche por lo que te mando las dos hojas. Saludos».

d) La Gerencia Producción de Fuencarral de la empresa RENFE Viajeros SME, SA envió un correo electrónico al personal de conducción (maquinistas) del Área de Servicios Comerciales, residencia AVE Larga Distancia Madrid Fuencarral de Renfe Viajeros, en fecha 2 de febrero de 2024 11:42:39 AM cuyo asunto era "Convocada huelga el viernes 9 de febrero de 2024" con el siguiente contenido: «A la espera de la Orden Ministerial, en principio haréis (Carta de Servicios mediante):

1. El turno asignado por vuestro Cuadro de Servicio anual todos aquéllos que tengáis SSCC que no se supriman por la huelga y/o claves en que todos los trenes circulen.

2. Los que tengáis asignado ese día uno de los turnos siguientes por (a) no circular alguno de los trenes contenidos en la clave (sustituido por un Viajero sin Servicio en otro tren) o (b) ninguno de los trenes contenidos en la clave (sustituido por SSCC en Atocha o Chamartín en las mismas horas del turno) (...)

3. A todos aquéllos que tengáis una clave de reserva asignada por vuestro Cuadro de Servicio anual, el turno que se os asigne».

e) En la misma fecha de 2 de febrero de 2024, a las 12:55:42 horas, la Entidad Renfe Viajeros, ante la protesta efectuada por un trabajador, indicó, en relación al correo electrónico señalado en el apartado anterior, que «Este correo solo tenía una finalidad informativa no tiene ninguna intencionalidad de atentar contra el derecho a la huelga de los trabajadores, por lo que no tiene ningún efecto a la hora de nombrar servicio, cuando se disponga de las SSMM se informara a los trabajadores afectados».

f) El día 8 de febrero de 2024, a las 4:19:38 pm, la empresa Renfe Viajeros SME, SA envió a sus trabajadores/as un nuevo correo electrónico con el asunto "Hoja servicio conducción de Fuencarral del viernes 9 de febrero 2024", con los Servicios Mínimos para el día 9 de febrero. A las 4:39:13 pm se envió un nuevo correo electrónico con el asunto "Hoja servicio conducción de Fuencarral del viernes 9 de febrero 2024 (no huelga)" y con un nuevo gráfico, en este caso sin Servicios Mínimos. En el cuerpo de tal correo se incluye lo siguiente: «...se adjunta de nuevo hoja servicio conducción de Fuencarral del viernes 9 de febrero de 2024, pero en esta ocasión SIN huelga)».

2.Estamos ante un servicio de transporte vinculado a la satisfacción del derecho fundamental a la libertad de circulación establecido en el art. 19 de la CE, conforme al cual: «Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional público», de modo que en la convocatoria de la huelga en cuestión era precisa la fijación de servicios mínimos por parte de la autoridad gubernativa, ya que como hemos visto, el art. 28.2 de la CE, anteriormente transcrito, si bien reconoce el derecho de huelga, el mismo se halla limitado por el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad que, como tal, habrá de ser interpretado de forma restrictiva. Como declaró la STC 11/1981, de 8 de abril (rec 192/1980), en su fundamento jurídico 18º, este límite no vulnera el contenido esencial del derecho de huelga.

En tal sentido, cabe distinguir los mensajes que la empresa envió para el caso de una desconvocatoria de la huelga de los enviados para el caso de que la huelga no fuera desconvocada. En relación al primer supuesto, no cabe entender que los mismos resultasen confusos. Se trata de correos muy breves y asertivos en el sentido de que, en caso de desconvocatoria, los servicios a realizar debían ser los del gráfico y así lo puso de manifiesto la empresa en el correo del día 8 de febrero, a las 14:50, o en los correos electrónicos enviados el mismo día, a las 15:11 horas en los que se disponía lo siguiente: "Buenas tardes ruego estar pendiente si hay huelga o se desconvoca esta noche por lo que te mando las dos hojas. Saludos", lo que resulta justificado y razonable, en atención precisamente a que estamos ante una actividad esencial, siendo preciso designar los trabajadores que deberán prestar los servicios mínimos, previa fijación de estos por la autoridad gubernativa, de modo que nada impide que pueda transmitir a sus trabajadores que, en caso de desconvocatoria, deberán realizar los servicios previstos, para lo cual es lógico pedir que estén pendientes de una u otra situación, ya que ante la desconvocatoria, los servicios mínimos y los trabajadores designados para ellos decaen y, todos ellos deben prestar los servicios asignados previamente. De este modo, en relación a los SMS o los correos del día 8 de febrero de 2024, que se contienen en los hechos probados tercero y cuarto de la sentencia, los mismos no pueden considerarse que hayan infringido el derecho de huelga.

4.Respecto a los mensajes enviados por la empresa que se detallan en los ordinales quinto y sexto del apartado de hechos probados, se tratan de dos correos: uno, enviado por la Gerencia Producción de Fuencarral de la empresa Renfe Viajeros SME, SA al personal de conducción (maquinistas) del Área de Servicios Comerciales, residencia AVE Larga Distancia Madrid Fuencarral de Renfe Viajeros, en fecha 2 de febrero de 2024 11:42:39 AM cuyo asunto era "convocada huelga el viernes 9 de febrero de 2024" con el siguiente contenido:

«A la espera de la Orden Ministerial, en principio haréis (Carta de Servicios mediante):

1. El turno asignado por vuestro Cuadro de Servicio anual todos aquéllos que tengáis SSCC que no se supriman por la huelga y/o claves en que todos los trenes circulen.

2. Los que tengáis asignado ese día uno de los turnos siguientes por (a) no circular alguno de los trenes contenidos en la clave (sustituido por un Viajero sin Servicio en otro tren) o (b) ninguno de los trenes contenidos en la clave (sustituido por SSCC en Atocha o Chamartín en las mismas horas del turno) (...)

3. A todos aquéllos que tengáis una clave de reserva asignada por vuestro Cuadro de Servicio anual, el turno que se os asigne».

El segundo, es de la misma fecha de 2 de febrero de 2024, a las 12:55:42 horas, que la Entidad Renfe Viajeros remite ante la protesta efectuada por un trabajador, para explicar que el primero solo tenía finalidad informativa, no intención de menoscabar la huelga y, se añade al final que: «por lo que no tiene ningún efecto a la hora de nombrar servicio, cuando se disponga de las SSMM se informara a los trabajadores afectados».

5Del primer mensaje, se desprende que la empresa pretendía comunicar al personal de conducción (maquinistas), que harían el servicio asignado previamente en los cuadros de servicio, para el caso de que los mismos no fueran suprimidos, de modo que no trataba de fijar servicios mínimos, sino de comunicar que serían designados para realizarlos, así es que no puede afirmarse que la empresa pretendía presionar al personal de conducción para ejercer o no su derecho de huelga, sino simplemente adelantar en parte los criterios de designación de los trabajadores que deberían realizar los servicios mínimos, en ese momento todavía pendientes de fijar por el Ministerio. No constan circunstancias fácticas que permitan afirmar que la empresa pretendía ir más allá de lo exigido en la resolución administrativa, ya que inicia el correo diciendo: «A la espera de la Orden Ministerial, en principio haréis (Carta de Servicios mediante)[...]». Las expresiones utilizadas: "a la espera" y "en principio", indican el respeto, tanto a los servicios mínimos decretados por la autoridad gubernativa, como al derecho de huelga de los trabajadores a los que van destinadas dichas expresiones.

6.Nada impide que, existiendo un cuadro de servicio anual, el mismo sea utilizado para la designación de los trabajadores que deberán realizar el servicio, ya asignado previamente, si este no es suprimido por la huelga, que es lo que en definitiva se deduce de dicho correo, siempre y cuando ese modo de proceder no encubra una finalidad fraudulenta, como lo sería la destinada a asignar los servicios mínimos a quienes prevea razonablemente la empresa que van a adherirse a la huelga, como dijimos en nuestra STS 690/2025, de 3 de julio (rec. 205/2023): «Lo que sí le es exigible es que su decisión, además de estar guiada por criterios razonables de organización empresarial para dar efectiva cobertura a los servicios mínimos que son requeridos por la decisión administrativa, no incurra en una finalidad fraudulenta, destinada a asignar los servicios mínimos a quienes prevea razonablemente que van a adherirse a la huelga».

En la misma STS 690/2025, de 3 de julio (rec. 205/2023), también dijimos que: «[...] Lo que se pretende en el recurso es llevar la doctrina constitucional hasta el extremo de que, según la argumentación del sindicato recurrente, el contenido de la resolución administrativa sobre servicios mínimos alcanzase hasta la concreta organización del trabajo en la empresa y la designación nominativa de los trabajadores que hayan de cubrir los mismos. Ese argumento debe ser rechazado, no derivándose de la doctrina constitucional en que se pretende amparar.

Por el contrario las normas reguladoras del derecho de huelga y la doctrina constitucional y la de esta Sala parten (en el recurso se cita literalmente esa doctrina constitucional), de que una vez fijados los servicios mínimos por la autoridad administrativa es la empresa responsable del servicio afectada por la huelga la obligada a su cumplimiento, debiendo adoptar las medidas necesarias para ello, incluida la designación de los concretos trabajadores que hayan de prestarlos. Y esto es así hasta el punto de que, como hemos dicho en sentencias de esta Sala de 25 de junio de 2009, rec 126/2008 o 9 de junio de 2023, rec 263/2021, no puede imputarse a la empresa una vulneración del derecho de huelga cuando se limite a cumplir la orden de la autoridad gubernativa que fija los servicios mínimos. Salvo que la empresa haya participado activamente en la fijación del contenido de la resolución administrativa la eventual vulneración del derecho fundamental de huelga que pueda contener dicha orden gubernativa será imputable a la autoridad que la dictó y no a la empresa.

Las eventuales vulneraciones del derecho de huelga que puedan imputarse en esta fase a la empresa podrán por el contrario derivarse de la adopción por la misma de decisiones que fijen servicios mínimos y no encuentren cobertura en una resolución administrativa ( sentencia de esta Sala de 17 de marzo de 2021, rec 118/2019), decisiones que, aunque exista resolución administrativa de servicios mínimos, vayan más allá de lo permitido por esa resolución ( sentencias de esta Sala de 11 de julio de 1994, rec 2134/1993, 16 de marzo de 1998, rec 1884/1997 ó 27 de noviembre de 2017, rec 1/2017) o bien de irregularidades en la designación de los concretos trabajadores a los que priva del derecho de huelga con la finalidad de cubrir dichos servicios. Y aquí ya estamos en materia de la competencia de este orden jurisdiccional social ( artículo 3.d LRJS) ».

[...]

Efectivamente, existe una obligación de orden constitucional de minimización del impacto de las medidas adoptadas sobre el derecho constitucional afectado, de manera que, como se dijo en la sentencia de esta Sala de 25 de enero de 2010, rec 40/2009, si la empresa tiene conocimiento de qué trabajadores van a adherirse a la huelga y cuáles no, en ese caso ese deber de minimización de impacto la obligaría a designar para ocuparse de los servicios mínimos a quienes no fueran a adherirse a la huelga, permitiendo así que los que se quieran adherir lo hagan».

7.También en relación a la designación de los concretos trabajadores que hayan de cubrir los servicios mínimos, la STC 123/1990 dijo:

«La pertenencia a un sindicato, incluso al sindicato convocante, no es razón que pueda eximir a un trabajador de la designación y de la realización de unas tareas correspondientes a un servicio cuyo mantenimiento se considera esencial. No cabe negar que en determinadas circunstancias, en huelgas parciales o minoritarias de alguna duración el respeto al derecho de huelga puede llevar a dar preferencia para la realización de los servicios esenciales a los trabajadores que decidan libremente no sumarse a la huelga convocada. Sin embargo, esto no supone que pueda exigirse siempre y en todo caso a la empresa que excluya en principio de esos servicios a los trabajadores que deseen secundar la huelga. En la huelga que está en la base del presente caso, de muy breve duración, y en relación a una empresa de grandes dimensiones, resulta evidente que no existía ningún medio que permitiese a la dirección de la empresa conocer de antemano quiénes se iban a sumar o no a la huelga, para poder asignar preferentemente los servicios mínimos a los no huelguistas. Dado el ejercicio individualizado del derecho de huelga, la afiliación a un sindicato no es criterio útil para hacer una previsión cierta de qué trabajadores van a participar en la huelga convocada, que puede ser secundada también por trabajadores afiliados a otros sindicatos o por no afiliados, y que, al margen de los problemas de disciplina sindical interna, podría no ser secundada por trabajadores afiliados al sindicato convocante. Ha de rechazarse, en consecuencia, que la inclusión de los recurrentes dentro de los trabajadores obligados a realizar servicios mínimos hubiera tratado de afectar, o incluso hubiera afectado al desarrollo de la huelga, de un modo tal que fuera razonable la exigencia de la exclusión de los mismos en la realización de los servicios».

8.Por otro lado, la parte recurrente en ningún momento denuncia que la empresa ha pretendido fijar los servicios mínimos de antemano o que la designación de los trabajadores ha sido fraudulenta, sino que alude en su recurso a unos supuestos correos mencionados por su testigo en la vista oral, consciente por otro lado de que no puede incorporar el contenido de este testimonio al relato fáctico, en virtud de los cuáles la empresa pretendía asignar lo que denomina "turnos fantasmas". Sostiene así la parte recurrente que, en ellos, la empresa se dirigió a los conductores que estuviesen en trenes afectados por los servicios mínimos, para decirles que se les grafiaría (adjudicaría) a otro tren en servicio, pero, nada tiene que ver esta alegación, no probada, con lo que consta acreditada en el ordinal quinto, incurriendo pues la parte en hacer supuesto de la cuestión, al partir de hechos no expresamente probados.

9.Por lo que se refiere al correo de 8 de febrero al que alude el ordinal séptimo de los probados, enviado a las 4:19:38 pm, por la empresa Renfe Viajeros SME SA a sus trabajadores/as con el asunto "Hoja servicio conducción de Fuencarral del viernes 9 de febrero 2024", con los Servicios Mínimos para el día 9 de febrero y, otro a las 4:39:13 pm con el asunto "Hoja servicio conducción de Fuencarral del viernes 9 de febrero 2024 (no huelga)" y con un nuevo gráfico, en este caso sin Servicios Mínimos, en cuyo cuerpo se incluye lo siguiente: «...se adjunta de nuevo hoja servicio conducción de Fuencarral del viernes 9 de febrero de 2024, pero en esta ocasión SIN huelga)», del mismo no se evidencia que la empresa pretendiese excederse de lo resuelto por la autoridad gubernativa, sino tan solo organizar el servicio con o sin huelga, ya que el mismo debía prestarse de un modo u otro, bien con servicios mínimos, bien sin ellos y, para uno u otro caso, la empresa es la responsable del servicio afectado por la huelga, debiendo adoptar las medidas necesarias para ello, incluida la designación de los concretos trabajadores que hayan de prestarlos. Nada se dice en el recurso sobre que la elección de los trabajadores designados fuera funcionalmente inadecuada ni que se omitiera una consulta o información con los representantes de los trabajadores y, en particular, con los sindicatos convocantes de la huelga o con el comité de huelga, en términos como los resueltos en la sentencia de esta Sala 273/2023, de 13 de abril (rec. 217/2021) ni tampoco se acredita la utilización abusiva del poder de dirección empresarial cuando se está ejerciendo aquel derecho ( SSTC 123/1992, de 28 de septiembre, 66/2002, de 21 de marzo, y 33/2011, de 28 de marzo, y las SSTS 237/2016, de 18 de marzo (rec. 78/2015) y 499/2021, de 6 de mayo (rcud 4975/2018).

QUINTO.- 1.Lo anteriormente razonado, oído el Ministerio Fiscal, obliga a desestimar el recurso presentado.

2.De conformidad con el artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social no se hace expresa imposición de costas, debiendo asumir cada parte las causadas a su instancia.