Sentencia Social 492/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 2189/2025 de 20 de mayo del 2026

PRIMERO.-Con fecha 31 de julio de 2024, el Juzgado de lo Social núm. 1 de Las Palmas de Gran Canaria, dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: «FALLO: ESTIMAR la demanda de despido interpuesta por Blas contra FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. y FOGASA, declarando IMPROCEDENTE el cese efectuado por la empresa demandada a la parte actora; en su virtud, debo condenar y condeno a la expresada empresa demandada a que readmita a la parte actora en el mismo puesto y condiciones de trabajo que regían antes del despido o la indemnice en la cantidad de 501.992,48€; dicha opción deberá ser ejercitada en el plazo de 5 días desde la notificación de esta sentencia; para el caso en que la demandada no ejercite ningún tipo de opción de forma expresa, se entenderá que procede la readmisión; y para el caso que opte por la readmisión, debo condenar y condeno a la demandada a que, además, abone a la parte actora el importe de los salarios de tramitación devengados desde el 30/01/24 hasta la notificación de la presente, a razón de 473,02€ día; DESESTIMAR la demanda de extinción contractual, absolviendo a los demandados de los pedimentos efectuados en su contra, y ESTIMAR la demandada de cantidad, CONDENANDO a FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A., a que abone a la actora en concepto de los salarios indicados en e! hecho 9º de la presente la cantidad de 16.082€, más el 10% de interés anual por mora; debiendo el FOGASA estar y pasar por dicho pronunciamiento».

En dicha sentencia se declararon probados los siguientes hechos:

«PRIMERO.- El actor ha venido prestando servicios por cuenta y bajo la dependencia de la demandada, desde el 1 de agosto de 1988 (antigüedad a todos los efectos), contratación indefinida a tiempo completo, y bajo la categoría profesional de DIRECTOR DE DEPARTAMENTO, realizando funciones de gerente de obras, siendo su horario de trabajo el comprendido de 8 a 14 y de 16 a 18.30 horas, de lunes a viernes, aun cuando el mismo, por las responsabilidades de su cargo, resulta variable.

El demandante percibe un salario anual que asciende a 170.286,07 euros brutos, lo que equivale a un salario día de 473,02 euros brutos, con prorrata de pagas extraordinarias incluida.

SEGUNDO.- En fecha 3 de agosto de 2023, la demandada comunica al actor la suspensión cautelar de empleo, no de sueldo.

"(...) la Empresa procede a comunicarle que se ha adoptado la decisión de suspenderle cautelarmente de empleo y funciones como empleado de la misma, decisión que será efectiva desde el momento en que se le entrega el presente escrito y surtirá efectos hasta nueva comunicación.

La indicada decisión de suspensión cautelar de empleo y funciones viene motivada por el conocimiento que ha tenido la Empresa de! escrito presentado por Ud. en el procedimiento abreviado 75/2011 seguido ante la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria el 13 de abril de 2023, en el que muestra su conformidad con los hechos objeto de acusación por parte del Ministerio Público. Al no conocerse aún el alcance final de dicho escrito y su contenido mientras no finalice el procedimiento, es por lo que se ha adoptado la presente decisión.

La suspensión cautelar de empleo y funciones que por medio de la presente se le comunica no afectará en modo alguno a su retribución, puesto que seguirá percibiendo su salario con normalidad como hasta ahora.

(...)

TERCERO.- En fecha 29 de enero de 2024 la actora recibe carta de despido disciplinario con fecha de efectos del mismo día, con el siguiente tenor literal:

"Por medio de la presente, le comunicamos que la Dirección de la Compañía ha decidido proceder a su despido disciplinario con efectos del día de hoy, 29 de enero de 2024, y ello con motivo de la comisión, por su parte, de unos hechos constitutivos de unas infracciones de carácter muy grave, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105, apartados c) y m), del Convenio colectivo general del sector de la construcción, en el articulo 68. apartados 3 y 13. del Convenio colectivo del sector de la construcción de Las Palmas de Gran Canaria, así como en el articulo 54.2, apartado d), del Estatuto de los Trabajadores.

Como perfectamente conoce. Ud. tiene la obligación esencial de respetar, en todo momento, el deber de buena fe contractual, y más si cabe teniendo en cuenta su puesto de trabajo como máximo responsable de la Compañía en las Islas Canarias y apoderado de la Empresa en el momento de cometer los hechos, puesto desde el que debía mantener un comportamiento ejemplar en la observancia de los principios éticos que deben regir nuestra actividad y nuestras relaciones con la Administración pública en la ejecución de las obras que nos resultan adjudicadas.

A pesar de lo anterior, el pasado día 9 de enero de 2024, la Empresa ha tenido conocimiento de la Sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 26 de diciembre de 2023, en la que se le condena a Ud. por un delito de cohecho ( art 432.2 del Código Penal) y a 1 año y 3 meses de prisión, accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo, mas multa de 16.674,11 euros, e inhabilitación especial para todo tipo de empleo o cargo público en la Administración autonómica, local o del Estado.

En esta Sentencia se recogen, como hechos probados, una serie de conductas cometidas por Ud constitutivas del citado delito de cohecho, en relación con la adjudicación del contrato de obra del pabellón municipal de deportes de Arrecife (pabellón de Argana Alta).

La sucesión de hechos relevantes, considerados probados en la Sentencia notificada a la Empresa el pasado 9 de enero de 2024. es la siguiente:

El 11 de enero de 2003 se publicó en el BOE una resolución del Ayuntamiento de Arrecife por la que se anunciaba concurso, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para el contrato de redacción del proyecto y realización de las obras del pabellón de Argana Alta, con un presupuesto inicial de licitación de 9,5 millones de euros, siendo FCC Construcción.S.A. una de las empresas que participó en este concurso.

Tras el informe del Jefe de la Oficina Técnica (también acusado en el mismo procedimiento), el Pleno del Ayuntamiento de Arrecife, en sesión celebrada el 26 de marzo de 2003, adjudicó a FCC Construcción, S.A. el contrato de redacción del proyecto y realización de las obras del pabellón municipal de deportes.

El 11 de abril de 2003 se formalizó el contrato suscrito por la Alcaldesa de Arrecife (igualmente acusada) en nombre del Ayuntamiento, y Ud. en nombre y representación de la Compañía. Y ello a pesar de que la adjudicación de un contrato de obras requiere la previa elaboración de un proyecto que defina con precisión el objeto del contrato ( art. 122 TRLCAP), contraviniéndose igualmente lo previsto en el articulo 125 TRLCAP, que no permite la adjudicación conjunta de la elaboración de los proyectos y la ejecución de las obras, salvo casos excepcionales, que ni concurrían ni se justificaron.

De conformidad con los hechos probados de la Sentencia: "Nada de eso se tuvo en cuenta para facilitarla adjudicación previamente pactada como compensación a las comisiones exigidas que fueron atendidas por el directivo autorizado de FCC, el acusado Blas".

Asimismo, consta acreditado en la Sentencia que, para dar apariencia de verdadera licitación, se simuló todo el procedimiento de adjudicación, para lo cual se bajo el presupuesto máximo de licitación (en un -7.78%). Posteriormente, el Pleno del Ayuntamiento aprobó, el 31 de octubre de 2006, una modificación al alza en la obra por un importe de 637.344,61 euros. Todo lo anterior desembocó en la firma del contrato de 2 de marzo de 2007, suscrito nuevamente por Ud. y la Alcaldesa, recogiendo un incremento de 1.317.704,51 euros, equivalente a un 15% del precio.

Una vez que la Compañía resultó adjudicataria de la redacción del proyecto y las obras indicadas anteriormente, y de conformidad con lo pactado por Ud. con el resto de personas acusadas involucradas en esta adjudicación, se procedió, según recoge la Sentencia, "conforme al plan corrupto y concierto criminal alcanzado a hacer frente a "la exigencia económica como motor de la adjudicación a FCC". consistente en una comisión dineraria en especie, en concreto, un viaje a Marrakech de la Alcaldesa junto con varios familiares, y la contratación de las obras a ejecutar por la empresa Gamma Install, S.L., vinculada precisamente al Jefe de la Oficina Técnica imputado y autor del informe favorable necesario para la adjudicación.

En concreto, en la Sentencia consta que la Alcaldesa "como parte del pago por haber adjudicado el pabellón de Argana Alta a FCC, cobró -en virtud del pacto alcanzado comisión consistente en la retribución de un viaje a Marruecos en diciembre de 2005, de ocho noches de duración", que realizó en compañía de su marido, su hija, su hermano, sus dos hermanas y sus parejas. Se concreta que este viaje "dio lugar a la factura NUM000, por valor de 17.340,01 euros, emitida el día 31 de diciembre de 2005 a nombre de FCC Construcción, S.A., y que resultó abonada por FCC mediante el pagaré nº NUM001 de fecha 17 de febrero de 2006, autorizado por el acusado Blas con conocimiento de que este viaje resultaba una contraprestación a la adjudicación del contrato a FCC previamente convenido con el ingeniero jefe de la oficina técnica y la Alcaldesa del Ayuntamiento de Arrecife" (se aclara que del importe de la factura lo correspondiente al viaje era 16.674,11 euros).

Asimismo, en la Sentencia consta como hecho probado que, como parte de las dádivas acordadas, Gamma Install (empresa vinculada al también acusado Jefe de la Oficina Técnica) y FCC Construcción, representada por Ud., firmaron un contrato el 30 de diciembre de 2004, en virtud del cual se abonaron a esta compañía, porgarte de FCC, facturas por importe total de 136.999,55 euros, entre ¡os años 2005 y 2007.

En esencia, Ud., que ha venido actuando en calidad de director de la Compañía y ha lidiado con las Administraciones en los procesos de adjudicación de obras públicas, estando apoderado a tal efecto, ha defraudado total y absolutamente la confianza en Ud. depositada a tal efecto, para participar en procesos de adjudicación de obra pública en los que comprometía a la Compañía, sin su conocimiento, al pago de dádivas, incurriendo en conductas delictivas conforme a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canarias, del pasado 26 de diciembre de 2023.

Es obvio que conductas como la descrita son intolerables, en relación con cualquier persona empleada de la Compañía, pero más graves si cabe en su caso que ostentaba una posición de responsabilidad y poderes para contratar con la Administración, y que debía ser ejemplo, tal y como se indicaba anteriormente, de rigurosa observancia del deber de buena fe contractual que preside cualquier relación laboral.

Por todo ello, las conductas anteriormente descritas y cometidas por Ud. constituyen incumplimientos muy graves y culpables de sus obligaciones laborales, tipificados en el Convenio colectivo del sector de la construcción estatal (art. 105, apartados c)ym) y en el de Las Palmas de Gran Canaria (art. 68, apartados 3 y 13, del mismo tenor literal que los anteriores: "el fraude, la deslealtad o el abuso de confianza en el trabajo, gestión o actividad encomendados; el hurto y el robo, tanto a sus compañeros como a la empresa o a cualquier persona que se halle en el centro de trabajo o fuera del mismo durante el desarrollo de su actividad laboral" y "los actos desarrollados en el centro de trabajo o fuera de él con motivo u ocasión del trabajo encomendado, que puedan ser constitutivos de delito").

Todo ello, en relación con lo dispuesto en el artículo 54.2 d) del Estatuto de los Trabajadores (transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo").

Por lo tanto, a tenor de la gravedad de los hechos descritos, la Compañía se encuentra avalada para calificarlas faltas cometidas en su grado máximo, por lo que, en consecuencia, queda plenamente justificada la decisión adoptada por la misma de proceder a su despido disciplinario, con efectos de la fecha consignada en el encabezamiento de esta carta, tal y como se le indicaba al inicio de la misma."

CUARTO.- En el marco de las diligencias previas 4524/15, seguidas ante el Juzgado de Instrucción n ° 7 de este partido, en fecha 12 de abril de 2023, se dictó auto acordándose continuar las diligencias por los tramites del procedimiento abreviado.

En fecha 13 de abril de 2023, en el procedimiento abreviado 75/2017, seguido ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas G.C., el actor mostró conformidad con los hechos objeto de acusación por el Ministerio Fiscal.

Ese mismo día la empresa abonó el importe de la sanción.

QUINTO.- El 27 de noviembre de 2023 el actor recibe burofax, de 24/11/23, con el siguiente contenido:

"En nombre de FCC Construcción, S.A. le comunicamos que, tras la investigación interna llevada a cabo por esta compañía según se dispone en el Código Etico y de Conducta del Grupo FCC, en relación con las actuaciones de Procedimiento Abreviado núm. 75/2017 tramitadas ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 (antiguo P.Inst e Instrucción núm. 5) de Arrecife, y a las que FCC Construcción, S.A. fue llamada como responsable civil subsidiaria, ha llegado a conocimiento de esta empresa su posible participación, tanto en su condición de asistente del anterior delegado de FCC Construcción, S.A. en Canarias, Don Carlos Jesús, como por su relación con la sociedad Ingenedif Canarias, S.L. de la que su esposa Doña Elisabeth es administradora única y que es accionista de la sociedad Canaroyal y Desarrollo, S.L, en la defraudación a FCC Construcción. S.A. de más de ocho millones de Euros (8.000.000 €).

Habiendo contribuido tanto usted como su esposa, bien directa o indirectamente, a causar el grave perjuicio económico arriba referido, mediante la presente le requerimos formalmente a fin de que contacte con esta compañía de manera urgente para poder establecer la manera en la que resarcirá a FCC Construcción, S.A. de los daños que tanto usted como Doña Elisabeth le han ocasionado.

De no recibir noticias suyas en un plazo de cinco días desde la recepción de la presente, le informamos de que, por parte de FCC Construcción, S.A. se ejercitarán todas las acciones que en derecho procedan contra usted y contra Doña Elisabeth para la defensa de los legítimos intereses de dicha compañía.

SEXTO.- En fecha 26 de diciembre de 2024, en el procedimiento abreviado 75/2017, seguido ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas G.C.. se dictó sentencia condenando al actor:

"9.- Blas de conformidad con el articulo 66.1. 1^ del código penal la pena aceptada concurriendo la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, analógica de Confesión, reconocimiento de hechos y abono de la multa de la dádiva por el delito de cohecho como autor de: UN delito de cohecho del apartado (hechos 7.2) del articulo 423.2 del código penal A LA PENA DE 1AÑ0 y 3 MESES DE PRISIÓN, accesoria de inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo. MULTA DE 16.674.11€ (dádiva). INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA TODO EMPLEO O CARGO PÚBLICO EN LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, LOCAL O DEL ESTADO POR;

La responsabilidad personal subsidiaria en el caso de impago de multa, conforme al articulo 53.3 CP, se impondrá a todos los condenados a pena privativa de libertad inferiora cinco años será de 6 MESES DE PRISIÓN. Asi como costas, conforme a lo dispuesto en el articulo 123 del Código Penal. Se le condena al pago de 1/7 partes de las costas procesales."

Y con absolución de la demandada.

La sentencia fue notificada el 9 de enero de 2024.

En fecha 23 de mayo de 2024 se dictó auto de aclaración.

Los hechos probados de la sentencia son los hechos que se imputan al actor en la carta de despido.

SÉPTIMO.- La asistencia letrada del actor en el procedimiento penal fue llevada a cabo por Dª Catalina.

Los gastos de defensa letrada fueron sufragados por la demandada.

Dª Catalina también ejerció la dirección letrada de la empresa en las diligencias previas 4524/15, hasta junio de 2024 que fue asumida por otro letrado.

OCTAVO.- Desde diciembre de 2016 la letrada del actor intercambia correos electrónicos con FCC poniendo en conocimiento el estado del procedimiento penal, dándoles a conocer los escritos de acusación.

NOVENO.- El demandante tiene devengada y no percibida la cantidad de 16.082 euros en concepto de vacaciones de 2023 y p.p. de vacaciones de 2024.

DECIMO.- El demandante no es ni ha sido en el año anterior a su cese representante legal o sindical de los trabajadores.

UNDECIMO.- En fecha 09/11/23 presentó papeleta de conciliación ante el SEMAC en materia de extinción contractual por falta de ocupación efectiva, celebrándose el acto con el resultado de sin avenencia.

Se presentó papeleta de conciliación ante el SEMAC en materia de despido, celebrándose el acto con el resultado de sin avenencia».

Con fecha 11 de septiembre de 2024, se dictó Auto por el Juzgado de lo Social nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

"PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO:

1 Aclarar la sentencia en el sentido de hacer constar en e! fallo que la demandada es FCC CONSTRUCCIÓN S.A. y no Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., quedando el FALLO de la Sentencia como sigue: "ESTIMAR la demanda de despido interpuesta por Blas contra FCC CONSTRUCCIÓN S.A. y FOGASA. declarando IMPROCEDENTE el cese efectuado porta empresa demandada a la parte actora; en su virtud, debo condenar y condeno a la expresada empresa demandada a que readmita a la parte actora en el mismo puesto y condiciones de trabajo que reglan antes del despido o la indemnice en la cantidad de 501.992.48€; dicha opción deberá ser ejercitada en el plazo de 5 días desde la notificación de esta sentencia: para el caso en que la demandada no ejercite ningún tipo de opción de forma expresa, se entenderá que procede la readmisión; y para el caso que opte porta readmisión, debo condenar y condeno a la demandada a que. además, abone a la parte actora el importe de los salarios de tramitación devengados desde el 30/01/24 hasta la notificación de la presente, a razón de 473,02€ día; DESESTIMAR la demanda de extinción contractual, absolviendo a los demandados de los pedimentos efectuados en su contra, y ESTIMAR la demandada de cantidad, CONDENANDO a FCC CONSTRUCCIÓN S.A., a que abone a la actora en concepto de los salarios indicados en el hecho 9° de la presente la cantidad de 16.082€, más el 10% de interés anual por mora; debiendo el FOGASA estar y pasar por dicho pronunciamiento

2.- No aclarar la indemnización interesada, toda vez que tal y como consta en el Hecho Probado Primero, el salario regulador a efectos del despido es de 473,02 euros, y conforme a dicho salario el cálculo de la indemnización es correcto".

SEGUNDO.-Interpuestos recursos de suplicación contra la anterior resolución, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sede Las Palmas de Gran Canaria, dictó sentencia con fecha 27 de marzo de 2025, en la que consta la siguiente parte dispositiva: «FALLAMOS: DESESTIMAR el recurso de suplicación interpuesto por FCC Construcción S.A. y el recurso de suplicación interpuesto por Blas, contra la sentencia del Juzgado de lo Social n° 1 de los de Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 31 de julio de 2024, dictada en autos n° 1075/2024, confirmando la misma en su integridad.

Se imponen las costas a la parte recurrente, FCC Construcción S.A.. en la cuantía de 800 euros. Se decreta la pérdida del depósito y las consignaciones efectuadas, en su caso, para recurrir.

Sin costas para la parte recurrente Blas».

TERCERO.-Contra la sentencia dictada en suplicación, se formalizó, por la representación procesal de la Mercantil FCC CONSTRUCCIÓN, S.A. el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, alegando la contradicción existente entre la sentencia recurrida y la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de fecha 28 de diciembre de 2006, rec. 1525/2006.

CUARTO.-Admitido a trámite el presente recurso, se dio traslado del mismo a la parte recurrida para que formalizara su impugnación en el plazo de quince días.

QUINTO.-Transcurrido el plazo concedido para la impugnación del recurso, pasó todo lo actuado al Ministerio Fiscal para informe, dictaminando en el sentido de considerar el recurso improcedente. Instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente, se declararon conclusos los autos.

SEXTO.-Por Providencia de fecha 12 de marzo de 2026, se señaló para votación y fallo del presente recurso el día 19 de mayo de 2026.