Sentencia Social 440/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 23/2025 de 22 de abril del 2026

PRIMERO.- 1.La cuestión controvertida en el presente recurso consiste en determinar si los acuerdos suscritos los días 14 y 15 de febrero de 2022 entre la empresa UTE Transporte Sanitario Aragón y los sindicatos representativos de los trabajadores del sector del transporte sanitario urgente de la Comunidad Autónoma de Aragón, con valor de pacto de fin de huelga y eficacia de convenio colectivo extraestatutario, vinculan a la empresa Ambulancias Tenorio e Hijos, S.L.U. como nueva adjudicataria del servicio.

2.El Sindicato de Cooperación Sindical (SCS) presentó demanda ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón contra las empresas Ambulancias Tenorio e Hijos, S.L.U., Ute Transporte Sanitario Aragón, Acciona Facility Services, S.A. y Ambunova Servicios Sanitarios, S.L. , así como contra los sindicatos Unión General de Trabajadores, Comisiones Obreras de Aragón, Central General de Trabajadores y Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF), así como contra la Diputación General de Aragón. En la demanda se pide que se declare que los acuerdos suscritos por UTE Transporte Sanitario Aragón y la representación de los trabajadores del sector en fechas 14 y 15 de febrero de 2022 tienen valor de convenio extraestatutario y son de obligado cumplimiento por dicha empresa, así como que los citados pactos obligan igualmente a Ambulancias Tenorio e Hijos, S.L.U. y a las empresas que posteriormente resulten adjudicatarias del servicio de transporte sanitario urgente, condenando a las demandadas a dar cumplimiento inmediato y pleno de dichos acuerdos, con declaración del derecho de los trabajadores afectados a la aplicación de las condiciones de trabajo en ellos previstas. En el acto del juicio Comisiones Obreras de Aragón y Central General de Trabajadores y Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF) se adhirieron a la demanda.

3.La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón desestimó la demanda y absolvió a todas las demandadas de las pretensiones formuladas contra ellas.

4.Contra dicha sentencia ha interpuesto recurso de casación el Sindicato de Cooperación Sindical, al que se ha adherido la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). El recurso contiene un único motivo, al amparo de la letra e del artículo 207 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en el que se denuncia la infracción del artículo 8.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, de los artículos 1091 y concordantes del Código Civil, del artículo 27 del Convenio Colectivo para las empresas y las personas trabajadoras de transporte sanitario de enfermos y accidentados en ambulancia (BOE 25/9/2020) y de la jurisprudencia de esta Sala Cuarta, en particular de la dimanante de la sentencia de 19 de diciembre de 2023.

5.El recurso de casación ha sido impugnado por la empresa Ambulancias Tenorio e Hijos, S.L.U. y el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón. Ambas partes impugnantes interesan la desestimación del recurso y la confirmación íntegra de la sentencia de instancia.

6.El informe del Ministerio Fiscal considera que el recurso debe ser desestimado.

SEGUNDO.- 1.El único motivo del recurso, formulado al amparo del artículo 207 e) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, denuncia la infracción del artículo 8.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo; de los artículos 1091 y concordantes del Código Civil; del artículo 27 del Convenio Colectivo para las empresas y las personas trabajadoras de transporte sanitario de enfermos y accidentados en ambulancia (BOE 25/9/2020); y de la jurisprudencia de esta Sala Cuarta del Tribunal Supremo, en particular la sentencia de 19 de diciembre de 2023. La tesis de la recurrente es que el pacto de fin de huelga de 14-15 de febrero de 2022 tiene, al menos, valor de convenio extraestatutario para los trabajadores de UTE Transporte Sanitario Aragón y que además las condiciones pactadas en los acuerdos fueron incorporadas a las condiciones del concurso público que resultó adjudicado a Ambulancias Tenorio e Hijos, S.L.U., siendo este extremo perfectamente conocido por la empresa antes de la formalización de la adjudicación, mientras que las deficiencias formales en la transmisión de documentación entre empresas no pueden redundar en perjuicio de los trabajadores. El sindicato CSIF ha presentado escrito en el que se adhirió al recurso.

2.Lo que se pide en el suplico del recurso de casación, igual que se hizo en el de la demanda, es que se declare que los acuerdos suscritos por la empresa UTE Transporte Sanitario Aragon y la representación de los trabajadores del sector el 14 y 15 de febrero de 2022, tienen valor de convenio extraestatutario y, por lo tanto, son de obligado cumplimiento por la citada empresa y obligan igualmente a la empresa Ambulancias Tenorio e Hijos, S.L.U., así como a las empresas que posteriormente resulten adjudicatarias del servicio de transporte urgente de enfermos y accidentados en ambulancia.

Ocurre que dichos acuerdos habían sido impugnados judicialmente, habiéndose dictado sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón el 22 de junio de 2022 que declaró la nulidad de los mismos y dicha sentencia ha quedado firme al desestimarse el recurso de casación interpuesto contra la misma por sentencia de esta Sala Cuarta núm. 1/2026, de 13 de enero, rec. 35/2023. El fundamento de la nulidad es que la asociación que figuraba como parte en aquellos acuerdos de los días 14 y 15 de febrero de 2022 se había disuelto con anterioridad, de manera que quien compareció en la firma como representante de la misma (la UTE Transporte Sanitario de Aragón) no tenía legitimidad para la indicada firma.

3.En un obiter dicta de su sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón dijo que la UTE Transporte Sanitario de Aragón no tenía legitimación para suscribir un convenio estatutario de sector, por lo que el acuerdo de fin de huelga no podía tener los efectos de un convenio estatutario de tal índole, sino que en todo caso podría tener valor como convenio colectivo de empresa. En concreto dijo:

"Tan consolidada y contundente doctrina que acabamos de reseñar conduce a negar la legitimación de "UTE TSA" para suscribir un acuerdo de condiciones de trabajo de valor estatutario de sector de ámbito autonómico. La ley es clara al restringir esa legitimación a las asociaciones empresariales en el caso del convenio estatutario de sector y, como se ha dicho, una vez disuelta "AEAA", ninguna asociación podía representarla ni dar su respaldo negociador al acuerdo de convenio colectivo de condiciones laborales al que se vinculaba la terminación de ese conflicto. Por tanto, solo podría predicarse respecto a "UTE TSA" el compromiso que asumió ante el "SAMA" con valor de convenio colectivo de empresa, pero no de convenio colectivo estatutario de sector."

A partir de dicha afirmación el sindicato actor afirma en su demanda que el pacto de fin de huelga tendría valor de "pacto extraestatutario", que obligaría a dicha UTE y a quienes se subrogaron en su lugar. Hay que tener en cuenta que el artículo 8.2 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo dice que "el pacto que ponga fin a la huelga tendrá la misma eficacia que lo acordado en Convenio Colectivo", por lo que dicho pacto tiene la naturaleza vinculante propia de los convenios colectivos, de manera que puede tener el valor de convenio estatutario o extraestatutario, en función de la legitimación y representatividad de las partes que suscriban el mismo. Aquí los recurrentes le atribuyen la naturaleza de convenio extraestatutario, aunque pudiera dudarse si, restringido su ámbito a la empresa firmante, su real naturaleza no sería la de convenio estatutario.

En la actual sentencia la Sala del Tribunal Superior de Justicia desestima la excepción de litispendencia porque lo que aquí se plantea es si aquel pacto de fin de huelga vincula exclusivamente a la empresa firmante del mismo y las sucesivas adjudicatarias del mismo servicio, es decir, ya parte de la no consideración del citado pacto como convenio colectivo del sector por falta de legitimación de la empresa firmante para representar al mismo, que fue lo resuelto en el otro litigio. Pero incluso así la sentencia ahora recurrida no se pronuncia sobre la eventual vinculación de la empresa demandante al convenio que firmó, aunque sea a título de pacto de empresa (extraestatutario, sostiene el sindicato demandante), sino que, dejando al margen esa cuestión, desestima la demanda en base a la siguiente argumentación:

"Pero es que, además, suponiendo que la empresa firmante tuviera legitimación como empresa y no como representante de la Asociación Profesional que es lo que se plantea en el presente procedimiento, el pacto fue suscrito con efectos desde que se produzca la adjudicación del próximo concurso público de transporte sanitario, sin asumir la propia empresa que suscribió el pacto las obligaciones pactadas con anterioridad a la nueva adjudicación; es decir, negoció en nombre de la futura adjudicataria de la contrata del TSU, sin conocer quien llegaría a ser, y consciente de que ella no iba a participar en la licitación de la nueva contrata, no resultando afectada por las nuevas condiciones pactadas".

Es decir, el argumento esencial de la desestimación de la demanda no fue negar al pacto de fin de huelga la naturaleza de convenio de empresa, sino al hecho de que la empresa que lo negoció estaba en realidad negociando condiciones ajenas, al deferir la aplicación al momento en que entrara en vigor la nueva adjudicación de la contrata, con lo cual en realidad era un pacto que ella firmaba pero que se aplicaría a otra empresa distinta, que sería la que en su momento fuera adjudicataria de la contrata.

4.Siendo esto así resulta:

a) El pacto no es de aplicación, como se pretende en la demanda, a la UTE Transporte Sanitario Aragón, por la sencilla razón de que del tenor del mismo resulta que éste se aplicaría, según nos dice la sentencia recurrida y no es combatido, "desde que se produzca la adjudicación del próximo concurso público de transporte sanitario". Dado que la UTE Transporte Sanitario Aragón no fue la adjudicataria de dicho contrato (según la sentencia del Tribunal Superior ni siquiera concurrió en el procedimiento de selección del contratista) es evidente que lo pactado no le fue nunca de aplicación, ni fue esa la intención de ninguna de las partes firmantes de éste.

b) El pacto tampoco es de aplicación, como igualmente se pretende en la demanda, a la empresa Ambulancias Tenorio e Hijos, S.L.U., nueva adjudicataria de la contrata de transporte sanitario. En primer lugar en aplicación del artículo 1257 del Código Civil:

"Los contratos sólo producen efecto entre las partes que los otorgan y sus herederos..."

Ambulancias Tenorio e Hijos, S.L.U. no fue firmante de los pactos de fin de huelga, por lo que no puede ser vinculada por los mismos como tal, sino solamente en cuanto sucesora de la UTE Transporte Sanitario Aragón, entendiendo que en el ámbito laboral la referencia de dicho precepto a herederos incluye también a los sucesores al amparo del artículo 44 ET. Es cierto que en el caso de sucesión de empresas la empresa cesionaria se subroga en la posición de la cedente en los pactos y acuerdos empresariales preexistentes, con la expresa regulación específica para la vigencia de los convenios estatutarios. Y también es cierto que en la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo núm. 1186/2023, de 19 de diciembre, rec. 300/2021, se dijo que cuando una empresa de transporte sanitario se subroga en los contratos de trabajadores que prestaban servicios para otra, las obligaciones para la empresa saliente de los acuerdos de fin de huelga suscritos por la misma no se extinguen por el hecho de que se haya producido una sucesión convencional y el servicio de transporte sanitario lo preste una empresa nueva con parte de los trabajadores de aquella, sino que el acuerdo que puso fin a la huelga se aplica a las empresas que se subrogaron en las relaciones laborales de la mercantil que lo suscribió. Ahora bien, para que pueda existir sucesión en dichas obligaciones de la empresa saliente es preciso que tales obligaciones hayan pasado a formar parte del acervo jurídico de dicha empresa y por tal causa se transfieran incólumes a la empresa que la sucede. Esto no sucede cuando las obligaciones dimanantes del acuerdo de fin de huelga no se han integrado nunca en el haz jurídico de obligaciones y derechos de la empresa saliente, dado que la fecha en que tendrían vigencia se sitúa precisamente después de producida la subrogación, de manera que nunca se aplicaron a la saliente. Por tanto, más allá de que la suscripción de los acuerdos de fin de huelga por la saliente pueda considerarse una conducta fraudulenta en los momentos inmediatamente anteriores a su cese en la contrata, lo cierto es que además no se llega a producir la transmisión a la entrante de una obligación que nunca tuvo la saliente. Aún atribuyéndole la fuerza de un convenio colectivo y considerando que se hubiera producido una sucesión de empresa, el artículo 44.4 ET no llevaría a su aplicación, puesto que lo que mandata dicho precepto es que "las relaciones laborales de los trabajadores afectados por la sucesión seguirán rigiéndose por el convenio colectivo que en el momento de la transmisión fuere de aplicación en la empresa, centro de trabajo o unidad productiva autónoma transferida" y en este caso el citado pacto no era de aplicación en la empresa cedente en el momento de producirse la transmisión, dado que su entrada en vigor se produciría al día siguiente, una vez consumada ésta.

5.El sindicato recurrente afirma también que el contenido de los pactos de fin de huelga se incorporó al pliego de prescripciones del concurso público en el que participó la nueva adjudicataria, por lo que si la contratación administrativa ya tomaba en consideración a la hora de fijar el precio los costes que implicaban aquellos pactos laborales colectivos, se está produciendo un enriquecimiento injusto en cuanto esos costes adicionales no estarían repercutiendo sobre los trabajadores beneficiarios de los pactos, sino que estarían siendo objeto de apropiación por la nueva adjudicataria. Es cierto que los pliegos de condiciones de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos pueden contener mejoras salariales y laborales que los candidatos deben comprometerse a cumplir, al menos bajo ciertas condiciones ( sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 5 de marzo de 2026, asunto C-210/24, AESTE y Ayuntamiento de Ortuella). Es cierto también que la adjudicación de un contrato público sometido a tales pliegos de condiciones tiene valor contractual y esas condiciones salariales y laborales prescritas en ese contrato entre la Administración y el adjudicatario pueden considerarse estipulaciones en favor de terceros (de las personas trabajadoras del adjudicatario), que son exigibles por esos terceros en los términos del citado artículo 1257 CC ("Si el contrato contuviere alguna estipulación en favor de un tercero, éste podrá exigir su cumplimiento, siempre que hubiese hecho saber su aceptación al obligado antes de que haya sido aquélla revocada"). Ahora bien, tal cuestión es ajena a este proceso, dado que el suplico de la demanda, que se reitera en el recurso, nada tiene que ver con la reclamación de la aplicación de las condiciones fijadas en la contratación administrativa, sino que lo que pide es la aplicación del pacto de fin de huelga en condición de pacto de empresa (extraestatutario según se califican), así como su extensión, "en virtud del mecanismo subrogatorio del artículo 27 del convenio colectivo sectorial", a la nueva adjudicataria, que es lo que aquí estamos resolviendo.

TERCERO.- 1.Lo anteriormente razonado, de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, impone la desestimación del recurso de casación interpuesto.

2.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 235.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, no se hace expresa imposición de costas.

PRIMERO.- 1.La cuestión controvertida en el presente recurso consiste en determinar si los acuerdos suscritos los días 14 y 15 de febrero de 2022 entre la empresa UTE Transporte Sanitario Aragón y los sindicatos representativos de los trabajadores del sector del transporte sanitario urgente de la Comunidad Autónoma de Aragón, con valor de pacto de fin de huelga y eficacia de convenio colectivo extraestatutario, vinculan a la empresa Ambulancias Tenorio e Hijos, S.L.U. como nueva adjudicataria del servicio.

2.El Sindicato de Cooperación Sindical (SCS) presentó demanda ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón contra las empresas Ambulancias Tenorio e Hijos, S.L.U., Ute Transporte Sanitario Aragón, Acciona Facility Services, S.A. y Ambunova Servicios Sanitarios, S.L. , así como contra los sindicatos Unión General de Trabajadores, Comisiones Obreras de Aragón, Central General de Trabajadores y Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF), así como contra la Diputación General de Aragón. En la demanda se pide que se declare que los acuerdos suscritos por UTE Transporte Sanitario Aragón y la representación de los trabajadores del sector en fechas 14 y 15 de febrero de 2022 tienen valor de convenio extraestatutario y son de obligado cumplimiento por dicha empresa, así como que los citados pactos obligan igualmente a Ambulancias Tenorio e Hijos, S.L.U. y a las empresas que posteriormente resulten adjudicatarias del servicio de transporte sanitario urgente, condenando a las demandadas a dar cumplimiento inmediato y pleno de dichos acuerdos, con declaración del derecho de los trabajadores afectados a la aplicación de las condiciones de trabajo en ellos previstas. En el acto del juicio Comisiones Obreras de Aragón y Central General de Trabajadores y Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF) se adhirieron a la demanda.

3.La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón desestimó la demanda y absolvió a todas las demandadas de las pretensiones formuladas contra ellas.

4.Contra dicha sentencia ha interpuesto recurso de casación el Sindicato de Cooperación Sindical, al que se ha adherido la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). El recurso contiene un único motivo, al amparo de la letra e del artículo 207 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en el que se denuncia la infracción del artículo 8.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, de los artículos 1091 y concordantes del Código Civil, del artículo 27 del Convenio Colectivo para las empresas y las personas trabajadoras de transporte sanitario de enfermos y accidentados en ambulancia (BOE 25/9/2020) y de la jurisprudencia de esta Sala Cuarta, en particular de la dimanante de la sentencia de 19 de diciembre de 2023.

5.El recurso de casación ha sido impugnado por la empresa Ambulancias Tenorio e Hijos, S.L.U. y el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón. Ambas partes impugnantes interesan la desestimación del recurso y la confirmación íntegra de la sentencia de instancia.

6.El informe del Ministerio Fiscal considera que el recurso debe ser desestimado.

SEGUNDO.- 1.El único motivo del recurso, formulado al amparo del artículo 207 e) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, denuncia la infracción del artículo 8.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo; de los artículos 1091 y concordantes del Código Civil; del artículo 27 del Convenio Colectivo para las empresas y las personas trabajadoras de transporte sanitario de enfermos y accidentados en ambulancia (BOE 25/9/2020); y de la jurisprudencia de esta Sala Cuarta del Tribunal Supremo, en particular la sentencia de 19 de diciembre de 2023. La tesis de la recurrente es que el pacto de fin de huelga de 14-15 de febrero de 2022 tiene, al menos, valor de convenio extraestatutario para los trabajadores de UTE Transporte Sanitario Aragón y que además las condiciones pactadas en los acuerdos fueron incorporadas a las condiciones del concurso público que resultó adjudicado a Ambulancias Tenorio e Hijos, S.L.U., siendo este extremo perfectamente conocido por la empresa antes de la formalización de la adjudicación, mientras que las deficiencias formales en la transmisión de documentación entre empresas no pueden redundar en perjuicio de los trabajadores. El sindicato CSIF ha presentado escrito en el que se adhirió al recurso.

2.Lo que se pide en el suplico del recurso de casación, igual que se hizo en el de la demanda, es que se declare que los acuerdos suscritos por la empresa UTE Transporte Sanitario Aragon y la representación de los trabajadores del sector el 14 y 15 de febrero de 2022, tienen valor de convenio extraestatutario y, por lo tanto, son de obligado cumplimiento por la citada empresa y obligan igualmente a la empresa Ambulancias Tenorio e Hijos, S.L.U., así como a las empresas que posteriormente resulten adjudicatarias del servicio de transporte urgente de enfermos y accidentados en ambulancia.

Ocurre que dichos acuerdos habían sido impugnados judicialmente, habiéndose dictado sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón el 22 de junio de 2022 que declaró la nulidad de los mismos y dicha sentencia ha quedado firme al desestimarse el recurso de casación interpuesto contra la misma por sentencia de esta Sala Cuarta núm. 1/2026, de 13 de enero, rec. 35/2023. El fundamento de la nulidad es que la asociación que figuraba como parte en aquellos acuerdos de los días 14 y 15 de febrero de 2022 se había disuelto con anterioridad, de manera que quien compareció en la firma como representante de la misma (la UTE Transporte Sanitario de Aragón) no tenía legitimidad para la indicada firma.

3.En un obiter dicta de su sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón dijo que la UTE Transporte Sanitario de Aragón no tenía legitimación para suscribir un convenio estatutario de sector, por lo que el acuerdo de fin de huelga no podía tener los efectos de un convenio estatutario de tal índole, sino que en todo caso podría tener valor como convenio colectivo de empresa. En concreto dijo:

"Tan consolidada y contundente doctrina que acabamos de reseñar conduce a negar la legitimación de "UTE TSA" para suscribir un acuerdo de condiciones de trabajo de valor estatutario de sector de ámbito autonómico. La ley es clara al restringir esa legitimación a las asociaciones empresariales en el caso del convenio estatutario de sector y, como se ha dicho, una vez disuelta "AEAA", ninguna asociación podía representarla ni dar su respaldo negociador al acuerdo de convenio colectivo de condiciones laborales al que se vinculaba la terminación de ese conflicto. Por tanto, solo podría predicarse respecto a "UTE TSA" el compromiso que asumió ante el "SAMA" con valor de convenio colectivo de empresa, pero no de convenio colectivo estatutario de sector."

A partir de dicha afirmación el sindicato actor afirma en su demanda que el pacto de fin de huelga tendría valor de "pacto extraestatutario", que obligaría a dicha UTE y a quienes se subrogaron en su lugar. Hay que tener en cuenta que el artículo 8.2 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo dice que "el pacto que ponga fin a la huelga tendrá la misma eficacia que lo acordado en Convenio Colectivo", por lo que dicho pacto tiene la naturaleza vinculante propia de los convenios colectivos, de manera que puede tener el valor de convenio estatutario o extraestatutario, en función de la legitimación y representatividad de las partes que suscriban el mismo. Aquí los recurrentes le atribuyen la naturaleza de convenio extraestatutario, aunque pudiera dudarse si, restringido su ámbito a la empresa firmante, su real naturaleza no sería la de convenio estatutario.

En la actual sentencia la Sala del Tribunal Superior de Justicia desestima la excepción de litispendencia porque lo que aquí se plantea es si aquel pacto de fin de huelga vincula exclusivamente a la empresa firmante del mismo y las sucesivas adjudicatarias del mismo servicio, es decir, ya parte de la no consideración del citado pacto como convenio colectivo del sector por falta de legitimación de la empresa firmante para representar al mismo, que fue lo resuelto en el otro litigio. Pero incluso así la sentencia ahora recurrida no se pronuncia sobre la eventual vinculación de la empresa demandante al convenio que firmó, aunque sea a título de pacto de empresa (extraestatutario, sostiene el sindicato demandante), sino que, dejando al margen esa cuestión, desestima la demanda en base a la siguiente argumentación:

"Pero es que, además, suponiendo que la empresa firmante tuviera legitimación como empresa y no como representante de la Asociación Profesional que es lo que se plantea en el presente procedimiento, el pacto fue suscrito con efectos desde que se produzca la adjudicación del próximo concurso público de transporte sanitario, sin asumir la propia empresa que suscribió el pacto las obligaciones pactadas con anterioridad a la nueva adjudicación; es decir, negoció en nombre de la futura adjudicataria de la contrata del TSU, sin conocer quien llegaría a ser, y consciente de que ella no iba a participar en la licitación de la nueva contrata, no resultando afectada por las nuevas condiciones pactadas".

Es decir, el argumento esencial de la desestimación de la demanda no fue negar al pacto de fin de huelga la naturaleza de convenio de empresa, sino al hecho de que la empresa que lo negoció estaba en realidad negociando condiciones ajenas, al deferir la aplicación al momento en que entrara en vigor la nueva adjudicación de la contrata, con lo cual en realidad era un pacto que ella firmaba pero que se aplicaría a otra empresa distinta, que sería la que en su momento fuera adjudicataria de la contrata.

4.Siendo esto así resulta:

a) El pacto no es de aplicación, como se pretende en la demanda, a la UTE Transporte Sanitario Aragón, por la sencilla razón de que del tenor del mismo resulta que éste se aplicaría, según nos dice la sentencia recurrida y no es combatido, "desde que se produzca la adjudicación del próximo concurso público de transporte sanitario". Dado que la UTE Transporte Sanitario Aragón no fue la adjudicataria de dicho contrato (según la sentencia del Tribunal Superior ni siquiera concurrió en el procedimiento de selección del contratista) es evidente que lo pactado no le fue nunca de aplicación, ni fue esa la intención de ninguna de las partes firmantes de éste.

b) El pacto tampoco es de aplicación, como igualmente se pretende en la demanda, a la empresa Ambulancias Tenorio e Hijos, S.L.U., nueva adjudicataria de la contrata de transporte sanitario. En primer lugar en aplicación del artículo 1257 del Código Civil:

"Los contratos sólo producen efecto entre las partes que los otorgan y sus herederos..."

Ambulancias Tenorio e Hijos, S.L.U. no fue firmante de los pactos de fin de huelga, por lo que no puede ser vinculada por los mismos como tal, sino solamente en cuanto sucesora de la UTE Transporte Sanitario Aragón, entendiendo que en el ámbito laboral la referencia de dicho precepto a herederos incluye también a los sucesores al amparo del artículo 44 ET. Es cierto que en el caso de sucesión de empresas la empresa cesionaria se subroga en la posición de la cedente en los pactos y acuerdos empresariales preexistentes, con la expresa regulación específica para la vigencia de los convenios estatutarios. Y también es cierto que en la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo núm. 1186/2023, de 19 de diciembre, rec. 300/2021, se dijo que cuando una empresa de transporte sanitario se subroga en los contratos de trabajadores que prestaban servicios para otra, las obligaciones para la empresa saliente de los acuerdos de fin de huelga suscritos por la misma no se extinguen por el hecho de que se haya producido una sucesión convencional y el servicio de transporte sanitario lo preste una empresa nueva con parte de los trabajadores de aquella, sino que el acuerdo que puso fin a la huelga se aplica a las empresas que se subrogaron en las relaciones laborales de la mercantil que lo suscribió. Ahora bien, para que pueda existir sucesión en dichas obligaciones de la empresa saliente es preciso que tales obligaciones hayan pasado a formar parte del acervo jurídico de dicha empresa y por tal causa se transfieran incólumes a la empresa que la sucede. Esto no sucede cuando las obligaciones dimanantes del acuerdo de fin de huelga no se han integrado nunca en el haz jurídico de obligaciones y derechos de la empresa saliente, dado que la fecha en que tendrían vigencia se sitúa precisamente después de producida la subrogación, de manera que nunca se aplicaron a la saliente. Por tanto, más allá de que la suscripción de los acuerdos de fin de huelga por la saliente pueda considerarse una conducta fraudulenta en los momentos inmediatamente anteriores a su cese en la contrata, lo cierto es que además no se llega a producir la transmisión a la entrante de una obligación que nunca tuvo la saliente. Aún atribuyéndole la fuerza de un convenio colectivo y considerando que se hubiera producido una sucesión de empresa, el artículo 44.4 ET no llevaría a su aplicación, puesto que lo que mandata dicho precepto es que "las relaciones laborales de los trabajadores afectados por la sucesión seguirán rigiéndose por el convenio colectivo que en el momento de la transmisión fuere de aplicación en la empresa, centro de trabajo o unidad productiva autónoma transferida" y en este caso el citado pacto no era de aplicación en la empresa cedente en el momento de producirse la transmisión, dado que su entrada en vigor se produciría al día siguiente, una vez consumada ésta.

5.El sindicato recurrente afirma también que el contenido de los pactos de fin de huelga se incorporó al pliego de prescripciones del concurso público en el que participó la nueva adjudicataria, por lo que si la contratación administrativa ya tomaba en consideración a la hora de fijar el precio los costes que implicaban aquellos pactos laborales colectivos, se está produciendo un enriquecimiento injusto en cuanto esos costes adicionales no estarían repercutiendo sobre los trabajadores beneficiarios de los pactos, sino que estarían siendo objeto de apropiación por la nueva adjudicataria. Es cierto que los pliegos de condiciones de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos pueden contener mejoras salariales y laborales que los candidatos deben comprometerse a cumplir, al menos bajo ciertas condiciones ( sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 5 de marzo de 2026, asunto C-210/24, AESTE y Ayuntamiento de Ortuella). Es cierto también que la adjudicación de un contrato público sometido a tales pliegos de condiciones tiene valor contractual y esas condiciones salariales y laborales prescritas en ese contrato entre la Administración y el adjudicatario pueden considerarse estipulaciones en favor de terceros (de las personas trabajadoras del adjudicatario), que son exigibles por esos terceros en los términos del citado artículo 1257 CC (" Si el contrato contuviere alguna estipulación en favor de un tercero, éste podrá exigir su cumplimiento, siempre que hubiese hecho saber su aceptación al obligado antes de que haya sido aquélla revocada"). Ahora bien, tal cuestión es ajena a este proceso, dado que el suplico de la demanda, que se reitera en el recurso, nada tiene que ver con la reclamación de la aplicación de las condiciones fijadas en la contratación administrativa, sino que lo que pide es la aplicación del pacto de fin de huelga en condición de pacto de empresa (extraestatutario según se califican), así como su extensión, "en virtud del mecanismo subrogatorio del artículo 27 del convenio colectivo sectorial", a la nueva adjudicataria, que es lo que aquí estamos resolviendo.

TERCERO.- 1.Lo anteriormente razonado, de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, impone la desestimación del recurso de casación interpuesto.

2.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 235.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, no se hace expresa imposición de costas.

PRIMERO.- 1.La cuestión controvertida en el presente recurso consiste en determinar si los acuerdos suscritos los días 14 y 15 de febrero de 2022 entre la empresa UTE Transporte Sanitario Aragón y los sindicatos representativos de los trabajadores del sector del transporte sanitario urgente de la Comunidad Autónoma de Aragón, con valor de pacto de fin de huelga y eficacia de convenio colectivo extraestatutario, vinculan a la empresa Ambulancias Tenorio e Hijos, S.L.U. como nueva adjudicataria del servicio.

2.El Sindicato de Cooperación Sindical (SCS) presentó demanda ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón contra las empresas Ambulancias Tenorio e Hijos, S.L.U., Ute Transporte Sanitario Aragón, Acciona Facility Services, S.A. y Ambunova Servicios Sanitarios, S.L. , así como contra los sindicatos Unión General de Trabajadores, Comisiones Obreras de Aragón, Central General de Trabajadores y Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF), así como contra la Diputación General de Aragón. En la demanda se pide que se declare que los acuerdos suscritos por UTE Transporte Sanitario Aragón y la representación de los trabajadores del sector en fechas 14 y 15 de febrero de 2022 tienen valor de convenio extraestatutario y son de obligado cumplimiento por dicha empresa, así como que los citados pactos obligan igualmente a Ambulancias Tenorio e Hijos, S.L.U. y a las empresas que posteriormente resulten adjudicatarias del servicio de transporte sanitario urgente, condenando a las demandadas a dar cumplimiento inmediato y pleno de dichos acuerdos, con declaración del derecho de los trabajadores afectados a la aplicación de las condiciones de trabajo en ellos previstas. En el acto del juicio Comisiones Obreras de Aragón y Central General de Trabajadores y Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF) se adhirieron a la demanda.

3.La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón desestimó la demanda y absolvió a todas las demandadas de las pretensiones formuladas contra ellas.

4.Contra dicha sentencia ha interpuesto recurso de casación el Sindicato de Cooperación Sindical, al que se ha adherido la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). El recurso contiene un único motivo, al amparo de la letra e del artículo 207 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en el que se denuncia la infracción del artículo 8.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, de los artículos 1091 y concordantes del Código Civil, del artículo 27 del Convenio Colectivo para las empresas y las personas trabajadoras de transporte sanitario de enfermos y accidentados en ambulancia (BOE 25/9/2020) y de la jurisprudencia de esta Sala Cuarta, en particular de la dimanante de la sentencia de 19 de diciembre de 2023.

5.El recurso de casación ha sido impugnado por la empresa Ambulancias Tenorio e Hijos, S.L.U. y el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón. Ambas partes impugnantes interesan la desestimación del recurso y la confirmación íntegra de la sentencia de instancia.

6.El informe del Ministerio Fiscal considera que el recurso debe ser desestimado.

SEGUNDO.- 1.El único motivo del recurso, formulado al amparo del artículo 207 e) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, denuncia la infracción del artículo 8.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo; de los artículos 1091 y concordantes del Código Civil; del artículo 27 del Convenio Colectivo para las empresas y las personas trabajadoras de transporte sanitario de enfermos y accidentados en ambulancia (BOE 25/9/2020); y de la jurisprudencia de esta Sala Cuarta del Tribunal Supremo, en particular la sentencia de 19 de diciembre de 2023. La tesis de la recurrente es que el pacto de fin de huelga de 14-15 de febrero de 2022 tiene, al menos, valor de convenio extraestatutario para los trabajadores de UTE Transporte Sanitario Aragón y que además las condiciones pactadas en los acuerdos fueron incorporadas a las condiciones del concurso público que resultó adjudicado a Ambulancias Tenorio e Hijos, S.L.U., siendo este extremo perfectamente conocido por la empresa antes de la formalización de la adjudicación, mientras que las deficiencias formales en la transmisión de documentación entre empresas no pueden redundar en perjuicio de los trabajadores. El sindicato CSIF ha presentado escrito en el que se adhirió al recurso.

2.Lo que se pide en el suplico del recurso de casación, igual que se hizo en el de la demanda, es que se declare que los acuerdos suscritos por la empresa UTE Transporte Sanitario Aragon y la representación de los trabajadores del sector el 14 y 15 de febrero de 2022, tienen valor de convenio extraestatutario y, por lo tanto, son de obligado cumplimiento por la citada empresa y obligan igualmente a la empresa Ambulancias Tenorio e Hijos, S.L.U., así como a las empresas que posteriormente resulten adjudicatarias del servicio de transporte urgente de enfermos y accidentados en ambulancia.

Ocurre que dichos acuerdos habían sido impugnados judicialmente, habiéndose dictado sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón el 22 de junio de 2022 que declaró la nulidad de los mismos y dicha sentencia ha quedado firme al desestimarse el recurso de casación interpuesto contra la misma por sentencia de esta Sala Cuarta núm. 1/2026, de 13 de enero, rec. 35/2023. El fundamento de la nulidad es que la asociación que figuraba como parte en aquellos acuerdos de los días 14 y 15 de febrero de 2022 se había disuelto con anterioridad, de manera que quien compareció en la firma como representante de la misma (la UTE Transporte Sanitario de Aragón) no tenía legitimidad para la indicada firma.

3.En un obiter dicta de su sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón dijo que la UTE Transporte Sanitario de Aragón no tenía legitimación para suscribir un convenio estatutario de sector, por lo que el acuerdo de fin de huelga no podía tener los efectos de un convenio estatutario de tal índole, sino que en todo caso podría tener valor como convenio colectivo de empresa. En concreto dijo:

"Tan consolidada y contundente doctrina que acabamos de reseñar conduce a negar la legitimación de "UTE TSA" para suscribir un acuerdo de condiciones de trabajo de valor estatutario de sector de ámbito autonómico. La ley es clara al restringir esa legitimación a las asociaciones empresariales en el caso del convenio estatutario de sector y, como se ha dicho, una vez disuelta "AEAA", ninguna asociación podía representarla ni dar su respaldo negociador al acuerdo de convenio colectivo de condiciones laborales al que se vinculaba la terminación de ese conflicto. Por tanto, solo podría predicarse respecto a "UTE TSA" el compromiso que asumió ante el "SAMA" con valor de convenio colectivo de empresa, pero no de convenio colectivo estatutario de sector."

A partir de dicha afirmación el sindicato actor afirma en su demanda que el pacto de fin de huelga tendría valor de "pacto extraestatutario", que obligaría a dicha UTE y a quienes se subrogaron en su lugar. Hay que tener en cuenta que el artículo 8.2 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo dice que "el pacto que ponga fin a la huelga tendrá la misma eficacia que lo acordado en Convenio Colectivo", por lo que dicho pacto tiene la naturaleza vinculante propia de los convenios colectivos, de manera que puede tener el valor de convenio estatutario o extraestatutario, en función de la legitimación y representatividad de las partes que suscriban el mismo. Aquí los recurrentes le atribuyen la naturaleza de convenio extraestatutario, aunque pudiera dudarse si, restringido su ámbito a la empresa firmante, su real naturaleza no sería la de convenio estatutario.

En la actual sentencia la Sala del Tribunal Superior de Justicia desestima la excepción de litispendencia porque lo que aquí se plantea es si aquel pacto de fin de huelga vincula exclusivamente a la empresa firmante del mismo y las sucesivas adjudicatarias del mismo servicio, es decir, ya parte de la no consideración del citado pacto como convenio colectivo del sector por falta de legitimación de la empresa firmante para representar al mismo, que fue lo resuelto en el otro litigio. Pero incluso así la sentencia ahora recurrida no se pronuncia sobre la eventual vinculación de la empresa demandante al convenio que firmó, aunque sea a título de pacto de empresa (extraestatutario, sostiene el sindicato demandante), sino que, dejando al margen esa cuestión, desestima la demanda en base a la siguiente argumentación:

"Pero es que, además, suponiendo que la empresa firmante tuviera legitimación como empresa y no como representante de la Asociación Profesional que es lo que se plantea en el presente procedimiento, el pacto fue suscrito con efectos desde que se produzca la adjudicación del próximo concurso público de transporte sanitario, sin asumir la propia empresa que suscribió el pacto las obligaciones pactadas con anterioridad a la nueva adjudicación; es decir, negoció en nombre de la futura adjudicataria de la contrata del TSU, sin conocer quien llegaría a ser, y consciente de que ella no iba a participar en la licitación de la nueva contrata, no resultando afectada por las nuevas condiciones pactadas".

Es decir, el argumento esencial de la desestimación de la demanda no fue negar al pacto de fin de huelga la naturaleza de convenio de empresa, sino al hecho de que la empresa que lo negoció estaba en realidad negociando condiciones ajenas, al deferir la aplicación al momento en que entrara en vigor la nueva adjudicación de la contrata, con lo cual en realidad era un pacto que ella firmaba pero que se aplicaría a otra empresa distinta, que sería la que en su momento fuera adjudicataria de la contrata.

4.Siendo esto así resulta:

a) El pacto no es de aplicación, como se pretende en la demanda, a la UTE Transporte Sanitario Aragón, por la sencilla razón de que del tenor del mismo resulta que éste se aplicaría, según nos dice la sentencia recurrida y no es combatido, "desde que se produzca la adjudicación del próximo concurso público de transporte sanitario". Dado que la UTE Transporte Sanitario Aragón no fue la adjudicataria de dicho contrato (según la sentencia del Tribunal Superior ni siquiera concurrió en el procedimiento de selección del contratista) es evidente que lo pactado no le fue nunca de aplicación, ni fue esa la intención de ninguna de las partes firmantes de éste.

b) El pacto tampoco es de aplicación, como igualmente se pretende en la demanda, a la empresa Ambulancias Tenorio e Hijos, S.L.U., nueva adjudicataria de la contrata de transporte sanitario. En primer lugar en aplicación del artículo 1257 del Código Civil:

"Los contratos sólo producen efecto entre las partes que los otorgan y sus herederos..."

Ambulancias Tenorio e Hijos, S.L.U. no fue firmante de los pactos de fin de huelga, por lo que no puede ser vinculada por los mismos como tal, sino solamente en cuanto sucesora de la UTE Transporte Sanitario Aragón, entendiendo que en el ámbito laboral la referencia de dicho precepto a herederos incluye también a los sucesores al amparo del artículo 44 ET. Es cierto que en el caso de sucesión de empresas la empresa cesionaria se subroga en la posición de la cedente en los pactos y acuerdos empresariales preexistentes, con la expresa regulación específica para la vigencia de los convenios estatutarios. Y también es cierto que en la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo núm. 1186/2023, de 19 de diciembre, rec. 300/2021, se dijo que cuando una empresa de transporte sanitario se subroga en los contratos de trabajadores que prestaban servicios para otra, las obligaciones para la empresa saliente de los acuerdos de fin de huelga suscritos por la misma no se extinguen por el hecho de que se haya producido una sucesión convencional y el servicio de transporte sanitario lo preste una empresa nueva con parte de los trabajadores de aquella, sino que el acuerdo que puso fin a la huelga se aplica a las empresas que se subrogaron en las relaciones laborales de la mercantil que lo suscribió. Ahora bien, para que pueda existir sucesión en dichas obligaciones de la empresa saliente es preciso que tales obligaciones hayan pasado a formar parte del acervo jurídico de dicha empresa y por tal causa se transfieran incólumes a la empresa que la sucede. Esto no sucede cuando las obligaciones dimanantes del acuerdo de fin de huelga no se han integrado nunca en el haz jurídico de obligaciones y derechos de la empresa saliente, dado que la fecha en que tendrían vigencia se sitúa precisamente después de producida la subrogación, de manera que nunca se aplicaron a la saliente. Por tanto, más allá de que la suscripción de los acuerdos de fin de huelga por la saliente pueda considerarse una conducta fraudulenta en los momentos inmediatamente anteriores a su cese en la contrata, lo cierto es que además no se llega a producir la transmisión a la entrante de una obligación que nunca tuvo la saliente. Aún atribuyéndole la fuerza de un convenio colectivo y considerando que se hubiera producido una sucesión de empresa, el artículo 44.4 ET no llevaría a su aplicación, puesto que lo que mandata dicho precepto es que "las relaciones laborales de los trabajadores afectados por la sucesión seguirán rigiéndose por el convenio colectivo que en el momento de la transmisión fuere de aplicación en la empresa, centro de trabajo o unidad productiva autónoma transferida" y en este caso el citado pacto no era de aplicación en la empresa cedente en el momento de producirse la transmisión, dado que su entrada en vigor se produciría al día siguiente, una vez consumada ésta.

5.El sindicato recurrente afirma también que el contenido de los pactos de fin de huelga se incorporó al pliego de prescripciones del concurso público en el que participó la nueva adjudicataria, por lo que si la contratación administrativa ya tomaba en consideración a la hora de fijar el precio los costes que implicaban aquellos pactos laborales colectivos, se está produciendo un enriquecimiento injusto en cuanto esos costes adicionales no estarían repercutiendo sobre los trabajadores beneficiarios de los pactos, sino que estarían siendo objeto de apropiación por la nueva adjudicataria. Es cierto que los pliegos de condiciones de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos pueden contener mejoras salariales y laborales que los candidatos deben comprometerse a cumplir, al menos bajo ciertas condiciones ( sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 5 de marzo de 2026, asunto C-210/24, AESTE y Ayuntamiento de Ortuella). Es cierto también que la adjudicación de un contrato público sometido a tales pliegos de condiciones tiene valor contractual y esas condiciones salariales y laborales prescritas en ese contrato entre la Administración y el adjudicatario pueden considerarse estipulaciones en favor de terceros (de las personas trabajadoras del adjudicatario), que son exigibles por esos terceros en los términos del citado artículo 1257 CC (" Si el contrato contuviere alguna estipulación en favor de un tercero, éste podrá exigir su cumplimiento, siempre que hubiese hecho saber su aceptación al obligado antes de que haya sido aquélla revocada"). Ahora bien, tal cuestión es ajena a este proceso, dado que el suplico de la demanda, que se reitera en el recurso, nada tiene que ver con la reclamación de la aplicación de las condiciones fijadas en la contratación administrativa, sino que lo que pide es la aplicación del pacto de fin de huelga en condición de pacto de empresa (extraestatutario según se califican), así como su extensión, "en virtud del mecanismo subrogatorio del artículo 27 del convenio colectivo sectorial", a la nueva adjudicataria, que es lo que aquí estamos resolviendo.

TERCERO.- 1.Lo anteriormente razonado, de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, impone la desestimación del recurso de casación interpuesto.

2.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 235.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, no se hace expresa imposición de costas.