Sentencia Social 191/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 5244/2024 de 24 de febrero del 2026

PRIMERO.- 1.-El debate planteado en el presente procedimiento consiste en determinar si tiene acceso al recurso de suplicación una sentencia dictada por un juzgado de lo social, cuando la cuantía de lo reclamado en demanda no excedía inicialmente de 3.000 €, pero sí al momento de la ampliación y concreción de lo solicitado realizada en el acto del juicio.

2.-El trabajador reclamante presentó demanda el día 30 de junio de 2023, en la que se reclamaba inicialmente el abono de la cantidad de 2.100 € más el 10% de intereses por mora, en concepto de incentivos que entendía debidos y correspondientes a los devengados en marzo, abril y mayo de 2023.

No obstante lo anterior, tras celebrarse el acto del juicio el 9 de mayo de 2024, al dictarse sentencia por el juzgado de lo social nº 38 de Madrid, se hizo constar expresamente en su fundamento de derecho primero que la cantidad objeto de reclamación en concepto de incentivo ascendía a un total de 9.400 € brutos, de marzo de 2023 hasta mayo de 2024, a razón de 700 € por cada uno de los 14 meses comprendidos en dicho periodo. La referida sentencia desestimó la reclamación presentada.

3.-Contra esta resolución presentó recurso de suplicación la parte demandada, dictándose sentencia por el TSJ de Madrid de 7 de octubre de 2024 -rec. 541/2024- por la que, tras constatar que no se había realizado invocación de vulneración de derechos fundamentales que pudiera cualificar la reclamación y permitir otra solución, se terminaba concluyendo que la sentencia de instancia era irrecurrible ya que en demanda se reclamaba una cantidad inferior a 3.000 €, sin que constar la afectación general, declarando por ello la nulidad de las actuaciones a partir de la notificación de la sentencia de instancia cuya firmeza se declaraba.

4-Contra esta última sentencia ha presentado su recurso de casación unificadora la trabajadora demandante, mediante un único motivo en el que se identifica como sentencia de contraste la dictada por este mismo Tribunal, la STS 175/2023 de 7 de marzo -rcud. 657/2022-; como núcleo de contradicción, si la cantidad a considerar para determinar si una sentencia de instancia es o no recurrible, es la solicitada en demanda o la superior concretada en el acto del juicio; y como normativa infringida los arts. 191 y 192 de la LRJS, así como jurisprudencia que se cita.

5.-El indicado recurso de casación ha sido impugnado por la parte demandante, entendiendo que el recurso debía ser desestimado.

E, igualmente, se ha presentado informe por el Ministerio Fiscal, interesando la estimación del recurso.

SEGUNDO.- 1.-Al suscitarse el debate que debemos resolver por el cauce de un recurso de casación para unificación de doctrina, debemos recordar en primer lugar que constituye criterio consolidado, de acuerdo con el Acuerdo no jurisdiccional de esta Sala de 22 de junio de 2011, que en los casos en que se cuestione la competencia funcional es necesario que la parte recurrente cite y aporte la sentencia de contraste, aunque no sea precisa la contradicción, concurriendo en caso contrario causa de inadmisión. Recuérdese a estos efectos que el debate sobre cuestiones procesales precisa la existencia de contradicción, salvo en los supuestos en que se plantee la manifiesta falta de jurisdicción, la competencia funcional de la Sala, o la cosa juzgada (por todas, STS 30 diciembre 2013 -rec. 930/2013- y las que en ella se citan).

Por otra parte, el hecho de que no sea precisa la mentada contradicción, se deriva de que la competencia funcional es cuestión apreciable de oficio por afectar al orden público procesal -ex arts. 9.6, 238.3º y 240.2 LOPJ-. Así lo hemos dicho, entre otras, muchas, en nuestras SSTS 194/2023, de 15 de marzo -rcud 1141/2020- o 1144/2025 de 26 de noviembre -rcud. 4619/2024-. Decíamos en esta última con cita de nuestros propios precedentes:

«... el acceso a suplicación de las sentencias de instancia «puede ser examinada de oficio por esta sala, aunque no concurra la contradicción, puesto que afecta al orden público procesal y a su propia competencia funcional», sin que la sala quede vinculada por la decisión que se haya adoptado en suplicación y «con cierta independencia de lo que las partes hayan podido alegar» ( SSTS 9 de marzo de 1992, rcud 1462/1990, 24 de abril de 2012, rcud 3090/2011, 30 de octubre de 2012, rcud 2827/2011).

Y ello es así, porque la cuestión no afecta sólo al recurso de suplicación, sino que se proyecta sobre la competencia de esta sala 4ª del Tribunal Supremo, habida cuenta de que el recurso de casación para la unificación de doctrina procede contra las sentencias dictadas en suplicación, lo que supone que la recurribilidad en casación se condiciona a que la sentencia de instancia fuera, a su vez, recurrible en suplicación, de manera que el control de la competencia funcional de la sala supone el control sobre la procedencia o improcedencia de la suplicación ( SSTS 19 de julio de 1994, rcud 2508/1993, 28 de noviembre de 2011, rcud 742/2011, 2 de abril de 2012, rcud 1750/2011, y 30 de octubre de 2012, rcud 2827/2011)».

2.-Además, y continuando en el ámbito de la apreciación de contradicción y en respuesta a los repartos planteados en el escrito de impugnación, conviene igualmente hacer notar que como señalamos, entre otras, en nuestra STS 556/2023 de 14 Sep. 2023 -rcud. 2589/2020-, cuando en el recurso de casación para la unificación de doctrina se invoque un motivo de infracción procesal, las identidades del art. 219.1 LRJS deben estar referidas a la controversia procesal planteada, sin que sea necesaria la identidad en las situaciones sustantivas de las sentencias contrastadas.

3.-A la vista de cuanto antecede y, aunque no fuera necesaria la existencia de la tan citada contradicción, conviene hacer notar que la misma concurre con toda evidencia en el caso considerado. En efecto, en ambas sentencias se evalúa la recurribilidad de la sentencia de instancia, resultando que en ambos casos la cantidad solicitada en demanda era inferior a 3.000 €, y superior al momento de celebrarse el acto del juicio. Y, en tales condiciones, la recurrida deniega el acceso al recurso de suplicación, justamente al contrario de lo que decide la sentencia de contraste de esta misma Sala.

TERCERO.- 1.-Llegado este punto, la cuestión no puede decidirse de otro modo que en el ya expresado en la STS 175/2023 de 7 de marzo -rcud. 657/2022- que se invoca de contraste y en la que, además, recogíamos nuestros propios precedentes y, en particular, lo ya dicho en la previa STS de Pleno 1007/2018 de 4 diciembre -rcud. 611/2016-, en el siguiente sentido:

«"Como indica el art. 191.2 g), las reclamaciones cuya cuantía litigiosa no exceda de 3.000 euros no tendrán acceso al recurso de suplicación. Esta regla, inicialmente carente de complejidad, precisa de otras que delimiten el concepto de "cuantía litigiosa" ya que no siempre una pretensión podrá identificarse con una cifra o número.

Es por ello por lo que el art. 192 de la LRJS va a completar aquella previsión general perfilando los criterios que deben seguirse ante determinados supuestos, para poder obtener ese concepto de "cuantía litigiosa" que, en el límite cuantitativo impuesto, permitirá acceder al recurso de suplicación al que se refiere.

La cuantía de una pretensión viene determinada por la solicitud de la demanda lo que, a su vez, condiciona el acceso al recurso de suplicación "sin que se contemple en nuestras normas procesales una cuantía para la demanda y otra distinta para el recurso ["summa gravaminis"].

Es inasumible la sinonimia entre cantidad litigiosa y cantidad controvertida, por lo que ha estarse a una concepción amplia del término "litigiosa", que no ha de venir asimilada a cuantía disputada o controvertida, y sí a cuantía reclamada, o sea, integrante del "petitum" de la demanda y como tal constitutiva -junto a otros pedimentos- del objeto de la litis".

Y en cuanto al momento procesal para su fijación, aquella doctrina precisa que la solicitud no se concreta en la cifra especificada en la demanda, sino que se refiere a la que finalmente sea objeto de reclamación en el trámite de alegaciones o conclusiones ( SSTS 25/06/02 -rcud 3218/01-; y 15/06/04 -rcud 3049/03-), siendo así que la pretensión laboral se formula en tres momentos diferentes del proceso [demanda; trámite de alegaciones; y conclusiones] y que es precisamente en el último de ellos -conclusiones- en el que de manera definitiva se materializa definitivamente la acción; por ello es éste el trámite procesal en el que de manera irrevocable se concreta la cuantía litigiosa, a los efectos -entre otros- de determinar la procedencia del recurso de Suplicación. [ STS de 25 de septiembre de 2018, rcud 3666/2016]».

2.-La proyección de la referida doctrina al caso considerado implica que la sentencia recurrida se ha apartado de la misma, desde el momento en que ha evaluado la recurribilidad de la sentencia de instancia en función de la cantidad reclamada exclusivamente en el escrito de demanda, cuando resulta que la misma se había incrementado en la concreción finalmente realizada en el acto del juicio.

CUARTO.-En definitiva, y tal como tiene interesado el Ministerio Fiscal, lo que ahora procede es la estimación del recurso presentado, y como la sentencia recurrida ha dejado de pronunciarse indebidamente sobre el fondo del asunto, debe casarse y anularse la misma, con devolución de las actuaciones para que la Sala de segundo grado resuelva con libertad de criterio el recurso de suplicación interpuesto en su día contra la sentencia del Juzgado de lo Social, sin que podamos pronunciarnos en este momento sobre ninguna otra cuestión.

Sin imposición de costas en el presente recurso, a tenor del art. 235.1 de la LRJS.

PRIMERO.- 1.-El debate planteado en el presente procedimiento consiste en determinar si tiene acceso al recurso de suplicación una sentencia dictada por un juzgado de lo social, cuando la cuantía de lo reclamado en demanda no excedía inicialmente de 3.000 €, pero sí al momento de la ampliación y concreción de lo solicitado realizada en el acto del juicio.

2.-El trabajador reclamante presentó demanda el día 30 de junio de 2023, en la que se reclamaba inicialmente el abono de la cantidad de 2.100 € más el 10% de intereses por mora, en concepto de incentivos que entendía debidos y correspondientes a los devengados en marzo, abril y mayo de 2023.

No obstante lo anterior, tras celebrarse el acto del juicio el 9 de mayo de 2024, al dictarse sentencia por el juzgado de lo social nº 38 de Madrid, se hizo constar expresamente en su fundamento de derecho primero que la cantidad objeto de reclamación en concepto de incentivo ascendía a un total de 9.400 € brutos, de marzo de 2023 hasta mayo de 2024, a razón de 700 € por cada uno de los 14 meses comprendidos en dicho periodo. La referida sentencia desestimó la reclamación presentada.

3.-Contra esta resolución presentó recurso de suplicación la parte demandada, dictándose sentencia por el TSJ de Madrid de 7 de octubre de 2024 -rec. 541/2024- por la que, tras constatar que no se había realizado invocación de vulneración de derechos fundamentales que pudiera cualificar la reclamación y permitir otra solución, se terminaba concluyendo que la sentencia de instancia era irrecurrible ya que en demanda se reclamaba una cantidad inferior a 3.000 €, sin que constar la afectación general, declarando por ello la nulidad de las actuaciones a partir de la notificación de la sentencia de instancia cuya firmeza se declaraba.

4-Contra esta última sentencia ha presentado su recurso de casación unificadora la trabajadora demandante, mediante un único motivo en el que se identifica como sentencia de contraste la dictada por este mismo Tribunal, la STS 175/2023 de 7 de marzo -rcud. 657/2022-; como núcleo de contradicción, si la cantidad a considerar para determinar si una sentencia de instancia es o no recurrible, es la solicitada en demanda o la superior concretada en el acto del juicio; y como normativa infringida los arts. 191 y 192 de la LRJS, así como jurisprudencia que se cita.

5.-El indicado recurso de casación ha sido impugnado por la parte demandante, entendiendo que el recurso debía ser desestimado.

E, igualmente, se ha presentado informe por el Ministerio Fiscal, interesando la estimación del recurso.

SEGUNDO.- 1.-Al suscitarse el debate que debemos resolver por el cauce de un recurso de casación para unificación de doctrina, debemos recordar en primer lugar que constituye criterio consolidado, de acuerdo con el Acuerdo no jurisdiccional de esta Sala de 22 de junio de 2011, que en los casos en que se cuestione la competencia funcional es necesario que la parte recurrente cite y aporte la sentencia de contraste, aunque no sea precisa la contradicción, concurriendo en caso contrario causa de inadmisión. Recuérdese a estos efectos que el debate sobre cuestiones procesales precisa la existencia de contradicción, salvo en los supuestos en que se plantee la manifiesta falta de jurisdicción, la competencia funcional de la Sala, o la cosa juzgada (por todas, STS 30 diciembre 2013 -rec. 930/2013- y las que en ella se citan).

Por otra parte, el hecho de que no sea precisa la mentada contradicción, se deriva de que la competencia funcional es cuestión apreciable de oficio por afectar al orden público procesal -ex arts. 9.6, 238.3º y 240.2 LOPJ-. Así lo hemos dicho, entre otras, muchas, en nuestras SSTS 194/2023, de 15 de marzo -rcud 1141/2020- o 1144/2025 de 26 de noviembre -rcud. 4619/2024-. Decíamos en esta última con cita de nuestros propios precedentes:

«... el acceso a suplicación de las sentencias de instancia «puede ser examinada de oficio por esta sala, aunque no concurra la contradicción, puesto que afecta al orden público procesal y a su propia competencia funcional», sin que la sala quede vinculada por la decisión que se haya adoptado en suplicación y «con cierta independencia de lo que las partes hayan podido alegar» ( SSTS 9 de marzo de 1992, rcud 1462/1990, 24 de abril de 2012, rcud 3090/2011, 30 de octubre de 2012, rcud 2827/2011).

Y ello es así, porque la cuestión no afecta sólo al recurso de suplicación, sino que se proyecta sobre la competencia de esta sala 4ª del Tribunal Supremo, habida cuenta de que el recurso de casación para la unificación de doctrina procede contra las sentencias dictadas en suplicación, lo que supone que la recurribilidad en casación se condiciona a que la sentencia de instancia fuera, a su vez, recurrible en suplicación, de manera que el control de la competencia funcional de la sala supone el control sobre la procedencia o improcedencia de la suplicación ( SSTS 19 de julio de 1994, rcud 2508/1993, 28 de noviembre de 2011, rcud 742/2011, 2 de abril de 2012, rcud 1750/2011, y 30 de octubre de 2012, rcud 2827/2011)».

2.-Además, y continuando en el ámbito de la apreciación de contradicción y en respuesta a los repartos planteados en el escrito de impugnación, conviene igualmente hacer notar que como señalamos, entre otras, en nuestra STS 556/2023 de 14 Sep. 2023 -rcud. 2589/2020-, cuando en el recurso de casación para la unificación de doctrina se invoque un motivo de infracción procesal, las identidades del art. 219.1 LRJS deben estar referidas a la controversia procesal planteada, sin que sea necesaria la identidad en las situaciones sustantivas de las sentencias contrastadas.

3.-A la vista de cuanto antecede y, aunque no fuera necesaria la existencia de la tan citada contradicción, conviene hacer notar que la misma concurre con toda evidencia en el caso considerado. En efecto, en ambas sentencias se evalúa la recurribilidad de la sentencia de instancia, resultando que en ambos casos la cantidad solicitada en demanda era inferior a 3.000 €, y superior al momento de celebrarse el acto del juicio. Y, en tales condiciones, la recurrida deniega el acceso al recurso de suplicación, justamente al contrario de lo que decide la sentencia de contraste de esta misma Sala.

TERCERO.- 1.-Llegado este punto, la cuestión no puede decidirse de otro modo que en el ya expresado en la STS 175/2023 de 7 de marzo -rcud. 657/2022- que se invoca de contraste y en la que, además, recogíamos nuestros propios precedentes y, en particular, lo ya dicho en la previa STS de Pleno 1007/2018 de 4 diciembre -rcud. 611/2016-, en el siguiente sentido:

«"Como indica el art. 191.2 g), las reclamaciones cuya cuantía litigiosa no exceda de 3.000 euros no tendrán acceso al recurso de suplicación. Esta regla, inicialmente carente de complejidad, precisa de otras que delimiten el concepto de "cuantía litigiosa" ya que no siempre una pretensión podrá identificarse con una cifra o número.

Es por ello por lo que el art. 192 de la LRJS va a completar aquella previsión general perfilando los criterios que deben seguirse ante determinados supuestos, para poder obtener ese concepto de "cuantía litigiosa" que, en el límite cuantitativo impuesto, permitirá acceder al recurso de suplicación al que se refiere.

La cuantía de una pretensión viene determinada por la solicitud de la demanda lo que, a su vez, condiciona el acceso al recurso de suplicación "sin que se contemple en nuestras normas procesales una cuantía para la demanda y otra distinta para el recurso ["summa gravaminis"].

Es inasumible la sinonimia entre cantidad litigiosa y cantidad controvertida, por lo que ha estarse a una concepción amplia del término "litigiosa", que no ha de venir asimilada a cuantía disputada o controvertida, y sí a cuantía reclamada, o sea, integrante del "petitum" de la demanda y como tal constitutiva -junto a otros pedimentos- del objeto de la litis".

Y en cuanto al momento procesal para su fijación, aquella doctrina precisa que la solicitud no se concreta en la cifra especificada en la demanda, sino que se refiere a la que finalmente sea objeto de reclamación en el trámite de alegaciones o conclusiones ( SSTS 25/06/02 -rcud 3218/01-; y 15/06/04 -rcud 3049/03-), siendo así que la pretensión laboral se formula en tres momentos diferentes del proceso [demanda; trámite de alegaciones; y conclusiones] y que es precisamente en el último de ellos -conclusiones- en el que de manera definitiva se materializa definitivamente la acción; por ello es éste el trámite procesal en el que de manera irrevocable se concreta la cuantía litigiosa, a los efectos -entre otros- de determinar la procedencia del recurso de Suplicación. [ STS de 25 de septiembre de 2018, rcud 3666/2016]».

2.-La proyección de la referida doctrina al caso considerado implica que la sentencia recurrida se ha apartado de la misma, desde el momento en que ha evaluado la recurribilidad de la sentencia de instancia en función de la cantidad reclamada exclusivamente en el escrito de demanda, cuando resulta que la misma se había incrementado en la concreción finalmente realizada en el acto del juicio.

CUARTO.-En definitiva, y tal como tiene interesado el Ministerio Fiscal, lo que ahora procede es la estimación del recurso presentado, y como la sentencia recurrida ha dejado de pronunciarse indebidamente sobre el fondo del asunto, debe casarse y anularse la misma, con devolución de las actuaciones para que la Sala de segundo grado resuelva con libertad de criterio el recurso de suplicación interpuesto en su día contra la sentencia del Juzgado de lo Social, sin que podamos pronunciarnos en este momento sobre ninguna otra cuestión.

Sin imposición de costas en el presente recurso, a tenor del art. 235.1 de la LRJS.

PRIMERO.- 1.-El debate planteado en el presente procedimiento consiste en determinar si tiene acceso al recurso de suplicación una sentencia dictada por un juzgado de lo social, cuando la cuantía de lo reclamado en demanda no excedía inicialmente de 3.000 €, pero sí al momento de la ampliación y concreción de lo solicitado realizada en el acto del juicio.

2.-El trabajador reclamante presentó demanda el día 30 de junio de 2023, en la que se reclamaba inicialmente el abono de la cantidad de 2.100 € más el 10% de intereses por mora, en concepto de incentivos que entendía debidos y correspondientes a los devengados en marzo, abril y mayo de 2023.

No obstante lo anterior, tras celebrarse el acto del juicio el 9 de mayo de 2024, al dictarse sentencia por el juzgado de lo social nº 38 de Madrid, se hizo constar expresamente en su fundamento de derecho primero que la cantidad objeto de reclamación en concepto de incentivo ascendía a un total de 9.400 € brutos, de marzo de 2023 hasta mayo de 2024, a razón de 700 € por cada uno de los 14 meses comprendidos en dicho periodo. La referida sentencia desestimó la reclamación presentada.

3.-Contra esta resolución presentó recurso de suplicación la parte demandada, dictándose sentencia por el TSJ de Madrid de 7 de octubre de 2024 -rec. 541/2024- por la que, tras constatar que no se había realizado invocación de vulneración de derechos fundamentales que pudiera cualificar la reclamación y permitir otra solución, se terminaba concluyendo que la sentencia de instancia era irrecurrible ya que en demanda se reclamaba una cantidad inferior a 3.000 €, sin que constar la afectación general, declarando por ello la nulidad de las actuaciones a partir de la notificación de la sentencia de instancia cuya firmeza se declaraba.

4-Contra esta última sentencia ha presentado su recurso de casación unificadora la trabajadora demandante, mediante un único motivo en el que se identifica como sentencia de contraste la dictada por este mismo Tribunal, la STS 175/2023 de 7 de marzo -rcud. 657/2022-; como núcleo de contradicción, si la cantidad a considerar para determinar si una sentencia de instancia es o no recurrible, es la solicitada en demanda o la superior concretada en el acto del juicio; y como normativa infringida los arts. 191 y 192 de la LRJS, así como jurisprudencia que se cita.

5.-El indicado recurso de casación ha sido impugnado por la parte demandante, entendiendo que el recurso debía ser desestimado.

E, igualmente, se ha presentado informe por el Ministerio Fiscal, interesando la estimación del recurso.

SEGUNDO.- 1.-Al suscitarse el debate que debemos resolver por el cauce de un recurso de casación para unificación de doctrina, debemos recordar en primer lugar que constituye criterio consolidado, de acuerdo con el Acuerdo no jurisdiccional de esta Sala de 22 de junio de 2011, que en los casos en que se cuestione la competencia funcional es necesario que la parte recurrente cite y aporte la sentencia de contraste, aunque no sea precisa la contradicción, concurriendo en caso contrario causa de inadmisión. Recuérdese a estos efectos que el debate sobre cuestiones procesales precisa la existencia de contradicción, salvo en los supuestos en que se plantee la manifiesta falta de jurisdicción, la competencia funcional de la Sala, o la cosa juzgada (por todas, STS 30 diciembre 2013 -rec. 930/2013- y las que en ella se citan).

Por otra parte, el hecho de que no sea precisa la mentada contradicción, se deriva de que la competencia funcional es cuestión apreciable de oficio por afectar al orden público procesal -ex arts. 9.6, 238.3º y 240.2 LOPJ-. Así lo hemos dicho, entre otras, muchas, en nuestras SSTS 194/2023, de 15 de marzo -rcud 1141/2020- o 1144/2025 de 26 de noviembre -rcud. 4619/2024-. Decíamos en esta última con cita de nuestros propios precedentes:

«... el acceso a suplicación de las sentencias de instancia «puede ser examinada de oficio por esta sala, aunque no concurra la contradicción, puesto que afecta al orden público procesal y a su propia competencia funcional», sin que la sala quede vinculada por la decisión que se haya adoptado en suplicación y «con cierta independencia de lo que las partes hayan podido alegar» ( SSTS 9 de marzo de 1992, rcud 1462/1990, 24 de abril de 2012, rcud 3090/2011, 30 de octubre de 2012, rcud 2827/2011).

Y ello es así, porque la cuestión no afecta sólo al recurso de suplicación, sino que se proyecta sobre la competencia de esta sala 4ª del Tribunal Supremo, habida cuenta de que el recurso de casación para la unificación de doctrina procede contra las sentencias dictadas en suplicación, lo que supone que la recurribilidad en casación se condiciona a que la sentencia de instancia fuera, a su vez, recurrible en suplicación, de manera que el control de la competencia funcional de la sala supone el control sobre la procedencia o improcedencia de la suplicación ( SSTS 19 de julio de 1994, rcud 2508/1993, 28 de noviembre de 2011, rcud 742/2011, 2 de abril de 2012, rcud 1750/2011, y 30 de octubre de 2012, rcud 2827/2011)».

2.-Además, y continuando en el ámbito de la apreciación de contradicción y en respuesta a los repartos planteados en el escrito de impugnación, conviene igualmente hacer notar que como señalamos, entre otras, en nuestra STS 556/2023 de 14 Sep. 2023 -rcud. 2589/2020-, cuando en el recurso de casación para la unificación de doctrina se invoque un motivo de infracción procesal, las identidades del art. 219.1 LRJS deben estar referidas a la controversia procesal planteada, sin que sea necesaria la identidad en las situaciones sustantivas de las sentencias contrastadas.

3.-A la vista de cuanto antecede y, aunque no fuera necesaria la existencia de la tan citada contradicción, conviene hacer notar que la misma concurre con toda evidencia en el caso considerado. En efecto, en ambas sentencias se evalúa la recurribilidad de la sentencia de instancia, resultando que en ambos casos la cantidad solicitada en demanda era inferior a 3.000 €, y superior al momento de celebrarse el acto del juicio. Y, en tales condiciones, la recurrida deniega el acceso al recurso de suplicación, justamente al contrario de lo que decide la sentencia de contraste de esta misma Sala.

TERCERO.- 1.-Llegado este punto, la cuestión no puede decidirse de otro modo que en el ya expresado en la STS 175/2023 de 7 de marzo -rcud. 657/2022- que se invoca de contraste y en la que, además, recogíamos nuestros propios precedentes y, en particular, lo ya dicho en la previa STS de Pleno 1007/2018 de 4 diciembre -rcud. 611/2016-, en el siguiente sentido:

«"Como indica el art. 191.2 g), las reclamaciones cuya cuantía litigiosa no exceda de 3.000 euros no tendrán acceso al recurso de suplicación. Esta regla, inicialmente carente de complejidad, precisa de otras que delimiten el concepto de "cuantía litigiosa" ya que no siempre una pretensión podrá identificarse con una cifra o número.

Es por ello por lo que el art. 192 de la LRJS va a completar aquella previsión general perfilando los criterios que deben seguirse ante determinados supuestos, para poder obtener ese concepto de "cuantía litigiosa" que, en el límite cuantitativo impuesto, permitirá acceder al recurso de suplicación al que se refiere.

La cuantía de una pretensión viene determinada por la solicitud de la demanda lo que, a su vez, condiciona el acceso al recurso de suplicación "sin que se contemple en nuestras normas procesales una cuantía para la demanda y otra distinta para el recurso ["summa gravaminis"].

Es inasumible la sinonimia entre cantidad litigiosa y cantidad controvertida, por lo que ha estarse a una concepción amplia del término "litigiosa", que no ha de venir asimilada a cuantía disputada o controvertida, y sí a cuantía reclamada, o sea, integrante del "petitum" de la demanda y como tal constitutiva -junto a otros pedimentos- del objeto de la litis".

Y en cuanto al momento procesal para su fijación, aquella doctrina precisa que la solicitud no se concreta en la cifra especificada en la demanda, sino que se refiere a la que finalmente sea objeto de reclamación en el trámite de alegaciones o conclusiones ( SSTS 25/06/02 -rcud 3218/01-; y 15/06/04 -rcud 3049/03-), siendo así que la pretensión laboral se formula en tres momentos diferentes del proceso [demanda; trámite de alegaciones; y conclusiones] y que es precisamente en el último de ellos -conclusiones- en el que de manera definitiva se materializa definitivamente la acción; por ello es éste el trámite procesal en el que de manera irrevocable se concreta la cuantía litigiosa, a los efectos -entre otros- de determinar la procedencia del recurso de Suplicación. [ STS de 25 de septiembre de 2018, rcud 3666/2016]».

2.-La proyección de la referida doctrina al caso considerado implica que la sentencia recurrida se ha apartado de la misma, desde el momento en que ha evaluado la recurribilidad de la sentencia de instancia en función de la cantidad reclamada exclusivamente en el escrito de demanda, cuando resulta que la misma se había incrementado en la concreción finalmente realizada en el acto del juicio.

CUARTO.-En definitiva, y tal como tiene interesado el Ministerio Fiscal, lo que ahora procede es la estimación del recurso presentado, y como la sentencia recurrida ha dejado de pronunciarse indebidamente sobre el fondo del asunto, debe casarse y anularse la misma, con devolución de las actuaciones para que la Sala de segundo grado resuelva con libertad de criterio el recurso de suplicación interpuesto en su día contra la sentencia del Juzgado de lo Social, sin que podamos pronunciarnos en este momento sobre ninguna otra cuestión.

Sin imposición de costas en el presente recurso, a tenor del art. 235.1 de la LRJS.