Sentencia Social 607/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 229/2023 de 24 de junio del 2025

PRIMERO.- 1.El conflicto colectivo versa sobre la determinación del convenio aplicable a los trabajadores de la empresa pública Gestión del Medio Rural de Canarias SAU (GMR), dependiente de la Comunidad Autónoma de Canarias.

2.El sindicato Servicios Públicos UGT Canarias y el comité de empresa de Gestión del Medio Rural de Canarias SAU (GMR) presentaron demanda contra esta empresa, a la que se adhirió posteriormente el sindicato USO. Lo que se pretende en el suplico de la demanda es que se declare el derecho de los trabajadores de dicha empresa a que se les aplique el XIX Convenio Colectivo estatal del sector de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos (BOE 18 de octubre de 2019). Sostienen los demandantes que la actividad principal de GMR es la ejecución de proyectos y que debe aplicarse el convenio colectivo que corresponde a esa actividad preponderante, mientras que la empresa viene aplicando a los trabajadores cuatro convenios colectivos diferentes: comercio de alimentación de Madrid, comercio de alimentación de Santa Cruz de Tenerife, comercio Pymes de Las Palmas y convenio estatal de empresas de ingeniería y oficinas técnicas. Esta diferente aplicación de convenios genera, según los demandantes, disparidades que llegan a ser discriminatorias en materias como jornada, vacaciones, licencias y permisos sin que además la práctica de adscripción de los trabajadores sea racional ni homogénea, ya que a los trabajadores que entran en la empresa se les aplica uno u otro convenio "según conveniencia", sin un criterio funcional o territorial claro u homogéneo.

La sentencia de 8 de junio de 2023 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, desestima la demanda. El Tribunal considera que la actividad principal de la empresa no puede determinarse por el objeto social sino por la actividad real, organizativa, productiva y económica preponderante. Da por probado que la empresa tiene dos actividades principales, por una parte comercio y por otra proyectos. A su lado existe una tercera que apoya a las otras dos, que son los servicios centrales. A los trabajadores de la actividad de proyectos les aplica el convenio estatal de empresas de ingeniería y a los de la actividad comercial el convenio de comercio que corresponda por el territorio. A los trabajadores de servicios centrales también les aplica el convenio colectivo de comercio que corresponda por razón del territorio.

Igualmente considera acreditado lo siguiente:

- El número de trabajadores total en la empresa a fecha de abril de este año es de 228, de los cuales 131 se dedican a la división de proyectos, es decir, un 57% y un 28% a la comercial, aunque si se suman los trabajadores de los servicios centrales a la actividad comercial serían un 42%.

- No existen centros de trabajo diferenciados, solamente actividades diferenciadas.

- Los encargos de proyectos que recibe GMR varían año a año, mientras que la actividad de comercialización es permanente, sin encomienda o encargo, siendo su objeto social desde los inicios. La actividad de comercialización se financia con partidas generales del presupuesto de la Comunidad Autónoma, mientras que la de proyectos se financia igualmente por los presupuestos autonómicos, pero con partidas fijadas específicamente para cada encomienda o encargo.

- Son mayores los ingresos en la actividad de comercialización que en la actividad de proyectos, pero la actividad de comercialización presenta un resultado deficitario frente al resultado positivo de la de proyectos.

- Muchas de las categorías profesionales que existen en la división de comercialización tienen difícil encaje en el convenio de empresas de ingeniería.

A partir de ese material fáctico entra a resolver cuál de las actividades es predominante. La Sala considera dos factores en favor de la aplicación del convenio pretendido por los demandantes: Que el número de trabajadores que presa servicios en la división de proyectos es mayoritario y que la actividad de proyectos presenta un resultado económico positivo y la de comercialización negativo. Pero a pesar de esos dos factores la Sala no considera que la actividad de proyectos sea la actividad principal de la empresa, puesto que el mayor volumen de ingresos se concentra en la actividad comercial, que además es la actividad permanente y originaria de la empresa, mientras que el volumen de la actividad de proyectos depende de los encargos del Gobierno de Canarias, con partidas presupuestarias específicas. Después añade que la realidad de la empresa es compleja, porque tiene dos actividades principales (comercio y proyectos) y una tercera (servicios centrales) que auxilia a ambas, resultando que a los trabajadores de servicios centrales se les aplica el convenio de comercio a pesar de gestionar nóminas y contratos de trabajadores de ingeniería. Concluye que estamos ante dos actividades diferenciadas, sin que pueda considerarse una como principal sobre las demás y por ello dice que esa situación "permite amparar el criterio utilizado por la empresa, de aplicar diversos convenios colectivos en virtud de la actividad a la que este adscrito y dónde desarrolla sus funciones el trabajador".

Termina la sentencia desestimando la pretensión adicionalmente contenida en el suplico de la demanda de respeto de condiciones más beneficiosas, porque se formula en términos genéricos, sin especificar a qué condiciones más beneficiosas se refiere y diciendo que si se estuviese generando algún tipo de desigualdad retributiva deberá analizarse individualmente para considerar las concretas circunstancias del caso.

3.El recurso de casación formulado por la actora tiene dos motivos de revisión de hechos probados amparados en la letra d del artículo 207 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y un tercer motivo destinado al examen del Derecho aplicado amparado en la letra e del citado artículo 207 LRJS.

4.La parte demandada, Gestión del Medio Rural de Canarias SAU, presentó escrito de impugnación del recurso en el que se opone a los motivos del recurso y pide su desestimación.

5.El Ministerio Fiscal informó en sentido contrario a la estimación del recurso.

SEGUNDO.- 1.Comenzando necesariamente por las revisiones de hechos probados contenidas en el recurso, la primera va referida al ordinal sexto de la relación fáctica de la sentencia recurrida. Pretende adicionar al mismo el siguiente texto:

"El Gobierno de Canarias, a propuesta de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, acuerda atribuir a la sociedad mercantil pública Gestión del Medio Rural de Canarias, SAU, en el marco de las competencias autonómicas en materia de agricultura, ganadería y pesca, la función de promover y desarrollar la comercialización de productos locales, en particular, facilitando el acceso de los productores locales a los mercados mediante, entre otras vías, la concentración de la oferta, en especial de aquellos operadores primarios que carecen de la dimensión y volumen suficientes para acceder a esos mercados. La asignación de esas tareas por parte de la Administración autonómica no se ha formalizado mediante un acto jurídico preciso, más allá del reconocimiento de GMR Canarias como medio instrumental y servicio técnico propio de la Administración autonómica a partir de 2021. Por el contrario, el encargo para el desarrollo de esa función se ha realizado mediante declaraciones parlamentarias, mandatos e instrucciones de la administración autonómica. La actividad de comercialización de productos agroalimentarios locales se viene realizando en términos de asignación o encargo de esa tarea o función sin compensación directa basada en el coste. Para el ejercicio de la función que se atribuye, se transferirán a Gestión del Medio Rural de Canarias SAU, los recursos económicos precisos, de conformidad con lo que disponga la legislación presupuestaria".

Como señala la entidad recurrida, lo que hace el recurrente es extraer una parte del texto de un acuerdo del Gobierno de Canarias que obra en autos, con algún cambio en su literalidad, por lo que en esos términos la modificación no puede ser admitida. Aunque no hay objeción a tomar en consideración la integridad del citado acuerdo que obra en autos, cuya realidad admite la parte recurrida, de ello no se extrae ninguna consecuencia relevante para la resolución del recurso, como veremos, puesto que no altera los parámetros fundamentales ya consignados en los hechos probados y sobre los que hemos de resolver, siendo por tanto irrelevante procesalmente. Y esto es así porque, como acertadamente dice la Sala a quo, la valoración de la actividad de la empresa para determinar el convenio aplicable ha de hacerse en función de la realidad de los hechos y no del objeto social declarado estatutariamente o declaraciones contenidas en acuerdos como el invocado. Esa realidad consta en los hechos probados y no se cuestiona, por lo que la adición de este tipo de acuerdos y declaraciones documentales no afecta en ningún modo a los parámetros sobre los que la Sala ha de tomar su decisión.

2.La segunda modificación pretendida se refiere al ordinal quinto de los hechos probados y pretende reproducir la descripción de la actividad de la empresa contenida en su página web, en concreto en un documento descargado de la misma y que corresponde a una memoria anual de actividades de 2018. Modificación de nula transcendencia procesal por los mismos motivos anteriormente expresados, ya que independientemente de lo que pueda declarar la memoria de actividades lo que es determinante para resolver la litis es la actividad real de la empresa, constando ya probados los parámetros definitorios de la misma en la sentencia de instancia, sin que los recurrentes pretendan alterar los mismos.

3.El tercer motivo de recurso se ampara en la letra e del artículo 207 LRJS y dice que tiene por objeto el examen del Derecho aplicado, pero deja en blanco la enumeración de las normas o doctrina jurisprudencial que denuncia como infringida. En concreto después de la expresión "se alega la violación de:" no existe ningún contenido que especifique qué normas o jurisprudencia consideran infringidas los recurrentes. La omisión de esta cita determinaría la desestimación del recurso si las normas o jurisprudencia infringidas no pudieran determinarse por la lectura ulterior del texto del motivo. Y esa vulneración se concreta en la cita de determinadas sentencias de esta Sala Cuarta que afrontan conflictos relativos a la determinación del convenio colectivo aplicable cuando tenemos empresas con distintas actividades.

Esas sentencias lo que hacen es decir que ha de estarse, cuando se trata de elegir entre varios convenios posibles, a aquél que corresponde a la actividad principal o preponderante, tomando en consideración la realidad de los hechos y no las meras declaraciones documentales, ni siquiera la definición estatutaria del objeto social.

En todo caso la doctrina unificada más reciente al respecto es la contenida en la sentencia de esta Sala de 10 de octubre de 2023, rcud 4202/2020, en la que se dice lo siguiente:

"La jurisprudencia de nuestra Sala ha venido estableciendo la aplicación del criterio de unidad de empresa complementado con el de la actividad preponderante de la misma para resolver los problemas relativos a la determinación del convenio aplicable en aquellos supuestos, como el presente, en los que la actividad que realiza el trabajador puede incardinarse en el ámbito de aplicación de más de un convenio colectivo. Así, por citar alguna de las más recientes, en nuestra STS 65/2022, de 25 de enero, Rcud. 1565/2020 señalábamos que, el artículo art. 85. 3 ET incluye, en el contenido mínimo de los convenios, su ámbito funcional, entendiéndose que el ámbito funcional hace referencia a las actividades productivas o empresas afectadas por el convenio, siendo criterio reiterado y pacífico en la jurisprudencia, (por todas SSTS de 31 de octubre de 2003, Rec. 17/2002 y de 1 de diciembre de 2015 Rec. 349/14) que, cuando las actividades de la empresa puedan subsumirse en varios convenios colectivos, deberá aplicarse aquel que se corresponda con la actividad preponderante de la empresa. Criterio reiterado en la STS 79/2021, de 21 de enero, Rec. 158/2019 en la que insistimos en que la determinación del convenio colectivo aplicable no es disponible ni renunciable para las partes, sino que se trata de una cuestión indisponible y de orden público, de manera que no cabe elegir, ni adherirse, ni aplicar un convenio colectivo distinto del que debe aplicarse por estar incluida en su ámbito de aplicación la actividad realizada por la empresa."

Con ese criterio quizá pudiera cuestionarse la conclusión alcanzada por la sentencia recurrida, que valida la aplicación de diferentes convenios colectivos que viene realizando la demandada. Es cierto no obstante que la sentencia de esta Sala de 10 de octubre de 2023, rcud 4202/2020, se refiere a la actividad de un concreto trabajador que puede quedar encuadrada en varios convenios (véase al respecto también nuestra sentencia de 17 de marzo de 2023, rcud 933/2020) y que el criterio de unidad de empresa podría ceder en algunos casos, como cuando existan actividades distintas llevadas a cabo por la misma persona jurídica o física mediante organizaciones productivas de su titularidad completamente diferenciadas a las que estén adscritas diferentes plantillas o el supuesto especial de las contratas con empresas multiservicios, afectadas ahora por la aplicación del artículo 42.6 del Estatuto de los Trabajadores reformado por el Real Decreto-ley 32/2021.

Ahora bien, la estimación del recurso en este caso no está únicamente condicionada a que se estime aplicable el principio de unidad de empresa, que obligaría a buscar un único convenio colectivo en cuyo ámbito quede incluida la demandada, en lugar de admitir la división de la plantilla en varios convenios. En efecto es división no es aplicable en el caso del personal de servicios centrales, que presta servicios simultáneamente para las dos actividades de manera indiferenciada, según los hechos probados, por lo que, incluso si fuese admisible la aplicación de diferentes convenios al personal adscrito claramente a una u otra actividad (comercialización y proyectos), no lo sería a ese personal, que queda claramente bajo el ámbito de la doctrina unificada por esta Sala y que recoge, según hemos visto, la sentencia de 10 de octubre de 2023, rcud 4202/2020. Ocurre sin embargo que la pretensión de la demanda y del recurso no se refiere solamente a ese personal de servicios centrales, sino a toda la plantilla de la empresa.

En todo caso para la estimación del recurso sería preciso además que considerásemos, en base a los hechos declarados probados en la sentencia de instancia, que la actividad preponderante de la demandada es la de proyectos y no la de comercialización. Y esa tesis del recurso no la compartimos.

Para ello no acudimos a las declaraciones estatutarias sobre el objeto social de la empresa, ni a los acuerdos del Gobierno de Canarias que hacen declaraciones sobre la finalidad de la misma o las memorias anuales que puedan aparecer en el sitio web de la empresa, sino a la realidad resultante de los hechos probados sobre su actividad.

El primer dato a tomar en consideración es que la actividad con mayor facturación es la comercial. Este criterio no sería por sí mismo determinante, puesto que el mero dato de facturación puede esconder una actividad esporádica o marginal pero que origine grandes movimientos financieros cuando los bienes o servicios comercializados son de gran valor. En el presente caso aunque la cifra de negocios es superior en el caso de la actividad comercial, ese dato quedaría relativizado desde el momento en que el resultado de explotación de la actividad comercial se nos dice que es negativo y el de la actividad de proyectos positivo.

En esas condiciones podríamos atender al número de trabajadores dedicados específicamente a cada actividad, que en el momento al que se contrae el litigio era superior en el caso de la actividad de proyectos. Sin embargo ese dato no va a ser determinante por lo declarado en la sentencia recurrida. Lo que es determinante es que, según los hechos de los que parte dicha sentencia y que no se han modificado, en este caso la actividad comercial es la primera y originaria de la empresa (no solamente en base a la declaración formal como objeto social, sino en la realidad de los hechos), es una actividad que en absoluto puede considerarse marginal ni en número de trabajadores ni en importancia económica y, sobre todo, es una actividad estable, permanente en el tiempo en su intensidad. Frente a ello la naturaleza inestable y variable de la actividad de proyectos, así considerada por la sentencia de instancia, es la que determina que no la consideremos como principal.

Aunque una determinada actividad ocasional pueda ocupar a un número alto de trabajadores, superior al empleado en la actividad ordinaria y normal, el carácter temporal de esa situación es el que determina su carácter secundario o subordinado. Una situación meramente temporal no permite recalificar la actividad principal de la empresa para trasladarla de sector y de convenio aplicable. Este es el razonamiento de la sentencia de instancia que nos lleva a confirmar su criterio, en el bien entendido de que la apreciación fáctica que la Sala del Tribunal Superior de Justicia realiza sobre esa naturaleza temporal y variable de la actividad de proyectos no ha sido objeto de impugnación en el recurso en orden a fijar otros hechos probados que acrediten que, por su pervivencia en el tiempo, se pueda considerar ya una situación permanente y estructural de la empresa. Porque, si bien es cierto que a la fecha a la que se contrae este litigio hayamos de partir de que la situación de predominio en número de empleados y beneficios de la actividad de proyectos pudiera ser considerada como temporal, ello no prejuzga que de futuro la solución pueda ser diferente si se acredita que tal preponderancia se ha convertido en estructural y permanente.

TERCERO.- 1.Lo anteriormente razonado, de conformidad con el Ministerio Fiscal, obliga a desestimar el recurso presentado.

2.De conformidad con el artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social no se hace expresa imposición de costas, debiendo asumir cada parte las causadas a su instancia.