Sentencia Social 198/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 3008/2024 de 25 de febrero del 2026

PRIMERO.- 1.La controversia suscitada en el presente recurso de casación para la unificación de doctrina se centra en determinar si, en el importe de las pagas extraordinarias de la parte demandante que presta servicios como personal del Servei Balear de Salut (Ib-Salut) sujeta a una relación laboral de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud, la cuantía de una mensualidad del sueldo debe ser íntegra, sin aplicarle la reducción derivada del Real Decreto-ley 8/2020, ni de las leyes presupuestarias estatales o autonómicas.

2.La Sentencia del Juzgado de lo Social nº 2 de los de Palma 261/2023, de 15 de junio (autos 730/2022) desestima la demanda.

3.La indicada sentencia fue recurrida en suplicación, dictándose la Sentencia de la Sala de lo Social de Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears 176/2024, de 9 de abril (Rec 603/2023), que desestimó el recurso, con base en la procedencia de la aplicación en la cuantía de la mensualidad del sueldo, de las limitaciones contenidas en el Real Decreto-ley 8/2010 y en las leyes presupuestarias estatales y autonómicas.

4.En el recurso de casación para la unificación de la doctrina formulado por la parte actora, en primer lugar, se alega que la sentencia recurrida es contradictoria con la doctrina sentada por la STSJ de Madrid 625/2022, de 30 de junio (Rec 180/2022).

Y, en segundo lugar, se invoca que la sentencia recurrida incurre en la infracción del Real Decreto-ley 8/2010 y de los artículos 7.2 del Real Decreto 1146/2006, 3.1 y 3.3 del Estatuto de los Trabajadores.

5.El Ministerio Fiscal informó en el sentido de estimar el recurso de casación para la unificación de doctrina.

6.La parte demandada presentó escrito de impugnación del recurso en el que alega, en primer lugar, la falta de contradicción entre la sentencia recurrida y la sentencia invocada de contraste y, en segundo lugar, se opone en cuanto al fondo, solicitando la desestimación del recurso de casación para la unificación de doctrina.

SEGUNDO.- 1.Debemos examinar, con carácter previo, la concurrencia del requisito de contradicción exigido en el recurso de casación para la unificación de doctrina por el artículo 219.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, entre la sentencia recurrida y la sentencia de contraste, que es la STSJ de Madrid 625/2022, de 30 de junio (Rec 180/2022).

Es aplicable al caso de autos, el artículo 219.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, en la redacción anterior a la reforma operada por el apartado doce del artículo 24 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia pues, aunque esta última norma entró en vigor el 3 de abril de 2025, de conformidad con el párrafo octavo de la disposición transitoria novena de la misma, la nueva regulación de los recursos de casación social será de aplicación a los recursos que se formulen contra las resoluciones dictadas a partir de su entrada en vigor y, la sentencia recurrida data de fecha anterior.

A tenor, por tanto, del artículo 219.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, en su redacción originaria:

«El recurso tendrá por objeto la unificación de doctrina con ocasión de sentencias dictadas en suplicación por las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia, que fueran contradictorias entre sí, con la de otra u otras Salas de los referidos Tribunales Superiores o con sentencias del Tribunal Supremo, respecto de los mismos litigantes u otros diferentes en idéntica situación donde, en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, se hubiere llegado a pronunciamientos distintos».

La contradicción se produce cuando existen pronunciamientos diferentes en procedimientos con hechos, fundamentos y pretensiones entre las que existe una igualdad sustancial, respecto de los mismos litigantes o entre litigantes distintos que se encuentren en idéntica situación. No se exige una identidad absoluta, bastando la diversidad de las decisiones, a pesar de ser los hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales.

Consiguientemente, como declararon, entre otras, las SSTS 705/2025, de 4 de julio (Rcud 2339/2024), 567/2025, de 11 de junio (Rcud 3719/2023), 533/2025, de 4 de junio de 2025 (Rcud 4793/2023), 424/2025. de 9 de mayo de 2025 (Rcud 1062/2023), 1161/2023, de 14 de diciembre (rcud 861/2021), 968/2022, de 20 diciembre (rcud 2984/2021), 893/2022, de 10 noviembre (rcud 2882/2021) y, 861/2022, de 26 octubre (rcud 4665/2019), para apreciar la concurrencia de la necesaria contradicción, ha de llevarse a cabo una comparación entre los pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales, no siendo admisible el mero examen abstracto de doctrinas al margen de la identidad de las controversias.

2.En las presentes actuaciones, la sentencia del Juzgado de lo Social desestimó la demanda, en la que se reclamaba que, en el abono de las pagas extraordinarias, se incluyera el importe equivalente a la cuantía de una mensualidad del sueldo, sin la minoración derivada de la aplicación del Real Decreto-ley 8/2020 y de las leyes presupuestarias estatales y autonómicas, el complemento de formación, el complemento de atención continuada y el de jornada complementaria.

La sentencia recurrida desestima el recurso de suplicación y confirma la sentencia de instancia.

En el presente recurso, la controversia suscitada se centra sólo en el importe de la mensualidad de sueldo, como integrante de las pagas extraordinarias.

3.La STSJ de Madrid 625/2022, de 30 de junio (Rec 180/2022) es la sentencia de contraste invocada por la parte recurrente, que desestimó el recurso de suplicación formulado frente a la sentencia del Juzgado de lo Social que estimó la demanda.

La cuestión que resuelve esta sentencia de contraste versa sobre la cuantía de la mensualidad del sueldo integrante para la determinación de las pagas extraordinarias devengadas por la parte demandante en razón de la prestación de servicios realizada por cuenta del Servicio Madrileño de Salud, como médico residente.

La sentencia de contraste confirma la sentencia del Juzgado de lo Social que estimó la demanda, considerando que, del artículo 7.2 del Real Decreto 1146/2006, se extrae que, en el importe de las pagas extraordinarias, se ha de incluir el sueldo de una mensualidad en su cuantía íntegra y que, por tanto, no pueden ser de aplicación las limitaciones derivadas del Real Decreto-ley 8/2020 y de las leyes presupuestarias estatales y autonómicas.

4.Sentado lo anterior, procede, a continuación, realizar el juicio de contradicción. Para ello, conviene tener presente que, en ambas sentencias, en la sentencia recurrida y en la sentencia de contraste, los demandantes tienen la condición de residentes para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud y, el objeto del litigio se centra en la determinación del importe de la mensualidad de sueldo que forma parte de las pagas extraordinarias, en su cuantía íntegra o minorado por la aplicación de las limitaciones previstas en el Real Decreto-ley 8/2010 y en las leyes presupuestarias. Sin embargo, mientras que, en la sentencia recurrida, se desestima la pretensión, en la sentencia de contraste se confirma la estimación de la demanda de la sentencia de instancia. De lo expuesto, se ha de colegir que se aprecia la concurrencia del presupuesto de contradicción exigido por el artículo 219 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social.

TERCERO.- 1.La parte recurrente invoca, con base en los artículos 224.2 y 207 e) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, que la sentencia recurrida infringe lo dispuesto en el Real Decreto-ley 8/2010 y en los artículos 7.2 del Real Decreto 1146/2006, 3.1 y 3.3 del Estatuto de los Trabajadores.

2.La actora está vinculada a la parte demandada con una relación laboral de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud y, reclama que, en las pagas extraordinarias, se incluya el importe íntegro de una mensualidad del sueldo y no la cuantía reducida en virtud de la aplicación de las limitaciones establecidas en el Real Decreto-ley 8/2010 y en las leyes presupuestarias.

La sentencia del Juzgado de lo Social desestimó la demanda y la sentencia recurrida confirmó esta sentencia, desestimando el recurso de suplicación.

3.El artículo 7.2 del Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud establece lo siguiente:

«Los residentes percibirán dos pagas extraordinarias que se devengarán semestralmente, en los meses de junio y diciembre, abonándose junto al salario correspondiente a dichos meses. El importe de cada una de ellas será, como mínimo, de una mensualidad del sueldo y del complemento de grado de formación».

Con carácter general, de la interpretación gramatical de la norma se extrae que el legislador ha implantado un mínimo de derecho necesario, que habrá de ser respetado, para determinar el importe de las pagas extraordinarias, que no podrán ser inferiores a la cuantía de un mes de sueldo y del complemento de formación.

Como se ha reseñado anteriormente, el artículo 7.2 del Real Decreto 1146/2006 es una norma de derecho necesario, por lo que admite ser mejorada en favor del trabajador a través de la autonomía colectiva o individual, pero no el establecimiento de condiciones que no respeten estos mínimos. En este sentido, se han pronunciado, entre otras, las SSTS 636/2025, de 25 de junio (Rcud 2897/2023) y 518/2025, de 30 de mayo (Rcud 659/2023).

4.Es reiterada la jurisprudencia sentada por esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo, siendo destacables los siguientes aspectos, puestos de manifiesto por las SSTS 878/2025, de 2 de octubre (Rcud 2587/2024) y 439/2024, de 6 de marzo (Rec 158/2022):

a) Los residentes que presten servicios en formación de especialistas en Ciencias de la Salud tienen derecho a percibir dos pagas extraordinarias al año, de devengo semestral y, que se abonarán en junio y diciembre.

b) El importe de cada paga extraordinaria ascenderá, como mínimo, a la cuantía de una mensualidad de salario y del complemento de formación.

c) Ambas conclusiones constituyen mínimos de derecho necesario que habrán de ser respetados, pudiendo ser mejorados por la negociación colectiva o por la autonomía individual, pero no empeorados.

d) El reenvío contenido en el artículo 7.1 del Real Decreto 1146/2006 a las leyes de presupuestos se refiere a la cuantía, pero no a los conceptos que han de integrar las pagas extraordinarias, que son los previstos, con carácter general y común, en el Real Decreto 1146/2006, que da cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 149.7 de la Constitución, que contiene la reserva de la legislación laboral, como competencia exclusiva del Estado. Por lo tanto, una norma autonómica, de presupuestos o de cualquier otra índole, no puede incidir en la configuración y la estructura de la retribución de los residentes en Ciencias de la Salud, establecida en el Real Decreto citado, que es una norma estatal.

e) No cabe excluir del importe de las pagas extraordinarias, el complemento de formación, al estar previsto en el Real Decreto 1146/2006.

En esta línea, se han pronunciado también las SSTS 173/2025, de 5 de marzo (Rec 96/2023), 144/2025, de 26 de febrero (Rcud 1911/2023), 336/2023, de 9 de mayo (Rcud 2196/2022), 337/2023, de 9 de mayo, (Rcud 2919/2022) y, 257/2023, de 11 de abril (Rec 170/2021), en las que la cuestión controvertida versaba sobre la inclusión en el importe de las pagas extraordinarias del complemento de atención continuada.

5.Por lo tanto, se ha de concluir que la doctrina correcta es la contenida en la sentencia de contraste que declaró que integra el importe de las pagas extraordinarias del personal con relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud, la cuantía íntegra de una mensualidad del sueldo, no reducida por la aplicación de las limitaciones contenidas en el Real Decreto-ley 8/2010 y en las leyes presupuestarias, además del complemento de formación, que son mínimos de derecho necesario que, en el caso de autos, no han sido mejorados por la negociación colectiva, ni por la autonomía individual, estimándose este motivo de recurso de casación para la unificación de doctrina y, por ende, el recurso.

CUARTO.- 1.Todo lo expuesto conduce, de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, a estimar el recurso de casación para la unificación de doctrina formulado por la parte actora; a casar y anular la Sentencia de la Sala de lo Social de Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears 176/2024, de 9 de abril (Rec 603/2023); y a resolver el debate de suplicación, estimando el de tal clase formulado por la demandante y, en consecuencia, revocar la Sentencia del Juzgado de lo Social nº 2 de los de Palma 261/2023, de 15 de junio (autos 730/2022), estimar en parte la demanda formulada por Dª. Inocencia y condenar al Servei Balear De Salut a que le abone a la demandante 2.710,50 euros, más los intereses legales correspondientes, sin condena en costas.

Se estima en parte la demanda, ya que en la misma se solicita por la actora que se declare su derecho a percibir en concepto de paga extraordinaria el 100 % del sueldo base, el complemento de formación, el complemento de atención continuada y el de jornada complementaria. Sólo ha sido objeto de debate en este recurso, el importe de la mensualidad del sueldo.

2.No procede efectuar pronunciamiento sobre costas.