Sentencia Social 204/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 2496/2023 de 25 de marzo del 2025

PRIMERO.- 1.-La sentencia recurrida en el presente recurso unificador, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dictada el día 28 de febrero de 2023 ha inadmitido el recurso de suplicación por falta de competencia funcional declarando firme el fallo desestimatorio de la demanda. Se trata de una reclamación formulada por una trabajadora para que la prestación por desempleo que le fue reconocida por 660 días lo sea por 720 días, habiendo la actora sido beneficiaria de prestaciones por desempleo los periodos 14 de marzo de 2020 a 30 de mayo de 2020 y 1 de noviembre, determinándose ambos derechos por una situación de suspensión temporal de la actividad a causa del Covid.

2.-En el presente recurso se plantea una cuestión de orden público procesal, cual es la competencia funcional del Tribunal que dictó la sentencia recurrida y consiguientemente la de esta Sala que debería inadmitir el recurso si estimara que contra la sentencia de la instancia no procedía recurso de suplicación por razón de la cuantía de la litis, lo que comportaría, igualmente, su falta de competencia funcional. Por tanto, debe abordarse el problema relativo a la competencia funcional sin hacer el análisis previo sobre la existencia de contradicción doctrinal que requiere el artículo 219 de la LRJS por cuanto se suscita una cuestión que afecta al orden público procesal y a la competencia de este Tribunal.

La STS 1070/2020 de 2 de diciembre (rcud. 1256/2018), sostiene que debe examinarse de oficio de la cuestión relativa a la recurribilidad de la sentencia por estar afectado el orden público procesal y la propia competencia funcional, y sin necesidad de que concurra o no el requisito o presupuesto de contradicción, en tanto el recurso de casación para la unificación de doctrina procede contra las sentencias dictadas en suplicación, y "esto presupone que la recurribilidad en casación se condiciona a que la sentencia de instancia sea -a su vez- recurrible en suplicación, de modo y manera que el control de la competencia funcional de la Sala supone el previo control sobre la procedencia o improcedencia de la suplicación".

En relación con la afectación general, la citada sentencia del TS de 2 de diciembre de 2020 (rcud. 1256/2018) argumenta:

"No siendo posible el recurso de suplicación por la cuantía, cobra máxima importancia la previsión del art. 191.3.b) LRJS, que abre las puertas a la suplicación cuando la cuestión afecte a un gran número de trabajadores siempre que tal circunstancia de afectación general fuera notoria o haya sido alegada y probada en juicio o posea claramente u contenido de generalidad no puesto en duda por ninguna de las partes. La norma, a su vez, hay que interpretarla tal y como nuestra reiterada doctrina viene manifestando. Dos sentencias de 3 octubre 2003 (rcud 1011/2003 y 1422/2003), dictadas por el Pleno, albergan los criterios que desde entonces venimos aplicando:

a) La exigencia de que "la cuestión debatida afecte a todos o un gran número de beneficiarios", contiene un concepto jurídico indeterminado, que sobre un sustrato fáctico sometido a las reglas generales de la prueba, requiere una valoración jurídica acerca de su concurrencia en cada caso concreto;

b) la apreciación de la afectación general depende de la existencia efectiva de litigiosidad en masa y también de las "características intrínsecas" de la cuestión objeto de debate, lo que supone la existencia de una situación de conflicto generalizada en la que se ponen en discusión los derechos de los trabajadores frente a su empresa, siempre que ésta tenga una plantilla suficientemente extensa y tales derechos alcancen "a todos o a un gran número" de sus trabajadores;

c) la triple distinción que establece el art. 189.1.b LPL pone de manifiesto que la alegación y prueba de la afectación múltiple, no es necesaria cuando se trate de "hechos notorios", ni cuando el asunto "posea claramente un contenido de generalidad no puesto en duda por ninguna de las partes";

d) fuera de estos supuestos, la afectación general requiera que haya sido alegada y probada en juicio".

SEGUNDO.- 1.-En el supuesto enjuiciado, la afectación general de la cuestión litigiosa se evidencia con la existencia de los numerosos litigios sobre esta misma materia planteados, en idénticos términos, que versan todos ellos sobre si el periodo de percepción de prestaciones de desempleo como consecuencia de la suspensión del contrato de trabajo por un ERTE-Covid debe computarse como cotizado a efectos de percibir una nueva prestación de desempleo.

Resulta notoria la afectación general de la cuestión debatida los diferentes recursos de casación unificadora ante este Tribunal en los que se ejercita esa misma pretensión, así como las numerosas sentencias que ya hemos dictado sobre idéntica materia, en los que hemos entrado a resolver sobre el fondo del asunto. Sirva a título ejemplificativo la STS 980/2023, de 16 de noviembre (rcud 5326/2022), seguida por otras muchas, de fecha 30 de enero de 2024 rcuds. 5531/2022, 5794/2022, 5428/2022, 5571/2022 y 691/2023.

2.-En consecuencia, procede estimar este motivo casacional, declarando que el Tribunal Superior de Justicia tenía competencia funcional para conocer del recurso de suplicación interpuesto.

TERCERO.- 1.-Todo ello conduce, de acuerdo con el informe del Ministerio Fiscal, a estimar el recurso, declarando la competencia funcional de la Sala de suplicación para conocer de la cuestión de fondo planteada y, la nulidad de la sentencia impugnada con devolución de los autos a dicho órgano judicial para que con libertad de criterio se pronuncie sobre la cuestión de fondo.

2.-Sin hacer pronunciamiento alguno sobre las costas.