Sentencia Social 307/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 5281/2024 de 25 de marzo del 2026

PRIMERO. Contenido y objeto del recurso. Antecedentes relevantes.

El objeto del presente recurso es determinar las normas que deben serle aplicadas al demandante, que es controlador aéreo y está en situación de Licencia Especial Retribuida (LER), y determinar si tiene derecho a percibir las mismas cantidades que venía percibiendo con anterioridad a la entrada en vigor del II Convenio Colectivo de controladores aéreos.

SEGUNDO. Principales normas aplicables.

La resolución del presente recurso exige el examen de las diferentes normas cuyo contenido, en la parte que interesa, pasamos a reproducir.

1. II Convenio colectivo profesional de los controladores de tránsito aéreo en la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (BOE 9 de marzo de 2011).

«Artículo 124.2, párrafo primero:

Para el periodo de vigencia del presente Convenio, se establece una retribución garantizada, para los CTA con antigüedad anterior a 5 de febrero de 2010, de una media salarial de 200.000 euros brutos por CTA operativo y un salario al menos equivalente al percibido durante el año 2010. para los CTA no operativos, lo que supone en su conjunto una masa salarial máxima de 480 millones de euros para el indicado ejercicio, tal y como se estipula en el acuerdo de bases suscrito por todas las partes el 13 de agosto de 2010. Estos mismos criterios determinarán la masa salarial correspondiente a cada ejercicio de vigencia del presente convenio».

«Artículo 165. Licencia especial retribuida (LER).

1. Todos los CTA que con anterioridad al 5 de febrero de 2010 ya disfrutaran del sistema de LER regulado en el ICCP podrán continuar acogidos al mismo en los términos y cuantías que lo hayan percibido el mes anterior a la fecha de entrada en vigor del presente convenio.

2. Queda suspendido el derecho a obtener la LER, sin que pueda producirse ninguna nueva incorporación. Aquellos CTA que no tuvieran concedida la LER por AENA a pesar de haberla solicitado con fecha anterior al 5 de febrero, podrán acogerse a la nueva Reserva Activa, si cumplen las condiciones para ello según lo establecido en el presente convenio.

3. Aquellos CTA que con fecha anterior al 5 de febrero de 2010 tuvieran reconocida de manera formal y fehaciente por AENA la inminente incorporación a la LER, y tuviesen cumplidos los 52 años antes del 5 de febrero de 2010 y no hubiesen formalizado su entrada, podrán acogerse a la misma, con los criterios regulados en el ICCP, si bien le será de aplicación el mismo límite que se establece para la Reserva Activa en el apartado 4 del Artículo siguiente para su retribución íntegra anual, o bien podrán continuar prestando sus servicios en la empresa tanto en puestos operativos como no operativos en función de sus circunstancias y de lo previsto en este IICCP. Estos CTA deberán comunicar su decisión a la empresa en el plazo máximo de dos meses desde la publicación de este convenio. En caso de no hacerlo, se entenderá que optan por continuar prestando sus servicios en la empresa».

TERCERO. Elementos relevantes del proceso.

1. El proceso se inicia por demanda interpuesta por Jose Luis, con pretensión de declarativo de derecho y reclamación de cantidad contra la empresa ENAIRE en la que resumidamente plantea que por consecuencia de la sentencia de esta Sala de 16 de marzo de 2018, entiende que tiene derecho a percibir las mismas cantidades que venía percibiendo con anterioridad a la entrada en vigor del II Convenio Colectivo de controladores aéreos mientras continúe en situación de Licencia Especial Retribuida (LER) y le sean abonadas las cantidades adeudadas desde julio de 2017.

2. El Juzgado de lo Social 8 de Sevilla dictó sentencia 100 153/2021, de 19 de abril (autos 1079/2018), que estimaba la demanda, reconociéndole el derecho a percibir la retribución desde el 1 de julio de 2.017 computando la totalidad de las retribuciones percibidas en 2.010 y no sólo el mes de diciembre de 2.010.

El 11/07/2023 se presenta recurso de suplicación por la empresa demandada en el que se razona en la dirección del que debe ser desestimada la demanda.

3. El recurso de suplicación interpuesto por la parte demandante ha sido estimado por la sentencia del TSJ de Andalucía, 2802/2024, de 10 de octubre de 2024 (recurso de suplicación 3305/2021). En dicha sentencia se explica que la cuestión a resolver en el presente recurso, la aplicación o no a los controladores de tránsito aéreo que tienen reconocida la licencia especial retribuida de la garantía salarial prevista en el artículo 124.2 del II convenio colectivo ha sido resuelta, entre otras, por la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de febrero de 2024, (R. 4148/2022), en la que se declara que la cuestión objeto de controversia, ya fue resuelta, si bien obiter dicta en la STS núm. 313/2018, rcud. 2029/2016. Según estas sentencias de la Sala IV es claro que al demandante no se le aplica la garantía salarial prevista en el artículo 124.2 del II convenio colectivo de los controladores de tránsito aéreo, computando la retribución anual correspondiente al 2.010 para fijar sus retribuciones en la situación de licencia especial retribuida, sino que ha de estarse al salario del mes de diciembre de 2.010 conforme al artículo 165.1 del Convenio colectivo, sin vinculación con las retribuciones del personal en activo, por no tener la consideración de controladores de tránsito aéreo operativos, y no habiéndolo entendido así la sentencia de instancia, procede su revocación. .

4. Contra la anterior sentencia se interpone por la representación del demandante recurso de casación para la unificación de la doctrina, en el que se plantea un único motivo en el que considera vulnera la normativa que citan y señala como sentencia de contraste la de la misma Sala de lo Social de Andalucía de 11 de abril de 2024 (recurso 2035/2021). Dicho recurso ha sido impugnado por la parte demandada.

5. El Ministerio Fiscal informó en el sentido de que no existe contradicción por lo que debe ser inadmitido el recurso, al tiempo que procede la desestimación del mismo por ser la doctrina correcta la contenida en la sentencia ahora recurrida.

CUARTO. Análisis de la contradicción.

1. Debemos examinar el requisito de contradicción exigido por el art. 219.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ( en adelante LRJS) en relación con las sentencias de contraste relativas a los motivos del recurso formulados por la recurrente: El citado art. 219 exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina (en la redacción anterior a la reforma operada por el apartado doce del artículo 24 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia) la existencia de contradicción entre la sentencia impugnada y otra sentencia de Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de esta Sala del Tribunal Supremo, pudiendo también ser traída como doctrina de contradicción una sentencia del Tribunal Constitucional o de los órganos jurisdiccionales instituidos en los Tratados y Acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y libertades fundamentales ratificados por España, o del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en interpretación del derecho comunitario.

Dicha contradicción se produce cuando las sentencias en comparación hubieren llegado a pronunciamientos distintos ante un mismo objeto, es decir, que se produzcan diferentes respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y aunque no se exige una identidad absoluta es preciso que se haya llegado a esa diversidad de las decisiones aun tratándose, respecto a los mismos litigantes u otros, en base a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales.

2. En la sentencia recurrida el demandante presta servicios para la demandada desde el 18 de septiembre de 1978, como técnico instructor (controlador de circulación aérea), con último destino en control de tránsito aéreo de Sevilla; el 28 de julio de 2008 [aunque la sentencia dice 28-7-2018 es un error mecanográfico manifiesto a la vista de la propia demanda y de la prueba documental aportada por ambas partes al acto del juicio, folios 37 (parte actora) y 160 (parte demandada) en que consta el documento firmado], suscribió acuerdo de Licencia Especial Retribuida (LER), en cuya estipulación quinta se establece que la retribución durante dicha situación se incrementarán el mismo porcentaje en que lo hicieran los conceptos equivalentes que constituyen el salario para el personal inactivo en el mismo o similar, puesto de trabajo, estudio de acuerdo con el artículo 166 del I convenio colectivo de los controladores de la circulación aérea. El 17 de abril de 2019, el demandante accede a la situación de jubilación. [es relevante señalar que la demanda habla de que el acuerdo LER fue suscrito el 28 de julio de 2008]. El acuerdo LER es anterior al 5 de febrero de 2010.

El Juzgado de lo Social estimó la demanda, y la sentencia del TSJ de Andalucía revoca la anterior y desestima la demanda.

3. La sentencia de contraste analiza la situación de quien prestaba servicios para la misma demandada desde el 1 de marzo de 1977, con la misma categoría de controlador aéreo. En este caso se suscribió acuerdo de LER el 6 de noviembre de 2006, y con vigencia prevista hasta la jubilación del trabajador. En la estipulación quinta del acuerdo se establecía que la retribución durante la LER se incrementaría en el mismo porcentaje en que lo hicieran los conceptos equivalentes que constituyeran el salario para el personal en activo en el mismo o similar puesto de trabajo.

El Juzgado de lo Social estimó la demanda, y la sentencia del TSJ de Andalucía desestima el recurso de suplicación empresarial y confirma la estimación de la demanda.

4. A la vista de lo anterior es palmario y evidente que, ante hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, existe contradicción pues en ambos casos la cuestión litigiosa es referente a si los CTA en situación de LER, conforme al I CC se les aplica el artículo 124.2 del II CC o el artículo 165.1 del mismo, esto es, si tiene derecho a percibir la misma retribución que está prevista para los CTA que no desempeñen ningún puesto de trabajo por estar en situación de no operativos, siendo de aplicación la misma normativa convencional, emitiéndose pronunciamientos diferentes ante situaciones sustancialmente idénticas.

Ello implica que existe la contradicción y debe resolverse cuál es la doctrina aplicable.

QUINTO. Cuestión de fondo. Resolución.

La pretensión del recurso es que le sea reconocido el derecho a percibir las mismas cantidades que en el año 2010 y se denuncia la inaplicación por la sentencia del TSJ del art. 124.1 de la norma convencional.

La cuestión ya ha quedado de resuelta por sentencias de esta sala, bastando con citar la 396/2025, de 27 de mayo de 2025 (rcud 649/2023) en la que se razona:

«Respecto del núcleo de lo debatido en el presente recurso unificador, es preciso advertir que esta sala ya ha sentado criterio sobre la cuestión discutida. Así, la STS 346/2024 de 23 de febrero (rcud 1838/2021), abordando un asunto idéntico y recordando un obiter dicta de la STS 313/2018 (rcud 2029/2016), acabó por rechazar el derecho a las diferencias reclamadas.

En ella se comenzaba analizando el margen interpretativo que la Sala Cuarta del Tribunal supremo tiene cuando se trata de revisar la interpretación de convenios colectivos efectuada por la sala de suplicación, y así reiteraba que debe acudirse a la interpretación literal o gramatical, sistemática, histórica y finalista, para seguir con la advertencia de la evolución de la jurisprudencia de la sala en orden a reiterar que «Frente a la opción de dar por buena, en todo caso, la interpretación efectuada por la sentencia de instancia, la Sala considera que lo que le corresponde realizar en supuestos como el presente, en los que se discute por el recurrente aquella interpretación, consiste en verificar que la exégesis del precepto convencional efectuada por la sentencia recurrida se adecúa a las reglas de interpretación que se derivan de los artículos 3 y 1281 y ss. CC, tal como las ha venido analizando la Sala en la jurisprudencia recién expuesta". (SSTS 904/2020, de 13 de octubre (Rec. 132/2019) y 1135/2020, de 21 de diciembre (Rec. 76/2019); entre otras).»

A continuación la sentencia de esta sala recordando lo afirmado en obiter dicta (a mayor abundamiento) por la sentencia ya referida nº 313/2018, reitera que:

«Bajo el régimen jurídico del II Convenio la actualización de las remuneraciones de la situación de LER se separa y desvincula de los incrementos o detrimentos salariales que puedan resultar aplicables a los trabajadores en activo, y por expresa disposición del mismo, pasa a regirse por una regla tan clara como su literalidad expresa, que no es otra que la de ajustarse a la que venían percibiendo estos trabajadores en el mes anterior a la entrada en vigor de los efectos económicos del convenio, sin que pueda además incrementarse durante su periodo de vigencia, desligándose así de la remuneración que pudiere corresponder a los trabajadores en activo a partir de esa fecha.

Es más, para dar igualmente respuesta a la situación jurídica generada por la normativa legal aplicable a partir de ese momento, el nuevo convenio también incluye una serie de normas específicas en materia de retribución de los trabajadores en activo, en función de que su antigüedad sea anterior a aquella misma fecha de 5 de febrero de 2010, lo que asimismo evidencia hasta qué punto se han querido desvincular las retribuciones de unos y otros a raíz del radical cambio normativo que ha supuesto la suspensión de las situaciones de LER, que ha dado también lugar una minoración del salario de los trabajadores en activo a partir de la anualidad de 2011.

Todos estos cambios normativos son perfectamente conocidos en el momento en que se redacta el II Convenio Colectivo, que ha optado por congelar la remuneración percibida por los CAT en situación de LER antes de 5 de febrero de 2010, en la cuantía que vinieren percibiendo el mes anterior a su entrada en vigor y durante toda su vigencia, adoptando en paralelo una singular regulación de la retribución de los trabajadores en activo en función de aquella misma fecha de referencia, separando de esta forma el devenir de una y otra.»

En atención a lo expuesto, terminamos entonces desestimando el recurso formulado por la controladora aérea tras declarar que la solución correcta en el caso de autos se contenía en la sentencia recurrida, y no en la de contraste, por lo que había de estarse al salario del mes de diciembre de 2010, y no a las retribuciones de toda esa anualidad».

Lo anteriormente razonado nos lleva a concluir que la doctrina correcta es la de la sentencia recurrida y ello, oído el Ministerio Fiscal, obliga a desestimar el recurso de casación contra la sentencia del TSJ.

Sin costas.

PRIMERO. Contenido y objeto del recurso. Antecedentes relevantes.

El objeto del presente recurso es determinar las normas que deben serle aplicadas al demandante, que es controlador aéreo y está en situación de Licencia Especial Retribuida (LER), y determinar si tiene derecho a percibir las mismas cantidades que venía percibiendo con anterioridad a la entrada en vigor del II Convenio Colectivo de controladores aéreos.

SEGUNDO. Principales normas aplicables.

La resolución del presente recurso exige el examen de las diferentes normas cuyo contenido, en la parte que interesa, pasamos a reproducir.

1. II Convenio colectivo profesional de los controladores de tránsito aéreo en la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (BOE 9 de marzo de 2011).

«Artículo 124.2, párrafo primero:

Para el periodo de vigencia del presente Convenio, se establece una retribución garantizada, para los CTA con antigüedad anterior a 5 de febrero de 2010, de una media salarial de 200.000 euros brutos por CTA operativo y un salario al menos equivalente al percibido durante el año 2010. para los CTA no operativos, lo que supone en su conjunto una masa salarial máxima de 480 millones de euros para el indicado ejercicio, tal y como se estipula en el acuerdo de bases suscrito por todas las partes el 13 de agosto de 2010. Estos mismos criterios determinarán la masa salarial correspondiente a cada ejercicio de vigencia del presente convenio».

«Artículo 165. Licencia especial retribuida (LER).

1. Todos los CTA que con anterioridad al 5 de febrero de 2010 ya disfrutaran del sistema de LER regulado en el ICCP podrán continuar acogidos al mismo en los términos y cuantías que lo hayan percibido el mes anterior a la fecha de entrada en vigor del presente convenio.

2. Queda suspendido el derecho a obtener la LER, sin que pueda producirse ninguna nueva incorporación. Aquellos CTA que no tuvieran concedida la LER por AENA a pesar de haberla solicitado con fecha anterior al 5 de febrero, podrán acogerse a la nueva Reserva Activa, si cumplen las condiciones para ello según lo establecido en el presente convenio.

3. Aquellos CTA que con fecha anterior al 5 de febrero de 2010 tuvieran reconocida de manera formal y fehaciente por AENA la inminente incorporación a la LER, y tuviesen cumplidos los 52 años antes del 5 de febrero de 2010 y no hubiesen formalizado su entrada, podrán acogerse a la misma, con los criterios regulados en el ICCP, si bien le será de aplicación el mismo límite que se establece para la Reserva Activa en el apartado 4 del Artículo siguiente para su retribución íntegra anual, o bien podrán continuar prestando sus servicios en la empresa tanto en puestos operativos como no operativos en función de sus circunstancias y de lo previsto en este IICCP. Estos CTA deberán comunicar su decisión a la empresa en el plazo máximo de dos meses desde la publicación de este convenio. En caso de no hacerlo, se entenderá que optan por continuar prestando sus servicios en la empresa».

TERCERO. Elementos relevantes del proceso.

1. El proceso se inicia por demanda interpuesta por Jose Luis, con pretensión de declarativo de derecho y reclamación de cantidad contra la empresa ENAIRE en la que resumidamente plantea que por consecuencia de la sentencia de esta Sala de 16 de marzo de 2018, entiende que tiene derecho a percibir las mismas cantidades que venía percibiendo con anterioridad a la entrada en vigor del II Convenio Colectivo de controladores aéreos mientras continúe en situación de Licencia Especial Retribuida (LER) y le sean abonadas las cantidades adeudadas desde julio de 2017.

2. El Juzgado de lo Social 8 de Sevilla dictó sentencia 100 153/2021, de 19 de abril (autos 1079/2018), que estimaba la demanda, reconociéndole el derecho a percibir la retribución desde el 1 de julio de 2.017 computando la totalidad de las retribuciones percibidas en 2.010 y no sólo el mes de diciembre de 2.010.

El 11/07/2023 se presenta recurso de suplicación por la empresa demandada en el que se razona en la dirección del que debe ser desestimada la demanda.

3. El recurso de suplicación interpuesto por la parte demandante ha sido estimado por la sentencia del TSJ de Andalucía, 2802/2024, de 10 de octubre de 2024 (recurso de suplicación 3305/2021). En dicha sentencia se explica que la cuestión a resolver en el presente recurso, la aplicación o no a los controladores de tránsito aéreo que tienen reconocida la licencia especial retribuida de la garantía salarial prevista en el artículo 124.2 del II convenio colectivo ha sido resuelta, entre otras, por la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de febrero de 2024, (R. 4148/2022), en la que se declara que la cuestión objeto de controversia, ya fue resuelta, si bien obiter dicta en la STS núm. 313/2018, rcud. 2029/2016. Según estas sentencias de la Sala IV es claro que al demandante no se le aplica la garantía salarial prevista en el artículo 124.2 del II convenio colectivo de los controladores de tránsito aéreo, computando la retribución anual correspondiente al 2.010 para fijar sus retribuciones en la situación de licencia especial retribuida, sino que ha de estarse al salario del mes de diciembre de 2.010 conforme al artículo 165.1 del Convenio colectivo, sin vinculación con las retribuciones del personal en activo, por no tener la consideración de controladores de tránsito aéreo operativos, y no habiéndolo entendido así la sentencia de instancia, procede su revocación. .

4. Contra la anterior sentencia se interpone por la representación del demandante recurso de casación para la unificación de la doctrina, en el que se plantea un único motivo en el que considera vulnera la normativa que citan y señala como sentencia de contraste la de la misma Sala de lo Social de Andalucía de 11 de abril de 2024 (recurso 2035/2021). Dicho recurso ha sido impugnado por la parte demandada.

5. El Ministerio Fiscal informó en el sentido de que no existe contradicción por lo que debe ser inadmitido el recurso, al tiempo que procede la desestimación del mismo por ser la doctrina correcta la contenida en la sentencia ahora recurrida.

CUARTO. Análisis de la contradicción.

1. Debemos examinar el requisito de contradicción exigido por el art. 219.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ( en adelante LRJS) en relación con las sentencias de contraste relativas a los motivos del recurso formulados por la recurrente: El citado art. 219 exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina (en la redacción anterior a la reforma operada por el apartado doce del artículo 24 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia) la existencia de contradicción entre la sentencia impugnada y otra sentencia de Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de esta Sala del Tribunal Supremo, pudiendo también ser traída como doctrina de contradicción una sentencia del Tribunal Constitucional o de los órganos jurisdiccionales instituidos en los Tratados y Acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y libertades fundamentales ratificados por España, o del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en interpretación del derecho comunitario.

Dicha contradicción se produce cuando las sentencias en comparación hubieren llegado a pronunciamientos distintos ante un mismo objeto, es decir, que se produzcan diferentes respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y aunque no se exige una identidad absoluta es preciso que se haya llegado a esa diversidad de las decisiones aun tratándose, respecto a los mismos litigantes u otros, en base a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales.

2. En la sentencia recurrida el demandante presta servicios para la demandada desde el 18 de septiembre de 1978, como técnico instructor (controlador de circulación aérea), con último destino en control de tránsito aéreo de Sevilla; el 28 de julio de 2008 [aunque la sentencia dice 28-7-2018 es un error mecanográfico manifiesto a la vista de la propia demanda y de la prueba documental aportada por ambas partes al acto del juicio, folios 37 (parte actora) y 160 (parte demandada) en que consta el documento firmado], suscribió acuerdo de Licencia Especial Retribuida (LER), en cuya estipulación quinta se establece que la retribución durante dicha situación se incrementarán el mismo porcentaje en que lo hicieran los conceptos equivalentes que constituyen el salario para el personal inactivo en el mismo o similar, puesto de trabajo, estudio de acuerdo con el artículo 166 del I convenio colectivo de los controladores de la circulación aérea. El 17 de abril de 2019, el demandante accede a la situación de jubilación. [es relevante señalar que la demanda habla de que el acuerdo LER fue suscrito el 28 de julio de 2008]. El acuerdo LER es anterior al 5 de febrero de 2010.

El Juzgado de lo Social estimó la demanda, y la sentencia del TSJ de Andalucía revoca la anterior y desestima la demanda.

3. La sentencia de contraste analiza la situación de quien prestaba servicios para la misma demandada desde el 1 de marzo de 1977, con la misma categoría de controlador aéreo. En este caso se suscribió acuerdo de LER el 6 de noviembre de 2006, y con vigencia prevista hasta la jubilación del trabajador. En la estipulación quinta del acuerdo se establecía que la retribución durante la LER se incrementaría en el mismo porcentaje en que lo hicieran los conceptos equivalentes que constituyeran el salario para el personal en activo en el mismo o similar puesto de trabajo.

El Juzgado de lo Social estimó la demanda, y la sentencia del TSJ de Andalucía desestima el recurso de suplicación empresarial y confirma la estimación de la demanda.

4. A la vista de lo anterior es palmario y evidente que, ante hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, existe contradicción pues en ambos casos la cuestión litigiosa es referente a si los CTA en situación de LER, conforme al I CC se les aplica el artículo 124.2 del II CC o el artículo 165.1 del mismo, esto es, si tiene derecho a percibir la misma retribución que está prevista para los CTA que no desempeñen ningún puesto de trabajo por estar en situación de no operativos, siendo de aplicación la misma normativa convencional, emitiéndose pronunciamientos diferentes ante situaciones sustancialmente idénticas.

Ello implica que existe la contradicción y debe resolverse cuál es la doctrina aplicable.

QUINTO. Cuestión de fondo. Resolución.

La pretensión del recurso es que le sea reconocido el derecho a percibir las mismas cantidades que en el año 2010 y se denuncia la inaplicación por la sentencia del TSJ del art. 124.1 de la norma convencional.

La cuestión ya ha quedado de resuelta por sentencias de esta sala, bastando con citar la 396/2025, de 27 de mayo de 2025 (rcud 649/2023) en la que se razona:

«Respecto del núcleo de lo debatido en el presente recurso unificador, es preciso advertir que esta sala ya ha sentado criterio sobre la cuestión discutida. Así, la STS 346/2024 de 23 de febrero (rcud 1838/2021), abordando un asunto idéntico y recordando un obiter dicta de la STS 313/2018 (rcud 2029/2016), acabó por rechazar el derecho a las diferencias reclamadas.

En ella se comenzaba analizando el margen interpretativo que la Sala Cuarta del Tribunal supremo tiene cuando se trata de revisar la interpretación de convenios colectivos efectuada por la sala de suplicación, y así reiteraba que debe acudirse a la interpretación literal o gramatical, sistemática, histórica y finalista, para seguir con la advertencia de la evolución de la jurisprudencia de la sala en orden a reiterar que «Frente a la opción de dar por buena, en todo caso, la interpretación efectuada por la sentencia de instancia, la Sala considera que lo que le corresponde realizar en supuestos como el presente, en los que se discute por el recurrente aquella interpretación, consiste en verificar que la exégesis del precepto convencional efectuada por la sentencia recurrida se adecúa a las reglas de interpretación que se derivan de los artículos 3 y 1281 y ss. CC, tal como las ha venido analizando la Sala en la jurisprudencia recién expuesta". (SSTS 904/2020, de 13 de octubre (Rec. 132/2019) y 1135/2020, de 21 de diciembre (Rec. 76/2019); entre otras).»

A continuación la sentencia de esta sala recordando lo afirmado en obiter dicta (a mayor abundamiento) por la sentencia ya referida nº 313/2018, reitera que:

«Bajo el régimen jurídico del II Convenio la actualización de las remuneraciones de la situación de LER se separa y desvincula de los incrementos o detrimentos salariales que puedan resultar aplicables a los trabajadores en activo, y por expresa disposición del mismo, pasa a regirse por una regla tan clara como su literalidad expresa, que no es otra que la de ajustarse a la que venían percibiendo estos trabajadores en el mes anterior a la entrada en vigor de los efectos económicos del convenio, sin que pueda además incrementarse durante su periodo de vigencia, desligándose así de la remuneración que pudiere corresponder a los trabajadores en activo a partir de esa fecha.

Es más, para dar igualmente respuesta a la situación jurídica generada por la normativa legal aplicable a partir de ese momento, el nuevo convenio también incluye una serie de normas específicas en materia de retribución de los trabajadores en activo, en función de que su antigüedad sea anterior a aquella misma fecha de 5 de febrero de 2010, lo que asimismo evidencia hasta qué punto se han querido desvincular las retribuciones de unos y otros a raíz del radical cambio normativo que ha supuesto la suspensión de las situaciones de LER, que ha dado también lugar una minoración del salario de los trabajadores en activo a partir de la anualidad de 2011.

Todos estos cambios normativos son perfectamente conocidos en el momento en que se redacta el II Convenio Colectivo, que ha optado por congelar la remuneración percibida por los CAT en situación de LER antes de 5 de febrero de 2010, en la cuantía que vinieren percibiendo el mes anterior a su entrada en vigor y durante toda su vigencia, adoptando en paralelo una singular regulación de la retribución de los trabajadores en activo en función de aquella misma fecha de referencia, separando de esta forma el devenir de una y otra.»

En atención a lo expuesto, terminamos entonces desestimando el recurso formulado por la controladora aérea tras declarar que la solución correcta en el caso de autos se contenía en la sentencia recurrida, y no en la de contraste, por lo que había de estarse al salario del mes de diciembre de 2010, y no a las retribuciones de toda esa anualidad».

Lo anteriormente razonado nos lleva a concluir que la doctrina correcta es la de la sentencia recurrida y ello, oído el Ministerio Fiscal, obliga a desestimar el recurso de casación contra la sentencia del TSJ.

Sin costas.

PRIMERO. Contenido y objeto del recurso. Antecedentes relevantes.

El objeto del presente recurso es determinar las normas que deben serle aplicadas al demandante, que es controlador aéreo y está en situación de Licencia Especial Retribuida (LER), y determinar si tiene derecho a percibir las mismas cantidades que venía percibiendo con anterioridad a la entrada en vigor del II Convenio Colectivo de controladores aéreos.

SEGUNDO. Principales normas aplicables.

La resolución del presente recurso exige el examen de las diferentes normas cuyo contenido, en la parte que interesa, pasamos a reproducir.

1. II Convenio colectivo profesional de los controladores de tránsito aéreo en la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (BOE 9 de marzo de 2011).

«Artículo 124.2, párrafo primero:

Para el periodo de vigencia del presente Convenio, se establece una retribución garantizada, para los CTA con antigüedad anterior a 5 de febrero de 2010, de una media salarial de 200.000 euros brutos por CTA operativo y un salario al menos equivalente al percibido durante el año 2010. para los CTA no operativos, lo que supone en su conjunto una masa salarial máxima de 480 millones de euros para el indicado ejercicio, tal y como se estipula en el acuerdo de bases suscrito por todas las partes el 13 de agosto de 2010. Estos mismos criterios determinarán la masa salarial correspondiente a cada ejercicio de vigencia del presente convenio».

«Artículo 165. Licencia especial retribuida (LER).

1. Todos los CTA que con anterioridad al 5 de febrero de 2010 ya disfrutaran del sistema de LER regulado en el ICCP podrán continuar acogidos al mismo en los términos y cuantías que lo hayan percibido el mes anterior a la fecha de entrada en vigor del presente convenio.

2. Queda suspendido el derecho a obtener la LER, sin que pueda producirse ninguna nueva incorporación. Aquellos CTA que no tuvieran concedida la LER por AENA a pesar de haberla solicitado con fecha anterior al 5 de febrero, podrán acogerse a la nueva Reserva Activa, si cumplen las condiciones para ello según lo establecido en el presente convenio.

3. Aquellos CTA que con fecha anterior al 5 de febrero de 2010 tuvieran reconocida de manera formal y fehaciente por AENA la inminente incorporación a la LER, y tuviesen cumplidos los 52 años antes del 5 de febrero de 2010 y no hubiesen formalizado su entrada, podrán acogerse a la misma, con los criterios regulados en el ICCP, si bien le será de aplicación el mismo límite que se establece para la Reserva Activa en el apartado 4 del Artículo siguiente para su retribución íntegra anual, o bien podrán continuar prestando sus servicios en la empresa tanto en puestos operativos como no operativos en función de sus circunstancias y de lo previsto en este IICCP. Estos CTA deberán comunicar su decisión a la empresa en el plazo máximo de dos meses desde la publicación de este convenio. En caso de no hacerlo, se entenderá que optan por continuar prestando sus servicios en la empresa».

TERCERO. Elementos relevantes del proceso.

1. El proceso se inicia por demanda interpuesta por Jose Luis, con pretensión de declarativo de derecho y reclamación de cantidad contra la empresa ENAIRE en la que resumidamente plantea que por consecuencia de la sentencia de esta Sala de 16 de marzo de 2018, entiende que tiene derecho a percibir las mismas cantidades que venía percibiendo con anterioridad a la entrada en vigor del II Convenio Colectivo de controladores aéreos mientras continúe en situación de Licencia Especial Retribuida (LER) y le sean abonadas las cantidades adeudadas desde julio de 2017.

2. El Juzgado de lo Social 8 de Sevilla dictó sentencia 100 153/2021, de 19 de abril (autos 1079/2018), que estimaba la demanda, reconociéndole el derecho a percibir la retribución desde el 1 de julio de 2.017 computando la totalidad de las retribuciones percibidas en 2.010 y no sólo el mes de diciembre de 2.010.

El 11/07/2023 se presenta recurso de suplicación por la empresa demandada en el que se razona en la dirección del que debe ser desestimada la demanda.

3. El recurso de suplicación interpuesto por la parte demandante ha sido estimado por la sentencia del TSJ de Andalucía, 2802/2024, de 10 de octubre de 2024 (recurso de suplicación 3305/2021). En dicha sentencia se explica que la cuestión a resolver en el presente recurso, la aplicación o no a los controladores de tránsito aéreo que tienen reconocida la licencia especial retribuida de la garantía salarial prevista en el artículo 124.2 del II convenio colectivo ha sido resuelta, entre otras, por la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de febrero de 2024, (R. 4148/2022), en la que se declara que la cuestión objeto de controversia, ya fue resuelta, si bien obiter dicta en la STS núm. 313/2018, rcud. 2029/2016. Según estas sentencias de la Sala IV es claro que al demandante no se le aplica la garantía salarial prevista en el artículo 124.2 del II convenio colectivo de los controladores de tránsito aéreo, computando la retribución anual correspondiente al 2.010 para fijar sus retribuciones en la situación de licencia especial retribuida, sino que ha de estarse al salario del mes de diciembre de 2.010 conforme al artículo 165.1 del Convenio colectivo, sin vinculación con las retribuciones del personal en activo, por no tener la consideración de controladores de tránsito aéreo operativos, y no habiéndolo entendido así la sentencia de instancia, procede su revocación. .

4. Contra la anterior sentencia se interpone por la representación del demandante recurso de casación para la unificación de la doctrina, en el que se plantea un único motivo en el que considera vulnera la normativa que citan y señala como sentencia de contraste la de la misma Sala de lo Social de Andalucía de 11 de abril de 2024 (recurso 2035/2021). Dicho recurso ha sido impugnado por la parte demandada.

5. El Ministerio Fiscal informó en el sentido de que no existe contradicción por lo que debe ser inadmitido el recurso, al tiempo que procede la desestimación del mismo por ser la doctrina correcta la contenida en la sentencia ahora recurrida.

CUARTO. Análisis de la contradicción.

1. Debemos examinar el requisito de contradicción exigido por el art. 219.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ( en adelante LRJS) en relación con las sentencias de contraste relativas a los motivos del recurso formulados por la recurrente: El citado art. 219 exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina (en la redacción anterior a la reforma operada por el apartado doce del artículo 24 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia) la existencia de contradicción entre la sentencia impugnada y otra sentencia de Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de esta Sala del Tribunal Supremo, pudiendo también ser traída como doctrina de contradicción una sentencia del Tribunal Constitucional o de los órganos jurisdiccionales instituidos en los Tratados y Acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y libertades fundamentales ratificados por España, o del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en interpretación del derecho comunitario.

Dicha contradicción se produce cuando las sentencias en comparación hubieren llegado a pronunciamientos distintos ante un mismo objeto, es decir, que se produzcan diferentes respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y aunque no se exige una identidad absoluta es preciso que se haya llegado a esa diversidad de las decisiones aun tratándose, respecto a los mismos litigantes u otros, en base a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales.

2. En la sentencia recurrida el demandante presta servicios para la demandada desde el 18 de septiembre de 1978, como técnico instructor (controlador de circulación aérea), con último destino en control de tránsito aéreo de Sevilla; el 28 de julio de 2008 [aunque la sentencia dice 28-7-2018 es un error mecanográfico manifiesto a la vista de la propia demanda y de la prueba documental aportada por ambas partes al acto del juicio, folios 37 (parte actora) y 160 (parte demandada) en que consta el documento firmado], suscribió acuerdo de Licencia Especial Retribuida (LER), en cuya estipulación quinta se establece que la retribución durante dicha situación se incrementarán el mismo porcentaje en que lo hicieran los conceptos equivalentes que constituyen el salario para el personal inactivo en el mismo o similar, puesto de trabajo, estudio de acuerdo con el artículo 166 del I convenio colectivo de los controladores de la circulación aérea. El 17 de abril de 2019, el demandante accede a la situación de jubilación. [es relevante señalar que la demanda habla de que el acuerdo LER fue suscrito el 28 de julio de 2008]. El acuerdo LER es anterior al 5 de febrero de 2010.

El Juzgado de lo Social estimó la demanda, y la sentencia del TSJ de Andalucía revoca la anterior y desestima la demanda.

3. La sentencia de contraste analiza la situación de quien prestaba servicios para la misma demandada desde el 1 de marzo de 1977, con la misma categoría de controlador aéreo. En este caso se suscribió acuerdo de LER el 6 de noviembre de 2006, y con vigencia prevista hasta la jubilación del trabajador. En la estipulación quinta del acuerdo se establecía que la retribución durante la LER se incrementaría en el mismo porcentaje en que lo hicieran los conceptos equivalentes que constituyeran el salario para el personal en activo en el mismo o similar puesto de trabajo.

El Juzgado de lo Social estimó la demanda, y la sentencia del TSJ de Andalucía desestima el recurso de suplicación empresarial y confirma la estimación de la demanda.

4. A la vista de lo anterior es palmario y evidente que, ante hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, existe contradicción pues en ambos casos la cuestión litigiosa es referente a si los CTA en situación de LER, conforme al I CC se les aplica el artículo 124.2 del II CC o el artículo 165.1 del mismo, esto es, si tiene derecho a percibir la misma retribución que está prevista para los CTA que no desempeñen ningún puesto de trabajo por estar en situación de no operativos, siendo de aplicación la misma normativa convencional, emitiéndose pronunciamientos diferentes ante situaciones sustancialmente idénticas.

Ello implica que existe la contradicción y debe resolverse cuál es la doctrina aplicable.

QUINTO. Cuestión de fondo. Resolución.

La pretensión del recurso es que le sea reconocido el derecho a percibir las mismas cantidades que en el año 2010 y se denuncia la inaplicación por la sentencia del TSJ del art. 124.1 de la norma convencional.

La cuestión ya ha quedado de resuelta por sentencias de esta sala, bastando con citar la 396/2025, de 27 de mayo de 2025 (rcud 649/2023) en la que se razona:

«Respecto del núcleo de lo debatido en el presente recurso unificador, es preciso advertir que esta sala ya ha sentado criterio sobre la cuestión discutida. Así, la STS 346/2024 de 23 de febrero (rcud 1838/2021), abordando un asunto idéntico y recordando un obiter dicta de la STS 313/2018 (rcud 2029/2016), acabó por rechazar el derecho a las diferencias reclamadas.

En ella se comenzaba analizando el margen interpretativo que la Sala Cuarta del Tribunal supremo tiene cuando se trata de revisar la interpretación de convenios colectivos efectuada por la sala de suplicación, y así reiteraba que debe acudirse a la interpretación literal o gramatical, sistemática, histórica y finalista, para seguir con la advertencia de la evolución de la jurisprudencia de la sala en orden a reiterar que «Frente a la opción de dar por buena, en todo caso, la interpretación efectuada por la sentencia de instancia, la Sala considera que lo que le corresponde realizar en supuestos como el presente, en los que se discute por el recurrente aquella interpretación, consiste en verificar que la exégesis del precepto convencional efectuada por la sentencia recurrida se adecúa a las reglas de interpretación que se derivan de los artículos 3 y 1281 y ss. CC, tal como las ha venido analizando la Sala en la jurisprudencia recién expuesta". (SSTS 904/2020, de 13 de octubre (Rec. 132/2019) y 1135/2020, de 21 de diciembre (Rec. 76/2019); entre otras).»

A continuación la sentencia de esta sala recordando lo afirmado en obiter dicta (a mayor abundamiento) por la sentencia ya referida nº 313/2018, reitera que:

«Bajo el régimen jurídico del II Convenio la actualización de las remuneraciones de la situación de LER se separa y desvincula de los incrementos o detrimentos salariales que puedan resultar aplicables a los trabajadores en activo, y por expresa disposición del mismo, pasa a regirse por una regla tan clara como su literalidad expresa, que no es otra que la de ajustarse a la que venían percibiendo estos trabajadores en el mes anterior a la entrada en vigor de los efectos económicos del convenio, sin que pueda además incrementarse durante su periodo de vigencia, desligándose así de la remuneración que pudiere corresponder a los trabajadores en activo a partir de esa fecha.

Es más, para dar igualmente respuesta a la situación jurídica generada por la normativa legal aplicable a partir de ese momento, el nuevo convenio también incluye una serie de normas específicas en materia de retribución de los trabajadores en activo, en función de que su antigüedad sea anterior a aquella misma fecha de 5 de febrero de 2010, lo que asimismo evidencia hasta qué punto se han querido desvincular las retribuciones de unos y otros a raíz del radical cambio normativo que ha supuesto la suspensión de las situaciones de LER, que ha dado también lugar una minoración del salario de los trabajadores en activo a partir de la anualidad de 2011.

Todos estos cambios normativos son perfectamente conocidos en el momento en que se redacta el II Convenio Colectivo, que ha optado por congelar la remuneración percibida por los CAT en situación de LER antes de 5 de febrero de 2010, en la cuantía que vinieren percibiendo el mes anterior a su entrada en vigor y durante toda su vigencia, adoptando en paralelo una singular regulación de la retribución de los trabajadores en activo en función de aquella misma fecha de referencia, separando de esta forma el devenir de una y otra.»

En atención a lo expuesto, terminamos entonces desestimando el recurso formulado por la controladora aérea tras declarar que la solución correcta en el caso de autos se contenía en la sentencia recurrida, y no en la de contraste, por lo que había de estarse al salario del mes de diciembre de 2010, y no a las retribuciones de toda esa anualidad».

Lo anteriormente razonado nos lleva a concluir que la doctrina correcta es la de la sentencia recurrida y ello, oído el Ministerio Fiscal, obliga a desestimar el recurso de casación contra la sentencia del TSJ.

Sin costas.