Sentencia Social 312/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 51/2025 de 25 de marzo del 2026

PRIMERO.- Cuestión controvertida

En un proceso de tutela de los derechos fundamentales y de la libertad sindical, la cuestión controvertida consiste en determinar si al sindicato Ferroviario Alacant (en adelante, SFA) demandante en dicho proceso, le corresponde un representante en la comisión negociadora del XIV Convenio Colectivo Interprovincial de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana o, si por el contrario, su representación quedó cubierta por los representantes designados del Sindicato Ferroviario-Intersindical Valenciana (SF-IV), en los términos acordados por la representación social, según consta en el acta de 21 de marzo de 2024.

En contexto del debate planteado, el sindicato accionante (SFA) considera que en lugar de partir del presupuesto de ser seis las organizaciones sindicales las que, en función de criterios proporcionales, han de integrar los trece puestos de la comisión negociadora por la parte social, deben computarse siete al tener dicho sindicato personalidad jurídica propia y diferente del Sindicato Ferroviario de Valencia, ambos sindicatos federados del SF-IV que ostenta un miembro en la comisión negociadora.

Sostiene el sindicato demandante que al no habérsele atribuido un representante en dicha comisión negociadora se le ha lesionado su derecho a la libertad sindical.

SEGUNDO.- Resumen de antecedentes

1.-El sindicato Ferroviario Alacant a través del proceso de tutela de derechos fundamentales presentó demanda ante la Sala de lo Social del TSJ de la Comunidad Valenciana frente a los siguientes sindicatos Ferrocarriles de la Generalitat valenciana (FGV), Sindicato Independiente Ferroviario de Valencia (SIF), Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (SEMAF), la Confederación general del trabajo (CGT) , Sindicato Ferroviario de Valencia (SFV) , UGT del País Valencia (UGT-P.V) y CCOO del País Valencia (CCOO-P.V).

En dicha demanda formulaba una triple petición:

a) La declaración de que la conducta de los demandados excluyendo de la comisión negociadora del XIV convenio colectivo de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana al sindicato actor, supone una lesión al derecho a la libertad sindical.

b) Que se declare la nulidad de la conducta excluyente para reconocer expresamente el derecho del sindicato actual está representado en la citada comisión negociadora.

c) Se reparen las consecuencias de dicha actitud vulneradora del derecho a la libertad sindical del demandante y se condene a los sindicatos demandados a indemnizar de forma conjunta y solidaria a la actora en la suma de 751 euros.

Intervino en el acto de juicio el Ministerio Fiscal. El sindicato demandante desistió de la demanda respecto de la empresa FGV.

2.-La sentencia núm. 1919/2024 de 26 de junio dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia -TSJ- de la Comunidad Valenciana, recaída en el proceso de tutela de derechos fundamentales núm. 13/2024, desestimó íntegramente la demanda presentada por el sindicato Ferroviario Alacant.

3.-Frente a dicho pronunciamiento judicial recurre en casación el sindicato demandante.

Articula dos motivos, de revisión de hechos, y suscita, asimismo, el examen del derecho aplicado.

Funda estos dos motivos bajo una incorrecta cita de norma procesal. Indica el art. 193 b) y c), respectivamente, de la LRJS, que se refieren al recurso de suplicación y no al de casación. Esta errónea indicación del precepto legal de cobertura del recurso de casación - advertidas en el escrito de impugnación y en el informe del Ministerio Fiscal- , a juicio de la Sala, no tiene mayor trascendencia y alcance que la de constituir un mero «lapsus calami», que puede entenderse superado pues no impide la admisión para su examen dada la comprensibilidad del contenido de los motivos del recurso a los efectos pretendidos.

Solicita la revocación de la sentencia de instancia, y que en su lugar, se acoja en su integridad la demanda presentada.

4.-Ha presentado escrito de impugnación el sindicato Ferroviario Independiente, oponiéndose a la estimación del recurso de casación.

5.-El Ministerio Fiscal, en el preceptivo informe del art. 214.1 LRJS, informó en contra de la procedencia del recurso.

TERCERO.- Motivo 1º del recurso. Revisión de hechos

1.-En el recurso extraordinario de casación clásica la revisión histórica solo puede prosperar cuando el error fáctico resulte «de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas» [por todas, sentencias del Pleno de la Sala de lo Social del TS 1276/2021, de 15 de diciembre (rec. 196/2021); 49/2022, de 19 de enero (rec. 82/2021, Pleno); y 168/2022, de 22 de febrero (recurso 232/2021, Pleno), y 420/2024 de 5 de marzo (recurso 94/2022)].

2.-El artículo 207.d) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ( LRJS ) abre las puertas a la casación por «error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obren en autos que demuestren la equivocación del juzgador, sin resultar contradichos por otros elementos probatorios».

Tras ver desestimada su pretensión, el sindicato Ferroviario Alacant (SFA) interesa hasta seis modificaciones del relato judicial.

3.-Antes de resolver sobre las revisiones fácticas postuladas hemos de recordar las limitaciones y funcionalidad que esa cuarta apertura del artículo 207 LRJS posee. El precepto no permite la reconsideración plena del material probatorio. Se limita, por el contrario, a posibilitar un reexamen excepcional de la declaración de hechos probados cuando a la luz de ciertas pruebas (de carácter documental), se acredite que algún extremo de la misma es, sin duda, equivocado. Las consecuencias de esta configuración legal son múltiples puesto que condiciona las posibilidades reales de que la revisión de hechos probados se produzca en casación.

El peligro de que el acudimiento al Tribunal Supremo se convierta en una nueva instancia jurisdiccional, contra lo deseado por el legislador y la propia ontología del recurso explican las limitaciones legales y jurisprudenciales existentes en orden a la revisión de hechos probados . La previsión legal permite solicitar la corrección de las eventuales contradicciones entre los hechos que se dan como probados y los que se deduzcan de las pruebas documentales practicadas. Reiterada jurisprudencia como la reseñada en SSTS 28 mayo 2013 (rec. 5/2012 ), 3 julio 2013 (rec. 88/2012 ), 25 marzo 2014 (rec. 161/2013 ), 2 marzo 2016 (rec. 153/2015 ) viene exigiendo, para que el motivo prospere:

«1. Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse).

2. Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

3. Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué discrepa.

4. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada].

5. Que no se base la modificación fáctica en prueba testifical ni pericial. La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador. En algunos supuestos sí cabe que ese tipo de prueba se examine si ofrece un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte" encuentra fundamento para las modificaciones propuestas

6. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

7. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

8. Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

9. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

No todos los datos que figuran en la prueba de las partes han de tener acceso a relación de hechos probados de la sentencia, sino únicamente aquéllos que resulten trascendentes para el fallo. La revisión fáctica propuesta ha de ser trascendente para la resolución del litigio, es decir, de entidad suficiente para hacer variar el signo del pronunciamiento de instancia, pues en otro caso resultaría inútil. En efecto, "la inclusión de hechos probados solo debe efectuarse con respecto a aquéllos que sean esenciales para la resolución de la cuestión debatida, en el sentido de trascendentes para modificar el pronunciamiento impugnado, y que hayan sido objeto de debate y prueba procedente por haber sido alegados oportunamente por las partes" ( STS de 27 de marzo de 2000, rcud 2497/1999 ). Lo que conduce a rechazar aquellas modificaciones que carecen de trascendencia para la resolución del litigio y que únicamente se justifican porque la redacción propuesta es de mayor agrado del recurrente, pues, reiteramos, el error debe ser trascendente en orden a alterar el sentido del fallo de la resolución recurrida ( STS 11 de febrero de 2014, rec. 27/2013).»

4.-Las tres primeras peticiones revisorias centradas en los hechos probados segundo, tercero y cuarto, tienen en común agregar el nombre de Doña María Angeles como miembro del sindicato recurrente a fin de dejar constancia de que asistió a las reuniones para la constitución de la comisión negociadora del XIV Convenio en nombre de la sección sindical SF-IV.

La revisión fáctica no puede ser acogida. No indica en qué documento concreto basa la pretensión, ni se explica la trascendencia de la inclusión de ese nombre. Y, en cualquier caso, en los hechos probados se refiere el contenido de las Actas de las reuniones celebradas las cuales no fueron impugnadas por ninguno de los sindicatos asistentes, ni consta referencia alguna a la cuestión que ahora se plantea.

5.-La cuarta propuesta revisoria tiene por objeto modificar el contenido del hecho probado octavo. Propone dejar constancia de que «las denominadas "Secciones Sindicales del SF-IV son, en realidad, dos Sindicatos diferentes (...) contando cada uno de dichos sindicatos con un ámbito territorial de actuación y unos legales representantes diferentes cada uno de ellos».

Sin perjuicio de emplear una técnica defectuosa para justificar la propuesta revisoria como es limitarse a realizar una referencia genérica a la documental obrante en autos, el texto que se pretende incrustar forma parte de la valoración de la cuestión jurídica de fondo, aparte de que no es objeto de discusión que tengan ambos sindicatos personalidad jurídica propia, por lo que nada novedoso aporta al objeto de debate.

6.-Tampoco logra éxito la quinta propuesta modificativa cuyo objeto es que en el hecho probado undécimo se intercale en el texto y después de la frase «... donde entiende que no se pueda aplicar la prueba proporcionalidad» una valoración jurídica: «...y es contraria al fallo de la sentencia 536/2024», y constatar que vuelva a decirse que «de modo expreso» que SFA y SFV «son sindicatos independientes a efectos de participar en la comisión negociadora».

Vuelve a incurrir la parte recurrente los mismos defectos que la anterior, por lo que nos remitimos al fundamento que ha justificado el rechazo de la propuesta modificativa precedente.

7.-En el mismo sentido incide la sexta y última petición modificativa tiene por misión intercalar en el texto del hecho probado decimotercero que dice «En las actas de la Comisión Negociadora del XIII Convenio Colectivo comparece como organización sindical SF-IV, sin obrar como entidad que forma parte de la comisión negociadora ni SFA ni SFV », el siguiente apunte «..., y pese a u carácter de Sindicatos independientes y diferentes...». Ni se invoca documental de soporte, y, en todo caso, entraña introducir una valoración jurídica en dicho apartado.

Por lo precedentemente expuesto, el primer motivo del recurso debe ser desestimado.

CUARTO.- Planteamiento del debate casacional. Marco fáctico de la cuestión

1.-La tesis del sindicato recurrente pivota sobre una premisa: a pesar de que los sindicatos recurrentes (SFA) y demandado (SFV) - que se adhirió a la demanda-. son parte de una misma federación y Confederación, son sindicatos independientes y diferentes con un ámbito de actuación diferenciado, de ahí que no debió ser excluido de la mesa de negociación. Haberlo hecho supone una infracción del artículo 87 del ET y entraña una vulneración de su derecho a la libertad sindical.

2.-El marco fáctico de la cuestión viene determinado por las siguientes circunstancias:

A) El 21 de noviembre de 2023 se celebraron elecciones sindicales en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), obteniéndose la siguiente representación por provincias:

UGT: 7 en Valencia, y 7 en Alicante

CCOO: 3 en Valencia y 3 en Alicante

SIF: 8 en Valencia y 0 en Alicante

SF-IV: 3 en Valencia y 1 en Alicante

SEMAF: 1 en Valencia y 2 en Alicante

CGT: 1 en Valencia y 0 en Alicante

En total, 23 miembros en Valencia y 13 en Alicante.

B) El 23 de noviembre de 2023 se reunió la representación sindical (UGT, CCOO, SIF, SF-IV, SEMAF y CGT) con la empresa para constituir la comisión negociadora del XIV Convenio. La representación social informó a la empresa que la negociación se iba a llevar a cabo con las secciones sindicales. Asimismo, la representación social interesó ampliar el número de miembros de la comisión a 14, pero la empresa le recordó que el límite legal era de 13 miembros. La representación social no fijó distribución en ese momento y convocó nueva reunión para el 4 de diciembre.

C) El 4 de diciembre se acordó la siguiente composición de la comisión: UGT 5, CCOO 2, SIF 3, SF-IV 2, SEMAF 1. Antes, se celebró reunión de todas las secciones sindicales, aprobándose esta distribución con abstención de SEMAF y voto en contra de CGT.

D) En reunión del 14 de diciembre de 2023, la empresa solicitó a la representación social que aclarase qué secciones sindicales representaban los 13 miembros y si sus titulares estaban correctamente designados. La representación social contestó que estaban representadas UGT Valencia y Alicante, Comisiones Obreras Valencia y Alicante, SIF Valencia, SF-IV Valencia y Alicante y SEMAF Alicante.

E) Nuevamente, en la reunión de 18 de enero de 2024, la representación de la empresa reiteró a la representación social que aclarase el modo de distribución de la presencia de las secciones sindicales y si los miembros eran titulares de las mismas.

E) El 26 de diciembre de 2023, CGT presentó demanda por vulneración de la libertad sindical al quedar excluida la sección sindical de Valencia de la comisión negociadora. La sentencia núm. 536/24, de 20 de febrero dictada por la Sala de lo Social del TSJ de la Comunidad Valenciana (autos 22/2023) estimó parcialmente la demanda, declaró nula la exclusión y ordenó la presencia de un representante de la sección sindical de Valencia de la Confederación General del Trabajo del País Valenciano (CGT-PV) en la comisión negociadora del citado XIV Convenio Colectivo, condenando a UGT, CCOO, SF-IV, SIF y SEMAF a indemnizar a CGT. La sentencia es firme.

F) En ejecución de dicha sentencia, el 13 de marzo de 2024 se votó una nueva propuesta de distribución proporcional sobre un total de 36 delegados: UGT 14, SIF 8, CCOO 6, SF-IV 4, SEMAF 3, CGT 1.

El 21 de marzo se constituyó la nueva comisión negociadora del XIV Convenio colectivo Interprovincial de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, con la siguiente distribución de los 13 miembros: UGT 5 , SIF 3, CCOO 2, SF-IV 1, SEMAF 1, CGT 1.

La raíz del presente proceso se encuentra precisamente en esta última distribución.

G) También el 2 de febrero de 2024, el sindicato SEMAF presentó demanda ante la Sala de lo Social del TSJ de la Comunidad Valenciana reclamando dos representantes en la comisión. La demanda fue desestimada y la sentencia quedó firme.

H) Con relación a los Sindicatos Ferroviario de Alicante (SFA) -demandante y ahora recurrente- y Sindicato Ferroviario de Valencia (SFV) , queda acreditado:

1º.- Son organizaciones provinciales con estatutos propios, ambos federados al Sindicato Ferroviario de la Confederación Intersindical e Intersindical Valenciana. En ambos estatutos de SFA y SFV se hace la previsión que de que cuando un afiliado por motivos de traslado o cualquier otro pase a ejercer sus funciones profesionales en otro ámbito provincial diferente al propio de cada sindicato provincial, se integrara en el Sindicato Ferroviario de esta provincia. Tal previsión viene a su vez dada por los estatutos del Sindicato Ferroviario de la Confederación Intersindical.

2º.- Comparten logotipo y reglas de integración territorial. El logotipo viene previsto por los estatutos del Sindicato Ferroviario de la Confederación Intersindical que hace la previsión de que manteniendo el emblema y logotipo las organizaciones provinciales y territoriales deben incorporarlo a sus señas de identidad.

3º.- Las decisiones disciplinarias corresponden al Pleno Estatal de Representantes del sindicato nacional del Sindicato Ferroviario de la Confederación Intersindical.

I) En el acta del día 13 de marzo de 2024, ya referida, de la reunión sindical para distribuir la comisión negociadora del XIV Convenio Colectivo Interprovincial de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, participa, según el encabezamiento, el sindicato SF-IV, el cual hace la propuesta de reparto de la mesa de negociación identificando a seis organizaciones sindicales (SF-IV, UGT, CCOO, SIF, SEMAF y CGT). En el acta de 21 de marzo de 2024 donde se constituyó una nueva comisión negociadora del XIV Convenio colectivo Interprovincial de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana constan la actuación de los seis sindicatos antes referenciados, obrando incluso una solicitud de SF-IV solicitando que conste en acta su postura, cuyo tenor se da por reproducido donde manifiesta que Intersindical Valenciana se muestra en contra de la propuesta de UGT y SIF (por la cual la participación de CGT en la comisión derivaba de la reducción de dos a un miembro los de SF-IV) donde entiende que no se pueda aplicar la pura proporcionalidad pero sin que en momento alguno se venga a manifestar que SFA y SFV sean dos sindicatos independientes a efectos de participar en la comisión negociadora.

J) La documentación electoral de Valencia y Alicante registra candidaturas bajo la sigla "SF" con el código 50084 correspondiente a la Confederación Intersindical Valenciana, sin diferenciar SFA o SFV. En el XIII Convenio también participó únicamente SF-IV como interlocutor sindical.

QUINTO.- Examen del motivo 2º. Infracción del art. 87.5 ET y concordantes. Constitución de la mesa negociadora. Inexistencia de vulneración de la libertad sindical. Desestimación del recurso.

1.-Como hemos expuesto, el debate se asienta por parte del Sindicato Ferroviario de Alacant (SFA) - a cuya demanda se adhiere el codemandado SFV- en una premisa previa: para constituir la comisión negociadora del XIV Convenio de FGV no debe partirse de la presencia de seis organizaciones sindicales (SF-IV, UGT, CCOO, SIF, SEMAF y CGT), sino que deben ser siete, puesto que las secciones sindicales de Valencia y Alicante del denominado SF-IV pertenecen a dos sindicatos diferentes, con personalidad jurídica propia, y cuyo derecho a la libertad sindical debe ser respetado mediante la participación en la comisión negociadora en los términos que viene a reconocer la doctrina jurisprudencial.

2.-El precepto que se denuncia en el recurso de casación del SFA es el art.87.5 del ET que dispone:

«5. Todo sindicato, federación o confederación sindical, y toda asociación empresarial que reúna el requisito de legitimación, tendrá derecho a formar parte de la comisión negociadora.»

3.-Lo primero que debe ahora tenerse presente es que como tiene reiteradamente dicho esta Sala (por todas, STS 267/2023 de 12 de abril - rec 4/2021-, y las que allí cita, así como entre las más recientes, STS 18/2026 de 14 de enero -rec 229/2024) , la legitimación para negociar un convenio colectivo incluye tres niveles distintos:

[1] La inicial, aludida en el art. 87 del ET , que implica el reconocimiento de la idoneidad inicial para negociar según el ámbito de la negociación, la condición de los negociadores y, la representatividad de cada una de las representaciones en el ámbito del convenio.

[2] La plena, a la que se refiere el art. 88 del EET para entender válidamente constituida la comisión negociadora, en función de la concreta implantación de cada representación en el ámbito del convenio colectivo.

[3] La negociadora del art. 89.3 del ET que, a pesar de incluirse tradicionalmente en el ámbito de la legitimación, parece más bien referida a las mayorías necesarias para alcanzar acuerdos.

Ahora bien, cada uno de los dos primeros aspectos de la legitimación [la inicial y la plena] ofrece diferentes requisitos en función de si se trata de: a) convenios de empresa o ámbito inferior; b) convenios de "franja"; c) convenios de alcance supraempresarial o sectorial; y d) convenios de grupos de empresas y empresas en red.

4.-Por otra parte, como establece la citada STS 267/2023 de 12 de abril - rec 4/2021-, «tratándose de convenios de empresa, la legitimación inicial alcanza, de forma alternativa o excluyente y no acumulable ( SSTS 17/10/94 -rco 3079/93 -; 14/07/00 -rco 2723/99 -; 08/10/09 -rco 161/07 -; y 13/06/12 -rco 213/11 -), con la prioridad sindical que el art. 87.1 ET recoge desde el RD -Ley 7/2011, a dos sujetos: a) los Delegados de Personal o Comités de Empresa; y b) las secciones sindicales que "en su conjunto sumen la mayoría de los miembros del comité" [ art. 87.1 ET ]; bastando en este último caso, respecto de la legitimación de una concreta sección sindical, que tenga representación en el Comité de Empresa o entre los Delegados de Personal, o bien que la misma sea de un Sindicato de los "más representativos" [ art. 8.2 LOLS ].

Las exigencias normativas resumidas "traducen el doble significado de constituir una garantía de la representatividad de los participantes y expresan un derecho de los más representativos a participar en la negociación, en orden a asegurar la representación de los intereses del conjunto de los trabajadores y empresarios" ( STC 73/1984, de 27 de junio ).

Como muchas veces hemos advertido, para formar parte de la Comisión Negociadora hay que acreditar la legitimación inicial en el ámbito personal, funcional y geográfico del Convenio (por ejemplo, STS 21 noviembre 2005 [rec. 148/2004 ]). Acreditada la existencia de legitimación para intervenir en la negociación del convenio nos encontraríamos ante una infracción de graves consecuencias si se impidiera al sujeto legitimado su acceso a la Comisión Negociadora.

Aplicando la anterior doctrina al supuesto examinado, forzoso es concluir que, tal y como señala el artículo 8.2 b) de la LOLS , las secciones sindicales tienen derecho a la negociación colectiva en los términos establecidos en su legislación específica, que no es otra que el Estatuto de los Trabajadores, en este supuesto el artículo 87.1 . Nuestra STS 154/2020 de 19 febrero (rec. 169/2018 ; Sintax Logista) ha precisado que únicamente las secciones sindicales válidamente constituidas tienen legitimación para negociar, debiendo estar constituidas de conformidad con lo establecido en los Estatutos del Sindicato, a tenor del artículo 8.1 a) de la LOLS .»

5.-Asimismo, y en lo que se refiere al momento en el que debe concurrir y acreditarse la legitimación necesaria para forma parte de la mesa negociadora de un convenio, tal cuestión que se encuentra, también, reiteradamente resuelta por esta Sala.

En efecto, hemos dicho, entre otras, en SSTS de 25 de noviembre de 2014 -rec. 63/2014 -, 16 de marzo de 2017, -rec. 93/2016 -, 801/2018 de 9 de julio - rec. 169/2017 -, 11 de junio de 2020 -rec. 138/2019 -, 7 de abril de 2021 -rec. 44/2020 -, 4 de mayo de 2021 -rec. 164/2019 - o 9 de junio de 2021 -rec.11/2020 -, con abundante cita de nuestros propios precedentes, que el momento en el que necesariamente debe existir y probarse la legitimación concurrente en cada caso es el de inicio de negociaciones del convenio colectivo, esto es, cuando se constituye la mesa negociadora. Y ello incluso si se hubieran podido producir eventuales cambios derivados del resultado elecciones sindicales celebradas con posterioridad ( SSTS de 25 de junio de 2006 -rec. 126/05 -, 21 de enero de 2010 -rec. 21/08 -, 1 de marzo de 2010 -rec. 27/09 -, o de 11 de diciembre de 2012 - rec. 229/2011 -), todo ello para evitar dinámicas de incertidumbre, y «garantizar la necesaria correspondencia entre la legitimación inicial y el nivel de representatividad de la comisión negociadora, de una parte, y la determinación de la denominada legitimación decisoria» ( STS 1053/2023 de 30 de noviembre de 2023 -rec 98/2021 -).

6.-La cuestión controvertida está centrada en el nivel de la legitimación plena, en el convenio de empresa, y a la vez están involucrados dos sindicatos (uno de ellos, el demandante) perteneciendo ambos a una misma federación.

7.-Como señala el Tribunal Constitucional ( STC 26/1981 de 17 de julio) «[S]obre la base de la Ley 19/1977, de 1 de abril, es posible distinguir la personalidad jurídica de las Asociaciones Sindicales y la de las Federaciones y Confederaciones que aquéllas formen, pero existe una clara relación entre estas personas jurídicas compuestas y las que las integran con unos vínculos de control y de representación que se establecen por sus propios estatutos,(...)».

Precisamente este es uno de los aspectos cuya consideración determina que no pueda prosperar la queja jurídica del sindicato recurrente.

Formalmente, como afirma la sentencia recurrida, los sindicatos SFA y SFV son organizaciones con personalidad jurídica propia y no cabe desconocer que su actuación sindical real se desarrolla de manera coordinada. Esta coordinación no se limita a compartir objetivos, sino que deriva del hecho esencial de que ambos sindicatos están federados.

En esta línea, la sentencia del Tribunal Constitucional 187/1987, de 24 de noviembre, establece que «[N]o debe olvidarse, por otra parte, que el objetivo de la constitución de organizaciones sindicales complejas, como reconoce la propia entidad demandante, no es otro que el de agregar y conjugar la capacidad de acción de todos los sindicatos federados o confederados -medida, entre otros parámetros, por su respectiva representatividad- con el fin de obtener mejores resultados en el desarrollo de la actividad sindical y, dentro de la misma, de la negociación colectiva, sin perder por ello su personalidad jurídica propia y, en su caso, su denominación específica; objetivo éste amparado por el art. 28.1 de la Constitución (...)».

En consecuencia, el análisis del derecho a la libertad sindical -y en particular el derecho a participar en la negociación colectiva- no puede hacerse de manera individualizada, esto es, sindicato por sindicato, sino atendiendo a la federación a la que pertenecen.

La sentencia recurrida, en su fundamentación jurídica trae a colación, con rigor, el artículo 2 de la Ley Orgánica 11/1985 de Libertad Sindical que reconoce expresamente no solo el derecho a constituir sindicatos, sino también el de formar federaciones y confederaciones, afiliarse a ellas y retirarse de las mismas. Estas estructuras superiores se configuran precisamente para el ejercicio coordinado de la actividad sindical, dentro de la cual se integra el derecho a la negociación colectiva.

De ahí, que no puede sostenerse que exista vulneración del derecho de libertad sindical de un sindicato concreto cuando dicho sindicato está integrado en una federación - el Sindicato Ferroviario-Intersindical Valenciana (SF-IV) que ya está participando en la comisión negociadora con un representante. Este sindicato operó como una unidad como queda demostrado en las reuniones celebradas el 13 y 21 de marzo de 2024. Se presentó como una sola entidad formulando propuestas para la constitución de la mesa negociadora del convenio.

8.-Por otra parte, esta interpretación, como también se apunta en la sentencia recurrida, resulta coherente con el marco normativo regulador de las elecciones a órganos de representación de los trabajadores.

El Real Decreto 1844/1994, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de elecciones a órganos de representación de los trabajadores en la empresa al regular el artículo 12 la «atribución de resultados» dispone, en lo que al presente asunto nos concierne que:

«2. Los resultados electorales se atribuirán del siguiente modo:

a) Al sindicato cuando haya presentado candidatos con la denominación legal o siglas.

[...]

c) Al apartado de coaliciones electorales, cuando la presentación de candidatos se haya hecho por dos o más sindicatos distintos no federados ni confederados.»

Por tanto, esto es lo que ocurre en el caso: al estar el sindicato SFA demandante federado se atribuye los resultados a las siglas de la federación.

9.-Esta previsión normativa trasladada al caso examinado determinan que los sindicatos SFA y SFV -aunque con identificación fiscal y estatutos propios- obliga a tener en cuenta las consecuencias de su federación dentro del Sindicato Ferroviario de ámbito nacional, integrado a su vez en la Confederación Intersindical. Los resultados electorales de las elecciones celebradas en Valencia y Alicante se atribuyen por tanto al Sindicato Ferrovial-Intersindical Valenciana (SF-IV), y no a cada sindicato por separado.

Como se desprende de los hechos que declara probados la sentencia de instancia, toda la práctica sindical previa revela esta realidad puesto que: a) en elecciones anteriores y negociaciones de convenios, la actuación no ha sido individual, sino siempre atribuida a la federación SF-IV (Sindicato Ferroviario-Intersindical Valenciana); b) en las reuniones de constitución de la mesa negociadora del 13 y 21 de marzo de 2024, quien comparece y formula propuestas es SF-IV como unidad organizativa, no SFA ni SFV por separado; y c) en litigios precedentes de los que con anterioridad se dio noticia y que versaban sobre la composición de la comisión negociadora del XIV Convenio, la parte que actuó en representación del sindicalismo ferroviario fue igualmente la sección sindical del SF-IV, sin alegarse independencia operativa de los sindicatos ahora actores.

En consecuencia, no se trata de redistribuir ni alterar la composición de la comisión negociadora, sino determinar si se ha vulnerado o no la libertad sindical.

Debemos reparar en que el número de componentes de la comisión varía según el tipo de convenio, y de acuerdo con el art. 88 ET, en los convenios colectivos de empresa -como sucede en el caso actual- el número de representantes por cada parte no excederá de trece miembros.

Las previsiones normativas configuran el número de puestos como un máximo que no puede ser alterado por los negociadores. Trece - la máxima- ha sido la cifra adoptada por la representación social.

El reparto de puestos entre los distintos sujetos legitimados se realiza en proporción a la representatividad que ostenten en el ámbito de la negociación y no por mayorías ( STC 137/1991, de 20 de junio). Y la designación de los concretos componentes de la comisión corresponde a las partes negociadoras, existiendo una plena libertad al respecto ( STS 6 de abril de 2017 -rec 152/2016).

En este caso, no existe vulneración del derecho a la libertad sindical, porque el sindicato actor participa en la negociación colectiva a través de la federación en la que está integrado, del mismo modo que ocurre con el sindicato homólogo de Valencia.

Al entenderlo así la sentencia de instancia, la censura normativa contenida en el recurso de casación debe decaer, y consiguientemente, de conformidad con lo dictaminado por el Ministerio Fiscal, la sentencia de instancia ha de ser confirmada.

10.-No ha lugar a efectuar pronunciamiento sobre las costas ( art. 235.1 LRJS) .