Sentencia Social 635/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 2727/2023 de 25 de junio del 2025

PRIMERO.- La cuestión planteada y la sentencia recurrida.

1.-La cuestión que se plantea en el presente recurso de casación unificadora consiste en determinar si la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social era recurrible en suplicación, en razón de la naturaleza jurídica y cuantía de la sanción impuesta a la empresa demandante cuya impugnación constituye el objeto del litigio.

2.-La empresa Alamacenes Revitex SL tiene como actividad el comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado. El 28 de abril de 2020 fue objeto de inspección por parte de la Inspección de Trabajo en la que constata que en dicha fecha sobre un total de 17 trabajadores, respecto de 16 de ellos, la empresa había comunicado a la TGSS los datos correspondientes la situación de suspensión total de sus contratos en base a fuerza mayor temporal vinculada al Covid-19 figurando las exoneraciones de cuotas previstas en el artículo 24.1 del Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo.

A la fecha y hora de la visita por parte de la Inspección, la nave estaba abierta al público y en su interior se encontraban prestando servicios por cuenta propia los administradores solidarios de la mercantil, los cuales, de acuerdo con la información facilitada por la TGSS, constaban en situación de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o por cuenta propia desde 1989 y 1990 y en situación de alta desde el 14 de marzo de 2020 en la prestación extraordinaria por cese de actividad por la declaración del estado de alarma .A las preguntas formuladas por los funcionarios actuantes, los referidos administradores manifestaron que los trabajadores Carlos José y Adela atendían la página web de venta online, declarando expresamente no haber desafectado a dichos trabajadores del procedimiento de suspensión de sus contratos por fuerza mayor.

Para la Inspección de Trabajo, resultan hechos demostrados, indubitados y no cuestionados, los siguientes:

-Que los trabajadores Adela y Carlos José se encontraban el día de la visita de inspección (a las 11:20 horas del día 28 de abril 2020 prestando sus servicios por cuenta y bajo la dependencia de la empresa.

-Que los referidos trabajadores estaban afectados desde el 18 de marzo de 2020 por el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) derivado de fuerza mayor (Covid-19) teniendo, por tanto, sus contratos suspendidos.

-Que en la fecha de la actuación inspectora, los trabajadores Carlos José y Adela eran titulares de prestaciones por desempleo de nivel contributivo

-Que la empresa comunicó la reincorporación de los citados trabajadores afectados por el ERTE y las correspondientes bajas en las solicitudes de las prestaciones por desempleo, con posterioridad a la fecha inicio de dichas reincorporaciones y como consecuencia de la visita de Inspección.

-La conducta empresarial descrita está tipificada y calificada como muy grave en el artículo 23.1 j) del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Se propone una sanción de 12.502,00 € (doce mil quinientos dos euros) y la pérdida automática de las ayudas, bonificaciones y, en general, los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo, de manera proporcional al número de trabajadores afectados por la infracción, con efectos desde 27 de abril de 2020, fecha en que se cometió la infracción, de acuerdo con lo indicado en el texto del acta.

La empresa, hoy demandante, no estando conforme con lo dispuesto en la citada acta de infracción, formuló frente a la misma el correspondiente Escrito de Alegaciones, siendo dictada resolución de fecha 13 de octubre de 2020 por el Jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de León, por medio de la cual se desestima íntegramente las alegaciones realizadas por la empresa y se confirma la sanción propuesta en el acta de infracción.

Frente a dicha resolución se interpuso recurso de alzada en fecha 11 de noviembre de 2020, sin recaer resolución expresa, operando su desestimación por silencio administrativo negativo.

3.-La empresa presentó demanda solicitando la anulación de la sanción impuesta por la Inspección de Trabajo.

La sentencia del Juzgado de lo Social núm. 3 de León, de 30 de julio de 2021 estimó la demanda presentada por Almacenes Revitex SL y revocó la resolución administrativa sancionadora impugnada dejando sin efecto la sanción de 12.502 euros y las accesorias contra ella impuestas.

4.-El recurso de suplicación interpuesto por la Abogacía del Estado fue inadmitido por el TSJ de Castilla y León con sede en Valladolid en sentencia núm. 532/2023, de 11 de abril (rec. 1694/2022). Considera la sala de suplicación que el recurso debe ser inadmitido porque al sancionarse al empresario no se trata de una materia prestacional y el límite cuantitativo de acceso al recurso debe fijarse en 18.000 euros.

SEGUNDO.- El recurso de casación para la unificación de doctrina, su impugnación, el informe del Ministerio Fiscal y el análisis de la contradicción.

1.-El Abogado del Estado ha formulado el presente recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid núm. 532/2023, de 11 de abril (rec. 1694/2022).

Alega como sentencia de contraste la dictada por TS 1106/2021, de 10 de noviembre (rcud 1250/2020). Denuncia en un único motivo la infracción de los artículos 191.2 g), 191. 3 g) y 192.4 de la LRJS en relación con el artículo 24 CE y 23.1 j) LISOS, alegando como sentencia de contraste la STS 1106/2021, de 10 de noviembre (rcud 1250/2020).

El recurso solicita la casación y anulación de la sentencia recurrida y la devolución de los autos al tribunal de suplicación para que con libertad de criterio resuelva sobre las infracciones denunciadas en el recurso de suplicación.

2.-Por la letrada doña Marta Álvarez Tavera en representación de Almacenes Revitex SL se formula impugnación al recurso de casación unificadora interesando su desestimación por falta de contradicción.

3.-Partiendo de la existencia de contradicción entre la sentencia recurrida y la referencial, el Ministerio Fiscal interesa en su informe la estimación del recurso.

4.-Apreciamos de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal la existencia de contradicción entre la sentencia recurrida y la de contraste, la dictada por esta Sala 1106/2021, de 10 de noviembre (rcud 1250/2020).

En ella se enjuicia una pretensión formulada por una empresa frente a la sanción que le impone la TGSS por una infracción muy grave tipificada en el artículo 23.1.a) de la LISOS: <>.

La sanción se impuso tras haber encontrado la Inspección de Trabajo a una persona realizando determinadas actividades en el centro de trabajo sin estar de alta en el régimen general de la seguridad social, que era perceptora de prestaciones de subsidio de desempleo.

La sentencia razona que el precepto legal en el que se sustenta la sanción de la que conoce la sentencia recurrida se inserta en el capítulo III de la LISOS sobre <> y no en el capítulo II sobre <>, por lo que se trata de sanciones en materia de Seguridad Social cuya impugnación por vía de recurso de suplicación se rige por la regla general del artículo 191.2.g) de la LRJS.

5.-A los efectos que ahora nos ocupa es clara la existencia de contradicción entre la sentencia recurrida y la sentencia de contraste, ya que en ambos casos se trata de infracciones en materia de Seguridad Social reguladas dentro del capítulo III de la LISOS en donde se recogen las infracciones en materia de Seguridad Social.

Mientras que la sentencia recurrida entiende que no cabe suplicación porque la multa no supera la suma de 18.000 euros, la referencial admite el recurso si alcanza la cantidad de 3.000 euros.

6.-En todo caso, procede recordar la reiterada doctrina jurisprudencial que afirma que la determinación de la competencia funcional es una cuestión de orden público cuya resolución ha de hacerse de oficio, por lo que no es exigible la concurrencia del requisito de contradicción previsto en el artículo 219.1 de la LRJS ( SSTS de 3 febrero 2016, recurso 2279/2014; 5 mayo de 2016, recurso 3494/2014; y 867/2021, de 8 de septiembre ( rcud 2978/2018), entre otras muchas).

Con la misma sentencia de contraste admitimos la contradicción en STS de 7 de mayo de 2025 (rcud 1981/2023).

TERCERO.- La STS 1106/2021, de 10 de noviembre (rcud 1250/2020 ).

1.-La Sala ya se ha pronunciado sobre la cuestión aquí debatida en la STS 1106/2021, de 10 de noviembre (rcud 1250/2020), seguida de otras muchas como las SSTS 355/2024, de 23 de febrero (rcud. 143/2022) o la citada de 7 de mayo de 2025 (rcud 1981/2023) y a cuya doctrina hay que estar por elementales razones de seguridad jurídica y porque no existen razones para cambiarla.

2.-Conforme señala la STS 355/2024, de 23 de febrero (rcud. 143/2022), el artículo 191.3 g) LRJS, que establece el umbral de 18.000 euros para el acceso al recurso de suplicación, se ciñe a la impugnación de actos administrativos en <>, sin extenderse a la impugnación de actos administrativos en materia de Seguridad Social, lo que conduce a que estos últimos deban regirse por la regla general del artículo 191.2 g) LRJS, que establece el umbral de 3.000 euros para el acceso al recurso de suplicación.

En el presente supuesto, tras la correspondiente acta de infracción, se impuso una multa a la recurrente en casación para la unificación de doctrina por la infracción muy grave tipificada en el artículo 23.1 j) LISOS.

Este precepto se encuentra comprendido dentro del capítulo III de la LISOS sobre <> y no en el capítulo II sobre <>.

Y, como hemos recordado, nuestra doctrina ha establecido que a la impugnación de actos administrativos en materia de seguridad social se le ha de aplicar la regla general del artículo 191.2 g) LRJS, al ceñirse el artículo 191.3 g) LRJS a la impugnación de actos administrativos en <>.

3.-Dicha doctrina ha sido reiterada con posterioridad en pronunciamientos más recientes.

En todos argumentamos que la sentencia de instancia tenía acceso al recurso de suplicación porque < LISOS, sino por la comisión de una falta del capítulo III que regula las infracciones de seguridad social>> tras lo que recordamos que < LISOS incluye como falta grave de las empresas la de "No solicitar la afiliación inicial o el alta de los trabajadores que ingresen a su servicio, o solicitar la misma, como consecuencia de actuación inspectora, fuera del plazo establecido. A estos efectos se considerará una infracción por cada uno de los trabajadores afectados".

Esta es la concreta y específica conducta imputada a la demandante que es objeto de la sanción impugnada en el presente procedimiento, por lo que no cabe duda alguna que se trata de una sanción en materia de Seguridad Social que se rige por la regla general de recurribilidad de las sentencias del art. 191.2 letra g) LRJS>>.

A continuación diferenciamos, frente a las precedentes, que < LRJS, son las catalogadas como infracciones laborales en el capítulo II de la LISOS, definidas en su art. 5 como "las acciones u omisiones de los empresarios contrarias a las normas legales, reglamentarias y cláusulas normativas de los convenios colectivos en materia de relaciones laborales, tanto individuales como colectivas, de colocación, empleo, formación profesional para el empleo, de trabajo temporal y de inserción sociolaboral, tipificadas y sancionadas de conformidad con la presente ley. Asimismo, tendrán dicha consideración las demás acciones u omisiones de los sujetos responsables en las materias que se regulan en el presente capítulo".

Basta la lectura de las faltas tipificadas en los arts. 6 a 9 de la LISOS, para constatar que las infracciones en materia laboral están estrictamente referidas a los incumplimientos en el ámbito individual o colectivo en el que se desenvuelve la relación de trabajo entre la empresa y sus empleados, sin afectar ni extenderse a las obligaciones exigibles a las empresas en materia de seguridad social>>.

También explicamos que <>. Y que en estos casos < LISOS, que sanciona la omisión consistente en no solicitar la afiliación inicial y alta en seguridad social de los trabajadores que ingresan a su servicio, por más que para decidir sobre su acomodación a derecho hayan de analizarse y aplicarse los criterios de la normativa laboral en la calificación de la verdadera naturaleza jurídica de esa relación". Para concluir que la correcta aplicación de la normativa laboral "llevará a ratificar o anular la sanción impugnada, pero esa circunstancia no afecta a la naturaleza del proceso judicial mediante el que se impugna, ni, en consecuencia, a las reglas que hayan de aplicarse para determinar si la sentencia del juzgado que resuelve la demanda es recurrible en suplicación en función de la cuantía a la que ascienda la multa>>.

CUARTO.- La estimación del recurso de casación para unificación de doctrina.

1.La aplicación de la citada doctrina jurisprudencial a la presente litis, por unos elementales principios de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la ley, obliga a concluir que la controversia litigiosa versa sobre una impugnación de una sanción por una infracción en materia de Seguridad Social con una cuantía superior a los 3.000 euros. En consecuencia, la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social era recurrible en suplicación.

2.Por ello, de conformidad con el Ministerio Fiscal, debemos reponer las actuaciones al momento anterior a dictarse sentencia para que la sala de suplicación, partiendo de la recurribilidad en suplicación de la sentencia de instancia, resuelva con libertad de criterio las cuestiones planteadas por la recurrente en el referido recurso de suplicación. Sin condena al pago de las costas ( artículo 235.1 de la LRJS) .

PRIMERO.- La cuestión planteada y la sentencia recurrida.

1.-La cuestión que se plantea en el presente recurso de casación unificadora consiste en determinar si la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social era recurrible en suplicación, en razón de la naturaleza jurídica y cuantía de la sanción impuesta a la empresa demandante cuya impugnación constituye el objeto del litigio.

2.-La empresa Alamacenes Revitex SL tiene como actividad el comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado. El 28 de abril de 2020 fue objeto de inspección por parte de la Inspección de Trabajo en la que constata que en dicha fecha sobre un total de 17 trabajadores, respecto de 16 de ellos, la empresa había comunicado a la TGSS los datos correspondientes la situación de suspensión total de sus contratos en base a fuerza mayor temporal vinculada al Covid-19 figurando las exoneraciones de cuotas previstas en el artículo 24.1 del Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo.

A la fecha y hora de la visita por parte de la Inspección, la nave estaba abierta al público y en su interior se encontraban prestando servicios por cuenta propia los administradores solidarios de la mercantil, los cuales, de acuerdo con la información facilitada por la TGSS, constaban en situación de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o por cuenta propia desde 1989 y 1990 y en situación de alta desde el 14 de marzo de 2020 en la prestación extraordinaria por cese de actividad por la declaración del estado de alarma .A las preguntas formuladas por los funcionarios actuantes, los referidos administradores manifestaron que los trabajadores Carlos José y Adela atendían la página web de venta online, declarando expresamente no haber desafectado a dichos trabajadores del procedimiento de suspensión de sus contratos por fuerza mayor.

Para la Inspección de Trabajo, resultan hechos demostrados, indubitados y no cuestionados, los siguientes:

-Que los trabajadores Adela y Carlos José se encontraban el día de la visita de inspección (a las 11:20 horas del día 28 de abril 2020 prestando sus servicios por cuenta y bajo la dependencia de la empresa.

-Que los referidos trabajadores estaban afectados desde el 18 de marzo de 2020 por el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) derivado de fuerza mayor (Covid-19) teniendo, por tanto, sus contratos suspendidos.

-Que en la fecha de la actuación inspectora, los trabajadores Carlos José y Adela eran titulares de prestaciones por desempleo de nivel contributivo

-Que la empresa comunicó la reincorporación de los citados trabajadores afectados por el ERTE y las correspondientes bajas en las solicitudes de las prestaciones por desempleo, con posterioridad a la fecha inicio de dichas reincorporaciones y como consecuencia de la visita de Inspección.

-La conducta empresarial descrita está tipificada y calificada como muy grave en el artículo 23.1 j) del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Se propone una sanción de 12.502,00 € (doce mil quinientos dos euros) y la pérdida automática de las ayudas, bonificaciones y, en general, los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo, de manera proporcional al número de trabajadores afectados por la infracción, con efectos desde 27 de abril de 2020, fecha en que se cometió la infracción, de acuerdo con lo indicado en el texto del acta.

La empresa, hoy demandante, no estando conforme con lo dispuesto en la citada acta de infracción, formuló frente a la misma el correspondiente Escrito de Alegaciones, siendo dictada resolución de fecha 13 de octubre de 2020 por el Jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de León, por medio de la cual se desestima íntegramente las alegaciones realizadas por la empresa y se confirma la sanción propuesta en el acta de infracción.

Frente a dicha resolución se interpuso recurso de alzada en fecha 11 de noviembre de 2020, sin recaer resolución expresa, operando su desestimación por silencio administrativo negativo.

3.-La empresa presentó demanda solicitando la anulación de la sanción impuesta por la Inspección de Trabajo.

La sentencia del Juzgado de lo Social núm. 3 de León, de 30 de julio de 2021 estimó la demanda presentada por Almacenes Revitex SL y revocó la resolución administrativa sancionadora impugnada dejando sin efecto la sanción de 12.502 euros y las accesorias contra ella impuestas.

4.-El recurso de suplicación interpuesto por la Abogacía del Estado fue inadmitido por el TSJ de Castilla y León con sede en Valladolid en sentencia núm. 532/2023, de 11 de abril (rec. 1694/2022). Considera la sala de suplicación que el recurso debe ser inadmitido porque al sancionarse al empresario no se trata de una materia prestacional y el límite cuantitativo de acceso al recurso debe fijarse en 18.000 euros.

SEGUNDO.- El recurso de casación para la unificación de doctrina, su impugnación, el informe del Ministerio Fiscal y el análisis de la contradicción.

1.-El Abogado del Estado ha formulado el presente recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid núm. 532/2023, de 11 de abril (rec. 1694/2022).

Alega como sentencia de contraste la dictada por TS 1106/2021, de 10 de noviembre (rcud 1250/2020). Denuncia en un único motivo la infracción de los artículos 191.2 g), 191. 3 g) y 192.4 de la LRJS en relación con el artículo 24 CE y 23.1 j) LISOS, alegando como sentencia de contraste la STS 1106/2021, de 10 de noviembre (rcud 1250/2020).

El recurso solicita la casación y anulación de la sentencia recurrida y la devolución de los autos al tribunal de suplicación para que con libertad de criterio resuelva sobre las infracciones denunciadas en el recurso de suplicación.

2.-Por la letrada doña Marta Álvarez Tavera en representación de Almacenes Revitex SL se formula impugnación al recurso de casación unificadora interesando su desestimación por falta de contradicción.

3.-Partiendo de la existencia de contradicción entre la sentencia recurrida y la referencial, el Ministerio Fiscal interesa en su informe la estimación del recurso.

4.-Apreciamos de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal la existencia de contradicción entre la sentencia recurrida y la de contraste, la dictada por esta Sala 1106/2021, de 10 de noviembre (rcud 1250/2020).

En ella se enjuicia una pretensión formulada por una empresa frente a la sanción que le impone la TGSS por una infracción muy grave tipificada en el artículo 23.1.a) de la LISOS: <>.

La sanción se impuso tras haber encontrado la Inspección de Trabajo a una persona realizando determinadas actividades en el centro de trabajo sin estar de alta en el régimen general de la seguridad social, que era perceptora de prestaciones de subsidio de desempleo.

La sentencia razona que el precepto legal en el que se sustenta la sanción de la que conoce la sentencia recurrida se inserta en el capítulo III de la LISOS sobre <> y no en el capítulo II sobre <>, por lo que se trata de sanciones en materia de Seguridad Social cuya impugnación por vía de recurso de suplicación se rige por la regla general del artículo 191.2.g) de la LRJS.

5.-A los efectos que ahora nos ocupa es clara la existencia de contradicción entre la sentencia recurrida y la sentencia de contraste, ya que en ambos casos se trata de infracciones en materia de Seguridad Social reguladas dentro del capítulo III de la LISOS en donde se recogen las infracciones en materia de Seguridad Social.

Mientras que la sentencia recurrida entiende que no cabe suplicación porque la multa no supera la suma de 18.000 euros, la referencial admite el recurso si alcanza la cantidad de 3.000 euros.

6.-En todo caso, procede recordar la reiterada doctrina jurisprudencial que afirma que la determinación de la competencia funcional es una cuestión de orden público cuya resolución ha de hacerse de oficio, por lo que no es exigible la concurrencia del requisito de contradicción previsto en el artículo 219.1 de la LRJS ( SSTS de 3 febrero 2016, recurso 2279/2014; 5 mayo de 2016, recurso 3494/2014; y 867/2021, de 8 de septiembre ( rcud 2978/2018), entre otras muchas).

Con la misma sentencia de contraste admitimos la contradicción en STS de 7 de mayo de 2025 (rcud 1981/2023).

TERCERO.- La STS 1106/2021, de 10 de noviembre (rcud 1250/2020 ).

1.-La Sala ya se ha pronunciado sobre la cuestión aquí debatida en la STS 1106/2021, de 10 de noviembre (rcud 1250/2020), seguida de otras muchas como las SSTS 355/2024, de 23 de febrero (rcud. 143/2022) o la citada de 7 de mayo de 2025 (rcud 1981/2023) y a cuya doctrina hay que estar por elementales razones de seguridad jurídica y porque no existen razones para cambiarla.

2.-Conforme señala la STS 355/2024, de 23 de febrero (rcud. 143/2022), el artículo 191.3 g) LRJS, que establece el umbral de 18.000 euros para el acceso al recurso de suplicación, se ciñe a la impugnación de actos administrativos en <>, sin extenderse a la impugnación de actos administrativos en materia de Seguridad Social, lo que conduce a que estos últimos deban regirse por la regla general del artículo 191.2 g) LRJS, que establece el umbral de 3.000 euros para el acceso al recurso de suplicación.

En el presente supuesto, tras la correspondiente acta de infracción, se impuso una multa a la recurrente en casación para la unificación de doctrina por la infracción muy grave tipificada en el artículo 23.1 j) LISOS.

Este precepto se encuentra comprendido dentro del capítulo III de la LISOS sobre <> y no en el capítulo II sobre <>.

Y, como hemos recordado, nuestra doctrina ha establecido que a la impugnación de actos administrativos en materia de seguridad social se le ha de aplicar la regla general del artículo 191.2 g) LRJS, al ceñirse el artículo 191.3 g) LRJS a la impugnación de actos administrativos en <>.

3.-Dicha doctrina ha sido reiterada con posterioridad en pronunciamientos más recientes.

En todos argumentamos que la sentencia de instancia tenía acceso al recurso de suplicación porque < LISOS, sino por la comisión de una falta del capítulo III que regula las infracciones de seguridad social>> tras lo que recordamos que < LISOS incluye como falta grave de las empresas la de "No solicitar la afiliación inicial o el alta de los trabajadores que ingresen a su servicio, o solicitar la misma, como consecuencia de actuación inspectora, fuera del plazo establecido. A estos efectos se considerará una infracción por cada uno de los trabajadores afectados".

Esta es la concreta y específica conducta imputada a la demandante que es objeto de la sanción impugnada en el presente procedimiento, por lo que no cabe duda alguna que se trata de una sanción en materia de Seguridad Social que se rige por la regla general de recurribilidad de las sentencias del art. 191.2 letra g) LRJS>>.

A continuación diferenciamos, frente a las precedentes, que < LRJS, son las catalogadas como infracciones laborales en el capítulo II de la LISOS, definidas en su art. 5 como "las acciones u omisiones de los empresarios contrarias a las normas legales, reglamentarias y cláusulas normativas de los convenios colectivos en materia de relaciones laborales, tanto individuales como colectivas, de colocación, empleo, formación profesional para el empleo, de trabajo temporal y de inserción sociolaboral, tipificadas y sancionadas de conformidad con la presente ley. Asimismo, tendrán dicha consideración las demás acciones u omisiones de los sujetos responsables en las materias que se regulan en el presente capítulo".

Basta la lectura de las faltas tipificadas en los arts. 6 a 9 de la LISOS, para constatar que las infracciones en materia laboral están estrictamente referidas a los incumplimientos en el ámbito individual o colectivo en el que se desenvuelve la relación de trabajo entre la empresa y sus empleados, sin afectar ni extenderse a las obligaciones exigibles a las empresas en materia de seguridad social>>.

También explicamos que <>. Y que en estos casos < LISOS, que sanciona la omisión consistente en no solicitar la afiliación inicial y alta en seguridad social de los trabajadores que ingresan a su servicio, por más que para decidir sobre su acomodación a derecho hayan de analizarse y aplicarse los criterios de la normativa laboral en la calificación de la verdadera naturaleza jurídica de esa relación". Para concluir que la correcta aplicación de la normativa laboral "llevará a ratificar o anular la sanción impugnada, pero esa circunstancia no afecta a la naturaleza del proceso judicial mediante el que se impugna, ni, en consecuencia, a las reglas que hayan de aplicarse para determinar si la sentencia del juzgado que resuelve la demanda es recurrible en suplicación en función de la cuantía a la que ascienda la multa>>.

CUARTO.- La estimación del recurso de casación para unificación de doctrina.

1.La aplicación de la citada doctrina jurisprudencial a la presente litis, por unos elementales principios de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la ley, obliga a concluir que la controversia litigiosa versa sobre una impugnación de una sanción por una infracción en materia de Seguridad Social con una cuantía superior a los 3.000 euros. En consecuencia, la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social era recurrible en suplicación.

2.Por ello, de conformidad con el Ministerio Fiscal, debemos reponer las actuaciones al momento anterior a dictarse sentencia para que la sala de suplicación, partiendo de la recurribilidad en suplicación de la sentencia de instancia, resuelva con libertad de criterio las cuestiones planteadas por la recurrente en el referido recurso de suplicación. Sin condena al pago de las costas ( artículo 235.1 de la LRJS) .

PRIMERO.- La cuestión planteada y la sentencia recurrida.

1.-La cuestión que se plantea en el presente recurso de casación unificadora consiste en determinar si la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social era recurrible en suplicación, en razón de la naturaleza jurídica y cuantía de la sanción impuesta a la empresa demandante cuya impugnación constituye el objeto del litigio.

2.-La empresa Alamacenes Revitex SL tiene como actividad el comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado. El 28 de abril de 2020 fue objeto de inspección por parte de la Inspección de Trabajo en la que constata que en dicha fecha sobre un total de 17 trabajadores, respecto de 16 de ellos, la empresa había comunicado a la TGSS los datos correspondientes la situación de suspensión total de sus contratos en base a fuerza mayor temporal vinculada al Covid-19 figurando las exoneraciones de cuotas previstas en el artículo 24.1 del Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo.

A la fecha y hora de la visita por parte de la Inspección, la nave estaba abierta al público y en su interior se encontraban prestando servicios por cuenta propia los administradores solidarios de la mercantil, los cuales, de acuerdo con la información facilitada por la TGSS, constaban en situación de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o por cuenta propia desde 1989 y 1990 y en situación de alta desde el 14 de marzo de 2020 en la prestación extraordinaria por cese de actividad por la declaración del estado de alarma .A las preguntas formuladas por los funcionarios actuantes, los referidos administradores manifestaron que los trabajadores Carlos José y Adela atendían la página web de venta online, declarando expresamente no haber desafectado a dichos trabajadores del procedimiento de suspensión de sus contratos por fuerza mayor.

Para la Inspección de Trabajo, resultan hechos demostrados, indubitados y no cuestionados, los siguientes:

-Que los trabajadores Adela y Carlos José se encontraban el día de la visita de inspección (a las 11:20 horas del día 28 de abril 2020 prestando sus servicios por cuenta y bajo la dependencia de la empresa.

-Que los referidos trabajadores estaban afectados desde el 18 de marzo de 2020 por el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) derivado de fuerza mayor (Covid-19) teniendo, por tanto, sus contratos suspendidos.

-Que en la fecha de la actuación inspectora, los trabajadores Carlos José y Adela eran titulares de prestaciones por desempleo de nivel contributivo

-Que la empresa comunicó la reincorporación de los citados trabajadores afectados por el ERTE y las correspondientes bajas en las solicitudes de las prestaciones por desempleo, con posterioridad a la fecha inicio de dichas reincorporaciones y como consecuencia de la visita de Inspección.

-La conducta empresarial descrita está tipificada y calificada como muy grave en el artículo 23.1 j) del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Se propone una sanción de 12.502,00 € (doce mil quinientos dos euros) y la pérdida automática de las ayudas, bonificaciones y, en general, los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo, de manera proporcional al número de trabajadores afectados por la infracción, con efectos desde 27 de abril de 2020, fecha en que se cometió la infracción, de acuerdo con lo indicado en el texto del acta.

La empresa, hoy demandante, no estando conforme con lo dispuesto en la citada acta de infracción, formuló frente a la misma el correspondiente Escrito de Alegaciones, siendo dictada resolución de fecha 13 de octubre de 2020 por el Jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de León, por medio de la cual se desestima íntegramente las alegaciones realizadas por la empresa y se confirma la sanción propuesta en el acta de infracción.

Frente a dicha resolución se interpuso recurso de alzada en fecha 11 de noviembre de 2020, sin recaer resolución expresa, operando su desestimación por silencio administrativo negativo.

3.-La empresa presentó demanda solicitando la anulación de la sanción impuesta por la Inspección de Trabajo.

La sentencia del Juzgado de lo Social núm. 3 de León, de 30 de julio de 2021 estimó la demanda presentada por Almacenes Revitex SL y revocó la resolución administrativa sancionadora impugnada dejando sin efecto la sanción de 12.502 euros y las accesorias contra ella impuestas.

4.-El recurso de suplicación interpuesto por la Abogacía del Estado fue inadmitido por el TSJ de Castilla y León con sede en Valladolid en sentencia núm. 532/2023, de 11 de abril (rec. 1694/2022). Considera la sala de suplicación que el recurso debe ser inadmitido porque al sancionarse al empresario no se trata de una materia prestacional y el límite cuantitativo de acceso al recurso debe fijarse en 18.000 euros.

SEGUNDO.- El recurso de casación para la unificación de doctrina, su impugnación, el informe del Ministerio Fiscal y el análisis de la contradicción.

1.-El Abogado del Estado ha formulado el presente recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid núm. 532/2023, de 11 de abril (rec. 1694/2022).

Alega como sentencia de contraste la dictada por TS 1106/2021, de 10 de noviembre (rcud 1250/2020). Denuncia en un único motivo la infracción de los artículos 191.2 g), 191. 3 g) y 192.4 de la LRJS en relación con el artículo 24 CE y 23.1 j) LISOS, alegando como sentencia de contraste la STS 1106/2021, de 10 de noviembre (rcud 1250/2020).

El recurso solicita la casación y anulación de la sentencia recurrida y la devolución de los autos al tribunal de suplicación para que con libertad de criterio resuelva sobre las infracciones denunciadas en el recurso de suplicación.

2.-Por la letrada doña Marta Álvarez Tavera en representación de Almacenes Revitex SL se formula impugnación al recurso de casación unificadora interesando su desestimación por falta de contradicción.

3.-Partiendo de la existencia de contradicción entre la sentencia recurrida y la referencial, el Ministerio Fiscal interesa en su informe la estimación del recurso.

4.-Apreciamos de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal la existencia de contradicción entre la sentencia recurrida y la de contraste, la dictada por esta Sala 1106/2021, de 10 de noviembre (rcud 1250/2020).

En ella se enjuicia una pretensión formulada por una empresa frente a la sanción que le impone la TGSS por una infracción muy grave tipificada en el artículo 23.1.a) de la LISOS: <>.

La sanción se impuso tras haber encontrado la Inspección de Trabajo a una persona realizando determinadas actividades en el centro de trabajo sin estar de alta en el régimen general de la seguridad social, que era perceptora de prestaciones de subsidio de desempleo.

La sentencia razona que el precepto legal en el que se sustenta la sanción de la que conoce la sentencia recurrida se inserta en el capítulo III de la LISOS sobre <> y no en el capítulo II sobre <>, por lo que se trata de sanciones en materia de Seguridad Social cuya impugnación por vía de recurso de suplicación se rige por la regla general del artículo 191.2.g) de la LRJS.

5.-A los efectos que ahora nos ocupa es clara la existencia de contradicción entre la sentencia recurrida y la sentencia de contraste, ya que en ambos casos se trata de infracciones en materia de Seguridad Social reguladas dentro del capítulo III de la LISOS en donde se recogen las infracciones en materia de Seguridad Social.

Mientras que la sentencia recurrida entiende que no cabe suplicación porque la multa no supera la suma de 18.000 euros, la referencial admite el recurso si alcanza la cantidad de 3.000 euros.

6.-En todo caso, procede recordar la reiterada doctrina jurisprudencial que afirma que la determinación de la competencia funcional es una cuestión de orden público cuya resolución ha de hacerse de oficio, por lo que no es exigible la concurrencia del requisito de contradicción previsto en el artículo 219.1 de la LRJS ( SSTS de 3 febrero 2016, recurso 2279/2014; 5 mayo de 2016, recurso 3494/2014; y 867/2021, de 8 de septiembre ( rcud 2978/2018), entre otras muchas).

Con la misma sentencia de contraste admitimos la contradicción en STS de 7 de mayo de 2025 (rcud 1981/2023).

TERCERO.- La STS 1106/2021, de 10 de noviembre (rcud 1250/2020 ).

1.-La Sala ya se ha pronunciado sobre la cuestión aquí debatida en la STS 1106/2021, de 10 de noviembre (rcud 1250/2020), seguida de otras muchas como las SSTS 355/2024, de 23 de febrero (rcud. 143/2022) o la citada de 7 de mayo de 2025 (rcud 1981/2023) y a cuya doctrina hay que estar por elementales razones de seguridad jurídica y porque no existen razones para cambiarla.

2.-Conforme señala la STS 355/2024, de 23 de febrero (rcud. 143/2022), el artículo 191.3 g) LRJS, que establece el umbral de 18.000 euros para el acceso al recurso de suplicación, se ciñe a la impugnación de actos administrativos en <>, sin extenderse a la impugnación de actos administrativos en materia de Seguridad Social, lo que conduce a que estos últimos deban regirse por la regla general del artículo 191.2 g) LRJS, que establece el umbral de 3.000 euros para el acceso al recurso de suplicación.

En el presente supuesto, tras la correspondiente acta de infracción, se impuso una multa a la recurrente en casación para la unificación de doctrina por la infracción muy grave tipificada en el artículo 23.1 j) LISOS.

Este precepto se encuentra comprendido dentro del capítulo III de la LISOS sobre <> y no en el capítulo II sobre <>.

Y, como hemos recordado, nuestra doctrina ha establecido que a la impugnación de actos administrativos en materia de seguridad social se le ha de aplicar la regla general del artículo 191.2 g) LRJS, al ceñirse el artículo 191.3 g) LRJS a la impugnación de actos administrativos en <>.

3.-Dicha doctrina ha sido reiterada con posterioridad en pronunciamientos más recientes.

En todos argumentamos que la sentencia de instancia tenía acceso al recurso de suplicación porque < LISOS, sino por la comisión de una falta del capítulo III que regula las infracciones de seguridad social>> tras lo que recordamos que < LISOS incluye como falta grave de las empresas la de "No solicitar la afiliación inicial o el alta de los trabajadores que ingresen a su servicio, o solicitar la misma, como consecuencia de actuación inspectora, fuera del plazo establecido. A estos efectos se considerará una infracción por cada uno de los trabajadores afectados".

Esta es la concreta y específica conducta imputada a la demandante que es objeto de la sanción impugnada en el presente procedimiento, por lo que no cabe duda alguna que se trata de una sanción en materia de Seguridad Social que se rige por la regla general de recurribilidad de las sentencias del art. 191.2 letra g) LRJS>>.

A continuación diferenciamos, frente a las precedentes, que < LRJS, son las catalogadas como infracciones laborales en el capítulo II de la LISOS, definidas en su art. 5 como "las acciones u omisiones de los empresarios contrarias a las normas legales, reglamentarias y cláusulas normativas de los convenios colectivos en materia de relaciones laborales, tanto individuales como colectivas, de colocación, empleo, formación profesional para el empleo, de trabajo temporal y de inserción sociolaboral, tipificadas y sancionadas de conformidad con la presente ley. Asimismo, tendrán dicha consideración las demás acciones u omisiones de los sujetos responsables en las materias que se regulan en el presente capítulo".

Basta la lectura de las faltas tipificadas en los arts. 6 a 9 de la LISOS, para constatar que las infracciones en materia laboral están estrictamente referidas a los incumplimientos en el ámbito individual o colectivo en el que se desenvuelve la relación de trabajo entre la empresa y sus empleados, sin afectar ni extenderse a las obligaciones exigibles a las empresas en materia de seguridad social>>.

También explicamos que <>. Y que en estos casos < LISOS, que sanciona la omisión consistente en no solicitar la afiliación inicial y alta en seguridad social de los trabajadores que ingresan a su servicio, por más que para decidir sobre su acomodación a derecho hayan de analizarse y aplicarse los criterios de la normativa laboral en la calificación de la verdadera naturaleza jurídica de esa relación". Para concluir que la correcta aplicación de la normativa laboral "llevará a ratificar o anular la sanción impugnada, pero esa circunstancia no afecta a la naturaleza del proceso judicial mediante el que se impugna, ni, en consecuencia, a las reglas que hayan de aplicarse para determinar si la sentencia del juzgado que resuelve la demanda es recurrible en suplicación en función de la cuantía a la que ascienda la multa>>.

CUARTO.- La estimación del recurso de casación para unificación de doctrina.

1.La aplicación de la citada doctrina jurisprudencial a la presente litis, por unos elementales principios de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la ley, obliga a concluir que la controversia litigiosa versa sobre una impugnación de una sanción por una infracción en materia de Seguridad Social con una cuantía superior a los 3.000 euros. En consecuencia, la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social era recurrible en suplicación.

2.Por ello, de conformidad con el Ministerio Fiscal, debemos reponer las actuaciones al momento anterior a dictarse sentencia para que la sala de suplicación, partiendo de la recurribilidad en suplicación de la sentencia de instancia, resuelva con libertad de criterio las cuestiones planteadas por la recurrente en el referido recurso de suplicación. Sin condena al pago de las costas ( artículo 235.1 de la LRJS) .