Sentencia Social 1144/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 4619/2024 de 26 de noviembre del 2025

PRIMERO. Cuestión planteada y sentencia recurrida.

1.La cuestión de fondo que se plantea en el presente recurso es la forma de cálculo del 10 por ciento del denominado plus de Diputación y, en concreto, si se ha de aplicar sobre todas las retribuciones salariales o únicamente sobre el salario base. Pero lo que previamente tenemos que resolver si la existencia de competencia funcional.

2.La Diputación de Cádiz adjudicó el servicio de ayuda a domicilio a partir de enero de 2016 a la empresa OHL Servicios Ingesan SA (OHL). La adjudicataria asumía el compromiso de subrogarse en el personal. Entre los trabajadores a subrogar estaban las tres actoras, constando respecto de ellas el plus mensual del 10 por ciento, lo que no constaba respecto de otros trabajadores incluidos en el mismo anexo. A partir de octubre de 2019 la Diputación adjudicó el servicio a Macrosad Sociedad Cooperativa Andaluza (SCA).

Las tres actoras demandaron a OHL, Macrosad SCA y Diputación de Cádiz, reclamando, respectivamente, 251,40 euros, 230,28 euros y 313,71 euros, al sostener que el 10 por ciento del plus de Diputación se debía aplicar sobre todas las retribuciones salariales y no, como sin embargo se les había abonado, únicamente sobre el salario base.

La demanda fue desestimada por la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Cádiz de 8 de abril de 2021 (autos 488/2019). El juzgado de lo social otorgó pie de recurso de suplicación por afectación general en vista de la relación de trabajadores subrogados por OHL.

3.Las actoras recurrieron en suplicación la sentencia del juzgado de lo social. La sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía, sede de Sevilla, 1576/2024, de 23 de mayo (rec. 2440/2021), desestimó el recurso y confirmó la sentencia de instancia.

La sala de suplicación, sin cuestionarse su competencia funcional, desestimó el recurso por considerar que no había quedado acreditado que la percepción del plus referido continuara vigente, y, además, porque entendió que hubo aquietamiento de las actoras a la forma de cálculo (exclusivamente sobre el salario base), que efectuaba la contratista anterior a ser subrogadas por OHL.

SEGUNDO. El recurso de casación para la unificación de doctrina y el trámite del artículo 225.6 LRJS .

1.Las actoras han recurrido en casación para la unificación de doctrina la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía, sede de Sevilla, 1576/2024, de 23 de mayo (rec. 2440/2021).

El recurso invoca de contraste la STS 124/2019, de 19 de febrero (rcud 1002/2017), y denuncia la infracción de los preceptos legales y convencionales que cita. El recurso solicita la casación y anulación de la sentencia recurrida y la estimación del recurso de suplicación.

2.Por providencia de 19 de junio de 2025 se abrió el trámite del artículo 225.6 LRJS por posible falta de competencia funcional, al ser la cuantía inferior a 3.000 euros y no apreciarse afectación general.

Ninguna de las partes ha realizado alegaciones.

El Ministerio Fiscal aprecia en su informe la falta de competencia funcional.

TERCERO. El examen de la competencia funcional.

1.Debemos recordar, antes que nada, que, como resume, entre muchas, la STS 194/2023, de 15 de marzo (rcud 1141/2020), el acceso a suplicación de las sentencias de instancia «puede ser examinada de oficio por esta sala, aunque no concurra la contradicción, puesto que afecta al orden público procesal y a su propia competencia funcional», sin que la sala quede vinculada por la decisión que se haya adoptado en suplicación y «con cierta independencia de lo que las partes hayan podido alegar» ( SSTS 9 de marzo de 1992, rcud 1462/1990, 24 de abril de 2012, rcud 3090/2011, 30 de octubre de 2012, rcud 2827/2011).

Y ello es así, porque la cuestión no afecta sólo al recurso de suplicación, sino que se proyecta sobre la competencia de esta sala 4ª del Tribunal Supremo, habida cuenta de que el recurso de casación para la unificación de doctrina procede contra las sentencias dictadas en suplicación, lo que supone que la recurribilidad en casación se condiciona a que la sentencia de instancia fuera, a su vez, recurrible en suplicación, de manera que el control de la competencia funcional de la sala supone el control sobre la procedencia o improcedencia de la suplicación ( SSTS 19 de julio de 1994, rcud 2508/1993, 28 de noviembre de 2011, rcud 742/2011, 2 de abril de 2012, rcud 1750/2011, y 30 de octubre de 2012, rcud 2827/2011).

Entre las sentencias posteriores remitimos, por todas, a las SSTS 11 de mayo de 2018 (Pleno, rcud 1800/2016); 17 de julio de 2018 (rcud 904/2018 y 1176/2017); 14 de marzo de 2019 (rcud 2970/2017); 29 de octubre de 2019 (rcud 2331/2017); 1 de julio de 2020 (rcud 3419/2017); 20 de octubre de 2020 (rcud 2554/2017); 1 de diciembre de 2020 (rcud 495/2018); 11 de noviembre de 2021 (rcud 2080/2019); y 10 de junio de 2022 (rcud 4261/2018).

En los términos de la citada STS 11 de mayo de 2018 (Pleno, rcud 1800/2016), reiterada por otras posteriores, es doctrina constante de la sala que la cuestión de la recurribilidad de la sentencia de instancia ha de examinarse de oficio por afectar al orden público procesal y a la propia competencia funcional, incluso «antes de llevar a cabo cualquier pronunciamiento sobre la contradicción o sobre el fondo del asunto».

2.Tenemos que resolver, en consecuencia, si la sentencia del juzgado de lo social era recurrible en suplicación.

Anticipamos que la respuesta es negativa: la sentencia de instancia no era recurrible en suplicación.

En efecto, y, en primer lugar, la pretensión no alcanza la cuantía mínima exigida en el artículo 191.2.g) LRJS para acceder al recurso de suplicación. Basta con afirmar que la demanda inicial de las tres actoras reclamaba que las entidades demandadas fueran condenadas a abonarles, respectivamente, 251,40 euros, 230,28 euros y 313,71 euros.

Y, en segundo lugar, tampoco concurren en el presente caso, los requisitos establecidos en el artículo 191.3.b) LRJS para alcanzar recurribilidad por la vía de la afectación general. Como recuerdan, entre otras, las SSTS 15-7-2010 (R. 2711/2009) y 2-3-2015 (R. 296/2014), tras las SSTS de 3-10-2003 (R. 1011/2003 y R. 1422/2003), dictadas ambas por el Pleno de la Sala, el criterio reiteradamente mantenido en orden a la afectación general es que puede apreciarse en tres supuestos alternativos: a) que esa afectación general «fuera notoria»; b) que la misma haya sido objeto de la correspondiente alegación y prueba; y c) que la controversia posea «claramente» un «contenido de generalidad» no puesto en duda por ninguna de las partes. Habiendo añadido la sala -en interpretación de tales expresiones- que la apreciación de la afectación general depende de la existencia efectiva de litigiosidad en masa y también de las «características intrínsecas» de la cuestión objeto de debate, lo que supone la existencia de una situación de conflicto generalizada en la que se ponen en discusión los derechos de los trabajadores frente a su empresa, siempre que ésta tenga una plantilla suficientemente extensa y tales derechos alcancen «a todos o a un gran número» de sus trabajadores.

Debemos recordar, por lo demás, que la afectación general no se puede confundir con el ámbito personal de las normas jurídicas, pues no se trata de tomar en consideración el alcance o trascendencia de la interpretación de una disposición legal, sino de si el conflicto surgido alcanza realmente a un gran número de trabajadores o beneficiarios de la Seguridad Social [ SSTS 17-9-2004 (R. 3221/2003); y 19-12-2007 (R. 983/2007), 31-7-2017 (R. 2147/2015), 22-2-2017 (R. 1325/2015), 3-12-2019 (R. 2644/2017)].

3.Ninguna de estas exigencias concurren en el supuesto que estamos examinando.

De un lado, porque, como ya hemos dicho, el importe concretamente reclamado por las actoras no alcanza el límite de acceso al recurso de suplicación.

Y, de otro, porque no puede decirse que la existencia de afectación general haya sido probada, sea notoria o posea claramente un contenido de generalidad.

La sentencia de instancia otorgó recurso de suplicación, limitándose a afirmar que existía afectación general en vista de la relación de trabajadores subrogados por OHL. Por su parte, la sentencia de suplicación no se planteó su competencia funcional, por lo que ningún razonamiento hizo al respecto.

En el presente caso, como señala el razonado informe del Ministerio Fiscal, la sentencia de instancia no especifica el número de trabajadores eventualmente afectados, ni la existencia de otros litigios similares sobre la misma cuestión.

Y, con independencia de que reiteremos que la afectación general no se puede confundir con el ámbito personal de las normas jurídicas y de que el conflicto surgido debe alcanzar realmente a un gran número de trabajadores, con independencia de lo anterior -decimos-, en el presente supuesto, así como respecto a las tres actoras sí constaba el plus mensual del 10 por ciento, ni siquiera constaba dicho plus respecto de otros trabajadores incluidos en el mismo anexo.

4.Debemos declarar, en consecuencia, que la sentencia de instancia no era recurrible en suplicación.

Al no ser recurrible la sentencia del juzgado de lo social, procede declarar la nulidad de lo actuado a partir de la notificación de dicha sentencia.

CUARTO. La declaración de falta de competencia funcional.

1.Por todo lo razonado procede, de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, declarar la falta de competencia funcional para el enjuiciamiento del litigio. La sentencia emitida por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia fue dictada careciendo de la necesaria competencia funcional, procediendo ahora que sea casada y anulada, otorgando la correspondiente declaración de firmeza a la resolución de instancia y anulando las actuaciones posteriores a su dictado.

2.Sin costas.

PRIMERO. Cuestión planteada y sentencia recurrida.

1.La cuestión de fondo que se plantea en el presente recurso es la forma de cálculo del 10 por ciento del denominado plus de Diputación y, en concreto, si se ha de aplicar sobre todas las retribuciones salariales o únicamente sobre el salario base. Pero lo que previamente tenemos que resolver si la existencia de competencia funcional.

2.La Diputación de Cádiz adjudicó el servicio de ayuda a domicilio a partir de enero de 2016 a la empresa OHL Servicios Ingesan SA (OHL). La adjudicataria asumía el compromiso de subrogarse en el personal. Entre los trabajadores a subrogar estaban las tres actoras, constando respecto de ellas el plus mensual del 10 por ciento, lo que no constaba respecto de otros trabajadores incluidos en el mismo anexo. A partir de octubre de 2019 la Diputación adjudicó el servicio a Macrosad Sociedad Cooperativa Andaluza (SCA).

Las tres actoras demandaron a OHL, Macrosad SCA y Diputación de Cádiz, reclamando, respectivamente, 251,40 euros, 230,28 euros y 313,71 euros, al sostener que el 10 por ciento del plus de Diputación se debía aplicar sobre todas las retribuciones salariales y no, como sin embargo se les había abonado, únicamente sobre el salario base.

La demanda fue desestimada por la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Cádiz de 8 de abril de 2021 (autos 488/2019). El juzgado de lo social otorgó pie de recurso de suplicación por afectación general en vista de la relación de trabajadores subrogados por OHL.

3.Las actoras recurrieron en suplicación la sentencia del juzgado de lo social. La sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía, sede de Sevilla, 1576/2024, de 23 de mayo (rec. 2440/2021), desestimó el recurso y confirmó la sentencia de instancia.

La sala de suplicación, sin cuestionarse su competencia funcional, desestimó el recurso por considerar que no había quedado acreditado que la percepción del plus referido continuara vigente, y, además, porque entendió que hubo aquietamiento de las actoras a la forma de cálculo (exclusivamente sobre el salario base), que efectuaba la contratista anterior a ser subrogadas por OHL.

SEGUNDO. El recurso de casación para la unificación de doctrina y el trámite del artículo 225.6 LRJS .

1.Las actoras han recurrido en casación para la unificación de doctrina la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía, sede de Sevilla, 1576/2024, de 23 de mayo (rec. 2440/2021).

El recurso invoca de contraste la STS 124/2019, de 19 de febrero (rcud 1002/2017), y denuncia la infracción de los preceptos legales y convencionales que cita. El recurso solicita la casación y anulación de la sentencia recurrida y la estimación del recurso de suplicación.

2.Por providencia de 19 de junio de 2025 se abrió el trámite del artículo 225.6 LRJS por posible falta de competencia funcional, al ser la cuantía inferior a 3.000 euros y no apreciarse afectación general.

Ninguna de las partes ha realizado alegaciones.

El Ministerio Fiscal aprecia en su informe la falta de competencia funcional.

TERCERO. El examen de la competencia funcional.

1.Debemos recordar, antes que nada, que, como resume, entre muchas, la STS 194/2023, de 15 de marzo (rcud 1141/2020), el acceso a suplicación de las sentencias de instancia «puede ser examinada de oficio por esta sala, aunque no concurra la contradicción, puesto que afecta al orden público procesal y a su propia competencia funcional», sin que la sala quede vinculada por la decisión que se haya adoptado en suplicación y «con cierta independencia de lo que las partes hayan podido alegar» ( SSTS 9 de marzo de 1992, rcud 1462/1990, 24 de abril de 2012, rcud 3090/2011, 30 de octubre de 2012, rcud 2827/2011).

Y ello es así, porque la cuestión no afecta sólo al recurso de suplicación, sino que se proyecta sobre la competencia de esta sala 4ª del Tribunal Supremo, habida cuenta de que el recurso de casación para la unificación de doctrina procede contra las sentencias dictadas en suplicación, lo que supone que la recurribilidad en casación se condiciona a que la sentencia de instancia fuera, a su vez, recurrible en suplicación, de manera que el control de la competencia funcional de la sala supone el control sobre la procedencia o improcedencia de la suplicación ( SSTS 19 de julio de 1994, rcud 2508/1993, 28 de noviembre de 2011, rcud 742/2011, 2 de abril de 2012, rcud 1750/2011, y 30 de octubre de 2012, rcud 2827/2011).

Entre las sentencias posteriores remitimos, por todas, a las SSTS 11 de mayo de 2018 (Pleno, rcud 1800/2016); 17 de julio de 2018 (rcud 904/2018 y 1176/2017); 14 de marzo de 2019 (rcud 2970/2017); 29 de octubre de 2019 (rcud 2331/2017); 1 de julio de 2020 (rcud 3419/2017); 20 de octubre de 2020 (rcud 2554/2017); 1 de diciembre de 2020 (rcud 495/2018); 11 de noviembre de 2021 (rcud 2080/2019); y 10 de junio de 2022 (rcud 4261/2018).

En los términos de la citada STS 11 de mayo de 2018 (Pleno, rcud 1800/2016), reiterada por otras posteriores, es doctrina constante de la sala que la cuestión de la recurribilidad de la sentencia de instancia ha de examinarse de oficio por afectar al orden público procesal y a la propia competencia funcional, incluso «antes de llevar a cabo cualquier pronunciamiento sobre la contradicción o sobre el fondo del asunto».

2.Tenemos que resolver, en consecuencia, si la sentencia del juzgado de lo social era recurrible en suplicación.

Anticipamos que la respuesta es negativa: la sentencia de instancia no era recurrible en suplicación.

En efecto, y, en primer lugar, la pretensión no alcanza la cuantía mínima exigida en el artículo 191.2.g) LRJS para acceder al recurso de suplicación. Basta con afirmar que la demanda inicial de las tres actoras reclamaba que las entidades demandadas fueran condenadas a abonarles, respectivamente, 251,40 euros, 230,28 euros y 313,71 euros.

Y, en segundo lugar, tampoco concurren en el presente caso, los requisitos establecidos en el artículo 191.3.b) LRJS para alcanzar recurribilidad por la vía de la afectación general. Como recuerdan, entre otras, las SSTS 15-7-2010 (R. 2711/2009) y 2-3-2015 (R. 296/2014), tras las SSTS de 3-10-2003 (R. 1011/2003 y R. 1422/2003), dictadas ambas por el Pleno de la Sala, el criterio reiteradamente mantenido en orden a la afectación general es que puede apreciarse en tres supuestos alternativos: a) que esa afectación general «fuera notoria»; b) que la misma haya sido objeto de la correspondiente alegación y prueba; y c) que la controversia posea «claramente» un «contenido de generalidad» no puesto en duda por ninguna de las partes. Habiendo añadido la sala -en interpretación de tales expresiones- que la apreciación de la afectación general depende de la existencia efectiva de litigiosidad en masa y también de las «características intrínsecas» de la cuestión objeto de debate, lo que supone la existencia de una situación de conflicto generalizada en la que se ponen en discusión los derechos de los trabajadores frente a su empresa, siempre que ésta tenga una plantilla suficientemente extensa y tales derechos alcancen «a todos o a un gran número» de sus trabajadores.

Debemos recordar, por lo demás, que la afectación general no se puede confundir con el ámbito personal de las normas jurídicas, pues no se trata de tomar en consideración el alcance o trascendencia de la interpretación de una disposición legal, sino de si el conflicto surgido alcanza realmente a un gran número de trabajadores o beneficiarios de la Seguridad Social [ SSTS 17-9-2004 (R. 3221/2003); y 19-12-2007 (R. 983/2007), 31-7-2017 (R. 2147/2015), 22-2-2017 (R. 1325/2015), 3-12-2019 (R. 2644/2017)].

3.Ninguna de estas exigencias concurren en el supuesto que estamos examinando.

De un lado, porque, como ya hemos dicho, el importe concretamente reclamado por las actoras no alcanza el límite de acceso al recurso de suplicación.

Y, de otro, porque no puede decirse que la existencia de afectación general haya sido probada, sea notoria o posea claramente un contenido de generalidad.

La sentencia de instancia otorgó recurso de suplicación, limitándose a afirmar que existía afectación general en vista de la relación de trabajadores subrogados por OHL. Por su parte, la sentencia de suplicación no se planteó su competencia funcional, por lo que ningún razonamiento hizo al respecto.

En el presente caso, como señala el razonado informe del Ministerio Fiscal, la sentencia de instancia no especifica el número de trabajadores eventualmente afectados, ni la existencia de otros litigios similares sobre la misma cuestión.

Y, con independencia de que reiteremos que la afectación general no se puede confundir con el ámbito personal de las normas jurídicas y de que el conflicto surgido debe alcanzar realmente a un gran número de trabajadores, con independencia de lo anterior -decimos-, en el presente supuesto, así como respecto a las tres actoras sí constaba el plus mensual del 10 por ciento, ni siquiera constaba dicho plus respecto de otros trabajadores incluidos en el mismo anexo.

4.Debemos declarar, en consecuencia, que la sentencia de instancia no era recurrible en suplicación.

Al no ser recurrible la sentencia del juzgado de lo social, procede declarar la nulidad de lo actuado a partir de la notificación de dicha sentencia.

CUARTO. La declaración de falta de competencia funcional.

1.Por todo lo razonado procede, de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, declarar la falta de competencia funcional para el enjuiciamiento del litigio. La sentencia emitida por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia fue dictada careciendo de la necesaria competencia funcional, procediendo ahora que sea casada y anulada, otorgando la correspondiente declaración de firmeza a la resolución de instancia y anulando las actuaciones posteriores a su dictado.

2.Sin costas.

PRIMERO. Cuestión planteada y sentencia recurrida.

1.La cuestión de fondo que se plantea en el presente recurso es la forma de cálculo del 10 por ciento del denominado plus de Diputación y, en concreto, si se ha de aplicar sobre todas las retribuciones salariales o únicamente sobre el salario base. Pero lo que previamente tenemos que resolver si la existencia de competencia funcional.

2.La Diputación de Cádiz adjudicó el servicio de ayuda a domicilio a partir de enero de 2016 a la empresa OHL Servicios Ingesan SA (OHL). La adjudicataria asumía el compromiso de subrogarse en el personal. Entre los trabajadores a subrogar estaban las tres actoras, constando respecto de ellas el plus mensual del 10 por ciento, lo que no constaba respecto de otros trabajadores incluidos en el mismo anexo. A partir de octubre de 2019 la Diputación adjudicó el servicio a Macrosad Sociedad Cooperativa Andaluza (SCA).

Las tres actoras demandaron a OHL, Macrosad SCA y Diputación de Cádiz, reclamando, respectivamente, 251,40 euros, 230,28 euros y 313,71 euros, al sostener que el 10 por ciento del plus de Diputación se debía aplicar sobre todas las retribuciones salariales y no, como sin embargo se les había abonado, únicamente sobre el salario base.

La demanda fue desestimada por la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Cádiz de 8 de abril de 2021 (autos 488/2019). El juzgado de lo social otorgó pie de recurso de suplicación por afectación general en vista de la relación de trabajadores subrogados por OHL.

3.Las actoras recurrieron en suplicación la sentencia del juzgado de lo social. La sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía, sede de Sevilla, 1576/2024, de 23 de mayo (rec. 2440/2021), desestimó el recurso y confirmó la sentencia de instancia.

La sala de suplicación, sin cuestionarse su competencia funcional, desestimó el recurso por considerar que no había quedado acreditado que la percepción del plus referido continuara vigente, y, además, porque entendió que hubo aquietamiento de las actoras a la forma de cálculo (exclusivamente sobre el salario base), que efectuaba la contratista anterior a ser subrogadas por OHL.

SEGUNDO. El recurso de casación para la unificación de doctrina y el trámite del artículo 225.6 LRJS .

1.Las actoras han recurrido en casación para la unificación de doctrina la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía, sede de Sevilla, 1576/2024, de 23 de mayo (rec. 2440/2021).

El recurso invoca de contraste la STS 124/2019, de 19 de febrero (rcud 1002/2017), y denuncia la infracción de los preceptos legales y convencionales que cita. El recurso solicita la casación y anulación de la sentencia recurrida y la estimación del recurso de suplicación.

2.Por providencia de 19 de junio de 2025 se abrió el trámite del artículo 225.6 LRJS por posible falta de competencia funcional, al ser la cuantía inferior a 3.000 euros y no apreciarse afectación general.

Ninguna de las partes ha realizado alegaciones.

El Ministerio Fiscal aprecia en su informe la falta de competencia funcional.

TERCERO. El examen de la competencia funcional.

1.Debemos recordar, antes que nada, que, como resume, entre muchas, la STS 194/2023, de 15 de marzo (rcud 1141/2020), el acceso a suplicación de las sentencias de instancia «puede ser examinada de oficio por esta sala, aunque no concurra la contradicción, puesto que afecta al orden público procesal y a su propia competencia funcional», sin que la sala quede vinculada por la decisión que se haya adoptado en suplicación y «con cierta independencia de lo que las partes hayan podido alegar» ( SSTS 9 de marzo de 1992, rcud 1462/1990, 24 de abril de 2012, rcud 3090/2011, 30 de octubre de 2012, rcud 2827/2011).

Y ello es así, porque la cuestión no afecta sólo al recurso de suplicación, sino que se proyecta sobre la competencia de esta sala 4ª del Tribunal Supremo, habida cuenta de que el recurso de casación para la unificación de doctrina procede contra las sentencias dictadas en suplicación, lo que supone que la recurribilidad en casación se condiciona a que la sentencia de instancia fuera, a su vez, recurrible en suplicación, de manera que el control de la competencia funcional de la sala supone el control sobre la procedencia o improcedencia de la suplicación ( SSTS 19 de julio de 1994, rcud 2508/1993, 28 de noviembre de 2011, rcud 742/2011, 2 de abril de 2012, rcud 1750/2011, y 30 de octubre de 2012, rcud 2827/2011).

Entre las sentencias posteriores remitimos, por todas, a las SSTS 11 de mayo de 2018 (Pleno, rcud 1800/2016); 17 de julio de 2018 (rcud 904/2018 y 1176/2017); 14 de marzo de 2019 (rcud 2970/2017); 29 de octubre de 2019 (rcud 2331/2017); 1 de julio de 2020 (rcud 3419/2017); 20 de octubre de 2020 (rcud 2554/2017); 1 de diciembre de 2020 (rcud 495/2018); 11 de noviembre de 2021 (rcud 2080/2019); y 10 de junio de 2022 (rcud 4261/2018).

En los términos de la citada STS 11 de mayo de 2018 (Pleno, rcud 1800/2016), reiterada por otras posteriores, es doctrina constante de la sala que la cuestión de la recurribilidad de la sentencia de instancia ha de examinarse de oficio por afectar al orden público procesal y a la propia competencia funcional, incluso «antes de llevar a cabo cualquier pronunciamiento sobre la contradicción o sobre el fondo del asunto».

2.Tenemos que resolver, en consecuencia, si la sentencia del juzgado de lo social era recurrible en suplicación.

Anticipamos que la respuesta es negativa: la sentencia de instancia no era recurrible en suplicación.

En efecto, y, en primer lugar, la pretensión no alcanza la cuantía mínima exigida en el artículo 191.2.g) LRJS para acceder al recurso de suplicación. Basta con afirmar que la demanda inicial de las tres actoras reclamaba que las entidades demandadas fueran condenadas a abonarles, respectivamente, 251,40 euros, 230,28 euros y 313,71 euros.

Y, en segundo lugar, tampoco concurren en el presente caso, los requisitos establecidos en el artículo 191.3.b) LRJS para alcanzar recurribilidad por la vía de la afectación general. Como recuerdan, entre otras, las SSTS 15-7-2010 (R. 2711/2009) y 2-3-2015 (R. 296/2014), tras las SSTS de 3-10-2003 (R. 1011/2003 y R. 1422/2003), dictadas ambas por el Pleno de la Sala, el criterio reiteradamente mantenido en orden a la afectación general es que puede apreciarse en tres supuestos alternativos: a) que esa afectación general «fuera notoria»; b) que la misma haya sido objeto de la correspondiente alegación y prueba; y c) que la controversia posea «claramente» un «contenido de generalidad» no puesto en duda por ninguna de las partes. Habiendo añadido la sala -en interpretación de tales expresiones- que la apreciación de la afectación general depende de la existencia efectiva de litigiosidad en masa y también de las «características intrínsecas» de la cuestión objeto de debate, lo que supone la existencia de una situación de conflicto generalizada en la que se ponen en discusión los derechos de los trabajadores frente a su empresa, siempre que ésta tenga una plantilla suficientemente extensa y tales derechos alcancen «a todos o a un gran número» de sus trabajadores.

Debemos recordar, por lo demás, que la afectación general no se puede confundir con el ámbito personal de las normas jurídicas, pues no se trata de tomar en consideración el alcance o trascendencia de la interpretación de una disposición legal, sino de si el conflicto surgido alcanza realmente a un gran número de trabajadores o beneficiarios de la Seguridad Social [ SSTS 17-9-2004 (R. 3221/2003); y 19-12-2007 (R. 983/2007), 31-7-2017 (R. 2147/2015), 22-2-2017 (R. 1325/2015), 3-12-2019 (R. 2644/2017)].

3.Ninguna de estas exigencias concurren en el supuesto que estamos examinando.

De un lado, porque, como ya hemos dicho, el importe concretamente reclamado por las actoras no alcanza el límite de acceso al recurso de suplicación.

Y, de otro, porque no puede decirse que la existencia de afectación general haya sido probada, sea notoria o posea claramente un contenido de generalidad.

La sentencia de instancia otorgó recurso de suplicación, limitándose a afirmar que existía afectación general en vista de la relación de trabajadores subrogados por OHL. Por su parte, la sentencia de suplicación no se planteó su competencia funcional, por lo que ningún razonamiento hizo al respecto.

En el presente caso, como señala el razonado informe del Ministerio Fiscal, la sentencia de instancia no especifica el número de trabajadores eventualmente afectados, ni la existencia de otros litigios similares sobre la misma cuestión.

Y, con independencia de que reiteremos que la afectación general no se puede confundir con el ámbito personal de las normas jurídicas y de que el conflicto surgido debe alcanzar realmente a un gran número de trabajadores, con independencia de lo anterior -decimos-, en el presente supuesto, así como respecto a las tres actoras sí constaba el plus mensual del 10 por ciento, ni siquiera constaba dicho plus respecto de otros trabajadores incluidos en el mismo anexo.

4.Debemos declarar, en consecuencia, que la sentencia de instancia no era recurrible en suplicación.

Al no ser recurrible la sentencia del juzgado de lo social, procede declarar la nulidad de lo actuado a partir de la notificación de dicha sentencia.

CUARTO. La declaración de falta de competencia funcional.

1.Por todo lo razonado procede, de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, declarar la falta de competencia funcional para el enjuiciamiento del litigio. La sentencia emitida por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia fue dictada careciendo de la necesaria competencia funcional, procediendo ahora que sea casada y anulada, otorgando la correspondiente declaración de firmeza a la resolución de instancia y anulando las actuaciones posteriores a su dictado.

2.Sin costas.