Sentencia Social 132/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 133/2022 de 26 de febrero del 2025

PRIMERO.-1.-El debate casacional hace referencia a la prescripción de la acción de reclamación de salarios como consecuencia de una cesión ilegal. Se reclama la diferencia entre el salario percibido por la trabajadora en la empresa cedente y el que hubiera debido cobrar en la empresa cesionaria. Se discute si el día inicial de la prescripción extintiva se produce desde que se devengan los salarios, sin necesidad de que se dicte una sentencia que declare la existencia de cesión ilegal.

2.-El Juzgado de lo Social dictó sentencia en la que desestimó la demanda de cesión ilegal y reclamación de cantidad formulada por la actora contra Axpe Consulting SL (en adelante Axpe) y la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante AEPD).

La parte demandante interpuso recurso de suplicación. La sentencia recurrida, dictada por el TSJ de Madrid 963/2021, de 10 de noviembre (recurso 764/2021), estimó en parte el recurso. Argumenta que, al haberse producido una cesión ilegal, las diferencias salariales no podían ser reclamadas hasta obtener un reconocimiento de dicha irregular situación, pues solo ese reconocimiento da lugar a la deuda, por lo que rechaza la prescripción de las diferencias salariales correspondientes al año anterior al cese.

El TSJ estima en parte el recurso de suplicación y condena solidariamente a los demandados a abonar a la demandante las diferencias salariales existentes entre lo percibido y el salario correspondiente al grupo 4 del Convenio colectivo de la Administración General del Estado durante el periodo comprendido entre el 25 de mayo de 2017 y el 25 de mayo de 2018, que es la fecha en que finalizó la cesión ilegal porque acabó su prestación de servicios en la AEPD.

3.-La trabajadora y la empresa Axpe interpusieron sendos recursos de casación para la unificación de doctrina.

A) La parte actora desarrolló dos motivos:

a) En el primero denuncia la infracción del art. 43.3 del Estatuto de los Trabajadores (en adelante ET) y de los arts. 1101, 1102, 1103, 1104 y 1106 y 1902 del Código Civil.

Argumenta que un trabajador tiene acción para reclamar los daños y perjuicios causados por una cesión ilegal después de que ésta haya finalizado.

b) El segundo motivo reitera la denuncia del art. 43.3 del ET. Alega que tiene acción para reclamar los daños y perjuicios derivados de la cesión ilegal.

B) La mercantil Axpe formuló dos motivos:

a) En el primer motivo denuncia la infracción del art. 43 del ET. Aduce que la acción de cesión ilegal debe ejercitarse mientras subsista dicha cesión.

b) En el segundo motivo denuncia la infracción del art. 59.2 del ET. Sostiene que la interposición de una demanda de cesión ilegal no interrumpe el plazo de prescripción de los salarios.

4.-El auto dictado por el TS en fecha 17 de enero de 2023 en este mismo recurso 133/2022 inadmitió los dos motivos del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la demandante y el primer motivo del recurso formulado por la parte demandada.

5.-La parte actora presentó escrito de impugnación del recurso de Axpe en el que niega que concurra el requisito de contradicción y solicita la confirmación de la sentencia recurrida.

La AEPD presentó escrito en el que manifestó que se adhería al recurso.

El Ministerio Fiscal informó a favor de la estimación del recurso.

SEGUNDO.- 1.-En primer lugar, debemos examinar el presupuesto procesal de contradicción exigido por el art. 219.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (en adelante LRJS) respecto del segundo motivo del recurso interpuesto por Axpe. En este pleito concurren las circunstancias siguientes:

a) La AEPD contrató la grabación de datos con las empresas Ombuds Servicios SL, Opendant SJ y Axpe. La actora prestó servicios sucesivamente para esas tres mercantiles. La última de ellas (Axpe) se subrogó en su relación laboral el día 1 de enero de 2011. Le reconoció su antigüedad desde el 4 de diciembre de 2007.

b) La demandante dejó de prestar servicios en la AEPD el 25 de mayo de 2018, pasando a partir de entonces a desempeñar sus funciones en las oficinas de Axpe. Desde esa fecha se ocupó de la contrata de Axpe con el centro de atención de usuarios de la Comunidad de Madrid.

c) La contrata de Axpe con la AEPD finalizó en fecha 31 de diciembre de 2018.

d) El día 24 de mayo de 2019 esta trabajadora presentó papeleta de conciliación preprocesal frente a Axpe y formuló reclamación previa frente a la AEPD.

e) En fecha 1 de agosto de 2019 se alcanzó un acuerdo en virtud del cual la unidad productiva autónoma en la que prestaba servicios la accionante fue transmitida a la sociedad Field Delivery Spain SL. Esta trabajadora permaneció en Axpe hasta que fue despedida por causas objetivas el día 25 de octubre de 2019.

f) El día 25 de noviembre de 2019 esta trabajadora formuló la demanda rectora de esta litis contra Axpe y la AEPD. En ella reclamaba que se declarase la existencia de una cesión ilegal, el abono de la diferencia salarial del año anterior al cese y una indemnización de daños y perjuicios de 25.001 euros.

g) El día 19 de diciembre de 2019 esta trabajadora interpuso una demanda de despido contra Axpe y Field Delivery Spain SL. En fecha 30 de junio de 2020 se alcanzó un acuerdo por el que se ratificaban las causas objetivas que justificaban el despido y se le abonaba una indemnización extintiva.

2.-Se invoca de contraste la sentencia del TS de 17 de junio de 2014, recurso 1288/2013. En ella se había dictado una sentencia en fecha 2 de octubre de 2007 que había declarado la existencia de cesión ilegal entre la empresa que había contratado a la actora y aquella otra para la que había prestado servicios. Posteriormente, se reclamaron las diferencias salariales entre las cantidades percibidas y las que le hubiera correspondido percibir de conformidad con el convenio colectivo de la empresa cesionaria correspondientes al periodo del 27 de julio de 2004 al 31 de diciembre de 2007.

Se discutía la prescripción de la reclamación de cantidades correspondientes a periodos anteriores a un año desde que se formuló la reclamación previa (el 30 de septiembre de 2008). La Sala argumentó que la demanda en la que se solicitaba que se declarase la existencia de cesión ilegal no interrumpía el plazo de prescripción de la reclamación de cantidades salariales, por lo que estaban prescritas las cantidades anteriores a septiembre de 2007.

3.-En la sentencia recurrida, la prestación de servicios de la actora en la AEPD finalizó el día 25 de mayo de 2018 y la contrata de Axpe con la AEPD terminó el 31 de diciembre de 2018. La papeleta de conciliación frente a Axpe se presentó el día 24 de mayo de 2019. La sentencia recurrida niega que concurra la prescripción porque considera que las cantidades no se podían reclamar hasta el reconocimiento judicial de la situación irregular.

En la sentencia referencial, cuando se declaró la existencia de una cesión ilegal de trabajadores por sentencia firme, la trabajadora presentó reclamación de cantidad por diferencias salariales correspondientes a los años que duró la situación de prestamismo laboral (2004 a 2007). La sentencia de contraste declara la prescripción de todas aquellas cantidades anteriores a un año desde que se formuló la reclamación previa.

Concurre la contradicción a fortiori(con mayor motivo). En ambos pleitos se reclaman diferencias salariales en relación con sendas cesiones ilegales. La sentencia referencial considera que la reclamación por cesión ilegal no interrumpe la prescripción de la acción de reclamación de cantidad, mientras que la sentencia recurrida considera que la prescripción no comienza a computar hasta que se obtenga un reconocimiento judicial de la existencia de una cesión ilegal, por lo que estima la demanda de reclamación de cantidad. En mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, se han dictado pronunciamientos contradictorios que deben ser unificados.

TERCERO.- 1.-Esta Sala ha declarado que la cesión ilegal tiene que estar viva en el momento en el que se ejercita la acción reclamando que se declare su existencia. La sentencia del TS 463/2017, de 31 de mayo (rcud 3599/2015), con cita de las sentencias del TS de 8 de julio de 2003, recurso 2885/2002 y de 12 de febrero de 2008, recurso 61/2007, explica que «el tenor del artículo 43.3 ET obliga a entender que la acción de fijeza electiva que el precepto reconoce al trabajador ilegalmente cedido, con los derechos y obligaciones que precisa la norma, ha de ejercitarse necesariamente "mientras subsista la cesión", de modo que, concluida la cesión, no cabe el ejercicio de esa acción de fijeza, aunque aquella haya sido ilegal». No cabe optar por la empresa cesionaria cuando la cesión ilegal ha finalizado.

Esa doctrina significa que, cuando el despido se produce mientras subsiste la cesión, el trabajador puede alegar la ilegalidad de la cesión para conseguir la condena solidaria de sus consecuencias de las empresas cedente y cesionaria [por todas, sentencias del TS 614/2022, de 6 de julio (rcud 2322/2019); y 1314/2024, de 4 de diciembre (rcud 277/2022) y las citadas en ellas].

En la presente litis, la demanda solicita que se declare la existencia de una cesión ilegal y se reclama la diferencia salarial del año anterior al cese. La aplicación de la citada doctrina jurisprudencial obliga a concluir que la demanda de cesión ilegal se ha presentado extemporáneamente: la actora no podrá optar por adquirir la condición de fijo en la empresa cesionaria. Pero sí que puede reclamar los salarios adeudados.

2.-La incidencia de un procedimiento judicial declarativo en la prescripción fue examinada en la citada sentencia del TS de 17 de junio de 2014, recurso 1288/2013, que reitera la doctrina establecida en las sentencias de esta Sala de 30 de noviembre de 2005, recurso 3630/2004; 15 de marzo de 2010, recurso 1854/2009 y 27 de abril de 2010, recurso 2164/2009, entre otras. Se debatía la prescripción de diferencias salariales por parte de trabajadoras que habían sido objeto de una cesión ilegal que había sido declarada por sentencia firme. Sentamos la siguiente doctrina: «la tramitación de un procedimiento anterior en el que se postulaba un pronunciamiento declarativo no afecta a la obligación del actor a reaccionar en evitación de la prescripción porque esta no comienza a computarse a partir de la sentencia declarativa antecedente, sino desde la fecha en que, habiéndose denegado la correspondiente retribución, no se hizo efectivo el momento legalmente previsto para el pago».

A continuación, citamos la sentencia del TS de 1 de diciembre de 1993, recurso 4203/1992: «para que opere la interrupción de la prescripción prevista en el artículo 1973 del Código Civil, ambas acciones han de coincidir en objeto y causa de pedir pues "no basta que ambas acciones tengan una indudable conexión causal si son inequívocamente diferenciadas en cuanto a su objeto, recordando también lo dicho en la STS de 17 de septiembre de 1990 "debieron pedir no ya que se declarara sin más el derecho sino las consecuencias económicas que la aplicación de los preceptos legales correspondientes generaban ... pues el ejercicio de aquella acción declarativa y de mera constatación del derecho no pudo interrumpir la prescripción de la otra acción de contenido económico que derivaba de ella».

3.-Esa doctrina se ha reiterado posteriormente por las sentencias del TS 465/2016, de 1 de junio (rcud 3487/2014); 94/2017, de 1 de febrero (rec. 78/2016); y 498/2018, de 10 de mayo (rcud 3115/2016). La penúltima de ellas explica que «hemos consolidado el criterio de que el ejercicio de acciones declarativas no interrumpe el curso de la prescripción de acciones que pudieron ejercitarse antes, de tal forma que la tramitación de un procedimiento anterior en el que se solicita un pronunciamiento declarativo no afecta a la obligación de reaccionar en evitación de la prescripción, porque esta no comienza a computarse a partir de la sentencia declarativa antecedente, sino desde la fecha en que puede reclamarse el derecho generado por el incumplimiento de la empresa».

4.-Por consiguiente, la doctrina jurisprudencial considera que la interposición de una demanda declarativa de la existencia de una cesión ilegal no interrumpe la prescripción extintiva de las diferencias salariales, que se pudieron reclamar desde la fecha de su devengo. Con mayor razón aún, debe operar la prescripción extintiva cuando la cesión ilegal finalizó en el pasado y el trabajador ejercita la acción reclamando la existencia de una cesión ilegal y las diferencias salariales cuando ha transcurrido casi un año desde que finalizó la cesión ilegal. Dicha acción declarativa y de reclamación salarial se pudo ejercitar mientras estuvo vigente la cesión ilegal.

CUARTO.- 1.-La reclamación salarial está sujeta al plazo de prescripción de un año del art. 59 del Estatuto de los Trabajadores. La prestación de servicios en la AEPD finalizó el 25 de mayo de 2018 y la papeleta de conciliación frente a Axpe, así como la reclamación previa ante la AEPD, se presentaron ambas el 24 de mayo de 2019, cuando no había transcurrido un año desde la finalización de dicha prestación de servicios.

En consecuencia, la reclamación de los salarios correspondientes a los 25 días en que la actora prestó servicios en la AEPD en el mes de mayo de 2018 no está prescrita.

2.-Los anteriores argumentos obligan a estimar en parte el recurso de casación unificadora interpuesto por Axpe, casar y anular en parte la sentencia recurrida y resolver el recurso de suplicación interpuesto por Dª Custodia en el sentido de estimar en parte ese recurso y revocar en parte la sentencia de instancia. Se condena solidariamente a los demandados a abonar a la demandante las diferencias salariales existentes entre lo percibido y el salario correspondiente al grupo 4 del Convenio colectivo de la Administración General del Estado durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2018 y el 25 de mayo de 2018. Se mantienen los restantes pronunciamientos de la sentencia recurrida.

Sin condena al pago de costas ( art. 235 de la LRJS) . Se acuerda la devolución del depósito y la devolución parcial de la consignación para recurrir ( art. 228.2 de la LRJS) .