Sentencia Social 1152/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 3356/2024 de 27 de noviembre del 2025

PRIMERO.- 1.La cuestión que constituye el objeto del presente recurso de casación para la unificación de la doctrina consiste en determinar la calificación de un despido objetivo por ineptitud sobrevenida de un trabajador que, tras un período de incapacidad temporal es dado de alta sin que el INSS aprecie que concurre ninguna situación incapacitante, y los servicios de prevención informan que, en virtud de las secuelas resultantes, no resulta apto para el desempeño de su puesto de trabajo.

2.La sentencia de instancia, del Juzgado de lo Social núm. 2 de Bilbao, estimó parcialmente la demanda del trabajador y declaró la improcedencia del despido. La sentencia ahora impugnada, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 30 de abril de 2024 (Rec 552/24), tras desestimar el recurso empresarial, estimó el del trabajador y declaró la nulidad del despido.

Consta que el actor ha venido desarrollando trabajos como oficial de 2ª para la demandada desde el 1/01/2005. El 4/2/2021 inició un periodo de IT por accidente de trabajo hasta el 3/12/2021, causando nuevamente baja por recaída el 7 de febrero de 2022 hasta el 20 de enero de 2023. Iniciadas actuaciones administrativas, con fecha de 20 de enero de 2023, el INSS dictó resolución administrativa declarando que el trabajador no está afecto de ningún grado de incapacidad permanente. El actor padece una patología de rodilla, con marcha claudicante. El 21/02/2023 el demandante recibió carta de despido por causas objetivas, ineptitud sobrevenida, de conformidad con lo dispuesto en el art 52 a) del Estatuto de los Trabajadores (ET), con base en el informe evacuado por el servicio de prevención ajeno, que le calificó como "No apto" según el reconocimiento médico realizado el 26/1/2023.

La sentencia sostiene que la dolencia del demandante debe equipararse a una discapacidad habida cuenta de las limitaciones laborales que estaba generando al trabajador durante un largo período de tiempo, dado que la duración del periodo de IT previo al despido fue de casi dos años. Cuando la empresa extinguió el contrato tenía plena constancia de que el proceso de IT del actor había sido de larga duración e, incluso, reconoce que el trabajador está en una situación de incapacidad para desempeñar sus funciones, pese a que la entidad gestora ha rechazado la incapacidad permanente del trabajador. Por tanto, dado que la empresa ha procedido a despedir a una persona discapacitada, sin que conste que haya adoptado medida alguna para adaptar el puesto de trabajo del demandante, o para permitir el mantenimiento de su desempeño, se aprecia la discriminación por razón de discapacidad, lo que conlleva la nulidad del despido Seguidamente, se cuestiona el montante indemnizatorio por daño moral que fija en 12.000 euros tomando como referencia las circunstancias existentes y la tipificación de la LISOS.

3.El recurso formulado por la empresa se fundamenta en dos motivos. El primero en el que solicita que se revoque la declaración de nulidad del despido, denuncia infracción de los artículos 52.1.a y 53.4 ET, con relación a los artículos 22, 31 y 32 LPRL y con doctrina del TJUE y jurisprudencia de esta Sala que cita. El segundo motivo, aunque no se indique, es claramente subsidiario del anterior dado que se dedica a combatir la indemnización derivada de la vulneración del derecho fundamental a la igualdad que sustenta la declaración de nulidad del despido. Denuncia, ala efecto, infracción de los artículos 183 y 179.3 LRJS con relación a los artículos 8.12, 39.6 y 40.1.c LISOS. El recurso ha sido impugnado de contrario e informado por el Ministerio Fiscal en el sentido de considerar su improcedencia.

SEGUNDO.- 1.Para sostener el primero de los motivos, la recurrente invoca de contraste la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 9 de febrero de 2023 (rec. 1417/21). En el caso, el demandante venía prestando sus servicios por cuenta de la empresa demandada como operario peón de limpieza viaria. El día 18-2-21 la empresa comunicó al trabajador carta de despido por ineptitud sobrevenida, tomando como base el informe del Servicio de Vigilancia de la Salud de 11-12-20 en el que, tras la realización de los correspondientes reconocimientos y pruebas, se concluía que el interesado no era apto para el desarrollo de su profesión habitual. El trabajador presentó demanda para oponerse a la referida decisión extintiva, alegando, en lo que a los efectos casacionales importa, que no concurría causa para la extinción acordada.

La sentencia razona que el actor presenta patologías que le contraindican la realización de las tareas propias de su puesto de trabajo como peón de limpieza viaria, al no poder realizar movimientos repetitivos de miembro superior, tareas por encima de los hombros, manipular cargas manualmente y tener posturas forzadas de columna lumbar. Por otro lado, no se ha aportado por el trabajador, que era el único que podía hacerlo, el más leve indicio de tipo médico para desvirtuar aquellas conclusiones. A lo anterior se anuda que si bien cualquier empresa debe hacer lo necesario para procurar la adaptación del puesto de trabajo a las especiales condiciones de cada trabajador, en tanto ello sea posible, si el informe del servicio de prevención no considera tal posibilidad de adaptación del puesto, y califica directamente al trabajador como no apto, es dicho trabajador el que, poniendo de manifiesto las dolencias y limitaciones que, recordemos, solo a él le constan y no a la empresa, podría cuestionar tal conclusión. Tal cosa no ha ocurrido en el caso que nos ocupa, en el que se ha atribuido directamente a la empresa una obligación que no se deriva del sentido del informe de prevención. Tampoco la empresa tiene obligación de recolocar a los trabajadores.

2.Debemos examinar si concurre la contradicción en los términos exigidos por el artículo 219 LRJS. Con diferencias en cuanto a las patologías respectivas, los hechos son sustancialmente idénticos en la medida en que se trata de sendos trabajadores que fueron despedidos por ineptitud sobrevenida con fundamentos en los informes del servicio de prevención que los había calificado como no aptos para el desarrollo de sus respectivos puestos de trabajo, tras los oportunos reconocimientos médicos efectuados inmediatamente después de su reincorporación a la empresa una vez dados de alta, tras prolongadas ausencias como consecuencia de haber estado en situación de incapacidad temporal durante un largo período de tiempo. Las pretensiones son las mismas en ambos casos: la declaración de nulidad o subsidiariamente improcedencia del despido. Sin embargo, los fundamentos de ambas pretensiones son diferentes en la medida en que, entre otros extremos que se dirán, invoca la recurrente normativa fundamental para la doctrina que contiene la sentencia recurrida que no estaba vigente cuando se formuló la pretensión en la sentencia referencial.

Así, en la sentencia referencial la petición de nulidad del despido no prosperó en suplicación por defectos formales en la formulación del recurso, pues no se combatió ni se argumentó sobre las razones que llevaron en la instancia a rechazar la nulidad - ningún trabajador calificado como "no apto" por los servicios de prevención había sido recolocado en otro puesto de trabajo; no constaba que existieran puestos en la empresa en la categoría de operario que pudieran ser adecuadamente desempeñados por un trabajador afecto de las limitaciones padecidas por el demandante; y que otras trabajadoras que habían sido recolocadas habían sido calificadas como "aptas con limitaciones" y no como "no aptas". Nada de ello aparece en la sentencia recurrida ya que la consideración de que no se ha realizado ni intentado ningún ajuste razonable no aparece en la relación fáctica y no constituye fundamento de la decisión adoptada en suplicación que se fundamenta en discriminación por razón de discapacidad.

Ocurre además que la pretensión del demandante en orden a sostener la nulidad del despido se fundamentó, entre otras razones jurídicas, en la aplicación de la Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación con relación al artículo 15 CE y a diversa doctrina del TJUE; fundamentación jurídica que, por razones temporales, obviamente no esta presente en la pretensión de la sentencia referencial. Por ello, con independencia o no del acierto en la sentencia recurrida, esta Sala no puede admitir el recurso ya que, al ser diferentes los respectivos fundamentos, las sentencias comparadas dan respuestas diferentes, pero no contienen doctrina contradictoria que sea posible unificar.

TERCERO.- 1.En el segundo motivo, relativo al montante indemnizatorio por daño moral, invoca la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Canarias, con sede en Las Palmas, de 10 de diciembre de 2021 (Rec. 1417/21), confirmatoria de la de instancia que estima la demanda en materia de tutela de derechos fundamentales declarando la existencia de vulneración del derecho a la intimidad de la actora y la nulidad de la actuación impugnada condenando a la demandada a cesar en su actuación y a reponer a la actora en la integridad de su derecho así como a abonarle una indemnización de 6.251 euros en concepto de daños morales.

La contradicción entre las sentencias comparadas es inexistente, en particular porque no existen fallos contradictorios, tal y como exige inexcusablemente el art 219 LRJS. En efecto, la resolución recurrida, estima parcialmente la demandada y declara la nulidad del despido objetivo por ineptitud sobrevenida por discriminación por razón de discapacidad, con condena a una indemnización por daños morales de 12.000 € (en lugar de los 60.000 € solicitados). La de contraste, también estima la demanda, dictada en procedimiento de tutela de derechos fundamentales, y declara que la decisión empresarial impugnada constituye una vulneración del derecho a la intimidad del actor siendo nula la misma condenando a la empresa demandada al cese inmediato de dicho comportamiento y a abonar la cantidad de 6.251 € en concepto de indemnización de daños morales derivados de la vulneración.

Por otra parte, ambas se remiten, como criterio orientador, para fijar el importe indemnizatorio a lo establecido en la LISOS. Así, la de contraste, rechaza la petición de la empresa de reducción de la indemnización por daño moral, por vulneración del derecho a la intimidad, art 18 CE, al considerar que la infracción que sería aplicable al caso analógicamente seria la del art. 8.11 de la LISOS (faltas muy graves) y la consecuencia o sanción la establecida en el art. 40.1 c) de la LISOS, y sin que se estimen relevantes para graduar el importe, ex art 39.6 LISOS, los argumentos de la empresa. En la recurrida, y partiendo de una vulneración totalmente diferente, ahora a la igualdad y no discriminación por discapacidad, constituye una infracción tipificada como muy grave en la LISOS, - artículo 8.12 -, para la que se encuentra prevista, en su grado mínimo, una horquilla entre 7.501 y 30.000 euros, - artículo 40.1 c)-. Se considera de aplicación el grado mínimo, atendiendo a la conducta de la empresa condenada, y fija como ponderada la indemnización de 12.000 euros, considerando desproporcionada la de 12.000 € solicitada.

2.En conclusión, no existen fallos contradictorios como exige en todo caso el art 219 LRJS cuando vincula la viabilidad del recurso no solo a la igualdad sustancial en los hechos y en los fundamentos, sino que exige también la existencia de pronunciamientos contradictorios en las sentencias comparadas; procediendo recordar en relación con esta cuestión la reiterada doctrina de esta Sala relativa a que la exigencia de la contradicción se produzca entre los pronunciamientos comparados, siendo inaceptable la que solo concurre en relación con las doctrinas que en cada una de las sentencias se pueda mantener. De forma que es la existencia de fallos contradictorios, en relación con la cuestión suscitada, [«se hubiere llegado a pronunciamiento distintos», sostiene el art. 219 LRJS] y no la diversidad de ratio decidendi,el presupuesto del recurso extraordinario de casación para la unidad de la doctrina ( SSTS 3/11/08, rcud 3566/07; 3/11/08, rcud 3883/07; 6/11/08, rcud 4255/07; 12/11/08, rcud 2470/07; y 12/11/08, rcud 4367/07).

Lo que se pretende con este recurso extraordinario es aplicar la doctrina correcta en supuestos de sustancial identidad, pero para ello es absolutamente indispensable que las sentencias comparadas hayan resuelto esa cuestión de manera diferente, pues si sus fallos son coincidentes no hay necesidad de unificar la doctrina, al estar ausente el requisito de la contradicción. Y en las sentencias que se someten a comparación se constata que en ambos casos se ha adoptado la misma solución.

CUARTO.-La consecuencia de cuanto antecede, oído el Ministerio Fiscal, debe ser la desestimación del recurso -dado el momento procesal en el que nos encontramos en el que, como es sabido, las causas de inadmisión han de conllevar la desestimación del recurso- para declarar la firmeza de la sentencia recurrida. Con pérdida del depósito constituido para recurrir ( Artículo 228.3 LRJS) y con imposición de costas a la recurrente en cuantía de 1500 euros.