Sentencia Social 474/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 3203/2023 de 27 de mayo del 2025

PRIMERO.- 1.La cuestión que se suscita en el presente recurso de casación unificadora consiste en determinar si la sala de suplicación puede reconocer al actor afectado de incapacidad permanente parcial, cuanto tal petición no constaba en la demanda, sino que se plantea por primera vez, y como subsidiaria, en el recurso de suplicación.

2.-La sentencia de instancia, del Juzgado de lo Social núm. 5 de Granada desestimó la demanda del actor en la que solicitaba la declaración de Incapacidad Permanente Absoluta o Total; razonando en sus fundamentos de derecho que podría existir alguna limitación en la capacidad profesional del actor que afectase a su rendimiento o lo pudiera hacer más gravoso, pero que ello era propio de una prestación de incapacidad permanente parcial no solicitada en la litis.

La sentencia aquí recurrida, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía -sede en Granada- de 4 de mayo de 2023, Rec. 1122-22 tras desestimar la solicitud de declaración de incapacidad permanente absoluta o total; estimó el recurso de suplicación en la petición subsidiaria consistente en la declaración de Incapacidad Permanente Parcial. Razona la sentencia de que, a pesar de que no estaba incluida en el suplico de la demanda, no se causa indefensión a la entidad gestora -el INSS- ya que su resolución administrativa denegó cualquier grado de incapacidad permanente.

3.Recurre el INSS en casación unificadora denunciando infracción de los dispuesto en el artículo 24.1 CE; 267.5 LOPJ y 80.1, 193 y 196.2 LRJS. El recurso ha sido impugnado de contrario e informado por el Ministerio Fiscal en el sentido de considerar que la doctrina correcta se encuentra en la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- 1.Invoca la entidad recurrente como sentencia de contraste la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 7 de marzo de 2022 -Rec. 2809-22- que desestimó el recurso de suplicación formalizado por el trabajador al argumentar que solicitó, novedosamente, en la formalización del recurso que, subsidiariamente, se le reconociera en estado de incapacidad permanente parcial. En efecto se trataba de un supuesto en el que la resolución administrativa denegó la prestación de incapacidad permanente por no alcanzar las lesiones que padecía el actor un grado suficiente de disminución de su capacidad laboral para ser constitutivas de incapacidad permanente. Formulada demanda en solicitud de incapacidad permanente total, fue desestimada por el Juzgado de lo Social; en suplicación el actor reiteró la petición de dicho reconocimiento, añadiendo que, subsidiariamente se le reconociera en estado de incapacidad permanente parcial.

2.De lo relacionado se desprende que existe contradicción entre las sentencias comparadas en los términos exigidos por el artículo 219 LRJS. En efecto, tras la revisión de la documentación obrante en autos, se desprende que en la demanda el actor solicitó ser reconocido en situación de IPA y, subsidiariamente, IPT; más en ningún momento postuló ser reconocido en situación de IPP; siendo tal circunstancia una cuestión que por primera vez se plantea en la formalización del recurso de suplicación tal y como acontece en la sentencia referencial en la que consta que fue en suplicación cuando el trabajador, por primera vez, solicitó con carácter subsidiario ser declarado afecto de IPP.

La sentencia recurrida estima que, dado que el expediente administrativo se inició para la determinación de la existencia de incapacidad permanente, sin concretar grado, no puede el INSS alegar indefensión. Por el contrario, la sentencia de contraste resuelve en sentido contrario, al no constar en la demanda la solicitud de reconocimiento de la incapacidad permanente parcial.

TERCERO.- 1.Constituye doctrina reiterada de la Sala [SSTS de 14 de junio de 1996 (Rec. 1215/1995); de 31 de octubre de 1996 (Rec. 285/1996) y de 24 de noviembre de 2003, Rcud. 661/2003); entre otras] la tesis de que es totalmente acertada y conforme a derecho la sentencia que concede al demandante un grado de incapacidad permanente inferior al que había solicitado en la demanda. Entre los distintos razonamientos que en apoyo de esta solución cabe destacar los siguientes: realmente, no ya solo la aplicación del principio de que quien pide lo más pide lo menos, principio, éste, que, ciertamente, en algún caso, pudiera no cohonestarse, exactamente, con los intereses de la parte postulante de la invalidez permanente, sino, también, la propia naturaleza revisora de un acto administrativo que entraña todo juicio relativo a invalidez permanente permite admitir, sin quebrantamiento procesal apreciable, que el reconocimiento de un grado de invalidez permanente inferior al postulado en la demanda rectora de autos, en tanto no esté, expresamente, excluido del petitum de la demanda no debe dar lugar al denunciado vicio de incongruencia procesal. No cabe duda, además, que, si se entiende que en toda demanda en que se pide el reconocimiento de un determinado grado de invalidez permanente, tal petición implica la de todos los grados inferiores al solicitado, a no ser que se excluyan expresamente, lo que determina que no pueda apreciarse incongruencia cuando la sentencia reconoce tan sólo un grado inferior.

Lo que hemos venido proclamando es que, salvo en supuestos posibles en los que el demandante, en el libre ejercicio de su derecho de disposición, haya excluido el reconocimiento de un grado de incapacidad diferente al pretendido en la demanda, cerrando la posibilidad del debate en torno este grado de invalidez, ha de entenderse, cuando en la instancia se haya debatido en plenitud la incidencia que las reducciones anatómicas o funcionales que aqueja el demandante puedan tener sobre su capacidad residual de trabajo, el reconocimiento de un grado de invalidez inferior al expresamente solicitado, no vulnere el principio de congruencia de la sentencia, pues tal principio no se conculca si se concede menos de lo pedido, siempre que lo otorgado pueda quedar subsumido en lo más que se pidiere. Por tanto, ha de admitirse, en términos generales, que el reconocimiento de un grado de invalidez permanente inferior al postulado en la demanda, en tanto no esté expresamente excluido del petitum de la demanda, no debe dar lugar al vicio de incongruencia procesal.

2.Es conveniente hacer las siguientes precisiones; respecto de la doctrina recién expuesta que, también, se desprenden de las sentencias reseñadas. La primera de ellas consiste en aclarar que los criterios expuestos tienen plena efectividad en los casos en que en el proceso conste, en algún momento y de forma indubitada, la voluntad del trabajador de que le sea reconocido el grado de incapacidad inferior al que él pidió en la demanda y en la solicitud administrativa, pero no parece correcto, en cambio, el reconocimiento de ese grado inferior si el interesado no formuló manifestación ni petición alguna en tal sentido. La segunda, consiste en aclarar que, en esta clase de supuestos, lo normal es que no se cause indefensión alguna a la entidad responsable del pago de la prestación, toda vez que la solicitud de reconocimiento de un grado inferior de invalidez se basa en los mismos presupuestos de hecho que la petición del grado más elevado, con lo que la realidad objetiva sobre la que versa la controversia se mantiene inalterada, refiriéndose la modificación únicamente a la valoración de los efectos invalidantes.

En definitiva, lo que venimos exigiendo es que, por un lado, resulta necesario que, en algún momento y de forma indubitada, la voluntad del trabajador de que le sea reconocido el grado de incapacidad inferior al que pidió en la demanda y, paralelamente que no conste su exclusión expresa; y, por otro que no se cause indefensión alguna a la entidad responsable del pago de la prestación, es decir, cuando la solicitud de reconocimiento de un grado inferior de invalidez se base en los mismos presupuestos de hecho que la petición del grado más elevado.

3.La aplicación de lo que se ha expuesto al caso concreto que estamos analizando conduce, sin necesidad de otras argumentaciones adicionales, a la conclusión de que la doctrina correcta se encuentra en la sentencia recurrida, ya que, junto con la indubitada aplicación al caso de nuestra reiterada doctrina jurisprudencial, concurren las dos exigencias que venimos considerando necesarias para aplicar tal solución. Así resulta que en su solicitud administrativa el actor solicitó la declaración de incapacidad permanente -de manera genérica- sin determinar el grado concreto lo que resulta revelador de que estaba solicitando también, el reconocimiento de una incapacidad parcial si a ello hubiera lugar; constando en los hechos probados que la resolución administrativa le denegó "cualquier grado de incapacidad permanente por no alcanzar las lesiones que presenta entidad para ello", lo que revela -también- que la propia resolución administrativa había valorado y excluido la incapacidad permanente parcial. Desde la otra perspectiva resulta que la sentencia recurrida adoptó su decisión sin modificar los hechos relativos a las secuelas que padecía el trabajador y sin modificar, cuestionar ni contradecir los presupuestos de hecho establecidos en la sentencia de instancia, por lo que no se causó indefensión alguna a la entidad gestora que, en el trámite de impugnación del recurso de suplicación pudo realizar -y realizó- cuantas alegaciones estimó oportunas en relación a las peticiones del actor entonces recurrente.

CUARTO.-Se impone por lo expuesto, de conformidad con el parecer del Ministerio Fiscal, la desestimación del recurso con la consiguiente confirmación y declaración de firmeza de la sentencia recurrida. Sin que la Sala, de conformidad con el artículo 235 LRJS, deba efectuar pronunciamiento alguno sobre imposición de costas.

PRIMERO.- 1.La cuestión que se suscita en el presente recurso de casación unificadora consiste en determinar si la sala de suplicación puede reconocer al actor afectado de incapacidad permanente parcial, cuanto tal petición no constaba en la demanda, sino que se plantea por primera vez, y como subsidiaria, en el recurso de suplicación.

2.-La sentencia de instancia, del Juzgado de lo Social núm. 5 de Granada desestimó la demanda del actor en la que solicitaba la declaración de Incapacidad Permanente Absoluta o Total; razonando en sus fundamentos de derecho que podría existir alguna limitación en la capacidad profesional del actor que afectase a su rendimiento o lo pudiera hacer más gravoso, pero que ello era propio de una prestación de incapacidad permanente parcial no solicitada en la litis.

La sentencia aquí recurrida, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía -sede en Granada- de 4 de mayo de 2023, Rec. 1122-22 tras desestimar la solicitud de declaración de incapacidad permanente absoluta o total; estimó el recurso de suplicación en la petición subsidiaria consistente en la declaración de Incapacidad Permanente Parcial. Razona la sentencia de que, a pesar de que no estaba incluida en el suplico de la demanda, no se causa indefensión a la entidad gestora -el INSS- ya que su resolución administrativa denegó cualquier grado de incapacidad permanente.

3.Recurre el INSS en casación unificadora denunciando infracción de los dispuesto en el artículo 24.1 CE; 267.5 LOPJ y 80.1, 193 y 196.2 LRJS. El recurso ha sido impugnado de contrario e informado por el Ministerio Fiscal en el sentido de considerar que la doctrina correcta se encuentra en la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- 1.Invoca la entidad recurrente como sentencia de contraste la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 7 de marzo de 2022 -Rec. 2809-22- que desestimó el recurso de suplicación formalizado por el trabajador al argumentar que solicitó, novedosamente, en la formalización del recurso que, subsidiariamente, se le reconociera en estado de incapacidad permanente parcial. En efecto se trataba de un supuesto en el que la resolución administrativa denegó la prestación de incapacidad permanente por no alcanzar las lesiones que padecía el actor un grado suficiente de disminución de su capacidad laboral para ser constitutivas de incapacidad permanente. Formulada demanda en solicitud de incapacidad permanente total, fue desestimada por el Juzgado de lo Social; en suplicación el actor reiteró la petición de dicho reconocimiento, añadiendo que, subsidiariamente se le reconociera en estado de incapacidad permanente parcial.

2.De lo relacionado se desprende que existe contradicción entre las sentencias comparadas en los términos exigidos por el artículo 219 LRJS. En efecto, tras la revisión de la documentación obrante en autos, se desprende que en la demanda el actor solicitó ser reconocido en situación de IPA y, subsidiariamente, IPT; más en ningún momento postuló ser reconocido en situación de IPP; siendo tal circunstancia una cuestión que por primera vez se plantea en la formalización del recurso de suplicación tal y como acontece en la sentencia referencial en la que consta que fue en suplicación cuando el trabajador, por primera vez, solicitó con carácter subsidiario ser declarado afecto de IPP.

La sentencia recurrida estima que, dado que el expediente administrativo se inició para la determinación de la existencia de incapacidad permanente, sin concretar grado, no puede el INSS alegar indefensión. Por el contrario, la sentencia de contraste resuelve en sentido contrario, al no constar en la demanda la solicitud de reconocimiento de la incapacidad permanente parcial.

TERCERO.- 1.Constituye doctrina reiterada de la Sala [SSTS de 14 de junio de 1996 (Rec. 1215/1995); de 31 de octubre de 1996 (Rec. 285/1996) y de 24 de noviembre de 2003, Rcud. 661/2003); entre otras] la tesis de que es totalmente acertada y conforme a derecho la sentencia que concede al demandante un grado de incapacidad permanente inferior al que había solicitado en la demanda. Entre los distintos razonamientos que en apoyo de esta solución cabe destacar los siguientes: realmente, no ya solo la aplicación del principio de que quien pide lo más pide lo menos, principio, éste, que, ciertamente, en algún caso, pudiera no cohonestarse, exactamente, con los intereses de la parte postulante de la invalidez permanente, sino, también, la propia naturaleza revisora de un acto administrativo que entraña todo juicio relativo a invalidez permanente permite admitir, sin quebrantamiento procesal apreciable, que el reconocimiento de un grado de invalidez permanente inferior al postulado en la demanda rectora de autos, en tanto no esté, expresamente, excluido del petitum de la demanda no debe dar lugar al denunciado vicio de incongruencia procesal. No cabe duda, además, que, si se entiende que en toda demanda en que se pide el reconocimiento de un determinado grado de invalidez permanente, tal petición implica la de todos los grados inferiores al solicitado, a no ser que se excluyan expresamente, lo que determina que no pueda apreciarse incongruencia cuando la sentencia reconoce tan sólo un grado inferior.

Lo que hemos venido proclamando es que, salvo en supuestos posibles en los que el demandante, en el libre ejercicio de su derecho de disposición, haya excluido el reconocimiento de un grado de incapacidad diferente al pretendido en la demanda, cerrando la posibilidad del debate en torno este grado de invalidez, ha de entenderse, cuando en la instancia se haya debatido en plenitud la incidencia que las reducciones anatómicas o funcionales que aqueja el demandante puedan tener sobre su capacidad residual de trabajo, el reconocimiento de un grado de invalidez inferior al expresamente solicitado, no vulnere el principio de congruencia de la sentencia, pues tal principio no se conculca si se concede menos de lo pedido, siempre que lo otorgado pueda quedar subsumido en lo más que se pidiere. Por tanto, ha de admitirse, en términos generales, que el reconocimiento de un grado de invalidez permanente inferior al postulado en la demanda, en tanto no esté expresamente excluido del petitum de la demanda, no debe dar lugar al vicio de incongruencia procesal.

2.Es conveniente hacer las siguientes precisiones; respecto de la doctrina recién expuesta que, también, se desprenden de las sentencias reseñadas. La primera de ellas consiste en aclarar que los criterios expuestos tienen plena efectividad en los casos en que en el proceso conste, en algún momento y de forma indubitada, la voluntad del trabajador de que le sea reconocido el grado de incapacidad inferior al que él pidió en la demanda y en la solicitud administrativa, pero no parece correcto, en cambio, el reconocimiento de ese grado inferior si el interesado no formuló manifestación ni petición alguna en tal sentido. La segunda, consiste en aclarar que, en esta clase de supuestos, lo normal es que no se cause indefensión alguna a la entidad responsable del pago de la prestación, toda vez que la solicitud de reconocimiento de un grado inferior de invalidez se basa en los mismos presupuestos de hecho que la petición del grado más elevado, con lo que la realidad objetiva sobre la que versa la controversia se mantiene inalterada, refiriéndose la modificación únicamente a la valoración de los efectos invalidantes.

En definitiva, lo que venimos exigiendo es que, por un lado, resulta necesario que, en algún momento y de forma indubitada, la voluntad del trabajador de que le sea reconocido el grado de incapacidad inferior al que pidió en la demanda y, paralelamente que no conste su exclusión expresa; y, por otro que no se cause indefensión alguna a la entidad responsable del pago de la prestación, es decir, cuando la solicitud de reconocimiento de un grado inferior de invalidez se base en los mismos presupuestos de hecho que la petición del grado más elevado.

3.La aplicación de lo que se ha expuesto al caso concreto que estamos analizando conduce, sin necesidad de otras argumentaciones adicionales, a la conclusión de que la doctrina correcta se encuentra en la sentencia recurrida, ya que, junto con la indubitada aplicación al caso de nuestra reiterada doctrina jurisprudencial, concurren las dos exigencias que venimos considerando necesarias para aplicar tal solución. Así resulta que en su solicitud administrativa el actor solicitó la declaración de incapacidad permanente -de manera genérica- sin determinar el grado concreto lo que resulta revelador de que estaba solicitando también, el reconocimiento de una incapacidad parcial si a ello hubiera lugar; constando en los hechos probados que la resolución administrativa le denegó "cualquier grado de incapacidad permanente por no alcanzar las lesiones que presenta entidad para ello", lo que revela -también- que la propia resolución administrativa había valorado y excluido la incapacidad permanente parcial. Desde la otra perspectiva resulta que la sentencia recurrida adoptó su decisión sin modificar los hechos relativos a las secuelas que padecía el trabajador y sin modificar, cuestionar ni contradecir los presupuestos de hecho establecidos en la sentencia de instancia, por lo que no se causó indefensión alguna a la entidad gestora que, en el trámite de impugnación del recurso de suplicación pudo realizar -y realizó- cuantas alegaciones estimó oportunas en relación a las peticiones del actor entonces recurrente.

CUARTO.-Se impone por lo expuesto, de conformidad con el parecer del Ministerio Fiscal, la desestimación del recurso con la consiguiente confirmación y declaración de firmeza de la sentencia recurrida. Sin que la Sala, de conformidad con el artículo 235 LRJS, deba efectuar pronunciamiento alguno sobre imposición de costas.

PRIMERO.- 1.La cuestión que se suscita en el presente recurso de casación unificadora consiste en determinar si la sala de suplicación puede reconocer al actor afectado de incapacidad permanente parcial, cuanto tal petición no constaba en la demanda, sino que se plantea por primera vez, y como subsidiaria, en el recurso de suplicación.

2.-La sentencia de instancia, del Juzgado de lo Social núm. 5 de Granada desestimó la demanda del actor en la que solicitaba la declaración de Incapacidad Permanente Absoluta o Total; razonando en sus fundamentos de derecho que podría existir alguna limitación en la capacidad profesional del actor que afectase a su rendimiento o lo pudiera hacer más gravoso, pero que ello era propio de una prestación de incapacidad permanente parcial no solicitada en la litis.

La sentencia aquí recurrida, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía -sede en Granada- de 4 de mayo de 2023, Rec. 1122-22 tras desestimar la solicitud de declaración de incapacidad permanente absoluta o total; estimó el recurso de suplicación en la petición subsidiaria consistente en la declaración de Incapacidad Permanente Parcial. Razona la sentencia de que, a pesar de que no estaba incluida en el suplico de la demanda, no se causa indefensión a la entidad gestora -el INSS- ya que su resolución administrativa denegó cualquier grado de incapacidad permanente.

3.Recurre el INSS en casación unificadora denunciando infracción de los dispuesto en el artículo 24.1 CE; 267.5 LOPJ y 80.1, 193 y 196.2 LRJS. El recurso ha sido impugnado de contrario e informado por el Ministerio Fiscal en el sentido de considerar que la doctrina correcta se encuentra en la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- 1.Invoca la entidad recurrente como sentencia de contraste la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 7 de marzo de 2022 -Rec. 2809-22- que desestimó el recurso de suplicación formalizado por el trabajador al argumentar que solicitó, novedosamente, en la formalización del recurso que, subsidiariamente, se le reconociera en estado de incapacidad permanente parcial. En efecto se trataba de un supuesto en el que la resolución administrativa denegó la prestación de incapacidad permanente por no alcanzar las lesiones que padecía el actor un grado suficiente de disminución de su capacidad laboral para ser constitutivas de incapacidad permanente. Formulada demanda en solicitud de incapacidad permanente total, fue desestimada por el Juzgado de lo Social; en suplicación el actor reiteró la petición de dicho reconocimiento, añadiendo que, subsidiariamente se le reconociera en estado de incapacidad permanente parcial.

2.De lo relacionado se desprende que existe contradicción entre las sentencias comparadas en los términos exigidos por el artículo 219 LRJS. En efecto, tras la revisión de la documentación obrante en autos, se desprende que en la demanda el actor solicitó ser reconocido en situación de IPA y, subsidiariamente, IPT; más en ningún momento postuló ser reconocido en situación de IPP; siendo tal circunstancia una cuestión que por primera vez se plantea en la formalización del recurso de suplicación tal y como acontece en la sentencia referencial en la que consta que fue en suplicación cuando el trabajador, por primera vez, solicitó con carácter subsidiario ser declarado afecto de IPP.

La sentencia recurrida estima que, dado que el expediente administrativo se inició para la determinación de la existencia de incapacidad permanente, sin concretar grado, no puede el INSS alegar indefensión. Por el contrario, la sentencia de contraste resuelve en sentido contrario, al no constar en la demanda la solicitud de reconocimiento de la incapacidad permanente parcial.

TERCERO.- 1.Constituye doctrina reiterada de la Sala [SSTS de 14 de junio de 1996 (Rec. 1215/1995); de 31 de octubre de 1996 (Rec. 285/1996) y de 24 de noviembre de 2003, Rcud. 661/2003); entre otras] la tesis de que es totalmente acertada y conforme a derecho la sentencia que concede al demandante un grado de incapacidad permanente inferior al que había solicitado en la demanda. Entre los distintos razonamientos que en apoyo de esta solución cabe destacar los siguientes: realmente, no ya solo la aplicación del principio de que quien pide lo más pide lo menos, principio, éste, que, ciertamente, en algún caso, pudiera no cohonestarse, exactamente, con los intereses de la parte postulante de la invalidez permanente, sino, también, la propia naturaleza revisora de un acto administrativo que entraña todo juicio relativo a invalidez permanente permite admitir, sin quebrantamiento procesal apreciable, que el reconocimiento de un grado de invalidez permanente inferior al postulado en la demanda rectora de autos, en tanto no esté, expresamente, excluido del petitum de la demanda no debe dar lugar al denunciado vicio de incongruencia procesal. No cabe duda, además, que, si se entiende que en toda demanda en que se pide el reconocimiento de un determinado grado de invalidez permanente, tal petición implica la de todos los grados inferiores al solicitado, a no ser que se excluyan expresamente, lo que determina que no pueda apreciarse incongruencia cuando la sentencia reconoce tan sólo un grado inferior.

Lo que hemos venido proclamando es que, salvo en supuestos posibles en los que el demandante, en el libre ejercicio de su derecho de disposición, haya excluido el reconocimiento de un grado de incapacidad diferente al pretendido en la demanda, cerrando la posibilidad del debate en torno este grado de invalidez, ha de entenderse, cuando en la instancia se haya debatido en plenitud la incidencia que las reducciones anatómicas o funcionales que aqueja el demandante puedan tener sobre su capacidad residual de trabajo, el reconocimiento de un grado de invalidez inferior al expresamente solicitado, no vulnere el principio de congruencia de la sentencia, pues tal principio no se conculca si se concede menos de lo pedido, siempre que lo otorgado pueda quedar subsumido en lo más que se pidiere. Por tanto, ha de admitirse, en términos generales, que el reconocimiento de un grado de invalidez permanente inferior al postulado en la demanda, en tanto no esté expresamente excluido del petitum de la demanda, no debe dar lugar al vicio de incongruencia procesal.

2.Es conveniente hacer las siguientes precisiones; respecto de la doctrina recién expuesta que, también, se desprenden de las sentencias reseñadas. La primera de ellas consiste en aclarar que los criterios expuestos tienen plena efectividad en los casos en que en el proceso conste, en algún momento y de forma indubitada, la voluntad del trabajador de que le sea reconocido el grado de incapacidad inferior al que él pidió en la demanda y en la solicitud administrativa, pero no parece correcto, en cambio, el reconocimiento de ese grado inferior si el interesado no formuló manifestación ni petición alguna en tal sentido. La segunda, consiste en aclarar que, en esta clase de supuestos, lo normal es que no se cause indefensión alguna a la entidad responsable del pago de la prestación, toda vez que la solicitud de reconocimiento de un grado inferior de invalidez se basa en los mismos presupuestos de hecho que la petición del grado más elevado, con lo que la realidad objetiva sobre la que versa la controversia se mantiene inalterada, refiriéndose la modificación únicamente a la valoración de los efectos invalidantes.

En definitiva, lo que venimos exigiendo es que, por un lado, resulta necesario que, en algún momento y de forma indubitada, la voluntad del trabajador de que le sea reconocido el grado de incapacidad inferior al que pidió en la demanda y, paralelamente que no conste su exclusión expresa; y, por otro que no se cause indefensión alguna a la entidad responsable del pago de la prestación, es decir, cuando la solicitud de reconocimiento de un grado inferior de invalidez se base en los mismos presupuestos de hecho que la petición del grado más elevado.

3.La aplicación de lo que se ha expuesto al caso concreto que estamos analizando conduce, sin necesidad de otras argumentaciones adicionales, a la conclusión de que la doctrina correcta se encuentra en la sentencia recurrida, ya que, junto con la indubitada aplicación al caso de nuestra reiterada doctrina jurisprudencial, concurren las dos exigencias que venimos considerando necesarias para aplicar tal solución. Así resulta que en su solicitud administrativa el actor solicitó la declaración de incapacidad permanente -de manera genérica- sin determinar el grado concreto lo que resulta revelador de que estaba solicitando también, el reconocimiento de una incapacidad parcial si a ello hubiera lugar; constando en los hechos probados que la resolución administrativa le denegó "cualquier grado de incapacidad permanente por no alcanzar las lesiones que presenta entidad para ello", lo que revela -también- que la propia resolución administrativa había valorado y excluido la incapacidad permanente parcial. Desde la otra perspectiva resulta que la sentencia recurrida adoptó su decisión sin modificar los hechos relativos a las secuelas que padecía el trabajador y sin modificar, cuestionar ni contradecir los presupuestos de hecho establecidos en la sentencia de instancia, por lo que no se causó indefensión alguna a la entidad gestora que, en el trámite de impugnación del recurso de suplicación pudo realizar -y realizó- cuantas alegaciones estimó oportunas en relación a las peticiones del actor entonces recurrente.

CUARTO.-Se impone por lo expuesto, de conformidad con el parecer del Ministerio Fiscal, la desestimación del recurso con la consiguiente confirmación y declaración de firmeza de la sentencia recurrida. Sin que la Sala, de conformidad con el artículo 235 LRJS, deba efectuar pronunciamiento alguno sobre imposición de costas.