Sentencia Social 467/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 747/2023 de 27 de mayo del 2025

PRIMERO.- Términos del debate casacional.

La cuestión planteada en el presente recurso de casación para unificación de doctrina consiste en determinar si en el momento de la baja voluntaria por no aceptación de la movilidad geográfica existe obligación o no de recuperar las aportaciones suspendidas en aplicación del acuerdo colectivo.

1. Datos relevantes.

A) La actora comenzó a prestar servicios laborales para la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura el 5 de mayo de 2008.

B) Era partícipe de un Plan de Pensiones que tras la fusión en Liberbank se mantuvo vigente junto con otros tres.

C) Como consecuencia de diversos procesos colectivos se determinó que las aportaciones a los Planes de Pensiones quedaban suspendidas entre el 1 de enero de 2014 al 30 de junio de 2017 para todos los partícipes reanudándose el 1 de junio de 2017 y a partir del 1 de enero de 2018 se establecía que además de las aportaciones ordinarias y adicionales se realizarían aportaciones extraordinarias durante un período de siete años. Para quienes hubieran causado baja durante la suspensión de aportaciones ordinarias y adicionales, o antes de finalizar el citado período de aportaciones extraordinarias, por jubilación, despido colectivo ( Art. 51 del ET) y por causas objetivas ( Art. 52.c del ET) , se les realizaría una aportación extraordinaria equivalente a las aportaciones que se hubieran realizado hasta la fecha de dicho evento.

D) En el año 2017 hubo otro Expediente de Despido Colectivo, movilidad geográfica y reducción de jornada (ERE NUM002) y en el Acta final con Acuerdo del periodo de consultas, de fecha 21-6-17, en el punto IV Movilidad Geográfica, se establecía que "en caso de que el trabajador rechace el traslado comunicado y éste sea a más de 50 kilómetros, tendrá derecho a una indemnización por extinción de contrato"

E) Con efectos de 30 de septiembre de 2018 el contrato de la trabajadora se extinguió al amparo del punto IV "Movilidad Geográfica" del Acuerdo laboral de 21-6-2017 acogiéndose a la baja indemnizada derivada de su falta de aceptación de una modificación sustancial de condiciones de trabajo.

F) La actora firmó un finiquito.

2. Sentencias dictadas en el procedimiento.

A) Con fecha 23 de mayo de 2022 el Juzgado de lo Social número 17 de Madrid desestima la demanda.

A partir de los hechos no controvertidos de que el contrato de trabajo de la actora se extinguió al amparo del punto IV del Acuerdo de 21-06-2017 considera que no se encuentra en ninguno de los tres supuestos que contempla el Acuerdo: "no se jubiló ni fue objeto de un despido colectivo o de un despido objetivo, aunque la extinción de su contrato de trabajo se efectuó en el marco del ERE NUM002".

Se remite a la sentencia el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 20 de julio de 2021 (rec. 254072020) y concluye: "La demandante extinguió su contrato de trabajo en virtud de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, en condiciones mucho más ventajosas que los trabajadores que extinguieron sus contratos en virtud de jubilación o despico colectivo o despido objetivo, ya que percibió una indemnización de 45 días de salario con el límite de 24 mensualidades, y la opción por la extinción implicaba la renuncia a las aportaciones extraordinarias".

B) Mediante su sentencia de 2 de diciembre de 2022 la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Segunda, estima parcialmente el recurso.

La Sala tras descartar la excepción de cosa juzgada alegada por la empresa, analiza de forma separada las tres cantidades que se reclaman:

En cuanto a las aportaciones ordinarias de enero de 2014 a junio de 2017 considera que la petición no puede estimarse porque estas aportaciones quedaron suspendidas por un Acuerdo considerado válido por el Tribunal Supremo.

En cuanto al período comprendido ente el 1 de julio de 2017 y el 30 de septiembre de 2018 recoge que consta abonada la aportación ordinaria quedando solo pendiente el mes de septiembre por lo que estima esta petición por la cantidad de 200,44 euros.

En cuanto al plan de recuperación distingue, por un lado, la aportación ordinaria que no puede admitirse al no cumplirse con la condición relativa al ROE de Liberbank. Por otro lado, sobre la aportación extraordinaria que abarcaría entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de junio de 2017 corresponde una cuantía de 5.572,31 euros ya que entiende la Sala que la situación de la actora queda amparada por la previsión del Acuerdo de 2013.A tal conclusión llega tras analizar la literalidad y la teleología del Acuerdo puesto que el cese no le es imputable quedando incluida en el concepto "despido colectivo" del art. 51 del ET y del art. 1 de la Directiva 98/59/CE del Consejo de 20 de julio de 1998 según la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 11 de noviembre de 2015 en el asunto C-422-14 , Pujante Rivera.

Ahora bien, y dado que el pacto colectivo no establece que la aportación haya de entregarse a los trabajadores que causen baja en la empresa, solo es posible condenar a la empresa a realizar esas aportaciones extraordinarias por ello el recurso se estima parcialmente condenado a la empresa en la cantidad de 200,44 euros de aportación ordinaria por septiembre de 2018 y 5.572,31 euros de aportación extraordinaria, total 5.772,75 euros, más el interés legal del dinero.

3. Recurso de casación unificadora y escritos concordantes.

A) Frente a la sentencia de suplicación presentó recurso de casación para la unificación de doctrina la parte demandada. Alega la contradicción existente entre la recurrida y la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justica de la Comunidad Valenciana de 20 de julio de 2021 (rec. 2540/2020).

Entiende que hay identidad de situación de los litigantes, igualdad sustancial de los hechos, fundamentos y pretensiones, pero diferencias en los pronunciamientos puesto que la recurrida encuadra la situación de la demandante en el punto II.C6 del Acuerdo de 27 de diciembre de 2013 mientras que la de contraste lo niega.

B) Por la representación procesal de Dª. Milagrosa se presentó escrito de impugnación interesando la desestimación del recurso con confirmación de la recudida.

Se remite a la sentencia el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha de 6 de julio de 2017 (rec. 882/2016) para incidir en que la decisión de la baja indemnizada quedaba enteramente en manos de la empleadora que fue la que instó el despido colectivo y en función de sus necesidades de personal.

C) Con fecha 9 de enero de 2024 el representante del Ministerio Fiscal ante esta Sala Cuarta emite el Informe contemplado en el artículo 226.3 LRJS.

Considera que el recurso debe ser declarado procedente. Entiende que debe prevalecer la tesis de la sentencia de contaste en cuanto que la extinción de la relación laboral se produjo por una decisión de la trabajadora de no aceptar una modificación sustancial de las condiciones de trabajo (movilidad geográfica).

SEGUNDO.- Análisis de la contradicción.

1. El presupuesto del artículo 219.1 LRJS .

El artículo 219 LRJS exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales".

La contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales.

2. Sentencia referencial.

A efectos referenciales la recurrente ha identificado la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior Social de la Comunidad Valenciana de 20 de julio de 2021, rec. 2540/2020 que con desestimación del recurso de suplicación interpuesto por la actora confirma la sentencia de instancia.

En este caso, la recurrente trabajaba también para LIBERBANK S.A. y era partícipe del Plan de Pensiones de empleo CCM cuyas aportaciones quedaron suspendidas en virtud del Acuerdo de 27 de diciembre de 2013 entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de junio de 2017 con reanudación a partir de dicha fecha y desde el 1 de enero de 2018 con plan de recuperación de aportaciones extraordinarias de 7 años de duración. El 7 de septiembre de 2018 el contrato quedó extinguido como indemnizada al amparo del punto IV Movilidad Geográfica del Acuerdo de 21 de junio de 2017. También firmó un finiquito.

La sentencia de instancia desestimó su demanda. En la vista se había concretado que lo reclamado era de junio a diciembre de 2013 y de enero de 2014 a junio de 2017.Consideraba que había firmado un acuerdo por el que renunciaba a las cantidades "derivadas de la aplicación de las medidas de reestructuración adoptadas por Liberbank de forma unilateral o en virtud del acuerdo suscrito el 25 de junio de 2013" en cuanto a las aportaciones reclamadas correspondientes al año 2013. La Sala ratificó esta conclusión al no albergar duda alguna sobre la intención del a firmante. Igualmente avaló la decisión de instancia en cuanto que estimaba que el cese de la trabajadora no tenía cobertura en los supuestos contemplados del punto II.C apartado 6 del Acuerdo de fecha 27 de diciembre de 2013.

3. Consideraciones de la contradicción.

No hay duda que existen similitudes entre los asuntos resueltos por las dos sentencias comparadas:

* En ambos casos se trata de trabajadoras que eran partícipes de un Plan de Pensiones; que vieron suspendidas las aportaciones entre el 2014 y el 2017; que se acogieron al Acuerdo de despido colectivo del 21 de junio de 2017 y que cesaron por baja incentivada en el 2018.

* En ambos casos también los fundamentos jurídicos descansaban en punto II.C apartado 6 del Acuerdo de fecha 27 de diciembre de 2013.

* Frente a lo anterior en la recurrida se estima parcialmente la demanda y en la de contraste se confirma la desestimación de la instancia.

En ambos casos aparece que las actoras firmaron finiquitos, pero la STS 412/2018 de 17 abril (rcud 2793/2016) recordamos que .

En el presente caso no existen en las sentencias referidas elementos fácticos que permitan realizar comparación alguna entre los finiquitos en cuestión. Además, y lo que es más importante, en la sentencia de contraste existe una fundamentación sobre la interpretación de la intención de la parte firmante del finiquito y su renuncia a reclamar cualquier cantidad que no existe en la recurrida.

Como expone la STS 148/2025 de 26 febrero (rcud 3503/2023), con la misma referencial, artículo 219 LRJS. En cuanto al resto y como allí indicábamos: . En idéntico sentido se había pronunciado el Auto de 14 de febrero de 2024 (rcud 3144/2023).

TERCERO.- Resolución.

Cuanto antecede conduce a la conclusión de que el recurso de casación unificadora interpuesto debiera haberse inadmitido a trámite, lo que ahora se traduce en que debamos desestimarlo, con las consecuencias legalmente anudadas a ello. La posibilidad de que un recurso admitido a trámite finalice con una resolución mediante la cual se concluye que concurre una causa de inadmisión es acorde con nuestra jurisprudencia. Recordemos que cualquier causa que pudiese motivar en su momento la inadmisión del recurso, una vez que se llega a la fase de sentencia queda transformada en causa de desestimación (por todas, SSTS 1036/2016 de 2 diciembre; 107/2017 de 8 febrero; 123/2017 de 14 febrero; 346/2017, de 25 abril; 434/2017 de 16 mayo).

Se trata de una consecuencia que no puede considerarse contraria al derecho a la tutela judicial efectiva. Con arreglo a reiterada jurisprudencia constitucional "La comprobación de los presupuestos procesales para la viabilidad de la acción puede volverse a abordar o reconsiderarse en la sentencia, de oficio o a instancia de parte, dando lugar, en su caso, a un pronunciamiento de inadmisión por falta de tales presupuestos" (Por todas, SSTC 32/2002, de 11 de febrero y 200/2012, de 12 de noviembre).

Las previsiones del art. 236.1 LRJS, en concordancia con el art. 235 del mismo texto legal y los criterios que venimos aplicando conducen a que no debamos imponer las costas a quien, siendo trabajador, ve desestimada su pretensión.