Sentencia Social 1214/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 1253/2023 de 29 de octubre del 2024

PRIMERO.- 1.- La cuestión principal que se plantea en el presente recurso de casación unificadora consiste en decidir si resulta o no adecuada a derecho la decisión de la sentencia recurrida, dictada en un procedimiento de despido en el que se ventilaba la existencia o no de cesión ilegal, que denegó la incorporación de una sentencia firme -que estableció la inexistencia de dicha cesión ilegal en el ámbito de la imposición de una sanción administrativa- solicitada por una de las partes, al amparo del artículo 233 LRJS. Subsidiariamente, también se suscita la cuestión de la existencia o no de cesión ilegal.

2.- La sentencia de instancia, del Juzgado de lo Social núm. 1 de Huelva estimó parcialmente la demanda de despido formulada por el actor, declaró la improcedencia del despido y condenó -tras rechazar la existencia de cesión ilegal-, exclusivamente a la mercantil Servicios Valverdeños Mineros, S.L. absolviendo a la aquí recurrente, Minas de Aguas Teñidas SAU (MATSA). La sentencia, aquí recurrida, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía - sede de Sevilla- de 22 de junio de 2022 (Rec. 2918-2020), tras desestimar la incorporación -vía artículo 233 LRJS- de la sentencia firme del Juzgado de lo Social núm. 1 de Huelga que había declarado la inexistencia de la referida cesión ilegal, revocó la sentencia recurrida estimando el recurso de suplicación y condenando solidariamente a todas las mercantiles demandadas -entre ellas, la aquí recurrente-.

Consta que el demandante, en lo que ahora interesa al constituir el núcleo de la contradicción, fue contratado por SELVAMI para prestar servicios en la empresa MATSA de la que aquella empresa era contratista, y ha venido desarrollando sus tareas en los términos y condiciones que allí constan. El 22-10-2018, MATSA remitió a SEVALMI comunicación en la que le participó su intención de no prorrogar el contrato suscrito exclusivamente en relación a los servicios de soldadura en el taller de mantenimiento de mina, finalizando dichos servicios el 22-11-2018, fecha de extinción del contrato. Simultáneamente, el 20-11-2018 SELVAMI comunicó al actor la extinción de la relación laboral. Con fecha 11 y 12-7-2017, la Inspección de Trabajo levantó sendas Actas de infracción contra Matsa y Selvami, por haber incurrido en cesión ilegal de trabajadores.

Con carácter previo, por la Sala de suplicación se da respuesta a la solicitud de admisión de determinados documentos efectuada respectivamente tanto por el actor (recurso de suplicación), como por MATSA (escrito de 10 de mayo de 2022). Por lo que respecta a la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Huelva de fecha de 1 de diciembre de 2021 (autos 268/2019), en la que se estimó la impugnación por MATSA de la resolución de la Secretaría General de Empleo de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía que ratificaba la sanción impuesta en relación con el artículo 43.1 del ET, cuya incorporación a estos autos se solicita por la aquí recurrente, la sentencia recurrida concluyó que no se admitía su aportación a los autos, toda vez que, aun cuando la cesión ilegal a la que se refiere la sentencia que se pretende incorporar es la misma cuya declaración se solicita en el actual procedimiento, lo cierto es que no son partes en dicho proceso las mismas que en el actual (con excepción de MATSA), con lo cual se ocasionaría indefensión si se aplicara la cosa juzgada respecto de sus decisiones o de sus hechos. Por otra parte, los hechos de tal sentencia son los que constan en las Actas de Infracción de fechas 11 y 12 de julio de 2017, levantadas por la Inspección de Trabajo y que deben tenerse por reproducidas en la referencia que a las mismas se hace en el relato fáctico.

Respecto de la cuestión de fondo, la Sala de suplicación, en contra del parecer del Juez a quo, aplica la doctrina sobre los elementos determinantes de la existencia de cesión ilegal y declara la inexistencia de una lícita descentralización productiva y sí de una verdadera cesión ilegal de trabajadores. Parte para ello de afirmar que ni los materiales principales para la ejecución de los trabajos se aportan por la contratista, ni queda clara la dirección, control y supervisión directa y exclusiva de los trabajadores por parte de ésta, ni el sistema de pago en el contrato mercantil se adapta razonablemente a lo que supone la valoración global del servicio, y ello a pesar de que la contratista sea una empresa real y no aparente.

3.- Disconforme MATSA con la solución alcanzada por la sentencia recurrida, se alza ahora en casación para la unificación de doctrina planteando tres puntos de contradicción para los que cita otras tantas sentencias de contraste. En los dos primeros se refiere a la inadmisión de la documental solicitada al amparo del artículo 233 LRJS. En ellos denuncia infracción del artículo 233 LRJS y de los artículos 9.3 y 24 de la Constitución. En el tercero, denuncia infracción de los artículos 42 y 43 ET. No habiéndose personado las partes recurridas, el Ministerio Fiscal ha informado que el primero de los motivos debe ser admitido y estimado, lo que impediría el examen de los otros dos que, en cualquier caso, deberían ser desestimados por falta de contradicción.

SEGUNDO.- 1.- El primer motivo del recurso tiene por objeto la inadmisión de un documento al amparo del artículo 233 LRJS. Presenta como sentencia de contraste la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha de 9 de mayo de 2013 (R. 1784/2012). En ella, se contempla un supuesto en el que se estima el recurso de la empresa y se deja sin efecto la imposición del recargo de prestaciones de Seguridad Social, en cuantía del 30% por accidente de trabajo, pues no se aprecia la existencia por parte de la empresa de omisión de medidas generales o particulares de seguridad e higiene, pues el trabajador había recibido la adecuada formación en materia de prevención para el puesto de trabajo que desempeñaba, y se le había facilitado el equipo de trabajo de protección pertinente, y en la máquina utilizada por el trabajador cuando se produjo el accidente, existían claras y terminantes indicaciones, sobre la obligación de usar los medios de protección (gafas) y de no colocarse en la zona de expulsión.

A los efectos que interesan al presente recurso de casación unificadora la parte había solicitado, al amparo del art. 233 de la LRJS y con base a la aportación de sentencia firme que no había podido ser aportada con anterioridad, la adición de un nuevo hecho probado, que expresase que "Por sentencia del Juzgado de lo Contencioso de fecha 20 de julio de 2012, se ha procedido a anular el acta de infracción, en la que tiene su origen el recargo de prestaciones impuesto a la empresa". La Sala declaró que, siendo firme la sentencia de la jurisdicción contencioso-administrativa que anuló la sanción impuesta a la empresa, procedía la admisión del documento de fecha posterior por resultar condicionante para la adecuada resolución del proceso.

2.- La flexibilidad aplicada por esta Sala de casación en orden a determinar la concurrencia del requisito o presupuesto de contradicción de sentencias ex art. 219.1 LRJS cuando se trata de infracciones procesales que pudieran generar indefensión se evidencia en nuestras sentencias 464/2016, de 1 de junio (Rcud. 3241/2014. ECLI:ES:TS:2016:3035); de 11 de marzo de 2015 (Rcud 1797/2014. ECLI:ES:TS:2015:1282), y de 7 de abril de 2015 (Rcud 1187/2014. ECLI:ES:TS:2015:1968), que se remiten al Acuerdo adoptado en Pleno no jurisdiccional de fecha 11-02-2015 sobre el requisito de la contradicción en materia de infracciones procesales respecto del recurso de casación para la unificación de doctrina en el que se decidió que "Al analizar la contradicción en materia de infracciones procesales se exigirá siempre la concurrencia de la suficiente homogeneidad en la infracción procesal respectiva, con objeto de que se pueda examinar una divergencia de doctrinas que deba corregirse respecto de alguno de los aspectos propios de la tutela judicial efectiva" y que "Cuando en el recurso se invoque motivo de infracción procesal las identidades del art. 219.1 LRJS deben estar referidas a la controversia procesal planteada, sin que sea necesaria la identidad en las situaciones sustantivas de las sentencias comparadas". No es, por tanto, la cuestión sustantiva que constituye el fondo del asunto la que debe ser analizada para determinar si concurren los supuestos de contradicción del artículo 219.1 LRJS, sino la controversia planteada respecto de la infracción procesal sobre la que versen la sentencia recurrida y la de contraste y la necesidad de que concurra en este extremo suficiente homogeneidad.

3.- En aplicación de la expresada doctrina, tal como -además- interesa el Ministerio Fiscal, resulta apreciable la contradicción toda vez que la sentencia de contraste de forma opuesta a la sentencia recurrida admite la sentencia que anulaba el acta de infracción por entender que resultaba condicionante para la adecuada resolución del proceso, mientras que la sentencia recurrida -de forma contraria- no admite la incorporación a los autos de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 1 de Huelva de fecha de 1 de diciembre de 2021 (autos 268/2019), anterior y firme, en la que se estimó la impugnación por Minas de Aguas Teñidas SA de la resolución de la Secretaría General de Empleo de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía y, en consecuencia, la anulación de las actas de infracción levantadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social relativas a la cesión ilegal -cuyo contenido se había trasladado a los hechos probados de la sentencia recurrida, obviando la eventual incidencia que pudiera tener en el devenir del proceso.

TERCERO.- 1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 LRJS, únicamente es posible incorporar en fase de recurso de suplicación o casación documentos nuevos que sean sentencias, resoluciones judiciales o administrativas firmes y otros documentos que por su objeto y contenido aparecieran como condicionantes o decisivos para resolver la cuestión planteada en la instancia o en el recurso. Se exige, además, respecto de tales documentos, que no hubieran podido aportarse anteriormente al proceso por causas que no le fueran imputables a la parte proponente; que pudieran dar lugar a posterior recurso de revisión por tal motivo o su incorporación fuera necesaria para evitar la vulneración de un derecho fundamental y que la producción, obtención o presentación de los mismos no tenga su origen en una actuación dolosa, fraudulenta o negligente de la propia parte que pretende aportarlos. Se pueden incorporar a autos las sentencias o resoluciones judiciales firmes, que hayan sido dictadas o notificadas en fecha posterior al momento en que se llevaron a cabo las conclusiones en el juicio laboral de instancia. Al respecto, debe tratarse de sentencias firmes; lo que lleva a admitir sentencias posteriores y firmes entre las mismas partes que fija una fecha de extinción distinta y diferentes condiciones indemnizatorias ( ATS de 5 de abril de 2019, Rcud. 1864/2018); la sentencia del juzgado de lo social que deja sin efecto la sanción, cuando los hechos reflejados en el acta de infracción son los que motivan la demanda ( ATS de 20 de diciembre de 2019, Rcud. 4984/2018), supuesto similar al presente; o la sentencia anterior a la de suplicación y firme que confirma la existencia de cosa juzgada, por lo que se anulan actuaciones para que la sala de suplicación decida (STS de 13 de abril de 2016, Rcud. 3043/2013). Por ello es válida la modificación fáctica operada sobre la base de los hechos probados en una sentencia firme dictada en otro procedimiento que se incorporó a autos de conformidad con el artículo 233 LRJS [ STS 492/2020, de 23 de junio (Rcud. 229/2018)] de 2020).

2.- Se construye, de esta forma, una concreta, delimitada y específica excepción a la regla general que impide -dado el carácter extraordinario de los recursos devolutivos- la posibilidad de aportar durante su tramitación nuevos medios de prueba. Como toda excepción hay que interpretarla restrictivamente y aplicarla en los estrictos términos en que se ha construido legalmente. Ahora bien, una vez acreditadas las exigencias legales que derivan del artículo 233 LRJS, su admisión funciona como cualquier otro medio de prueba; esto es, debe ser apreciada por el órgano judicial ante el que se formula que tiene la capacidad para admitirla o no, estando sujeto su rechazo a las mismas exigencias que el resto de la prueba ( artículo 87 LRJS, relativo a la exigencia de que los medios de prueba se refieran a hechos sobre los que no hubiere conformidad y sean útiles y directamente pertinentes a lo que sea objeto del litigio y a las alegaciones o motivos de oposición previamente formulados por las partes). De esta forma, la denegación de la incorporación del documento debe estar fundamentada y razonada adecuadamente. Como señaló el Tribunal Constitucional en su STC 158/1985, si existe una resolución firme dictada en un orden jurisdiccional, otros órganos judiciales que conocen del mismo asunto deberán también asumir como ciertos los hechos declarados tales por la primera resolución, o justificar las distintas apreciaciones que hacen de los mismos ya que una distinta apreciación de los hechos debe ser motivada de acuerdo con la reiteradísima doctrina del Tribunal Constitucional, según la cual el derecho a la tutela judicial efectiva comprende, entre otros, el de obtener una resolución fundada en Derecho. Cuando resulta que, en principio, la resolución que un órgano judicial va a dictar puede ser contradictoria con la ya dictada por otro órgano, el que pronuncia la segunda debe exponer las razones por las cuales, a pesar de las apariencias, tal contradicción no existe a su juicio. Como expresó la STC 62/1984, a los más elementales criterios de la razón jurídica repugna aceptar la firmeza de distintas resoluciones judiciales en virtud de las cuales resulte que unos mismos hechos ocurrieron y no ocurrieron, o que una misma persona fue su autor y no lo fue. Ello vulneraría, en efecto, el principio de seguridad jurídica que, como una exigencia objetiva del ordenamiento, se impone al funcionamiento de todos los órganos del Estado en el art. 9.3 de la C.E. Pero, en cuanto dicho principio integra también la expectativa legítima de quienes son justiciables a obtener para una misma cuestión una respuesta inequívoca de los órganos encargados de impartir justicia, ha de considerarse que ello vulneraría, asimismo, el derecho subjetivo a una tutela jurisdiccional efectiva, reconocido por el art. 24.1 de la C.E., pues no resulta compatible la efectividad de dicha tutela y la firmeza de pronunciamientos judiciales contradictorios.

3.- La aplicación de la anterior doctrina obligaba a la Sala de procedencia a incorporar a los autos la sentencia firme que solicitaba la recurrente. En efecto, acreditado que la referida sentencia cumplía todas y cada una de las exigencias que dispone el artículo 233 LRJS su admisión e incorporación a las actuaciones y el seguimiento de los trámites previstos en el reiterado artículo 233 LRJS devenía inexcusable. Su inadmisión no encuentra justificación en el razonamiento de la sentencia recurrida según el que aun cuando la cesión ilegal a la que se refiere la sentencia es la misma cuya declaración se solicita en el actual procedimiento, lo cierto es que no son partes en dicho proceso las mismas que en el actual (con excepción de MATSA), con lo cual se ocasionaría indefensión si se aplicara la cosa juzgada respecto de sus decisiones o de sus hechos. Frente a tal razonamiento, importa destacar que la parte no pretendía la declaración de cosa juzgada, sino simplemente incorporar a los autos como documento probatorio la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Huelva de 1 de diciembre de 2021 (autos 268/2019), en la que se estimó la impugnación por MATSA de la resolución de la Secretaría General de Empleo de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía y se dejó sin efecto la sanción impuesta en relación con el artículo 43.1 del ET; y, consiguientemente, se anularon las actas de infracción sobre cuya base se construyeron los hechos probados de la sentencia recurrida.

4.- No cabe duda de que la sentencia recurrida incurrió en las infracciones que denuncia la recurrente y que la inadmisión de la sentencia que se pretendía incorporar constituyó infracción de lo dispuesto en el artículo 233 LRJS y causó indefensión a la recurrente al privarle de un medio de prueba lícito, pertinente y adecuado en relación a litigio. por ello, de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede la estimación del motivo, con las consecuencias que se establecerán.

CUARTO.- 1.- El segundo motivo del recurso tiene como mismo objeto que el anterior la inadmisión de un documento al amparo del artículo 233 LRJS, en lo que parece ser una descomposición artificial de la controversia respecto del motivo anterior. Y, aunque presenta como sentencia de contraste la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 21 de enero de 2020 (R. 2664/2019), se trata de un proceder incorrecto, porque aquí no se debaten varios puntos de contradicción, sino uno sólo y la unidad de esa cuestión no puede desconocerse introduciendo diversas perspectivas de análisis sobre algunas de las circunstancias concurrentes, porque no es lo mismo la existencia dentro de un mismo pleito de distintos puntos de decisión (como la jurisdicción, la caducidad o el problema de fondo), que la concurrencia de diversas circunstancias que deben ser valoradas para la decisión de un mismo punto de decisión, es decir, mediante pronunciamiento unitario, como tiene reiteradamente establecido esta Sala en SSTS, entre otras muchas, de 9 de febrero de 2009 y 5 de mayo de 2009 ( Rcuds. 4115/2007 y 761/2008); de 8 de julio de 2010 ( Rcud. 3137/2009); de 3 de abril de 2012 ( Rcud. 956/2011); de 2 de octubre de 2012 ( Rcud. 3280/2011) y de 19 de febrero de 2015 ( Rcud. 51/2014); entre otras. Ello implica, tal como propone el Ministerio Fiscal, la inadmisión del motivo.

2.- Finalmente, el último punto de contradicción se dirige a denunciar la infracción de los arts. 42 y 43 ET, al declararse la existencia de un supuesto de cesión ilegal, proponiendo como sentencia de contraste la dictada por esta Sala de 9 de enero de 2019 (Rec. 108/18) , en la que se declara ajustado a Derecho el despido colectivo acordado por la empresa Telecyl SA, y la inexistencia de cesión ilegal del artículo 43 ET. Sin necesidad de analizar la contradicción, el motivo no debe ser analizado dado que la estimación del primero de los motivos del recurso obliga a la declaración de nulidad de actuaciones y a la reposición de los autos al momento en que se produjo la infracción procesal que causó indefensión a la recurrente.

QUINTO.- La aplicación de lo expuesto, tal como interesa el informe del Ministerio Fiscal, determina la estimación del recurso y la consiguiente declaración de nulidad de la sentencia recurrida, con devolución de los autos a la Sala de procedencia para que, partiendo de la admisión del documento consistente en la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Huelva de 1 de diciembre de 2021 (autos 268/2019), siga los trámites previstos en el artículo 233 LRJS, dando traslado a la parte proponente para que, en el plazo de cinco días, complemente su recurso y por otros cinco días a la parte contraria a los fines correlativos y, posteriormente, dicte sentencia con plena libertad de criterio. Con devolución del depósito constituido para recurrir ( artículo 228.2 LRJS) y sin que la Sala deba efectuar pronunciamiento alguno sobre imposición de costas ( artículo 235 LRJS) .