Sentencia Social 1179/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 114/2024 de 03 de diciembre del 2025

PRIMERO. Cuestión planteada, la sentencia recurrida y el recurso de casación.

1.El sindicato Alternativa Sindical de Clase (ASC), interpuso demanda de conflicto interesando que se interpretara el artículo 14 del II Convenio colectivo de Empresas Vinculadas para Telefónica de España SAU, Telefónica Móviles España SAU y Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones SAU (publicado en el BOE de 13 de noviembre de 2019 y su modificación en el BOE de 29 de marzo de 2022), y, en consecuencia, que se declarara:

1. Que para la revisión salarial del período 2019-2022: a) debía aplicarse el IPC real acumulado entre 2019 y 2022, ascendente al 12,90%, en vez del 12,50%; b) en consecuencia, debía aplicarse el porcentaje de actualización de las tablas salariales para 2023, del 7,29%, en relación con las tablas salariales de 2019 a 2022, producto de descontar al 12,90% de IPC acumulado, el 5,61% de incremento acumulado de la masa salarial aplicado en ese período; c) no procediendo descontar del porcentaje de actualización, el 0,70% en concepto de «impacto pluses consolidables.»

2. Que a fin de evitar la pérdida de poder adquisitivo entre 2019 y 2022, debía abonarse a la plantilla la diferencia salarial devengada en 2022, entre el salario percibido fijado para ese año y la aplicación del porcentaje del 7,29% sobre el mismo, garantizando de forma efectiva que no se produce pérdida del poder adquisitivo en este periodo. Para el caso de no entender procedente el porcentaje diferencial referido, se interesaba que se determinara en el 6,3%.

3. Debía aplicarse para la actualización las tablas salariales de 2023, el porcentaje pactado del 1,5% garantizado en el convenio colectivo, una vez actualizado el salario, a tenor del 7,29%, sin descontar deslizamientos a dicho porcentaje del 1,5%, garantizando de forma efectiva que no se produce pérdida del poder adquisitivo.

La Federación de Sindicatos de Comunicación SC, Sumados, se adhirió a la demanda.

Además de las empresas demandadas, los sindicatos CC. OO y UGT se opusieron a la demanda. También lo hizo el comité intercentros de Telefónica de España, alegando su falta de legitimación pasiva.

2.La sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional 24/2024, de 26 de febrero (proc. 320/2023), estimó la excepción de falta de legitimación pasiva del comité intercentros de Telefónica de España y desestimó la demanda de ASC.

3.El sindicato ASC ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional 24/2024, de 26 de febrero (proc. 320/2023).

El recurso tiene cinco motivos, el primero formulado al amparo del artículo 207 d) LRJS y los restantes al amparo del 207 e) LRJS. Los motivos serán examinados en los siguientes fundamentos de derecho.

El recurso solicita la casación y anulación de la sentencia recurrida y la estimación de la demanda de ASC.

El recurso ha sido impugnado por CC. OO, UGT, comité intercentros de Telefónica de España, Telefónica de España, Telefónica Móviles España, y Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones.

4.Todas las impugnaciones solicitan la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia recurrida.

5.El Ministerio Fiscal interesa en su informe la desestimación del recurso.

SEGUNDO. Error en la apreciación de la prueba y la falta de legitimación del comité intercentros de una de las empresas (primer y segundo motivos del recurso).

1.En el primer motivo de su recurso de casación, el sindicato ASC propone que se adicione al relato fáctico un nuevo hecho probado con el siguiente contenido:

«Se encuentra acreditado el pago de la actualización de los salarios del año anterior en las nóminas del mes de febrero de los años 2000 a 2012 obrantes al descriptor 129.»

De conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, el motivo no puede prosperar.

Y no puede hacerlo, porque, con independencia de que no se acredita la existencia de error por parte de la sentencia recurrida, lo cierto es que, como no deja de reconocer el sindicato recurrente, la cuestión litigiosa radica en la interpretación del artículo 14 del convenio colectivo suscrito en el año 2019 respecto de las revisiones salariales para 2019, 2020 y 2021. Y para ello, además de que el motivo cuarto del recurso reconoce que el descriptor 129 recoge las nóminas de una única trabajadora, no es relevante ni determinante lo que las empresas hubieran hecho o dejado de hacer en las actualizaciones de los años 2000 a 2012.

En suma, lo que importa es lo que establezca el convenio colectivo para las revisiones salariales a partir de 2019, sin que lo que eventualmente hubieran hechos las empresas en años anteriores pudiera variar el sentido de un fallo que se funda en la interpretación del convenio colectivo de 2019.

2.El segundo motivo del recurso de casación del sindicato ASC denuncia la infracción de los artículos 155 y 157 LRJS por haber apreciado la falta de legitimación pasiva del comité intercentros de Telefónica de España.

En coincidencia asimismo con el Ministerio Fiscal, tampoco este segundo motivo puede ser acogido.

Además de que el artículo 155 LRJS permite -no obliga- que los órganos de representación legal o sindical de las personas trabajadoras se personen en el proceso, se requiere que «su ámbito de actuación se corresponda o sea más amplio que el del conflicto.» Y el caso es que estamos ante un convenio colectivo que se extiende a tres empresas y a sus trabajadores (Telefónica de España, Telefónica Móviles España, y Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones, artículo 2 del convenio), y es obvio que el ámbito de actuación del comité intercentros de la primera de esas empresas, además de que no suscribió el convenio (lo hicieron CC. OO y UGT), no se extiende a las otras dos empresas, Telefónica Móviles España, y Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones, ni a las personas trabajadoras que en estas últimas prestan servicios.

TERCERO. Las demás infracciones de norma denunciadas (motivos tercero a quinto del recurso).

1.El precepto convencional controvertido en el presente supuesto es el artículo 14 del II Convenio colectivo de Empresas Vinculadas para Telefónica de España SAU, Telefónica Móviles España SAU y Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones SAU (publicado en el BOE de 13 de noviembre de 2019 y su modificación en el BOE de 29 de marzo de 2022) (en adelante, el convenio colectivo).

El citado artículo 14 del convenio colectivo, sobre «revisiones salariales», tal como quedó redactado tras su modificación en el BOE de 29 de marzo de 2022, tiene el siguiente tenor literal:

« Para el año 2023 se garantiza un incremento de la masa salarial teórica global del 1,5% que tendrá carácter consolidable.

Adicionalmente para el referido año, en el mes de octubre, se abonará una cantidad de 300 euros a todas las personas trabajadoras incluidas dentro del ámbito del Convenio, que estuvieran dados de alta a fecha 1 de enero de 2023. A aquellas personas trabajadoras que hayan permanecido en activo una parte del año y quienes realizaran jornada reducida se les acreditará la parte proporcional correspondiente.

De esa cantidad, 150 euros se incorporarán a los sueldos base a 31 de diciembre de 2023, formando parte de la masa salarial en el ejercicio 2024 a efectos de cálculo para la revisión salarial del año siguiente.

De este modo, el artículo 14 queda redactado como sigue:

Año 2019: Para el año 2019 se garantiza un incremento de la masa salarial teórica global del 1,5% que tendrá carácter consolidable.

Los sueldos y salarios base para las distintas Empresas incluidas en el ámbito de aplicación de este Convenio serán las que figuran en la tabla que se adjunta en el anexo I.

Año 2020: Para el año 2020 se garantiza un incremento de la masa salarial teórica global del 1,5% que tendrá carácter consolidable.

Adicionalmente para el referido año, en el mes de octubre, se abonará una cantidad de 300 euros a todas las personas trabajadoras incluidas dentro del ámbito de este Convenio, que estuvieran dados de alta a fecha 1 de enero de 2020.

A aquellas personas trabajadoras que hayan permanecido en activo una parte del año y quienes realizaran jornada reducida se les acreditará la parte proporcional correspondiente. De esa cantidad, 150 euros se incorporarán a los sueldos base a 31 de diciembre de 2020, formando parte de la masa salarial en el año 2020 a efectos de cálculo para la revisión salarial del año siguiente.

Año 2021: Para el año 2021 se garantiza un incremento de la masa salarial teórica global del 1,5% que tendrá carácter consolidable.

Adicionalmente para el referido año, en el mes de octubre, se abonará una cantidad de 300 euros a todas las personas trabajadoras incluidas dentro del ámbito del Convenio, que estuvieran dados de alta a fecha 1 de enero de 2021.

A aquellas personas trabajadoras que hayan permanecido en activo una parte del año y quienes realizaran jornada reducida se les acreditará la parte proporcional correspondiente. De esa cantidad, 150 euros se incorporarán a los sueldos base a 31 de diciembre de 2021, formando parte de la masa salarial en el ejercicio 2021 a efectos de cálculo para la revisión salarial del año siguiente.

Año 2022: Para el año 2022 se garantiza un incremento de la masa salarial teórica global del 1% que tendrá carácter consolidable.

Igualmente se abonará un Plus de Convenio por importe de 300 euros no consolidables que se abonará en el mes de octubre de 2022 a todos los empleados incluidos dentro del ámbito del Convenio, que estuvieran dados de alta a fecha 1 de enero de 2022 y hayan permanecido en activo todo el año. A aquellos empleados que hayan permanecido en activo una parte del año y quienes realizaran jornada reducida se les acreditará la parte proporcional correspondiente

Si a fecha 31 de diciembre de 2022, el IPC real acumulado del periodo 2019 a 2022 (ambos incluidos), fuera superior a los incrementos pactados de la masa salarial global para ese periodo, ambas partes se comprometen a revisar las tablas salariales con efectos de 1 de enero de 2023 para garantizar que no se produzca pérdida del poder adquisitivo en este periodo.

Año 2023: Para el año 2023 se garantiza un incremento de la masa salarial teórica global del 1,5% que tendrá carácter consolidable.

Adicionalmente para el referido año, en el mes de octubre, se abonará una cantidad de 300 euros a todas las personas trabajadoras incluidas dentro del ámbito del Convenio, que estuvieran dados de alta a fecha 1 de enero de 2023.

A aquellas personas trabajadoras que hayan permanecido en activo una parte del año y quienes realizaran jornada reducida se les acreditará la parte proporcional correspondiente. De esa cantidad, 150 euros se incorporarán a los sueldos base a 31 de diciembre de 2023, formando parte de la masa salarial en el ejercicio 2024 a efectos de cálculo para la revisión salarial del año siguiente.

Si a fecha 31 de diciembre de 2023, el IPC real de 2023, fuera superior al incremento pactado de la masa salarial teórica global y aportaciones a tablas salariales para ese periodo, ambas partes se comprometen a revisar, sin que en ningún caso proceda el abono de atrasos por el hecho de que el IPC real para 2023 fuera superior al incremento pactado de la masa salarial teórica global para ese periodo, las tablas salariales con efectos de 1 de enero de 2024, y todo ello para garantizar que no se produzca pérdida del poder adquisitivo.

Antigüedad: El valor de los bienios que se devenguen continuará siendo el 2,4% del sueldo base en el nivel del puesto profesional correspondiente.

Resto de conceptos económicos: A partir de 1 de enero de 2019 los restantes conceptos económicos incluidos en el presente Convenio tendrán los valores que figuran en el anexo I. Dicho anexo comprende los conceptos económicos que se aplican a las tres Empresas.

Los restantes conceptos económicos que se aplican exclusivamente a alguna de ellas con carácter transitorio hasta su homogeneización tendrán los valores establecidos en el presente Convenio y son de aplicación en los términos indicados en las disposiciones que los contemplan.

Estos conceptos mantendrán los mismos valores que tienen en la actualidad y no experimentarán variación durante la vigencia del Convenio.»

A los efectos que aquí importan la previsión del artículo 14 del convenio colectivo que especialmente interesa mencionar es la siguiente:

«Si a fecha 31 de diciembre de 2022, el IPC real acumulado del periodo 2019 a 2022 (ambos incluidos) fuera superior a los incrementos pactados de la masa salarial global para ese periodo, ambas partes se comprometen a revisar las tablas salariales con efectos de 1 de enero de 2023 para garantizar que no se produzca pérdida del poder adquisitivo en este periodo.»

2.El 24 de enero de 2023 se reunió la comisión de interpretación y vigilancia del convenio colectivo formada por la parte empresarial y por representantes de CC. OO y UGT, y decidió la actualización de las tablas salariales con efectos de 1 de enero de 2023 de un 6,3% de acuerdo con el detalle que se recoge en el hecho probado cuarto de la sentencia recurrida (en adelante, acuerdo de la comisión de interpretación o el acuerdo).

El acuerdo de la comisión de interpretación afirma que da cumplimiento a lo contenido en el artículo 14 del convenio colectivo, «una vez analizado el dato de IPC para cada uno de los años contemplados en el periodo de 2019-2022 y su comparación con el incremento de la masa salarial global en el mismo periodo, compuesto por las subidas salariales de cada uno de los años de vigencia del convenio y por las cuantías incorporadas tablas salariales correspondientes al plus convenio consolidable.»

Hecho el anterior análisis y comparación, el acuerdo de la comisión de interpretación afirma que el «diferencial a compensar con efectos 1-1-2023» es del citado 6,3%. Lo que el acuerdo denomina «impacto pluses consolidables» se cifra en 0,70%. En referencia a la «masa salarial teórica global» y tablas salariales, el acuerdo menciona los «deslizamientos.»

3.La sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional 24/2024, de 26 de febrero (proc. 320/2023), desestimó la demanda del sindicato ASC, en esencia, porque, además de subrayar que las comisiones paritarias interpretan de forma auténtica los convenios colectivos, el artículo 14 del convenio colectivo se refiere a incrementos de masa salarial y no de tablas salariales y el incremento de estas últimas no es equivalente al incremento de aquella masa. La sentencia razona que existen factores que incrementan la masa salarial sin que de ello resulte que se deban incrementar las tablas salariales, como puede ser el caso de nuevas contrataciones o el aumento de los complementos que perciben los trabajadores, especialmente los de carácter dinámico o que se produzca un importe mayor en los complementos funcionales por las circunstancias en que se haya realizado la prestación en un ejercicio específico.

En segundo lugar, la sentencia recurrida señala que las previsiones convencionales establecen un compromiso de revisión y no que las tablas salariales se tengan necesariamente que incrementar en la misma proporción que el IPC.

Finalmente, la sentencia recurrida excluye que se haya acordado cualquier tipo de retroactividad más allá de 1 de enero de 2023.

4.Los motivos tercero a quinto del recurso de casación, que como señala el Ministerio Fiscal pueden examinarse conjuntamente, denuncian, en esencia, que la sentencia recurrida no ha interpretado correctamente el artículo 14 del convenio colectivo.

Según hemos anticipado, el acuerdo de la comisión de interpretación afirma que, con la actualización de las tablas salariales con efectos de 1 de enero de 2023 de un 6,3%, da cumplimiento a lo contenido en el artículo 14 del convenio colectivo, «una vez analizado el dato de IPC para cada uno de los años contemplados en el periodo de 2019-2022 y su comparación con el incremento de la masa salarial global en el mismo periodo, compuesto por las subidas salariales de cada uno de los años de vigencia del convenio y por las cuantías incorporadas tablas salariales correspondientes al plus convenio consolidable.»

Hecho el anterior análisis y comparación, el acuerdo de la comisión de interpretación afirma que el «diferencial a compensar con efectos 1-1-2023» es del citado 6,3%. Lo que el acuerdo denomina «impacto pluses consolidables» se cifra en 0,70%. En referencia a la «masa salarial teórica global» y tablas salariales, el acuerdo menciona los «deslizamientos.»

Y lo que el recurso de casación del sindicato ASC defiende es, en síntesis, que el diferencial a compensar debería ser un 7,29% y no el 6,3% que acordó la comisión de interpretación. El recurso rechaza también que se considere el «impacto pluses consolidables» y cuestiona asimismo lo decidido para la revisión de 2023 y lo de los «deslizamientos.»

5.En su defensa de que el diferencial a compensar debería ser un 7,29% y no el 6,3% decidido por la comisión de interpretación, el recurso argumenta que ese 7,29% es el diferencial que realmente se deriva del IPC real acumulado del periodo 2019 a 2022.

Ahora bien, recordemos lo que establece el artículo 14 del convenio colectivo.

«Si a fecha 31 de diciembre de 2022, el IPC real acumulado del periodo 2019 a 2022 (ambos incluidos) fuera superior a los incrementos pactados de la masa salarial global para ese periodo, ambas partes se comprometen a revisar las tablas salariales con efectos de 1 de enero de 2023 para garantizar que no se produzca pérdida del poder adquisitivo en este periodo.»

En primer lugar, según puede comprobarse, el artículo 14 del convenio colectivo dispone que la comparación debe hacerse entre el IPC real acumulado del periodo 2019 a 2022 y los incrementos pactados de la «masa salarial global» para ese periodo. Y, como razona la sentencia recurrida y ya hemos mencionado, existen factores capaces de incrementar la masa salarial, como puede ser el caso de nuevas contrataciones o el aumento de los complementos que perciben los trabajadores, especialmente los de carácter dinámico o cabe que se produzca un importe mayor en los complementos funcionales por las circunstancias en que se haya realizado la prestación en un ejercicio específico.

Adicional y clara muestra de la ausencia de automatismo entre la cuantía del IPC real del periodo 2019 a 2022 y su reflejo en las tablas salariales es que la previsión convencional no es que aquel IPC se lleve y repercuta de forma automática en sus mismos términos en las tablas salariales. Por el contrario, lo que la previsión convencional determina es que las dos partes se «comprometen» a revisar dichas tablas. Y aunque, ciertamente, esa revisión es para garantizar que no se produzca pérdida de poder adquisitivo, lo cierto es que la revisión de las tablas ha de partir y tomar en cuenta la masa salarial «global» de dicho periodo. En todo caso, el compromiso de revisar las tablas salariales da un cierto margen de apreciación y de negociación a las partes de la comisión de interpretación, sin que sea razonable -ni desde luego se desprenda inequívocamente del precepto convencional- interpretar que no tienen margen alguno para hacerlo. Ese automatismo no se puede deducir de la literalidad de la previsión convencional.

Tampoco cabe deducir tal cosa desde una interpretación finalista o teleológica.

Ciertamente, la interpretación de la comisión de interpretación no vincula a los órganos judiciales. Pero sí puede ser una clara expresión de la voluntad real de las partes negociadoras. Remitimos, por ejemplo, a las SSTS 8 de noviembre de 2006 (rec. 135/2005) y 22 de abril de 2009 (rec. 51/2008).

En todo caso, si entre diversas opciones interpretativas posibles la comisión de interpretación opta por unanimidad (como aquí sucede) por una interpretación admisible de conformidad con las reglas interpretativas de los convenios colectivos (como ya hemos dicho que es aquí igualmente el caso), dicha plausible interpretación deberá prevalecer sobre una interpretación que solo defienden partes con menor implantación, que no suscribieron el convenio colectivo ni, en consecuencia, forman parte de su comisión paritaria, y especialmente cuando dicha interpretación tiene una apoyatura significadamente más débil de acuerdo con los cánones interpretativos que han de utilizarse.

Y, en fin, si desde la perspectiva de estos cánones no podemos reprochar a la comisión paritaria la interpretación dada al artículo 14 del convenio colectivo, menos todavía podemos reprochar a la sentencia recurrida la interpretación que lleva a cabo. Frente a lo que sostiene el recurso, esta interpretación se adecúa perfectamente a las reglas que se derivan de los artículos 3 y 1281 y siguientes del Código Civil. Y el control por parte de esta Sala IV se dirige precisamente a verificar que la exégesis de la sala de instancia se adecúa a estas reglas (por todas, STS 977/2024, de 3 de julio, rec. 244/2022).

6.Los anteriores razonamientos son igualmente aplicables a los restantes extremos sobre los que se detiene el recurso y a los argumentos empleados para ello.

a)El recurso defiende que sí procede el abono de atrasos respecto del periodo 2019 a 2022, por el argumento de que solo respecto de 2023 el convenio colectivo dispone que no procederá el abono de atrasos.

Pero el argumento no es concluyente. En relación con el periodo 2019 a 2022, el texto convencional es terminante cuando prescribe que la revisión de las tablas salariales se hará «con efectos de 1 de enero de 2023», sin que se prevea abono de atrasos alguno.

Recuérdese, por lo demás, que el convenio colectivo de 2019 se modificó en diciembre de 2021 (BOE de 29 de marzo de 2022), incorporándose entonces previsiones específicas para 2023 y manteniéndose con modificaciones menores las previsiones convencionales para el periodo 2019 a 2022.

b)El recurso cuestiona que el acuerdo de la comisión de interpretación haya tenido en cuenta el «impacto pluses consolidables», cuantificándolo en un 0,70%, argumentando básicamente que no se trata de pluses consolidables. Pero, como señalan algunos de los escritos de impugnación del recurso, en el propio artículo 14 del convenio colectivo se menciona con reiteración que, de la cantidad de 300 euros, «150 euros se incorporarán a los sueldos base» a 31 de diciembre de cada año (2020, 2021 y 2023), precisándose expresamente que esos 150 euros formarán «parte de la masa salarial» en el correspondiente ejercicio «a efectos de cálculo para la revisión salarial del año siguiente.» Recuérdese que el artículo 14 del convenio colectivo se refiere a la «masa salarial global» para el periodo 2019 a 2022.

c)Ya hemos hecho referencia a lo que la sentencia recurrida razona sobre los posibles deslizamientos.

El quinto motivo del recurso denuncia que se le denegó la prueba solicitada que se encaminaba a conocer el origen del porcentaje a que hace referencia el acuerdo de la comisión de interpretación (se trata de los últimos párrafos del acuerdo, recogido en el hecho probado cuarto).

Ocurre que lo anterior debería haberse canalizado por la vía del artículo 207 c) LRJS, y no por la del artículo 207 e) LRJS, lo que podría haber producido los efectos en nuestra sentencia previstos en el artículo 215 b) LRJS. Pero el recurso no ha hecho tal cosa.

CUARTO. La desestimación del recurso de casación.

1.De acuerdo con lo razonado y de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede desestimar el recurso de casación y confirmar y declarar la firmeza de la sentencia recurrida.

2.No procede imponer costas ( artículo 235.2 LRJS) .