Sentencia Social 525/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 2786/2023 de 03 de junio del 2025

PRIMERO.- 1.La controversia consiste en determinar si ha prescrito una acción de movilidad funcional consistente en la reclamación de un ascenso por la realización de funciones superiores a las del grupo profesional. La demandante lleva a cabo esas funciones superiores desde el inicio de su relación laboral el 12 de septiembre de 2006. La demanda se presentó el 19 de septiembre de 2019.

2.El Juzgado de lo Social estimó la demanda y reconoció el derecho de la actora a la categoría superior y a las diferencias salariales. La sentencia argumenta que la acción ejercitada prescribe al año de la terminación del contrato de trabajo porque se dirige contra una obligación de tracto sucesivo.

La parte demandada es una empresa pública participada por la Xunta de Galicia: Xenética Fontao SA. La Letrada de la Xunta de Galicia interpuso recurso de suplicación, que fue estimado por la sentencia recurrida, dictada por el TSJ de Galicia 5544/2022 en fecha 13 de diciembre de 2022 (recurso 1988/2022). El Tribunal argumenta que el plazo de prescripción de esta acción comienza a correr desde la fecha del contrato porque la atribución de una categoría es una obligación de tracto único.

3.La trabajadora interpuso recurso de casación para la unificación de doctrina con un único motivo en el que denuncia la infracción de los arts. 22, 23, 24, 39.2 y 3 y 59.2 del Estatuto de los Trabajadores (en adelante ET) . Alega que la acción de clasificación no está prescrita porque se trata de una obligación de tracto sucesivo.

4.El Ministerio Fiscal informó a favor de la estimación del recurso.

La Letrada de la Xunta de Galicia presentó escrito de impugnación del recurso en el que solicita la confirmación de la sentencia recurrida y subsidiariamente postula la devolución de las actuaciones al Tribunal que dictó la sentencia recurrida para que resuelva el resto de las cuestiones planteadas en suplicación.

SEGUNDO.- 1.En primer lugar, debemos examinar si concurre el requisito de contradicción exigido por el art. 219.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (en adelante LRJS) en relación con la sentencia de contraste, dictada por el TSJ de Madrid 735/2019, de 23 de julio (recurso 123/2019).

2.En la sentencia recurrida concurren las siguientes circunstancias:

a) La actora presta servicios para Xenética Fontao SA desde el 12 de septiembre de 2006 con la categoría profesional de auxiliar de laboratorio.

b) Se declara probado que realiza las funciones de la categoría de analista de laboratorio.

El TSJ argumenta que la acción está prescrita y revoca la sentencia de instancia, que había declarado el derecho de la trabajadora a la categoría de analista de laboratorio y las diferencias salariales.

3.Los hechos esenciales de la sentencia referencial son los siguientes:

a) La demandante trabaja para la Comunidad de Madrid desde el 18 de enero de 1991 con varias soluciones de continuidad. En su último contrato de trabajo su categoría profesional es la de auxiliar administrativo.

b) Se declara probado que realiza funciones propias de la categoría de oficial administrativo.

El TSJ niega que la acción de clasificación profesional esté prescrita porque se trata de una obligación de tracto sucesivo, por lo que la acción puede ejercitarse mientras se mantenga la realización de tales funciones. Por ello, confirma la sentencia de instancia, que había condenado al abono de las diferencias salariales entre ambas categorías.

4.Concurre el requisito de contradicción. En ambos pleitos, las trabajadoras han realizado funciones propias de una categoría superior y reclaman las correspondientes diferencias salariales. En los dos procedimientos se discute si la acción ha prescrito. La sentencia recurrida considera que se trata de una obligación de tracto único, por lo que declara la prescripción de la acción y desestima la demanda. Por el contrario, la sentencia referencial argumenta que es una obligación de tracto sucesivo, desestima la prescripción de la acción y confirma la condena al pago de las diferencias salariales.

TERCERO.- 1.La controversia ha sido resuelta por las STS 291/2023, de 20 de abril (rcud 1080/2020, Pleno) y 373/2023, de 24 de mayo (rcud 346/2020) que sentaron los criterios siguientes:

a) La prescripción debe ser objeto de una interpretación cautelosa y restrictiva porque se trata de una institución fundada en el abandono o dejadez del derecho propio y en el principio de seguridad jurídica.

b) El desempeño de trabajos de superior categoría no puede considerarse como una obligación de tracto único. El art. 39.2 del ET permite el ascenso o las diferencias retributivas por la encomienda de funciones superiores en unos tiempos determinados durante la vigencia del contrato de trabajo. Por tanto, no cabe afirmar que el plazo para reclamar la categoría superior se inicia el día de suscripción del contrato de trabajo puesto que esa norma permite reclamar el derecho a partir de unos determinados espacios temporales en los que el trabajador ha atendido funciones superiores.

c) Las obligaciones de tracto único se refieren a prestaciones que se configuran como un objeto unitario, aunque pueda fraccionarse. Por el contrario, los contratos de tracto sucesivo se identifican como contraprestaciones recíprocas, continuadas y dilatadas en el tiempo, ya sea este determinado o indefinido. En ellas el servicio se presta de forma continuada y a cambio del salario hasta la extinción de la relación laboral.

d) Como regla general, el art. 59.1 del ET fija como momento a partir del cual comienza el plazo de prescripción de las acciones derivadas del contrato de trabajo el día en que éste expire o en el que termine la prestación de servicios continuados. La doctrina jurisprudencial ha declarado que la relación laboral es, por esencia, de tracto sucesivo [ STS 94/2017, de 1 de febrero (rec. 78/2016) y STS 869/2020, de 7 de octubre (rec. 23/2019)].

e) La calificación de las funciones que desempeña el trabajador no se agota al año del comienzo de la relación laboral sino que afecta a la prestación en que consiste la obligación, con una ejecución continuada que se prolonga durante el tiempo en que realiza esas funciones, sin perjuicio que los efectos económicos de la clasificación profesional sí que estén afectadas por el plazo especial de prescripción de un año del art. 59.2 del ET: un año desde que la acción de reclamación de percepciones económicas pudo ejercitarse.

f) El trabajador no puede mantenerse desempeñando unas funciones que no se corresponden con el salario que tienen asignado, ya que ello rompería la equivalencia en las contraprestaciones que configuran el contrato de trabajo y que se mantienen durante su vigencia.

g) En definitiva, la determinación de la categoría profesional que debe corresponder a las funciones que desempeña el trabajador no puede calificarse como obligación/derecho de tracto único porque no constituye una prestación de cumplimiento en un acto en el que se debe entender cumplida la misma, sino que se desarrolla de forma sucesiva mientras se presta el servicio y se percibe la retribución, que debe ser acorde con las funciones desempeñadas.

2.La aplicación de la citada doctrina al supuesto enjuiciado, de conformidad con el principio de seguridad jurídica y con la igualdad en la aplicación de la ley, obliga a concluir que la acción de clasificación profesional no está prescrita porque se trata de una obligación de tracto sucesivo, sin perjuicio de la prescripción de las deudas salariales devengadas antes del plazo de prescripción de un año del art. 59 del ET.

3.La sentencia recurrida declara prescrita la acción y no examina los motivos segundo y tercero del recurso de suplicación interpuesto por la Letrada de la Xunta de Galicia, en los que argumenta que los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso y en la promoción interna del empleo público impiden reconocer a la actora la categoría superior, así como que la demandante no desempeña el núcleo esencial de las funciones de la categoría superior de analista de laboratorio.

La estimación del recurso, de conformidad con el Ministerio Fiscal, obliga a casar y anular la sentencia recurrida y devolver las actuaciones al Tribunal que dictó la sentencia recurrida para que resuelva los restantes motivos de suplicación. Sin condena al pago de costas ( art. 235 de la LRJS) .