Sentencia Social 1198/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 3885/2023 de 04 de diciembre del 2025

PRIMERO.- 1.La cuestión objeto del presente recurso de casación para la unificación de doctrina es la determinar si el despido de la trabajadora, prospectora en oficina de empleo del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL) debe ser declarado nulo y no improcedente, por vulneración del artículo 51 del ET, por considerar que se trata de un despido colectivo debido a la concurrencia temporal con otras extinciones de la misma naturaleza acordadas por la demandada en relación a otros trabajadores con análogos puestos de trabajo y contratos en fechas próximas.

2.La sentencia del Juzgado de lo Social número dos de Burgos de 10 de marzo de 2023, autos 790/2022, estimó en parte la demanda presentada por doña Julia contra el Servicio de Empleo de Castilla y León (ECYL) y declaró la improcedencia del despido. Según recoge la sentencia, en lo que aquí interesa, la actora comenzó a prestar servicios para el SECYL el día 19/11/2020, en virtud de un contrato de trabajo temporal por obra o servicio determinado, en la oficina de empleo de Villarcayo, a jornada completa, con categoría profesional de "prospector laboral". El objeto del contrato de trabajo por obra o servicio determinado suscrito consistió en: "La realización de la obra o servicio denominado Proyecto de prospección del mercado de trabajo": captación de ofertas y demandas de empleo, aprobado por Resolución de 29 de septiembre de 2020 de la presidenta del Servicio de Empleo de Castilla y León. Las actuaciones a realizar por los prospectores se articulan en torno a tres ejes fundamentales: a) Acciones de prospección e identificación de necesidades de los empleadores y captación de ofertas de empleo; b) Información y asesoramiento sobre contratación y las medidas de apoyo a la activación, la contratación e inserción en la empresa; y c) Intermediación entre ofertas y demandas de empleo. En fecha 25/8/2022, la demandada ECYL comunica a la parte actora que su contrato de trabajo finaliza el día 5 de octubre de 2022 motivado por la finalización de la obra o servicio para la que fue contratada, cumpliendo con el art. 49.1.c) del ET y con una indemnización por fin de contrato de 1.697,69 euros. En fecha 5/10/2022 se da de baja a la trabajadora en la Seguridad Social. El día 5/10/2022, el ECYL formalizó la extinción de 90 contratos temporales por obra o servicio determinado, suscritos por trabajadores que habían prestado servicios como prospectores Laborales, con idénticas causas que las que sirvieron para poner fin a la relación laboral de la actora.

3.La sentencia 548/2023, de 13 de julio (rec. 446/2023), de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos) desestimó los recursos de la trabajadora y el ECYL.

4.En el recurso de casación para la unificación de la doctrina se formula el punto de contradicción expuesto anteriormente para el que se identifica como sentencia de contraste la dictada por la misma Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, el 18 de marzo de 2013 en el recurso 266/2013 y, en cuanto a la infracción legal denunciada, aunque no expresa su amparo legal dentro de los diferentes epígrafes del artículo 207 LRJS, tal y como exige el artículo 224.2 de la misma Ley, fundamenta la infracción legal que considera imputable a la sentencia recurrida en la vulneración del artículo 51 del ET, lo que permite identificar su encuadramiento procesal, pese a la omisión de la parte, en la letra e) del artículo 207 LRJS, constituyendo un único motivo de recurso directamente relacionado con la contradicción entre la sentencia recurrida y la sentencia de contraste que se invoca.

5.La parte recurrida presentó escrito de impugnación del recurso en el que alega falta de contradicción entre la sentencia recurrida y la invocada en el recurso de contraste.

6.El Ministerio Fiscal informó en sentido favorable a la existencia de contradicción entre las sentencias, pero en contra de la estimación del recurso, porque entiende que la solución más ajustada a Derecho es la contenida en la sentencia recurrida, que dice que coincide con la posición mantenida por esta Sala Cuarta desde la sentencia de Pleno de 21-04-2015, rec. 1235/2014.

SEGUNDO.- 1.Debemos examinar el requisito de contradicción exigido por el art. 219.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social en relación con la sentencia de contraste alegada. El presupuesto procesal de contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales [por todas, sentencias del TS 861/2022, de 26 de octubre (rcud 4665/2019); 893/2022, de 10 de noviembre (rcud 2882/2021); y 968/2022, de 20 de diciembre (rcud 2984/2021)].

2.La sentencia recurrida, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, el 13 de julio de 2023 (rec. 446/2023), como quedó expuesto más arriba, recoge que la actora fue contratada por el Servicio de Empleo de Castilla y León (ECYL) como prospectora de empleo. Sus funciones incluían prospección y asesoramiento a empleadores y desempleados. El 5 de octubre de 2022, se le comunicó el fin de la relación laboral por conclusión de la obra y, simultáneamente, las contrataciones de otros 90 prospectores fueron extinguidas. La controversia relevante a estos efectos casacionales se centró en la calificación del despido como nulo, por tratarse de un despido colectivo en el que se había omitido el preceptivo periodo de consultas del artículo 51 del ET o meramente improcedente. La sentencia de instancia y la aquí recurrida calificaron el despido como improcedente.

3.La sentencia de contraste, dictada por la misma Sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, el 18 de marzo de 2013 (recurso 266/2013), versaba sobre un trabajador contratado el 3 de enero de 2012 por la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León como promotor de empleo, cuya finalización se le comunicó con efectos del 30 de junio de 2012. El contrato se consideró no amparado en una causa de temporalidad válida y por tanto su extinción se entendió ilícita. Debido a que 95 personas contratadas como promotores de empleo para las mismas acciones vieron finalizados sus contratos en la misma fecha se discutía si la calificación del despido debía ser la improcedencia o la nulidad por vulneración del artículo 51 del ET. La sentencia referencial desestimó el recurso de suplicación de la Consejería de Economía y Empleo, confirmando la sentencia de instancia que había declarado la nulidad del despido.

4.Por tanto la cuestión que se plantea tanto en la recurrida como en la de contraste resulta coincidente: si cabe apreciar la nulidad del despido impugnado por superación de los umbrales del art. 51.1 ET. En ambos supuestos se trata de trabajadores contratados por la misma administración autonómica para obra o servicio determinados con apoyo en proyectos aprobados por las normas que en cada caso se indican y que contemplan una determinada duración; momento llegado el cual se extinguen los contratos de los actores y de todos los trabajadores contratados en las mismas circunstancias. Con estas semejanzas, mientras que la sentencia recurrida califica el despido como improcedente, la sentencia referencial, por el contrario, lo califica como nulo. Resulta, en consecuencia, cumplimentando el presupuesto exigido por el legislador, tal y como precisa el Ministerio Fiscal.

TERCERO.- . 1.Denuncia la parte actora que la sentencia que recurre ha vulnerado el artículo 51 del ET, ya que los despidos realizados, alegando finalización de la obra o servicio determinado son extinciones ilícitas por no estar amparados los contratos en causa válida de temporalidad, de manera que deben computarse a los efectos de la obligatoriedad de seguir los trámites del despido colectivo, al rebasar los límites numéricos establecidos en el citado art. 51.1 del ET.

2.No obstante la doctrina jurisprudencial de esta Sala ya ha sido establecida de manera reiterada en casos iguales al presente. Las más recientes: SSTS 723/2025, de 16 de julio (rcud 3282/2023), 508/2025, de 28 de mayo (rcud 5324/2023), 56/2025, de 28 de enero (rcud 5278/2023), 42/2025, de 21 de enero (rcud 4796/2023), 1332/2024, de 9 de diciembre (rcud 5374/2023), siguiendo otras más antiguas, como las de 2 de julio de 2024 (rcud 3847/2023); 16 de julio de 2024 (rcud 3476/2023); 26 de septiembre de 2024 (rcud 3403 y 3421/2023); 29 de octubre de 2024 (rcud 3391/2023); 12 de noviembre de 2024 (rcud 3901/2023); 4 de diciembre de 2024 (rcud 4798/2023); 28 de enero de 2025, (rcud 5276/2023); y 24 de abril de 2025 (rcud 3284/2023), apoyadas a su vez en doctrina anterior establecida en sentencias de 21 de abril de 2015 (rcud 1208/2014, 1235/2014 y 1238/2014); 30 de junio de 2016 (rcud 3846/2014); 26 de abril de 2017 (rcud 3336/2015); y 19 de diciembre de 2017 (rcud 3610/2015).

De acuerdo con todas estas resoluciones, la extinción de los contratos temporales (por obra o servicio determinados) de los promotores y asesores de empleo no puede ser tenida en cuenta a los efectos de los umbrales del artículo 51.1 del ET ni, en consecuencia, pueden conducir a la declaración de nulidad, toda vez que no se trata de extinciones debidas a la iniciativa de la entidad empleadora, sino que vienen impuestas por la normativa amparadora de aquellos contratos. Por ello, las antes mencionadas sentencias dictadas por esta Sala en supuestos exactamente iguales que el presente concluyeron que la calificación correcta es la de la improcedencia del despido y no la de nulidad, pues no resultaba obligado acudir al procedimiento de despido colectivo al no tratarse de ceses debidos a la iniciativa y decisión del empresario (administración autonómica), sino consecuencia de las disposiciones que amparan y regulan los contratos celebrados.

A la vista de lo expuesto, no cabe ahora sino aplicar dicha doctrina, dado que no concurre en este caso ninguna circunstancia específica que justifique un apartamiento de la misma para el caso de la recurrente.

CUARTO.- 1.Lo anteriormente razonado, de conformidad con el Ministerio Fiscal, obliga a desestimar el recurso presentado.

2.No se hace expresa imposición de costas conforme al artículo 235.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

PRIMERO.- 1.La cuestión objeto del presente recurso de casación para la unificación de doctrina es la determinar si el despido de la trabajadora, prospectora en oficina de empleo del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL) debe ser declarado nulo y no improcedente, por vulneración del artículo 51 del ET, por considerar que se trata de un despido colectivo debido a la concurrencia temporal con otras extinciones de la misma naturaleza acordadas por la demandada en relación a otros trabajadores con análogos puestos de trabajo y contratos en fechas próximas.

2.La sentencia del Juzgado de lo Social número dos de Burgos de 10 de marzo de 2023, autos 790/2022, estimó en parte la demanda presentada por doña Julia contra el Servicio de Empleo de Castilla y León (ECYL) y declaró la improcedencia del despido. Según recoge la sentencia, en lo que aquí interesa, la actora comenzó a prestar servicios para el SECYL el día 19/11/2020, en virtud de un contrato de trabajo temporal por obra o servicio determinado, en la oficina de empleo de Villarcayo, a jornada completa, con categoría profesional de "prospector laboral". El objeto del contrato de trabajo por obra o servicio determinado suscrito consistió en: "La realización de la obra o servicio denominado Proyecto de prospección del mercado de trabajo": captación de ofertas y demandas de empleo, aprobado por Resolución de 29 de septiembre de 2020 de la presidenta del Servicio de Empleo de Castilla y León. Las actuaciones a realizar por los prospectores se articulan en torno a tres ejes fundamentales: a) Acciones de prospección e identificación de necesidades de los empleadores y captación de ofertas de empleo; b) Información y asesoramiento sobre contratación y las medidas de apoyo a la activación, la contratación e inserción en la empresa; y c) Intermediación entre ofertas y demandas de empleo. En fecha 25/8/2022, la demandada ECYL comunica a la parte actora que su contrato de trabajo finaliza el día 5 de octubre de 2022 motivado por la finalización de la obra o servicio para la que fue contratada, cumpliendo con el art. 49.1.c) del ET y con una indemnización por fin de contrato de 1.697,69 euros. En fecha 5/10/2022 se da de baja a la trabajadora en la Seguridad Social. El día 5/10/2022, el ECYL formalizó la extinción de 90 contratos temporales por obra o servicio determinado, suscritos por trabajadores que habían prestado servicios como prospectores Laborales, con idénticas causas que las que sirvieron para poner fin a la relación laboral de la actora.

3.La sentencia 548/2023, de 13 de julio (rec. 446/2023), de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos) desestimó los recursos de la trabajadora y el ECYL.

4.En el recurso de casación para la unificación de la doctrina se formula el punto de contradicción expuesto anteriormente para el que se identifica como sentencia de contraste la dictada por la misma Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, el 18 de marzo de 2013 en el recurso 266/2013 y, en cuanto a la infracción legal denunciada, aunque no expresa su amparo legal dentro de los diferentes epígrafes del artículo 207 LRJS, tal y como exige el artículo 224.2 de la misma Ley, fundamenta la infracción legal que considera imputable a la sentencia recurrida en la vulneración del artículo 51 del ET, lo que permite identificar su encuadramiento procesal, pese a la omisión de la parte, en la letra e) del artículo 207 LRJS, constituyendo un único motivo de recurso directamente relacionado con la contradicción entre la sentencia recurrida y la sentencia de contraste que se invoca.

5.La parte recurrida presentó escrito de impugnación del recurso en el que alega falta de contradicción entre la sentencia recurrida y la invocada en el recurso de contraste.

6.El Ministerio Fiscal informó en sentido favorable a la existencia de contradicción entre las sentencias, pero en contra de la estimación del recurso, porque entiende que la solución más ajustada a Derecho es la contenida en la sentencia recurrida, que dice que coincide con la posición mantenida por esta Sala Cuarta desde la sentencia de Pleno de 21-04-2015, rec. 1235/2014.

SEGUNDO.- 1.Debemos examinar el requisito de contradicción exigido por el art. 219.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social en relación con la sentencia de contraste alegada. El presupuesto procesal de contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales [por todas, sentencias del TS 861/2022, de 26 de octubre (rcud 4665/2019); 893/2022, de 10 de noviembre (rcud 2882/2021); y 968/2022, de 20 de diciembre (rcud 2984/2021)].

2.La sentencia recurrida, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, el 13 de julio de 2023 (rec. 446/2023), como quedó expuesto más arriba, recoge que la actora fue contratada por el Servicio de Empleo de Castilla y León (ECYL) como prospectora de empleo. Sus funciones incluían prospección y asesoramiento a empleadores y desempleados. El 5 de octubre de 2022, se le comunicó el fin de la relación laboral por conclusión de la obra y, simultáneamente, las contrataciones de otros 90 prospectores fueron extinguidas. La controversia relevante a estos efectos casacionales se centró en la calificación del despido como nulo, por tratarse de un despido colectivo en el que se había omitido el preceptivo periodo de consultas del artículo 51 del ET o meramente improcedente. La sentencia de instancia y la aquí recurrida calificaron el despido como improcedente.

3.La sentencia de contraste, dictada por la misma Sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, el 18 de marzo de 2013 (recurso 266/2013), versaba sobre un trabajador contratado el 3 de enero de 2012 por la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León como promotor de empleo, cuya finalización se le comunicó con efectos del 30 de junio de 2012. El contrato se consideró no amparado en una causa de temporalidad válida y por tanto su extinción se entendió ilícita. Debido a que 95 personas contratadas como promotores de empleo para las mismas acciones vieron finalizados sus contratos en la misma fecha se discutía si la calificación del despido debía ser la improcedencia o la nulidad por vulneración del artículo 51 del ET. La sentencia referencial desestimó el recurso de suplicación de la Consejería de Economía y Empleo, confirmando la sentencia de instancia que había declarado la nulidad del despido.

4.Por tanto la cuestión que se plantea tanto en la recurrida como en la de contraste resulta coincidente: si cabe apreciar la nulidad del despido impugnado por superación de los umbrales del art. 51.1 ET. En ambos supuestos se trata de trabajadores contratados por la misma administración autonómica para obra o servicio determinados con apoyo en proyectos aprobados por las normas que en cada caso se indican y que contemplan una determinada duración; momento llegado el cual se extinguen los contratos de los actores y de todos los trabajadores contratados en las mismas circunstancias. Con estas semejanzas, mientras que la sentencia recurrida califica el despido como improcedente, la sentencia referencial, por el contrario, lo califica como nulo. Resulta, en consecuencia, cumplimentando el presupuesto exigido por el legislador, tal y como precisa el Ministerio Fiscal.

TERCERO.- . 1.Denuncia la parte actora que la sentencia que recurre ha vulnerado el artículo 51 del ET, ya que los despidos realizados, alegando finalización de la obra o servicio determinado son extinciones ilícitas por no estar amparados los contratos en causa válida de temporalidad, de manera que deben computarse a los efectos de la obligatoriedad de seguir los trámites del despido colectivo, al rebasar los límites numéricos establecidos en el citado art. 51.1 del ET.

2.No obstante la doctrina jurisprudencial de esta Sala ya ha sido establecida de manera reiterada en casos iguales al presente. Las más recientes: SSTS 723/2025, de 16 de julio (rcud 3282/2023), 508/2025, de 28 de mayo (rcud 5324/2023), 56/2025, de 28 de enero (rcud 5278/2023), 42/2025, de 21 de enero (rcud 4796/2023), 1332/2024, de 9 de diciembre (rcud 5374/2023), siguiendo otras más antiguas, como las de 2 de julio de 2024 (rcud 3847/2023); 16 de julio de 2024 (rcud 3476/2023); 26 de septiembre de 2024 (rcud 3403 y 3421/2023); 29 de octubre de 2024 (rcud 3391/2023); 12 de noviembre de 2024 (rcud 3901/2023); 4 de diciembre de 2024 (rcud 4798/2023); 28 de enero de 2025, (rcud 5276/2023); y 24 de abril de 2025 (rcud 3284/2023), apoyadas a su vez en doctrina anterior establecida en sentencias de 21 de abril de 2015 (rcud 1208/2014, 1235/2014 y 1238/2014); 30 de junio de 2016 (rcud 3846/2014); 26 de abril de 2017 (rcud 3336/2015); y 19 de diciembre de 2017 (rcud 3610/2015).

De acuerdo con todas estas resoluciones, la extinción de los contratos temporales (por obra o servicio determinados) de los promotores y asesores de empleo no puede ser tenida en cuenta a los efectos de los umbrales del artículo 51.1 del ET ni, en consecuencia, pueden conducir a la declaración de nulidad, toda vez que no se trata de extinciones debidas a la iniciativa de la entidad empleadora, sino que vienen impuestas por la normativa amparadora de aquellos contratos. Por ello, las antes mencionadas sentencias dictadas por esta Sala en supuestos exactamente iguales que el presente concluyeron que la calificación correcta es la de la improcedencia del despido y no la de nulidad, pues no resultaba obligado acudir al procedimiento de despido colectivo al no tratarse de ceses debidos a la iniciativa y decisión del empresario (administración autonómica), sino consecuencia de las disposiciones que amparan y regulan los contratos celebrados.

A la vista de lo expuesto, no cabe ahora sino aplicar dicha doctrina, dado que no concurre en este caso ninguna circunstancia específica que justifique un apartamiento de la misma para el caso de la recurrente.

CUARTO.- 1.Lo anteriormente razonado, de conformidad con el Ministerio Fiscal, obliga a desestimar el recurso presentado.

2.No se hace expresa imposición de costas conforme al artículo 235.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

PRIMERO.- 1.La cuestión objeto del presente recurso de casación para la unificación de doctrina es la determinar si el despido de la trabajadora, prospectora en oficina de empleo del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL) debe ser declarado nulo y no improcedente, por vulneración del artículo 51 del ET, por considerar que se trata de un despido colectivo debido a la concurrencia temporal con otras extinciones de la misma naturaleza acordadas por la demandada en relación a otros trabajadores con análogos puestos de trabajo y contratos en fechas próximas.

2.La sentencia del Juzgado de lo Social número dos de Burgos de 10 de marzo de 2023, autos 790/2022, estimó en parte la demanda presentada por doña Julia contra el Servicio de Empleo de Castilla y León (ECYL) y declaró la improcedencia del despido. Según recoge la sentencia, en lo que aquí interesa, la actora comenzó a prestar servicios para el SECYL el día 19/11/2020, en virtud de un contrato de trabajo temporal por obra o servicio determinado, en la oficina de empleo de Villarcayo, a jornada completa, con categoría profesional de "prospector laboral". El objeto del contrato de trabajo por obra o servicio determinado suscrito consistió en: "La realización de la obra o servicio denominado Proyecto de prospección del mercado de trabajo": captación de ofertas y demandas de empleo, aprobado por Resolución de 29 de septiembre de 2020 de la presidenta del Servicio de Empleo de Castilla y León. Las actuaciones a realizar por los prospectores se articulan en torno a tres ejes fundamentales: a) Acciones de prospección e identificación de necesidades de los empleadores y captación de ofertas de empleo; b) Información y asesoramiento sobre contratación y las medidas de apoyo a la activación, la contratación e inserción en la empresa; y c) Intermediación entre ofertas y demandas de empleo. En fecha 25/8/2022, la demandada ECYL comunica a la parte actora que su contrato de trabajo finaliza el día 5 de octubre de 2022 motivado por la finalización de la obra o servicio para la que fue contratada, cumpliendo con el art. 49.1.c) del ET y con una indemnización por fin de contrato de 1.697,69 euros. En fecha 5/10/2022 se da de baja a la trabajadora en la Seguridad Social. El día 5/10/2022, el ECYL formalizó la extinción de 90 contratos temporales por obra o servicio determinado, suscritos por trabajadores que habían prestado servicios como prospectores Laborales, con idénticas causas que las que sirvieron para poner fin a la relación laboral de la actora.

3.La sentencia 548/2023, de 13 de julio (rec. 446/2023), de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos) desestimó los recursos de la trabajadora y el ECYL.

4.En el recurso de casación para la unificación de la doctrina se formula el punto de contradicción expuesto anteriormente para el que se identifica como sentencia de contraste la dictada por la misma Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, el 18 de marzo de 2013 en el recurso 266/2013 y, en cuanto a la infracción legal denunciada, aunque no expresa su amparo legal dentro de los diferentes epígrafes del artículo 207 LRJS, tal y como exige el artículo 224.2 de la misma Ley, fundamenta la infracción legal que considera imputable a la sentencia recurrida en la vulneración del artículo 51 del ET, lo que permite identificar su encuadramiento procesal, pese a la omisión de la parte, en la letra e) del artículo 207 LRJS, constituyendo un único motivo de recurso directamente relacionado con la contradicción entre la sentencia recurrida y la sentencia de contraste que se invoca.

5.La parte recurrida presentó escrito de impugnación del recurso en el que alega falta de contradicción entre la sentencia recurrida y la invocada en el recurso de contraste.

6.El Ministerio Fiscal informó en sentido favorable a la existencia de contradicción entre las sentencias, pero en contra de la estimación del recurso, porque entiende que la solución más ajustada a Derecho es la contenida en la sentencia recurrida, que dice que coincide con la posición mantenida por esta Sala Cuarta desde la sentencia de Pleno de 21-04-2015, rec. 1235/2014.

SEGUNDO.- 1.Debemos examinar el requisito de contradicción exigido por el art. 219.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social en relación con la sentencia de contraste alegada. El presupuesto procesal de contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales [por todas, sentencias del TS 861/2022, de 26 de octubre (rcud 4665/2019); 893/2022, de 10 de noviembre (rcud 2882/2021); y 968/2022, de 20 de diciembre (rcud 2984/2021)].

2.La sentencia recurrida, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, el 13 de julio de 2023 (rec. 446/2023), como quedó expuesto más arriba, recoge que la actora fue contratada por el Servicio de Empleo de Castilla y León (ECYL) como prospectora de empleo. Sus funciones incluían prospección y asesoramiento a empleadores y desempleados. El 5 de octubre de 2022, se le comunicó el fin de la relación laboral por conclusión de la obra y, simultáneamente, las contrataciones de otros 90 prospectores fueron extinguidas. La controversia relevante a estos efectos casacionales se centró en la calificación del despido como nulo, por tratarse de un despido colectivo en el que se había omitido el preceptivo periodo de consultas del artículo 51 del ET o meramente improcedente. La sentencia de instancia y la aquí recurrida calificaron el despido como improcedente.

3.La sentencia de contraste, dictada por la misma Sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, el 18 de marzo de 2013 (recurso 266/2013), versaba sobre un trabajador contratado el 3 de enero de 2012 por la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León como promotor de empleo, cuya finalización se le comunicó con efectos del 30 de junio de 2012. El contrato se consideró no amparado en una causa de temporalidad válida y por tanto su extinción se entendió ilícita. Debido a que 95 personas contratadas como promotores de empleo para las mismas acciones vieron finalizados sus contratos en la misma fecha se discutía si la calificación del despido debía ser la improcedencia o la nulidad por vulneración del artículo 51 del ET. La sentencia referencial desestimó el recurso de suplicación de la Consejería de Economía y Empleo, confirmando la sentencia de instancia que había declarado la nulidad del despido.

4.Por tanto la cuestión que se plantea tanto en la recurrida como en la de contraste resulta coincidente: si cabe apreciar la nulidad del despido impugnado por superación de los umbrales del art. 51.1 ET. En ambos supuestos se trata de trabajadores contratados por la misma administración autonómica para obra o servicio determinados con apoyo en proyectos aprobados por las normas que en cada caso se indican y que contemplan una determinada duración; momento llegado el cual se extinguen los contratos de los actores y de todos los trabajadores contratados en las mismas circunstancias. Con estas semejanzas, mientras que la sentencia recurrida califica el despido como improcedente, la sentencia referencial, por el contrario, lo califica como nulo. Resulta, en consecuencia, cumplimentando el presupuesto exigido por el legislador, tal y como precisa el Ministerio Fiscal.

TERCERO.- . 1.Denuncia la parte actora que la sentencia que recurre ha vulnerado el artículo 51 del ET, ya que los despidos realizados, alegando finalización de la obra o servicio determinado son extinciones ilícitas por no estar amparados los contratos en causa válida de temporalidad, de manera que deben computarse a los efectos de la obligatoriedad de seguir los trámites del despido colectivo, al rebasar los límites numéricos establecidos en el citado art. 51.1 del ET.

2.No obstante la doctrina jurisprudencial de esta Sala ya ha sido establecida de manera reiterada en casos iguales al presente. Las más recientes: SSTS 723/2025, de 16 de julio (rcud 3282/2023), 508/2025, de 28 de mayo (rcud 5324/2023), 56/2025, de 28 de enero (rcud 5278/2023), 42/2025, de 21 de enero (rcud 4796/2023), 1332/2024, de 9 de diciembre (rcud 5374/2023), siguiendo otras más antiguas, como las de 2 de julio de 2024 (rcud 3847/2023); 16 de julio de 2024 (rcud 3476/2023); 26 de septiembre de 2024 (rcud 3403 y 3421/2023); 29 de octubre de 2024 (rcud 3391/2023); 12 de noviembre de 2024 (rcud 3901/2023); 4 de diciembre de 2024 (rcud 4798/2023); 28 de enero de 2025, (rcud 5276/2023); y 24 de abril de 2025 (rcud 3284/2023), apoyadas a su vez en doctrina anterior establecida en sentencias de 21 de abril de 2015 (rcud 1208/2014, 1235/2014 y 1238/2014); 30 de junio de 2016 (rcud 3846/2014); 26 de abril de 2017 (rcud 3336/2015); y 19 de diciembre de 2017 (rcud 3610/2015).

De acuerdo con todas estas resoluciones, la extinción de los contratos temporales (por obra o servicio determinados) de los promotores y asesores de empleo no puede ser tenida en cuenta a los efectos de los umbrales del artículo 51.1 del ET ni, en consecuencia, pueden conducir a la declaración de nulidad, toda vez que no se trata de extinciones debidas a la iniciativa de la entidad empleadora, sino que vienen impuestas por la normativa amparadora de aquellos contratos. Por ello, las antes mencionadas sentencias dictadas por esta Sala en supuestos exactamente iguales que el presente concluyeron que la calificación correcta es la de la improcedencia del despido y no la de nulidad, pues no resultaba obligado acudir al procedimiento de despido colectivo al no tratarse de ceses debidos a la iniciativa y decisión del empresario (administración autonómica), sino consecuencia de las disposiciones que amparan y regulan los contratos celebrados.

A la vista de lo expuesto, no cabe ahora sino aplicar dicha doctrina, dado que no concurre en este caso ninguna circunstancia específica que justifique un apartamiento de la misma para el caso de la recurrente.

CUARTO.- 1.Lo anteriormente razonado, de conformidad con el Ministerio Fiscal, obliga a desestimar el recurso presentado.

2.No se hace expresa imposición de costas conforme al artículo 235.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.