Sentencia Social 88/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 2251/2022 de 04 de febrero del 2025

PRIMERO.- 1.Plantea la parte actora la interpretación acerca de la carga de la prueba y la deuda de seguridad que el empresario tiene con el trabajador, postulando la unificación para resolver hasta donde debe acreditar la empresa haber agotado toda la diligencia posible en materia preventiva frente a las imprudencias del trabajador para que la misma quede exonerada de culpabilidad. Postula correlativamente la imposición de un recargo de prestaciones por el accidente de trabajo sufrido.

Impugna la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 8 de marzo de 2022 (RS. 2706/21) desestimatoria de su recurso frente a la dictada en instancia, que había desestimado la pretensión de que se impusiera un recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad. Considera la Sala que no concurre el nexo causal necesario entre el incumplimiento por parte de la empresa de la medida formativa y el accidente de trabajo, dado que su producción solo puede imputarse a la negligencia del trabajador el cual, despreciando las consecuencias que pudiera producirle el uso de la máquina sin protección alguna, y siendo el encargado del taller con amplia experiencia, se expone al riesgo. Señala que la máquina contaba con las medidas de seguridad necesarias y se encontraba en perfecto funcionamiento, siendo el actor el encargado de manejarla, lo que hizo sin el protector y sin el empujador necesario para las piezas pequeñas, medidas preventivas que conocía y despreció, lo que excede de una simple imprudencia profesional, conformando una actitud temeraria e imprevisible para la empresa, puesto que era el encargado y, por mucho que no estuviera documentada su formación en materia preventiva en la empresa externa, no puede considerarse que concurra nexo causal entre el defecto de formación y el accidente porque la falta de formación no está en la base del accidente.

2.El Fiscal, en el traslado conferido en virtud de lo establecido en el art. 226.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS) informa la desestimación del recurso deducido. Partiendo de la apreciación de la contradicción, argumenta que si bien la empresa incumplió su obligación de dar información al trabajador sobre los riesgos de su puesto de trabajo y formación específica acerca de los riesgos relativos a la maquinaria peligrosa existente en el taller, la causa directa del accidente fue la utilización por el trabajador de la máquina encuadradora sin seguir las instrucciones suministradas por el fabricante del equipo de trabajo, al realizar el corte sin utilizar el protector, ni el empujador. Entiende así que tal conducta que constituyó una imprudencia temeraria del trabajador, quien pese a no haber recibido formación específica acerca de los riesgos, los conocía, dada su experiencia y su condición de encargado y, pese a ello, decidió actuar sin los mecanismos de seguridad de la máquina (protector y empujador). Esta conducta ha de considerarse imprevisible para el empresario y, por lo tanto, imposible de evitar, lo que le exime de responsabilidad, tal y como concluyó la sentencia recurrida.

Impugnan el recurso unificador las mercantiles demandadas -Metracryl y Herrajes SLU y Sistemas y Acrílicos Castalla S.L.- negando en primer término la identidad fáctica y del debate acaecido en las sentencias objeto de contraste. Argumentan seguidamente la inexistencia de una infracción del art. 164 TRLSS, por acreditarse la falta de relación de causalidad entre las infracciones formales existentes y el accidente.

La letrada de la Administración de la Seguridad Social presenta alegaciones en el traslado al efecto conferido, manifestando que en todo caso procedería la absolución de la EG. Adiciona que, no obstante lo anterior, la sentencia dictada es plenamente ajustada a derecho, no existiendo responsabilidad empresarial derivada del accidente acaecido.

SEGUNDO.- 1.A los efectos de analizar la concurrencia del presupuesto de contradicción exigido por el art. 219 LRJS, los hechos a destacar son los siguientes: el actor, nacido en 1968, tenía como profesión la de montador y ensamblador de muebles con la categoría de encargado y antigüedad de 19 de septiembre de 2008. El 13 de junio de 2917 sufrió un accidente de trabajo con amputación traumática del dedo pulgar derecho, causando baja el mismo día; tras el correspondiente expediente, se declaró al trabajador afectado de lesiones permanentes no invalidantes con derecho a una indemnización de 1.920 euros.

El accidente se produjo cuando estaba cortando unas piezas en la máquina escuadradora y para pasar la pieza estaba usando la mano derecha sin utilizar el empujador ni el resguardo, cuando el dedo se desplazó hacia el disco, produciéndose la lesión. En el momento de los hechos el trabajador no había recibido información sobre los riesgos de su puesto de trabajo y sobre los relativos a la maquinaria peligrosa existente en el taller. El accidente fue calificado de leve. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social emitió informe en el que se dice que no existe responsabilidad administrativa de la empresa que pueda relacionarse causalmente con el accidente, por la experiencia del trabajador y las condiciones óptimas de la maquinaria; no obstante, inicia expediente sancionador contra la empresa por falta de formación al trabajador sobre los riesgos del puesto de trabajo y formación específica sobre los riesgos de su puesto y sobre los relativos a la maquinaria peligrosa existente en el taller, sin considerar que estas deficiencias fueran la causa del accidente laboral; la empresa aceptó y cumplió la sanción que se le impuso.

2.La sentencia invocada como referencial es la del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 25 de octubre de 2021 (RS. 510/2021), que desestimó el recurso de la empresa y confirmó la de instancia que había mantenido la resolución que impuso al empleador la obligación de abonar el recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad en cuantía del 30%.

Los hechos que declaró probados son, en esencia, los que siguen: el actor, que tenía como profesión la de oficial 2ª de carpintería, prestaba servicios para la empresa desde el 28 de septiembre de 2015. El 29 de enero de 2019, cuando se encontraba cortando tableros utilizando una escuadradora, perdió la atención y su mano derecha contactó con el disco de corte, provocándole lesiones en la palma y primer dedo de la mano; en el momento del accidente el resguardo protector del disco de corte estaba colocado inadecuadamente pues se encontraba levantado más de 10 cm. sobre el disco y él no estaba usando el accesorio empujador de la pieza. El trabajador había realizado dos cursos de formación laboral preventiva. La Inspección de Trabajo levantó acta en la que se decía que existía un incumplimiento de la obligación de la empresa de proteger la seguridad y salud de sus trabajadores, proporcionándoles el equipo más adecuado y seguro, por lo que se considera que existe una infracción grave y se impone una sanción en su grado mínimo. Tramitado expediente de recargo de prestaciones, por el INSS se declaró su procedencia en cuantía del 30%.

La Sala estima que el accidente se debió a un mal uso de la máquina de cortar, existiendo un riesgo potencial y objetivo en el centro de trabajo, donde se cortan piezas, sin que conste que, más allá de la alegación de existencia de cursos de formación y experiencia del trabajador, existiera un mecanismo de parada de la máquina de cortar al detectar que el protector manual esté mal colocado. Razona asimismo que el empresario, como deudor de seguridad, no cumplió con su obligación de proporcionar al trabajador una protección eficaz al no acreditar que hubiera adoptado las medidas de protección necesaria, cualesquiera que ellas fueren, para impedir el accidente.

3.A pesar de las similitudes que se observan en ambas resoluciones, concurren elementos que impiden apreciar la identidad esencial exigida por el citado art. 219 LRJS.

En el plano fáctico se observa un nivel de experiencia y categoría -aunque sean trabajadores de empresas de carpintería- que difiere en los casos enfrentados. En la recurrida, el trabajador tenía la categoría de encargado según nómina y profesión de montador y ensamblador de muebles, con antigüedad de casi nueve años, condiciones que devienen esenciales en la impugnada para calificar la conducta de aquel; en la referencial, el actor tenía como profesión la de oficial 2ª de carpintería y una antigüedad de poco más de tres años. Difiere también el grado de cumplimiento en la formación en materia de seguridad: ausente en la actual y proporcionada por la empresa en la de contraste.

De manera más relevante, resulta divergente la forma de producción del accidente. En el actual procedimiento se hace constar que la máquina cortadora estaba en condiciones óptimas y el accidente se produce por la falta de utilización de las medidas de protección individual -empujador y resguardo-, mientras que en la de contraste el disco de corte de la máquina estaba colocado a una altura indebida, provocando el accidente junto con la falta de uso de las medidas de protección individual y no existir un sistema de parada de la máquina de cortar que detectara que el protector de colocación manual estaba a una altura superior e innecesaria para efectuar el trabajo. Las circunstancias, por tanto, son distintas: en un caso el trabajador no utilizó el protector ni el empujador para cortar piezas pequeñas y poder evitarlo, y en el otro se cortaba una pieza grande, pero el disco tenía una altura excesiva. El informe de la ITSS determinó en nuestro litigio la apertura de expediente sancionador por presunta infracción de la empresa ahora demandada sobre formación e información en riesgos laborales, pero sin relación de causalidad en el accidente de trabajo. En el de referencia, la Inspección de Trabajo levantó acta de infracción al entender que el accidente se produjo por la utilización de la máquina de cortar sin el resguardado protector del disco ajustado a la altura de la pieza de madera que se trabajaba, dejando accesible la mano al disco de corte, y empujar la pieza directamente con la mano, entendiendo que existía un incumplimiento de la obligación de la empresa de proteger la seguridad y salud de los trabajadores proporcionándoles el equipo más adecuado para realizar el trabajo.

De manera correlativa, la sentencia recurrida se limita a valorar la conducta negligente del trabajador, sin que integre el debate de si la empresa hubiera podido adoptar alguna medida más, pues parte de la base del perfecto estado de la máquina, mientras que, por el contrario, en el caso de la de contraste, la argumentación de la sentencia se funda en que, en todo caso, la empresa podría haber adoptado alguna medida de protección más intensa, sin que se discuta la actuación del trabajador.

Los fallos emitidos resultan divergentes, pero responden a los hechos, elementos y debates diferentes que se observan en cada litigio, razón que determina que no haya doctrina que unificar.

TERCERO.-Las precedentes consideraciones conllevan, en la fase que nos encontramos, la desestimación del recurso, oído el Ministerio Fiscal. La inicial causa de inadmisión torna así su naturaleza en causa de desestimación [ SSTS IV 620/2022, de 6 julio (rcud 2309/2019); 776/2022, de 27 septiembre (rcud 965/2020); y 893/2022, de 10 noviembre (rcud 2882/2021); 895/2023 de 30 octubre (rcud 1871/2021); 17/2023 de 11 enero (rcud 1847/2019) y 302/2023 de 25 abril (rcud 1529/2020) entre otras muchas], debiendo declararse la firmeza de la sentencia impugnada.

No procede especial pronunciamiento en costas ( art. 235.1 LRJS) .