Sentencia Social 593/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 3891/2023 de 04 de junio del 2025

PRIMERO.- Cuestión controvertida

1.-La cuestión controvertida está centrada en determinar la cuantificación de la indemnización por daños morales derivada de la vulneración de derechos fundamentales - libertad sindical y derecho de huelga- cuando tanto en la sentencia recurrida como en la de contraste, se han fijado importes distintos - 10.000 euros en la sentencia recurrida ( STSJ, Social de Madrid de 16 de mayo de 2023 rec 978/2022) y 7.501 euros en la indicada de contraste ( STSJ, Social de Madrid de 9 de enero de 2023, rec 1041/2022)-.

2.-En estas sentencias se examinan el caso de dos trabajadores, maquinistas de Renfe, liberados sindicales, pertenecientes al mismo sindicato, que participaron como miembros del comité de una huelga convocada en fecha 30 de septiembre y varios días del mes de octubre de 2021, que fueron sancionados ambos con suspensión de empleo y sueldo, y que han obtenido sentencias favorables al ser declaradas nulas las sanciones reconociendo la vulneración de esos derechos.

3.-Ahora bien, si bien el núcleo de la contradicción que plantea la parte recurrente - Renfe viajeros SME - permite una delimitación conceptual clara al quedar centrado en determinar la cuantía de los daños morales y establecer cómo debe determinarse, la sala debe llevar a cabo el juicio de contradicción entre sentencia recurrida y la indicada de contraste, y exponer ciertos antecedentes procesales que nos determinaron en su momento procesal a la admisión a trámite parcial del recurso planteado por la empresa y, después, a declarar el desistimiento del interpuesto por el trabajador.

SEGUNDO.- Resumen de antecedentes: los recursos, la sentencia recurrida. La admisión a trámite del rcud de Renfe viajeros SME y el desistimiento del rcud del trabajador.

1.-La sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 7 de Madrid (autos núm. 152/2022), en proceso de impugnación de sanciones y vulneración de derechos fundamentales, estimó la demanda presentada por el trabajador, y declaró nula la sanción por haber sido impuesta con vulneración del derecho de huelga, condenando a la empresa Renfe viajeros SME al reintegro de los salarios de quince días, más el 10 % de intereses y al abono de una indemnización de 60.000,00 euros en concepto de daños morales por vulneración del derecho fundamental a la huelga.

2.-Recurrida en suplicación dicha sentencia por la empresa Renfe viajeros SME, la sala de lo social del TSJ de Madrid dictó sentencia de fecha estimando en parte dicho el recurso, revocando parcialmente el fallo de la misma, al reducir la condena indemnizatoria a la cuantía de 10.000 euros en concepto de indemnización adicional por daños morales derivados de la lesión de derechos fundamentales. Confirmó el confirmando el resto de sus pronunciamientos.

3.-La mencionada sentencia de la sala de lo social del TSJ de Madrid, fundamenta la fijación, y consiguiente minoración, de la indemnización en el fundamento jurídico quinto que pasamos a trascribir:

"«En último término cuestiona ADIF [sic], con idéntica censura normativa, el importe de la cuantía indemnizatoria impuesta, para el caso de que por la Sala entendiera que por parte de mi [sic] representada se produjo una vulneración del derecho de libertad sindical y huelga como consecuencia de la sanción impuesta al actor interesando se ajuste su cuantía a lo dispuesto en la LISOS.

Se opone el actor a la estimación del motivo en tanto en cuanto no existe obligación legal alguna que imponga al juzgador la ponderación del daño moral derivado de la lesión de derecho fundamental con arreglo a los criterios sancionadores de la LISOS.

A este respecto, conviene indicar que la Sala también se ha pronunciado sobre el importe reparador del daño moral derivado de la lesión de los derechos fundamentales titularidad del actor derivados de la actuación empresarial, concluyendo que "En el caso presente entendemos concurren indicios serios, consistentes y sólidos de que la sanción impuesta al trabajador vulnera derechos fundamentales justificando el desplazamiento de la carga probatoria a la empresa de que su actuación es ajena y absolutamente extraña a esa vulneración, por existir una causa objetiva y proporcionada para imponerle una sanción de suspensión de empleo y sueldo de 15 días.

El demandante es miembro de la Comisión Ejecutiva del Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (SEMAF), sindicato más representativo en RENFE, miembro del Comité General del Grupo RENFE, liberado sindical y miembro del Comité de Huelga convocada los días 30 de septiembre, 1, 4, 5, 7, 8, 11 y 12 de octubre de 2021. Es el sindicato SEMAF el que convocó la huelga el 7-9-21 en el Grupo RENFE ( Renfe Viajeros, Renfe Mercancías, Renfe Fabricación y Mantenimiento y Renfe Alquiler de Material Ferroviario), que afectó a todo el personal de conducción, en todo el territorio nacional, para los días 30 de septiembre, 1, 4, 5, 7, 8, 11 y 12 de octubre de 2021.Fue SEMAF el que impugna ante la Audiencia Nacional los servicios mínimos impuestos para la huelga convocada por el Ministerio de Trasportes y la adopción de medidas cautelarísimas que obligan a la Administración a rectificar y reducir los servicios mínimos en cercanías al 75%. La carta sanción que es idéntica a la recibida por el resto de los miembros del Comité de Huelga, adolece de una total falta de concreción de los hechos imputados y qué Administración de Justicia conducta concreta infractora se atribuye al demandante.

Y frente a estos indicios consistentes no se nos ofrece por la empresa una explicación satisfactoria, objetiva, razonable y proporcionada a su proceder sancionando al actor, antes bien, ha incurrido en infracción de los derechos de libertad sindical y huelga, al pretender con ello hacer responsable al sindicato SEMAF de las deficiencias derivadas de la huelga, responsabilidad que por lo demás corresponde a la empresa en su gestión de los servicios mínimos, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad que pudiese exigirse individualmente a aquellos trabajadores que estando llamados a cumplirlos hubiesen incumplido su obligación.

Por consiguiente, resultando del relato de hechos probados y de la fundamentación jurídica de la sentencia de instancia circunstancias reveladoras de que se produjo la violación de los derechos fundamentales a la libertad sindical y huelga del actor, en cuando medida de represalia encubierta una vez se llegó a un acuerdo para mermar en un futuro la acción sindical y el derecho de huelga, entendemos se han producido daños morales unidos a la lesión que precisan ser reparados.

Al respecto, debemos tener en cuenta las consideraciones vertidas por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en la sentencia de 20 de abril de 2022 anteriormente citada, en el sentido de que dado que la horquilla de la cuantificación de las multas para un mismo tipo de infracción es muy amplia, para determinar el importe de la indemnización resulta preciso valorar las circunstancias concurrentes en cada caso, como, a título ejemplificativo, la antigüedad del trabajador en la empresa, la persistencia temporal de la vulneración del derecho fundamental, la intensidad del quebrantamiento del derecho, las consecuencias que se provoquen en la situación personal o social del trabajador, la posible reincidencia en conductas vulneradoras, el carácter pluriofensivo de la lesión, el contexto en el que se haya podido producir la conducta, o una actitud tendente a impedir la defensa y protección del derecho transgredido.

Pues bien, valorando en este caso concreto las circunstancias concurrentes hemos de tener en cuenta y ponderar se han lesionado dos derechos fundamentales y no solamente uno, el carácter pluriofensivo de la lesión que ha afectado a otros miembros del comité de huelga, la persistencia temporal de la vulneración del derecho fundamental, la intensidad del quebrantamiento del derecho, la plantilla de la empresa demandada, la finalidad disuasoria, punitiva y de prevención del daño ( art. 183.2 LRJS) , estimándose más prudente y proporcionada por la Sala la fijación de una indemnización de 10.000 euros en función de tales circunstancias.

Razones de seguridad jurídica conducen a esta Sección de Sala a acoger dichos argumentos, lo que determina la estimación parcial del recurso que nos ocupa, en el sentido de minorar el quantum indemnizatorio derivado de la lesión de los derechos fundamentales de libertad sindical y huelga a la cantidad de 10.000 euros. »

4.-Frente a dicha sentencia, acuden en casación para la unificación de doctrina, tanto la empresa como el trabajador, solicitando aquélla una reducción de la indemnización y su incremento.

5.-Esta Sala, por providencia de 12 de julio de 2024. admitió a trámite el recurso de casación para unificación de doctrina interpuesto por la empresa Renfe viajeros SME. En dicho recurso se invocaba infracción del art 183.2 LRJS, como sentencia de contraste la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sala social, de 9 de enero de 2023 (rec 1041/2022). Se solicitaba que la indemnización quedara fijada en 7.501 euros.

6.-Respecto del recurso de casación formulado por el trabajador:

(a )Esta sala acordó dar traslado a las partes por posible falta de contradicción con relación al formulado por el trabajador.

(b) Mediante escrito presentado en fecha 24 de junio de 2024, la representación letrada de la empresa Renfe Viajeros SME hizo alegaciones en el sentido de que debía inadmitirse el recurso interpuesto por el trabajador. Invocaba como fundamento ATS, Social, de 17 de enero de 2024, recaído en recud 2602/2023, que inadmitió recurso de tal clase interpuesto por ella en asunto idéntico al presente, y en el que aportaba como sentencia de contraste la misma que en el presente caso al tratarse de un compañero del comité de huelga del trabajador aquí recurrente. Como fundamento de la inadmisión esta sala consideraba que no puede variarse la indemnización fijada por el Tribunal de instancia salvo que está fuera desproporcionada o irracional.

(c) En esa misma fecha 24 de junio de 2024, el trabajador presentó escrito ante esta Sala de lo Social solicitando el desistimiento del recurso de casación para unificación de doctrina presentado.

(d) Mediante decreto de fecha 25 de junio de 2024 de esta Sala, se acordó tenerle por desistido de su recud contra la sentencia dictada por la sala de lo social del TSJ de Madrid rec 978/2022, dictada en fecha 16 de mayo de 2023, sin imposición de costas, acordándose la continuación del procedimiento con relación al recurso planteado por renuncie Renfe viajeros SME.

7.-El Ministerio Fiscal en su informe interesa la desestimación del recurso de casación para unificación de doctrina formalizado por la empresa. Repara en que aunque pueda predicarse la contradicción entre ambas sentencias en cuanto a la cantidad fijada como daño moral de indemnización para el trabajador por la vulneración de la libertad sindical, sin embargo la sentencia recurrida acoge razonamientos distintos que prudencialmente inciden en la elevación de la cantidad a 10.000 euros, minorando los 60.000 euros impuestos en la instancia. Y añade que si el grado mínimo de la sanción se sitúa de 7.501 a 30.000 euros, conforme al art 40.1.c) de la LISOS, es evidente que la sentencia se ha incardinado en los parámetros legales adecuados. Concluye señalando que la sentencia recurrida es correcta, sin que resulte preciso unificar doctrina con relación al extremo controvertido.

TERCERO.- Juicio de contradicción

1.-El presupuesto del artículo 219.1 LRJS .- El artículo 219 LRJS exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales».

La contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales.

2.-A efecto referencial Renfe Viajeros SME identifica la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 4/2023, de enero rec 1041/2022.

Esta sentencia resuelve un recurso de suplicación contra la dictada por el Juzgado de lo Social de Madrid núm. 36, de 20 de abril de 2022, que había declarado procedente la sanción del trabajador. La sala de revocó el fallo de la sentencia de instancia y estimando parcialmente la demanda:

a) Declaró la existencia de vulneración de los derechos fundamentales de libertad sindical y huelga por Renfe Mercancías S.A., así como la nulidad radical de la sanción impuesta al trabajador por la empresa.

b) Ordenó a Renfe Mercancías S.A. el cese inmediato de la indicada conducta, dejando sin cualquier efecto de la sanción impuesta, incluyendo la suspensión salarial derivada de la misma por el periodo objeto de cumplimiento, debiendo la empleadora abonar tales cantidades al trabajador.

c) Dispuso la reparación de las consecuencias derivadas de la conducta vulneradora de los derechos fundamentales condenando a Renfe Mercancías S.A. al pago al recurrente de una indemnización de 7.501 euros.

3.-En lo que constituye núcleo de la contradicción en el presente proceso - la fijación de indemnización reparadora por vulneración de derechos fundamentales- , la sentencia referencial razona, en el tramo final de su fundamento jurídico único, textualmente:

«La jurisprudencia del Tribunal Supremo (véanse las recientes sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 22 de febrero de 2022, RCUD 4322/2019 y 9 de marzo de 2022, RCUD 2269/2019 ) ha estimado que el importe de la indemnización se fije tomando como referencia las sanciones que prevé la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social para la correspondiente conducta y en este caso las referencias serían las infracciones muy graves del artículo 8 puntos 8 , 10 y 12 de la citada Ley (Real Decreto Legislativo 5/2000 ), que llevan a dicha tipificación las conductas vulneradoras de los derechos fundamentales de libertad sindical y huelga, siendo el importe de la sanción mínima de 7.501 euros a partir del 1 de octubre de 2021, fecha de entrada en vigor del número dos de la disposición final primera de la Ley 10/2021 , que era ya la norma aplicable en el momento de la imposición y cumplimiento de la sanción que constituye la conducta vulneradora de los derechos fundamentales. »

4.-Al delimitar la cuestión controvertida ya adelantamos que ambas sentencias enjuician el caso de dos trabajadores, maquinistas de Renfe, liberados sindicales, pertenecientes al mismo sindicato, que participaron como miembros del comité de una huelga convocada en fecha 30 de septiembre y varios días del mes de octubre de 2021, que fueron sancionados ambos con suspensión de empleo y sueldo, y que, tras impugnación de esas sanciones invocando vulneración de derechos fundamentales, han obtenido sentencias favorables al ser declaradas nulas las sanciones reconociendo la vulneración de esos derechos.

Por tanto, la identidad de los supuestos contrastados (hechos) es incuestionable.

5.-También concurre la identidad de fundamentos y pretensiones. Ahora bien, la solución en la recurrida y en la de contraste es divergente.

La diferencia radica en que se han fijado importes indemnizatorios distintos - 10.000 euros en la sentencia recurrida ( STSJ, Social de Madrid de 16 de mayo de 2023 rec 978/2022) y 7.501 euros en la indicada de contraste ( STSJ, Social de Madrid de 9 de enero de 2023, rec 1041/2022)-.

6.-La simplicidad y sencillez como se presenta la divergencia es clara. Sin embargo, no puede dejar de advertirse la dificultad de establecer el criterio de fijación de indemnizaciones por daño moral en la situación planteada, si tenemos en cuenta que conforme al art. 183.2 LRJS «[E]l tribunal se pronunciará sobre la cuantía del daño, determinándolo prudencialmente cuando la prueba de su importe exacto resulte demasiado difícil o costosa, para resarcir suficientemente a la víctima y restablecer a ésta, en la medida de lo posible, en la integridad de su situación anterior a la lesión, así como para contribuir a la finalidad de prevenir el daño.» El legislador en esta materia institucionaliza el juicio prudencial en orden a fijar la indemnización procedente.

(a) Por una parte, la indemnización por vulneración de los derechos fundamentales en la sentencia recurrida se ha determinado atendiendo a las circunstancias del trabajador, que se describen, y las diversas vicisitudes acontecidas. Tiene en cuenta expresamente los criterios expuestos en STS 356/2022, de 20 de abril rec. 2391/2019, que marcan indicadores orientativos. Rebaja la indemnización por daño moral de 60.000 euros fijada en la sentencia de instancia a 10.000 euros, reteniendo, asimismo la literalidad de un precedente de la misma, que entrecomilla pero no identifica, en el que se puede leer « [...] que se han lesionado dos derechos fundamentales y no solamente uno, el carácter pluriofensivo de la lesión que ha afectado a otros miembros del comité de huelga, la persistencia temporal de la vulneración del derecho fundamental a, la intensidad del quebrantamiento del derecho, la plantilla de la empresa demandada, la finalidad disuasoria, punitiva y de prevención del daño ( art. 183.2 LRJS) , estimándose más prudente y proporcionada por la Sala la fijación de una indemnización de 10.000 euros en función de tales circunstancias.»

Y concluye que «razones de seguridad jurídica conducen a esta Sección de Sala a acoger dichos argumentos, lo que determina la estimación parcial del recurso que nos ocupa, en el sentido de minorar el quantum indemnizatorio derivado de la lesión de los derechos fundamentales de libertad sindical y huelga a la cantidad de 10.000 euros. »

(b) Por otra parte, la sentencia de contraste, ante idénticas situaciones, fija una indemnización, por primera vez, al estimar el recurso, y lo hace por referencia exclusiva, sin mayor detalle, «a las sanciones que prevé la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social », y que «para la correspondiente conducta y en este caso las referencias serían las infracciones muy graves del artículo 8 puntos 8 , 10 y 12 de la citada Ley (Real Decreto Legislativo 5/2000 ), que llevan a dicha tipificación las conductas vulneradoras de los derechos fundamentales de libertad sindical y huelga, siendo el importe de la sanción mínima de 7.501 euros.»

7.-Llegados a este punto, conviene recordar que el recurso de casación para la unificación de doctrina no es apto para comparar doctrinas abstractas, que es lo que pretende aquí el recurrente, sino que trata de la aplicación de la jurisprudencia a supuestos concretos, que deben de mostrar así una contradicción clara y evidente.

Y precisamente estamos ante un supuesto en que la sentencia recurrida es contradictoria con la solución dada en la sentencia de contraste.

8.-Como hemos indicado el criterio de cuantificación del daño, en casos como el presente, descansa en la prudencia del Tribunal. A partir de ahí se han ido estableciendo criterios orientativos que contribuyen a integrar y facilitar ese juicio prudencial que se espera de los tribunales.

Respecto de este método de cuantificación, es reiterada ya nuestra doctrina como dice la STS 241/2025, de 25 de marzo rec 1138/2024 que establece que « [E]n casos como el presente resulta conveniente recordar nuestra propia jurisprudencia sobre la cuestión suscitada, a fin de determinar si estamos ante sentencias contradictorias doctrinalmente, o bien ante resoluciones divergentes pero obedientes a un mismo cuerpo interpretativo.

A) La sentencia de esta Sala de 20 de abril de 2022 (rec. 2391/2019), entre otras muchas, recordaba que "nuestras SSTS de 22 de febrero de 2022, Rcud. 4322/2019 y de 9 de marzo de 2022, Rcud. 2269/2019, la STS de 5 de octubre de 2017, Rcud. 2497/2015 contiene un resumen de la doctrina actual de la Sala en la materia, con cita de sentencias anteriores de la Sala en las que hemos dicho que los daños morales resultan indisolublemente unidos a la vulneración del derecho fundamental, y al ser especialmente difícil su estimación detallada, deben flexibilizarse las exigencias normales para la determinación de la indemnización. Reiterando esa doctrina, la indemnización de daños morales abre la vía a la posibilidad de que sea el órgano judicial el que establezca prudencialmente su cuantía, sin que pueda exigirse al reclamante la aportación de bases más exactas y precisas para su determinación, en tanto que en esta materia se produce la "inexistencia de parámetros que permitan con precisión traducir en términos económicos el sufrimiento en que tal daño [moral] esencialmente consiste ... [lo que] lleva, por una parte, a un mayor margen de discrecionalidad en la valoración ... y, por otra parte, "diluye en cierta medida la relevancia para el cálculo del quantum indemnizatorio" de la aplicación de parámetros objetivos, pues "los sufrimientos, padecimientos o menoscabos experimentados "no tienen directa o secuencialmente una traducción económica" [ SSTS/Iª 27/07/06 Ar. 6548; y SSTS/4ª 28/02/08 -rec. 110/01-]" ( SSTS 21/09/09 -rcud 2738/08-; y 11/06/12 -rcud 3336/11)", de tal forma que "en atención a la nueva regulación que se ha producido en la materia tras la LRJS se considera que la exigible identificación de "circunstancias relevantes para la determinación de la indemnización solicitada" ha de excepcionarse en el caso de los daños morales unidos a la vulneración del derecho fundamental cuando resulte difícil su estimación detallada".

B) Igualmente, hemos afirmado que la utilización del criterio orientador de las sanciones pecuniarias previstas por la Ley de infracciones y sanciones del orden para las infracciones producidas en el caso, ha sido ha sido admitido por la jurisprudencia constitucional ( STC 247/2006, de 24 de julio), a la par que considerado idóneo y razonable en precedentes decisiones de esta Sala (SSTS de 15 de febrero de 2012, Rcud. 6701; de 8 de julio de 2014, Rec. 282/13; de 2 de febrero de 2015, Rec. 279/13 ; de 19 de diciembre de 2017, Rcud. 624/2016 y de 13 de diciembre de 2018; entre muchas otras). Con la utilización de los elementos que ofrece la cuantificación de las sanciones de la LISOS, no estamos haciendo una aplicación sistemática y directa de la misma, sino que nos ceñimos a la razonabilidad que algunas de esas cifras ofrecen para la solución del caso, atendida a la gravedad de la vulneración del derecho fundamental. De esta forma, la más reciente doctrina de la Sala se ha alejado más -en la línea pretendida por la ya referida LRJS- del objetivo propiamente resarcitorio, para situarse en un plano que no descuida el aspecto preventivo que ha de corresponder a la indemnización en casos como el presente.

C) Sin embargo, en multitud de ocasiones el recurso a la utilización de los elementos que ofrece la cuantificación de las sanciones de la LISOS no resulta, por sí mismo, suficiente para cumplir con relativa precisión la doble función de resarcir el daño y de servir de elemento disuasorio para impedir futuras vulneraciones del derecho fundamental. Ello es debido a que la horquilla de la cuantificación de las sanciones en la Lisos para un mismo tipo de falta (leve, grave, muy grave) resulta ser excesivamente amplía. Piénsese que, en estos momentos, la sanción por la comisión de una falta muy grave en materia laboral puede fijarse entre 7.501 euros y 225.018 euros, según el artículo 40 LISOS; y, al tiempo de producirse los hechos la horquilla de dichas sanciones estaba entre 6.251 euros y 187.515 euros. Por ello, el recurso a las sanciones de la LISOS debe ir acompañado de una valoración de las circunstancias concurrentes en el caso concreto. Aspectos tales como la antigüedad del trabajador en la empresa, la persistencia temporal de la vulneración del derecho fundamental, la intensidad del quebrantamiento del derecho, las consecuencias que se provoquen en la situación personal o social del trabajador o del sujeto titular del derecho infringido, la posible reincidencia en conductas vulneradoras, el carácter pluriofensivo de la lesión, el contexto en el que se haya podido producir la conducta o una actitud tendente a impedir la defensa y protección del derecho transgredido, entre otros que puedan valorarse atendidas las circunstancias de cada caso, deben constituir elementos a tener en cuenta en orden a la cuantificación de la indemnización. »

9-Ante dos supuestos sustancialmente idénticos en los que se declara la existencia de la misma lesión de derechos fundamentales, y los trabajadores de uno y otro litigio han vivido las mismas vicisitudes, en un mismo contexto y situación, no resulta comprensible desde la perspectiva del tercero imparcial y razonable -Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 29 de junio de 2018, caso HF c. Parlamento Europeo- que la respuesta sea diferente: que en la recurrida se atribuya al trabajador el derecho a ser indemnizado en 10.000 euros y en la de contraste, la indemnización sea de 7.501 euros. Y ello sin perjuicio de que ambas sentencias, individualmente consideradas, se ajusten a parámetros constitucionales de motivación. Porque el problema no es de motivación o de razonabilidad de las respuestas, sino de comparación. El problema surge en un momento procesal posterior cuando se comparan sus resultados y se realiza a través de la vía legal adecuada como lo es este recurso extraordinario de casación para unificación de doctrinas discrepantes.

En estos casos, el recurso de casación para unificación de doctrina está llamado a proyectar una función de garantía del principio de igualdad ante la Ley, principio que, como es sabido, hace referencia a la necesidad de que la norma sea aplicable por igual a todos aquellos que se encuentran en la situación descrita en el supuesto de la norma. Este mandato constitucional concierne son también a los tribunales.

10.-La Sala considera que la doctrina adecuada se contiene en la sentencia recurrida.

Si bien ambas sentencia utilizan como criterio orientativo el importe de las sanciones contenidas en el art. 40.1 c) de la LISOS - sanción (multa) prevista para las sanciones muy graves, que en su grado mínimo comprende la horquilla de 7.501 a 30.000 euros-; la sentencia recurrida, a diferencia de la contraste, para fijar la indemnización lleva a cabo una vertebración, razonada, de los parámetros e indicadores que le llevan al importe fijado, desvelando el juicio prudencial que exige la ley, citando doctrina jurisprudencial, y, consiguientemente, yendo más allá de la mera cita legal del precepto de la LISOS. Sin embargo, la sentencia de contraste fija el importe indemnizatorio ciñéndose al mínimo de la horquilla prevista para las sanciones por infracciones muy graves de la LISOS, sin reparar, ni vertebrar explicativamente, los indicadores o parámetros que le condujeron a dejarla en esa cuantía.

Por tanto, que la Sala considera que la sentencia recurrida se ha incardinado en parámetros razonables y más adecuados en orden a fijar la cuantificación del daño moral, por lo que contiene la doctrina correcta.

CUARTO.- Decisión de la sala: inadmisión del recud. Pronunciamientos accesorios

1.-Las precedentes consideraciones determinarán la desestimación del recurso de unificación, oído el Ministerio Fiscal, confirmando y declarando la firmeza de la sentencia impugnada.

2.-Los términos en que está redactado el artículo 235.1 LRJS comportan que no debamos imponer las costas de su recurso a las empresa vencida. Conforme a la diligencia de constancia, de fecha 29 de julio de 2024, extendida por la LAJ de esta Sala, no consta escrito de personación, y consiguientemente de impugnación, por la parte recurrida.

3.-Se acuerda la pérdida del depósito y el mantenimiento de las consignaciones efectuadas para recurrir ( art. 228.3 LRJS) .