Sentencia Social 697/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 81/2024 de 04 de julio del 2025

PRIMERO.-1.El objeto del presente recurso de casación se centra en analizar si constituye una modificación sustancial de las condiciones de trabajo la supresión del complemento denominado horas de presencia o dispositivo de localización y si, al no haberse seguido el trámite previsto en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, tal modificación debe ser declarada nula o injustificada.

2.La Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón 735/2023, de 9 de octubre (rec 552/2023) desestimó las excepciones de falta de cumplimiento de requisitos previos a la demanda, inadecuación de procedimiento y prescripción, invocadas por la demandada; y estimó parcialmente la demanda interpuesta por el Sindicato de Cooperación Sindical y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, declarando el derecho de los trabajadores incluidos en el ámbito de afectación del presente conflicto colectivo a que sus pagas extraordinarias se abonen en la primera semana de julio y diciembre, respectivamente. Asimismo, desestima el resto de las pretensiones.

Esta sentencia, a los efectos que nos ocupan, desestima la pretensión relativa a la declaración de existencia de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, consistente en la supresión del complemento de horas de presencia o dispositivo de localización, sin haberse seguido el trámite del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, por lo que, según la parte demandante debió haber sido declarada nula, o subsidiariamente, injustificada.

Considera la sentencia recurrida, con carácter previo, que no se ha producido una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, ya que el cambio de jornada del personal de ambulancias no responde a una libre decisión de la empresa principal ni de la contratista, sino a un cambio de la normativa europea interpretada por la jurisprudencia en la materia, de tal forma que la situación así creada equivale, en sus efectos, a un cambio normativo.

Destaca, además, de un lado, que el convenio aplicable establece el que el dispositivo de localización no es consolidable. Y, de otro, que no consta que la nueva contratista fuese informada del régimen verbal y de fecha desconocida en el que se fijaron las condiciones para percibir el complemento.

3.El recurso de casación formulado por el Sindicato de Cooperación Sindical se funda en los siguientes motivos:

a) Como primer motivo de recurso, con base en el artículo 207 d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, solicita la revisión del hecho probado octavo de la sentencia recurrida.

b) Al amparo del artículo 207 e) del citado texto procesal, se alega la infracción del artículo 41.1, 2, 4 y 5 del Estatuto de los Trabajadores.

4.El Ministerio Fiscal informó en favor de la desestimación del recurso de casación.

5.La empresa demandada presentó escrito de impugnación del recurso se opone a los dos motivos de recurso de casación, solicitando su desestimación.

SEGUNDO: 1.La parte recurrente solicita, como primer motivo de recurso de casación, con base en el artículo 207 d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, la revisión del hecho probado octavo de la sentencia, proponiendo la siguiente redacción alternativa:

«La nueva contratista demandada era conocedora de los complementos percibidos por los trabajadores, y que son objeto de la demanda, dado que se habían incluido en el coste salarial de la plantilla que figuraba dentro del pliego de prescripciones técnicas de la licitación».

2.Para que pueda prosperar el motivo de revisión fáctica en el recurso de casación, al amparo del artículo 207 d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, como declararon, entre otras, las SSTS 410/2024, de 5 de marzo ( rec 143/2021), de 2 de marzo de 2016 ( rec 153/2015), de 25 de marzo de 2014 ( rec 161/2013), de 3 de julio de 2013 (rec 88/2012) y, de 28 de mayo de 2013 (rec 5/20112), se exige la concurrencia de los siguientes presupuestos:

a) Ha de señalarse, con claridad y precisión, el hecho probado cuya revisión se solicita, indicándose expresamente, si se trata de una adición, una sustitución, o la supresión, facilitando, en su caso, la redacción alternativa.

b) La revisión fáctica no ha de incluir normas ni su interpretación, ni suponer valoraciones jurídicas, pues la ubicación acertada de lo anterior debe contenerse en la fundamentación jurídica de las sentencias y no en los hechos probados.

c) No es suficiente con la invocación por la parte recurrente de su discrepancia en general de la sentencia o de los hechos probados, pues se exige la delimitación concreta y exacta de la disconformidad.

d) La errónea apreciación de la prueba ha de extraerse, de forma clara, directa y patente de los documentos en los que se funde la parte recurrente, sin necesidad de argumentaciones o conjeturas. Por esta razón, no es válida la remisión genérica a la documental obrante en las actuaciones.

e) La revisión fáctica ha de fundarse en prueba documental, no siendo, por tanto, prueba apta para la revisión ni la prueba de interrogatorio de testigos ni la prueba pericial. Sólo, excepcionalmente y en algunos supuestos, cabría el examen de la prueba de interrogatorio de testigos y la pericial, exclusivamente cuando sea necesaria para la comprensión del contenido de los documentos en los que se funde la parte recurrente.

f) La revisión fáctica pretendida ha de tener trascendencia para la modificación del fallo de la sentencia, o para reforzar argumentalmente el sentido del mismo. Por esta razón, es preciso que la parte recurrente precise la influencia de la redacción alternativa que proponga del hecho probado cuya revisión se inste, en su caso, en la variación del sentido del pronunciamiento o en el reforzamiento argumental del fallo. En esta línea, la STS de 11 de febrero de 2014 (rec 27/2013) puso de manifiesto que el error en la apreciación de la prueba ha de ser trascendente en orden a alterar el sentido del fallo de la resolución recurrida.

3.La parte recurrente funda la presente pretensión revisora en el documento nº 8 de su ramo de prueba.

Suerte desestimatoria ha de seguir este primer motivo de recurso, ya que en esta documental se contiene el Anexo VIII del pliego de prescripciones técnicas de la licitación de la empresa demandada, en el que se contiene un listado de 567 trabajadores, con dieciséis columnas de datos, constando en la referida a los pluses fijos, en numerosos trabajadores el importe cero y en otros una cuantía variable anual, no coincidiendo, ni siquiera en los que ostentan la misma categoría profesional. Por lo tanto, la errónea apreciación de la prueba invocada por la parte recurrente, en modo alguno, se extrae, de forma clara, directa y patente de este documento.

TERCERO: 1.La parte recurrente denuncia, como segundo motivo de recurso de casación, con amparo procesal en el artículo 207 e) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, la infracción del artículo 41.1, 2, 4 y 5 del Estatuto de los Trabajadores. Se alega que la percepción del complemento de horas de presencia o dispositivo de localización, fue fruto de un pacto verbal y, que venían percibiéndolo los trabajadores hasta que la nueva adjudicataria del servicio dejó de abonarlo, a pesar de que conocía su existencia, por lo que, al no haber acudido al trámite de modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo, del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, tal supresión merece ser calificada como nula, o subsidiariamente, injustificada.

2.La gestión de los servicios de transporte sanitario, competencia de la Comunidad Autónoma de Aragón se encuentra externalizada, habiéndose adjudicado el servicio a la empresa demandada a partir del 31 de mayo de 2023.

Los trabajadores del servicio urgente de ambulancias del medio rural percibían una cantidad mensual como compensación a la jornada que realizaban en el régimen denominado de autocobertura, el cual suponía la atención permanente en turnos de 24 horas, alternando servicios presenciales y de espera en su domicilio. La retribución por este concepto fue establecida verbalmente en fecha indeterminada, sin que consten, por tanto, por escrito, los términos de ese acuerdo, ni los criterios seguidos para determinar su importe, el cual variaba en los distintos municipios.

En la nueva licitación del servicio urgente de ambulancias, el Gobierno de Aragón modificó las condiciones de prestación del servicio, suprimiendo la atención de 24 horas en el régimen indicado y estableciendo uno nuevo.

La empresa demandada, como nueva adjudicataria del servicio, fijó los horarios del personal conforme a las pautas del Gobierno de Aragón y notificó a los trabajadores sus nuevos horarios, sin que éstos realizaran ninguna reclamación al respecto.

La empresa demandada no fue informada de los pactos verbales conforme a los cuales los trabajadores percibían el complemento de horas de presencia o dispositivo de localización.

3.Ha de resolverse, con carácter previo, si estamos ante una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, es decir, si la supresión del complemento de horas de presencia o dispositivo de localización constituye tal modificación.

El artículo 41.1 del Estatuto de los Trabajadores establece lo siguiente:

«La dirección de la empresa podrá acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Se considerarán tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa».

Del tenor literal del precepto, se extrae que la modificación sustancial de las condiciones de trabajo debe consistir en una decisión empresarial.

Es interesante destacar, a estos efectos, la STS (Pleno) 159/2022, de 17 de febrero (rec 123/2020), que declaró que las guardias de presencia física en el centro de trabajo de los empleados de ambulancias eran tiempo de trabajo efectivo computable en la jornada anual y que el exceso de jornada sería considerado como horas extraordinarias, al ser de aplicación la Directiva Comunitaria 2000/34/CE y no el Real Decreto 1561/1995. De este modo, se rectificó la doctrina jurisprudencial sentada, entre otras, en la STS 316/2016, de 21 de abril (rec 90/2015). Debe tenerse en cuenta que la Directiva 2000/34/CE, 22 junio fue derogada por el artículo 27.1 de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo que, en este sentido, no ha supuesto modificación.

Lo cierto es que, ante esta situación, el Gobierno de Aragón suprimió la atención de 24 horas, en la licitación del servicio urgente de ambulancias, que fue adjudicado a la empresa demandada. Y ésta fijó los horarios del personal conforme a las pautas indicadas por el Gobierno de Aragón y notificó a los trabajadores sus nuevos horarios, sin tramitar el procedimiento del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores.

Ha quedado acreditado que los trabajadores del servicio urgente de ambulancias del medio rural percibían el complemento horas de presencia o dispositivo de localización como compensación a la jornada que realizaban en el régimen de atención permanente en turnos de 24 horas, alternando servicios presenciales y de espera en su domicilio. Lo que no consta al respecto es la fecha del establecimiento del complemento, ni los criterios de determinación de su importe, pero sí el concepto que retribuían. Consiguientemente, la supresión del complemento trae causa de los propios términos del pliego de licitación establecidos por el Gobierno de Aragón del servicio adjudicado a la empresa demandada, acordes con el cambio de criterio jurisprudencial operado en la STS (Pleno) 159/2022, de 17 de febrero (rec 123/2020).

Ahora bien, si se había suprimido en el pliego de licitación el turno de atención de 24 horas que daba derecho a que los trabajadores percibieran el complemento horas de presencia o dispositivo de localización, la empresa nueva adjudicataria del servicio para poder adoptar esta modificación sustancial de las condiciones de trabajo, debió acudir al trámite del artículo 41 del estatuto de los Trabajadores, al concurrir la causa organizativa.

Por lo tanto, de conformidad con el art 138.7.4º de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, procede decretar la nulidad de la modificación sustancial consistente en la supresión del complemento de horas de presencia o dispositivo de localización por la nueva adjudicataria del servicio.

4.De lo expuesto, se ha de colegir que, al haber existido una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, sin utilizar el cauce adecuado, debe estimarse la pretensión de la parte recurrente, procediendo la nulidad de la misma, debiendo estimarse el presente motivo de recurso de casación.

CUARTO: 1.De acuerdo con lo anteriormente razonado y de conformidad con el informe del Ministerio Fiscal, procede estimar el recurso de casación formulado por el Sindicato de Cooperación Sindical contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón 735/2023, de 9 de octubre (rec 552/2023), casar y anular parcialmente la sentencia recurrida, que se mantiene en todos sus pronunciamientos, excepto en el relativo a la desestimación de la existencia de modificación sustancial de las condiciones de trabajo y, en consecuencia, en sustitución del mismo, se declara la existencia de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, consistente en la supresión del complemento de horas de presencia o dispositivo de localización, sin acudir al trámite previsto legalmente, por lo que se decreta su nulidad.

2.No hay expresa imposición de costas, ya que cada parte se hará cargo de las costas causadas a su instancia, conforme al artículo 235.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social.