Sentencia Social 454/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 1904/2025 de 05 de mayo del 2026

PRIMERO. 1.La controversia casacional radica en dilucidar si la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social es recurrible en suplicación. Un trabajador reclamó el plus de conducción en la cuantía de 352 euros, a razón de dos euros por cada día trabajado conduciendo vehículos especiales. La cuantía litigiosa no alcanzaba los 3.000 euros del art. 191.2.g) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ( en adelante LRJS). La demanda invocaba una sentencia dictada en un procedimiento de conflicto colectivo.

2.La sentencia del Juzgado de lo Social estimó la demanda salarial interpuesta contra Mitie Facilities Services SA y le condenó a abonar 352 euros más intereses legales. La empresa demandada interpuso recurso de suplicación. La sentencia recurrida, dictada por el TSJ de Canarias con sede en Las Palmas de Gran Canaria 217/2025, de 11 de febrero (recurso 714/2023) declaró que la sentencia de instancia no era recurrible en suplicación.

3.Mitie Facilities Services SA interpuso recurso de casación para la unificación de doctrina. Formula un único motivo en el que denuncia la infracción del art. 191.3.b) de la LRJS. Argumenta que la sentencia de instancia es recurrible en suplicación porque concurre la afectación general notoria debido a que la reclamación tiene como fundamento una sentencia dictada en un procedimiento de conflicto colectivo.

4.El Ministerio Fiscal informó a favor de la estimación del recurso y la parte actora presentó escrito en el que se pronunció acerca de la admisibilidad del recurso.

5.El examen de la competencia funcional no está condicionado por el presupuesto procesal de contradicción [por todas, STS 507/2018, de 11 de mayo (rcud 1800/2016, Pleno); 331/2019, 25 de abril (rcud 1735/2017); 765/2019, de 12 de noviembre (rcud 529/2017); y 776/2019, de 13 de noviembre (rcud 2945/2017)], por lo que no es necesario examinar si la sentencia recurrida y la referencial son contradictorias.

SEGUNDO. 1.El art. 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ( en adelante LRJS) regula el ámbito de aplicación del recurso de suplicación:

A) El art. 191.2.g) dispone que no procederá recurso de suplicación en «[r]eclamaciones cuya cuantía litigiosa no exceda de 3.000 euros».

B) El art. 191.3.b) establece que procederá el recurso de suplicación «[e]n reclamaciones, acumuladas o no, cuando la cuestión debatida afecte a todos o a un gran número de trabajadores o de beneficiarios de la Seguridad Social, siempre que tal circunstancia de afectación general fuera notoria o haya sido alegada y probada en juicio o posea claramente un contenido de generalidad no puesto en duda por ninguna de las partes».

2.El citado art. 191.3.b) de la LRJS ha sido interpretado por esta Sala [STS de 3 de octubre de 2003 (rcud 1011/2003, Pleno); 3 de octubre de 2003 (rcud 1422/2003, Pleno); y 152/2022, de 15 de febrero (rcud 4377/2018), entre otras muchas] en el siguiente sentido:

A) La exigencia de que «la cuestión debatida afecte a todos o un gran número de beneficiarios» contiene un concepto jurídico indeterminado que, sobre un sustrato fáctico sometido a las reglas generales de la prueba, requiere una valoración jurídica acerca de su concurrencia en cada caso concreto.

B) La apreciación de la afectación general depende de la existencia efectiva de litigiosidad en masa y también de las «características intrínsecas» de la cuestión objeto de debate, lo que supone la existencia de una situación de conflicto generalizada en la que se ponen en discusión los derechos de los trabajadores frente a su empresa, siempre que ésta tenga una plantilla suficientemente extensa y tales derechos alcancen «a todos o a un gran número» de sus trabajadores.

C) La triple distinción que establece el artículo 191.1.b) de la LRJS pone de manifiesto que la alegación y prueba de la afectación múltiple, no es necesaria cuando se trate de «hechos notorios», ni cuando el asunto «posea claramente un contenido de generalidad no puesto en duda por ninguna de las partes».

D) Fuera de estos supuestos, la afectación general requiere que haya sido alegada y probada en juicio.

3.La mentada STS 152/2022, de 15 de febrero (rcud 4377/2018) invoca la STS 1075/2020, de 2 de diciembre (rcud 3112/2018), la cual sostuvo que «[a] partir de las SSTS del Pleno de 3 octubre 2003 (rec. 1011/2003 y 1422/2003) que modificaron el criterio anterior, existe una línea jurisprudencial totalmente consolidada en el sentido de que no es necesaria la previa alegación de parte ni la prueba de la afectación general en el supuesto de que la misma sea "notoria"; en tal caso basta con que sea apreciada razonadamente por el Juzgado o Tribunal encargado del enjuiciamiento».

Corresponde en primer lugar al Juez de lo Social analizar la concurrencia de la afectación general. Las Salas de lo Social de los TSJ tienen la misma facultad al resolver el recurso de suplicación, al igual que esta Sala al examinar el recurso de casación para la unificación de doctrina. A pesar del carácter extraordinario de ambos recursos y de la naturaleza excepcional del segundo, la afectación general condiciona la competencia funcional y puede ser examinada de oficio por la Sala sin necesidad de cumplir las rigurosas exigencias propias de aquellos [por todas, STS de 28 de enero de 2009 (rcud 1219/2008); 3 de mayo de 2011 (rcud 2639/2010) y 6 de julio de 2015 (rcud 1622/2014)]. Esta Sala Cuarta no está vinculada por la apreciación que en instancia y en sede de suplicación se haya podido efectuar acerca de la afectación general, debiendo proceder de oficio a verificar su propia competencia [ STS de 22 de diciembre de 2010 (rcud 52/2010) y 11 de marzo de 2011 (rcud 3242/2010), entre otras muchas].

La afectación general no está concebida exclusivamente como un derecho de las partes. Se configura también como un instrumento que tiene por objeto conseguir la unificación de doctrina en supuestos que son trascendentes en su conjunto y en los que la unidad de criterios aplicativos y hermenéuticos participa en buena medida de la condición de orden público. Así la STC 79/1985, de 3 de julio precisó que uno de los objetivos que se persiguen por el legislador al establecer esta vía especial de acceso al recurso, es «evitar que queden sin recurso reclamaciones de escasa entidad económica desde una consideración meramente individual, pero que pueden trascender esta dimensión al multiplicarse o extenderse a numerosos supuestos de hecho idénticos y requerir, por ello, una actividad uniformadora de los Tribunales de rango superior»; y de la STC 108/1992, de 14 de septiembre, se desprende que este supuesto excepcional de interposición del recurso de suplicación que permite el actual art. 191.3.b) de la LRJS responde a «un interés abstracto: la defensa del 'ius constitucionis' y la garantía de la uniformidad de la doctrina legal en todo el territorio nacional como principal expresión del principio constitucional de igualdad en la aplicación de la Ley».

4.La referida STS 152/2022, de 15 de febrero (rcud 4377/2018), con cita de la STS de 23 de diciembre de 1997 (rcud 4148/1996), indica que se ha apreciado la afectación general por notoriedad cuando la reclamación tiene como fundamento y precedente inmediato una sentencia dictada en conflicto colectivo porque estos pleitos precedentes, unidos al actual, pueden acreditar la afectación generalizada del conflicto, en tanto que las reclamaciones tienen su origen en un procedimiento de conflicto colectivo [ STS de 23 de octubre de 2008 (rcud 3671/07)], de forma que la previa existencia del conflicto colectivo del que traen causa las demandas, acredita por sí misma la concurrencia de un interés general no pacífico lo cual es conforme con la finalidad, que trata de conseguir la ley procesal laboral, de evitar que queden fuera del recurso reclamaciones de escasa entidad económica desde una consideración meramente individual, al multiplicarse o extenderse a nuevos supuestos de hecho idéntico y requerir, por tanto, una actividad uniformadora de los órganos jurisdiccionales de rango superior [ STS de 17 de noviembre de 2009 (rcud 309/2009); 25 de noviembre de 2009 (rcud 267/2009); y 10 de diciembre de 2009 (rcud 305/09)].

Dicha regla se exceptúa cuando esa presunción de afectación general queda destruida en supuestos en que las circunstancias concurrentes evidencian que la reclamación carece de esa afectación general notoria que da acceso al recurso, al no constar ninguna otra reclamación individual [ STS de 11 de febrero de 2013 (rcud 376/2012)]. Un conflicto colectivo puede afectar a un grupo genérico de trabajadores integrado por un número muy pequeño empleados de una empresa. En tal caso, pese a la existencia previa de un conflicto colectivo, no concurrirá la afectación general. En el mismo sentido se pronunció la STS 749/2019, de 5 de noviembre (rcud 964/2017).

TERCERO. 1.Los hechos esenciales para la resolución de este recurso son los siguientes:

A) El actor tiene una antigüedad de 21 de julio de 2008. Prestó servicios como agente de servicios especiales en el aeropuerto de Gran Canaria para la empresa Globalia Handling SAU hasta el 10 de enero de 2013, cuando se adjudicó la contrata a la empresa Multiservicios Aeroportuarios SA. Esta empresa se subrogó en la totalidad de los trabajadores que prestaban servicios en dicho centro.

B) Antes de la subrogación de ese personal, Globalia Handling SAU abonaba un plus de dos euros por día trabajado a aquellos trabajadores que conducían vehículos especiales.

C) En abril de 2018 se produjo una nueva subrogación en el servicio, que se adjudicó a la empresa demandada (Mitie Facilities Services SA), quien se subrogó en los contratos de los trabajadores, incluido el del demandante.

D) Con fecha 31 de enero de 2022 el actor superó el curso de conductor-ambuflit.

E) La sentencia del Juzgado de lo Social nº Cinco de Las Palmas de Gran Canaria de fecha 26 de enero de 2025 (procedimiento de conflicto colectivo 770/2013) contiene los siguientes pronunciamientos:

a) Declaró la existencia de una sucesión empresarial del art. 44 del ET entre la empresa Globalia Handling SAU y Multiservicios Aeroportuarios SA.

b) Acordó que se aplicaría a los trabajadores de PMR del Aeropuerto de Gran Canaria que prestaban servicios para aquella empresa los pluses de transporte, de supervisor y de coordinación.

c) Concretó las cantidades que debían abonarse por cada uno de estos complementos salariales.

d) También reconoció el derecho a percibir un complemento en días festivos, además de otros derechos.

2.En esta litis, el accionante reclama el plus de conducción. La cuantía litigiosa no supera los 3.000 euros. Lo reclama un trabajador que aprobó el curso de conducción en el año 2022, con posterioridad a esas dos adjudicaciones de la contrata.

La citada sentencia colectiva declara la existencia de una sucesión legal entre Globalia Handling SAU y Multiservicios Aeroportuarios SA producida en el año 2013 pero no contiene mención alguna al plus de conducción.

Posteriormente, en el año 2018 se produjo una segunda sucesión empresarial cuando la empresa demandada Mitie Facilities Services SA pasó a ser adjudicataria del servicio y se subrogó en los contratos de los trabajadores de la contrata.

La sentencia colectiva enjuicia la primera sucesión empresarial, no la segunda, y no se pronuncia sobre este concreto complemento salarial. El hecho de que, después de la primera adjudicación mencionada, la nueva empresa se subrogase en los contratos de los trabajadores de Globalia no significa que, en la actualidad, después de la segunda adjudicación citada, haya un gran número de trabajadores que han superado el curso de conductor con posterioridad a la última sucesión y que reclamen el derecho al percibo de ese plus de conducción. Esa sentencia colectiva no acredita por sí misma que en este pleito concurra un interés general. No se ha probado cuántos conductores se encuentran en una situación conflictiva semejante al actor y el procedimiento de conflicto colectivo anterior no evidencia, por sí mismo, la afectación general porque no hay una conexión inmediata entre la acción ejercitada en este pleito y la citada sentencia colectiva.

3.En definitiva, ni la cuantía litigiosa supera los 3.000 euros exigidos por el art. 191.2.g) de la LRJS para recurrir en suplicación, ni concurre la afectación general del art. 191.3.b) de la LRJS, porque ni es notoria, ni consta fuera alegada ni probada en juicio, ni cabe afirmar que el tema debatido tenga un contenido de generalidad incuestionable.

4.La parte recurrente afirma que el supuesto examinado coincide sustancialmente con el resuelto por la STS de 152/2022, de 15 de febrero (rcud 4377/2018).

En esa sentencia se habían reclamado 845,24 euros en concepto de diferencias en las retribuciones devengadas en las vacaciones de varios años porque no se habían incluido los complementos de puesto de trabajo recogidos en el art. 66 del Convenio de empresas de seguridad.

Con anterioridad, se había dictado una sentencia colectiva que condenaba a las asociaciones empresariales a incluir en la retribución de las vacaciones los complementos de puesto de trabajo contenidos en el art. 66.2 del convenio.

Esta Sala argumentó que, sobre la cuestión de fondo suscitada en el recurso: la inclusión o no en la retribución de las vacaciones de las cantidades relativas al complemento del puesto de trabajo previstas en el art. 66 de esa norma colectiva, se había dictado una sentencia colectiva de la Audiencia Nacional, que había adquirido firmeza, la cual había declarado la obligación de incluir en determinadas retribuciones esos complementos previstos. Se apreció la competencia funcional porque la reclamación tenía como fundamento y precedente inmediato una sentencia dictada en conflicto colectivo.

La citada STS 152/2022 enjuició un supuesto distinto del de autos. En este pleito no hay una conexión inmediata entre la sentencia colectiva y la presente reclamación, lo que excluye la afectación general.

5.Los anteriores argumentos obligan, oído el Ministerio Fiscal, a desestimar el recurso formulado y confirmar la sentencia recurrida. Se condena a la parte recurrente al pago de las costas de su recurso en la cantidad de 1.500 euros. Se acuerda la pérdida del depósito.