Sentencia Social 555/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 148/2023 de 05 de junio del 2025

PRIMERO. Cuestiones planteadas y sentencia recurrida.

1.La cuestión que se plantea en el presente recurso de casación es la determinación del convenio colectivo aplicable a las trabajadoras afectadas por el procedimiento de conflicto colectivo.

2.La Consejería de Educación y Cultura del Gobierno del Principado Asturias adjudicó a la empresa demandada -ahora recurrente en casación- la contrata del servicio de vigilancia del alumnado de nivel obligatorio de enseñanza que acude a los comedores escolares de determinados colegios públicos.

En el desarrollo de su cometido profesional las personas trabajadoras realizan las funciones de monitoras del comedor que se mencionan en el hecho probado segundo. El hecho probado tercero recoge las prescripciones técnicas al respecto.

3.Los sindicatos CCOO de Asturias y UGT interpusieron demanda de conflicto colectivo solicitando, en lo que aquí interesa mencionar, que se declarara que el convenio colectivo aplicable a las trabajadoras que prestan servicios para la empresa demandada en los comedores escolares adjudicados en la contrata es el estatal del sector laboral de restauración colectiva.

La demanda fue estimada por la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Asturias 8/2023, de 28 de marzo (proc. 1/2023).

Tras examinar los ámbitos funcionales del Convenio colectivo estatal del sector laboral de restauración colectiva, publicado en el BOE de 14 de mayo de 2021, y el Convenio marco estatal del sector de ocio educativo y animación sociocultural, publicado en el BOE de 22 de marzo de 2021, la sentencia del TSJ aplica la doctrina de la STS 438/2020, de 11 de junio (rec. 9/2019), y declara que el convenio colectivo aplicable es el estatal del sector laboral de restauración colectiva.

La sentencia rechaza la alegada concurrencia, y la consiguiente aplicación del principio prior in tempore,entre las dos normas convencionales mencionadas.

SEGUNDO. El recurso de casación, su impugnación y el informe del Ministerio Fiscal.

1.La empresa ha recurrido en casación la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Asturias.

El recurso tiene tres motivos, amparados, respectivamente, en las letras c), d) y e) del artículo 207 LRJS. Los motivos se examinarán en los siguientes fundamentos de derecho.

2.El recurso ha sido impugnado por los sindicatos demandantes, solicitando su desestimación y la confirmación de la sentencia recurrida.

3.El Ministerio Fiscal interesa en su informe la desestimación del recurso.

TERCERO. La denunciada incongruencia extra petitay el motivo de revisión fáctica.

1.El primer motivo del recurso de casación de la empresa demandada, formulado al amparo del artículo 207 c) LRJS, denuncia que la sentencia recurrida ha incurrido en incongruencia extra petita.Y ello -se alega- porque la sentencia habría supuestamente condenado a la empresa demandada a aplicar el convenio colectivo estatal del sector laboral de restauración colectiva a personas trabajadoras que no son monitoras de comedor, que eran las únicas mencionadas en la demanda de conflicto colectivo.

De conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, el motivo no puede estimarse.

La demanda de conflicto colectivo se circunscribía a las monitoras de comedor escolar y solo a tales monitoras se refería la contrata adjudicada a la empresa demandada, como puede verse en el hecho probado primero, mencionándose en el hecho probado tercero las funciones que recoge el pliego de prescripciones técnicas. La sentencia recurrida afirma en su fundamento de derecho sexto que «la empresa demandada sólo tiene contratada una única actividad con el organismo cliente, el servicio de vigilancia indicado en el hecho probado primero». Y no hay incongruencia alguna porque son únicamente las funciones que realizan quienes se ocupan de este servicio las que analiza la sentencia recurrida a fin de determinar cuál de los dos que se contraponen es el convenio colectivo que ha de aplicárseles.

En suma, la sentencia recurrida únicamente determina cual es el convenio colectivo aplicable a las monitoras de comedor escolar, que era lo solicitado por la demanda de conflicto colectivo, por lo que aquella sentencia no ha incurrido en la incongruencia extra petitadenunciada.

2.El segundo motivo del recurso, formulado al amparo del artículo 207 d) LRJS, pretende, en primer lugar, incorporar un nuevo hecho probado en el que se refleje que el colectivo afectado es de monitoras de comedor escolar; cuáles son las funciones que ejercen; y los colegios públicos en que lo hacen.

La adición que se pretende no puede prosperar, como asimismo entiende el Ministerio Fiscal, por varias razones, todas ellas interrelacionadas. Primero, porque el colectivo afectado por el conflicto es únicamente, en efecto, el de monitoras de comedor escolar, siendo suficientemente expresivos al respecto los hechos probados primero y tercero, por lo que es redundante volver a reiterarlo. Segundo, porque lo que se pretende introducir no revela que la sentencia recurrida haya incurrido en error alguno. Y tercero, porque, en todo caso, la adición que se interesa no podría llevar a alterar el sentido de la sentencia recurrida.

El motivo del recurso pretende, en segundo lugar, modificar el hecho probado segundo a fin de dejar constancia de que las relaciones laborales de las trabajadoras afectadas por el conflicto «se rigen» por el convenio colectivo del sector ocio educativo y animación sociocultural.

En coincidencia igualmente con el Ministerio Fiscal, esta segunda parte del motivo tampoco puede prosperar. En primer lugar porque el texto que se propone parece querer determinar cuál debe ser el correcto convenio colectivo aplicable a las trabajadoras afectadas, lo que obviamente no corresponde hacer en la declaración de hechos probados. Y, en segundo lugar, porque si lo que se pretende es que quede constancia de que a las trabajadoras se les venía aplicando por la empresa el convenio colectivo citado del sector ocio educativo y animación sociocultural, lo cierto es que la cuestión que se plantea en el presente recurso es, precisamente, si a las trabajadoras afectadas se les ha de aplicar este último convenio colectivo o, por el contrario, el convenio estatal del sector laboral de restauración colectiva.

CUARTO. El convenio colectivo aplicable.

1.El tercer motivo del recurso, formulado al amparo del artículo 207 e) LRJS, denuncia la infracción del artículo 84.1 ET.

El motivo sostiene que, como el convenio colectivo del sector de ocio educativo y animación sociocultural se publicó en el BOE con anterioridad al convenio colectivo estatal de restauración colectiva, aquel convenio debe ser el aplicable, de conformidad con el criterio del prior in temporeque consagra el artículo 84.1 ET.

Pero, con independencia de que el convenio colectivo de restauración colectiva que tiene en cuenta la sentencia recurrida es el publicado en el BOE de 14 de mayo de 2021 y no el posterior de 14 de diciembre de 2022 al que se refiere el recurso de casación, lo cierto es que el motivo parte de un error de partida que pasamos a exponer en el apartado siguiente.

2.En efecto, la cuestión que se plantea en el presente recurso no es cuál de los posibles convenios colectivos en liza es el que ha de aplicarse conforme a las reglas de concurrencia del artículo 84.1 ET. Lo que se suscita es, por el contrario, cual es el convenio colectivo aplicable por incluir en su ámbito de aplicación la actividad realizada por los trabajadores en el seno de la contrata.

Según hemos explicado en la STS 59/2025, de 29 de enero (rec. 202/2024), en el derecho vigente, de conformidad con el artículo 42.6 ET, el convenio colectivo de aplicación para las empresas contratistas y subcontratistas es, en primer lugar y si cuentan con él, el convenio propio de tales empresas, supuesto que aquí no concurre, lo que nos exime de realizar ahora mayores precisiones. En segundo lugar, ese «otro» convenio colectivo sectorial aplicable conforme a lo dispuesto en el título III ET, supuesto que tampoco aquí concurre. Finalmente, a falta de los dos convenios colectivos anteriores, el convenio de aplicación es «el del sector de la actividad desarrollada en la contrata o subcontrata» (primer inciso del primer párrafo del artículo 42.6 ET) . Este es el criterio aplicable al presente supuesto. Y, en este caso, lo que se aplica es lo previsto en este primer inciso del primer párrafo del artículo 42.6 ET y no el artículo 84.1 ET.

En otras palabras: lo que se debate y hay que resolver en el presente supuesto no es si el convenio colectivo del sector de ocio educativo y animación sociocultural es el aplicable por ser el primero en el tiempo ex artículo 84.1 ET, sino si la actividad realizada por las monitoras de comedor escolar está incluida en el ámbito de aplicación funcional de aquel convenio o, por el contrario, en el de restauración colectiva.

El supuesto del artículo 84.1 ET parte de que hay dos convenios colectivos que incluyen en su ámbito funcional de aplicación las funciones de las personas trabajadoras, estableciendo el precepto, sin hacer ahora mayores precisiones, que ha de aplicarse el convenio que sea anterior en el tiempo. Pero los dos convenios potencialmente podrían aplicarse. Por el contrario, el convenio colectivo que debe aplicar la empresa contratista en el presente supuesto es, como venimos diciendo, el que dispone el primer inciso del primer párrafo del artículo 42.6 ET. No es, en consecuencia, el criterio de la prioridad temporal, sino que el criterio es el del convenio colectivo que mejor se adapte, y en todo caso, incluya en su ámbito de aplicación la actividad realizada por las personas trabajadoras en el seno de la contrata.

Y el caso es que, más allá de una referencia marginal y a mayor abundamiento a las actividades «educativas» en el comedor, el recurso no sostiene que la actividad de las monitoras de comedor escolar no esté incluida en el ámbito de aplicación del convenio colectivo de restauración colectiva. Lo que defiende el recurso no es lo anterior, sino que aduce debe aplicarse el convenio colectivo de ocio educativo y animación sociocultural por ser el prior in tempore.

3.Así las cosas, nada se puede reprochar a la sentencia recurrida porque, apoyándose y citando ampliamente nuestra STS 438/2020, de 11 de junio (rec. 9/2019), llegue a la conclusión de que el convenio colectivo que debe aplicarse es precisamente el de restauración colectiva.

Además, la sentencia recurrida ya se plantea la inaplicación del criterio del prior in temporedel artículo 84.1 ET. Y, en efecto, como venimos diciendo, la cuestión a resolver no es cual es el convenio colectivo primero en el tiempo, sino cual es el que en la definición de su ámbito funcional mejor se ajusta a las funciones realizadas por las monitoras de comedor escolar.

Según señaló la STS 438/2020, «el criterio que debemos aplicar para establecer el convenio de aplicación es el de la real y verdadera actividad ejercida por los trabajadores en relación a la prestación de servicios por la empresa multiservicios a la empresa cliente.» En el supuesto de la STS 438/2020 también se planteaba cual debía ser el convenio colectivo aplicable a los trabajadores de la empresa contratista, a falta de convenio colectivo propio, y, en concreto, si debía ser el estatal de restauración colectiva, o, por el contrario, el convenio colectivo de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal. La STS 438/2020 confirma la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Asturias que había declarado, al igual que sucede en el presente caso, que el convenio colectivo aplicable era el de restauración colectiva.

QUINTO. La desestimación del recurso de casación.

1.De acuerdo con lo razonado y de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede desestimar el recurso de casación y confirmar y declarar la firmeza de la sentencia recurrida.

2.No procede imponer costas ( artículo 235.2 LRJS) .