Sentencia Social 558/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 3619/2023 de 06 de junio del 2025

PRIMERO.- 1.La controversia suscitada en el presente recurso de casación para la unificación de doctrina se centra en determinar si el cálculo de las pagas extraordinarias debe hacerse de forma anual o semestral. La cuantía reclamada por la paga extra de verano de 2020 asciende a 381,03 euros, más el interés por mora.

2.La sentencia del Juzgado de lo Social estimó la demanda, condenando a la empresa demandada a abonarle a la actora 381,03 euros, más el diez por ciento en concepto de interés anual por mora.

Considera esta sentencia que el devengo de la paga extraordinaria es anual, por aplicación del artículo 31 del Estatuto de los Trabajadores, al no existir acuerdo en contrario.

3.La indicada sentencia fue recurrida en suplicación, dictándose la STSJ de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canarias, 553/2023, de 20 de abril (rec 510/2022), que desestimó el recurso.

Esta resolución considera que no ha habido un consentimiento tácito de la actora al devengo semestral de la paga extraordinaria; que no constituye este devengo una condición más beneficiosa; que no se debió acudir al procedimiento de modificación sustancial de las condiciones de trabajo; y, que el devengo anual es el más favorable para el trabajador.

4.En el recurso de casación para la unificación de la doctrina formulado por la parte demandada, en primer lugar, se alega que la sentencia recurrida es contradictoria con la doctrina sentada por la STSJ de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, 244/2020, de 13 de marzo (rec 70/2020). En esta sentencia se desestima el recurso de suplicación formulado frente a la sentencia del Juzgado de lo Social que estimó la demanda y declaró que el devengo de las pagas extraordinarias de los trabajadores era semestral.

Y, en segundo lugar, se invoca, con base en el artículo 224.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, el quebranto en la interpretación del derecho y en la formación de la jurisprudencia por la infracción por la sentencia recurrida de los artículos 31 del Estatuto de los Trabajadores y 11 del Convenio Colectivo del sector de la Hostelería de Las Palmas y de la jurisprudencia que reseña.

5.El Ministerio Fiscal informó en el sentido de estimar la falta de competencia funcional de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia.

6.La parte actora presentó escrito de impugnación del recurso en el que alega, en primer lugar, la inadmisibilidad del recurso, por carecer la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de competencia funcional para el conocimiento del asunto. En segundo lugar, se solicita que se declare la inadmisibilidad del recurso por falta de contenido casacional. Y, por último, se opone en cuanto al fondo, solicitando la desestimación del recurso de casación para la unificación de doctrina.

SEGUNDO: 1.Con carácter previo, se ha de analizar, por afectar al orden público procesal, la competencia funcional de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias para conocer del recurso de suplicación formulado frente a la Sentencia del Juzgado de lo Social que estimó la demanda. Consiguientemente, antes del examen de la existencia de contradicción, procede determinar si cabía recurso de suplicación frente a la Sentencia del Juzgado de lo Social, o por el contrario, ha de apreciarse la falta de competencia funcional del Tribunal Superior de Justicia, al no ser susceptible de recurso de suplicación la sentencia de instancia, por razón de la cuantía y, por falta de afectación general.

Aunque el examen de la competencia funcional cabe realizarlo de oficio, como declararon, entre otras, las SSTS 123/2023, de 8 de febrero (rcud 251/2022) y 467/2021, de 29 de abril (rcud 299/2019), en el presente supuesto, se puso de manifiesto, tanto por el Ministerio Fiscal como en el escrito de impugnación del recurso de casación para la unificación de doctrina por la parte actora.

2.Con carácter general, como declaró la STC 149/2016, de 19 de septiembre (rec 4700/2015), el principio interpretativo pro actione(a favor de la acción) no opera con igual intensidad en el acceso al procedimiento en la instancia, en el que entra en juego el derecho a la tutela judicial efectiva, como en el acceso a un recurso extraordinario. Ahora bien, la función del Tribunal Constitucional no alcanza a la hermenéutica de las normas procesales reguladoras de la procedencia o no de recurso, sino que se circunscribe al análisis de si la interpretación de las mismas llevada a cabo por los órganos judiciales respeta el derecho a la tutela judicial efectiva. En este sentido, se pronunció, entre otras, la STC 149/2015, de 6 de julio (rec 3513/2013). Corresponde, por ende, a los órganos judiciales la facultad de interpretar los preceptos que contienen el régimen jurídico de la procedencia del recurso.

3.Examinaremos, por tanto, a continuación, de un lado, la competencia funcional de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia por razón de la cuantía y, de otro, la existencia de afectación general.

En cuanto a la falta de competencia funcional para recurrir en suplicación por razón de la cuantía, el artículo 191.2 g) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social dispone que no procederá recurso de suplicación en las reclamaciones cuya cuantía litigiosa no exceda de los 3.000 euros. Se hace preciso, por tanto, delimitar cuál es esa cuantía litigiosa a la que se refiere la norma, pues podría entenderse que coincide con la reclamación contenida en la demanda, o con la controvertida en el litigio, que pueden no ser iguales. Y, a estos efectos, conviene tener presente, la doctrina reflejada, entre otras, en la STS 1343/2024, de 11 de diciembre ( 3056/2023) según la cual la cuantía litigiosa viene determinada por la solicitada en la demanda y no por la cantidad controvertida. Y, además como consideró la STS 903/2022 del 11 de noviembre (rcud 3666/2021), no se adicionan a este importe ni los intereses, ni los recargos por mora.

En el caso de autos, la cantidad que reclama la actora en la demanda que ha dado origen a las presentes actuaciones, no alcanza los 3.000 euros, por lo que ha de analizarse si se aprecia afectación general.

4.El artículo 191.3 b) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, -en la redacción anterior a la reforma operada por el apartado veintiséis del artículo 104 del Real Decreto ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, que es la aplicable al caso de autos-, establece que procede, en todo caso, el recurso de suplicación:

«En reclamaciones, acumuladas o no, cuando la cuestión debatida afecte a todos o a un gran número de trabajadores o de beneficiarios de la Seguridad Social, siempre que tal circunstancia de afectación general fuera notoria o haya sido alegada y probada en juicio o posea claramente un contenido de generalidad no puesto en duda por ninguna de las partes».

No incide en el acceso al recurso, por tanto, la cuantía del asunto, cuando se aprecia esta afectación general. Por consiguiente, con independencia de la cuantía, cuando la controversia debatida afecte a todos o a un gran número de trabajadores o de beneficiarios de la Seguridad social, cabrá recurso de suplicación siempre que concurran alguna de estas circunstancias, que han de ser interpretadas conforme se indica:

a) La afectación tiene que ser general. Esta circunstancia constituye un concepto jurídico que debe ser interpretado en cada caso concreto y, no un hecho. Por lo tanto, no resulta apreciable por la posible proyección general de un litigio, sino que es preciso que exista un nivel de litigiosidad relevante y actual sobre la controversia suscitada, con independencia del número de destinatarios potenciales de la norma aplicable. En este sentido, se pronunció, entre otras, la STS 394/2023, de 31 de mayo (rcud 3194/2022).

b) Debe existir una litigiosidad real y no sólo potencial. La STS 43/2018, de 24 de enero (rcud 1552/2017) cambió la doctrina jurisprudencial y declaró que para que los asuntos de cuantía inferior a 3.000 euros tengan acceso al recurso de suplicación, debe modificarse la interpretación que se ha venido dando al concepto jurídico indeterminado "afectación generalizada", ya que su apreciación depende, no sólo de que exista un interés general por estar interesados un gran número de trabajadores o de beneficiarios de prestaciones sociales, sino, también, de que genere la existencia de una importante conflictividad real y no meramente potencial. Esa gran conflictividad no puede apreciarse por meras hipótesis o presunciones, sino con datos reales.

c) Si la afectación general es notoria no necesita ser probada ni alegada, como declararon, entre otras, las SSTS 1264/2024, de 20 de noviembre (rcud 3692/2023) y 1075/2020, de 2 de diciembre (rcud 3112/2018).

d) La afectación ha de tener claramente un contenido de generalidad no puesto en duda por ninguna de las partes. Debe tenerse en cuenta que no basta con que las partes hayan prestado conformidad, sino que debe existir también este contenido de generalidad. Debe ser alegada pero no necesita ser probada. Se trata, como se ha indicado, de una cuestión que afecta al orden público procesal, pues incide en la competencia funcional y no puede dejarse a la voluntad de las partes litigantes, lo que ocurriría si sólo se exigiese esta conformidad.

e) En los restantes supuestos, la afectación general deberá ser alegada y probada. Por lo tanto, si la afectación es masiva pero no es notoria, precisará que se alegue y que se pruebe por la parte que la invoca. Así lo declaró, entre otras, la STS 663/2017, de 2 de septiembre (rcud 954/2015).

5.En el presente supuesto, no se aprecia la afectación general que permitiría el acceso al recurso de suplicación, aun cuando por razón de la cuantía la sentencia de instancia no fuera susceptible de impugnación por esta vía.

Efectivamente, no estamos en presencia de una controversia con afectación general; ninguna circunstancia concurrente permite apreciar la notoriedad en la afectación múltiple; y, no existe un contenido de generalidad sólo por el hecho de someter a la consideración de los órganos judiciales la interpretación de un concreto precepto del Convenio Colectivo del sector de la Hostelería de Las Palmas, pues la aplicación masiva de una norma convencional no es equiparable a la litigiosidad reveladora de la afectación general.

En supuestos idénticos, nos hemos pronunciado, entre otras, en las SSTS 1264/2024, de 20 de noviembre (rcud 3692/2023), 1261/2024, de 19 de noviembre (rcud 3137/2023), 1180/2024, de 25 de septiembre (rcud 4726/2023), 978/2024, de 3 de julio (rcud 3765/2023) y, 841/2024, de 31 de mayo (rcud 3323/2023).

TERCERO: 1.Por todo lo razonado, procede, de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, declarar de oficio la falta de competencia funcional para el enjuiciamiento del litigio. La sentencia de la Sala de lo Social del TSJ fue dictada con ausencia de competencia funcional, procediendo ahora que sea casada y anulada, otorgando la correspondiente declaración de firmeza a la resolución de instancia y anulando las actuaciones posteriores a su dictado.

2.No se efectúa condena en costas, al quedar firme la sentencia de instancia que estima la demanda y declarar la nulidad de todo lo actuado con posterioridad, procediendo la devolución a la parte recurrente de los depósitos efectuados para recurrir y, el mantenimiento de las consignaciones constituidas en garantía del cumplimiento de la condena.