Sentencia Social 291/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 98/2023 de 08 de abril del 2025

PRIMERO.- 1.- La cuestión planteada en el presente recurso de casación clásica o casación ordinaria consiste en decidir si la modificación del régimen de imaginarias llevado a cabo por la empresa Vueling Airlines SA mediante la imposición de las llamadas "imaginarias de aeropuerto", configura una modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo que ha de reputarse nula o subsidiariamente injustificada y, correlativamente, si los trabajadores tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) tienen derecho a la indemnización de daños y perjuicios en la cuantía resultante de considerar que las imaginarias de aeropuerto ya realizadas a partir de julio de 2022 son horas de trabajo efectivo.

2.- Por el sindicato de Tripulantes Auxiliares de Vuelos de Líneas Aéreas (en adelante STAVLA) se formuló demanda de conflicto colectivo ante la Audiencia Nacional (AN) contra la compañía Vueling Airlines SA, solicitando la citación como interesados de los sindicatos CCOO, UGT, USO y SEPLA. En ella, se exponía que la compañía demandada había acordado un nuevo sistema de guardias denominado "imaginarias de aeropuerto" con fecha 15 de junio de 2022, mostrando el sindicato demandante su desacuerdo con tal medida, puesto que amparándose en que todas las imaginarias contempladas en el art. 19 del convenio colectivo siempre habían sido realizadas pudiendo el trabajador estar en el lugar libremente elegido por él, con la obligación en caso de ser requerido de personarse en el aeropuerto en un tiempo no superior a 75 o 60 minutos según el aeropuerto, en este nuevo tipo de imaginarias el trabajador debía permanecer en una zona específica del aeropuerto y su personación era mucho más inmediata.

Consideraban así que asistían a una modificación sustancial de carácter colectivo que no había sido implantada siguiendo los cauces legalmente previstos: o bien el descuelgue o inaplicación del convenio en ese aspecto, o bien haber seguido el procedimiento del art. 41 del Estatuto de los Trabajadores (ET). Por todo ello terminaba solicitando la nulidad de la medida o subsidiariamente la declaración de ser injustificada, con derecho a la indemnización de los daños y perjuicios causados por la decisión empresarial en la cuantía ya señalada anteriormente.

3.- La sentencia de la AN, tras rechazar la excepción de inadecuación de procedimiento, estimó parcialmente la demanda, declarando nula la modificación. Se argumentó por la sala que el Manual de Operaciones no puede prevalecer sobre el Convenio Colectivo ni ser utilizado unilateralmente por la empresa para alterar condiciones laborales pactadas. Además, estableció que cualquier cambio de esta naturaleza requería un proceso de negociación y justificación conforme al artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores. No obstante, la sala de instancia rechazó la pretensión indemnizatoria del sindicato, al concluir que la jurisprudencia del TJUE en materia de guardias localizadas no implica que todas las horas de disponibilidad deban ser remuneradas de igual forma que la actividad efectiva.

4.- Frente a esa sentencia se alzan en casación tanto el sindicato demandante como la empresa. En el recurso de STAVLA se articula un único motivo al amparo del art. 207 e) de la LRJS denunciando la interpretación errónea del art 34.5 del ET y los art. 8.3, 14 apartados 1, 2 y 3 del RD 1561/95 sobre jornadas especiales de trabajo, considerando que la AN debió estimar también la segunda pretensión articulada en la demanda. La empresa VUELING formula en su escrito de recurso tres motivos, el primero al amparo del art 207 d) de la LRJS por considerar un error en la apreciación de la prueba. El segundo motivo al amparo del art. 207 b) de la LRJS al considerar que debió estimarse la excepción de inadecuación de procedimiento; y un tercer motivo al amparo del art. 207 e) de la LRJS y relativo al fondo del asunto, por entender que se han vulnerado los art. 6.4, 7.2 y 1256 del Código Civil, con relación al art. 83.2 del ET y los art. 19 y 8 del II Convenio Colectivo de Vueling Airlines SA , así como al Manual de Operaciones con relación al art. 8.2 del Reglamento UE del parlamento Europeo y del consejo de 4 de julio de 2018 sobre normas comunes de la aviación civil y el Reglamento UE 965/2012, interesando la desestimación íntegra de la demanda.

5.- El Ministerio Fiscal (MF) informa la desestimación de ambos recursos en su integridad .

SEGUNDO.- 1.- Hemos de comenzar nuestro análisis por el recurso de la empresa, en tanto que postula una adición al Hecho Probado (HP) Séptimo, interesando que se añada una mención específica al número total de "imaginarias de aeropuerto" realizadas. La intención del recurrente es que quede constancia en los hechos probados del alcance real de la decisión empresarial, como sustento para la petición de su siguiente motivo de recurso (la inadecuación de procedimiento), pues considera que visto el número de TCP afectados se puede tener una cabal comprensión del alcance del conflicto. Sin embargo, no puede aceptarse la modificación pretendida.

Es conocida y reiterada la doctrina de esta Sala respecto de las modificaciones fácticas. Hemos establecido de forma constante que para que prospere una modificación fáctica es necesario -en esencia- que la petición reúna los requisitos de claridad y precisión en su planteamiento, el alejamiento de valoraciones jurídicas, la concreción de la redacción pretendida y la trascendencia para el fallo de la modificación defendida.

Como recuerda, entre otras muchas, la STS 172/2020 de 26 de febrero (Rec. 160/2019) es imprescindible para que un motivo de revisión fáctica pueda prosperar, "la conjunta concurrencia de todos y cada uno de los siguientes requisitos: 1º) Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado, lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse; 2º) Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica; 3º) Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados , sino que se delimite con exactitud en qué discrepa; 4º) Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas (no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada). No cabe apreciarlo si ello comporta repulsa de las facultades valorativas de la prueba, privativas del Tribunal de instancia, cuando estas atribuciones se ejercitan conforme a la sana crítica, porque no es aceptable que la parte haga un juicio de evaluación personal, en sustitución del más objetivo hecho por el Juzgador de instancia; 5º) Que no se base la modificación fáctica en prueba testifical ni pericial. La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador. En algunos supuestos sí cabe que ese tipo de prueba se examine si ofrece un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte» encuentra fundamento para las modificaciones propuestas; 6º) Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos; 7º) Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo; 8º) Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento; 9º) Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte."

En el presente caso no se aprecia error alguno por la sala de instancia, como tampoco lo aprecia la propia recurrente que en su escrito de formalización señala que " no se trata de un error del juzgador", sino que tal y como está redactado no permite en su opinión visualizar cabalmente el carácter del conflicto. Pues bien, siendo el HP suficiente, acorde con la documental en que se apoya, y que esa documental se da allí por reproducida, no puede prosperar el motivo planteado. Además, como ahora se verá, la matización resulta intrascendente para el fallo.

2.- En su segundo motivo insiste la recurrente en la excepción de inadecuación de procedimiento. Entiende que el conflicto no es colectivo sino plural, y hay que estar a las concretas circunstancias de las personas trabajadoras afectadas, opinión que no puede compartirse, por lo que habremos de concluir que la AN respondió correctamente a esa excepción.

Hemos de recordar que el proceso de conflicto colectivo, regulado en los art.153 a 162 de la LRJS, es la vía adecuada para sustanciar las controversias que afectan a intereses generales de un grupo genérico de trabajadores y que versan sobre la aplicación e interpretación de una norma estatal, convenio colectivo, pactos o acuerdos de empresa, o de una decisión o práctica de empresa. Es por ello que el conflicto debe referirse a la interpretación y aplicación de disposiciones, prácticas de empresa o normas que afecten a intereses colectivos, no siendo el cauce adecuado para resolver cuestiones que afecten exclusivamente a intereses individuales, o en los que haya que descender al análisis de las particularidades de cada uno de los integrantes de ese colectivo de trabajadores, colectivo que es preciso que presente características homogéneas en relación con el objeto del conflicto, de manera que la resolución judicial pueda aplicarse de manera uniforme.

Como establece nuestra jurisprudencia, el objeto de los procesos de conflicto colectivo queda acotado por la concurrencia de tres requisitos acumulativos: la trascendencia colectiva del conflicto, su naturaleza jurídica, y su carácter real y actual [ SSTS 426/2020, de 10 de junio (rec. 230/2018) y 929/2020, de 20 de octubre (rec. 95/2019)].

La STS 425/2024, de 6 de marzo (rec. 26/2022) recordó, siguiendo la doctrina contenida en la sentencia núm. 70/2024, de 17 de enero (r. 108/2022): que «La primera exigencia imprescindible es que ese colectivo o grupo de trabajadores tenga un carácter genérico; es decir que tenga un rasgo o nexo común entre ellos de suficiente entidad para que pueda ser titular del segundo elemento: el interés general. Por ello, el grupo o colectivo afectado ha de ser, "no la mera pluralidad, suma o agregado de trabajadores singularmente considerados", sino "un conjunto estructurado a partir de un elemento de homogeneidad", de modo que "constituya una unidad por poseer un elemento común que confiere un perfil unitario al grupo" [por todas, SSTS de 21 de octubre de 1997 y 449/2020, de 15 de junio ( Rec. 167/2018)]. Ahora bien, lo dicho no significa que el conflicto en sí mismo no pueda tener un interés individualizable, pues tienen cabida en este proceso los litigios en que la decisión colectiva puede posteriormente ser objeto de concreción en cuanto a sus efectos respecto a cada uno de los trabajadores afectados. Y es que, como afirmamos en nuestra STS 801/2016, de 4 de octubre (Rec. 232/2015) tras la nueva regulación dada por la LRJS no parece que esta caracterización general del proceso de conflicto colectivo deba modificarse. En efecto, el hecho de que ahora el art. 153.1 LRJS remita también a este proceso las demandas que afecten "a un colectivo genérico susceptible de determinación individual", sin hacer referencia a la naturaleza del interés afectado, no significa excluir la necesaria presencia de un interés "general" en juego, pues en otro caso se desvirtuaría la esencia de este proceso especial; aunque el tenor legal empleado permite incorporar a la norma la idea ya puesta previamente de relieve por este Tribunal de que el proceso de conflicto colectivo resulta compatible con la posibilidad de efectuar la identificación individual de los componentes del grupo: "El hecho, evidente, de que puedan identificarse individualmente cada uno de los trabajadores afectados, no desvirtúa ni su condición de integrante del grupo, ni el carácter homogéneo de éste pues, de ser así, no sería posible el planteamiento de ningún conflicto colectivo de empresa ya que siempre pueden identificarse fácilmente, todos y cada uno de los que integran su plantilla" [ SSTS de 3 de mayo de 2010 (Rec. 185/2007) o de 18 de enero de 2011 (Rec. 66/2010)].

La segunda de las exigencias, para que se pueda considerar que estamos en presencia de un verdadero conflicto colectivo, continúa la STS que citamos, «deriva de la exigencia de que las pretensiones afecten a "intereses generales" del grupo genérico de trabajadores o del colectivo susceptible de determinación individual, lo que exige, como expresan nuestras SSTS de 11 de junio de 2001 (Rec. 4037/2000) y 209/2020, de 4 de marzo ( Rec. 133/2018) que tales intereses pertenezcan indivisiblemente al grupo de trabajadores en su conjunto y sin posibilidad de fraccionamiento entre sus miembros. En este sentido, la clave de la diferenciación está en atender al tipo de valoraciones, más o menos concretas, que el examen y resolución de la cuestión planteada requieren [ SSTS 801/2016, de 4 de octubre (Rec. 232/2015); de 2016; 178/2019, de 6 de marzo (Rec. 8/2018) y 292/2021, de 10 de marzo (rec.139/2019)]; de tal manera que, si la pretensión formulada afecta al interés del grupo de forma indiferenciada y puede resolverse de forma abstracta, sin atender a situaciones particulares de cada trabajador, habrá que considerar adecuada la vía del proceso de conflicto colectivo, sin perjuicio de que, con posterioridad, sí pueda ser necesaria la atención a las circunstancias individuales a efectos de ejecución de sentencia [ SSTS de 22 de marzo de 2007 (Rec. 114/2005) o 930/2020, de 20 de octubre ( Rec. 110/2019)]; por el contrario, cuando estemos ante demandas cuya solución exija tener en cuenta las circunstancias personales de cada uno de los sujetos afectados, entonces la tramitación habrá de realizarse por la vía del proceso ordinario [ STS 454/2017, de 30 de mayo (Rec. 139/2016)]».

3.- Sentado lo anterior, es fácil concluir que la pretensión articulada en la demanda es propia de proceso de conflicto colectivo, por lo que el cauce elegido y sustanciado es el idóneo. Como recuerda nuestra jurisprudencia, la clave que resulta decisiva y determinante para diferenciar cuándo estamos ante un conflicto colectivo y cuándo ante un conflicto plural o individual consiste en atender al tipo de valoraciones, más o menos concretas, que el examen y resolución de la cuestión planteada requieren: si la pretensión formulada puede resolverse de forma abstracta, sin atender a situaciones particulares de cada trabajador, habrá que considerar adecuada la vía del proceso de conflicto colectivo; por el contrario, cuando estemos ante demandas cuya solución exija tener en cuenta las circunstancias personales de cada uno de los sujetos afectados, entonces la tramitación habrá de realizarse por la vía del proceso ordinario o el que, en su caso, corresponda [ SSTS de 18 de noviembre de 1992, (rec. 2629/1991); de 4 de marzo de 1998, (rec. 2969/1997); 801/2016, de 4 de octubre ( rec. 232/2015); 822/2016, de 6 de octubre ( rcud 269/2015) y 984/2016, de 23 de noviembre ( rec. 285/2015)].

En el presente caso, es obvio que la decisión empresarial de aplicar a los TCPs las guardias o imaginarias de aeropuerto con base en el Manual de Operaciones, imaginarias que tienen un régimen operativo distinto de las reguladas en el art. 19 del convenio colectivo, es una decisión empresarial de carácter general para todo el colectivo de los TCPs, y en los términos en que ha sido planteada la pretensión ninguna duda cabe de que estamos ante una media de carácter colectivo y aplicable a un grupo genérico de trabajadores, al margen de que luego, efectivamente, su aplicación haya tenido una mayor o menor afectación numérica de TCPs, porque todos son potencialmente afectados por esas imaginarias. No estamos, por cerrar ya esta cuestión, en supuesto semejante -por ejemplo- al que se resolvió en la STS 548/2023 12-9-2023 (rec. 242/21), en la que se entendió que era inadecuada la vía del conflicto colectivo para enjuiciar una modificación sustancial de la jornada de trabajo habida cuenta de que en la demanda se hacía referencia a diferentes situaciones de ampliaciones de jornada, en fases de afectación individualizadas y que carecían de la necesaria homogeneidad.

En consecuencia, procede rechazar este segundo motivo del recurso de Vueling S.A.

TERCERO.- 1.- En tanto que en el tercer motivo de casación de la empresa se aborda la cuestión nuclear del presente conflicto colectivo, y ciñéndose el recurso del sindicato STAVLA a la segunda de sus peticiones de la demanda en tanto fue desestimada por la AN, petición que además viene condicionada por la previa consideración de si la actuación de la empresa configura o no una modificación de las condiciones de trabajo previstas en el convenio, procede en consecuencia abordar ese tercer motivo del recurso de Vueling, y luego, en caso de ser rechazado, analizar el recurso del sindicato.

2.- La sentencia recurrida, tras examinar el texto del convenio colectivo y el Manual de Operaciones que aparece referido en el ordinal tercero de Hechos Probados, y tras acudir a los criterios de interpretación de los convenios colectivos, llega a la conclusión de que la empresa no puede alterar el régimen de las imaginarias pactado en el Convenio colectivo a través de su regulación en el Manual de Operaciones como lo ha hecho, con base, resumidamente, en que si bien las imaginarias se pueden realizar fuera del domicilio del TCP por así preverlo el convenio colectivo en su art. 19, entiende que la remisión que el art. 8 del convenio efectúa al Manual de Operaciones no puede habilitar a la empresa a imponer un régimen de imaginarias distinto al previsto en el art. 19, en tanto ello supondría vulnerar lo previsto en el art. 1283 del Código Civil (CC), sería además una vía para eludir la norma de descuelgue, y supondría en definitiva dejar en las manos de una de las partes los efectos de lo pactado. La empresa, en su recurso, considera que la recta interpretación de los artículos citados del Convenio y del Manual de Operaciones, en relación con la normativa europea que invoca, apoya justo la solución contraria: que las imaginarias de aeropuerto ya estaban previstas en el Manual de Operaciones, y forma parte del convenio colectivo por la remisión que efectúa el art. 8, y por tanto, que su aplicación ahora a los TCPs no supone alteración alguna que implique ni descuelgue irregular alguno ni una modificación sustancial de condiciones de trabajo.

3.- Para abordar con detalle la cuestión debatida, es conveniente resaltar los preceptos convencionales de aplicación, así como el referido precepto del Manual de Operaciones. El art. 19 del convenio de la demandada vigente al tiempo de producirse la discutida modificación (III Convenio Colectivo de Vueling Airlines, S.A. (B.O.E. de 4 de abril de 2017) establece la regulación de las llamadas "imaginarias", que define en su punto 14 como el "Período definido de tiempo durante el cual el tripulante debe estar a disposición del operador para que le asigne cualquier actividad propia de su categoría, sin que medie un período de descanso. Cuando se lleva a cabo fuera del domicilio deberá disponerse de instalaciones adecuadas."

Estas imaginarias tienen una forma concreta de realización allí contemplada (la duración máxima de la imaginaria será de 16 horas, el tiempo de presentación será de 60 minutos, a excepción de Madrid y Barcelona que será de 75 minutos, etc.).

Por su parte, el art, 8 del Convenio aplicable establece lo siguiente:

"Artículo 8. Legislación vigente y reglamentos internos. Para conseguir que las operaciones de vuelo de la Compañía se desarrollen de acuerdo con los principios de seguridad, legalidad, regularidad, calidad y economía necesarios, los trabajadores comprendidos en el Grupo Profesional de Tripulantes de Cabina de Pasajeros (en adelante TCP), se comprometen al cumplimiento de las normas o disposiciones internas complementarias de las vigentes que resulten obligatorias, muy especialmente las contenidas en los Manuales de Operaciones y en el Compendio de Normas de TCP. Ello, sin perjuicio de acatar las normas legales aplicables en cada caso o cualesquiera otros Reglamentos de Trabajo, órdenes e instrucciones que puedan ser impartidas por la Compañía o por sus representantes, dentro del ámbito de su competencia. Asimismo, la Compañía se obliga a facilitar a los TCP el acceso a los manuales vigentes de Operaciones y de Compendio de Normas de TCP, así como las revisiones correspondientes a los mismos, y de que dichos manuales estén al día y cumplan todas y cada una de las regulaciones vigentes, tanto nacionales como extranjeras."

Y Apartado 7.1.15.1: del Manual de Operaciones, que aparece trascrito en los HP de la recurrida señala que:

"La imaginaria de aeropuerto es aquella que se realiza en una zona específica del aeropuerto designada por Vueling incluyendo los medios de descanso descritos en el MO-A 7.1.0 en alojamiento.

El tiempo máximo durante el cual un tripulante puede estar de imaginaria de aeropuerto es de 6 horas.

Un tripulante se considera en imaginaria de aeropuerto desde su firma en el punto de presentación hasta el final del período notificado de imaginaria. La imaginaria de aeropuerto cuenta como actividad.

Cuando la imaginaria de aeropuerto dé lugar a una asignación de vuelo, el tiempo de presentación es de 10 minutos y es notificado mediante mensajería SMS y confirmada posteriormente vía telefónica."

Entiende la empresa que la lectura combinada de estos preceptos, a la luz de la normativa europea -Anexo V del Reglamento (UE) 2018/1139 y Reglamento ( UE) 965/2012- pone de manifiesto que el Manual de Operaciones completa el contenido del Convenio Colectivo, fruto no de un acto unilateral del empresario, donde habría lugar a plantear la aplicación del Art. 1256 del Código Civil, sino de una sumisión expresa en el Convenio Colectivo, de donde se ha de inferir que no existe ni actuación fraudulenta contraria al art. 82.3 ET ni modificación sustancial alguna.

4.- No podemos, sin embargo, compartir de forma completa la sugerente exposición de la recurrente. Cierto es que a la luz de la normativa europea los Manuales de Operaciones son un elemento esencial en el desarrollo de la operación aérea estando sujetos al control, supervisión y aprobación por parte la autoridad aeronáutica, en España, la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA). Cierto es también que el convenio colectivo contempla la posibilidad de que las imaginarias lo sean tanto en el domicilio del TCP como fuera de este. Pero en ningún caso contempla la regulación de las llamadas "imaginarias de aeropuerto" que sí regula el Manual de Operaciones, y todo el despliegue normativo del art. 19 se ciñe a las imaginarias "normales".

Cuando el art. 8 del convenio colectivo establece la obligación de todos los TCPs de cumplir las previsiones "internas complementarias de las vigentes que resulten obligatorias, muy especialmente las contenidas en los Manuales de Operaciones" se está refiriendo a aquellas normas internas y disposiciones contenidas en el Manual que no alteren lo negociado colectivamente. De lo contrario, por el "vaso comunicante" que es el art. 8 del convenio, que establece una innegable conexión entre el convenio colectivo y el Manual de Operaciones, se podría establecer en ese Manual, a voluntad de la empresa (que es la que lo elabora, mejora, modifica o revisa), un régimen distinto del pactado en el Convenio con la representación sindical en cualquier aspecto y materia, y de esa forma se estaría alterando lo convenido y, al fin y a la postre, dejando en manos de una de las partes contratantes el cumplimiento de lo acordado, a su capricho, con vulneración del art. 1256 CC («La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes».) En definitiva, el Manual de Operaciones solo puede establecer regulaciones operativas dentro del marco negociado en el convenio, sin alterar condiciones laborales pactadas.

Debemos concluir, por todo lo expuesto, que la sentencia recurrida no infringió desde esta perspectiva los preceptos invocados por la recurrente, porque no puede entenderse que el convenio pueda ser, siempre y en todo caso, alterado en lo que regula por lo que diga el Manual de Operaciones. Corresponde a continuación determinar si la decisión de la empresa de imponer esas guardias o imaginarias de presencia en el aeropuerto debió articularse -dada su entidad- por la vía del art. 82.3 ET en relación con el art 41 del mismo cuerpo legal, a través de la adopción de una medida de descuelgue o de modificación sustancial colectiva.

CUARTO. 1.- Debemos recordar que, como esta sala tiene establecido de forma constante, estaremos ante una modificación sustancial de las condiciones de trabajo (MSCT) cuando el cambio sea de tal naturaleza que altere y transforme los aspectos fundamentales de la relación laboral, entre ellos, los previstos en la lista ad exemplum del art. 41 ET, pasando a ser otras distintas, de un modo notorio, mientras que cuando se trata de simples modificaciones accidentales, éstas no tienen dicha condición siendo manifestaciones del poder de dirección y del 'ius variandi' empresarial. Hemos entendido siempre que para diferenciar entre sustancial y accidental es necesario tener en cuenta el contexto convencional e individual, la entidad del cambio, el nivel de perjuicio o el sacrificio que la alteración supone para los trabajadores afectados, pues no cualquier modificación de una de esas condiciones ha de ser necesariamente sustancial, sino que en cada caso habrá que analizar la medida empresarial adoptada para definir su naturaleza sustancial o no. Y no lo es cuando «la medida adoptada no supuso alteración valorable de las condiciones de trabajo o de la remuneración» [ STS 360/2018 de 3 de abril (rcud 106/2017)]. Además, estos criterios, de contornos difusos, pueden hacerse más precisos en la negociación colectiva, especialmente respecto a aquellas materias, como las referidas al horario y tiempo de trabajo, en las que son más frecuentes las situaciones conflictivas. Por último, es conveniente reparar en que las modificaciones sustanciales son colectivas cuando afecten a un número de trabajadores por encima de los umbrales legalmente previstos en el art. 41.2 ET, siendo distinto el régimen de las modificaciones de condiciones de trabajo pactadas en convenios colectivos estatutarios, donde el ET (art. 41. 6) destaca -además de no exigir ya la "sustancialidad" común- que: «La modificación de las condiciones de trabajo establecidas en los convenios colectivos regulados en el título III deberá realizarse conforme a lo establecido en el artículo 82.3».

La jurisprudencia de esta Sala ha clarificado las diferencias y semejanzas entre la MSCT ( art. 41 ET) y el "descuelgue" ( art. 82.3 ET) , pudiendo recordar aquí la STS 616/2016 de 6 de julio (rec. 155/2015), que cita las de 17 diciembre 2014 (rec. 24/2014 ) y 23 junio 2015 (rec. 315/2013):

«Las causas para una y otra son similares, pues en ambos casos se pretende buscar una solución a un problema por el que atraviesa la empresa que se traduce en dificultades económicas o sencillamente en su falta de competitividad, productividad o en necesidades de organización técnica o del trabajo en la empresa.

La lista de materias susceptibles de modificación sustancial es abierta, siendo ejemplificativa la contenida en el art. 41.1 ET ; el elenco de materias respecto de las que cabe la inaplicación es cerrado. Las dos tablas son casi coincidentes, si bien el art. 82.3 ET menciona las mejoras voluntarias de la Seguridad Social, cuya referencia se omite en el ET art. 41 .

Sólo los cambios en las condiciones de trabajo que tengan carácter sustancial quedan sometidos al procedimiento previsto en el art. 41 ET. Sin embargo, todas las alteraciones de las condiciones de trabajo previstas por el convenio, sean sustanciales o no, deben quedar sometidas al descuelgue.

El empresario habrá de acudir al procedimiento previsto en el ET art. 41 cuando pretenda modificar condiciones de trabajo reconocidas a los trabajadores en el contrato de trabajo, en acuerdos o pactos colectivos o disfrutadas por éstos en virtud de una decisión unilateral del empresario de efectos colectivos. Por el contrario, la modificación de las condiciones de trabajo establecidas en los convenios colectivos deberá realizarse conforme a lo establecido en el artículo 82.3 ET ( art. 41.6 ET ).»

2.- En el caso que nos ocupa, hemos de afirmar que la imposición de ese sistema de imaginaria, de localización en el aeropuerto y con un régimen de desempeño diferente del pactado para el resto de imaginarias es una modificación que -en sí misma- implica una alteración del régimen jurídico del tiempo de trabajo pactado en el convenio colectivo, aunque sea de modo tangencial, proyectándose sobre todos los TCPs de la empresa. El hecho de que sean en el aeropuerto y no en el domicilio no supone alteración alguna de lo pactado por cuanto el propio convenio en su art. 19 ya hemos visto que contempla la posibilidad de que las imaginarias sean en otro lugar, sin mayor determinación, por lo que nada impide que la empresa decida en casos concretos que se hagan en el aeropuerto. Es verdad también que su régimen jurídico es más liviano que el de las guardias de localización en domicilio o en otro lugar, porque, en efecto, de su regulación se desprende que durarán 6 horas frente a las 16 horas de las imaginarias genéricas o "normales" del art. 19 del convenio, teniendo una retribución igual. Eso sí, hay un aspecto que desborda lo contenido en el convenio: la personación en el servicio ha de ser más rápida, cosa perfectamente lógica al encontrase ya en el aeropuerto y no ser necesario el inevitable desplazamiento hasta allí, pero esa condición que la empresa ha impuesto unilateralmente por la vía de lo previsto por ella en el Manual de Operaciones no es posible por lo expuesto en el anterior fundamento de derecho, ya que ello contraviene lo pactado en el convenio colectivo, que contempla con carácter general para las imaginarias un mayor margen de incorporación al servicio, sea donde quiera que sea que se desarrolle la disponibilidad. Se debió acudir al cauce del art. 83.2 ET ya mencionado, en relación con el art. 41.4 ET, por lo que al no haberlo hecho así, procede, de acuerdo también con lo solicitado por el MF, la desestimación del recurso de la empresa y la confirmación de la sentencia en ese extremo.

QUINTO.- 1. Por lo que se refiere al recurso del sindicato STAVLA, sostiene como ya se anticipó al comienzo de esta resolución que el derecho a la indemnización es innegable y que la sentencia de la AN yerra al desestimar esta pretensión, con base en la doctrina tanto de esta Sala como del TJUE en materia de guardias localizadas. En definitiva, mantiene que siendo dichas imaginarias nulas por vulneración de lo previsto en la ley, han de considerarse al completo como tiempo efectivo de trabajo, y con ello -en su opinión- ha de reputarse innegable el perjuicio sufrido por los TCPs afectados, de tal forma que tendrían derecho al cobro de la diferencia entre el salario que hubieran percibido de considerar todas las horas de imaginaria en el aeropuerto como horas de trabajo efectivo y la suma realmente recibida por tal concepto.

Lo que el sindicato está planteando es que por el hecho de la nulidad declarada de esa modificación en las imaginarias surge un derecho a una indemnización por el perjuicio sufrido por los trabajadores afectados, que no pudieron hacer esa imaginaria en su domicilio o lugar de su elección. Es preciso resaltar que, en cualquier pretensión indemnizatoria, excepción hecha de las que derivan de una vulneración de derechos fundamentales, es absolutamente necesaria la acreditación del perjuicio o daño sufrido y del nexo causal entre la infracción de la empresa y el daño acontecido ( art. 1101 y ss CC) .

2.- Hemos de desestimar este motivo, por las razones que a continuación expondremos.

Es frecuente el planteamiento de litigios en los que la discusión se centra en la determinación de si el tipo de guardias que debe afrontar el trabajador es considerable como trabajo efectivo o no, existiendo numerosos pronunciamientos tanto de esta sala como del TJUE. A este respecto debemos recordar que se trata de una materia muy casuística, y por ello de difícil fijación de parámetros o reglas generales. Así, en la doctrina del TJUE contenida en las SS TJUE de 9 de marzo de 2021 (asuntos C-580/2019 y C-344/19) establece que el término "guardia" comprende, "de manera genérica, todos los períodos durante los cuales el trabajador permanece a disposición de su empresario para poder realizar una prestación laboral, a petición de este". De otro lado, la expresión "guardia en régimen de disponibilidad no presencial" se refiere -según el TJUE interpretando la Directiva 2003/88- a "aquellos períodos, entre los anteriormente mencionados, durante los cuales el trabajador no está obligado a permanecer en su lugar de trabajo". Y "período de descanso" se refiere "a todo período que no sea tiempo de trabajo", por lo que este concepto y el de "tiempo de trabajo" se "excluyen mutuamente" según el TJUE. Por ello, según las sentencias citadas, "aunque no obligue al trabajador a permanecer en su lugar de trabajo, un período de guardia en régimen de disponibilidad no presencial debe calificarse igualmente, en su totalidad, de tiempo de trabajo en el sentido de la Directiva 2003/88, siempre que esa disponibilidad tenga una incidencia objetiva y considerable por las limitaciones impuestas al trabajador en lo que atañe a la posibilidad de dedicarse a sus intereses personales y sociales, lo que, por ejemplo supondría que no es tiempo de trabajo la guarda de disponibilidad no presencial cuando el trabajador solo tenga la obligación de estar inmediatamente localizable y de poder llegar a su lugar de trabajo en el plazo de una hora en caso de necesidad, sin otra limitación adicional."

En sentido semejante, y haciendo un buen repaso de la jurisprudencia del TJUE y de la propia Sala Cuarta puede citarse la STS núm. 221/2021 de 7 de junio (rcud 413/2023) y las en ella citadas [ STS Pleno 159/2022, de 17 de febrero (rec. 123/2020), y SSTS 763/2022, de 26 de septiembre (rec. 111/2020); y 929/2022, de 22 de noviembre (rcud. 3318/2021)]. En ella se recuerda el contenido de " la STJUE de 9 de marzo de 2021, C-344/19, que desarrolla y sistematiza la doctrina anterior, en particular de la sentencia de 21 de febrero de 2018, C-518/15, argumentando:" 29. [...] el tiempo de guardia de un trabajador debe calificarse, bien de "tiempo de trabajo ", bien de "período de descanso", a efectos de la aplicación de la Directiva 2003/88, puesto que esta no contempla una categoría intermedia [...].

3.- Atendida la jurisprudencia señalada y por lo que al presente caso respecta, repárese en que la regulación de la actividad de transporte (y en concreto el transporte aéreo y su personal de vuelo) por sus especiales características, se le aplica de forma especial o indirecta la citada Directiva (art. 1.3).

En efecto, la Directiva 2003/88 sobre tiempo de trabajo tiene una vocación de universalidad cuando en su art. 1.3 señala que se aplicará «a todos los sectores de actividad, privados y públicos (...) sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 14,17,18 y 19 de la presente Directiva».

Sin embargo, entre esos artículos citados, el 17,2 contempla la posibilidad de que mediante procedimientos legales, reglamentarios o administrativos o mediante convenios colectivos celebrados entre los interlocutores sociales, puedan establecerse las excepciones previstas en los apartados 3, 4 y 5, incluyéndose, por ejemplo, en el apartado 3 letra ii, el personal que trabaje en los aeropuertos (actividades caracterizadas por la necesidad de garantizar la continuidad del servicio).

Se da la circunstancia de que el RD 1561/95 de Jornadas Especiales, en su modificación sufrida por el RD 294/2004 de 20 de febrero (que respondía a la adaptación del precedente RD a la Directiva del personal de vuelo) exponía con claridad en su preámbulo que la anterior Directiva sólo abarcaba al personal de tierra. La razón era evidente, y venía señalada por la previsión contenida en el art 14 de la Directiva 2003/88: bajo el rótulo de "disposiciones comunitarias más específicas" se establece allí que «Las disposiciones de la presente Directiva no se aplicarán en la medida en que otros instrumentos comunitarios contengan prescripciones más específicas en materia de ordenación del tiempo de trabajo en lo referente a determinadas ocupaciones o actividades profesionales».

Pues bien, resulta que el personal de vuelo de la aviación civil tiene su propia Directiva, que es la Directiva 2000/79, por lo que las infracciones denunciadas por el sindicato recurrente no son tan claras como pudiera en principio parecer. Esta Directiva tiene por objeto aplicar el Acuerdo europeo sobre la ordenación de tiempo de trabajo del personal de vuelo en la aviación civil celebrado en marzo de 2000 por las organizaciones representativas de los interlocutores sociales del sector de la aviación civil.

En ella se define el "tiempo de trabajo" en forma semejante a como lo hace la Directiva 2003, pero sin regular el tiempo de descanso.

Desde esa perspectiva, habrá de estarse también al RD que regula las jornadas especiales, el RD 1561/95, que las partes enfrentadas en este recurso manejan a su conveniencia, y que contempla expresamente una regulación no coincidente con la contenida en el ET y colateralmente afectada por la doctrina del TJUE más arriba referida.

En ese RD se define el "tiempo de presencia" (art. 8) como aquel en el que el trabajador se encuentre «a disposición del empresario sin prestar trabajo efectivo, por razones de espera, expectativas, servicios de guardia, viajes sin servicio , averías, comidas en ruta u otras similares», y el "trabajo efectivo" solo tiene lugar cuando «se estén realizando las funciones propias de la conducción del vehículo o medio de transporte, u otros trabajos durante el tiempo de circulación de los mismos o trabajos auxiliares que se efectúan en relación con el vehículo o medio de transporte...» .

Por su parte, el RD mencionado regula en su art. 14 especialmente al personal de vuelo, y bajo el rotulo " tiempo de trabajo y descanso del personal de vuelo" efectúa las definiciones oportunas, tras reiterar que se les aplicará lo previsto en los art 8 y 9 que acabamos de citar más arriba.

Desde la regulación mencionada, hemos de movernos pues en una posición de equilibrio entre la especialidad de esta actividad y del trabajo del personal de vuelo y la innegable influencia de la Directiva 2003/88, teniendo muy presente que la jurisprudencia al respecto del TJUE (por todas Sentencia Matzak de 2018 y Sentencia Dublin City de 2021) y la citada más arriba de esta propia sala del TS les sería extensible. Dicho de otro modo, no corresponde aplicar directamente la Directiva 2003/88/CE a los TCP, pero sí aplicar sus conceptos a través de la Directiva 2000/79/CE. Así, un TCP cuyo régimen de guardias incumpla la definición comunitaria de descanso (por imponerle una disponibilidad demasiado gravosa) podría invocar la protección del Derecho de la UE para que se reconozca ese periodo como tiempo de trabajo.

Pero lo que es evidente es que las "imaginarias" no son trabajo efectivo como regla general y por eso el convenio cuya interpretación nos ocupa no las conceptúa como tal y se retribuyen de otra manera. Si las imaginarias de aeropuerto que se han realizado son, como ocurre en este caso, declaradas nulas, de ello no se desprende necesariamente en contra de lo solicitado por el sindicato, ni que haya que computarlas necesariamente como "trabajo efectivo", ni que haya un perjuicio automático para los trabajadores, que el sindicato cuantifica considerando esas horas como de trabajo efectivo.

Lo cierto es que, aun declarada nula la media empresarial, las horas se efectuaron en un régimen irregular de presencia en el aeropuerto, y ni el tiempo, ni la exigencia, ni las condiciones de su desempeño las hacen equiparables al trabajo efectivo. En otras palabras: que la hora de "imaginaria en aeropuerto" no sea "legal" no convierte el trabajo prestado durante ellas en "trabajo efectivo", en primer lugar porque en este sector no juega de modo absoluto esa dicotomía exclusiva afirmada por el TJUE de que no hay otra cosa entre "trabajo efectivo" y "tiempo de descanso", porque está el tiempo de presencia con sus peculiaridades, y en segundo lugar, porque ya hemos visto que estar de imaginaria no es estar en el avión desarrollando las tareas propias de la categoría del TCP durante el vuelo, no es trabajo efectivo atendidos los preceptos del RD señalado. En consecuencia, retribuir las guardias o imaginarias de aeropuerto como "trabajo efectivo" para compensar los teóricos perjuicios sufridos supondría utilizar un parámetro no adecuado de cálculo.

En conclusión, entendemos que en el presente caso el tiempo de guardia de presencia a través de ese sistema de "imaginarias de aeropuerto" en tanto ha sido considerado por la sentencia de la AN como una actuación nula, configura un tiempo de puesta a disposición del empresario sin margen para atender sus necesidades familiares o sociales, al tener lugar en el aeropuerto, y sin haberse pactado su regulación en todos sus extremos, que han sido impuestos por la empresa, pero de ello no se sigue necesariamente que haya que considerarlo tiempo de trabajo "efectivo" en atención a lo expuesto, por lo que no hay derecho a la indemnización en los términos solicitados.

Procede en consecuencia, visto el informe del MF, la desestimación del único motivo de recurso del sindicato STAVLA, y confirmar la sentencia de la AN en todos sus extremos.

SEXTO.- Estando ante un proceso de conflicto colectivo no se hará pronunciamiento sobre condena en costas, en atención a lo previsto en el art. 235.2 de la LRJS, con pérdida del depósito efectuado por la empresa también recurrente.