Sentencia Social 645/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 4669/2023 de 08 de julio del 2026

PRIMERO.- 1.Se discute si la actora es trabajadora fija del Gobierno Vasco. Se declara probado que la demandante participó en un proceso selectivo de acceso a empleo laboral fijo, en el que aprobó sin plaza. Suscribió múltiples contratos de duración determinada con el Gobierno Vasco durante un prolongado lapso de tiempo.

2.El Juzgado de lo Social dictó sentencia en la que declaró que la relación laboral de la actora es fija. La parte demandada interpuso recurso de suplicación. La sentencia recurrida, dictada por el TSJ del País Vasco 1735/2023, de 11 de julio (recurso 91/2023) desestimó el recurso.

3.El Gobierno Vasco interpuso recurso de casación para la unificación de doctrina con un único motivo en el que denuncia la infracción del art. 14 de la Constitución Española ( en adelante CE), de las cláusulas segunda.2 y quinta de la Directiva 1999/70, del art. 15 del Estatuto de los Trabajadores y del art. .2.c) del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público ( en adelante TREBEP), así como de la doctrina jurisprudencial que cita.

Argumenta que los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público impiden que se declare que la relación laboral de la actora es fija.

4.El Ministerio Fiscal informó en el sentido de que no concurría el requisito de contradicción.

La demandante presentó escrito de impugnación del recurso en el que niega que concurra el requisito de contradicción y solicita la confirmación de la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- 1.En primer lugar, debemos examinar el presupuesto procesal de contradicción exigido por el art. 219.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ( en adelante LRJS) en relación con la sentencia de contraste.

Ese requisito no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales [por todas, STS 861/2022, de 26 de octubre (rcud 4665/2019); 893/2022, de 10 de noviembre (rcud 2882/2021); y 968/2022, de 20 de diciembre (rcud 2984/2021)].

2.La parte recurrente invoca dos sentencias de contradicción para el único motivo del recurso: las STSJ de Andalucía con sede en Sevilla 1278/2021, de 17 de mayo (recurso 3369/2019) y 3086/2021, de 2 de diciembre (recurso 1055/2020).

Se requirió a la parte recurrente para que seleccionara una sentencia referencial. Al no haberlo hecho, se tiene por seleccionada la más moderna: la STSJ de Andalucía con sede en Sevilla 3086/2021, de 2 de diciembre (recurso 1055/2020).

3.En la sentencia recurrida se declara probado que la actora participó en un proceso selectivo convocado por la Consejera de Hacienda y Administración Pública para la provisión de plazas de personal fijo, con el resultado de aprobado sin plaza. Pasó a integrar la bolsa de trabajo. Con posterioridad ha prestado servicios a favor del Gobierno Vasco en virtud de una pluralidad de contratos de interinidad durante un prolongado lapso temporal. La sentencia recurrida la declaró trabajadora fija del Gobierno Vasco.

4.Por el contrario, en la sentencia referencial únicamente consta que el demandante participó en un proceso selectivo que no aprobó. En la STSJ de Andalucía con sede en Sevilla 3086/2021, de 2 de diciembre (recurso 1055/2020), únicamente consta que el demandante participó en dos procesos selectivos convocados por el Ayuntamiento de Sevilla para proveer plazas de peón, que no aprobó. Prestó servicios para esa corporación local en virtud de varios contratos temporales desde el 8 de enero de 2004. La sentencia de contraste niega que tenga derecho a adquirir la condición de trabajador fijo.

5.Las STS (Pleno) 475/2026, de 11 de mayo (rcud 3543/2023) y 578/2026, de 30 de junio (rcud 5544/2023) establecieron los siguientes criterios en relación con la controversia litigiosa:

A) La Cláusula 5 del Acuerdo marco anexo a la Directiva 1999/70/CE exige dos requisitos acumulativos:

a) Sucesión o renovación de contratos de trabajo

La Cláusula 5 solamente se aplica cuando se han suscrito sucesivos contratos de duración determinada o cuando un único contrato se ha prorrogado (esa Cláusula 5 menciona las «razones objetivas que justifiquen la renovación de tales contratos»).

b) Abuso de temporalidad

Es necesario que la relación laboral haya sido inusual o anormalmente larga con posterioridad a la fecha límite de incorporación de la Directiva 1999/70 (el 10 de julio de 2001). La STJUE (Gran Sala) de 5 de junio de 2018 (C-677/2016, Montero Mateos) declaró que un contrato de interinidad por sustitución que se había prolongado durante 7 años y 6 meses había tenido una duración inusualmente larga.

Se trata de un concepto jurídico indeterminado que deberá ponderar las circunstancias de cada caso concreto.

B) Cuando no se aplique la Cláusula 5 el régimen extintivo sigue siendo el mismo:

a) La extinción de estas relaciones laborales sin abuso en la temporalidad da derecho a la indemnización de 20 días por año de servicio cuando se extingue por cobertura reglamentaria de la plaza, en razón de la especial naturaleza de este tipo de vínculo laboral que trae causa de la irregular contratación temporal en fraude de ley, en analogía con la indemnización prevista para la extinción de los contratos de trabajo por causas objetivas.

b) La amortización de la plaza desempeñada no está legalmente prevista como causa extintiva de estos contratos. Por ello, la Administración Pública deberá acudir a la vía de extinción prevista en los arts. 51 y 52 ET.

c) En dicho caso, no se deberá condenar al pago de la indemnización específica por abuso en la temporalidad.

C) Como regla general, la conversión de los contratos temporales con abuso en la temporalidad en fijos cuando el acceso al empleo público no se ha regido por los principios de igualdad, mérito y capacidad sería contraria al art. 14 de la CE, que establece que los españoles son iguales ante la ley, y a los arts. 11.3 y 55 del TREBEP, que disponen que el ingreso al empleo público debe respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad.

D) La conversión de la relación laboral temporal en fija solo se produce cuando el trabajador que sufre el abuso en la temporalidad había superado un proceso selectivo para personal fijo sin obtener plaza. La razón es porque en dicho caso sí que se cumplen los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público.

6.En la sentencia recurrida se declara probado que la actora superó un proceso selectivo para personal fijo sin obtener plaza, razón por la cual, al haberse producido un abuso en la temporalidad, se reconoció su condición de trabajadora fija del Gobierno Vasco. Por el contrario, en la sentencia de contraste no consta que el demandante superase un proceso selectivo para personal fijo, lo que excluye que concurra el requisito de contradicción.

TERCERO.- 1.Esta causa de inadmisión, en este trámite procesal, se convierte en causa de desestimación del recurso de casación unificadora [ STS 620/2022, de 6 de julio (rcud 2309/2019); 776/2022, de 27 de septiembre (rcud 965/2020); y 893/2022, de 10 de noviembre (rcud 2882/2021), entre otras muchas].

2.Los anteriores argumentos obligan, de conformidad con el Ministerio Fiscal, a desestimar el recurso formulado y declarar la firmeza de la sentencia recurrida. Se condena a la parte recurrente al pago de las costas de su recurso en la cantidad de 1.500 euros.

PRIMERO.- 1.Se discute si la actora es trabajadora fija del Gobierno Vasco. Se declara probado que la demandante participó en un proceso selectivo de acceso a empleo laboral fijo, en el que aprobó sin plaza. Suscribió múltiples contratos de duración determinada con el Gobierno Vasco durante un prolongado lapso de tiempo.

2.El Juzgado de lo Social dictó sentencia en la que declaró que la relación laboral de la actora es fija. La parte demandada interpuso recurso de suplicación. La sentencia recurrida, dictada por el TSJ del País Vasco 1735/2023, de 11 de julio (recurso 91/2023) desestimó el recurso.

3.El Gobierno Vasco interpuso recurso de casación para la unificación de doctrina con un único motivo en el que denuncia la infracción del art. 14 de la Constitución Española ( en adelante CE), de las cláusulas segunda.2 y quinta de la Directiva 1999/70, del art. 15 del Estatuto de los Trabajadores y del art. .2.c) del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público ( en adelante TREBEP), así como de la doctrina jurisprudencial que cita.

Argumenta que los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público impiden que se declare que la relación laboral de la actora es fija.

4.El Ministerio Fiscal informó en el sentido de que no concurría el requisito de contradicción.

La demandante presentó escrito de impugnación del recurso en el que niega que concurra el requisito de contradicción y solicita la confirmación de la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- 1.En primer lugar, debemos examinar el presupuesto procesal de contradicción exigido por el art. 219.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ( en adelante LRJS) en relación con la sentencia de contraste.

Ese requisito no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales [por todas, STS 861/2022, de 26 de octubre (rcud 4665/2019); 893/2022, de 10 de noviembre (rcud 2882/2021); y 968/2022, de 20 de diciembre (rcud 2984/2021)].

2.La parte recurrente invoca dos sentencias de contradicción para el único motivo del recurso: las STSJ de Andalucía con sede en Sevilla 1278/2021, de 17 de mayo (recurso 3369/2019) y 3086/2021, de 2 de diciembre (recurso 1055/2020).

Se requirió a la parte recurrente para que seleccionara una sentencia referencial. Al no haberlo hecho, se tiene por seleccionada la más moderna: la STSJ de Andalucía con sede en Sevilla 3086/2021, de 2 de diciembre (recurso 1055/2020).

3.En la sentencia recurrida se declara probado que la actora participó en un proceso selectivo convocado por la Consejera de Hacienda y Administración Pública para la provisión de plazas de personal fijo, con el resultado de aprobado sin plaza. Pasó a integrar la bolsa de trabajo. Con posterioridad ha prestado servicios a favor del Gobierno Vasco en virtud de una pluralidad de contratos de interinidad durante un prolongado lapso temporal. La sentencia recurrida la declaró trabajadora fija del Gobierno Vasco.

4.Por el contrario, en la sentencia referencial únicamente consta que el demandante participó en un proceso selectivo que no aprobó. En la STSJ de Andalucía con sede en Sevilla 3086/2021, de 2 de diciembre (recurso 1055/2020), únicamente consta que el demandante participó en dos procesos selectivos convocados por el Ayuntamiento de Sevilla para proveer plazas de peón, que no aprobó. Prestó servicios para esa corporación local en virtud de varios contratos temporales desde el 8 de enero de 2004. La sentencia de contraste niega que tenga derecho a adquirir la condición de trabajador fijo.

5.Las STS (Pleno) 475/2026, de 11 de mayo (rcud 3543/2023) y 578/2026, de 30 de junio (rcud 5544/2023) establecieron los siguientes criterios en relación con la controversia litigiosa:

A) La Cláusula 5 del Acuerdo marco anexo a la Directiva 1999/70/CE exige dos requisitos acumulativos:

a) Sucesión o renovación de contratos de trabajo

La Cláusula 5 solamente se aplica cuando se han suscrito sucesivos contratos de duración determinada o cuando un único contrato se ha prorrogado (esa Cláusula 5 menciona las «razones objetivas que justifiquen la renovación de tales contratos»).

b) Abuso de temporalidad

Es necesario que la relación laboral haya sido inusual o anormalmente larga con posterioridad a la fecha límite de incorporación de la Directiva 1999/70 (el 10 de julio de 2001). La STJUE (Gran Sala) de 5 de junio de 2018 (C-677/2016, Montero Mateos) declaró que un contrato de interinidad por sustitución que se había prolongado durante 7 años y 6 meses había tenido una duración inusualmente larga.

Se trata de un concepto jurídico indeterminado que deberá ponderar las circunstancias de cada caso concreto.

B) Cuando no se aplique la Cláusula 5 el régimen extintivo sigue siendo el mismo:

a) La extinción de estas relaciones laborales sin abuso en la temporalidad da derecho a la indemnización de 20 días por año de servicio cuando se extingue por cobertura reglamentaria de la plaza, en razón de la especial naturaleza de este tipo de vínculo laboral que trae causa de la irregular contratación temporal en fraude de ley, en analogía con la indemnización prevista para la extinción de los contratos de trabajo por causas objetivas.

b) La amortización de la plaza desempeñada no está legalmente prevista como causa extintiva de estos contratos. Por ello, la Administración Pública deberá acudir a la vía de extinción prevista en los arts. 51 y 52 ET.

c) En dicho caso, no se deberá condenar al pago de la indemnización específica por abuso en la temporalidad.

C) Como regla general, la conversión de los contratos temporales con abuso en la temporalidad en fijos cuando el acceso al empleo público no se ha regido por los principios de igualdad, mérito y capacidad sería contraria al art. 14 de la CE, que establece que los españoles son iguales ante la ley, y a los arts. 11.3 y 55 del TREBEP, que disponen que el ingreso al empleo público debe respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad.

D) La conversión de la relación laboral temporal en fija solo se produce cuando el trabajador que sufre el abuso en la temporalidad había superado un proceso selectivo para personal fijo sin obtener plaza. La razón es porque en dicho caso sí que se cumplen los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público.

6.En la sentencia recurrida se declara probado que la actora superó un proceso selectivo para personal fijo sin obtener plaza, razón por la cual, al haberse producido un abuso en la temporalidad, se reconoció su condición de trabajadora fija del Gobierno Vasco. Por el contrario, en la sentencia de contraste no consta que el demandante superase un proceso selectivo para personal fijo, lo que excluye que concurra el requisito de contradicción.

TERCERO.- 1.Esta causa de inadmisión, en este trámite procesal, se convierte en causa de desestimación del recurso de casación unificadora [ STS 620/2022, de 6 de julio (rcud 2309/2019); 776/2022, de 27 de septiembre (rcud 965/2020); y 893/2022, de 10 de noviembre (rcud 2882/2021), entre otras muchas].

2.Los anteriores argumentos obligan, de conformidad con el Ministerio Fiscal, a desestimar el recurso formulado y declarar la firmeza de la sentencia recurrida. Se condena a la parte recurrente al pago de las costas de su recurso en la cantidad de 1.500 euros.

PRIMERO.- 1.Se discute si la actora es trabajadora fija del Gobierno Vasco. Se declara probado que la demandante participó en un proceso selectivo de acceso a empleo laboral fijo, en el que aprobó sin plaza. Suscribió múltiples contratos de duración determinada con el Gobierno Vasco durante un prolongado lapso de tiempo.

2.El Juzgado de lo Social dictó sentencia en la que declaró que la relación laboral de la actora es fija. La parte demandada interpuso recurso de suplicación. La sentencia recurrida, dictada por el TSJ del País Vasco 1735/2023, de 11 de julio (recurso 91/2023) desestimó el recurso.

3.El Gobierno Vasco interpuso recurso de casación para la unificación de doctrina con un único motivo en el que denuncia la infracción del art. 14 de la Constitución Española ( en adelante CE), de las cláusulas segunda.2 y quinta de la Directiva 1999/70, del art. 15 del Estatuto de los Trabajadores y del art. .2.c) del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público ( en adelante TREBEP), así como de la doctrina jurisprudencial que cita.

Argumenta que los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público impiden que se declare que la relación laboral de la actora es fija.

4.El Ministerio Fiscal informó en el sentido de que no concurría el requisito de contradicción.

La demandante presentó escrito de impugnación del recurso en el que niega que concurra el requisito de contradicción y solicita la confirmación de la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- 1.En primer lugar, debemos examinar el presupuesto procesal de contradicción exigido por el art. 219.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ( en adelante LRJS) en relación con la sentencia de contraste.

Ese requisito no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales [por todas, STS 861/2022, de 26 de octubre (rcud 4665/2019); 893/2022, de 10 de noviembre (rcud 2882/2021); y 968/2022, de 20 de diciembre (rcud 2984/2021)].

2.La parte recurrente invoca dos sentencias de contradicción para el único motivo del recurso: las STSJ de Andalucía con sede en Sevilla 1278/2021, de 17 de mayo (recurso 3369/2019) y 3086/2021, de 2 de diciembre (recurso 1055/2020).

Se requirió a la parte recurrente para que seleccionara una sentencia referencial. Al no haberlo hecho, se tiene por seleccionada la más moderna: la STSJ de Andalucía con sede en Sevilla 3086/2021, de 2 de diciembre (recurso 1055/2020).

3.En la sentencia recurrida se declara probado que la actora participó en un proceso selectivo convocado por la Consejera de Hacienda y Administración Pública para la provisión de plazas de personal fijo, con el resultado de aprobado sin plaza. Pasó a integrar la bolsa de trabajo. Con posterioridad ha prestado servicios a favor del Gobierno Vasco en virtud de una pluralidad de contratos de interinidad durante un prolongado lapso temporal. La sentencia recurrida la declaró trabajadora fija del Gobierno Vasco.

4.Por el contrario, en la sentencia referencial únicamente consta que el demandante participó en un proceso selectivo que no aprobó. En la STSJ de Andalucía con sede en Sevilla 3086/2021, de 2 de diciembre (recurso 1055/2020), únicamente consta que el demandante participó en dos procesos selectivos convocados por el Ayuntamiento de Sevilla para proveer plazas de peón, que no aprobó. Prestó servicios para esa corporación local en virtud de varios contratos temporales desde el 8 de enero de 2004. La sentencia de contraste niega que tenga derecho a adquirir la condición de trabajador fijo.

5.Las STS (Pleno) 475/2026, de 11 de mayo (rcud 3543/2023) y 578/2026, de 30 de junio (rcud 5544/2023) establecieron los siguientes criterios en relación con la controversia litigiosa:

A) La Cláusula 5 del Acuerdo marco anexo a la Directiva 1999/70/CE exige dos requisitos acumulativos:

a) Sucesión o renovación de contratos de trabajo

La Cláusula 5 solamente se aplica cuando se han suscrito sucesivos contratos de duración determinada o cuando un único contrato se ha prorrogado (esa Cláusula 5 menciona las «razones objetivas que justifiquen la renovación de tales contratos»).

b) Abuso de temporalidad

Es necesario que la relación laboral haya sido inusual o anormalmente larga con posterioridad a la fecha límite de incorporación de la Directiva 1999/70 (el 10 de julio de 2001). La STJUE (Gran Sala) de 5 de junio de 2018 (C-677/2016, Montero Mateos) declaró que un contrato de interinidad por sustitución que se había prolongado durante 7 años y 6 meses había tenido una duración inusualmente larga.

Se trata de un concepto jurídico indeterminado que deberá ponderar las circunstancias de cada caso concreto.

B) Cuando no se aplique la Cláusula 5 el régimen extintivo sigue siendo el mismo:

a) La extinción de estas relaciones laborales sin abuso en la temporalidad da derecho a la indemnización de 20 días por año de servicio cuando se extingue por cobertura reglamentaria de la plaza, en razón de la especial naturaleza de este tipo de vínculo laboral que trae causa de la irregular contratación temporal en fraude de ley, en analogía con la indemnización prevista para la extinción de los contratos de trabajo por causas objetivas.

b) La amortización de la plaza desempeñada no está legalmente prevista como causa extintiva de estos contratos. Por ello, la Administración Pública deberá acudir a la vía de extinción prevista en los arts. 51 y 52 ET.

c) En dicho caso, no se deberá condenar al pago de la indemnización específica por abuso en la temporalidad.

C) Como regla general, la conversión de los contratos temporales con abuso en la temporalidad en fijos cuando el acceso al empleo público no se ha regido por los principios de igualdad, mérito y capacidad sería contraria al art. 14 de la CE, que establece que los españoles son iguales ante la ley, y a los arts. 11.3 y 55 del TREBEP, que disponen que el ingreso al empleo público debe respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad.

D) La conversión de la relación laboral temporal en fija solo se produce cuando el trabajador que sufre el abuso en la temporalidad había superado un proceso selectivo para personal fijo sin obtener plaza. La razón es porque en dicho caso sí que se cumplen los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público.

6.En la sentencia recurrida se declara probado que la actora superó un proceso selectivo para personal fijo sin obtener plaza, razón por la cual, al haberse producido un abuso en la temporalidad, se reconoció su condición de trabajadora fija del Gobierno Vasco. Por el contrario, en la sentencia de contraste no consta que el demandante superase un proceso selectivo para personal fijo, lo que excluye que concurra el requisito de contradicción.

TERCERO.- 1.Esta causa de inadmisión, en este trámite procesal, se convierte en causa de desestimación del recurso de casación unificadora [ STS 620/2022, de 6 de julio (rcud 2309/2019); 776/2022, de 27 de septiembre (rcud 965/2020); y 893/2022, de 10 de noviembre (rcud 2882/2021), entre otras muchas].

2.Los anteriores argumentos obligan, de conformidad con el Ministerio Fiscal, a desestimar el recurso formulado y declarar la firmeza de la sentencia recurrida. Se condena a la parte recurrente al pago de las costas de su recurso en la cantidad de 1.500 euros.