Sentencia Social 424/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 1062/2023 de 09 de mayo del 2025

PRIMERO.- 1.La controversia suscitada en el presente recurso de casación para la unificación de doctrina se centra en determinar si la parte demandada ha de realizar las aportaciones adicionales al plan de pensiones del actor que resultó afectado por el despido colectivo, hasta que éste cumpla los 65 años, o hasta que se jubile si ello tuviera lugar con anterioridad al cumplimiento de esta edad.

2.La sentencia del Juzgado de lo Social desestimó la demanda interpuesta por el actor frente al Banco de Castilla La Mancha, SA, LIBERBANK, SA, CCM Vida y Pensiones de seguros y Reaseguros, SA y, el Fondo de Pensiones de Empleados Caja Castilla-La Mancha, en la que se reclamaba la aportación al plan de pensiones del demandante de las aportaciones adicionales, desde la fecha de su baja indemnizada hasta que cumpliese los 65 años. Declara que es de aplicación la disposición transitoria sexta de las especificaciones del plan de pensiones, introducida por el acuerdo de la Comisión de Control de 6 de julio de 2017, según la cual, una vez producida la baja indemnizada, el empleado pasará a la condición de partícipe en suspenso, sin perjuicio de la aportación extraordinaria del promotor que tendría que realizar en el momento de la baja y que también regula.

3.La indicada sentencia fue recurrida en suplicación, dictándose la Sentencia 31/2023, de 13 de enero (rec 3/2021), de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, que estimando el recurso del actor, estima la demanda, condenando a Liberbank y al Banco de Castilla La Mancha a que aporten al plan de pensiones del demandante las aportaciones adicionales que vayan venciendo desde el mes de agosto de 2017 hasta que cumpla la edad de 65 años, o se jubile, más el 10 % del interés legal.

Esta sentencia declara, de un lado, la falta de competencia de la Comisión de Control para introducir la disposición transitoria sexta en las especificaciones del plan. Y, de otro, interpreta el artículo 10 del pacto de empresa por el que se sustituye el sistema de previsión social complementaria de los empleados de la Caja de Ahorros de Castilla La Mancha de 16 de septiembre de 2003, que contempla las aportaciones adicionales del subplan 4 y que prevé, en caso de extinción de la relación laboral por despido improcedente o despido colectivo, la continuación de las aportaciones por el promotor al plan de pensiones del trabajador despedido, hasta la edad de jubilación ordinaria en el régimen general de la Seguridad Social, que en ese momento era de 65 años.

4.Frente a esta STSJ de Castilla La Mancha interpusieron recurso de casación para la unificación de doctrina Liberbank y el actor. El recurso de Liberbank fue inadmitido por el Auto de esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 17 de abril de 2024, por falta de contradicción entre la sentencia recurrida y la de contraste.

En el recurso de casación para la unificación de la doctrina formulado por la parte actora, en primer lugar, se alega que la sentencia recurrida es contradictoria con la doctrina sentada por la Sentencia de la sección tercera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 835/2021, de 15 de diciembre (rec 423/2021) pues, mientras que la sentencia condena al abono al actor de las aportaciones adicionales hasta que cumpla la edad de 65 años, o se jubile, la sentencia de contraste, condena al abono de las mismas hasta que el demandante en aquellas actuaciones cumpliera la edad de 65 años y, por lo tanto, con independencia de que se hubiera jubilado con anterioridad.

Y, en segundo lugar, se invoca, con base en el artículo 224.1 b) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, el quebranto en la interpretación del derecho y en la formación de la jurisprudencia por la infracción por la sentencia recurrida, por errónea interpretación de los acuerdos colectivos de 16 de septiembre de 2003 y de 21 de junio de 2017, en relación con los artículos 51 y 52 y, 82 y siguientes del Estatuto de los Trabajadores, 37 de la Constitución, 21, 16 y 8 de las especificaciones del plan de pensiones y, 1281 y siguientes del Código Civil.

5.El Ministerio Fiscal informó en el sentido de estimar el recurso de casación para la unificación de doctrina.

6.La parte demandada UNICAJA BANCO SA impugnó el recurso, alegando la falta de contradicción y solicitando la confirmación de la sentencia recurrida.

Impugnaron también el recurso, de un lado, el FONDO DE PENSIONES DE EMPLEADOS DE CAJA CASTILLA LA MANCHA y, de otro, CMM VIDA Y PENSIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS, invocando en ambos escritos que, dado que no se había hecho referencia a la estimada falta de legitimación pasiva en el escrito de recurso de casación para la unificación de doctrina, no procedía realizar pronunciamiento alguno al respecto.

SEGUNDO: 1.Debemos examinar, en primer lugar, la concurrencia del requisito de contradicción exigido en el recurso de casación para la unificación de doctrina por el artículo 219.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, entre la sentencia recurrida y la sentencia de contraste, que es la STSJ de Madrid 835/2021, de 15 de diciembre (rec 423/2021).

Es aplicable al caso de autos, el artículo 219.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, en la redacción anterior a la reforma operada por el apartado doce del artículo 24 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia pues, aunque esta última norma entró en vigor el 3 de abril de 2025, de conformidad con el párrafo octavo de la disposición transitoria novena de la misma, la nueva regulación de los recursos de casación social será de aplicación a los recursos que se formulen contra las resoluciones dictadas a partir de su entrada en vigor y, la sentencia recurrida data de fecha anterior.

A tenor, por tanto, del artículo 219.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, en su redacción originaria:

«El recurso tendrá por objeto la unificación de doctrina con ocasión de sentencias dictadas en suplicación por las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia, que fueran contradictorias entre sí, con la de otra u otras Salas de los referidos Tribunales Superiores o con sentencias del Tribunal Supremo, respecto de los mismos litigantes u otros diferentes en idéntica situación donde, en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, se hubiere llegado a pronunciamientos distintos».

La contradicción se produce cuando existen pronunciamientos diferentes en procedimientos con hechos, fundamentos y pretensiones entre las que existe una igualdad sustancial, respecto de los mismos litigantes o entre litigantes distintos que se encuentren en idéntica situación. No se exige una identidad absoluta, bastando la diversidad de las decisiones, a pesar de ser los hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales.

Consiguientemente, como declararon, entre otras, las SSTS 1161/2023, de 14 de diciembre (rcud 861/2021), 968/2022, de 20 diciembre (rcud 2984/2021), 893/2022, de 10 noviembre (rcud 2882/2021) y, 861/2022, de 26 octubre (rcud 4665/2019), para apreciar la concurrencia de la necesaria contradicción, ha de llevarse a cabo una comparación entre los pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales, no siendo admisible el mero examen abstracto de doctrinas al margen de la identidad de las controversias.

2.En las presentes actuaciones, la sentencia recurrida 31/2023, de 13 de enero (rec 3/2021), de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, estimó el recurso de suplicación del actor y la demanda, condenando a la parte demandada a realizar las aportaciones adicionales al plan de pensiones del demandante que fueran venciendo, desde el mes de agosto de 2017 hasta que cumpliera la edad de 65 años, o se jubilara, más el 10 % del interés legal.

El demandante vio extinguida su relación laboral, el 31 de julio de 2017, como consecuencia del despido colectivo practicado por la parte demandada, que finalizó con el acuerdo en el periodo de consultas de 21 de junio de 2017.

Liberbank se subrogó en la condición de promotor de los cuatro planes de pensiones de las cuatro entidades financieras que se integraron en la citada entidad, a saber, las Cajas de Ahorros de Castilla La Mancha, Extremadura, Asturias y Cantabria. El actor prestaba servicios para la Caja de Ahorros de Castilla La Mancha, cuyo plan de pensiones englobaba, a su vez, los antiguos planes de pensiones de las Cajas de Ahorros de Albacete, Toledo, Cuenca y Ciudad Real y que, por ello, se dividía en cuatro subplanes, aplicables a diferentes colectivos, según la Caja de Ahorros de origen y la antigüedad del trabajador, encuadrándose el actor en el subplan 4.

El 16 de septiembre de 2003 se firmó el pacto de empresa por el que se sustituyó el sistema de previsión social complementaria de los empleados de la Caja de Ahorros de Castilla La Mancha, que en relación con el subplan 4, en el artículo 10 estipulaba lo siguiente:

«Aportaciones Adicionales al Subplán 4: Complementaria a las aportaciones al Subplán 4 definidas en el artículo anterior, se realizará otra por cada partícipe que quede finalmente adscrito a este Subplán y estuviese en plantilla a 31-12-2002, consistente en una cuota anual adicional, creciente al 20%, cuyo importe inicial para 2003 y para cada partícipe se indica en el anexo nº 1. En caso de extinción de la relación laboral por despido improcedente o colectivo, el Promotor continuará realizando las aportaciones recogidas en este artículo hasta la edad de jubilación ordinaria en el régimen general de Seguridad Social (actualmente 65 años). Los cálculos para la obtención de las aportaciones mínimas se efectúan de forma mensualizada. Son aportaciones y prestaciones mensuales postpagables. La primera aportación correspondería a enero de 2003 y la última aportación se efectuaría el mes anterior a aquel en que se produce la jubilación, ya que el mes de jubilación percibiría el fondo de capitalización acumulado».

El contenido del citado precepto del acuerdo se incluyó en las especificaciones del plan de pensiones de empleo de la Caja de Ahorros de Castilla La Mancha, en el artículo 21.1 e) que establece lo siguiente:

«Complementaria a las aportaciones al Sub plan 4 definidas en el apartado 2.2 d) precedente, se realizará una aportación adicional por cada partícipe que quede finalmente adscrito a este subplan y estuviese en plantilla a 31-12-2002 consistente en una cuota anual adicional, creciente al 20%, cuyo importe inicial para cada partícipe se indica en el Anexo n° 1. Esta aportación adicional será la única que se realice para jubilación a favor de los partícipes del subplan 4 que hayan extinguido su relación laboral con el promotor por despido improcedente o por despido colectivo».

De este modo, el plan que era de prestación definida pasó a ser de aportación definida. Pues bien, ha de tenerse en cuenta que la sentencia recurrida, -tras desestimar los motivos de suplicación referidos a las revisiones fácticas solicitadas y, declarar la falta de competencia de la comisión de control para introducir la disposición transitoria sexta, a la que se hizo referencia en la precedente fundamentación jurídica-, en cuanto al fondo de asunto, analiza en el fundamento jurídico cuarto, el último motivo de recurso de suplicación esgrimido por la parte recurrente, con cita de la infracción sustantiva que se denuncia como infringida, en el que la pretensión deducida consiste en que se condene a las entidades demandadas a realizar las aportaciones adicionales al plan de pensiones del demandante desde el momento de su baja indemnizada hasta que cumpliera los 65 años. Por lo tanto, no hubo pronunciamiento alguno sobre la posibilidad de que se extendiera la realización por la demandada de aportaciones adicionales hasta la jubilación del demandante, de producirse antes de los 65 años. No obstante lo anterior, en el fallo de la sentencia recurrida que, estimó el recurso de suplicación y la demanda, se reconoció el derecho a que se realizaran las aportaciones adicionales hasta que el actor cumpliera la edad de 65 años, o se jubilara. Esto último no se había debatido en la instancia, ni fue objeto de controversia en el recurso de suplicación, por lo que constituía una cuestión nueva, sobre la que no debió realizarse pronunciamiento alguno dada la naturaleza extraordinaria del recurso.

3.La Sentencia de la sección tercera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 835/2021, de 15 de diciembre (rec 423/2021), es la sentencia de contraste invocada por la parte recurrente, que estima el recurso de suplicación formulado frente a la sentencia del Juzgado de lo Social y, la demanda, declarando el derecho del actor a que se efectúe en su plan de pensiones el ingreso de las aportaciones adicionales hasta el momento de cumplimiento de los 65 años, condenando a la demandada a estar y pasar por tal declaración, a efectuar el ingreso de las aportaciones y, al pago del interés legal por mora de las correspondientes cantidades a contar desde la extinción de la relación laboral.

La pretensión deducida por el demandante en esas actuaciones va encaminada a la declaración del derecho a que la parte demandada continuara realizando las aportaciones adicionales a su plan de pensiones, tras la extinción de su contrato de trabajo el 15 de febrero de 2018, al haber quedado afectado por un despido colectivo, hasta el momento en que cumpliera la edad de 65 años.

En este procedimiento tampoco fue objeto de controversia la circunstancia de la posible jubilación del partícipe antes del cumplimiento de los 65 años, no pronunciándose sobre ello ni la sentencia del Juzgado de lo Social, ni la sentencia de contraste referenciada.

4.Sentado lo anterior, procede, a continuación, realizar el juicio de contradicción. Para ello, conviene tener presente que esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo ya ha tenido ocasión de pronunciarse en un caso similar, resolviendo el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto frente a una STSJ de Castilla La Mancha, en el que se invocó la misma sentencia de contraste que en el presente recurso.

Efectivamente, la STS 141/2025, de 26 de febrero (rcud 1135/2023) declaró que no existía contradicción entre la sentencia recurrida y la referencial o de contraste, pues aunque resuelven supuestos similares, lo cierto es que la sentencia recurrida no contiene pronunciamiento alguno sobre el objeto del debate casacional que versa sobre si las aportaciones adicionales al plan de pensiones del actor deberían realizarse por la parte demandada hasta la fecha de jubilación del partícipe demandante, si ésta tuviera lugar antes de que cumpliera 65 años.

La pretensión deducida en aquel procedimiento y en éste, se centraba en que se condenara a la parte demandada a realizar las aportaciones adicionales al plan de pensiones del partícipe actor hasta que cumpliera 65 años. Por razones obvias, la parte demandante no solicitaba que se limitaran las aportaciones hasta el momento de la jubilación efectiva del partícipe, si esta se produjera con anterioridad al cumplimiento de la indicada edad. En ambos supuestos, el Juzgado de lo Social desestimó la demanda, formulando la parte actora recurso de suplicación.

Pues bien, por esta razón, no hubo pronunciamiento alguno sobre esta cuestión ni en la sentencia recurrida en el recurso de casación para la unificación de doctrina, resuelto por la STS 141/2025, de 26 de febrero (rcud 1135/2023), ni en la sentencia recurrida en el presente recurso de casación para la unificación de doctrina. Sin embargo, en el fallo de las dos sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, se estiman los recursos de suplicación y las demandas y, se condena a la parte demandada a realizar las aportaciones adicionales hasta que el demandante cumpla los 65 años, o se jubile. Consiguientemente, la jubilación efectiva del partícipe, producida antes de los 65 años, supondría la finalización de la obligación de la parte demandada de realizar aportaciones adicionales al plan de pensiones.

En esta línea, el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 2008 (rcud 2644/2008) declaró que no se puede plantear en el recurso de casación para la unificación de doctrina ninguna cuestión que no se haya debatido en el recurso o en la sentencia de suplicación precedente, tanto por tratarse de una cuestión nueva, no susceptible de revisión en este recurso extraordinario y excepcional, como por resultar imposible un pronunciamiento contradictorio en relación con una cuestión no debatida ni resuelta.

En supuestos análogos, se pronunciaron, entre otras, las SSTS 145/2025, de 26 de febrero (rcud 2856/2023) y, 143/2025, de 26 de febrero (rcud 1204/2023).

Consiguientemente, se ha de colegir que no se aprecia la contradicción exigida en el artículo 219.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, entre la sentencia recurrida y la de contraste, por lo que debió inadmitirse este recurso de casación para la unificación de doctrina en el trámite correspondiente. Esta decisión supone, en el presente momento procesal, la desestimación del recurso.

TERCERO: 1.Lo anteriormente razonado, conduce a afirmar que el presente recurso de casación para la unificación de doctrina debió inadmitirse, lo que en el presente trámite se traduce en la desestimación del mismo, declarando la firmeza de la sentencia recurrida.

2.De conformidad con el artículo 236.1 en concordancia con el artículo 235 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, no ha lugar a la imposición de las costas a quien, siendo trabajador, ve desestimada su pretensión.

PRIMERO.- 1.La controversia suscitada en el presente recurso de casación para la unificación de doctrina se centra en determinar si la parte demandada ha de realizar las aportaciones adicionales al plan de pensiones del actor que resultó afectado por el despido colectivo, hasta que éste cumpla los 65 años, o hasta que se jubile si ello tuviera lugar con anterioridad al cumplimiento de esta edad.

2.La sentencia del Juzgado de lo Social desestimó la demanda interpuesta por el actor frente al Banco de Castilla La Mancha, SA, LIBERBANK, SA, CCM Vida y Pensiones de seguros y Reaseguros, SA y, el Fondo de Pensiones de Empleados Caja Castilla-La Mancha, en la que se reclamaba la aportación al plan de pensiones del demandante de las aportaciones adicionales, desde la fecha de su baja indemnizada hasta que cumpliese los 65 años. Declara que es de aplicación la disposición transitoria sexta de las especificaciones del plan de pensiones, introducida por el acuerdo de la Comisión de Control de 6 de julio de 2017, según la cual, una vez producida la baja indemnizada, el empleado pasará a la condición de partícipe en suspenso, sin perjuicio de la aportación extraordinaria del promotor que tendría que realizar en el momento de la baja y que también regula.

3.La indicada sentencia fue recurrida en suplicación, dictándose la Sentencia 31/2023, de 13 de enero (rec 3/2021), de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, que estimando el recurso del actor, estima la demanda, condenando a Liberbank y al Banco de Castilla La Mancha a que aporten al plan de pensiones del demandante las aportaciones adicionales que vayan venciendo desde el mes de agosto de 2017 hasta que cumpla la edad de 65 años, o se jubile, más el 10 % del interés legal.

Esta sentencia declara, de un lado, la falta de competencia de la Comisión de Control para introducir la disposición transitoria sexta en las especificaciones del plan. Y, de otro, interpreta el artículo 10 del pacto de empresa por el que se sustituye el sistema de previsión social complementaria de los empleados de la Caja de Ahorros de Castilla La Mancha de 16 de septiembre de 2003, que contempla las aportaciones adicionales del subplan 4 y que prevé, en caso de extinción de la relación laboral por despido improcedente o despido colectivo, la continuación de las aportaciones por el promotor al plan de pensiones del trabajador despedido, hasta la edad de jubilación ordinaria en el régimen general de la Seguridad Social, que en ese momento era de 65 años.

4.Frente a esta STSJ de Castilla La Mancha interpusieron recurso de casación para la unificación de doctrina Liberbank y el actor. El recurso de Liberbank fue inadmitido por el Auto de esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 17 de abril de 2024, por falta de contradicción entre la sentencia recurrida y la de contraste.

En el recurso de casación para la unificación de la doctrina formulado por la parte actora, en primer lugar, se alega que la sentencia recurrida es contradictoria con la doctrina sentada por la Sentencia de la sección tercera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 835/2021, de 15 de diciembre (rec 423/2021) pues, mientras que la sentencia condena al abono al actor de las aportaciones adicionales hasta que cumpla la edad de 65 años, o se jubile, la sentencia de contraste, condena al abono de las mismas hasta que el demandante en aquellas actuaciones cumpliera la edad de 65 años y, por lo tanto, con independencia de que se hubiera jubilado con anterioridad.

Y, en segundo lugar, se invoca, con base en el artículo 224.1 b) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, el quebranto en la interpretación del derecho y en la formación de la jurisprudencia por la infracción por la sentencia recurrida, por errónea interpretación de los acuerdos colectivos de 16 de septiembre de 2003 y de 21 de junio de 2017, en relación con los artículos 51 y 52 y, 82 y siguientes del Estatuto de los Trabajadores, 37 de la Constitución, 21, 16 y 8 de las especificaciones del plan de pensiones y, 1281 y siguientes del Código Civil.

5.El Ministerio Fiscal informó en el sentido de estimar el recurso de casación para la unificación de doctrina.

6.La parte demandada UNICAJA BANCO SA impugnó el recurso, alegando la falta de contradicción y solicitando la confirmación de la sentencia recurrida.

Impugnaron también el recurso, de un lado, el FONDO DE PENSIONES DE EMPLEADOS DE CAJA CASTILLA LA MANCHA y, de otro, CMM VIDA Y PENSIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS, invocando en ambos escritos que, dado que no se había hecho referencia a la estimada falta de legitimación pasiva en el escrito de recurso de casación para la unificación de doctrina, no procedía realizar pronunciamiento alguno al respecto.

SEGUNDO: 1.Debemos examinar, en primer lugar, la concurrencia del requisito de contradicción exigido en el recurso de casación para la unificación de doctrina por el artículo 219.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, entre la sentencia recurrida y la sentencia de contraste, que es la STSJ de Madrid 835/2021, de 15 de diciembre (rec 423/2021).

Es aplicable al caso de autos, el artículo 219.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, en la redacción anterior a la reforma operada por el apartado doce del artículo 24 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia pues, aunque esta última norma entró en vigor el 3 de abril de 2025, de conformidad con el párrafo octavo de la disposición transitoria novena de la misma, la nueva regulación de los recursos de casación social será de aplicación a los recursos que se formulen contra las resoluciones dictadas a partir de su entrada en vigor y, la sentencia recurrida data de fecha anterior.

A tenor, por tanto, del artículo 219.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, en su redacción originaria:

«El recurso tendrá por objeto la unificación de doctrina con ocasión de sentencias dictadas en suplicación por las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia, que fueran contradictorias entre sí, con la de otra u otras Salas de los referidos Tribunales Superiores o con sentencias del Tribunal Supremo, respecto de los mismos litigantes u otros diferentes en idéntica situación donde, en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, se hubiere llegado a pronunciamientos distintos».

La contradicción se produce cuando existen pronunciamientos diferentes en procedimientos con hechos, fundamentos y pretensiones entre las que existe una igualdad sustancial, respecto de los mismos litigantes o entre litigantes distintos que se encuentren en idéntica situación. No se exige una identidad absoluta, bastando la diversidad de las decisiones, a pesar de ser los hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales.

Consiguientemente, como declararon, entre otras, las SSTS 1161/2023, de 14 de diciembre (rcud 861/2021), 968/2022, de 20 diciembre (rcud 2984/2021), 893/2022, de 10 noviembre (rcud 2882/2021) y, 861/2022, de 26 octubre (rcud 4665/2019), para apreciar la concurrencia de la necesaria contradicción, ha de llevarse a cabo una comparación entre los pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales, no siendo admisible el mero examen abstracto de doctrinas al margen de la identidad de las controversias.

2.En las presentes actuaciones, la sentencia recurrida 31/2023, de 13 de enero (rec 3/2021), de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, estimó el recurso de suplicación del actor y la demanda, condenando a la parte demandada a realizar las aportaciones adicionales al plan de pensiones del demandante que fueran venciendo, desde el mes de agosto de 2017 hasta que cumpliera la edad de 65 años, o se jubilara, más el 10 % del interés legal.

El demandante vio extinguida su relación laboral, el 31 de julio de 2017, como consecuencia del despido colectivo practicado por la parte demandada, que finalizó con el acuerdo en el periodo de consultas de 21 de junio de 2017.

Liberbank se subrogó en la condición de promotor de los cuatro planes de pensiones de las cuatro entidades financieras que se integraron en la citada entidad, a saber, las Cajas de Ahorros de Castilla La Mancha, Extremadura, Asturias y Cantabria. El actor prestaba servicios para la Caja de Ahorros de Castilla La Mancha, cuyo plan de pensiones englobaba, a su vez, los antiguos planes de pensiones de las Cajas de Ahorros de Albacete, Toledo, Cuenca y Ciudad Real y que, por ello, se dividía en cuatro subplanes, aplicables a diferentes colectivos, según la Caja de Ahorros de origen y la antigüedad del trabajador, encuadrándose el actor en el subplan 4.

El 16 de septiembre de 2003 se firmó el pacto de empresa por el que se sustituyó el sistema de previsión social complementaria de los empleados de la Caja de Ahorros de Castilla La Mancha, que en relación con el subplan 4, en el artículo 10 estipulaba lo siguiente:

«Aportaciones Adicionales al Subplán 4: Complementaria a las aportaciones al Subplán 4 definidas en el artículo anterior, se realizará otra por cada partícipe que quede finalmente adscrito a este Subplán y estuviese en plantilla a 31-12-2002, consistente en una cuota anual adicional, creciente al 20%, cuyo importe inicial para 2003 y para cada partícipe se indica en el anexo nº 1. En caso de extinción de la relación laboral por despido improcedente o colectivo, el Promotor continuará realizando las aportaciones recogidas en este artículo hasta la edad de jubilación ordinaria en el régimen general de Seguridad Social (actualmente 65 años). Los cálculos para la obtención de las aportaciones mínimas se efectúan de forma mensualizada. Son aportaciones y prestaciones mensuales postpagables. La primera aportación correspondería a enero de 2003 y la última aportación se efectuaría el mes anterior a aquel en que se produce la jubilación, ya que el mes de jubilación percibiría el fondo de capitalización acumulado».

El contenido del citado precepto del acuerdo se incluyó en las especificaciones del plan de pensiones de empleo de la Caja de Ahorros de Castilla La Mancha, en el artículo 21.1 e) que establece lo siguiente:

«Complementaria a las aportaciones al Sub plan 4 definidas en el apartado 2.2 d) precedente, se realizará una aportación adicional por cada partícipe que quede finalmente adscrito a este subplan y estuviese en plantilla a 31-12-2002 consistente en una cuota anual adicional, creciente al 20%, cuyo importe inicial para cada partícipe se indica en el Anexo n° 1. Esta aportación adicional será la única que se realice para jubilación a favor de los partícipes del subplan 4 que hayan extinguido su relación laboral con el promotor por despido improcedente o por despido colectivo».

De este modo, el plan que era de prestación definida pasó a ser de aportación definida. Pues bien, ha de tenerse en cuenta que la sentencia recurrida, -tras desestimar los motivos de suplicación referidos a las revisiones fácticas solicitadas y, declarar la falta de competencia de la comisión de control para introducir la disposición transitoria sexta, a la que se hizo referencia en la precedente fundamentación jurídica-, en cuanto al fondo de asunto, analiza en el fundamento jurídico cuarto, el último motivo de recurso de suplicación esgrimido por la parte recurrente, con cita de la infracción sustantiva que se denuncia como infringida, en el que la pretensión deducida consiste en que se condene a las entidades demandadas a realizar las aportaciones adicionales al plan de pensiones del demandante desde el momento de su baja indemnizada hasta que cumpliera los 65 años. Por lo tanto, no hubo pronunciamiento alguno sobre la posibilidad de que se extendiera la realización por la demandada de aportaciones adicionales hasta la jubilación del demandante, de producirse antes de los 65 años. No obstante lo anterior, en el fallo de la sentencia recurrida que, estimó el recurso de suplicación y la demanda, se reconoció el derecho a que se realizaran las aportaciones adicionales hasta que el actor cumpliera la edad de 65 años, o se jubilara. Esto último no se había debatido en la instancia, ni fue objeto de controversia en el recurso de suplicación, por lo que constituía una cuestión nueva, sobre la que no debió realizarse pronunciamiento alguno dada la naturaleza extraordinaria del recurso.

3.La Sentencia de la sección tercera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 835/2021, de 15 de diciembre (rec 423/2021), es la sentencia de contraste invocada por la parte recurrente, que estima el recurso de suplicación formulado frente a la sentencia del Juzgado de lo Social y, la demanda, declarando el derecho del actor a que se efectúe en su plan de pensiones el ingreso de las aportaciones adicionales hasta el momento de cumplimiento de los 65 años, condenando a la demandada a estar y pasar por tal declaración, a efectuar el ingreso de las aportaciones y, al pago del interés legal por mora de las correspondientes cantidades a contar desde la extinción de la relación laboral.

La pretensión deducida por el demandante en esas actuaciones va encaminada a la declaración del derecho a que la parte demandada continuara realizando las aportaciones adicionales a su plan de pensiones, tras la extinción de su contrato de trabajo el 15 de febrero de 2018, al haber quedado afectado por un despido colectivo, hasta el momento en que cumpliera la edad de 65 años.

En este procedimiento tampoco fue objeto de controversia la circunstancia de la posible jubilación del partícipe antes del cumplimiento de los 65 años, no pronunciándose sobre ello ni la sentencia del Juzgado de lo Social, ni la sentencia de contraste referenciada.

4.Sentado lo anterior, procede, a continuación, realizar el juicio de contradicción. Para ello, conviene tener presente que esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo ya ha tenido ocasión de pronunciarse en un caso similar, resolviendo el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto frente a una STSJ de Castilla La Mancha, en el que se invocó la misma sentencia de contraste que en el presente recurso.

Efectivamente, la STS 141/2025, de 26 de febrero (rcud 1135/2023) declaró que no existía contradicción entre la sentencia recurrida y la referencial o de contraste, pues aunque resuelven supuestos similares, lo cierto es que la sentencia recurrida no contiene pronunciamiento alguno sobre el objeto del debate casacional que versa sobre si las aportaciones adicionales al plan de pensiones del actor deberían realizarse por la parte demandada hasta la fecha de jubilación del partícipe demandante, si ésta tuviera lugar antes de que cumpliera 65 años.

La pretensión deducida en aquel procedimiento y en éste, se centraba en que se condenara a la parte demandada a realizar las aportaciones adicionales al plan de pensiones del partícipe actor hasta que cumpliera 65 años. Por razones obvias, la parte demandante no solicitaba que se limitaran las aportaciones hasta el momento de la jubilación efectiva del partícipe, si esta se produjera con anterioridad al cumplimiento de la indicada edad. En ambos supuestos, el Juzgado de lo Social desestimó la demanda, formulando la parte actora recurso de suplicación.

Pues bien, por esta razón, no hubo pronunciamiento alguno sobre esta cuestión ni en la sentencia recurrida en el recurso de casación para la unificación de doctrina, resuelto por la STS 141/2025, de 26 de febrero (rcud 1135/2023), ni en la sentencia recurrida en el presente recurso de casación para la unificación de doctrina. Sin embargo, en el fallo de las dos sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, se estiman los recursos de suplicación y las demandas y, se condena a la parte demandada a realizar las aportaciones adicionales hasta que el demandante cumpla los 65 años, o se jubile. Consiguientemente, la jubilación efectiva del partícipe, producida antes de los 65 años, supondría la finalización de la obligación de la parte demandada de realizar aportaciones adicionales al plan de pensiones.

En esta línea, el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 2008 (rcud 2644/2008) declaró que no se puede plantear en el recurso de casación para la unificación de doctrina ninguna cuestión que no se haya debatido en el recurso o en la sentencia de suplicación precedente, tanto por tratarse de una cuestión nueva, no susceptible de revisión en este recurso extraordinario y excepcional, como por resultar imposible un pronunciamiento contradictorio en relación con una cuestión no debatida ni resuelta.

En supuestos análogos, se pronunciaron, entre otras, las SSTS 145/2025, de 26 de febrero (rcud 2856/2023) y, 143/2025, de 26 de febrero (rcud 1204/2023).

Consiguientemente, se ha de colegir que no se aprecia la contradicción exigida en el artículo 219.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, entre la sentencia recurrida y la de contraste, por lo que debió inadmitirse este recurso de casación para la unificación de doctrina en el trámite correspondiente. Esta decisión supone, en el presente momento procesal, la desestimación del recurso.

TERCERO: 1.Lo anteriormente razonado, conduce a afirmar que el presente recurso de casación para la unificación de doctrina debió inadmitirse, lo que en el presente trámite se traduce en la desestimación del mismo, declarando la firmeza de la sentencia recurrida.

2.De conformidad con el artículo 236.1 en concordancia con el artículo 235 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, no ha lugar a la imposición de las costas a quien, siendo trabajador, ve desestimada su pretensión.

PRIMERO.- 1.La controversia suscitada en el presente recurso de casación para la unificación de doctrina se centra en determinar si la parte demandada ha de realizar las aportaciones adicionales al plan de pensiones del actor que resultó afectado por el despido colectivo, hasta que éste cumpla los 65 años, o hasta que se jubile si ello tuviera lugar con anterioridad al cumplimiento de esta edad.

2.La sentencia del Juzgado de lo Social desestimó la demanda interpuesta por el actor frente al Banco de Castilla La Mancha, SA, LIBERBANK, SA, CCM Vida y Pensiones de seguros y Reaseguros, SA y, el Fondo de Pensiones de Empleados Caja Castilla-La Mancha, en la que se reclamaba la aportación al plan de pensiones del demandante de las aportaciones adicionales, desde la fecha de su baja indemnizada hasta que cumpliese los 65 años. Declara que es de aplicación la disposición transitoria sexta de las especificaciones del plan de pensiones, introducida por el acuerdo de la Comisión de Control de 6 de julio de 2017, según la cual, una vez producida la baja indemnizada, el empleado pasará a la condición de partícipe en suspenso, sin perjuicio de la aportación extraordinaria del promotor que tendría que realizar en el momento de la baja y que también regula.

3.La indicada sentencia fue recurrida en suplicación, dictándose la Sentencia 31/2023, de 13 de enero (rec 3/2021), de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, que estimando el recurso del actor, estima la demanda, condenando a Liberbank y al Banco de Castilla La Mancha a que aporten al plan de pensiones del demandante las aportaciones adicionales que vayan venciendo desde el mes de agosto de 2017 hasta que cumpla la edad de 65 años, o se jubile, más el 10 % del interés legal.

Esta sentencia declara, de un lado, la falta de competencia de la Comisión de Control para introducir la disposición transitoria sexta en las especificaciones del plan. Y, de otro, interpreta el artículo 10 del pacto de empresa por el que se sustituye el sistema de previsión social complementaria de los empleados de la Caja de Ahorros de Castilla La Mancha de 16 de septiembre de 2003, que contempla las aportaciones adicionales del subplan 4 y que prevé, en caso de extinción de la relación laboral por despido improcedente o despido colectivo, la continuación de las aportaciones por el promotor al plan de pensiones del trabajador despedido, hasta la edad de jubilación ordinaria en el régimen general de la Seguridad Social, que en ese momento era de 65 años.

4.Frente a esta STSJ de Castilla La Mancha interpusieron recurso de casación para la unificación de doctrina Liberbank y el actor. El recurso de Liberbank fue inadmitido por el Auto de esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 17 de abril de 2024, por falta de contradicción entre la sentencia recurrida y la de contraste.

En el recurso de casación para la unificación de la doctrina formulado por la parte actora, en primer lugar, se alega que la sentencia recurrida es contradictoria con la doctrina sentada por la Sentencia de la sección tercera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 835/2021, de 15 de diciembre (rec 423/2021) pues, mientras que la sentencia condena al abono al actor de las aportaciones adicionales hasta que cumpla la edad de 65 años, o se jubile, la sentencia de contraste, condena al abono de las mismas hasta que el demandante en aquellas actuaciones cumpliera la edad de 65 años y, por lo tanto, con independencia de que se hubiera jubilado con anterioridad.

Y, en segundo lugar, se invoca, con base en el artículo 224.1 b) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, el quebranto en la interpretación del derecho y en la formación de la jurisprudencia por la infracción por la sentencia recurrida, por errónea interpretación de los acuerdos colectivos de 16 de septiembre de 2003 y de 21 de junio de 2017, en relación con los artículos 51 y 52 y, 82 y siguientes del Estatuto de los Trabajadores, 37 de la Constitución, 21, 16 y 8 de las especificaciones del plan de pensiones y, 1281 y siguientes del Código Civil.

5.El Ministerio Fiscal informó en el sentido de estimar el recurso de casación para la unificación de doctrina.

6.La parte demandada UNICAJA BANCO SA impugnó el recurso, alegando la falta de contradicción y solicitando la confirmación de la sentencia recurrida.

Impugnaron también el recurso, de un lado, el FONDO DE PENSIONES DE EMPLEADOS DE CAJA CASTILLA LA MANCHA y, de otro, CMM VIDA Y PENSIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS, invocando en ambos escritos que, dado que no se había hecho referencia a la estimada falta de legitimación pasiva en el escrito de recurso de casación para la unificación de doctrina, no procedía realizar pronunciamiento alguno al respecto.

SEGUNDO: 1.Debemos examinar, en primer lugar, la concurrencia del requisito de contradicción exigido en el recurso de casación para la unificación de doctrina por el artículo 219.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, entre la sentencia recurrida y la sentencia de contraste, que es la STSJ de Madrid 835/2021, de 15 de diciembre (rec 423/2021).

Es aplicable al caso de autos, el artículo 219.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, en la redacción anterior a la reforma operada por el apartado doce del artículo 24 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia pues, aunque esta última norma entró en vigor el 3 de abril de 2025, de conformidad con el párrafo octavo de la disposición transitoria novena de la misma, la nueva regulación de los recursos de casación social será de aplicación a los recursos que se formulen contra las resoluciones dictadas a partir de su entrada en vigor y, la sentencia recurrida data de fecha anterior.

A tenor, por tanto, del artículo 219.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, en su redacción originaria:

«El recurso tendrá por objeto la unificación de doctrina con ocasión de sentencias dictadas en suplicación por las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia, que fueran contradictorias entre sí, con la de otra u otras Salas de los referidos Tribunales Superiores o con sentencias del Tribunal Supremo, respecto de los mismos litigantes u otros diferentes en idéntica situación donde, en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, se hubiere llegado a pronunciamientos distintos».

La contradicción se produce cuando existen pronunciamientos diferentes en procedimientos con hechos, fundamentos y pretensiones entre las que existe una igualdad sustancial, respecto de los mismos litigantes o entre litigantes distintos que se encuentren en idéntica situación. No se exige una identidad absoluta, bastando la diversidad de las decisiones, a pesar de ser los hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales.

Consiguientemente, como declararon, entre otras, las SSTS 1161/2023, de 14 de diciembre (rcud 861/2021), 968/2022, de 20 diciembre (rcud 2984/2021), 893/2022, de 10 noviembre (rcud 2882/2021) y, 861/2022, de 26 octubre (rcud 4665/2019), para apreciar la concurrencia de la necesaria contradicción, ha de llevarse a cabo una comparación entre los pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales, no siendo admisible el mero examen abstracto de doctrinas al margen de la identidad de las controversias.

2.En las presentes actuaciones, la sentencia recurrida 31/2023, de 13 de enero (rec 3/2021), de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, estimó el recurso de suplicación del actor y la demanda, condenando a la parte demandada a realizar las aportaciones adicionales al plan de pensiones del demandante que fueran venciendo, desde el mes de agosto de 2017 hasta que cumpliera la edad de 65 años, o se jubilara, más el 10 % del interés legal.

El demandante vio extinguida su relación laboral, el 31 de julio de 2017, como consecuencia del despido colectivo practicado por la parte demandada, que finalizó con el acuerdo en el periodo de consultas de 21 de junio de 2017.

Liberbank se subrogó en la condición de promotor de los cuatro planes de pensiones de las cuatro entidades financieras que se integraron en la citada entidad, a saber, las Cajas de Ahorros de Castilla La Mancha, Extremadura, Asturias y Cantabria. El actor prestaba servicios para la Caja de Ahorros de Castilla La Mancha, cuyo plan de pensiones englobaba, a su vez, los antiguos planes de pensiones de las Cajas de Ahorros de Albacete, Toledo, Cuenca y Ciudad Real y que, por ello, se dividía en cuatro subplanes, aplicables a diferentes colectivos, según la Caja de Ahorros de origen y la antigüedad del trabajador, encuadrándose el actor en el subplan 4.

El 16 de septiembre de 2003 se firmó el pacto de empresa por el que se sustituyó el sistema de previsión social complementaria de los empleados de la Caja de Ahorros de Castilla La Mancha, que en relación con el subplan 4, en el artículo 10 estipulaba lo siguiente:

«Aportaciones Adicionales al Subplán 4: Complementaria a las aportaciones al Subplán 4 definidas en el artículo anterior, se realizará otra por cada partícipe que quede finalmente adscrito a este Subplán y estuviese en plantilla a 31-12-2002, consistente en una cuota anual adicional, creciente al 20%, cuyo importe inicial para 2003 y para cada partícipe se indica en el anexo nº 1. En caso de extinción de la relación laboral por despido improcedente o colectivo, el Promotor continuará realizando las aportaciones recogidas en este artículo hasta la edad de jubilación ordinaria en el régimen general de Seguridad Social (actualmente 65 años). Los cálculos para la obtención de las aportaciones mínimas se efectúan de forma mensualizada. Son aportaciones y prestaciones mensuales postpagables. La primera aportación correspondería a enero de 2003 y la última aportación se efectuaría el mes anterior a aquel en que se produce la jubilación, ya que el mes de jubilación percibiría el fondo de capitalización acumulado».

El contenido del citado precepto del acuerdo se incluyó en las especificaciones del plan de pensiones de empleo de la Caja de Ahorros de Castilla La Mancha, en el artículo 21.1 e) que establece lo siguiente:

«Complementaria a las aportaciones al Sub plan 4 definidas en el apartado 2.2 d) precedente, se realizará una aportación adicional por cada partícipe que quede finalmente adscrito a este subplan y estuviese en plantilla a 31-12-2002 consistente en una cuota anual adicional, creciente al 20%, cuyo importe inicial para cada partícipe se indica en el Anexo n° 1. Esta aportación adicional será la única que se realice para jubilación a favor de los partícipes del subplan 4 que hayan extinguido su relación laboral con el promotor por despido improcedente o por despido colectivo».

De este modo, el plan que era de prestación definida pasó a ser de aportación definida. Pues bien, ha de tenerse en cuenta que la sentencia recurrida, -tras desestimar los motivos de suplicación referidos a las revisiones fácticas solicitadas y, declarar la falta de competencia de la comisión de control para introducir la disposición transitoria sexta, a la que se hizo referencia en la precedente fundamentación jurídica-, en cuanto al fondo de asunto, analiza en el fundamento jurídico cuarto, el último motivo de recurso de suplicación esgrimido por la parte recurrente, con cita de la infracción sustantiva que se denuncia como infringida, en el que la pretensión deducida consiste en que se condene a las entidades demandadas a realizar las aportaciones adicionales al plan de pensiones del demandante desde el momento de su baja indemnizada hasta que cumpliera los 65 años. Por lo tanto, no hubo pronunciamiento alguno sobre la posibilidad de que se extendiera la realización por la demandada de aportaciones adicionales hasta la jubilación del demandante, de producirse antes de los 65 años. No obstante lo anterior, en el fallo de la sentencia recurrida que, estimó el recurso de suplicación y la demanda, se reconoció el derecho a que se realizaran las aportaciones adicionales hasta que el actor cumpliera la edad de 65 años, o se jubilara. Esto último no se había debatido en la instancia, ni fue objeto de controversia en el recurso de suplicación, por lo que constituía una cuestión nueva, sobre la que no debió realizarse pronunciamiento alguno dada la naturaleza extraordinaria del recurso.

3.La Sentencia de la sección tercera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 835/2021, de 15 de diciembre (rec 423/2021), es la sentencia de contraste invocada por la parte recurrente, que estima el recurso de suplicación formulado frente a la sentencia del Juzgado de lo Social y, la demanda, declarando el derecho del actor a que se efectúe en su plan de pensiones el ingreso de las aportaciones adicionales hasta el momento de cumplimiento de los 65 años, condenando a la demandada a estar y pasar por tal declaración, a efectuar el ingreso de las aportaciones y, al pago del interés legal por mora de las correspondientes cantidades a contar desde la extinción de la relación laboral.

La pretensión deducida por el demandante en esas actuaciones va encaminada a la declaración del derecho a que la parte demandada continuara realizando las aportaciones adicionales a su plan de pensiones, tras la extinción de su contrato de trabajo el 15 de febrero de 2018, al haber quedado afectado por un despido colectivo, hasta el momento en que cumpliera la edad de 65 años.

En este procedimiento tampoco fue objeto de controversia la circunstancia de la posible jubilación del partícipe antes del cumplimiento de los 65 años, no pronunciándose sobre ello ni la sentencia del Juzgado de lo Social, ni la sentencia de contraste referenciada.

4.Sentado lo anterior, procede, a continuación, realizar el juicio de contradicción. Para ello, conviene tener presente que esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo ya ha tenido ocasión de pronunciarse en un caso similar, resolviendo el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto frente a una STSJ de Castilla La Mancha, en el que se invocó la misma sentencia de contraste que en el presente recurso.

Efectivamente, la STS 141/2025, de 26 de febrero (rcud 1135/2023) declaró que no existía contradicción entre la sentencia recurrida y la referencial o de contraste, pues aunque resuelven supuestos similares, lo cierto es que la sentencia recurrida no contiene pronunciamiento alguno sobre el objeto del debate casacional que versa sobre si las aportaciones adicionales al plan de pensiones del actor deberían realizarse por la parte demandada hasta la fecha de jubilación del partícipe demandante, si ésta tuviera lugar antes de que cumpliera 65 años.

La pretensión deducida en aquel procedimiento y en éste, se centraba en que se condenara a la parte demandada a realizar las aportaciones adicionales al plan de pensiones del partícipe actor hasta que cumpliera 65 años. Por razones obvias, la parte demandante no solicitaba que se limitaran las aportaciones hasta el momento de la jubilación efectiva del partícipe, si esta se produjera con anterioridad al cumplimiento de la indicada edad. En ambos supuestos, el Juzgado de lo Social desestimó la demanda, formulando la parte actora recurso de suplicación.

Pues bien, por esta razón, no hubo pronunciamiento alguno sobre esta cuestión ni en la sentencia recurrida en el recurso de casación para la unificación de doctrina, resuelto por la STS 141/2025, de 26 de febrero (rcud 1135/2023), ni en la sentencia recurrida en el presente recurso de casación para la unificación de doctrina. Sin embargo, en el fallo de las dos sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, se estiman los recursos de suplicación y las demandas y, se condena a la parte demandada a realizar las aportaciones adicionales hasta que el demandante cumpla los 65 años, o se jubile. Consiguientemente, la jubilación efectiva del partícipe, producida antes de los 65 años, supondría la finalización de la obligación de la parte demandada de realizar aportaciones adicionales al plan de pensiones.

En esta línea, el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 2008 (rcud 2644/2008) declaró que no se puede plantear en el recurso de casación para la unificación de doctrina ninguna cuestión que no se haya debatido en el recurso o en la sentencia de suplicación precedente, tanto por tratarse de una cuestión nueva, no susceptible de revisión en este recurso extraordinario y excepcional, como por resultar imposible un pronunciamiento contradictorio en relación con una cuestión no debatida ni resuelta.

En supuestos análogos, se pronunciaron, entre otras, las SSTS 145/2025, de 26 de febrero (rcud 2856/2023) y, 143/2025, de 26 de febrero (rcud 1204/2023).

Consiguientemente, se ha de colegir que no se aprecia la contradicción exigida en el artículo 219.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, entre la sentencia recurrida y la de contraste, por lo que debió inadmitirse este recurso de casación para la unificación de doctrina en el trámite correspondiente. Esta decisión supone, en el presente momento procesal, la desestimación del recurso.

TERCERO: 1.Lo anteriormente razonado, conduce a afirmar que el presente recurso de casación para la unificación de doctrina debió inadmitirse, lo que en el presente trámite se traduce en la desestimación del mismo, declarando la firmeza de la sentencia recurrida.

2.De conformidad con el artículo 236.1 en concordancia con el artículo 235 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, no ha lugar a la imposición de las costas a quien, siendo trabajador, ve desestimada su pretensión.