Sentencia Social 86/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 2978/2019 de 01 de febrero del 2023

PRIMERO. Cuestión planteada y la sentencia recurrida

1. De mediar la contradicción legalmente exigida por el artículo 219.1 LRJS, la cuestión planteada en el presente recurso de casación para la unificación de doctrina es si la Confederación General del Trabajo (CGT) tenía legitimación activa para demandar a una determinada empresa por vulnerar el derecho de huelga, en un supuesto de huelga general y sin que en dicha empresa CGT tuviera implantación.

2. Diversos sindicatos convocaron una huelga general para el 8 de marzo de 2018, día internacional de la mujer, si bien algunos sindicatos convocaron paros de cuatro o de dos horas y no de todo el día. El anterior 7 de marzo se publicaron las ordenes forales reguladoras de los servicios mínimos en Navarra, no fijándose dichos servicios para la empresa Tracasa Instrumental, S.L.

CGT interpuso una demanda por vulneración del derecho de huelga contra la empresa Tracasa Instrumental, S.L., y asimismo contra el Gobierno de Navarra, alegándose que se habían establecido servicios mínimos en determinados departamentos de la empresa. La demanda solicitaba que se condenara a la empresa a abonar a CGT 6.251 euros por los daños morales derivados de la lesión del derecho de huelga. Subsidiariamente, y por entender que el Gobierno de Navarra podía haber provocado cierta confusión, la demanda solicitaba su condena solidaria junto con la empresa demandada, debiendo abonar cada una de las codemandadas 3.125 euros.

3. La sentencia del Juzgado de lo Social núm. 4 de Navarra 175/2019, 12 de abril de 2019 (autos 1036/2018) estimó la excepción de falta de legitimación de CGT frente a la empresa Tracasa Instrumental, S.L., absteniéndose de entrar en el fondo del asunto y dejando imprejuzgada la acción.

4. CGT interpuso recurso de suplicación contra la sentencia del juzgado de lo social, siendo desestimado el recurso por la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Navarra 184/2019, 30 de mayo de 2019 (rec. 182/2019). El TSJ confirmó la sentencia de instancia.

Respecto de su legitimación activa y del "derecho o interés legítimo" que exige el artículo 177.1 LRJS, la sentencia del TSJ de Navarra razona que CGT, "aparte de ser uno de los sindicatos convocantes de la huelga general de 24 horas para el 8 de marzo de 2018, sin embargo no tuvo intervención alguna en la convocatoria de huelga en la empresa codemandada. Tampoco existió un comité de huelga en el que estuviera representado, ni siquiera formaba parte del Comité de Empresa, que contaba con dos miembros de UGT y 11 del sindicato Lankide, y tampoco acredita que tuviera algún trabajador afiliado en la empresa que hubiera participado en la huelga."

SEGUNDO. El recurso de casación para la unificación de doctrina, sus impugnaciones y el informe del Ministerio Fiscal.

1. CGT ha interpuesto recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Navarra 184/2019, 30 de mayo de 2019 (rec. 182/2019).

El recurso invoca de contraste la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Canarias, sede de Santa Cruz de Tenerife, 16 de julio de 2012 (rec. 1222/2011), y denuncia la infracción del artículo 24 CE, en relación con los artículos 7 y 28 CE, así como con los artículos 17.2 y 177 LRJS y el artículo 13 LOLS.

La sentencia solicita la casación y anulación de la sentencia recurrida, que se declare la legitimación activa de CGT y que se devuelvan los autos al juzgado de lo social a fin de que se pronuncie sobre el fondo del asunto.

2. El recurso ha sido impugnado por la empresa y por la Comunidad Foral de Navarra.

Ambas impugnaciones solicitan la inadmisión del recurso por ausencia de contradicción y, subsidiariamente, su desestimación por ser ajustada a derecho la sentencia recurrida. La impugnación de la Comunidad Foral solicita, subsidiariamente, que, en caso de estimarse el recurso, se mantenga el pronunciamiento absolutorio del Gobierno de Navarra.

3. El Ministerio Fiscal interesa en su informe la estimación del recurso.

TERCERO. El examen de la contradicción

1. Debemos examinar, en primer lugar, la concurrencia del requisito de la contradicción entre la sentencia recurrida y la sentencia de contraste exigido por el artículo 219 LRJS.

El examen debemos hacerlo en todo caso, pero, en el presente caso, adicionalmente, las impugnaciones del recurso sostienen que no existe contradicción.

2. En el supuesto de la sentencia de contraste (la dictada por la Sala de lo Social del TSJ de Canarias, sede de Santa Cruz de Tenerife, el 16 de julio de 2012, rec. 1222/2011), se trataba de una huelga convocada por la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y por la Intersindical Canaria en el centro de trabajo de San Cristóbal de La Laguna de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. Los paros eran de dos o de cuatro horas en varios días del mes de mayo de 2011 y a la convocatoria se adhirieron posteriormente otros sindicatos.

La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., presentó papeletas de conciliación ante el Tribunal Laboral Canario en materia de conflicto colectivo sobre ilegalidad de las huelgas convocadas, celebrándose sin avenencia los intentos de conciliación. La Inspección de Trabajo levantó acta requiriendo a la empresa para que se abstuviera de realizar horas extraordinarias o nuevas contrataciones durante el periodo de huelga.

En los centros de trabajo de la empresa en Tenerife consta como afiliada a la CNT una trabajadora que "fue designada delegada sindical", sin que CNT tenga delegados de personal o miembros del comité de empresa, al no ser política del sindicato participar en las elecciones a representantes de los trabajadores.

CNT demandó a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., siendo desestimada la demanda por la sentencia del juzgado de lo social. La sentencia apreció falta de legitimación activa de CNT.

CNT interpuso recurso de suplicación contra la sentencia de instancia, denunciando la infracción del artículo 175.1 LPL (actual artículo 177.1 LRJS), por tener interés legítimo al ser sindicato convocante de la huelga. La sentencia referencial, dictada por la Sala de lo Social del TSJ de Canarias, sede de Santa Cruz de Tenerife, el 16 de julio de 2012 (rec. 1222/2011), estimó el recurso, entendiendo que CNT sí tenía legitimación activa, y declaró la nulidad de la sentencia del juzgado de lo social, reponiendo las actuaciones al momento inmediatamente anterior al de dictarse dicha sentencia, a fin de que el juzgado de lo social dictara otra en la que entrara a conocer del resto de las cuestiones planteadas.

3. Ciertamente, la sentencia recurrida y la sentencia de contraste presentan coincidencias, porque en ambas se aborda la cuestión de la legitimación activa sindical para demandar a una empresa por vulneración del derecho de huelga. Y así como la sentencia recurrida entiende que el sindicato carece de legitimación activa, la sentencia referencial considera, por el contrario, que el sindicato sí tiene legitimación activa.

Pero aquí acaban las semejanzas y comienzan las diferencias que, como se verá, impiden apreciar la existencia de contradicción entre las sentencias comparadas.

La primera diferencia consiste en que en el caso de la sentencia recurrida se trataba de una huelga general, mientras que en el de la sentencia de contraste era una huelga convocada únicamente en el ámbito de una empresa y, concretamente, de un determinado centro de trabajo de dicha empresa.

La segunda diferencia radica en que, en el supuesto de la sentencia recurrida, el sindicato, que era uno de los convocantes de la huelga general, "sin embargo no tuvo intervención alguna en la convocatoria de huelga en la empresa" demandada. Por el contrario, en el caso de la sentencia referencial, el sindicato era uno de los dos que había convocado la huelga en la empresa.

Finalmente, el sindicato de la sentencia recurrida no acreditó tener algún afiliado en la empresa demandada que hubiera participado en la huelga, mientras que, en el caso de la sentencia de contraste, constaba que el sindicato tenía una afiliada que, además, "fue designada delegada sindical".

4. Estas tres señaladas diferencias hacen ver que el vínculo concreto entre el sindicato y el objeto del debate en la controversia de que se trate es muy distinto en las sentencias comparadas.

Y el caso es que la jurisprudencia exige la existencia de un vínculo especial y concreto del sindicato con la pretensión ejercitada, pues los sindicatos no son, en la acuñada expresión de la jurisprudencia constitucional, "guardianes abstractos de la legalidad" (por todas, SSTC 101/1996, 11 de junio, 7/2001, 15 de enero, 24/2001, 29 de enero, y 203/2002, 28 de octubre). Y ese vínculo se exige incluso cuando la acción judicial se ejerce para la defensa de derechos sustantivos fundamentales, como son los de la libertad sindical y huelga, en cuyo caso se refuerza el canon de constitucionalidad ( SSTC 84/2001, 26 de marzo, 215/2001, 29 de octubre, la ya citada 203/2002, 28 de octubre y 159/2006, de 22 de mayo, sentencia esta última que cita las tres anteriores y que es citada y reproducida, a su vez, por la sentencia recurrida en el presente recurso).

Las tres diferencias mencionadas revelan que, en el caso de la sentencia recurrida, el sindicato no tiene ningún vínculo con la empresa demandada, pues no había tenido "intervención alguna en la convocatoria de huelga en (dicha) empresa", ni contaba en ella con ningún afiliado. Por el contrario, en la sentencia referencial, el sindicato sí tenía un claro vínculo con la empresa demandada, toda vez que había convocado la huelga en esa específica empresa y contaba en ella con una afiliada que era la delegada sindical.

Desde esta perspectiva del vínculo concreto entre el sindicato y el objeto del debate en la controversia de que se trate, los fallos de las sentencias comparadas podrían no considerarse contradictorios. Y ello porque cabría considerar que el vínculo mencionado no se acredita en la sentencia recurrida y sí se acredita en la de contraste, lo que explicaría la diferencia de sus pronunciamientos.

5. A la misma conclusión puede llegarse desde el concepto de "implantación suficiente" del artículo 17.2 LRJS, cuya infracción, en relación con el artículo 24 CE, denuncia el recurso de casación, y que igualmente requiere "un vínculo entre (el) sindicato y el objeto del pleito de que se trate". Desde la perspectiva de la legitimación para promover procesos de conflictos colectivos, las SSTS 407/2021, 14 de abril de 2021 (rec. 1/2020), 626/2021, 15 de junio de 2021 (rec. 85/2019), y 678/2022, 20 de julio de 2022 (rec. 67/2020), compendian la jurisprudencia sobre el concepto de implantación suficiente que se requiere del sindicato.

No está de más mencionar que, incluso para convocar huelgas, la jurisprudencia constitucional, interpretando el artículo 3.2 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, requiere que los sindicatos tengan "implantación en el ámbito laboral al que la huelga se extienda". Así lo dijo expresamente la STC 11/1981, 8 de abril, que examinó la compatibilidad del Real Decreto-ley 17/1977 con el artículo 28.2 CE. Y así lo recuerda la STS 31/2020, 15 de enero de 2020 (rec. 166/2018), que hace la precisión de que no se llega a exigir que la implantación -que sí se requiere- sea suficiente, como se exige, por ejemplo, para impugnar un despido colectivo ( artículo 124.1 LRJS).

Desde esta óptica, podría inferirse que el sindicato de la sentencia recurrida no acreditó esa mera implantación en la empresa demandada, al contrario de lo que pudo suceder con el sindicato de la sentencia de contraste.

6. Las consideraciones anteriores conducen a apreciar que entre la sentencia recurrida y la sentencia referencial no se da la contradicción que exige el artículo 219.1 LRJS.

CUARTO. La desestimación del recurso de casación de unificación de doctrina.

1. De acuerdo con lo razonado, y oído el Ministerio Fiscal, procede, en la actual fase procesal, desestimar el recurso de casación para la unificación de doctrina y declarar la firmeza de la sentencia recurrida.

2. Sin costas ( artículo 235.1 LRJS).