Sentencia Social 906/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 14/2022 de 11 de junio del 2024

PRIMERO.- Antecedentes y términos del debate.

Se discute si se ha vulnerado el derecho a la libertad sindical de un Delegado Sindical y de la organización a que pertenece (Formación Independiente de Representación de los Trabajadores; FIRET). Ello, por la negativa de la empresa (INGENIERIA FORESTAL S.A.) a facilitar determinada información.

1. Demanda de conflicto colectivo.

Por el sindicato actor y su delegado sindical se solicita la declaración de vulneración del derecho a la libertad sindical, condenando a la parte demandada al cese inmediato del comportamiento lesivo, consistente en no facilitar la documentación e información de referencia.

2. Sentencia de instancia, recurrida.

Mediante su sentencia 208/2021, de 5 de octubre, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, tras desestimar la excepción de prescripción alegada por la empresa ahora recurrente, estimó la demanda. Declara vulnerado el derecho a la libertad sindical, condenando a la parte demandada al cese inmediato de los comportamientos descritos que atentan contra el derecho a la libertad sindical. Condena a la empresa a facilitar a la Sección sindical de FIRET, a través de su Delegado sindical, la documentación e información trimestral de referencia y correspondiente al periodo comprendido entre febrero de 2019 y septiembre de 2020. Asimismo condena a la demandada al pago de una indemnización por daños morales de 12.000 euros a favor del sindicato.

Argumenta que "tan solo que una vez entablada la demanda y a través del Comité de empresa de Madrid, puso a su disposición las copias básicas de los contratos celebrados a partir de 2.016. Y el no haber cumplido con la obligación de información en tiempo y forma debe comportar que la Sala estime lesionado el derecho a la libertad sindical del sindicato actor". En cuanto a la prescripción de la acción de tutela del derecho a la libertad sindical se rechaza, pues se está ante "un comportamiento continuado de la empresa, posterior a la sentencia dictada el día 6-2-2019 por el TS".

3. Recurso de casación y escritos concordantes.

A) La mercantil INGENIERÍA FORESTAL, S.A., divide su recurso en cinco motivos; dos destinados al error en la valoración de la prueba y tres destinados a la censura jurídica.

En los dos primeros interesa una reconsideración de la crónica fáctica elaborada en instancia, solicitando adiciones, supresiones y modificaciones en los términos que expresa en su recurso, y que recaen sobre los hechos probados (HP) 6º y 10º.

Los otros tres motivos denuncian la infracción de normas y jurisprudencia, al amparo del art. 207 letra e) LRJS en los siguientes términos: 1.- Alega la vulneración del artículo 59 del Estatuto de los Trabajadores (ET), en relación con el artículo 179.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS); 2.- Por infracción del artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores en relación con lo dispuesto en el artículo 28 de la Constitución Española; 3.- Por infracción de los artículos 179.3 y 182 LRJS.

El recurso, fechado el 23 de noviembre de 2021, acaba interesado la casación de la sentencia recurrida con la absolución de la empresa.

B) Debidamente representados y asistidos, los actores han presentado escrito de impugnación del recurso en fecha 19 de diciembre de 2021, solicitando la desestimación.

C) En concordancia con las previsiones del artículo 214 LRJS la representante del Ministerio Fiscal ante esta Sala Cuarta ha emitido su Informe, en sentido desfavorable al recurso. Se opone a las revisiones fácticas instadas, y en cuanto a los motivos destinados a la infracción de normas sustantivas o jurisprudencia solicita su desestimación.

SEGUNDO.- Revisión de los hechos probados (Motivos 1º y 2º del recurso).

El artículo 207.d) LRJS admite la posibilidad de que se articule un recurso de casación fundado en el "error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obren en autos que demuestren la equivocación del juzgador, sin resultar contradicho por otros elementos probatorios ". En concordancia, el artículo 210.2.b LRJS dispone que "en los motivos basados en error de hecho en la apreciación de la prueba deberán señalarse de modo preciso cada uno de los documentos en que se fundamente y el concreto extremo a que se refiere, ofreciendo la formulación alternativa de los hechos probados que se propugna".

1. Doctrina general.

La mera lectura de los preceptos reproducidos evidencia que la Ley no permite la reconsideración plena del material probatorio. Se limita, por el contrario, a posibilitar un reexamen excepcional de la declaración de hechos probados cuando a la luz de ciertas pruebas (de carácter documental), se acredite que algún extremo de la misma es, sin duda, equivocado. Las consecuencias de esta configuración legal son múltiples puesto que condiciona las posibilidades reales de que la revisión de hechos probados se produzca en casación.

El peligro de que el acudimiento al Tribunal Supremo se convierta en una nueva instancia jurisdiccional, contra lo deseado por el legislador y la propia ontología del recurso explican las limitaciones legales y jurisprudenciales existentes en orden a la revisión de hechos probados. La previsión legal permite solicitar la corrección de las eventuales contradicciones entre los hechos que se dan como probados y los que se deduzcan de las pruebas documentales practicadas. Reiterada jurisprudencia como la reseñada en SSTS 28 mayo 2013 (rec. 5/20112), 3 julio 2013 (rec. 88/2012), 25 marzo 2014 (rec. 161/2013), 2 marzo 2016 (rec. 153/2015) viene exigiendo, para que el motivo prospere:

1. Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse).

2. Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

3. Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué discrepa.

4. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada].

5. Que no se base la modificación fáctica en prueba testifical ni pericial. La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador. En algunos supuestos sí cabe que ese tipo de prueba se examine si ofrece un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte" encuentra fundamento para las modificaciones propuestas.

6. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

7. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

8. Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

9. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

2. Rectificación del HP Octavo (Motivo 1º del recurso).

A) Redacción de la sentencia recurrida

Conforme a la SAN 22/2021, el HP sexto 6º posee la siguiente redacción: "SEXTO.- Por los hechos objeto de expediente disciplinario el Sr. Erasmo fue despedido disciplinariamente, ante lo cual interpuso demanda ante el Juzgado de lo Social número 1 de Móstoles siendo registrada con el número 1308/2019 y dictándose sentencia el día 30 de septiembre de 2.020 en la que se calificó el cese como procedente. - descripción 40-".

B) Redacción propuesta en el recurso.

El recurso interesa que en el citado HP 6º se adicione un último párrafo con el siguiente tenor literal: "Dicha Sentencia afirma en su Fundamento de Derecho Tercero lo siguiente: Pero tales datos, informaciones o alegaciones realizadas por la defensa del actor en la demanda no son suficientes para constituir indicios de la vulneración de los citados derechos fundamentales, constando además en autos que Ingeniería Forestal S.A. tuvo conocimiento de los mensajes de Don Erasmo por el personal de la empresa, acreditándolo los testigos propuestos por la empleadora, y él mismo reconoció ser el autor de los mensajes en la reunión del comité de empresa de 23 de Agosto de 2019 con independencia de que pidiera disculpas o que fuese fruto de un acaloramiento motivado por el aniversario de la muerte de un compañero de trabajo. ...

Por tanto, no constan indicios de que Ingeniería Forestal S.A. interceptó las comunicaciones del grupo de whatsapp del que formaba parte el demandante, por lo que no se vulneró el artículo 18.3 de la Constitución Española".

C) Consideraciones de la Sala

El motivo pretende aclarar que la empresa no puede dar cuenta de la forma en que interceptó las comunicaciones reseñadas, pues no realizó tal actuación. Son varias las razones por las que el motivo debe desestimarse..

Primero, no pone de manifiesto ningún error en la actuación del Tribunal de instancia al confeccionar el citado hecho probado, pues simplemente pone de manifiesto la actuación seguida en el Juzgado de lo Social nº 1 de Móstoles en el procedimiento de despido, y se basa en la misma documental.

En segundo lugar, carece de trascendencia para modificar el pronunciamiento. En el relato fáctico de la sentencia de primer grado se recoge no sólo esta petición de información dirigida a la empresa por los actores, sino varias más incumplidas por la demandada. Además, lo que solicitó el delegado sindical actor a la empresa no es si fue ella la que interceptó la comunicación, sino cómo tuvo acceso.

En todo caso, se trata de una formulación negativa y valorativa, ajena al modo en que ha de confeccionarse el relato de lo ocurrido. Como hemos recordado ya, es imprescindible que la rectificación postulada sea trascendente para alterar el fallo de la sentencia combatida y tal requisito dista de concurrir.

3. Modificación del HP Décimo (Motivo 2º)

A) Redacción de la sentencia recurrida

A tenor del hecho probado sexto, la sentencia dictada por la Audiencia Nacional da como probado lo siguiente:

DÉCIMO. -El día 12 de febrero de 2.021 el Comité de empresa remite correo a Firet informándole que tienen a su disposición copias básicas de los contratos celebrados hasta enero de 2.021 El día 9 de marzo de 2.021 por parte de la Sección sindical de UGT en INFOSA se remitió correo electrónico a Leon de Firet comunicándole que la empresa había puesto a su disposición nuevos contratos, y que los llevaría al próximo Comité para que pudiesen ser vistos. En esa misma fecha remitió un correo a la Sección sindical de Firet recordándoles que tenían a su disposición copias básicas de los contratos del periodo de noviembre de 2016 a diciembre de 2019 los cuales no habían sido recogidos. - descriptor 18-

B) Redacción propuesta por el recurso.

La empresa recurrente solicita ampliar el HP Décimo a fin de incluir determinados correos electrónicos que considera trascendentes en orden a acreditar que entregó la información solicitada por el delegado sindical de FIRET. A tal fin propone la siguiente modificación sobre los descriptores que cita en cada párrafo:

"El día 12 de febrero de 2.021 el Comité de empresa remite correo a Firet informándole que tienen a su disposición copias básicas de los contratos celebrados hasta enero de 2.021.

El día 30 de marzo de 2.021 por parte de la Sección Sindical de UGT en INFOSA se remitió correo electrónico al Sindicato Firet comunicándole que la empresa había puesto a su disposición nuevos contratos, y que los llevaría al próximo Comité para que pudiesen ser vistos.

El día 3 de julio de 2.020 remitió correo a la Sección Sindical de Firet recordándoles que tenían a su disposición copias básicas de los contratos del período de noviembre de 2016 a diciembre de 2019 los cuales no habían sido recogidos - Descriptor 46 -.

Mediante correo electrónico de fecha de 10 de julio de 2.017 la empresa remite al Delegado Sindical de FIRET la información solicitada mediante correo de fecha de 26 de junio de 2.017 (medios aéreos). Descriptor 60.

Mediante correo electrónico de fecha de 13 de noviembre de 2.017 la empresa remite al Delegado Sindical de FIRET la información solicitada mediante correo de fecha de 22 de octubre de 2.017 (cursos de formación y manejo de maquinaria). Descriptor 61.

Mediante correo electrónico de fecha de 23 de febrero de 2.018 la empresa remite al Delegado Sindical de FIRET la información solicitada mediante correo electrónico de fecha de 8 de febrero de 2.018 (modificaciones pliego de servicio). Descriptor 62.

Mediante correo electrónico de fecha de 25 de abril de 2.018 la empresa contesta la petición de información del Delegado Sindical de FIRET efectuada mediante correo electrónico de fecha de 10 de abril de 2.018 (informe accidente). Descriptor 63.

Mediante correo electrónico de fecha de 17 de junio de 2.019 la empresa remite al Delegado Sindical de FIRET la información solicitada mediante escrito de fecha de 12 de junio de 2.019 (plan de formación). Descriptor 64.

Mediante correo electrónico de fecha de 13 de marzo de 2.019 la empresa remite al Delegado Sindical de FIRET la información solicitada mediante escrito de fecha de 28 de febrero de 2.019 (informe sobre el sector forestal español, información económica de la empresa, copia básica de los contratos, información sobre siniestralidad). Descriptor 65.

Mediante correo electrónico de fecha de 23 de enero de 2.017 la empresa contesta a la petición de información efectuada por el Delegado Sindical de FIRET con fecha de 16 de enero de 2.017 (Plan de Igualdad). Descriptor 45.

Mediante correo electrónico de fecha de 7 de agosto de 2.020 la empresa remite a la Sección Sindical de FIRET comunicación de celebración de elecciones sindicales. Descriptor 48.

Obran en autos - Descriptor 49 - comunicaciones a la Sección Sindical de FIRET de diversas sanciones disciplinarias y aperturas de expedientes contradictorios ".".

C) Consideraciones de la Sala

Tampoco esta reformulación fáctica merece favorable acogida. Los tres primeros párrafos son prácticamente coincidentes con lo establecido por la sentencia de instancia.

Recordemos que ya la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional había rechazado la inserción de datos adicionales; su Fundamento de Derecho Segundo explica que "La Sala no recoge en los HHPP las entregas de documentación no requeridas en la presente demanda que aporta la empresa -referidas en unos casos a documentación de fecha anterior a la solicitada y en otros a información diferente a la solicitada- por cuanto que considera que carece de relevancia alguna para la resolución de la litis".

En cuanto a los párrafos cuarto a séptimo, pretenden incorporar sucesos de fechas anteriores (2017 y 2018) y ajenas a la franja temporal analizada en el litigio.

El resto de ellos nada relevante aportan, pues se refieren a cuestiones y materias diferentes al contenido de informaciones solicitadas por el delegado sindical y en las que basa su decisión la SAN.

En suma, como apunta el Informe de Fiscalía, la mayoría de los correos electrónicos son de fechas anteriores a las pretensiones de información contenidas en la demanda, y en otras (dos) contienen información diferente (descriptor 64 y descriptor 65); por lo que carecen de relevancia alguna para modificar el fallo, que se sustenta en la falta de información, en el periodo comprendido entre los meses de febrero 2019 a septiembre 2020, sobre las materias que se especifican en la parte dispositiva de la sentencia.

4. Conclusión.

Las razones que anteceden abocan a la desestimación de los dos primeros motivos del recurso, permaneciendo incólume el relato de hechos probados de la instancia.

TERCERO.- Infracciones de orden sustantivo: la prescripción (Motivo 3º del recurso).

El artículo 207.e) LRJS abre las puertas de la casación basada en "Infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate".

1. Criterio de la sentencia recurrida y formulación del recurso.

A) En el Fundamento de Derecho Tercero la sentencia rechaza la prescripción alegada porque lo que se denuncia es un comportamiento continuado de la empresa, posterior a la STS 92/2019 de 6 de febrero (rec. 224/2017), que se niega a cumplir con las obligaciones de información y documentación previstas legal y convencionalmente en favor del delegado sindical de FIRET. A este respecto, expone la SAN 208/2021, "debe recordarse que para que proceda la entrega de la información y documentación que de acuerdo (con) el art. 64 ET, la empresa debe entregar al Comité y por disposición del art. 10 de la LOLS a los Delegados Sindicales que no sean miembros del mismo, no es necesaria la previa petición de parte, sino que la misma debe efectuarse por la empresa en el tiempo y forma previstos en la norma sin necesidad de previo requerimiento alguno".

B) El tercer motivo impugnatorio alega la vulneración del artículo 59 ET en relación con el artículo 179.2 LRJS. Argumenta, en síntesis, que de los hechos probados no se infiere una petición o solicitud de información de la contemplada en el artículo 64 ET y que haya sido desatendida por la demandada, salvo la de fecha de 12 de julio de 2.019.

Y partiendo de ésta, e interpuesta la demanda el 27 de septiembre de 2020 ha transcurrido el plazo de un año de prescripción de la acción de tutela, insistiendo en que no hay ninguna petición del delegado sindical que no haya sido atendida.

2. Normativa aplicable.

A) Estatuto de los Trabajadores

Conforme a artículo art. 59.1 ET Las acciones derivadas del contrato de trabajo que no tengan señalado plazo especial prescribirán al año de su terminación.

Por su lado, el art. 64 ET dispone lo siguiente:

1. El comité de empresa tendrá derecho a ser informado y consultado por el empresario sobre aquellas cuestiones que puedan afectar a los trabajadores, así como sobre la situación de la empresa y la evolución del empleo en la misma, en los términos previstos en este artículo.

Se entiende por información la transmisión de datos por el empresario al comité de empresa, a fin de que este tenga conocimiento de una cuestión determinada y pueda proceder a su examen. Por consulta se entiende el intercambio de opiniones y la apertura de un diálogo entre el empresario y el comité de empresa sobre una cuestión determinada, incluyendo, en su caso, la emisión de informe previo por parte del mismo.[......]

2. El comité de empresa tendrá derecho a ser informado trimestralmente

a) Sobre la evolución general del sector económico a que pertenece la empresa.

b) Sobre la situación económica de la empresa y la evolución reciente y probable de sus actividades, incluidas las actuaciones medioambientales que tengan repercusión directa en el empleo, así como sobre la producción y ventas, incluido el programa de producción.

c) Sobre las previsiones del empresario de celebración de nuevos contratos, con indicación del número de estos y de las modalidades y tipos que serán utilizados, incluidos los contratos a tiempo parcial, la realización de horas complementarias por los trabajadores contratados a tiempo parcial y de los supuestos de subcontratación.

d) De las estadísticas sobre el índice de absentismo y las causas, los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y sus consecuencias, los índices de siniestralidad, los estudios periódicos o especiales del medio ambiente laboral y los mecanismos de prevención que se utilicen.......]

4. El comité de empresa, con la periodicidad que proceda en cada caso, tendrá derecho a:

a) Conocer el balance, la cuenta de resultados, la memoria y, en el caso de que la empresa revista la forma de sociedad por acciones o participaciones, los demás documentos que se den a conocer a los socios, y en las mismas condiciones que a estos.

b) Conocer los modelos de contrato de trabajo escrito que se utilicen en la empresa así como los documentos relativos a la terminación de la relación laboral.

c) Ser informado de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves.

d) Ser informado por la empresa de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles.

Asimismo, el comité de empresa tendrá derecho a recibir la copia básica de los contratos así como la notificación de las prórrogas y de las denuncias correspondientes a los mismos en el plazo de diez días siguientes a que tuvieran lugar.".

B) Ley Orgánica de Libertad Sindical

En su artículo 10.3 la LOLS establece que los Delegados sindicales tienen derecho a tener acceso a la misma información y documentación que la empresa ponga a disposición del Comité de empresa.

3. Doctrina sobre prescripción en materia de derechos fundamentales.

La STS 524/2024 de 3 de abril (rcud. 5599/2022) , seguida por otras , al resolver cuándo comienza a computar la prescripción ante un escenario en el que se está ante una conducta reiterada de vulneración de derecho fundamental -en ese caso a la igualdad retributiva- , entiende que deberá iniciarse desde el momento en que finalice tal quebranto, pues mientras "se siga produciendo la vulneración del derecho fundamental no habrá comenzado el cómputo del plazo de prescripción de las indemnizaciones derivadas de tal conducta".

4. Doctrina sobre el deber de información.

La STC 281/2005, de 7 noviembre, reseña que la libertad de información "constituye un elemento esencial del derecho fundamental a la libertad sindical [...] el flujo de información entre el sindicato y los trabajadores es el fundamento de la participación, permite el ejercicio cabal de una acción sindical y propicia el desarrollo de la democracia y del pluralismo sindicales".

En STS 28 de marzo de 2011, recurso 145/2010, ya dijimos que el derecho de información que la LOLS reconoce a los Delegados sindicales tiene el mismo alcance que el que se reconoce al Comité de empresa.

La STS 954/2022, de 13 diciembre (rec. 40/2021), argumenta que "el derecho a la información, en su vertiente de derecho a la denominada información pasiva; esto es, derecho a recibir información por parte de la empresa en los términos que fueran previstos por las leyes, forma parte del contenido del derecho a la libertad sindical previsto en el artículo 28.1 CE ; de suerte que una eventual vulneración de ese derecho podría considerase atentatoria la reseñado derecho fundamental; ya que la libertad sindical comprende, ineludiblemente el derecho a la actividad sindical, es decir, el derecho de los sindicatos a ejercer aquellas actividades dirigidas a la defensa, protección y promoción de los intereses de los trabajadores, en suma, a desplegar los medios de acción necesarios para que puedan cumplir las funciones que constitucionalmente les corresponden ( SSTC 40/1985, 39/1986, 30/1992, 173/1992 y 94/1995; entre otras)".

5. Consideraciones específicas.

A la vista de cuanto antecede, consideramos que este motivo de recurso tampoco puede prosperar. Las razones para ello son las siguientes.

A) El recurso no explicita las razones por las que discrepa del razonamiento judicial que descartó la prescripción. Como acabamos de recordar (apartado 1 del presente Fundamento) la SAN 208/2021 explica que no es necesario que el delegado sindical solicite la información y documentación prevista en el art. 64 ET, dado que la empresa está obligada a facilitarla sin requerimiento previo.

Dado que la demanda se presentó el 27 de septiembre de 2020 y se solicitó la condena a la empresa por no entregar la información y documentación que se detalla en la demanda comprensiva del periodo de febrero 2019 a septiembre 2020, resulta evidente que no resulta aplicable la excepción de prescripción.

B) No compartimos la alegación de la recurrente sobre que el único deber de información que se podría considerar incumplido por la empresa, dentro de los términos del art. 64 ET, sería el relativo a la solicitud del Plan de Prevención de Riesgos Laborales, Protocolo de Coordinación de Riesgos Laborales, Pliego de Prescripciones Técnicas y pólizas de seguros (Hecho Probado Tercero); petición de fecha 12 de julio de 2019.

Tal valoración la sustentamos en otros eventos plasmados en el relato fáctico, de donde se infiere -como acierta a concluir la AN- la presencia de otras peticiones de información incardinables en el art. 64 ET.

C) Así, destaca la instada por el Delegado Sindical de FIRET, de 17 de marzo de 2020, sobre información acerca del protocolo por COVID (Hecho Probado Séptimo), la cual tiene encaje en el art 64.2d) ET, al afectar a la salud laboral de los trabajadores y a las medidas de prevención a adoptar por la empresa. Además, la conducta incumplidora imputable a la demandada aparece como persistente: Del HP Décimo se colige que, a pesar del anterior pronunciamiento condenatorio (confirmado por nuestra sentencia de febrero de 2019) la empresa no ha facilitado al delegado sindical aún en el año 2021 las informaciones a que se refieren los apartados 2º y 4º del art. 64 E.

D) En conclusión: concurre una vulneración continuada del derecho fundamental a la libertad sindical, de manera que no opera la prescripción desde la fecha pretendida por el recurrente -12 de julio de 2019-. Debemos rechazar la excepción procesal alegada por la empleadora y reiterada en forma de motivo casacional, dado que a fecha de la demanda continuaba la conducta considerada como incumplidora, eventual causante de la violación del derecho fundamental a la libertad sindical.

CUARTO.- Infracciones de orden sustantivo: el deber de información (Motivo 4º del recurso).

1. Formulación del recurso.

Al amparo de lo establecido en el artículo 207.e) LRJS, este motivo denuncia la infracción del artículo 64 ET en relación con lo dispuesto en el artículo 28 CE.

Argumenta la recurrente que de la relación de hechos probados de la sentencia de instancia no se infiere incumplimiento imputable a la empresa del deber de información del artículo 64 ET, ni, por tanto, vulneración del derecho a la libertad sindical del Delegado Sindical de FIRET. Para tal fin se apoya en el éxito de su revisión fáctica.

2. Consideraciones específicas.

Al resolver el primer motivo de infracción de norma sustantiva ya hemos analizado la presencia de reiterados incumplimientos atribuibles a la empresa en su deber de informar al delegado sindical actor.

El éxito de este motivo de censura jurídica necesitaba, como premisa esencial para su éxito, la estimación de las revisiones fácticas contenidas en el recurso - especialmente la tocante al HP 10º-, por lo que el fracaso de ésta arrastra al presente motivo.

Por lo tanto, no es posible asumir el planteamiento del recurrente, que acaba incurriendo en una <> o <>, esto es, se parte de premisas fácticas distintas a las que constan en la sentencia recurrida.

El recurso cita en su apoyo la STS de 17 enero 2012 (rec. 27/2011, pero su doctrina no resulta aplicable porque se refiere a documentación que la empresa no tenía obligación de facilitar a los representantes sindicales ("no se ha probado siquiera que la recurrente solicitara previamente a la demanda dicha documentación y que, en cualquier caso se trataría de documentos que la empresa no tenía obligación de facilitar a los representantes sindicales"), lo que no es el caso.

También invoca doctrina judicial pero ya hemos recordado que el artículo 207.e) LRJS solo permite la casación basada en jurisprudencia.

QUINTO.- Infracciones de orden sustantivo: la reparación del daño (Motivo 5º del recurso).

1. Formulación del recurso.

Al amparo de lo establecido en el artículo 207.e) LRJS, el último motivo se basa en la infracción de los artículos 179.3 y 182 de la LRJS.

Niega la existencia de vulneración de derecho fundamental alguno por lo que no habría nada que indemnizar. Sostiene también que la sentencia silencia de qué manera se ha visto deteriorada la imagen del sindicato, ni mucho menos en qué medida se ha visto impedido de llevar a cabo la defensa de los trabajadores, siendo así que todas las solicitudes de información y/o documentación efectuadas han quedado debidamente cumplimentadas por la empresa demandada.

2. Legitimación activa del sindicato.

Tal y como consta en los Antecedentes, esta Sala ha dado traslado a las partes y al Ministerio Fiscal para que formulasen alegaciones sobre la

concurrencia de la excepción procesal de falta de legitimación activa del sindicato FIRET respecto a la solicitud de daños morales.

Así lo hicimos, por coherencia con la doctrina sentada en las SSTS 24/2020 y 341/2024, a las que de inmediato aludiremos, y en orden a evitar cualquier indefensión, por más que se trata de una cuestión apreciable de oficio.

A) Supuestos de falta de legitimación

Puesto que la información omitida o denegada por la empresa tiene como destinatario al delegado sindical, de entrada la titularidad del derecho a la libertad sindical vulnerada es suya, que no de la organización a que pertenece. Por ello, en algún caso, hemos negado legitimación activa al sindicato que reclama daños y perjuicios derivados de esa ilícita conducta empresarial.

A) En esta línea se pronuncia la STS 24/2020 de 14 de enero (rec. 145/2018). Afronta un litigio en que se impetra tutela de su libertad sindical por un sindicato y su delegado sindical. Solicitaban la condena a la empresa a facilitar a ambos la misma información que proporciona el comité de empresa, así como al abono de una indemnización de 90.000 euros a cada demandante.

Con apoyo en otro pronunciamiento anterior ( STS 20 de abril de 1998, rec. 1521/1997), advierte que estos derechos invocados en ejercicio de las facultades del art. 10.3 LOLS corresponden al delegado sindical y no al sindicato. Esto es, el sindicato reclama la indemnización por el incumplimiento de carencia de información padecido por el delegado sindical, sin más razones que justifiquen la condena a la cantidad reclamada en favor del sindicato. Lo que sucede allí es que "el sindicato recurrente no interviene en defensa de un derecho propio, sino como coadyuvante, lo que comporta, que su pretensión quede subordinada al éxito de la que formula la otra parte y que al no ser un derecho propio el lesionado carezca en cualquier caso del derecho a ser indemnizado.".

B) La STS 341/2024 de 22 febrero (rec. 329/2021), con apoyo en la recién expuesta STS 24/20200, aprecia de oficio la falta de legitimación activa del sindicato en una litigio con la misma temática.

La indemnización fue reclamada exclusivamente por y para el sindicato actor -no por y para los delegados sindicales como personas físicas- a causa de los incumplimientos padecidos por el delegado sindical; por lo tanto, al no intervenir el sindicato en este proceso defendiendo un derecho propio tampoco se le puede reconocer indemnización por daños morales, al no acreditarse en qué manera se dañó la imagen y reputación del sindicato.

B) Supuesto de concurrencia de legitimación

La STS 92/2019 de 6 de febrero (rec. 224/2017) versa sobre tutela de la libertad sindical pedida por el sindicato aquí demandante y su delegado sindical, frente a la misma empresa. Se trata, por tanto, de supuesto muy similar al presente.

En cuanto a la indemnización por daños morales reclamada por el sindicato la STS 92/2019 la considera procedente por cuanto "En el asunto ahora sometido a la consideración de la Sala el Sindicato demandante, tal y como se ha consignado con anterioridad, ha alegado en su demanda las bases y puntos clave de la indemnización que reclama, señalando los actos constitutivos de lesión de la libertad sindical, la forma en que se ha violado y la gravedad de la conducta de la empresa, las consecuencias que ha generado respecto a la imagen, irradiación y cumplimiento de sus fines por el Sindicato, lo que supone la concreción de los daños morales sufridos. Por tanto el accionante ha cumplido sobradamente los requisitos que a la demanda exige el artículo 179.3 de la LRJS".

De esta manera, en este tipo de procesos no negamos la posibilidad de que los sindicatos, aun cuando intervengan como coadyuvantes, puedan reclamar la indemnización por daños morales siempre que hayan individualizado, precisado y acreditado los elementos causantes de los perjuicios a su imagen y reputación. Lo que se precisa es que, desde que se traba el procedimiento, el sindicato haya puesto de relieve si, en cuanto tal, entiende vulnerado sus derechos así como las razones de ello, además de interesar la reposición exigida legalmente.

3. Consideraciones específicas.

A la vista de cuanto antecede, vamos a desestimar también este motivo de recurso y a descartar la falta de legitimación activa de FIRET.

El presente caso, al igual que sucedía en el resuelto por la STS 92/2019 de 6 de febrero (rec. 224/2017), nos sitúa ante una acción de tutela que alberga todos los datos relativos a puntos esenciales de la indemnización reclamada, identificando los actos constitutivos de lesión de la libertad sindical, la gravedad de su conducta por reiterativa y la manera en que ha afectado a su imagen, lo que supone la concreción de los daños morales sufridos.

Aclarado lo anterior, los argumentos de la mercantil recurrente tampoco pueden tener acogida. Hemos confirmado que la conducta de la demandada es obstruccionista con los derechos del delegado sindical. Consta en el Fundamento de Derecho VI de la demanda la descripción de elementos generadores del daño a la imagen del sindicato para cumplir su principal fin de defensa de los derechos de los trabajadores, luego plasmados en los hechos probados.

Por otro lado, en el Fundamento Quinto la SAN recurrida expone detalladamente las razones que le han llevado a fijar la cuantía de la indemnización en 12.000 €. Tales motivos aparecen como equilibrados y sustentados en derecho, (sin que la recurrente las cuestione).

De ello se infiere una conducta impeditiva y reiterada, incumpliendo sus deberes informativos la empresa, teniendo como antecedente lo ya resuelto en la STS 92/2019 de 6 de febrero.

SEXTO.- Resolución.

Por las razones expuestas, en consonancia con el informe del Ministerio Fiscal respecto del tema de fondo, debemos confirmar la sentencia dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional y desestimar el recurso.

Dada la modalidad procesal seguida, el fracaso de su recurso no comporta condena al abono de las costas causadas a el sindicato recurrente ( art. 235.2 LRJS) .