Sentencia Social 190/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 1920/2020 de 14 de marzo del 2023

PRIMERO.- 1.- La cuestión que se debate en el presente recurso de casación unificadora se refiere, básicamente, a determinar la necesidad o no de acreditar, por parte de la empresa que extingue un contrato por causas organizativas o productivas, vinculadas a disminución del volumen de una contrata, la imposibilidad de recolocar a los trabajadores despedidos en puesto adecuado y en su caso probar la imposibilidad de recolocación.

2.- La demanda de instancia, del Juzgado de lo Social n.º 3 de Albacete, estimó parcialmente la demanda del trabajador y consideró la extinción improcedente. La sentencia aquí recurrida, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha de 13 de febrero de 2020 (Rec 930/19), confirmó la de instancia.

Consta que el trabajador había venido prestando servicios para Securitas Seguridad España SA con la categoría profesional de vigilante de seguridad y con una antigüedad de 01/08/1988, con contrato indefinido, siendo de aplicación el Convenio Colectivo de Empresas de Seguridad. Estaba adscrito al servicio de vigilancia en las instalaciones del cliente Liberbank en "Servicios Centrales Banco Castilla la Mancha", de Albacete. La entidad bancaria comunicó a la empresa demandada que en fecha 30/11/2016 se procedería a la reducción del servicio de vigilancia que hasta la fecha se venía prestando en dichas instalaciones, pasando de un servicio de 24 horas/365 días a un servicio a un servicio de vigilancia de seguridad de 7 a 23 horas todos los días laborables del año de lunes a viernes. A su vez, la empleadora, comunicó el despido al demandante con efectos de 30/11/2016, por circunstancias objetivas, de carácter organizativo, consecuencia de la reducción del servicio, vista la perdida de horas, que había supuesto un sobredimensionamiento de la plantilla, y que requería la amortización de 3 vigilantes de seguridad de los 5 que venían prestando servicio en esas dependencias, y aplicando el criterio de mayor antigüedad, continuando prestando el servicio dos trabajadores con antigüedades superiores a la del actor.

La sentencia recurrida confirma la declaración de improcedencia del despido si bien valorando y efectuando otras argumentaciones. Sostiene, sobre la base de que se trata de un trabajador fijo de plantilla de la empleadora, que esta no ha acreditado la inexistencia de puesto de trabajo de la misma categoría en alguna de las otras diversas contratas concertadas. Además, se valora que la existencia de nuevas contrataciones, dejando al margen las obligadas por la sucesión de contratas, de las que al menos una es para una prestación de obra o servicio determinado a tiempo parcial que no se identifica en jornada contratada.

3.- Recurre en casación unificadora la mercantil demandada, a través de un único motivo en el que denuncia infracción de lo dispuesto en el artículo 52 ET. El recurso ha sido impugnado de contrario e informado por el Ministerio Fiscal en el sentido de considerarlo procedente.

SEGUNDO.- 1.- La recurrente invoca para sustentar la contradicción la sentencia esta Sala del Tribunal Supremo de 30 de junio de 2015 (rcud 2769/14), confirmatoria de la declaración de procedencia de la decisión extintiva adoptada por la empresa Eulen Seguridad SA. Esta tenía suscrito con el Ayuntamiento de Madrid un contrato de servicios para la protección y seguridad de los edificios dependientes del Área de Gobierno y Urbanismo municipal (en concreto en las calles Guatemala 13 y 24 y Paraguay 8 de la Capital) que finalizó por decisión del Ayuntamiento con efectos del 31-3-2013, fecha ésta en la que la empleadora procedió a despedir por causas objetivas ( art. 52.c ET) al actor, vigilante de seguridad. La carta de despido, hacía constar que las labores de protección y seguridad objeto de la contrata con el Ayuntamiento en los mencionados edificios, al ser trasladado todo el personal de tales sedes a un nuevo edificio en la calle Ribera del Sena 21 de Madrid, en el que ya existía un servicio de seguridad ajeno a la empresa demandada, producía --se decía-- "la extinción objetiva del servicio de seguridad y vigilancia para el que el actor prestaba servicios, siendo imposible el acomodo del actor en otro puesto de trabajo". La Sala IV reitera doctrina conforme a la cual, en términos generales, la válida extinción de la contrata constituye causa suficiente que permite el despido objetivo e indemnizado de los trabajadores que en ella prestaban sus servicios.

2.- La contradicción, tal como informa el Ministerio Fiscal y no niega la parte impugnante del recurso ha de considerarse existente en los términos exigidos por el artículo 219 LRJS. En efecto, en ambos casos se trata de vigilantes de seguridad que son despedidos por causas objetivas relacionadas con la reducción de la contrata en la que prestaban servicios. Las pretensiones, así como los fundamentos resultan ser sustancialmente iguales. Sin embargo, a pesar de esa triple identidad, los pronunciamientos son radicalmente diferentes. Así, la sentencia recurrida considera que no ha sido acreditado por la empleadora la inexistencia de puesto de trabajo de la misma categoría en alguna de las otras diversas contratas concertadas, aun cuando en la empresa no solo existían servicios alternativos conocidos y acreditados fehacientemente sino otros con los que cumplir tal obligación. Por el contrario, en la de contraste, se entiende que, en términos generales, la válida extinción de la contrata constituye causa suficiente que permite el despido objetivo e indemnizado de los trabajadores que en ella prestaban sus servicios, sin que el artículo 52 ET imponga al empresario la obligación de agotar todas las posibilidades de acomodo en la empresa, incluso no está obligada a destinar al trabajador a otro puesto vacante.

TERCERO.- 1.- Resulta conveniente para la resolución del recurso reiterar algunas cuestiones que nuestra jurisprudencia ha venido estableciendo sobre las causas que justifican el recurso a la extinción objetiva de los contratos de trabajo, en concreto, respecto de la causa productiva derivada de la pérdida de una contrata por parte de la empresa que procede a la extinción. Con carácter general, si la causa es productiva, ha de probarse por el empresario, que se han producido disfunciones en el entorno de su actividad, como falta de pedidos o bien descenso progresivo de la producción o de la actividad de la empresa, que le obligan a modificar o disminuir la producción, haciendo obsoletos uno o varios puestos de trabajo, ya que, de no extinguirse dichos puestos de trabajo, se desequilibraría el proyecto empresarial. En punto a la rescisión de una contrata como causa productiva que podría justificar el recurso al despido objetivo del artículo 52 c) ET hemos señalado que "la pérdida o disminución de encargos de actividad ha de ser considerada por su origen una causa productiva, en cuanto que significa una reducción del volumen de producción contratada, y por el ámbito en que se manifiesta una causa organizativa, en cuanto que afecta a los métodos de trabajo y a la distribución de la carga de trabajo entre los trabajadores" [ STS nº. 361/2016, de 3 de mayo (rcud 3040/2014)] y que "la reducción de actividad de servicios a la finalización de la contrata inicial ha generado dificultades que impiden el buen funcionamiento de la empresa; como tal hay que considerar el exceso de personal resultante de tal reducción. A estas dificultades se puede hacer frente mediante amortizaciones de los puestos de trabajo sobrantes, de forma que se restablezca la correspondencia entre la carga de trabajo y la plantilla que la atiende. Y el ámbito de apreciación de la causa productiva sobrevenida puede ser el espacio o sector concreto de la actividad empresarial afectado por el exceso de personal, que es en el caso la contrata finalizada y renovada con menor encargo de servicios y consiguientemente de ocupación" [ SSTS de 16 de septiembre de 2009 (rcud 2027/2008) y de 26 de abril de 2013 (rcud 2396/2012)]. La reducción de actividad de servicios a la finalización de la contrata inicial genera dificultades que impiden el buen funcionamiento de la empresa; como tal hay que considerar el exceso de personal resultante de tal reducción. A estas dificultades se puede hacer frente mediante amortizaciones de los puestos de trabajo sobrantes, de forma que se restablezca la correspondencia entre la carga de trabajo y la plantilla que la atiende. Y, como hemos señalado en la STS de 8 de julio de 2011 (rcud 3159/2010) "el ámbito de apreciación de la causa productiva sobrevenida puede ser el espacio o sector concreto de la actividad empresarial afectado por el exceso de personal, que es en el caso la contrata finalizada y renovada con menor encargo de servicios y consiguientemente de ocupación".

Igualmente hemos señalado que incluso la propia reducción en los términos (cuantía o volumen) de la contrata puede implicar la concurrencia de la causa extintiva al manifestar que "la reducción de actividad de servicios a la finalización de la contrata inicial ha generado dificultades que impiden el buen funcionamiento de la empresa; como tal hay que considerar el exceso de personal resultante de tal reducción. A estas dificultades se puede hacer frente mediante amortizaciones de los puestos de trabajo sobrantes, de forma que se restablezca la correspondencia entre la carga de trabajo y la plantilla que la atiende. Y el ámbito de apreciación de la causa productiva sobrevenida puede ser el espacio o sector concreto de la actividad empresarial afectado por el exceso de personal, que es en el caso la contrata finalizada y renovada con menor encargo de servicios y consiguientemente de ocupación" [ STS de 31 de enero de 2010 (rcud 1719/2007)] y también hemos puesto reiteradamente de relieve que "la reducción del volumen de actividad encomendado por una empresa comitente a otra auxiliar puede justificar la extinción de cierto número de contratos por circunstancias objetivas al amparo del artículo 52,c) ET, pero no la extinción al amparo del art. 49.1,c), preceptos que tienen regímenes indemnizatorios diversos" [ SSTS de 16 de julio de 2014 (rcud 1777/2013) y de 17 de septiembre de 2014 (rcud 2069/2013); en doctrina reiterada de nuevo en 4/2017, de 10 de enero de 2017 ( rcud 1077/2015) y 874/2017, de 14 de noviembre de 2017 ( rcud 2954/2015)].

2.- Por lo que hace referencia al núcleo de la contradicción que aquí se examina y que se refiere, básicamente, a la necesidad o no de acreditar, por parte de la empresa que extingue los contratos, la imposibilidad de recolocar al trabajador despedido, nuestra jurisprudencia ha sido constante en la negación de tal exigencia ya que el artículo 52-c) ET no impone al empresario la obligación de agotar todas las posibilidades de acomodo del trabajador en la empresa, ni viene aquél obligado, antes de hacer efectivo el despido objetivo, a destinar al empleado a otro puesto vacante de la misma. Así lo hemos sostenido en las SSTS de 21 de julio de 2003 (rcud 4454/2002); de 19 de marzo de 2002 (rcud 1979/2001); de 13 de febrero de 2002 (rcud 1496/2001), y de 7 de junio de 2007 (rcud 191/2006), entre otras. De ellas se extrae la conclusión de que, de conformidad con la doctrina jurisprudencial que se acaba de citar, lo lógico es deducir que la amortización de plazas por causas ajenas a la voluntad del empleador constituye causa objetiva justificativa del despido, sin que el hecho de que puedan existir en la empresa otros puestos vacantes, determine normalmente la declaración de improcedencia de tal despido, salvo supuestos excepcionales [ SSTS de 29 de noviembre de 2010 ( rcud 3876/2009), de 26 de abril de 2013 ( rcud 2396/2012) y 90/2017, de 1 de febrero de 2017 ( rcud 1595/2015)].

3.- En consecuencia, al producirse la reducción del volumen de la contrata, resulta ajustada la medida adoptada de extinción de los contratos de las personas trabajadoras que venían prestando sus servicios en este centro de trabajo, en concreto al del actor, dado que su selección -que aquí no se discute- se debió exclusivamente a razones de antigüedad. No empece tal conclusión el hecho de que hubiese servicios alternativos ya que de ello no se deduce, como dijimos en las SSTS de 7 de junio de 2007 (rcud. 191/2006) y 6/2022, de 11 de enero de 2022 ( rcud 4890/2018), que necesariamente se haya de ubicar a los demás trabajadores en dicho centro de trabajo.

CUARTO.- La aplicación de la anterior doctrina al supuesto que examinamos debe conducir a la estimación del recurso puesto que la buena doctrina se halla en la sentencia aportada de contraste. En efecto, el equivocado tratamiento y significado que, de manera uniforme, hace la sentencia recurrida de las causas justificativas de la amortización individual de puestos de trabajo, conduce a la inaceptable conclusión de que cuando se alegan causas organizativas o de producción, han de agotarse todas las posibilidades de acomodo del trabajador o de su destino a otro puesto vacante de la misma empresa, hasta el punto de que si no se procede así el despido se califica de improcedente. A este respecto, como dijimos en la STS de 19 de marzo de 2002 (rcud 1979/2001) debe tenerse presente el texto legal en sus pronunciamientos concretos ya que el artículo 52,c) del Estatuto de los Trabajadores no contempla esa posibilidad ni impone de manera expresa al empresario la obligación de mantener al trabajador afectado por la medida en la plantilla utilizando sus servicios en otras contratas centros de trabajo de la misma o de distinta localidad.

En consecuencia, de conformidad, el dictamen del Ministerio Fiscal, se estima el recurso de casación para la unificación de doctrina, sin especial pronunciamiento sobre las costas ( Artículo 235 LRJS) y con devolución al recurrente del depósito y consignaciones efectuadas para recurrir ( Artículo 228.2 LRJS).