Sentencia Social 194/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 1141/2020 de 15 de marzo del 2023

PRIMERO. Cuestión planteada y la sentencia recurrida

1. Las cuestiones planteadas en el presente recurso de casación para la unificación de doctrina son, en primer lugar, si la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de Jaén, de 31 de enero de 2019 (autos 221/2018) era recurrible en casación. Y, en segundo término, si la trabajadora -parte recurrente en el presente recurso- tiene derecho al plus de penosidad y peligrosidad del artículo 58.14 del Convenio colectivo del personal laboral de la Junta de Andalucía.

2. La trabajadora, educadora en el centro de menores Carmen de Michelena de Jaén, reclama el plus de peligrosidad derivado del artículo 58.14 del Convenio colectivo del personal laboral de la Junta de Andalucía. Constan las funciones de la trabajadora; que no ha recaído resolución expresa de la comisión del convenio colectivo; y que, según informe del subdirector del centro, las situaciones de violencia sufridas por la educadora son muy numerosas y alejadas del ejercicio de sus funciones.

3. La demanda de la trabajadora fue desestimada por la citada sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de Jaén, de 31 de enero de 2019 (autos 221/2018).

La sentencia dio recurso de suplicación.

4. La trabajadora interpuso recurso de suplicación contra la sentencia del juzgado de lo social.

La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Andalucía, sede de Granada, 202/2020, 27 de enero de 2020 (rec. 938/2019), desestimó el recurso de suplicación por inadmisibilidad del mismo por razón de la cuantía.

La sentencia de la sala de Granada entiende que no es competente por no llegar la cuantía de lo reclamado a los 3.000 euros y no existir afectación general.

En su fundamento de derecho único, la sentencia recoge que la demanda de la trabajadora reclamaba una cuantía de 2.674,42 euros por el periodo de marzo de 2017 a febrero de 2018, más otros 140 euros devengados en marzo de 2018 y las que se devenguen hasta la sustanciación del juicio, que se actualizaron en el plenario celebrado en diciembre de 2018 en otros 1.719,27 euros.

SEGUNDO. El recurso de casación para la unificación de doctrina, su impugnación y el informe del Ministerio Fiscal.

1. La trabajadora ha interpuesto recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía, sede de Granada, 202/2020, 27 de enero de 2020 (rec. 938/2019).

El recurso invoca de contraste la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía, sede de Granada, 14 de noviembre de 2019 (rec. 463/2019), y denuncia la infracción de los artículos 191.1, 191.2 g) y 192.3 LRJS, en lo que se refiere a la competencia funcional, y del artículo 58.14 del Convenio colectivo del personal laboral de la Junta de Andalucía, en lo que se refiere al fondo del asunto.

El recurso solicita la casación y anulación de la sentencia recurrida; que se declare admisible el recurso de suplicación interpuesto por la trabajadora contra la sentencia del juzgado de lo social; y que se devuelvan los autos al TSJ para que, con libertad de criterio, resuelva sobre el fondo del asunto. O, para el caso de que esta Sala 4ª acuerde resolver sobre el fondo del asunto, el recurso solicita que se dicte sentencia estimando íntegramente la demanda rectora de las presentes actuaciones.

2. El recurso ha sido impugnado por el Letrado de la Junta de Andalucía.

La impugnación solicita la desestimación del recurso.

3. El Ministerio Fiscal interesa en su informe la estimación parcial del recurso y que se devuelvan las actuaciones al TSJ para que, una vez declarada su competencia funcional, entre a conocer de la reclamación planteada.

TERCERO. La competencia funcional

1. Debemos recordar, con carácter previo, que el acceso a suplicación de las sentencias de instancia "puede ser examinada de oficio por esta Sala, aunque no concurra la contradicción, puesto que afecta al orden público procesal y a su propia competencia funcional", sin que la Sala quede vinculada por la decisión que se haya adoptado en suplicación y "con cierta independencia de lo que las partes hayan podido alegar" ( SSTS 9 de marzo de 1992, rcud 1462/1990, 24 de abril de 2012, rcud 3090/2011, 30 de octubre de 2012, rcud 2827/2011).

Y ello es así, porque la cuestión no afecta sólo al recurso de suplicación, sino que se proyecta sobre la competencia de esta Sala 4ª del Tribunal Supremo, habida cuenta de que el recurso de casación para la unificación de doctrina procede contra las sentencias dictadas en suplicación, lo que supone que la recurribilidad en casación se condiciona a que la sentencia de instancia fuera, a su vez, recurrible en suplicación, de manera que el control de la competencia funcional de la Sala supone el control sobre la procedencia o improcedencia de la suplicación ( SSTS 19 de julio de 1994, rcud 2508/1993, 28 de noviembre de 2011, rcud 742/2011, 2 de abril de 2012, rcud 1750/2011, y 30 de octubre de 2012, rcud 2827/2011).

Entre las sentencias posteriores remitimos, por todas, a las SSTS 11 de mayo de 2018 (Pleno, rcud 1800/2016); 17 de julio de 2018 (rcud 904/2018 y 1176/2017); 14 de marzo de 2019 (rcud 2970/2017); 29 de octubre de 2019 (rcud 2331/2017); 1 de julio de 2020 (rcud 3419/2017); 20 de octubre de 2020 (rcud 2554/2017); 1 de diciembre de 2020 (rcud 495/2018); 11 de noviembre de 2021 (rcud 2080/2019); y 10 de junio de 2022 (rcud 4261/2018).

En los términos de la citada STS 11 de mayo de 2018 (Pleno, rcud 1800/2016), reiterada por otras posteriores, es doctrina constante de la Sala que la cuestión de la recurribilidad de la sentencia de instancia ha de examinarse de oficio por afectar al orden público procesal y a la propia competencia funcional, incluso "antes de llevar a cabo cualquier pronunciamiento sobre la contradicción o sobre el fondo del asunto".

2. Tenemos que resolver, en consecuencia, si la sentencia del juzgado de lo social era recurrible en suplicación.

Anticipamos que la respuesta es positiva: la sentencia de instancia sí era recurrible en suplicación.

a) En efecto, y, en primer lugar, la pretensión sí alcanzaba la cuantía mínima exigida en el artículo 191.2.g) LRJS para acceder al recurso de suplicación. La cuantía reclamada no era inferior a los 3.000 euros, pues la cifra que se concretó en el acto del juicio -que es la que hay que considerar (por todas, SSTS 1007/2018, 4 de diciembre de 2018, rcud 611/2016, y 408/2021, 14 de abril de 2021, rcud 451/2020)- era de 4.533,69 euros, tal como consta en la propia sentencia recurrida, según hemos recogido en el fundamento de derecho primero de la presente sentencia.

b) Y, en segundo lugar, también existía afectación general ( artículo 191.3.b) LRJS).

Así lo ha declarado esta Sala 4ª a partir de la STS 620/2020, 8 de julio de 2020 (rec. 1021/2018), "en atención a los numerosos asuntos que sobre esta misma problemática ya han tenido entrada en este Tribunal, en todos los cuales se plantea idéntica cuestión sobre las consecuencias jurídicas que hayan de derivarse de la falta de respuesta de aquella Comisión del Convenio Colectivo a las peticiones de los trabajadores que interesan el devengo de dicho complemento."

Es verdad -prosigue razonando la STS 620/2020, 8 de julio de 2020 (rec. 1021/2018)-, que en la STS 771/2018, 17 de julio de 2018 (rcud 1799/2017), en la que se apoya la sentencia recurrida, concluimos que en aquel caso no aparecía "...en autos dato fáctico alguno referido a reclamaciones de igual contenido por parte de otros trabajadores de la Junta de Andalucía del que quepa inferir la existencia de un conflicto generalizado respecto de la cuestión suscitada en el presente recurso, del que tampoco hay noticia en la resolución de instancia y en la dictada en suplicación, sin que merezca tal consideración el argumento vertido por la sentencia impugnada para justificar el pronunciamiento estimatorio del recurso referido a que según doctrina de la Sala contenida en las sentencias que cita [siete en un período de 14 años] la solicitud del plus litigioso a la Comisión del Convenio constituye un requisito necesario para poder reclamar judicialmente el complemento debatido, así como que en sentencias posteriores [dos que identifica y otras ulteriores a las que alude sin mayor precisión en cuanto a fechas o nº de recurso] ha establecido que para tener derecho al plus no basta con la simple petición a la Comisión sino que se exige que la misma dicte resolución al efecto.

El mero hecho de que en un lapso de tiempo tan dilatado la Sala de Málaga haya conocido de varios recursos en los que se planteaba el tema controvertido u otro relacionado con el mismo, no permite apreciar la proyección general notoria de la cuestión, para lo que sería necesario que existiese constancia de que en el momento en que se dictó la sentencia de instancia había un número significativo de reclamaciones en la materia."

Pero el transcurso del tiempo -concluía la STS 620/2020, 8 de julio de 2020 (rec. 1021/2018)- ha hecho variar esa circunstancia, y en el momento actual ninguna duda cabe que son especialmente numerosos los procedimientos que nos han llegado desde las distintas Salas de lo Social del TSJ de Andalucía que se refieren a esta misma cuestión, desde la estricta perspectiva de las consecuencias jurídicas derivadas de la intervención de la comisión del Convenio y del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad que en tal sentido exige el convenio colectivo.

Con posterioridad, cabe citar las SSTS 926/2020, 20 de octubre de 2020 (rcud 3173/2018); 946/2020, 28 de octubre de 2020 (rcud 3120/2018); 1040/2020, 25 de noviembre de 2020 (rcud 3524/2018); 256/2021, 3 de marzo de 2021 (rcud 1762/2018); 622/2021, 15 de junio de 2021 (rcud 4346/2018); 342/2022, 19 de abril de 2022 (rcud 615/2019); 734/2022, 14 de septiembre de 2022 (rcud 944/2019); y 789/2022, 4 de octubre de 2022 (rcud 1412/2019).

3. Debemos declarar, en consecuencia, que la sentencia de instancia sí era recurrible en suplicación.

CUARTO. La recurribilidad de la sentencia de instancia

1. De acuerdo con lo razonado, y de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede estimar el recurso, casar y anular la sentencia recurrida y devolver las actuaciones a la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía, sede Granada, para que, partiendo de su competencia funcional, resuelva con libertad de criterio el recurso de suplicación.

2. No procede efectuar pronunciamiento sobre costas.