Sentencia Social 1002/2022 del Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 127/2020 de 22 de diciembre del 2022

PRIMERO.- 1.- Comisiones Obreras de Asturias formuló en su día demanda de conflicto colectivo en la que solicitaba que se declarase que los trabajadores con contrato individual, con las categorías de Técnico I y Técnico II, son libres de aceptar o no su inclusión en los equipos de guardia o disponibilidad, así como que se les reconozca su derecho a darse de baja en los referidos equipos, previo aviso, y declarando nula de pleno derecho su inclusión involuntaria. El conflicto afecta a los trabajadores con las categorías de Técnico I y Técnico II, a jornada normal, que disponen de contrato individual y que según lo establecido en el Convenio Colectivo de la empresa Arcelor Mittal España SA de sus centros de trabajo en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias están excluidos parcialmente de su regulación.

El fundamento jurídico de dicha pretensión es doble. En efecto, según la demanda, en primer lugar, a los trabajadores afectados les resulta de aplicación, en la materia de equipos de guardia o disponibilidad, el mencionado convenio colectivo de empresa en virtud de su Disposición Final Cuarta, por lo que debe regir el régimen de voluntariedad previsto con carácter general en dicho convenio. En segundo lugar, dado que la integración en dichos equipos implica la realización de horas extraordinarias, y siendo la realización de las mismas voluntarias por disponerlo así el artículo 35 ET, debe regir en cuanto a la integración la regla de la voluntariedad.

2.- La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 30 de julio de 2020 desestimó íntegramente la demanda. Contra dicha sentencia se han formulado tres recursos de casación. El primero por la Asociación de contrato individual de Arcelor Mittal Asturias (en adelante ACIAA); el segundo por Comisiones Obreras de Asturias (CCOO); y, el tercero, por UGT-Unión Regional de Asturias (UGT). Los recursos son, con ligeras diferencias, prácticamente iguales en su formulación, salvo el formulado pro ACIAA que, junto con la denuncia de infracción de normas sustantivas a las que más adelante se hará referencia, añade la solicitud de modificación del hecho probado cuarto.

Los recursos han sido impugnados por la empresa demandada e informados por el Ministerio Fiscal en el sentido de considerarlos improcedentes.

SEGUNDO.- 1.- Para abordar y dar respuesta a los recursos, además de los hechos probados que constan en los antecedentes de la presente resolución, resulta conveniente a juicio de la Sala dejar constancia de las circunstancias que se indican a los efectos de clarificar el contenido de nuestra sentencia. Así resulta que:

a) En la empresa demandada coexisten al menos dos tipos de trabajadores: un grupo está formado por la mayoría de los empleados que están afectados por el convenio colectivo a que se hizo referencia. Existe otro grupo, denominado personal "fuera de convenio" al que se refiere específicamente el Artículo 2 del Convenio.

b) En efecto, el artículo 2 del convenio colectivo de empresa al definir el ámbito personal del mismo incluye "a la totalidad del personal perteneciente a la plantilla de la sociedad" con la "excepción del personal con contrato individual, salvo en lo previsto en la Disposición Adicional Cuarta". Esta Disposición establece lo siguiente: "para el personal fuera de Convenio, para lo no previsto en su contrato individual, se aplicará como derecho supletorio lo regulado en el presente convenio en sus aspectos normativos".

c) En 1974, la empresa dictó unas instrucciones denominadas "Norma general de la presidencia sobre jornadas y horarios de trabajo para el personal fuera de convenio", que se conocen como "Normas de 1974", en las que se dictaban instrucciones sobre los turnos de guardia para el referido personal fuera de convenio y que serían establecidas por la gerencia que determinaría los trabajadores que debían realizarlas.

d) La norma de 1974 fue objeto de revisión por la empresa en 1983 y, posteriormente, se adaptó en 2003, 2004, 2008 y 2016. En todas las ocasiones se mantuvo que la designación de los equipos de guardias se realizaría por la empresa y se conservó, por tanto, el carácter obligatorio de la inclusión en los equipos de guardias.

e) La empresa en todo momento dispuso y dispone los equipos de guardia del personal fuera de convenio como asignación obligatoria.

f) Acompaña al Convenio el Acta complementaria número 2, que lleva por título "prima de desplazamiento (2016-2018), equipos de guardia y compensación por gastos de comida". En la misma se establece, junto con otras previsiones, que "los trabajadores seleccionados por la empresa no están obligados a aceptar la adscripción al equipo de guardia, la adscripción es voluntaria y quien la acepte firmará un documento al efecto".

2.- Como se anticipó existe un único motivo de revisión fáctica propuesta por ACIAA que pretende la modificación del hecho probado cuarto, en el que tras el primer párrafo pretende añadir lo siguiente. "En el apartado jornada, horario y vacaciones señala que serán los de aplicación general en la empresa en cada momento para el personal fuera de convenio". No es momento para reiterar la archiconocida doctrina de la Sala en torno a la revisión de los hechos probados mediante el motivo establecido en el apartado d) del artículo 207 LRJS. Bastará con señalar, en primer lugar, que el recurrente no identifica con claridad y con la debida precisión el documento en el que basa el pretendido error del tribunal de instancia consistente en haber omitido el párrafo transcrito; al contrario, reseña, una serie de documentos que obligarían a que esta Sala efectuase una nueva valoración de los mismos, lo que resulta imposible en este extraordinario recurso. Por otro lado, como se comprobará, la pretendida adición resultaría intrascendente en orden a la configuración del fallo.

TERCERO.- 1.- Todos los recursos coinciden en denunciar las mismas infracciones en los respectivos motivos que formulan al amparo del apartado e) del artículo 207 LRJS en los que achacan a la sentencia recurrida infracción de normas sustantivas y de la jurisprudencia. En concreto, entiende, con diferencias no significativas, que la resolución que combaten ha vulnerado el artículo 35.4 ET y el Convenio Colectivo de Empresa, en particular, su Disposición Final Cuarta. Añaden que dichas infracciones se evidencian por cuanto que la sentencia infringe, también, los artículos 3.1.c) y 3.3 ET y artículos 1259 1281 y 1282 CC, con relación a jurisprudencia contenida en sentencias que citan.

2.- La solución de los recursos exige tomar en consideración las siguientes premisas: en primer lugar, que la inclusión de un trabajador en el equipo de guardia produce una situación de disponibilidad que genera, por una parte, presencia física (tres horas en la mañana de sábados, domingos y festivos, los viernes no festivos de 8 a 17 h) tal como relata el hecho probado séptimo de la sentencia; y, por otra parte, durante el resto del tiempo los miembros del equipo han de permanecer localizables. En segundo lugar, hay que tener en cuenta, también, que la prestación de trabajo que se realiza formando parte de los equipos de guardia implica la realización de horas extraordinarias al sobrepasar el tiempo de trabajo previsto en el convenio colectivo ( artículo 35 ET y artículo 10 del Convenio Colectivo); naturaleza que resulta igualmente predicable del tiempo de presencia física en guardias, aunque no se trabaje ( STS 763/2022. de 26 de septiembre, Rec. 111/20; entre otras). En tercer lugar, la incorporación a los equipos de guardia en ningún momento ha sido pactada como obligatoria ni en el Convenio Colectivo de empresa, ni en ningún pacto o acuerdo colectivo, ni en los contratos individuales de los trabajadores afectados por el presente conflicto. El origen de la obligatoriedad, aquí discutida, reside lisa y llanamente, en las sucesivas decisiones unilaterales adoptadas por la empresa desde 1974 y que, voluntariamente, han sido acatadas por los trabajadores.

2.- En tales circunstancias resulta que respecto de las condiciones de trabajo cuya concreción excede del poder de dirección del empresario, como es el caso, rige lo que dispongan al efecto las disposiciones legales de derecho necesario y, en su caso, lo dispuesto en el convenio colectivo de aplicación. En supuestos concretos, en ausencia de norma o convenio o en presencia de normas legales o convencionales dispositivas, podría regir la autonomía individual. Lo que no puede admitirse es que sea la decisión unilateral del empresario la que establezca las condiciones de trabajo en aspectos y condiciones laborales que están reguladas por la ley o el convenio.

En el supuesto que contemplamos, tanto la adscripción a un equipo de guardia que de suyo implica la realización de jornadas superiores a las previstas legal o convencionalmente, como la realización de horas extraordinarias no pueden ser impuestas por la voluntad unilateral del empresario por cuanto en la materia rigen disposiciones legales ( artículos 34 y 35 ET) y convencionales precisas de obligado cumplimiento (artículos 4, 6 y 10 del convenio aplicable). Sin que a ello obste que, durante un largo período de tiempo, los trabajadores hayan acatado ordenes e instrucciones empresariales que vulneraban la normativa legal y convencional vigente sobre jornada y horario.

Es lo mismo que ya dijimos en la STS de 7 de julio de 2016, Rec. 174/2015, en un asunto sobre interpretación de convenio y acuerdos colectivos sobre voluntariedad de los turnos de guardia en ARCELOR MITTAL, relativo a otros colectivos, en la que señalamos que el tiempo máximo de puesta a disposición que el empleador puede exigir al trabajador coincide con el de jornada pactada en los convenios colectivos o en los contratos de trabajo ( artículo 34.1 ET); por lo que la obligatoriedad de trabajo adicional ha de estar claramente establecida. Añadiendo que a favor de esta interpretación juega el propio artículo 10 del Convenio, cuando explicita la restricción con que ha de afrontarse la realización de trabajo fuera de la jornada ordinaria. Por un lado, relaciona los supuestos de realización obligatoria (ampliando ligeramente las previsiones del art. 35.2 ET) y por otro manifiesta la voluntad de restringirlas (reducir a lo estrictamente imprescindible la realización de esta clase de horas).

En este mismo sentido, el artículo 35.4 ET dispone que "La prestación de trabajo en horas extraordinarias será voluntaria, salvo que su realización se haya pactado en convenio colectivo o contrato individual de trabajo, dentro de los límites del apartado 2 de este artículo". En el ámbito propio del presente conflicto quedaría dejar al margen la posibilidad de que hubiera habido un pacto individual para asumir la prestación extraordinaria de trabajo; pacto inexistente; como tampoco el convenio ni sus acuerdos complementarios han establecido la obligatoriedad de prestar horas extraordinarias y de integrarse a tales efectos en los equipos de mantenimiento.

3.- Lo reseñado hasta aquí se ve reforzado aún más, si cabe, con las propias previsiones del convenio colectivo que en su Disposición Final Cuarta establece que para el personal "Fuera de Convenio" "para lo no previsto en su contrato individual, se aplicará como derecho supletorio lo regulado en el presente Convenio en sus aspectos normativos", lo que comprende, tal como se ha expuesto el carácter voluntario de la adscripción a los equipos de guardia o disponibilidad.

CUARTO.- Los anteriores razonamientos, oído el informe del Ministerio Fiscal comportan que debamos estimar los recursos y, en consecuencia, que casemos y anulemos la sentencia recurrida y estimemos la demanda ya que la interpretación ajustada a Derecho respecto de la adscripción a los equipos de guardia en Arcelormittal, por cuanto respecta a los trabajadores afectados por el presente conflicto, es la postulada en la demanda, por lo que debe establecerse que los trabajadores con contrato individual, con las categorías de Técnico I y Técnico II, son libres de aceptar o no su inclusión en los equipos de guardia o disponibilidad, así como debe reconocerse su derecho a darse de baja en los referidos equipos, previo aviso, y declarar nula de pleno derecho su inclusión involuntaria en los mismos. Sin costas de conformidad con el artículo 235 LRJS.