Sentencia Social 743/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 253/2023 de 28 de mayo del 2024

PRIMERO.- 1.- El recurso de casación interpuesto por el sindicato SUT frente a la sentencia dictada en procedimiento de despido colectivo, en la que se estima la excepción de falta de legitimación activa, se articula en cuatro motivos. Los dos primeros son pretensiones de modificación fáctica, el tercero es de censura jurídica, impugnando la decisión relativa a la falta de legitimación activa, y el último, sólo examinable en caso prosperar el tercer motivo, denuncia la infracción del art. 51 ET y pretende la nulidad del despido por no haberse realizado el preceptivo período de consultas para las 10 modificaciones sustanciales que finalizaron en las correspondientes 10 extinciones de contrato.

2.- La sentencia recurrida desestima la demanda de despido colectivo interpuesta por el ahora recurrente, en la que postulaba "la nulidad con efectos ex tunc de la medida extintiva comunicada por CEESUR el 25 de febrero de 2023 consistente en 155 modificaciones sustanciales que han implicado 155 extinciones". En primer lugar, razona que el procedimiento de despido colectivo es el adecuado; y alcanza dicha conclusión, porque son computables a los efectos del despido colectivo las resoluciones indemnizadas de los contratos generadas por la disconformidad con la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, operada por la empresa el 25 de enero de 2023, apoyándose para ello en la doctrina del TJUE ( STJUE 11 noviembre 2015, asunto C-422/14 y STJUE 21 noviembre 2017, Asunto C-429/16), conforme a la que modificación unilateral en perjuicio de los trabajadores, por iniciativa del empresario, de las condiciones de retribución que, en caso de negativa del trabajador a aceptarla, determina la extinción del contrato de trabajo, puede ser calificada como "despido". Continúa razonando la sentencia recurrida, que debieron computarse estas resoluciones indemnizadas del contrato fruto de una modificación sustancial de condiciones de trabajo y someterse también al procedimiento de despido colectivo que había sido llevado a cabo y concluido con acuerdo de 10 de enero de 2023.

En segundo lugar, la sentencia recurrida entra a examinar las excepciones planteadas por la demandada, a saber, la falta de legitimación activa, la inadecuación del procedimiento, la falta de competencia funcional de la Sala Social del TSJ de Madrid, la variación sustancial de la demanda, la caducidad y la falta de acción. Desestima las excepciones de caducidad, inadecuación de procedimiento, falta de competencia funcional y, la falta de acción.

Sin embargo, termina estimando la excepción de falta de legitimación activa del sindicato SUT, razonando al efecto que el sindicato actor carece de representación de los trabajadores en la empresa, pues no existen Delegados de Personal, ni miembros del Comité de Empresa, ni secciones sindicales de este sindicato en la empresa. Tampoco ha acreditado que tenga afiliados en la empresa demandada. Consiguientemente, -concluye- carece de implantación suficiente en la misma y, por ende, de legitimación activa, debiendo estimarse esta excepción, holgando entrar a analizar el resto de cuestiones debatidas.

Contra dicha sentencia interpone recurso el sindicato SUT, consignando los motivos que han quedado expuestos en el quinto de los antecedentes de hecho.

3.- El Ministerio Fiscal informa a favor de desestimar el recurso, pues aun admitiendo, a efectos meramente dialécticos, la posibilidad de que prosperaran las modificaciones fácticas, considera que en ningún caso podría prosperar el motivo tercero del recurso relativo a la falta de legitimación activa que, a su entender ha sido correctamente apreciada por la sentencia recurrida.

La impugnante pide la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- 1.- La recurrente formula dos motivos de revisión fáctica, ambos al amparo del art. 207 d) LRJS, que dada su hipotética trascendencia para resolver el motivo de infracción de normas procesales ( art. 207c) LRJS) , procederemos a examinar con carácter previo .

Es doctrina constante de esta Sala que la revisión de los hechos probados exige la concurrencia de los siguientes requisitos: ( STS núm. 706/2020, de 23 julio, recurso 239/2018 con cita de otras muchas).

"a) Que se concrete con claridad y precisión el hecho que haya sido negado u omitido en el relato fáctico [no basta mostrar la disconformidad con el conjunto de ellos.

b) Que tal hecho resulte de forma clara, patente y directa de la prueba documental obrante en autos, sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada].

c) Que se ofrezca el texto concreto a figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

d) Que tal hecho tenga trascendencia para modificar el fallo de instancia" ( sentencia del TS de 19 de febrero de 2020, rec. 169/2018, y las citadas en ella).

Además, "la revisión de hechos sólo puede ser acogida si el documento de que se trate tiene "una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas" [...] Por tanto, no prosperará la revisión cuando el contenido del documento entre en contradicción con el resultado de otras pruebas a las que el órgano judicial de instancia haya otorgado, razonadamente, mayor valor.

En definitiva, no puede pretender el recurrente, de nuevo, la valoración total de las pruebas practicadas o una valoración distinta de una prueba que el juzgador a quo ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado. Por ello, la jurisprudencia excluye que la revisión fáctica pueda fundarse "salvo en supuestos de error palmario [...] en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente" ( sentencias del TS de 6 de junio de 2012, recurso 166/2011; 19 de febrero de 2020, recurso 183/2018 y 17 de marzo de 2020, recurso 136/2018)."

Partiendo de ello, en cuanto a la adición de hecho declarado probado décimo.

- "DÉCIMO.- En fecha 14 de febrero de 2023 se celebró una asamblea de afiliados del sindicato SOLIDARIDAD Y UNIDAD DE LOS TRABAJADORES en la que se acordó emprender medidas legales contra la empresa CEESUR mediante demanda por DESPIDO COLECTIVO Firmaron dicha acta los trabajadores con DNI/NIE NUM000, NUM001, NUM002 NUM003, NUM004, NUM005, NUM006. (prueba documental obrante en folio 517)".

El motivo ha de ser rechazado. En primer lugar, el documento que se propone no es literosuficiente para acreditar la condición de afiliados de los asistentes a la Asamblea, siendo que la ahora recurrente goza de disponibilidad probatoria para acreditar la citada afiliación y la fecha de la misma. En segundo lugar, si lo que se pretende es acreditar la implantación del sindicato recurrente en la empresa, consta probado en el relato fáctico que el 2 de enero de 2023 total de la plantilla de la empresa de 369 personas trabajadoras, por lo que aún siendo cierta la afiliación que se sostiene, la misma no sería suficiente para acreditar la implantación en la empresa.

En cuanto a la adición de hecho declarado probado 8° bis, 8º ter, 8º quáter, 8º quinquies, la recurrente propone la siguiente redacción, amparándose en los documentos que se citan:

"OCTAVO bis.-El trabajador con DNI NUM000 optó por la resolución indemnizada del contrato (folio 435 reverso).

OCTAVO ter- El trabajador con DNI NUM001 optó porta resolución indemnizada del contrato (folio 447 reverso).

OCTAVO quater- El trabajador con DNI NUM003 optó por la resolución indemnizada del contrato (folio 437).

OCTAVO quinquies- El trabajador con DNI NUM004 optó por la resolución indemnizada del contrato (folio 438 reverso)."

Considera la recurrente que dichas modificaciones son trascendentes, porque al no consignar la sentencia recurrida la identificación de los trabajadores afectados por la medida, se imposibilita la acreditación de la implantación en el ámbito del despido colectivo que debe realizarse acreditando que un número suficiente de los trabajadores que optaron por la extinción están afiliados al sindicato demandante. El motivo se desestima, por su intrascendencia para modificar el sentido del fallo, dado que se parte del error de que la implantación debe darse en el colectivo de trabajadores afectados, cuando el art. 124.1 la exige en el ámbito del despido colectivo, que es muy diferente. Además, según se dijo en el anterior motivo de revisión fáctica, aún siendo cierta la afiliación que se sostiene, la misma no sería suficiente para acreditar la implantación en la empresa.

TERCERO.- 1.- Con amparo en la letra c) del art. 207 de la LRJS, se pretende examinar el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia o de las que rigen los actos y garantías procesales, siempre que, en este último caso, se haya producido indefensión para la parte.

La recurrente denuncia la infracción de las normas y garantías procesales contenidas en el artículo 124.1 LRJS, en conexión con el principio pro actione y el derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24 CE) . El art.124 .1 LRJS dispone que: "La decisión empresarial podrá impugnarse por los representantes legales de los trabajadores a través del proceso previsto en los apartados siguientes. Cuando la impugnación sea formulada por los representantes sindicales, éstos deberán tener implantación suficiente en el ámbito del despido colectivo".

2.- La doctrina jurisprudencial ha interpretado la legitimación activa sindical en los términos siguientes ( SSTS de 7 de junio de 2017, rec. 166/2016 y 8 de noviembre de 2017, rec. 40/2017, STS 16 de julio de 2020, rec. 123/2019 y las citadas en ellas): "(...) el art. 124 LRJS, en materia de impugnación de despidos colectivos, atribuye legitimación activa a los representantes sindicales que tengan "implantación suficiente" en el ámbito del despido colectivo, viniendo de esta forma a reiterar como elemento esencial al efecto de reconocer a los sindicatos la capacidad para el ejercicio de acciones colectivas, la concurrencia del requisito de adecuada y suficiente implantación en el ámbito al que en cada caso afecte la pretensión colectivo objeto del litigio [...] El concepto que conforme a esa doctrina se revela por lo tanto como fundamental para determinar si un sindicado dispone de legitimación activa a la hora de interponer acciones colectivas es el de "implantación suficiente", en el ámbito del conflicto [...] Estamos de esta forma ante un concepto jurídico indeterminado, "que requiere una concreción que viene dada por la correspondencia entre el ámbito en que se produce el despido colectivo y el marco de actuación de los sujetos legitimados" ( STS 21/10/2015, rec. 126/2015) [...] Para valorar entonces la concurrencia de implantación suficiente en el ámbito del conflicto, no hay una norma única y general que pueda actuar como regla inequívoca y cuasi matemática a tal efecto, sino que habrá de estarse a las específicas circunstancias de cada caso y a los hechos y elementos de juicio que hayan sido acreditados en orden a demostrar el efectivo nivel de implantación del sindicato en el ámbito del que se trate, para lo que tanto puede valer su nivel de afiliación, como la constatación del número de miembros de los que disponga en los órganos de representación unitaria de los trabajadores".

3. La reciente sentencia de este Tribunal fechada el 14 de mayo de 2020, recurso 232/2018, explica que "hemos admitido la legitimación activa del sindicato cuando su implantación deriva "del nivel de afiliaciones, el cual, aún no concretado, resultaría notorio" ( STS/4ª de 10 febrero 1997 (-rec. 1225/1996); cuando, siendo un sindicato de ámbito nacional solo cuenta con representantes unitarios en uno de los comités de centro de trabajo, "pues no es la representatividad del sindicato la que ha de medirse, sino simplemente si la implantación en la empresa es suficiente o no" ( STS/4ª de 31 enero 2003 -rec. 1260/2001-); o cuando el sindicato que acredita una representatividad en su ámbito de "un 5,08% (...) al pertenecer al mismo 45 representantes de un total de 886" ( STS/4ª de 12 mayo 2009 - rec.121/2008-). Por el contrario, hemos rechazado la legitimación para accionar por conflicto colectivo al sindicato que posee un irrelevante nivel de afiliación de un 0,3% de trabajadores afiliados en la empresa ( STS/4ª de 6 junio 2011 -rec. 162/2010-); o por la simple circunstancia de contar con una sección sindical en la empresa, cuando su constitución solo evidencia que el sindicato "cuenta con algún afiliado en la plantilla de la empresa, pero no su número ni el alcance del porcentaje de afiliación" ( STS/4ª de 29 abril 2010 -rec. 128/2009- y 20 marzo 2012 -rec. 71/2010-); o, en suma, cuando no se demuestra adecuadamente el nivel de afiliación ( STS/4ª de 21 octubre 2015 -rec. 126/2015-)".

3.- Aplicando dicha doctrina al caso concreto, el motivo de recurso ha de ser desestimado. Tanto el despido colectivo como las resoluciones indemnizadas de contrato generadas por la modificación sustancial de las condiciones de trabajo se han sustanciado en el ámbito de la empresa, y por tanto es ésta el ámbito del despido colectivo, y es en ésta donde no acredita el demandante su implantación.

Partiendo de ello, consta probado que la empresa cuenta con 369 personas trabajadoras a fecha de 2 de enero 2023, en que se inicia el período de consultas. En el acta de elecciones a órganos de representación de las personas trabajadoras, celebradas el 16 de noviembre de 2022, se presentó UGT, con siete elegidos. El Sindicato recurrente no cuenta con representantes unitarios, tampoco consta que cuente con sección sindical. En fin, no consta una afiliación a dicho sindicato que acredite implantación suficiente. En efecto, aún dando por ciertos los 7 trabajadores afiliados que pretende la recurrente en sede de revisión fáctica, ello supondría un 1,89 % de la plantilla, porcentaje que no puede considerarse suficiente a efectos de concluir que el sindicato recurrente tiene implantación en el ámbito del despido colectivo.

La desestimación del motivo de recurso impide entrar a resolver el planteado en último término al amparo de la letra e) del art. 207 de la LRJS. La recurrente considera que la sentencia de instancia ha incurrido en infracción del artículo 51 ET al no haber realizado el preceptivo periodo de consultas para las 10 modificaciones sustanciales que finalizaron en las correspondientes 10 extinciones de contrato. Resulta evidente que este motivo no puede ser examinado una vea confirmada la falta de legitimación activa de la recurrente.

CUARTO.- Conforme a lo razonado y de acuerdo con el Ministerio Fiscal, debemos desestimar el recurso de casación interpuesto, y confirmar la sentencia recurrida, declarando su firmeza.

Todo ello, sin costas, conforme al art. 235.2 LRJS.