Sentencia Social 239/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 802/2020 de 29 de marzo del 2023

PRIMERO.- 1.- La cuestión a decidir en el presente recurso de casación para la unificación de la doctrina consiste en determinar la naturaleza laboral o no de la relación entre una traductora e intérprete en oficinas judiciales y policiales y la empresa para la que presta sus servicios que mantiene un contrato de prestación de dichos servicios con la administración.

2.- La sentencia de instancia, del Juzgado de lo Social nº. 3 de Donostia, estimó la demanda de la trabajadora y declaró que su relación con la mercantil OFILINGUA, SL era de naturaleza laboral. La sentencia aquí recurrida dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 10 de diciembre de 2019 -Rec. 1981/19-, estimando el recurso deducido por la mercantil Ofilingua SL, declaró que no existe relación contractual laboral por cuenta ajena entre dicha sociedad y la demandante.

Las actuaciones traen causa de un procedimiento de oficio promovido por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en virtud de acta de infracción levantada frente a la citada empresa. Consta que Ofilingua SL ha sido la empresa adjudicataria del servicio de traducción e interpretación en los órganos judiciales adscritos a la Viceconsejería de Justicia del Gobierno Vasco. La traductora asumió la obligación de prestar personalmente servicios como traductora e intérprete por orden y cuenta de la empresa Ofilingua SL, cuando esta mercantil le encomendaba un servicio que debía de realizar para la Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza o un Juzgado. La traductora no estaba obligada a prestar servicios cuando era requerida por la empresa, sin que de ello se derivara consecuencia negativa para ella. La empresa no aportaba medio material alguno para prestar el servicio ni ponía su estructura a disposición de la traductora. La empresa no dirigía instrucción o recomendación alguna para la prestación del servicio, y la traductora cobraba mediante la emisión de facturas y estaba dada de alta en el impuesto de actividades económicas, percibía su retribución variable conforme a la duración de los servicios que la empresa le requería y ella aceptaba. No consta ninguna circunstancia relativa a la existencia de horario que cumplir, ni a descansos semanales, ni permisos ni vacaciones.

Con estos presupuestos fácticos, la sentencia recurrida estima que no concurren las notas definidoras del trabajo en los términos del art. 1.1 del ET, sin que ningún dato haga posible deducir el sometimiento de la misma al ámbito organizativo de la empresa, ni exista indicio alguno de que el trabajo se prestase en régimen de ajenidad.

3.- El abogado del Estado, en nombre y representación de la entidad demandante, interpone recurso de casación para la unificación de la doctrina denunciando la infracción del art. 1.1, 1.3.f) y 8.1 del ET. El recurso ha sido impugnado por la mercantil demandada que, tras oponerse a su admisión por falta de contradicción, entiende que no concurre la infracción de las normas denunciadas en el único motivo del recurso. El Ministerio Fiscal, en su preceptivo informe, interesa la desestimación del recurso.

SEGUNDO.- 1.- La parte recurrente aporta como sentencia de contraste la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía -sede de Sevilla- de 18 de diciembre de 2014 (rec. 3049/13), referida a la misma mercantil y que fue confirmada por la sentencia de esta Sala 902/2017, de 16 de noviembre de 2017 (rcud 2806/15).

En el caso, el demandante y la empresa suscribieron el 12-2-2007 un acuerdo de colaboración y confidencialidad en el que, tras manifestar que el actor se había puesto en contacto con la mercantil ofreciendo sus servicios como traductor e intérprete, se acordaba que el demandante colaboraría en la prestación de servicios de traducción escrita y/o interpretación para entidades públicas o privadas, actuando por cuenta propia, presentando factura por sus servicios, cada mes vencido, adjuntando los certificados correspondientes, siendo los honorarios del año 2012, 24 € por hora de intervención. Desde el 5-12-2008 al 8-5-2012, el actor actúa como intérprete y/o traductor, constando en alta como RETA, y habiendo percibido prestación por desempleo en los periodos que allí se detallan. La Policía, Guardia Civil o Juzgados, cuando necesitaba intérpretes, lo pedía a la empresa, la cual contactaba con el actor para que realizara la actividad y en alguna ocasión que no pudo ir, le sustituyó su esposa o su hermano, presentando el actor las oportunas certificaciones, donde se hacía constar la fecha, hora de inicio y finalización, idioma empleado, órgano que precisó los servicios y número de procedimiento, con la factura del mes correspondiente, pagándole mediante transferencia bancaria, en el plazo de treinta días. El traductor decidía si acudía o no a desarrollar los servicios, y en caso negativo la empresa contactaba con otro traductor. En caso afirmativo acudía con sus propios medios.

La sentencia entiende que concurre ajenidad del trabajo, retribución, y dependencia a pesar de que la sujeción a la dirección de la empresa y el carácter personal de la prestación aparezcan disimulados por la libertad de horario y la sustitución esporádica en la prestación de los servicios por familiares, pues las instrucciones y dirección de la empresa aparecen en los propios términos del contrato.

2.- El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial de entre las que allí enumera. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, si es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales" ( SSTS, entre otras, de 7 de abril de 2004 y de 4 de mayo de 2005, recs. 430/2004 y 2082/2004; de 25 de julio de 2007, rec. 2704/2006; de 4 y 10 de octubre de 2007, recs. 586/2006 y 312/2007; de 8 de febrero y de 10 de junio de 2008, recs. 2703/2006 y 2506/2007; de 24 de junio de 2011, rec. 3460/2010; de 6 de octubre de 2011, rec. 4307/2010; de 27 de diciembre de 2011, rec. 4328/2010; y de 30 de enero de 2012, rec. 4753/2010).

En la materia que nos ocupa, hemos reiterado que línea divisoria entre el contrato de trabajo y otros vínculos de naturaleza análoga -particularmente la ejecución de obra y el arrendamiento de servicios-, regulados por la legislación civil o mercantil, no aparece nítida ni en la doctrina, ni en la legislación, y ni siquiera en la realidad social. Y ello es así, porque en el contrato de arrendamiento de servicios el esquema de la relación contractual es un genérico intercambio de obligaciones y prestaciones de trabajo con la contrapartida de un "precio" o remuneración de los servicios, en tanto que el contrato de trabajo es una especie del género anterior, consistente en el intercambio de obligaciones y prestaciones de trabajo, pero en este caso dependiente, por cuenta ajena y a cambio de retribución garantizada. En consecuencia, la materia se rige por el más puro casuismo, de forma que es necesario tomar en consideración la totalidad de las circunstancias concurrentes en el caso, a fin de constatar si se dan las notas de ajenidad, retribución y dependencia, en el sentido en que estos conceptos son concebidos por la jurisprudencia.

3.- El aludido casuismo se proyecta, también, en el juicio de contradicción que en algunas concretas materias, singularmente en la que nos ocupa, debe atender a cada caso concreto de manera específica. En el supuesto que analizamos resulta que, tras la modificación fáctica aceptada por la sentencia recurrida, aparecen circunstancias concretas que no constan en la sentencia referencial. Así, existen dos afirmaciones fácticas en la sentencia recurrida que resultan trascendentales en orden a la decisión sobre la concurrencia o no de la contradicción: 1ª.- La traductora no estaba obligada a prestar servicios cuando era requerida por la empresa, sin que de ello se derivara consecuencia negativa para ella. 2ª La traductora, que cobraba mediante la emisión de facturas y estaba dada de alta en el impuesto de actividades económicas, percibía su retribución variable conforme a la duración de los servicios que la empresa le requería y ella aceptaba.

De ello se deduce que, respecto a la obligatoriedad de prestación de servicios, existe una diferencia sustancial ya que la trabajadora de la sentencia recurrida "podía decidir si acudía o no al servicio encomendado, y si no lo hacía la empresa llamaba a otra persona para que atendiera el servicio solicitado", "sin que de ello se derivara consecuencia negativa para ella". Muy al contrario, en la referencial, nada de esto se refleja, sino que se insiste en la necesidad de prestar personalmente los servicios y de acudir regularmente a los lugares que le requería la empresa, lo que hacía el traductor regularmente y cuando no podía ocasionalmente, era sustituido por familiares directos.

No puede negarse que estamos en presencia de una circunstancia diferencial que impide que podamos apreciar la contradicción en los términos exigidos por el artículo 219 LRJS a los efectos de poder determinar si concurre la nota de dependencia en la relación entre las partes en cada supuesto comparado. No es difícil concluir que las dos afirmaciones de la recurrida según las que la trabajadora podía aceptar o rechazar los encargos sin perjuicio para ella y que su retribución dependía de los servicios que la empresa le requería y ella aceptaba, determinan que no pueda apreciarse que estemos ante un supuesto de trabajo subordinado por ausencia de esa nota de dependencia, insoslayable, para la apreciación de una relación laboral como se desprende de los artículos 1.1 y 8.1 ET, que precisaría, en todo caso, la obligatoriedad en la prestación de los supuestos servicios contratados. Ello no ocurre en la referencial en la que no está claro esa posibilidad de aceptar o no los servicios encargados sin penalización; antes al contrario, el dato específico de que cuando el traductor no podía efectuar los encargos, lo hacía por él su esposa o su hermano, refuerza -como señala la sentencia referencial- la idea de la dependencia ya que, al quedar acreditado que la facturación la realizaba el traductor también en tales casos, ello beneficiaba al propio empresario.

TERCERO.- No aprecia, por tanto, la Sala la concurrencia de la contradicción en los términos exigidos por el artículo 219 LRJS lo que hubiera determinado la inadmisión del recurso que, en este momento procesal, se convierte en causa de desestimación. Por ello, de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede la desestimación del recurso y la consiguiente confirmación y declaración de firmeza de la sentencia recurrida. Todo ello sin que la Sala deba efectuar pronunciamiento alguno sobre imposición de costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 235 LRJS.