Sentencia Social 232/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 461/2020 de 29 de marzo del 2023

PRIMERO.- 1. El actor recurrente somete a la consideración de la Sala la cuestión casacional consistente en determinar cuáles son las consecuencias jurídicas en los derechos laborales del trabajador derivadas del hecho de que se minore una gratificación adicional fija y periódica, de tracto sucesivo, con anterioridad a la reforma realizada por el RD L 3/2012, de 10 de febrero, y el trabajador no haya reclamado en un periodo de tiempo superior a un año.

La sentencia de instancia condenó a UTE Escuelas Infantiles de Burgos, integrada por Clece SA, y Selectia Servicios Auxiliares SL, al abono de las cantidades que señala, estimación que es revocada por la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sede en Burgos) en sentencia de 27 de noviembre de 2019 (RS. 613/2019), objeto de complemento, absolviendo a dicha parte demandada en razón a que el trabajador aceptó tácitamente la modificación sustancial operada al dejar transcurrir más de 1 año sin impugnarla, con lo que la novación contractual ya forma parte del contrato, sin que ello suponga una renuncia de derechos del art. 3.5 ET.

2. El Ministerio Fiscal en su informe argumenta la inexistencia de contradicción porque las sentencias contrastadas llegaron a pronunciamientos diferentes sobre la aceptación del impago salarial como novación no extintiva al valorar los hechos sustancialmente diferentes que destaca.

El escrito de impugnación de las demandadas insiste en la falta de dicho presupuesto. De manera alternativa, entrando en el fondo de la cuestión discutida, insta la desestimación del recurso, entendiendo que el mero hecho de que se produzca la subrogación de la relación de trabajo por UTE Escuelas Infantiles no supone la revitalización de una acción que ha decaído por el trascurso del tiempo, sino que la subrogación se produce en los términos salariales ya consolidados.

SEGUNDO.- 1. Seguidamente procederá la comprobación de si concurre o no el presupuesto de contradicción que preceptúa el art. 219 LRJS y que ha sido negado en la fase de impugnación e informe. Esta norma y la jurisprudencia perfilan la necesidad de que converja una igualdad esencial, sin que por lo tanto medie diferencia alguna que permita concluir que, a pesar de la contraposición de pronunciamientos en las sentencias contrastadas, ambos puedan resultar igualmente ajustados a derecho y que por ello no proceda unificar la doctrina sentada. Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales. Entre otras muchas, recuerdan esta doctrina las SSTS de fechas 15.11.2022, rcud 3036/2019, 23.11.2022, rcud 1306/2019 o de 30.11.2022, rcud 3800/2021.

2. Se ha identificado como sentencia de contraste la dictada por la Sala de lo Social del TSJ de Madrid, de 30 de abril de 2015, RS 132/2015, al igual que en otros supuestos ya enjuiciados por esta Sala IV, en los que hemos apreciado la existencia de la identidad necesaria para apreciar que sus pronunciamientos son contradictorios. Mantendremos similar criterio a pesar de que, al igual que allí, se haya invocado por la parte recurrida y el Ministerio Fiscal la ausencia de contradicción.

En efecto, en ambos casos la empresa deja de abonar una parte -en la recurrida- y la totalidad -en la de contraste- de una gratificación adicional, sin que se produzca reclamación o resistencia alguna de la persona trabajadora afectada, hasta que, transcurrido más de un año, reclama su abono. Y con esta sustancial semejanza, la sentencia recurrida considera que es una modificación sustancial consentida tácitamente y, que, por tanto, la acción está prescrita, mientras que la de contraste entiende que es simplemente una deuda salarial reclamable en las cuantías no prescritas.

Esta Sala, además, indicó que no considera relevante, a los efectos de la contradicción, que en la recurrida el impago se realizara por la empresa sucesora y en la de contraste no se produjera sucesión de empresa, toda vez que el efecto de la sucesión de empresa es que el nuevo empresario queda subrogado en las obligaciones del anterior ( art. 44.1 ET), y que tampoco era trascendente que el concepto reclamado en un caso fuera suprimido y en otro reducido en su importe porque, en todo caso, se ha alterado el derecho que se disfrutaba. Al igual que resulta irrelevante que el alcance de esa decisión empresarial lo sea a nivel individual o colectivo cuando lo que se está cuestionando es el derecho y no si la empresa debió hacerlo previo cumplimiento o no de determinadas formalidades.

SEGUNDO.- La parte actora recurrente ha formulado un motivo de infracción normativa en el que denuncia la vulneración del art. 41.1 d), en relación con el art. 59 del Estatuto de los Trabajadores (ET).

El núcleo debatido fue objeto de examen en las SSTS 538/2022, de 13 de junio (rcud. 297/2020), 793/2022, de 29 de septiembre (rcud. 296/2020) y 16 de marzo de 2023 (rcud. 462/2020). En esas sentencias se estimaron los recursos interpuestos por las respectivas partes demandantes bajo los razonamientos que ahora reiteramos por mor de los principios de igualdad y seguridad jurídica.

La reducción del complemento de cooperativa que se decidió hacia el año 2009 por la empresa que entonces gestionaba las escuelas infantiles, no constituye ninguna modificación sustancial de las condiciones de trabajo del art. 41 del ET. Y ello, según nuestra doctrina, porque no se identificaban las causas que legalmente lo habilitan. Además, la empresa no siguió el proceso legalmente establecido con todas las consecuencias que ello acarrea. Es más, en ese momento, la modificación de la cuantía salarial no se contemplaba en el art. 41 del ET entonces vigente. Siendo ello así, "En definitiva, la reducción unilateralmente decidida por la entidad empleadora del complemento retributivo no supuso en puridad una modificación sustancial de las condiciones de trabajo ex artículo 41 ET, sino un claro incumplimiento empresarial de su obligación en materia salarial, con la consiguiente vulneración del derecho del trabajador a percibir la remuneración pactada ( artículo 4.2 f) ET)".

La anterior premisa nos lleva a entender, como siguen diciendo esas sentencias, que se está ante un incumplimiento de una obligación salarial que es de tracto sucesivo, no prescribiendo el derecho sino las cantidades vencidas y no cobradas ni exigidas. Esto es, en las obligaciones de tracto sucesivo, éstas se mantienen vivas mientras la obligación exista, aunque la acción para reclamar las diferencias salariales se someta al plazo de un año de prescripción.

Pues bien, la proyección de la anterior doctrina al caso presente, en tanto que guarda la necesaria identidad de razón, determinará que el motivo articulado deba alcanzar el éxito.

TERCERO.- Las precedentes consideraciones conducen así a la estimación del recurso unificador, oído el Ministerio Fiscal, casando y anulando la sentencia que impugna y, resolviendo el debate en suplicación, debe desestimarse el recurso de tal clase presentado por la demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia de instancia que había estimado la demanda de la parte actora.

Procederá la imposición de las costas en el recurso de suplicación a la parte entonces recurrente, en importe de 800 euros, así como la pérdida del depósito constituido allí para recurrir, dándose a las consignaciones que se hayan podido efectuar el destino legal, a tenor de lo dispuesto en el art. 224 de la LRJS.

No procederá condena en costas en fase casacional ( art. 235.1 LRJS).